Las economías africanas deben consolidar sus esfuerzos para acelerar la alfabetización digital a fin de lograr una transición total a la sociedad basada en el conocimiento, consideró hoy la Unión Africana (UA).
De acuerdo con un comunicado emitido por la UA, los Estados miembros necesitan habilidades al respecto para trabajar, aprender y comunicarse de forma productiva.
Solo así se podrá evitar la exclusión de la era digital que vive el orbe, detalló el texto.
Para que África logre el avance, el acceso de Internet y otras variantes debe ampliarse en todas las comunidades, especialmente en los entornos rurales, en opinión de la UA.
‘Los jóvenes, de manera especial, deben ser los beneficiarios directos de inversiones en este sector’.
El bloque comunitario participa con una delegación de alto nivel en la XIII Conferencia y Exposición Internacional sobre Nuevas Tecnologías para la Educación, la Capacitación y el Desarrollo de Habilidades que sesiona en Kigali, capital de Ruanda.
Entrevista/03 Octubre 2018/Autor: Pablo Gutiérrez del Álamo/Fuente: El diario la Educación
El Ministerio ha dado ya algunos pasos para cambiar la Lomce, aunque todavía tímidos. Espera poder llegar a Navidad con una propuesta de modificación.
Isabel Celaá, ministra de Educación desde hace poco más de 100 días, es una mujer trabajadora y concienzuda. Es clara en sus explicaciones y una gran conocedora del sistema educativo. Hablamos con ella de la situación del profesorado, de sus planes de mejora o de abandono escolar temprano (AET).
Desde el momento en que tomó posesión, dejó claro que haría todos sus esfuerzos para que la educación pública recuperase el peso perdido en algunos territorios. La concertada está preocupada. ¿Tiene motivos?
El ministerio ha de ser garante de la calidad del sistema en su conjunto. Lo que pretendo como ministra es poner las cosas en su sitio. Más que de la concetada podemos hablar de algunas administraciones que, al amparo de la demanda social, se han olvidado de que el derecho fundamental de la persona a ser educada tiene que ser servido por los poderes públicos en primer lugar. Mientras que la concertada es libre de servirlos o no.
En resumidas cuentas, quiere decir que sabemos que el serivicio de la educación se presta en este país por la red pública y la concertada. La mayoría de los centros, de ambas, cumplen con sus objetivos sociales: educar. Pero no podemos obviar el hecho de que ha habido abusos en algunas comunidaded, las menos, en las que mientras no se invertía en la construcción de centros públicos, se llegaba a conceder suelo público y se concertaban centros incluso antes de ser autorizados.
Esto ha hecho que el sistema educativo haya visto reducida su financiación en un 11% desde 2010, mientras que en la OCDE se estaba incrementando el gasto público en educación, que es una inversión, en un 5%. Ahora que estamos viendo el informe Education at a Glance, vemos que el sistema educativo espñaol está por debajo de la media en financiación en relación a la OCDE. Esa reducciíon repercute obviamente en la calidad.
El Ministerio no quiere que la financiación caiga, pero hay un compromiso con Bruselas para que siga haciéndolo…
Le voy a contestar con dos consideraciones. La primera es que la educación no debiera ser un elemento que recortar. Debiera haber un pacto implícito, si no explícito, en cada uno de los países para que la educacion, igual que la ciencia, fueran ámbitos en los que no se pudiera recortar. Porque no solo es que la educación sea el elemento imprescindible para el desarrollo personal, que repercute en la sociedad, sino porque también lo es para la economía; la educación es el motor del crecimiento económico. Este es el discursos que llevamos haciendo muchos años y, sin embargo, no trabajamos de manera coherente. Es decir, incorporar más recursos a la ciencia, a la educación, porque aquel país que no investiga, que no crea conocimiento, no puede generar desarrollo. Vamos a ver si somos consistentes con el discurso. Un país siempre tiene opciones y la educación es uno de los sectores en los que jamas debiera hacer un recorte.
