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Encuesta: ¿Qué opinan los uruguayos sobre la educación en liceos y escuelas públicas?

«El 52% considera que necesita muchos cambios y un 25% adicional que necesita cambios, pero pocos», señala la última encuesta de Cifra.

La consultora Cifra publicó los datos de su última encuesta para conocer qué opina la población sobre la educación que se ofrece en las escuelas y liceos públicos. Un 52 % de los encuestados considera que la educación pública necesita muchos cambios y un 25 % cree que los cambios son necesarios, pero son pocos. Apenas un 18 % cree que el sistema actual “es adecuado”.

En una comparativa con una encuesta similar del año 2013, la respuesta es la misma: “La enorme mayoría de la gente piensa que hace falta reformar la educación”, dice Cifra.

“En el interior del país solo el 46% considera que hay que realizar reformas profundas, mientras que en la capital el 60% pide cambios grandes. También varía la evaluación según el nivel educativo de cada persona: a más educación formal, aumenta la proporción que considera que la educación pública necesita muchos cambios”, detalla la consultora.

Cifra

Cifra

Dado que una reforma educativa requiere consensos políticos, es también la política la que suele dividir las opiniones de la población. Sin embargo, en esta cuestión hay un pensamiento alineado: “Se observa gran consenso a nivel del electorado: la mayoría absoluta tanto de los votantes de la coalición como de la oposición coincide en que hay que cambiar la educación pública”, dice Cifra.

Cifra

Fuente: https://www.elpais.com.uy/informacion/educacion/reforma-educativa-poblacion-opina-educacion-escuelas-liceos-publicos.html

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Las heridas abiertas del magisterio oaxaqueño

Por: Luis Hernández Navarro 

En 2015, el gobierno de Enrique Peña Nieto y el gobernador Gabino Cué, le declararon la guerra al magisterio oaxaqueño. Veían en los profesores de la entidad el principal obstáculo para que su reforma educativa avanzara. Desataron en los medios de comunicación una salvaje campaña de calumnias. Militarizaron el estado. Encarcelaron a varios dirigentes y giraron órdenes de aprehensión contra otros. El 19 de junio de 2016, lanzaron a policías contra el pueblo y los maestros de Nochixtlán, que bloqueaban una carretera. Los uniformados asesinaron a ocho pobladores e hirieron a más de 200 (https://bit.ly/3F4jjRX).

Los docentes oaxaqueños resistieron las agresiones. El entonces secretario de Educación, Aurelio Nuño, no pudo doblegarlos. Los maestros se cobraron la afrenta, votando masivamente en 2018 contra los candidatos del PRI y quienes fueron parte del Pacto por México.

A partir de 2018 algunas de las heridas fueron cicatrizando. Los presos obtuvieron su libertad, los despedidos fueron reinstalados. La dirección sindical recuperó parte de su interlocución. Otras siguen abiertas. Las víctimas de Nochix­tlán siguen esperando verdad y justicia.

Entre los problemas generados por la embestida se encuentra uno que afecta significativamente el proceso pedagógico en la entidad: en el área de educación primaria no se han cubierto las plazas de 500 trabajadores de asistencia a la educación, de 432 maestros de grupo, de 268 inspectores de clave 21, de 71 supervisores escolares y de 23 jefes de sector. Se ha resentido la falta ascensos para atender estas instancias directivas. Centenares de profesores se han jubilado desde entonces y sus plazas no se han cubierto. La cadena de coordinación y mando que enlaza los niveles inferiores de la enseñanza con los superiores está maltratada.

La situación se agravó con la pandemia. En el nivel primaria general, fallecieron de Covid unos 110 maestros, 50 trabajadores de apoyo y 11 supervisores, sin que se hayan cubierto las plazas.

Estas carencias provocan grandes dificultades para que 31 mil profesores de primaria realicen su labor. Para tapar hoyos, se abren otros más grandes. Se está tomando personal frente a grupo para cubrir huecos, pero el lugar que dejan no es ocupado por nuevos profesores. Quienes sirven de “bomberos” para apagar los fuegos no reciben compensación. Más aún, deben poner dinero de su bolsa para sufragar los gastos generados por desplazarse a visitar las escuelas o adquirir materiales para hacer su trabajo. Se carece de vehículos y viáticos. Quien conozca Oaxaca sabe lo difícil y costoso que resulta transportarse en ciertas regiones.

