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Colombia: Reducción del presupuesto para la educación podría aumentar la deserción universitaria

Colombia/21 de Agosto de 2017/RCN Radio

Desde hace varios años el presidente Juan Manuel Santos ha compartido su propósito de posicionar a Colombia como el país más educado de América Latina, sin embargo, con el anuncio de una posible reducción del presupuesto de educación para el otro año, la comunidad académica asegura que ese logro no será posible. (Lea también: Con este presupuesto no pueden culpar al Gobierno de ‘derrochón’: MinHacienda)

Además, el riesgo principal sería la deserción educativa. Al respecto, se pronunció Roberto Vergara Portela, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas:

“En la universidad pública el 48% de los estudiantes desertan, es preocupante, si van a recortar el presupuesto el acceso va a ser tremendo … solo 5 mil ingresan a la universidad, se están quedando 14.600 mil estudiantes por fuera sin acceder a la universidad pública”, afirmó Vergara.

Así las cosas, la posibilidad de que los estudiantes mejoren su vida social y económica es baja.

Jairo Alfonso Ruíz, secretario general de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (Aspu), aseguró que la idea del Gobierno es privatizar la educación.

“De lo que se trata de forma sistemática es reducir el presupuesto. Se avanza en un proceso de privatización de la educación y lo que requiere el país es que se apoye a la educación pública, que se incrementen los recursos y se jalonen políticas de autonomía desde los niveles de preescolar”, explicó el profesor,

El rector de la Universidad de Antioquia, Alviar Ramírez, también expresó su preocupación. “Si tuviéramos un compromiso del Gobierno Nacional para anexar el tema de los 4 puntos porcentuales adicionales, que los ingresos no crezcan solo al IPC sino el IPC más 4 puntos porcentuales”.

Las alarmas están prendidas y las 32 universidades públicas del país están pidiendo apoyo, entre ellas la Universidad Pedagógica y La Nacional con su rector Ignacio Mantilla a través de redes sociales.

Fuente: http://www.rcnradio.com/educacion/reduccion-del-presupuesto-la-educacion-podria-aumentar-la-desercion-universitaria/

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CLADE: 174 organizaciones hacen un llamado a inversores para que dejen de apoyar a la cadena de escuelas privadas Bridge International Academies en África

África, 19 de agosto de 2017.  Fuente y autor: CLADE

Se da a conocer esta declaración dos años después de la difusión de otra similar que fue dirigida al Banco Mundial. El documento fue firmado por una amplia gama de organizaciones de 50 países diferentes, incluyendo organizaciones de derechos humanos, de desarrollo, comunitarias y religiosas, así como sindicatos, lo que demuestra que son crecientes y de gran alcance las preocupaciones con respecto a las operaciones de las Bridge Academies.

La declaración presenta pruebas y análisis comparativos publicados en los últimos dos años, incluyendo investigaciones independientes de periodistas, que plantean serias preocupaciones con respecto a la transparencia de la Bridge y su relación con los gobiernos, así como las condiciones laborales y el incumplimiento de los estándares educativos en sus escuelas. Destaca, asimismo, los casos de Uganda y Kenia, donde Bridge ha implementado escuelas de forma ilegal, sin haber cumplido hasta el momento los estándares de educación nacional. En ambos los países se ha determinado que las escuelas Bridge cerraran sus actividades.

“La calidad de las escuelas de Bridge no ha sido evaluada independientemente. En cualquier caso, la ganancia sobre los resultados del aprendizaje nunca podría justificar las prácticas impactantes que se han documentado en esta declaración. ¿Qué puede justificar, por ejemplo, el tratamiento dado a las y los docentes sin licencia y que no están registradas/os, a quien se les niega un salario digno, mientras trabajan más de 60 horas por semana?”, reaccionó Linda Oduor-Noah, del Centro de Derechos Humanos del Este Africano, en Kenia.

La declaración también explica por qué la cadena Bridge no ha beneficiado a las personas más desfavorecidas que se proponía a atender, debido a los altos costos y los impactos negativos para las familias de quienes accedían a las escuelas. Un estudio señaló que entre el 69 y el 83 %de los padres y madres de estudiantes de la Bridge tenía dificultades para pagar su alquiler, proporcionar alimentación a su familia, o acceder a la atención médica debido a los altos costos de la escuela.

“En lugar de los 6 dólares mensuales, afirmados por la compañía, los costos totales para asistir a una escuela Bridge están más cerca de los 20 dólares al mes. No sólo estos costos son inalcanzables para una gran parte de la población de nuestros países donde Bridge opera, sino que la cuota anunciada es engañosa”, dijo Salima Namusobya, de la Iniciativa para los Derechos Económicos y Sociales en Uganda.

El documento también subraya la resistencia de Bridge al escrutinio público y sus intentos de limitar la transparencia de sus actividades, basándose en la reciente carta del Comité de Desarrollo Internacional del Parlamento británico al Secretario de Estado, que también planteó esta cuestión.

“Hemos visto cómo en Liberia, Bridge, que forma parte de un acuerdo de alianza público-privada con el Estado, ha operado en total secreto, desafiando las normas de contratación pública y socavando la evaluación independiente de su funcionamiento por parte de la sociedad civil. Esta tendencia se confirma en otros países, donde Bridge ha estado involucrada en la detención de un investigador independiente, en el silenciamiento de los sindicatos, en la resistencia a la evaluación externa de sus actividades y más. Esta es una compañía de educación global envuelta en secreto, lo que es extremadamente preocupante”, agregó Anderson Miamen, de la Coalición para la Transparencia y Responsabilidad en la Educación de Liberia.