En segundo lugar, observemos la coyuntura. Este Gobierno está peleando. Llevamos de los 100 días muchos, pelando por relajar el objetivo del déficit en 6.000 millones de euros. Que nos permitan un gasto público de 6.000 millones más para acomodarnos a los objetivos del déficit con Europa, que respetamos y aceptamos de buen grado. A Europa esto le parece bien, realista y eso nos permitía respirar con 6.000 millones que iban fundamentalmente a las comunidades autónomas, que son las que hacen políticas de educación y sanidad. Esto nos lo han cortoocircuitado el PP y Ciudadanos por dos vías. Hemos intentado dos itinerarios. El primero era una modificación puntual de la Ley de Estabilidad Presupuestaria: nos lo han echado abajo so pretexto de que no es de lectura única y, por tanto, puede llevarlo ad calendas grecas. Y el segundo, hace unos días. La Mesa del Congreso, desde mi punto de vista, asumiendo un rol más político que técnico que es el que tiene que ejercer, elimnó esa posibilidad de la modificación de la Ley orgánica.
Me gustaría hablar del profesorado. Lo han pasado mal muchos años. El Ministerio ha anunciado la reversión de los recortes pero algunas medidas tendrán que esperar un año. ¿Por qué?
Por una razón muy sencilla, porque afectan a la docencia directa y cuando llegamos al Ministerio ya todos los centros habían hecho sus planificación conforme a la legislación vigente. Todo el curso estaba ya planificado con el horario de docencia del Real Decreto 14/2012. Estas cuestiones hay que enfocarlas bien. No podíamos entrar como elefante en cacharrería destrozando la planificación de los centros y, en segundo lugar, para modificar un real decreto ley necesitamos una ley. Por lo tanto, hemos tenido que hacer un proyecto. Ese borrador se vio en primera lectura hace 15 días en el consejo de ministros y lo veremos en la definitiva y segunda lectura, el primer viernes de octubre, probablemente, porque el día 2 es cuando conseguimos el Informe del Consejo Escolar del Estado. Definitivamente lo pasaremos a la Cámara. No había otra posibilidad, ni tiempo material.
Fotografía: Teresa Rodríguez
Quedan en manos de las comunidades las horas lectivas. Es posible que haya grandes diferencias entre ellas. ¿Por qué el Ministerio deja en manos de las comunidades esta decisión?
El Ministerio cree en el Estado de las autonomías y considera que una competencia de auto-organización, como la de atribuir docencia directa al profesorado, es competencia de la comunidad autónoma. Fue el PP el que en 2012 restó esa competencia. Ahora devolvemos una competencia que tenían desde tiempo inmemorial y que llevó a una práctica: el profesor de secundaria tenía 18 horas de docencia directa (de las 37,5 que tienen los funcionarios) y el de primaria, 21. Nosotros pensamos que una vez que la gran mayoría de las comunidades se pongan a esa atribución horario, para aquella que quede residual, será muy dificil mantenerse en otra. En la Conferencia Sectorial de julio, 12 de las 17 CCAA estaban de acuerdo con la medida y las 5 del PP no, que querían recursos. Que les podrían haber venido por los 6.000 millones, pero ellos mismos se han cerrado la puerta.
Claro, ¿Quién pagaría el cambio de las horas lectivas?
El Ministerio de Hacienda nunca se negó a no mirarlo, estaba en disposición de ayudar a las CCAA que tuvieran problemas. Tampoco hay que hacerlo de la noche a la mañana. Algunas han dibujado itinerarios en el tiempo para poder incorporarse a la medida.
Hace unos días habló de la intención de mejorar las condiciones de trabajo del profesorado. ¿Podría concretar alguna?
La derogación del Real Decreto la hemos tomado en el corto plazo, pero el profesorado necesita una carrera profesional, saber que tiene mirada a largo plazo, que cuando entra a una escuela o instituto no siempre se va a quedar en la misma posición; necesita un horizonte en el cual ser evaluado y que el resultado de la evaluación tenga unos efectos, generalmente económicos pero no solo, en su currículum también, como se hace en la universidad.