La cadena de mando en el sector tiene varios eslabones: intendente, secretaria, maestro de grupo, director, supervisor y jefe de sector. Un director coordina y encauza el trabajo de los profesores de grupo de una escuela. Un supervisor compagina y guía las actividades en unos 25 centros escolares. Está al frente de un consejo técnico donde se decide sobre las actividades de las zonas escolares. El jefe de sector organiza con los supervisores el trabajo educativo, social y los talleres pedagógicos de una región.

La situación se asemeja a un ejército en el que no se sustituyen a los cabos, sargentos, tenientes, capitanes, mayores y coroneles que se dan de baja. Y, en el que se cubren informalmente los huecos que dejan con soldados rasos. Un ejército no puede funcionar sin oficiales.

Directores, supervisores y jefes de sector son, usualmente, los docentes con mayor antigüedad y conocimiento del mundo de la enseñanza. Muchos tienen entre 30 y 40 años de servicio. Son gestores del conjunto de problemática educativa. Se encargan de sistematizar y trasladar las demandas de las comunidades escolares. Por ejemplo, documentan qué escuelas están en malas condiciones, carecen de infraestructura y servicios. Esto es particularmente importante en Oaxaca, donde se necesita construir y reparar las escuelas que se cayeron o las aulas que se cuartearon por el sismo de 2017.

Además, los directivos se topan con que el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) funciona en más de 90 oficinas distribuidas en la capital del estado y municipios conurbados, muchos con accesos casi desconocidos para los maestros. Esto complica y encarece las gestorías que deben hacerse. Por eso, demandan que los funcionarios regresen a despachar al edificio histórico en que se encontraba su sede.

El conjunto de estos funcionarios escolares se agrupa en el comité directivo del H. Cuerpo de Supervisores y Jefes de Sector de Educación primaria del estado de Oaxaca. Ellos han caminado con el movimiento magisterial desde que el gremio se democratizó en 1980. La insurgencia de base los arrastró. El comité se fundó en 1982. Sus representantes cambian cada tres o cuatro años, cuando se releva a los dirigentes de la sección 22.

Ante lo difícil de la situación, el comité directivo instaló un plantón en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca el 28 de febrero pasado. Tuvieron que replegarse sin que su pliego petitorio fuera atendido. No era la primera ocasión que lo hacían. En 2019 también se movilizaron. El pasado lunes, se trasladaron a la Ciudad de México para buscar respuesta a sus demandas.

El comité directivo pregunta: ¿dónde están las plazas del personal que se ha jubilado de 2015 a la fecha que faltan? ¿Por qué no se han cubierto adecuadamente? Demanda la instalación de una mesa de negociación con el IEEPO, la comisión política de la sección 22, la secretaria de trabajos y conflictos de primaria general y el comité directivo para que se solucionen sus demandas laborales, económicas, educativas y materiales.

Ya es hora de que cicatricen las heridas abiertas por la agresión al magisterio oaxaqueño en 2015.

Fuente de la información: https://www.jornada.com.mx

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USICAMM: el calvario por los cursos para la admisión, incremento y promoción

Por: Abelardo Carro Nava

«¿Por qué la USICAMM no revisó la pertinencia de esos cursos, talleres o diplomados y, en su lugar, permitió la incorporación de un curso, por ejemplo, sobre moral cristiana?»

Con el peñanietismo comenzó un verdadero lastre educativo para ser admitido o promocionado en el Sistema Educativo Mexicano. El menosprecio hacia las instituciones formadoras de docentes, particularmente, hacia las escuelas normales (EN), fue el sello distintivo de Aurelio Nuño y compañía. No había de otra pues a decir de este singular personaje: “cualquiera podía ser maestro”.