En este contexto, las organizaciones que firman la declaración exhortan a los inversionistas y donantes para que cumplan con las obligaciones de diligencia debida y dejen de apoyar a la Bridge. Las organizaciones mencionan una serie de otras recomendaciones sobre la necesidad de cumplir las leyes y normas nacionales, la transparencia, la rendición de cuentas, el tratamiento de la sociedad civil y la reorientación de los fondos a programas que promuevan la equidad en la educación.

“Es importante reconocer que la mayoría de los inversores está realmente tratando de hacer una diferencia en la vida de los niños y niñas que viven en la pobreza. Compartimos estas preocupaciones y reconocemos la necesidad de grandes mejoras en la educación. Sin embargo, hay ahora pruebas significativas de que invertir en la cadena Bridge no es una forma eficaz de mejorar el acceso, la equidad y la calidad de la educación, que debería ser el objetivo de cualquier iniciativa educativa dirigida a los más desfavorecidos. Acogeríamos con gratitud la oportunidad de explorar alternativas con donantes e inversores para identificar formas más eficaces de invertir de manera sostenible en la provisión de educación de calidad para todos los niños y las niñas que viven en la pobreza “, concluyó Chikezie Anyanwu, de la Campaña Mundial por la Educación.

Esta última declaración se debe a las reiteradas preocupaciones sobre el crecimiento acelerado y no regulado de ciertos proveedores privados de educación, en particular los comerciales, como Bridge. En mayo de 2015, 116 organizaciones habían publicado una declaración en la que expresaban su preocupación por los datos engañosos sobre los costos y la calidad de las escuelas Bridge. Desde entonces, las pruebas presentadas en la declaración, que fueron encontradas en distintas fuentes, incluyendo la ONU, un informe parlamentario del Reino Unido, investigaciones e informes de medios independientes, han confirmado esas preocupaciones y han despertado una alarma sobre la grave brecha entre las promesas de Bridge y la realidad de su práctica.

Lea aquí la declaración completa (en inglés) o aquí un resumen (en español)

Fuente de la Noticia: http://privatizacion.campanaderechoeducacion.org/174-organizaciones-de-todo-el-mundo-hacen-un-llamado-a-inversores-para-que-dejen-de-apoyar-a-la-cadena-de-escuelas-bridge-international-academie

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2017, ¿etapa promisoria para el sistema educativo?

Fernando Ruiz


A pesar de su turbulento inicio, el Ciclo Escolar 2016-2017 terminó con destellos esperanzadores para la transformación educativa de nuestro país. Después de los álgidos momentos contra la reforma educativa en 2013, 2015 y 2016, la situación al final del presente ciclo escolar parece representar el fin de esa etapa y el inicio de la construcción de nuevas prácticas institucionales, docentes y escolares.

Se ha mejorado el cumplimiento del calendario escolar en los estados en los que tradicionalmente las dirigencias sindicales tienen como práctica habitual incumplirlo. En Oaxaca, bastión de la CNTE, se perdieron menos días de clase este ciclo escolar que durante cualquier ciclo de la última década.

De hecho, desde la aprobación de las reformas normativas de 2013, los días perdidos se han reducido, pasando de 28 días de clase perdidos en el Ciclo 2012-2013, 43 días en 2013-2014, 27 días en 2014-2015, 45 días en 2015-2016 y 16 en el ciclo que acaba de terminar.

Adicionalmente, en Oaxaca se observa una reducción en la magnitud de los paros laborales, rompiendo con una tradición de más de tres décadas; el paro de labores de agosto de 2016 inició con la participación de sólo 50% de las escuelas y disminuyó en la segunda semana a 23%. Es significativo que fueron forzados a terminarlo por las protestas de los padres de familia.

Esta situación reflejó lo que ya se había observado el ciclo anterior: de las más de 5 mil escuelas que participaron en el paro que empezó el 16 de mayo 2016, se fueron reduciendo sustancialmente durante el mes de junio hasta llegar a sólo 379 escuelas. En el último paro de este ciclo, en mayo de 2017, sólo 13% de los centros escolares cerraron.

Lo mismo se puede apreciar en el caso de Chiapas. En el Ciclo Escolar 2012-2013 se perdieron 59 días de clase, 30 días en 2014-2015, 51 días en 2015-2016 y 24 días en el ciclo 2016-2017. En este caso, fue notorio el aumento de la agresión física y verbal que la Sección 7 y la fracción democrática de la Sección 40 emplearon contra sus propios compañeros docentes e incluso contra los padres de familia de muchas escuelas para sostener el paro.

El cambio de la situación de Oaxaca no sólo se debe a los propios errores cometidos por la disidencia magisterial y el hartazgo social contra sus prácticas. La recuperación de la rectoría educativa, buscada con la desaparición del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) en 2015, la recentralización del pago de la nómina, el control de las plazas presupuestales y los concursos de ingreso y promoción, redujo sustancialmente los mecanismos de control sobre el
magisterio.

El contexto chiapaneco difiere del oaxaqueño, pero un elemento indispensable para terminar con la suspensión de clases y el uso de la violencia en ese estado será terminar con la impunidad de las prácticas de su dirigencia.

Un aspecto que puede estar influyendo en este cambio de tendencia es que los vaticinios respecto a los despidos masivos de trabajadores y la privatización de escuelas no se han cumplido. Las movilizaciones de 2015 y 2016 fueron en gran medida motivadas por la incertidumbre que la aplicación de la evaluación docente, su desorden logístico, y los cambios y ajustes sistémicos en los mecanismos de ingreso, promoción, colocación docente, cambios de adscripción, escalafón, prestaciones e incentivos docentes impactaran negativamente en la estabilidad laboral de los maestros.