El otro día tuve la oportunidad de anunciar la apertura de un Foro Integral para el Profesorado. En España venimos hablando varios años de esta cuestión, pero nadie la ha abordado de frente. La razón es que es complicado porque afecta a muchos momentos de la historia del docente. Si iniciamos desde la cabecera, tenemos su formación inicial. Tenemos que hablar con las universidades para ver qué tenemos qe incorporar a la formación docente, qué no… Las disciplinas cambian, los currícula están cambiando y queremos cambiarlos más para adaptarnos a un mundo globalizado con nuevas necesidades en donde la educación tiene que dar respueta. A continuación, cómo se entra, las oposiciones. Después, el proceso de inducción, de ese profesor en formación en el lugar de trabajo, cómo hacer esas prácticas, qué tutor… eso suponen recursos económicos importantes. Luego está la evaluación, cómo se hace, cada cuánto tiempo, hay que establecer un sistema de grados, estos son remunerados o no… Para todo eso vamos a abrir un foro integral del profesorado, en breve, en donde queremos oír todas esas voces que en un momento determinado han tenido algo que decir. Ahí nos encontramos desde el Estatuto Docente que hizo este Ministerio en 2007, hasta el trabajo de José Antonio Marina, o el que encargó el ministro Ángel Gabilondo, hasta el trabajo que está haciendo la editorial SM. Todas esas cuestiones queremos ponerlas juntas, hablar de ello y queremos hacer una propuesta.
¿Una propuesta de Estatuto?
Una propuesta de carrera docente. Ni siquiera vamos a llamarlo Estatuto. No sé cómo lo vamos a llamar. Si la mayoría quiere hablar de estatuto, lo haremos, si la mayoría decide que es mejor hablar de carrera profesional, pues también lo haremos. El nombre no nos va a importar.
La evaluación de la que hablaba ¿Sería voluntaria?
Sí, sería voluntaria. Yo creo que el profesorado va a querer ser evaluado siempre que el resultado de la evaluación tenga un efecto positivo.
¿Puede haber efectos negativos de una evaluación?
Sería como en la universidad, en donde vas poniendo tus méritos: “He sido profesor tres años, o jefe de estudios o llevo 5 años enseñando tal, he generado grupos de trabajo con…”. Todo eso puede ir a un directorio de méritos. En cualquier caso, si no se quiere ser evaluado, no creo que fuera un inconviente.
Esa evaluación ¿podría tener relación con las notas de los alumnos?
Eso está todo por debatir, no hemos pensado en ese punto específico. Pero lo que si le puedo confirmar es que la formación del profesorado es capital. Y ha habido administraciones que han reducido los recursos en la formación del profesorado estos años. Y es un problema porque el docente tiene que estar en constante actualización, no solo sobre la didáctica o la metodología de su materia sino del resto de corrientes que están impactando en el ámbito escolar.
Fotografía: Teresa Rodríguez
¿Qué puede hacer el Ministerio para que eso cambie?
De facto el Ministerio viene haciendo cosas a ese respecto a través de los programas de cooperación territorial. Tenemos varios, ya cité hace unos días algunos de ellos, como el ProEduca y uno para los docentes de FP para que incorporen buenas prácticas a su ejercicio docente encontrándose, por ejemplo, durante una semana con docentes de otros territorios para intercambiar experiencias.
¿Hablamos de estancias en otros centros?
Sí, de algunos días. Ahí, lógicamente la CCAA tiene que pagarles el viaje, más allá de que nosotros, a través de los programas, inyectamos dinero finalista para ese proyecto.
¿Qué ha pasado con las oposiciones este año? Por fin vemos convocatorias generosas y quedan finalmente centenares de plazas desiertas. ¿Corremos el riesgo de no llegar al 8% de interinidad?
Esta preocupación es de la ministra. Llevamos años diciendo que la cifra razonable para la interinidad serían como el 8% en la docencia. Curiosamente con los recortes nos hemos ido al 30% en muchos casos. Ahora resulta que se pactó con mi antecesor una modalidad de oposiciones en las que la primera prueba era eliminatoria. No sabemos hasta qué punto ha repercutido esto. Y faltan tres años de la misma modalidad. El Grupo Socialista defenció que no fuera eliminatoria, que las dos pruebas fueran juntas, y luego se viera todo el baremos de méritos.
¿Habrá cambios en el modelo?
Vamos a ver cuál es la posibilidad, a ver si tenemos capacidad porque es un acuerdo cada 4 años.
Abandono escolar temprano. Una gran piedra en el camino. Preocupa que la mejora de los indicadores económicos se traduzca en un aumento del AET.
