Teniendo conocimiento de la resolución emitida por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC a través de su difusión mediática por parte de la propia entidad denunciada, en el sentido de archivar de nuevo la denuncia presentada por la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas contra el prestador del servicio MEDIASET por incumplimiento de la legislación vigente en materia audiovisual, y toda vez que a esta federación aún no le ha sido comunicada, FAKALI expone:
Primero.- De nuevo a nuestra entidad no le sorprende en absoluto la resolución dictada por dicho organismo. A través de los medios de comunicación hemos tenido conocimiento de que la denuncia presentada por FAKALI en febrero de 2016 ha sido desestimada y archivada por “no apreciar circunstancias o situaciones que pudieran parecer ofensas a la comunidad gitana”. Era de esperar que quienes velan por el respeto y el cumplimiento de la ley general de comunicación audiovisual no vean ni aprecien la ofensa. Lo que nos confirma la escasa o nula empatía hacia la defensa de los derechos del pueblo gitano.
Segundo.- En su argumentario jurídico, la comisión, basándose en los artículos 10, 22 y 57.1 de la LGCA (Ley General de Comunicación Audiovisual) archiva nuestra denuncia. Sin embargo, dicha comisión en ningún momento ha valorado el artículo 14 de nuestra Constitución, que ampara el derecho a la igualdad de todos los españoles, sin que prevalezca ningún tipo de discriminación por razón étnica en este caso a programas que destacan y se fundamentan en el origen étnico de sus protagonistas, no con la intención de enaltecer la cultura gitana sino que, amparándose en formatos humorísticos y de entretenimiento, usan la condición étnica como si fuera patrimonio de unos pocos, cuando en realidad es patrimonio de más un millón de ciudadanos y ciudadanas que no tenemos por qué aceptar la utilización cultural como mercancía y estimulo del racismo.
Según recoge la resolución publicada por Mediaset, de la que desgraciadamente no tenemos conocimiento oficial en tiempo y forma simultánea a la contraparte, la comisión se ampara en la libertad de expresión, como si la población gitana no tuviéramos el derecho a proteger nuestra imagen y nuestro honor, que por el contrario sí le queda reconocida expresamente al prestador de servicios MEDIASET. Igualmente la comisión sigue ignorando la Directiva 2000/43/CE relativa a la igualdad de trato, vigente para los medios, y el procedimiento específico y eficaz para Internet que ofrece la Directiva 2000/31/CE en sus artículos 14 y 15, por mencionar algunas. Esta circunstancia no es más que otra manifestación del rechazo social que padece la población gitana por cuanto avala el pensamiento estereotipado y prejuicioso, que socialmente se tiene de ella. Máxime cuando, además, es promovido por un organismo público, como es el caso de la comisión, que contradice al apoyo prestado por parte de otros organismos como el Consejo Audiovisual de Andalucía y Cataluña, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, e instituciones como el Defensor del Pueblo Andaluz, la Defensora del Pueblo o el Consejo Estatal del Pueblo Gitano.
Tercero.- Lamentamos que una vez más se anteponga los beneficios de audiencias millonarias a la dignidad y a la propia imagen de la mayor minoría étnica en nuestro país, siendo conscientes además de que su continuidad en antena (ya sea por reposición o nuevas temporadas) no reportará ningún beneficio para erradicar la fuerte discriminación de la comunidad romaní en nuestra sociedad y su necesaria y justa incorporación a la igualdad y convivencia de los pueblos.
Cuarto.- Nos resulta contradictorio que tengamos conocimiento de la resolución de la CNMC justo hoy que en el Congreso de los Diputados nuestros representantes debaten una proposición no de ley para erradicar los prejuicios hacia la población gitana “promoviendo un mejor conocimiento de su realidad”. En nada quedarán estas políticas orientadas a garantizar los derechos fundamentales de la población gitana si los hogares de este país visualizan una imagen distorsionada, ridícula, esperpéntica, histriónica, extravagante, estrafalaria, derrochadora o folclórica de la misma, anclada en modelos tradicionales absolutamente desfasados, y que chocan frontalmente con la realidad en la que queremos que se forjen nuestros adolescentes, y en general toda la sociedad. En definitiva, antagónica a la realidad española y una imagen claramente manipulada y parcializada por los operadores de televisión que hallan en los organismos públicos un aliado perfecto con el que mantener sus audiencias incidiendo en lo que venimos denominando desde FAKALI “gipsyexplotación”.
Quinto.- Este revés no hace sino afianzar nuestro firme propósito de seguir defendiendo los derechos de la comunidad gitana, recurriendo sin cesar a todos aquellos instrumentos tanto jurídicos como administrativos que estén a nuestra disposición.
Sexto.- No queremos finalizar sin preguntar a la comisión ¿Cuántos gitanos y gitanas forman parte de sus 500 miembros en plantilla? ¿Cuál es la percepción que tienen de la cultura gitana? Y, ¿consideran que la población gitana se encuentra en una posición de igualdad, tanto en el disfrute como la defensa de sus derechos fundamentales?
Los últimos sucesores de José Vasconcelos no han ocultado su aversión por la escuela pública, ni su falta de formación patriótica, académica y de amplio conocimiento del sector educativo, así lo demuestra el bajo perfil, de corte administrativo y no pedagógico, académico o cultural del recién nombrado secretario de Educación Pública, lo cual es también un indicio preocupante de la indiferencia del actual gobierno de Enrique Peña Nieto para fomentar un proyecto educativo humanista y sensible a las necesidades sociales.
El INEE parece más preocupado por satisfacer la demanda de trabajo generada por los egresados de escuelas particulares y afirma lo siguiente: “En los últimos años ha crecido la participación de otras instituciones de educación superior (IES) en la formación de estos profesionales. La oferta educativa de las normales coexiste ya desde hace tiempo con una que proviene de universidades públicas y privadas”, por eso se explica que en las “Directrices” se proponga un plan de acompañamiento para que aquellas instituciones de educación superior que oferten carreras relacionadas con la formación de maestros se vinculen con los estándares de idoneidad de los exámenes nacionales de otorgamiento de plazas.
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