Es importante señalar que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) no dejará de ser un actor político relevante en sus respectivas entidades. Paralelamente a la pérdida de legitimidad de sus demandas y el debilitamiento de sus movilizaciones masivas, han refuncionalizado las alianzas con organizaciones sociales, incursionado en alianzas electorales e incrementado el uso sistemático de bloqueos y cierre de vialidades. Esto permitirá que, con un número relativamente pequeño de activistas, siga siendo un mecanismo efectivo de presión política sobre los gobiernos estatales.

Con el fin de la aplicación de la evaluación del desempeño docente 2015-2016 y 2016-2017, la continuidad de los concursos de ingreso y promoción, la cadena de anuncios referentes al cambio del modelo educativo vigente y su ruta de implementación, así como el fin de las movilizaciones masivas de la disidencia magisterial, se delinea el fin de la etapa iniciada en 2013 con la reforma del artículo tercero constitucional.

El futuro no está exento de riesgos y retrocesos, pero sin lugar a dudas dependerá de la sociedad y sus organizaciones civiles denunciarlas a favor del derecho a aprender de las niñas, niños y jóvenes en estos
estados.

Fuente de la articulo: http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/2017-etapa-promisoria-para-el-sistema-educativo.html

Fuente de la imagen: http://www.elfinanciero.com.mx/files/article_main/uploads/2017/06/21/594b03bd56742.jpg

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Nace el primer frente en lucha por la educación pública en EU

Estados Unidos/24 de Julio de 2017/Regenaración

En California, Estados Unidos se ha formado el primer frente del país, que esta conformado por sindicatos de profesores, padres y dirigentes comunitarios, su misión es la defensa de la educación pública.

De acuerdo con información que hace publica el medio La Educación, este movimiento se genera como una respuesta al movimiento privatizador que impulsan Donald Trump y la Secretaria de Educación, Betsy DeVos, y los poderosos grupos reformistas del estado, que pretenden convertir en chárter a la mayor parte de los planteles, donde estudian más de seis millones de niños.

En San Diego se reunieron representaciones de esos segmentos del sector educativo, que provienen de Los Angeles, San Francisco, Sacramento, Richmond, Anaheim, San Diego y otros para convenir en la formación de esa alianza. En los próximos meses serán puntualizados los principios filosóficos, programa de acción y estrategias.

Quizá en Los Angeles se realice la siguiente reunión y en octubre la primera movilización estatal.

Los grupos de las diversas regiones de California actuarán con base en demandas y planteamientos comunes y de ayuda mutua. La divisa es: todos para uno y uno para todos.

A partir de ese evento surgió lo que el vicepresidente del Sindicato de Maestros de Los Angeles (UTLA, siglas en inglés), Juan Ramírez, denomina “la nueva visión” del trabajo conjunto entre maestros, padres y líderes comunitarios, cancelando así el tiempo en el que actuaban aislados, cada uno con sus agendas y en sus espacios.

“Factores fundamentales van a ser el respeto a la diferencia y la unidad,” sentenció Ramírez.

“Queremos que se mantenga la educación pública”, manifestó el dirigente de la organización sindical y magisterial más grande de California, con casi 35 mil miembros.

De ahí que se proyecta una larga vida a esta coalición, como lo explica Martha Sánchez, dirigente comunitaria del sur centro angelino y de la Alianza de Californianos para el Poder de la Comunidad (ACCE):

“Este frente no puede caer porque estamos bajo ataque y todos los grupos que nos reunimos somos comprometidos y trabajamos en estos temas, pero de manera aislada. Al pelear de esta manera no estábamos uniendo la fuerza que tenemos y de repente empezamos a observar y llegamos a la conclusión que peleamos por lo mismo y luchamos por las mismas causas y nos sentamos a hablar e hicimos un compromiso conjunto”.

Sánchez hizo saber que es un esfuerzo y un programa de innovación creado por la necesidad de formar más fuerza comunitaria para prevenir futuros desastres económicos en cuanto a temas de educación e impedir despidos masivos de maestros y personal calificado necesario en las escuelas.

Pero, sobre todo, el principal objetivo es dar la mayor calidad educativa a los niños.

Ramírez enfatizó que sólo con la unión de padres, maestros y la comunidad puede hacerse frente a la “situación tan grave “ que se vive en la actualidad, con un gobierno federal privatizador y con millonarios que cambian la visión de la educación pública y gastan millones para que sus candidatos ganen elecciones como acaba de ocurrir en la Junta de Educación del Distrito Escolar Unificado de Los Angeles (LAUSD, siglas en inglés), donde el poder del dinero llevó al triunfo a dos jóvenes inexpertos, que permiten tener a los reformistas tener una mayoría al alcanzar cuatro  de los siete asientos.

“Parece que todo lo tenemos adverso, pero no por eso vamos a dejar de insister, de demandar. No hay que dejar que una crisis se vaya de balde. Hay que usarla para unirnos”, estableció.

CONSIDERAN QUE ES UNA GUERRA A LA CLASE TRABAJADORA

Martha Sánchez considera que el movimiento privatizador e Trump y DeVos “es una guerra a la clase trabajadora, principalmente latina y afroamericana”.

“ Es guerra de destrucción económica y también guerra de clases en donde el rico va a tener oportunidad de tener los recursos que necesita para ser exitoso y el pobre va a seguir condenado a ser obrero de bajo rango y apenas a sobrevivir y tener lo básico para proveerle a su familia”.

Y fue a más:

“ Es una guerra de destrucción física, no sólo moral, pero también para que las personas lleguen a un grado de caos y desesperación que terminen suicidándose o cometiendo crímenes más agresivos que terminen en las cárceles”.

De los nuevos miembros de la Junta de Educación del distrito escolar angelino, Kelly Gonez y Nick Melvoin, Sánchez aseguró que “son títeres de un sistema elitista y están allí porque tienen agenda privada que ejecutar”.