Eso es lo que yo siempre recuerdo. La apertura del mercado tiene el riesgo de llevarnos la mismo sitio. Puestos fáciles y que quienes abandonen después estén rodando como una piedra de un puesto a otro, con un trabajo precario. Esto es lo que queremos evitar. He hablado con empresarios para que sean cómplices, para que traten de no contratar a personas no tituladas por educación o que, incluso, no tengan certificaciones profesionales.
Aquí la FP es clave. Estamos, en relación a los estándares europeos, en la mita de alumnos matriculados. Esto no es más que por un prejuicio atávico que arrastramos de que la formación profesional es una línea de segunda cuando, en realidad, lo que nos está demandando Europa son formaciones de grado medio, ahí es donde estamos peor, más desproporcionadamente situados. Tenemos que trabajar mucho en la FP e grado medio. Y en la Dual, claro.
¿En qué sentido hay que trabajar mucho?
Porque a la FP de grado medio acuden quienes salen de la formación profesional básica, y esta ha venido a ser un programa de bajo valor educativo. Con lo cual, lo que genera es que entren personas desmotivadas. Por eso hay que darle un impulso importante en términos de, no solo de razón, sino de emoción, para que los niños, los jóvenes que entran sepan que se están jugando su porvenir y que han de saber qué quieren ser y, después, darles un tratamiento diversificado y acorde con sus habilidades.
La FP de grado medio ha de tener una impronta de que está enfocada a desarrollar carreras personales de éxito. Y para ello no solo habrá que hacer modificaciones normativas, que también, nuestro interés es hacer una ley de formación profesional. A corto plazo, camios normativos que nos permitan eliminar la burocracia de la FP para impulsar la flexibilidad. No se sostiene que, desde que identificamos una cualificación profesional hasta que va a la escuela convertida en un contenido formativo o un título pasen tres años. No puede ser. Por eso queremos meter a los agentes sociales, sindicatos y patronal, dentro de todo el proceso. Desde la identificación de la cualificación, la definición del contenido formativo y hasta la evaluación del alumno con un informe de la empresa. Siempre dirigido por el tutor del centro educativo.
Y es una exigencia importante que los empresarios de este país tomen conciencia del asunto y digan: la formación que se da en la empresa es de calidad, este alumno no viene a atender la puerta… Necesitamos la complicidad del sector social, estamos viviendo de espaldas. Los empresarios diciendo que el sistema no da la titulación que necesitan y, por lo tanto, tenemos puestos de trabajo pero no los perfiles formados. Y en educación decimos que la empresa no hace lo que tiene que hacer. Esto hay que cambiarlo. Ya sabemos que no tenemos el tejido empresarial de Alemania, es distinto, pero con nuestro tejido empresarial se pueden hacer muchísimas más cosas de las que estamos haciendo.
Democracia en los centros, otro de los temas que usted ha nombrado…
La participación en los centros también son recortes. La Lomce no solo ha sido una ley para hacer recortes educativos, también ha sido una ley muy ideológica. Una de las cosas que se recortaron fue la participación en los centros. Cambiar los consejos escolares, de ser órganos de co-gobierno de la comunidad educativa en su conjunto, cada una con su peso, a ser órganos de mera consulta o asesoramiento… eso es un cambio. También lo es que se haya restado peso a la comunidad educativa para la elección de las direcciones, es otro asunto que, en esta modificación de la Lomce en la que estamos trabajando ya, vamos a cambiar.
¿Para cuándo llegará?
Nuestro intento, si todo fuera bien, es que llegara a Consejo de Ministros antes de Navidad. La modificación que vamos a hacer es urgente. De aquellos aspectos más vulneradores del principio de igualdad y que han torpedeado al alumnado más débil. Como siempre digo, la educación de la élite nunca fue un problema. Pero claro, un gobierno democrático y responsable lo que tiene que procurar es que los más vulnerables lleguen a desarrollar el máximo sus potencialidades, sin que nadie se quede atrás. Sin olvidar la excelencia, por supuesto, pero es más difícil trabajar justo en el índice del AET.