Para ello, a partir de la implementación de la mal llamada reforma educativa de 2013, derivada del Pacto por México, comenzó a operar la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente; instancia encargada de aplicar los instrumentos de evaluación a quienes deseaban incorporarse al magisterio, pero también, a quienes en sus hombros contaban con varios años de servicio; esto, según se estableció, con la intención de determinar si tal o cual aspirante era “idóneo o no idóneo”, pero también, para definir si tal o cual maestro era “destacado, suficiente, regular o insuficiente”.

En tales procesos, sobre todo en este último, las instituciones del estado encargadas de brindar una capacitación o actualización al magisterio quedaron seriamente limitadas, restringidas y dañadas, me refiero a los Centros de Actualización del Magisterio (CAM), la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) o aquella que se conoció como Programa Nacional de Actualización de Maestros de Educación Básica en Servicio (PRONAP) pues, de manera concreta, los presupuestos asignados, así como los mecanismos de participación para la formación continua del profesorado, quedaron supeditados a los antojos de los titulares del ramo.

Sobre este tema los datos no mienten, pues según el Balance de cierre de PRODEP (antes PRONAP) de 2018, durante ese año se ofrecieron 19 cursos en línea sobre los Planes y Programas de Estudios del Modelo Educativo 2017 y diversos cursos para atender las tres líneas que contemplaba la estrategia nacional de evaluación relacionados con los proyectos de enseñanza y gestión, pero también, para los ATP en tutoría y servicio de Asistencia Técnica a la Escuela (SEP, 2018). ¿Y las escuelas normales, CAM y UPN? No hay más, fueron excluidas, denostadas, discriminadas y olvidadas.

Desde luego que este proceso “formativo” estuvo ligado a la desaparición de Carrera Magisterial que, si bien es cierto que tuvo un inicio prometedor, con el paso del tiempo se corrompió, y de eso sabe mucho el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) pero bueno, ello no significó que las normales, los CAM y la UPN hayan dejado de ofertar cursos, talleres, diplomados o especialidades; es más, con los pocos recursos que les llegaban a sus manos, me consta, se dieron a la tarea de diseñar esquemas de formación continua para maestras y maestros a lo largo y ancho de la República Mexicana. Cierto, no en todos lados sucedió de esta manera, pero sí continuaron cumpliendo con su función formativa.

Tales eventos, los de la falta de un esquema de formación continua a nivel nacional, conjuntamente con la implementación de una de las peores políticas de estímulos salariales en todo el sexenio de Peña Nieto generó, en otras latitudes, el surgimiento de un sinnúmero de empresas o particulares que vieron en ello, la posibilidad de hacer un negocio, redondo, a partir de las necesidades del magisterio. Cursos por aquí, talleres por allá, diplomados por acullá, surgieron de la noche a la mañana sin que, en muchos casos, sus contenidos cubrieran las necesidades formativas que se requerían. La emisión de constancias que pudieran ser válidas ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) para integrarlas a un expediente con la finalidad de ser admitido o promovido en el Sistema se volvió, como ya he dicho, un lastre y un negocio para quienes, ni siquiera, con conocimiento de causa, sabían del tema educativo y, mucho menos, de pedagogía o didáctica.

Con el paso de los años, y con llegada de régimen lopezobradorista, las cosas en cuanto a esa política de estímulos salariales no han cambiado mucho que digamos; la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), a cargo de la profesora Adela Piña, sigue implementando una política neoliberal, la más neoliberal de todas, en tiempos en los que el “neoliberalismo” es el enemigo. Es más, hoy día, los procesos de evaluación para el ingreso y promoción, con excepción de los punitivos ligados con el desempeño docente, siguen a tambor batiente como en aquellos años esplendorosos del peñanietismo.

Con esta idea no quiero que se piense que los procesos del 2015 al 2018 fueron extraordinarios o excelentes; por el contrario, fueron tan malos como los que, a partir de 2018, con la llegada de un “nuevo” régimen, se observan. Aquí el logro, si es que puede llamársele de esta manera, ha sido de las maestras y los maestros que han participado en estos procesos porque, indudablemente, han jugado con las cartas que les han puesto en la mesa y, cuya capacidad, conocimiento y dominio de su práctica, les ha permitido obtener un lugar en el magisterio o bien, su promoción directa. ¿No que era tan mala la formación inicial docente que Aurelio Nuño no se cansó de denostar y menospreciar?