Indicó deben tener responsabilidad fiscal con maestros, padres y alumnos y hacer un recall – elección de destitución- en caso de que no sean transparentes.

“Al final del día fueron elegidos no sólo para representar a las chárter ni a las escuelas con niños con mayores privilegios económicos. Están allí para representar a un sistema de educación pública que sigue siendo la gran mayoría”, remató.

Los temas de educación e impedir despidos masivos de maestros y personal calificado necesario en las escuelas. Pero, sobre todo, el principal objetivo es dar la mayor calidad educativa a los niños. Ramírez enfatizó que sólo con la unión de padres, maestros y la comunidad puede hacerse frente a la “situación tan grave “ que se vive en la actualidad, con un gobierno federal privatizador y con millonarios que cambian la visión de la educación pública y gastan millones para que sus candidatos ganen elecciones como acaba de ocurrir en la Junta de Educación del Distrito Escolar Unificado de Los Angeles (LAUSD, siglas en inglés), donde el poder del dinero llevó al triunfo a dos jóvenes inexpertos, que permiten tener a los reformistas tener una mayoría al alcanzar cuatro de los siete asientos. “Parece que todo lo tenemos adverso, pero no por eso vamos a dejar de insister, de demandar. No hay que dejar que una crisis se vaya de balde. Hay que usarla para unirnos”, estableció.

Fuente: http://regeneracion.mx/nace-el-primer-frente-en-lucha-por-la-educacion-publica-en-eu/

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De cómo desarmar el criterio de la evaluación del desempeño docente en tiempos de voraz capitalismo neoliberal.

Por: Miguel Andrés Brenner

Buenos Aires, Argentina

Julio de 2017

El presente texto es un discurrir que pretende invitar al cuestionamiento de categorías que pueden encontrarse en el “sentido común” de la camada docente, de sus luchas o anhelos. Es también una crítica a los postulados de la educación en manos del mercado, denominados neoliberales. Ese ideario, desde el vamos, intenta despolitizar a la escuela. La escuela no sería, por ende, una práctica política dentro de proyectos ético-políticos a nivel nacional y regional, tampoco sería una práctica económico-política en función de la producción y reproducción de la vida en comunidad. ¿Qué sería entonces?: solamente un “dispositivo tecnológico”. De ahí, el constante latiguillo enunciativo en múltiples textos de la actual derecha, orales o escritos, que aluden a “una escuela del siglo XIX, con docentes del siglo XX y alumnos del siglo XXI”, según los dispositivos tecnológicos en juego. Bajo tal consideración, las vigentes tecnologías de la información y la comunicación constituyen un importantísimo pretexto para la flexibilización laboral de los docentes y la mercantilización de la educación.

Este trabajo lejos se encuentra de establecer “recetas”, simplemente, señala criterios para la acción, para “qué hacer”.

Sus apartados interrogan acerca de variadas cuestiones bajo el título de…

  • ¿En Defensa de la Escuela Pública? Anacronismo político vigente
  • Resistencia
  • De la evaluación del desempeño docente
  • Y pensando en Argentina, aunque no solamente en ella
  • Concluyendo

¿En Defensa de la Escuela Pública? Anacronismo político vigente

Es demasiado frecuente a nivel gremial la consigna “defensa de la escuela pública”. Ésta, en realidad, tiene como reclamo fundamental, en primer lugar el salario docente, en segundo lugar variadas cuestiones que se sustentan en el financiamiento de la educación.
El interrogante, en tal sentido, es si dicha significación puede sostenerse hoy día sin más. Obviamente, tiene una crucial importancia, pero ¿no habría que modificar el eje o núcleo de la lucha?

Lo “público” no se identifica forzosamente con lo “popular” en el sistema escuela, mientras que la educación popular tiende a darse siempre fuera de la educación formal. En Argentina, la primera ley de educación nº 1420 del año 1884 tiene aspectos valiosísimos entendidos desde lo epocal, sin embargo hay que considerar que el contexto de su promulgación estuvo dado por el Proyecto Político de la Oligarquía Terrateniente, también llamado Proyecto Agroexportador. De ahí que uno de los temas prioritarios de la lectura y la escritura tenía como pivote ejemplificador en la escuela primaria a “La Vaca”.

Cuando se dice “defender la escuela pública” no existen salvedades aclaratorias acerca de cómo se interpreta lo “público”. La elegante zona de la Recoleta en la Ciudad de Buenos Aires” es pública, también el Aeropuerto de Ezeiza, entre otros, espacios en los que resultaría sospechoso el deambular de sujetos con aspecto racial mestizo o lo que en Argentina se denomina “negro de… “, ameritando por ende un control por parte del personal de seguridad asignado a tales lugares, pues pobreza sería indicio de delincuencia, pobreza en estado de sospecha.

La constante “defensa”, a través de los años, hace a una también constante “resistencia”. ¿Cuál es el sentido del eterno retorno de la “resistencia”?

Resistencia

Con el advenimiento del capitalismo neoliberal se dio la masiva “entrada” de los sectores populares en los “edificios escolares”. Véase, al respecto, el documento de Jomtien, Tailandia 1990, “Declaración Mundial sobre Educación para todos”. ¿Puede creerse que la “insistencia” ampliamente lograda responde al derecho humano a la educación en el plexo de un sistema económico donde predominan ante todo las ganancias o lucro? Quizá, mas bien, podría entenderse tal cuestión desde lo que el documento del Banco Mundial (1996:1/2) “Prioridades y estrategias para la educación”) denomina como “garantizar el buen gobierno”.[1]

Así como el Chile de Pinochet necesitó de una represión genocida para instalar “brutalmente” el citado neoliberalismo, en realidad, la condición de posibilidad de la mercantilización de la educación, también “bruta”, se monta sobre las inconsistencias del “meter” dentro de la escuela a cientos y cientos de millones de niños y jóvenes. Dichas inconsistencias son “pedagógicas” referidas a los grandes sectores populares: están en la escuela, pero no aprenden. Aunque, ¿qué es lo que no aprenden?: básicamente la propia lengua desde los cánones pre establecidos. ¿Y para qué debieran aprenderla?: ¿para lograr un sentido comunitario desde la experiencia de un mundo compartido y el diálogo intercultural liberador, lo que supone la lucha transformadora de las condiciones materiales de existencia?, ¿para insertarse dentro de las redes del mercado o bien vagar fuera de sus márgenes, como un vagabundo o excluido?