Panorama de la educación nos dice que el 55% de la sociedad española de padres sin formación está sin formación. Esto es preocupante. La escuela está reproduciendo desigualdades y no las corrige en un 55%. Cambiar esto significa que no solo vale con el discurso, luego hay que poner medios. Trabajar en esto supone tocar 10 o 12 cosas importantes.
¿Algún plan para la educación infantil?
Estamos valorando cuánto podría costar la universalización. He pedido la valoración nada más llegar al Ministerio.
¿Hay una cierta sensación de urgencia? Hay muchas cosas que hacer y mucha incertidumbre en el horizonte…
Hay una sensación de urgencia porque cuando llegamos no había mucha actividad en el Ministerio. Había cierta tranquilidad, una idea de que las cosas iban razonablemente bien y no había problemas. En cuanto hemos empezado en el Ministerio, hemos visto la cantidad de cosas que hay pendientes. Que un país en 2018 todavía tenga que el 30% del alumnado no llega a la postobligatoria, por ejemplo, o que tengamos un porcentajje de NINI que es alrededor del doble de la UE, me parece que tendría que tener la luz roja encendida.
Probablemente la urgencia la ve más en mí, que no soy una persona tranquila, alguien que dice que las cosas se irán haciendo poco a poco, no. Normalmente estoy mirando tres papeles al mismo tiempo…
¿Será el nuevo curso una reproducción del anterior como lo fue el anterior reproducción del anterior? Ya me dirán ustedes si no sería una buena gimnasia empezar el curso con algo más de trabajo ideológico.
Los últimos años, largos, muy largos, los pasamos cuestionando las políticas educativas de la derecha, por injustas, ineficaces, burocratizantes, descaradamente favorecedoras del negocio de la educación. He visto inventar innovaciones con una ignorancia supina del saber acumulado por la investigación y la reflexión de muchos maestros y muchas maestras, vendiendo acreditaciones como quien vende chucherías en el quiosco. Y se ha mirado a la infancia como un objeto que moldear según determinados intereses y culturas y no como un sujeto de derechos para los que la educación debería ser la garantía de un crecimiento emancipador.
No olvido aquel intento de creación de un estatuto jurídico superior para el maestro, estúpida forma de reivindicar su autoridad, acompañada por la recuperación de la tarima. Como no olvido los múltiples informes que vienen denunciando los estereotipos eurocéntricos, sexistas, heteropatriarcales, antiecológicos en el contenido de los libros de texto, mientras los gobiernos –progresistas o no progresistas– los regalan sin ningún miramiento, es decir, despreciando esos informes. Y no se sabe de ningún consejero de Educación que se haya reunido con los editores del libro de texto para negociar que la compra estará relacionada con la mejora de la calidad del producto.
No olvido tampoco las protestas que inundaron las calles de verde en muchas ciudades, una auténtica marea frente a los múltiples recortes en la educación pública. Llegaron también aquellos representantes políticos a actuar en una subcomisión para pactar políticas educativas manejando conceptos como universalidad para enmascarar privatización y mantenimiento del statu quo. Y así les fue. En un siglo, un país y una escuela donde la ciencia y el laicismo deberían gobernar el curriculum, cerramos el curso un año más con la doctrina y los dogmas de la fe católica dentro de las aulas. Y finalmente, se convocaron oposiciones en algunas comunidades autónomas para contratar a miles de maestros y maestras que tendrán en sus manos la responsabilidad de la educación a las futuras generaciones durante las próximas décadas, y los criterios para el diseño de las pruebas, la selección de tribunales y baremos de evaluación son más de lo mismo, con el pecado añadido en el caso del País Valenciano, que quien tiene la responsabilidad de esa gestión es un gobierno autonómico considerado progresista. Perverso ejemplo de laxitud conceptual y de desimplicación de quien tiene la responsabilidad de la política.