Incluido en el edificio escolar, excluido pedagógicamente: he aquí el problema. Y dicha exclusión es funcional a todo un sistema económico político que produce “escasez”, donde hay cada vez menos empleo digno, bajo la intencionalidad del poder neoconservador de la no búsqueda de nuevos empleos, sino el de crearlos a partir el ideario del emprendedurismo, donde ya no tendrían sentido los sindicatos, los convenios colectivos de trabajo, el establecimiento de un salario mínimo -vital y móvil-, mientras cada “emprendedor” se haría cargo de ofrecer servicios limitados a “proyectos”, también limitados a su diseño innovador y ejecución en el tiempo, amén de su aceptación por el mundo empresario solicitante. Desde aquí, la estabilidad laboral carece de sentido, por cuanto nada es estable, salvo prioritariamente la especulación financiera, el dinero que produce más dinero y no ingresa en el aparato productivo, generando una exacerbada “escasez”.

La exclusión pedagógica es fomentada desde políticas educativas que sobreabundan en normatividades, mientras que los directivos se encuentran tensionados entre el cumplimiento de las normas y los avatares de cada día escolar (alumnos que no “desean” aprender lo que se les enseña, docentes “quejosos” por sus condiciones laborales, padres que reclaman si sus hijos no están en la escuela por paros o huelgas docentes, las lamparitas de un aula que no funcionan o el ingreso de agua tras una fuerte lluvia, etc., etc., además de la llamada del “Inspector” que controla el cumplimiento de normativas y protocolos). Además, docentes que se encuentran tensionados por el desánimo, el “sentirse solo o huérfano en el aula de la escuela pública”, las insulsas e inconducentes “jornadas de perfeccionamiento docente”, las “bajadas de línea” de inspectores nada originales en tanto siguen órdenes, y directivos temerosos a no obedecer con obsecuencia. Cabe aclarar que lo recientemente dicho es una tendencia, pues tiene sus varianzas en la praxis escolar.

Empero, el docente sería el principal culpable. Por eso habría que evaluarlo, medirlo, compararlo con otras mediciones.

De la evaluación del desempeño docente

La mera evaluación del desempeño docente como medición desde estándares que permiten “datos” comparativos, a partir de donde acceder a cargos y horas de clases, ratificar la permanencia en la docencia, establecer el criterio para incentivos salariales y el despido de docentes tienen, digamos, “fortalezas e inconsistencias”.

Las fortalezas son de las empresas privadas y bancos que mediante consultorías o fundaciones u organizaciones no gubernamentales brindan bienes educativos que les permiten cooptar dineros públicos/estatales en favor del propio lucro, lo que se denomina “mercantilización de la educación”. El Estado sería un inválido si no recurriese al mercado, entre tanto, en Argentina, al respecto, ya no se convocan a las grandes universidades públicas.

Las inconsistencias son por algunos motivos que a continuación señalamos:

  1. La medición desde estándares es para conocer más que nada el dominio de las normativas de la política educativa vigente y de los criterios didácticos establecidos por dichas políticas, cuando en realidad las normas debieran establecerse e interpretarse, y en tal sentido modificarse si fuere necesario, a partir de una pedagogía situada, dadas las condiciones de los sujetos que aprenden, sean económicas, sociales, culturales, psicosociales, etc.
  2. La evaluación es un ingrediente de la didáctica que, aisladamente considerada, produce un olvido intencional del diálogo intercultural, del proceso educativo, de las condiciones de ingreso de los mismos alumnos. También, desde el mencionado olvido, produce el oscurecimiento de las dificultades, los desvelos, la impotencia de tantos docentes que sufren malestar por las condiciones laborales desde donde enseñan; es que también “la enseñanza es situada”[2] dentro de un contexto más amplio, como el político, el económico, el cultural, etc. Así, por ejemplo, y considerando la experiencia mexicana, no es lo mismo “responder frente a una máquina-computadora” que situarse en la vida real del aula en la escuela, con sus sabores y sin sabores, con la sangre de tantos maestros que dan la vida por sus alumnos, aunque otros hayan “bajado la guardia” por tanta impotencia. No es lo mismo responder frente a una máquina que un constante diálogo de los docentes con sus alumnos, que se alegran y sufren con ellos. Una máquina no siente, no llora, no ama, no sufre, no goza, no se impacienta, no se desanima, simplemente, porque es nada más que una máquina que procesa datos. Un docente, por mejor puntaje obtenido en interacción con la máquina, no garantiza una educación de calidad humana digna, amén de criterios psicosociales de salud aceptables en el plexo de las relaciones comunicativas dentro de la escuela toda.
  3. Y siguiendo con la experiencia mexicana valga señalar que “la pedagogía no importa”, es pretexto nada más. En el año 2013 la evaluación del desempeño docente, que impacta como reforma en el sistema educativo, adquiere rango constitucional. En el año 2016 se establece la ratificación de la reforma educativa mediante un modelo pedagógico. Sería como construir primero los ochenta pisos de un edificio y en segundo término construir sus cimientos. Es decir, esta segunda reforma, llamada “modelo educativo”, es pretexto, nada más, y solamente a fin de ratificar la primera reforma, la evaluación del desempeño docente, bajo el predominio de los criterios de mercado. No hay equivocación o error alguno, pues muestra la verdadera fachada de las políticas educativas en juego, o mejor dicho, de las “políticas económico educativas” en juego.
  4. Los criterios pedagógico/economicistas impelen a evaluar los resultados, el desempeño docente, como si fueran objetos medibles y comparables en el mercado internacional en referencia a su eficiencia y eficacia, como dijimos, para una intervención lucrativa de consultorías, fundaciones, organizaciones no gubernamentales, empresas y bancos, bajo el pretexto de la rendición de cuentas o accountability y la consecuente toma de decisiones en favor de un desempeño docente de calidad. Sin embargo, documentación no sospechada de supuestas fantasías utópico-liberadoras, como por ejemplo la PREAL, Programa para la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe, netamente neoliberal, sumamente neoliberal, nos alertan bajo el estudio realizado por Barber, Michael y Mourshed, Mona (2008: 5), señalando que…

“Pese a todo, medir el desempeño docente no conduce automáticamente a obtener una perspectiva sobre cómo pueden las políticas y las prácticas ayudar a los estudiantes a aprender mejor, a los docentes a enseñar mejor y a las escuelas operar de manera más efectiva. Aquí es donde aparece el Informe McKinsey, con su original enfoque que combina resultados cuantitativos con perspectivas cualitativas acerca de qué tienen en común los sistemas educativos con alto desempeño y que mejoran con rapidez. Con énfasis que trascienden los contextos culturales y sociopolíticos, tales como conseguir las personas más aptas para ejercer la docencia, desarrollarlas hasta convertirlas en instructores eficientes y poner en práctica mecanismos de apoyo dirigidos para garantizar que todos los niños pueden aprovechar los beneficios de una instrucción de alta calidad, el informe permite a los encargados de formular políticas conocer las características de sistemas exitosos sin necesidad de copiarlos por completo.”[3]

                        Y más adelante, del mismo texto (Barber y Mourshed, 2008: 45)…

“Todos los distintos sistemas educativos que han experimentado importantes mejoras lo han logrado fundamentalmente porque han creado un sistema que es más eficiente en tres aspectos: conseguir gente que es más talentosa que se interese por la docencia, desarrollar a sus docentes para que sean mejores instructores y garantizar que estos instructores se brinden en forma consistente a todos los niños del sistema.”

A su vez, el Informe McKinsey alerta en sus conclusiones que “el éxito educativo depende de la formación del profesorado”. Comparando los promocionados 10 mejores sistemas educativos del mundo (Finlandia, Corea del Sur, Japón o Canadá…) se consta que el nivel educativo de un país depende de la formación, motivación y aprendizaje permanente de sus profesores. Es decir que “conseguir buenos profesores depende de cómo se los selecciona y se los forma…”[4] Y, valga aclarar en tal sentido, que los discursos político pedagógicos, pretendiendo la evaluación del desempeño docente desde criterios mercantiles, tienden a ocultar el Informe McKinsey, no discuten o polemizan con el mismo, simplemente realizan una “bajada de línea” para establecer la “medición” de una labor eminentemente humana, como lo es la relación educativa, un complejo de relaciones con multiplicidad de dimensiones en juego. La cosa se agrava en tanto la misma PREAL, integralmente neoliberal, lo publicita en algunos de sus documentos, aunque publicita en tanto oculta.

Lo recién explicitado nos da pie para “pensar” desde nuestra realidad latinoamericana, o bien como un malamente considerado “hinterland”

-término alemán que traduzco como “trasero del mundo”-, en primer lugar acerca de los modos de lograr “buenos”[5] aspirantes para la formación, en particular, de maestros -base docente del sistema escuela-[6], sin discriminación alguna, y en segundo lugar acerca de los modos del acompañamiento formativo dentro de la función de enseñanza de los maestros en el situado aula escolar, tratando de evitar conceptualizaciones pedagógico/didácticas meramente genéricas de autores de libros, quienes, quizá, no serían capaces de “soportar” una semana la enseñanza con alumnos provenientes de sectores populares.

Valgan estas reflexiones por cuanto se pretende impactar desde criterios estandarizados economicistas sobre las condiciones de egreso de la formación docente y, además, sobre las “competencias laborales” de los docentes en ejercicio, obviando modificar las condiciones de inicio de la formación docente y obviando un acompañamiento digno del accionar educativo de los docentes en ejercicio. Ciertamente que criterios dignos conllevarían un lapso superior a los réditos políticos dentro de la partidocracia vigente. En tanto se instituye una reforma para los maestros sin los maestros, o sea, “a la fuerza”, la condena desde su comienzo al fracaso, considerando la perspectiva de una calidad humana no mercantilista.

Reiterando, la modificación de las condiciones de inicio de la formación docente implica un estilo de lucha por anticipación superadora de la mera lucha por resistencia, entendiendo dichos cambios bajo el signo de una calidad humana no supeditada más que a la propia dignidad, y sin “echar culpas” ni al nivel educativo secundario ni al primario. A tal efecto importa reconocer las falencias en los procesos de enseñanza-aprendizaje, procesos que son “situados”; es que no solamente “el aprendizaje es situado”, además lo es la enseñanza, y con más precisa expresión “el proceso de enseñanza-aprendizaje es situado”. El “olvido” del enseñante, reducido a un simple “facilitador”, es una argucia a fin de no valorar al docente, docente que puede caer en la trampa de una resistencia que proponga, en vez de la evaluación del desempeño docente, una “evaluación integral”, trampa pues nos anclamos en el mismo terreno del adversario, con una visión más amplia, pero sin contrapropuestas fuertemente alternativas. Contrapropuestas tales debieran ser viables política, económica y culturalmente, más allá de los gobiernos de turno, pues un pretendido falso utopismo conduce a la inacción.