¿Será el nuevo curso una reproducción del anterior como lo fue el anterior reproducción del anterior? Pues si así pintara la cosa habría que hacer lo posible por evitarlo. Y me parece que hay dos conceptos que están en la base de la respuesta y el cuestionamiento político de la continuidad. El primero tiene que ver con el movimiento social y el segundo con la hegemonía. Me parece que el saludable y potente proceso social que articuló y unificó múltiples actores comprometidos con la acción colectiva de defensa de la escuela pública, perfectamente simbolizados en las camisetas verdes, no debería tener esas camisetas guardadas en el armario, pues el conflicto político que ha venido poniendo a la escuela pública sobre las cuerdas no ha desparecido. Lo público, en general, y la escuela pública, en particular, siguen amenazados por la lógica neoliberal de la individualización y el sálvese quien pueda. El movimiento social que encabezó la reivindicación de la dignificación de la educación pública tiene todavía mucha tarea hasta hacer realidad ese cambio personal, cultural y político en la escuela.
Debería ser tarea de quienes tienen la responsabilidad de una gestión progresista de la educación pública, ayudarnos a pensar de un modo más crítico qué curriculum implementamos, con qué formación desarrollamos la profesión, cómo cualificar y profundizar en los procesos participativos, de qué modo se avanza en la democracia escolar, con qué referentes pedagógicos y políticos ha ido cultivándose el saber de renovación pedagógica, en fin, cómo hacer del cotidiano escolar un campo de reflexión y experimentación de nuevas y mejores posibilidades para facilitar el crecimiento humano con saberes emancipadores. Sin embargo, no parece que esos nuevos conceptos, que esa nueva y nutrida caja de herramientas con las que pensar estrategias de cambio y mejora de la escuela, vayan a venir de esos espacios de la administración educativa. Tal vez se les coma el tiempo la burocracia, tal vez. Es como si la vida de la escuela haya dejado de ser un concepto político y cada cual pueda inventar su momento como mejor le convenga. Por eso hace falta un potente movimiento social que recupere la acción política y pedagógica, el pensamiento político y pedagógico, la creación de conceptos y procedimientos para hacer más pública la escuela pública.
Recuerdo que en el primer gobierno del PSOE un ministro de Educación llamado José María Maravall nos confesaba en una reunión con los Movimientos de Renovación Pedagógica su necesidad de que andáramos por delante, creando una conciencia crítica que facilitase el avance y el cambio pedagógico. Era una lúcida petición de quien sabía que en el territorio de la educación se libra una permanente disputa por la dirección intelectual y moral del sentido de esa educación, y hace falta, entonces, un potente movimiento social que genere otras explicaciones, que busque otras estrategias, que facilite otras comprensiones sobre los que es o no posible. No es una cuestión de coerción, es una cuestión de convencimiento.
En aquel inmenso 8 de marzo del curso pasado una maestra le dijo a otra que anunciaba en el claustro su voluntad de ir a la huelga, que no estaba de acuerdo y que le parecía injusto e insolidario tener que quedarse con los niños y niñas de su clase. Ya me dirán ustedes si no sería una buena gimnasia empezar el curso con algo más de trabajo ideológico. Y no olviden que la ausencia de ideología es la ideología de la derecha.
De acuerdo con declaraciones del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, la política educativa de su gobierno se regirá por el respeto absoluto a los maestros; considera que la Reforma Educativa del gobierno de Peña Nieto se encaminó a denigrarlos y a poner el sistema educativo de cabeza. Por ello, convocó a la ciudadanía, en especial a docentes y padres de familia, a una consulta para alcanzar un Acuerdo nacional para una educación con equidad y calidad para el bienestar de todos los mexicanos.
Sin embargo, antes de que la consulta tenga resultados, AMLO ya decretó que cancelará la reforma y en su lugar habrá un nuevo plan. En ocasiones parece que su ángulo es agudo, como cuando dice que sí a la Coordinadora, pero les pide asistencia y puntualidad; mientras otras veces expande su visión y habla de una gran transformación. Esa ambigüedad abre la puerta a todo tipo de posturas. Resumo unas cuantas.
En las barracas de Morena, los diputados y senadores compiten para ver quién está más cerca de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y responde a sus requerimientos. “No quedará ni una coma”, dijo Mario Delgado. “Vamos a plantear una iniciativa para derogar las nuevas fracciones o párrafos del artículo 3º”, proclamó Martí Batres; eso incluía la desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. El tono de la oratoria de los coordinadores de los grupos de Morena es drástico, pero una combinación de factores le puso freno. La crítica de la opinión pública contó, pero quizá más la del futuro secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán.
Según difundió Raymundo Riva Palacio, en cuanto el senador Batres anunció la iniciativa, Esteban Moctezuma le aplicó las balatas, acaso por instrucciones del mismo Presidente electo. El futuro secretario de Educación Pública también es incierto en su perspectiva, pero ofrece un ángulo conciliador: “Seguirá la evaluación, pero no será punitiva”, “queremos un país armónico, sin violencia, con cultura de paz… con un tejido social digno y justo”. Asegura que el nuevo gobierno pondrá orden donde hay caos porque comienza por la parte sana: La consulta.
Los foros para dicha consulta tal vez tengan ventajas con todo y la desorganización e improvisación. No obstante, se privilegia la voz de los maestros y sus dirigentes. El Comité Ejecutivo Nacional del SNTE ofrece paz, negociaciones y, pienso, sumisión: Dice en su comunicado del 9 de septiembre que ese Comité “coincide con lo expresado hoy por el próximo secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, en que ‘creemos en el poder de escuchar, creemos en el poder del diálogo, creemos que para construir el futuro, todos tenemos que estar incluidos’”.
Como era previsible, la CNTE tiene una meta fija, abrogar la Reforma Educativa y no concede un ápice; su ángulo es puntiagudo. Cumple con su designio de ponerle marcaje a la consulta y no permitir que pasen posturas moderadas.
Organizaciones de la sociedad civil, Mexicanos Primero, en particular, siguen con atención los foros y destacan la escasa o nula participación de los alumnos; su mirada está excluida, a pesar de que serán los primeros afectados por las decisiones que tome el futuro gobierno.
Los otros partidos políticos apenas si dicen pío, aunque una diputada del Partido del Trabajo ya introdujo una iniciativa para derogar los cambios a la Constitución de 2013, que fundamentaron la reforma de este sexenio.
Los organismos intergubernamentales también toman la palestra. La Unesco, la Unicef y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos abogan por mantener los cambios positivos de la Reforma Educativa y alertan de las posibles consecuencias de una acción que devaste lo que se logró.
El gobierno, en particular el secretario Otto Granados Roldán, defiende lo realizado y aconseja continuidad; hay asuntos trascendentes que, en lugar de echarlos para atrás, vale la pena mejorarlos.
Los recodos que se presentan en la consulta son facetas de la contienda por la educación nacional. El próximo gobierno propone un cambio total, pero la estructura del sistema educativo mexicano tiene cimientos —corporativos— sólidos. El gobierno de Peña Nieto removió parte del edificio, pero la cimentación es más profunda de lo que parece.
Me temo que en el próximo gobierno el corporativismo regrese por sus fueros. Espero equivocarme y que AMLO, ya como presidente, no permita que se le pare la cresta.
“Back to school”, “La rentrée scolaire”, “Zurück zur schule”, “Vuelta al cole”… Desde mediados de agosto o antes, los escaparates de las tiendas en las principales calles de las ciudades europeas nos han hablado de la escuela. Unas calles que cada vez se parecen más unas otras, diluyendo los contextos sociales y urbanísticos, específicos, convirtiéndose en una universal y uniforme calle mayor de las franquicias, replicadas aquí y allá.
Son carteles que, durante días, nos han preparado para el inicio de curso: con la pizarra verde o negra y los lápices de colores que continúan con su protagonismo icónico, aunque ya no lo tengan en las aulas actuales. La representación de la escolaridad es añeja, a cierta distancia de los artefactos y gadgets contemporáneos que el alumnado lleva consigo y que el profesorado utiliza. En cualquier caso, los carteles no suponen precisamente una súbita y profunda preocupación para con la educación básica de nuestros niños y nuestras niñas, sino que es una llamada para acrecentar el consumo alrededor de la actividad escolar y una estrategia para repartir el pastel del subsiguiente gasto familiar en moda infantil, material escolar, libros y cuadernos, mochilas y todo tipo de complementos.