Y pensando en Argentina, aunque no solamente en ella

Existe una especie de “cansancio moral” o “pesadez pedagógica” en la camada docente ante tantas reformas educativas, cada gobierno con la suya, y a su vez la implementación de reformas dentro de las mismas reformas.

Además, resulta imposible una real reforma educativa, más allá de su signo político, si no hay una Política de Estado, independientemente del mandato de un período de gobierno determinado. En la tan mencionada Finlandia hay una voluntad política de Estado desde la década del 80.

La Política de Estado para nuestros pueblos requiere, ante todo, de una firme voluntad entre sectores populares mayoritarios, condición de posibilidad, “a posteriori”, de normas y leyes. Una ley no es forzosamente garantía de mejoras. Más aún, implica un texto que en primer término tiene dos modos de interpretación: uno en sí mismo por sus significados, otro por su praxis en virtud de que la escuela es ante todo una práctica política. Ambos modos deben confrontarse, y desde ahí emitir una tercera interpretación. La sola letra de la ley hace recordar al platónico mundo de las ideas donde no cabían ciertas ideas, así por ejemplo ni el mal, ni las injusticias, ni la explotación, etc. Importa esta aclaración pues, en particular, las leyes referidas a la educación tienen muchísimos conceptos pretendidamente universales o genéricos[7], que pueden redundar, durante el ejercicio de las políticas educativas de un partido o frente político en funciones de gobierno, en determinadas interpretaciones, mientras que la de sus adversarios políticos pueden redundar en otras interpretaciones totalmente disímiles. Por ejemplo, el caso de la Ley Nacional de Educación Argentina 26.206/2006, sancionada en el período del gobierno del presidente Néstor Kirchner, que en la “brutalidad” de las prácticas economicistas del gobierno del presidente Mauricio Macri, es tomada como fundamento de las prácticas mercantilistas educativas en juego, que luego se justificarían con el proyecto de ley Plan Maestro[8], a elevar al Poder Legislativo a fin de su sanción. Es por ello que resulta relevante interpretar la ley no meramente desde su significación discursiva, sino tensionándola con la práctica, siendo esta última decisoria en función de la interpretación.

Concluyendo

En un sentido liberador, amerita la importancia de una lucha por anticipación, y no meramente por resistencia, lo que exige un compromiso más con las comunidades educativas (docentes-alumnos) que con las superestructuras partidarias, independientemente de la adhesión de los miembros sociales a determinadas líneas político-partidarias. El compromiso con las bases no se condice con “bajadas de líneas” partidarias, a la inversa, impelerían a la modificación de las mencionadas “líneas” si fuere necesario, en favor de la producción y reproducción de la vida comunitaria, vida que crea vida, en nuestro caso, vida educativa.

Es que las utopías no han muerto.

[1] Banco Mundial (1996). “Prioridades y estrategias para la educación.” Washington, D.C. Publicación del Banco Mundial. “La educación… contribuye a reducir la pobreza al aumentar la productividad de los pobres, reducir la fecundidad… y a promover el bueno gobierno”. Pgs. y 2.

[2] Desde las pedagogías neoliberales se habla de “aprendizaje situado”, totalmente descontextualizado, bajo el olvido de la “enseñanza situada y contextualizada“. En realidad, lo habría que mencionar es a la “enseñanza-aprendizaje situados”.

[3] http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:utArVZnYi9oJ:www.oei.es/historico/pdfs/documento_preal41.pdf+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=ar Barber, Michael y Mourshed, Mona (2008). “Cómo hicieron los sistemas educativos con mejor desempeño en el mundo para alcanzar sus objetivos.” Santiago de Chile. PREAL. (consulta: 10 de febrero de 2016)

[4] http://www.uco.es/hbarra/Master/Conclusiones_del_informe_MCKINSEY.pdf (consulta: 24 marzo 2017) Investigación realizada entre los años 2006 y 2007.

[5] Es obvio que habría que definir políticamente y en base a las necesidades de nuestros pueblos cuál es el significado de “bueno”.

[6] En Argentina se denomina maestro al docente del nivel primario de educación y profesor al docente del nivel secundario.

[7] Hay un principio de la lógica clásica que dice “a mayor generalización, menor comprensión”.

[8] Conste que de las 57 páginas del proyecto de ley Plan Maestro, prácticamente, 46 de ellas implican generalizaciones conceptuales.

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Chile: 118 colegios subvencionados han decidido pasar a ser particulares pagados

Chile/03 julio 2017/Fuente: El Ciudadano

Plazo final de conversión vence el 31 de diciembre de 2017.

Este viernes venció el primer plazo para que los colegios subvencionados informen al ministerio de Educación si pasarán a ser instituciones sin fines de lucro o establecimientos particulares pagados. Al respecto, el balance preliminar indica que de los 5.950 establecimientos particulares subvencionados existentes en Chile, 3020 tomaron la decisión de convertirse en entidades sin fines de lucro, representando un 51% del total, siendo 118 colegios los que renunciarán la subvención estatal para convertirse en particulares. De estos, 77 son colegios y 41 jardines infantiles.

El resto aún no toma la decisión. Tienen plazo hasta el 31 de diciembre de este año. En ese sentido, la ministra Adriana Delpiano dijo a El Mercurio que pese que son pocos casos en relación al total, les preocupa que algunas familias podrían verse afectadas, pues se estima que éstos colegios que pasan a ser privados podrían aumentar su mensualidad hasta en $80 mil.

“Estamos desarrollando planes regionales para que las familias tengan alternativas similares a los colegios en que estaban. Y en caso de tener que reubicar a estudiantes, esto se coordinará a través de las seremis”, concluyó Delpiano.

Fuente: http://www.elciudadano.cl/educacion/educacion-118-colegios-subvencionados-han-decidido-pasar-a-ser-particulares-pagados/07/02/

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EEUU: Education Secretary Betsy DeVos suspends new rules cracking down on for-profit college abuses

EEUU/June 20, 2017/By: Jim Puzzanghera and Samantha Masunaga/Source: http://www.latimes.com

As Corinthian Colleges Inc., ITT Technical Institute and other for-profit schools collapsed in recent years, the Obama administration overhauled regulations to make it easier to forgive loans for stranded students and to try to prevent future abuses.

Now, the Trump administration is suspending those rules, which had been set to go into effect July 1. The Department of Education, under Secretary Betsy DeVos, also is launching an effort to rewrite the rules.

Both moves drew criticism from Democrats and student advocates.

For Claudia Chacon, 25, of Los Angeles, a former student at Corinthian’s Everest College, the decision could lead to more difficulties in her attempt to get loan relief.

“It’s been very frustrating for me because I can’t get a straight answer,” she said of her experience since applying to the Education Department about a year ago under the existing rules, which were scheduled to be streamlined. “We’re still expected to pay for something that … is not usable.”

Chacon took out $17,000 in loans to attend an eight-month medical administrative assistant program at Everest College on Wilshire Boulevard in Los Angeles. She completed the program in 2012. But when she later tried to enroll in general education classes at Santa Monica College, she was told that her Everest transcripts were invalid because the campus had closed.

DeVos said Wednessday that it was “time for a regulatory reset” on what she called “a muddled process that’s unfair to students and schools and puts taxpayers on the hook for significant costs.”

“Fraud, especially fraud committed by a school, is simply unacceptable,” she said. “Unfortunately, last year’s rulemaking effort missed an opportunity to get it right.”

And the department halted implementation of a key part of a new gainful-employment rule that would limit the amount of debt that students at career-training schools — for-profit and not-for-profit — can take out relative to the incomes they can expect to earn. Schools that exceed the limits risk losing their ability to offer federal student aid.

The changes came as critics complained that for-profit colleges, which expanded aggressively starting in 2000, over-promised their ability to give graduates the skills that would land good jobs. Those students, often minorities or those with low incomes, in many cases were loaded up with federally backed and private student loans.

Corinthian Colleges filed for bankruptcy in 2015 after the Education Department restricted its access to federal student aid amid concerns that the company was falsifying job placement rates for graduates. The same fate befell ITT Educational Services Inc. last year.

DeVos said she planned to hold public hearings next month in Washington and Dallas as part of the effort to rewrite the rules.

The Education Department said it intends to process nearly 16,000 pending student loan relief claims under the existing rules.

“Some borrowers should expect to obtain discharges within the next several weeks,” DeVos said.

The for-profit college industry had strongly opposed the new rules. Last month, the California Assn. of Private Postsecondary Schools filed suit in federal court in Washington, D.C., to block the borrower defense rules from going into effect.

DeVos cited that suit as a reason for postponing those rules.

Steve Gunderson, president of the Career Education Colleges and Universities, an industry trade group, commended Education Department officials “for moving forward to begin conversations that will really protect students from academic fraud. Our sector has consistently supported this premise.”

He said Obama administration officials had conducted an “ideological assault on our sector’s very existence.”

The Trump administration is much friendlier to the industry.

President Trump ran a for-profit school, the now-defunct Trump University, for which he paid $25 million to settle a class-action suit that alleged fraud. And DeVos is an advocate of for-profit schools; her government ethics forms showed she has investments in companies connected to the industry, according to the Center for American Progress, a liberal think tank.

Pauline Abernathy, executive vice president of the Institute for College Access & Success, which advocates to make higher education more affordable, blasted the Trump administration’s actions as “terrible news for students, taxpayers, and anyone concerned about rising student debt.”

California Atty. Gen. Xavier Becerra, a Democrat, had joined the attorneys general of seven other states and the District of Columbia in filing a motion to intervene in the Washington suit in order to keep the rules from being blocked.

“No student should have to worry about predatory schools destroying his or her future,” Becerra said Wednesday. “These new rules would help to protect them.”

Democratic lawmakers also criticized the Education Department’s move. In March, Sens. Elizabeth Warren (D-Mass.) and Bernie Sanders (I-Vt.) and 10 Senate Democrats asked DeVos to explain an earlier delay in deadlines for schools to appeal debt-to-earning rates set in January.

Those deadlines, in March and April, had been moved to July 1.

Now the Education Department plans to review the rules, which it said are “overly burdensome and confusing” for schools.

Under the Obama-era regulations, a school’s program would get a passing rating if the estimated annual loan payment of a typical graduate did not exceed 20% of the student’s discretionary income or 8% of total earnings. Programs that exceed these levels would risk losing their ability to participate in federal student aid programs.

The Education Department said in January that 1,239 of the 8,700 programs received warnings because annual loan payments were as high as 30% of discretionary income or between 8% and 12% of total earnings. Four straight years of warnings would make students in the programs ineligible for federal aid.

More than 800 programs received a failing grade by having annual loan payments greater than 30% of discretionary income or 12% of total earnings. Although for-profit schools had about 66% of the programs, they accounted for about 98% of those with failing rates, the Education Department said.

Programs would lose the ability to participate in federal student aid programs if they failed two years in a row.

Source:

http://www.latimes.com/business/la-fi-devos-for-profit-colleges-20170615-story.html

 

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