Mientras los escaparates hablan, también lo hacen los ministros y ministras del ramo para dar el pistoletazo de salida al nuevo curso. Ahí está el ministro francés de educación, Jean-Michel Blanquer señalando, con una solemnidad como si nadie lo hubiera dicho antes, que la función de la escuela es la formación de la ciudadanía; la ministra Celaá pide paso y comparece en sede parlamentaria para delimitar su programa y los contornos de lo público y lo concertado; o el ministro italiano Buselli, profesor de educación física, preocupado por reducir el peso de las mochilas y por desmantelar las propuestas del gobierno anterior. Entre los eslóganes comerciales y las declaraciones políticas, los niños y las niñas entran en las aulas. A la salida, quizás responderán a las previsibles y repetidas preguntas de algunos reporteros “que han salido a la calle” a pulsar el inicio de curso para el noticiario del día.
Todo ello forma parte de la vida educativa, escolar y social; se relaciona con las aspiraciones de las familias y con la profesionalidad del profesorado. El mercado, las políticas y los medios de comunicación condicionan la educación. Son, como señaló Basil Bernstein, agentes recontextualizadores que influyen, de un modo u otro, en la configuración y evolución de nuestros discursos y de nuestras prácticas pedagógicas. Así pues, la capacidad para construir unos procesos de aprendizaje potentes y fructíferos, también tiene que ver con la capacidad de leer e interpretar cuáles son las fuerzas y los actores que enmarcan dichos procesos educativos, a nivel local y a nivel global. La escuela no es un ámbito aislado sino un lugar interconectado con otros lugares; físicos, virtuales, simbólicos. Una institución en interlocución con otras instituciones y con las redes.
La vuelta a la escuela es una ocasión para repensar, esto es, seguir pensando, acerca de la educación que queremos construir, esto es, que queremos seguir construyendo. Hace unos años, sectores conservadores alimentaron un “back to basics”, un retorno a lo básico, planteado como el deseo de reivindicar un hipotético pasado escolar glorioso y un retorno a un currículum instrumental como si fuera un adn indiscutible, sin atender a contextos sociales. Hoy, desde una perspectiva bien distinta, el eminente profesor Stephen Ball reclama un “back to basics”, como la inevitable necesidad de repensar lo fundamental en educación y el papel de sus instituciones en el siglo XXI. Para debatir sobre quién y cómo interviene en el campo educativo. Para recontextualizar la tarea educativa, para afrontar los cambios. En el arranque de un nuevo curso escolar, y más allá.
Banco Interamericano de Desarrollo / 16 de septiembre de 2018 / Autor: Elacqua, Gregory; Hincapie, Diana; Vegas, Emiliana; Alfonso, Mariana / Fuente: BID
Este libro examina las políticas públicas que varios países de la región están poniendo en práctica para atraer, preparar y seleccionar docentes efectivos. También analiza la evolución histórica de la profesión docente latinoamericana. Existen dos factores históricos importantes que explican el deterioro de la profesión docente desde mediados del siglo pasado. El primero es la expansión de la cobertura escolar y los cambios en la profesión docente. Y el segundo se origina en las transformaciones del mercado laboral femenino. La conclusión es simple: solo recuperando el prestigio de la profesión docente, y atrayendo y preparando a los mejores candidatos a la docencia se logrará realmente transformar en el largo plazo la profesión y aumentar la efectividad de los maestros de nuestra región.
Argentina / 16 de septiembre de 2018 / Autor: Myriam Feldfeber y Nora Gluz [Coordinadoras] / Fuente: CLACSO
Fernanda Saforcada. Pablo Imen. Alejandro Burgos. Lucía Caride. Mariel Karolinski. Myriam Feldfeber. Nora Gluz. Oscar Graizer. María Eugenia Grandoli. [Autores de Capítulo] …………………………………………………………………………
ISBN 978-987-1891-37-5
CLACSO. Facultad de Filosofía y Letras – UBA .
Buenos Aires.
Febrero de 2018
Los capítulos que componen este libro son resultado de las distintas líneas de investigación del Proyecto UBACyT Los modos de construcción de la política pública en el campo educativo. Regulaciones, actores y procesos. El punto de partida del mismo fue la preocupación por comprender los modos de construcción de la política pública en el campo educativo en el nuevo escenario caracterizado por la asunción de gobiernos surgidos de las luchas sociales contra el neoliberalismo y que, con diferentes énfasis y no pocas contradicciones, buscan generar las condiciones para superar la desigualdad y garantizar los derechos de los ciudadanos, entre ellos el derecho a la educación.
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