Ahora bien, con la intención de erradicar el negocio al que me he referido, la USICAMM desde hace unos días tomó la decisión de hacer válidas, para los procesos de admisión, las constancias que única y exclusivamente hubieran emitido las instituciones formadoras de docentes: escuelas normales, CAM y UPN y, para el de incremento de horas, aquellos que otras instituciones ligadas a la educación pudieron haber diseñado. Una idea que, en principio, pareciera ser favorable, dados los eventos que ya he señalado, pero también, por la importancia que tienen en la formación de profesionales de la educación. Lo malo de este asunto es que, tal decisión, no se plantea en el marco de un programa de formación continua que, desde la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU) tendría que haber surgido. En pocas palabras, esto demuestra o evidencia que, en las altas esferas del poder, cada quien hace lo que quiere. Me explico.

El título Tercero, del Sistema Integral de Formación, Capacitación y Actualización, Capítulo I, del Derecho a la formación, capacitación y actualización de las maestras y los maestros, contenido en la Ley Reglamentaria del Artículo 3º de la CPEUM, en materia de Mejora Continua de la Educación, se establece una serie de lineamientos con la intención de garantizar lo necesario para que el personal que ejerza funciones docentes, directivas o de supervisión, cuenten con opciones de formación, capacitación y actualización; para ello, MEJOREDU goza de amplias facultades para proponer un sistema que de forma a este propósito; sin embargo, como está más que visto, la USICAMM toma determinaciones pasándose por el arco del triunfo a la ley referida puesto que, como puede verse en la página electrónica de esta Unidad, ha propuesto tres catálogos para los procesos que tendrán lugar este año: una catálogo para educación básica, otro para media superior y uno más para el para incremento de horas.

Cierto, aquí alguien podría señalar que MEJOREDU no cuenta con atribuciones para determinar lo concerniente a la formación inicial docente y el proceso de admisión que de ésta se deriva, y es cierto, pero, de 2019 a la fecha, ¿qué es lo que está instancia ha coordinado? Porque si usted observa el catálogo para el incremento de horas aparecen Universidades, Institutos de Consultoría, Asociaciones Civiles, pero también, departamentos dependientes de las Secretarías de Educación Pública de diversas entidades. Entonces, ¿cuál fue el criterio bajo el cual se tomó la decisión de integrar a ciertas Asociaciones Civiles o Universidades y solo a 3 escuelas normales? Es correcto, para este proceso, se recuperan a esas instituciones que en antaño fueron excluidas y discriminadas como el PRODEP u otras dependientes de la SEP, no obstante, ¿cuáles fueron los criterios que se emplearon para determinar que tal curso, taller o diplomado gozaría de una acreditación para ser parte de un catálogo nacional?

Ahora bien, y en la misma tesitura, podemos analizar lo que en el proceso de admisión se espera para este año en educación básica o media superior. Es cierto, se recupera ese carácter formativo de las instituciones formadoras de docentes, no de negocio como podría pensarse o llegar a decirse, pues los recursos con los que cuentan son extremadamente limitados y, por ello, una cuota de recuperación bien apoyaría esta encomienda más no una cantidad exorbitante, pero ¿acaso sus esquemas de capacitación no son de utilidad para aquellos profesores que se encuentran en servicio?, ¿qué criterio fue empleado para determinar que unos cursos, talleres o diplomados sí podrían ser parte de ese catálogo y otro no?, ¿por qué se le delegó esta responsabilidad a las DGESMUN, CAM y UPN?, ¿por qué no de manera conjunta con MEJOREDU?, ¿por qué la USICAMM no revisó la pertinencia de esos cursos, talleres o diplomados y, en su lugar, permitió la incorporación de un curso, por ejemplo, sobre moral cristiana? En fin.

Con estas interrogantes cierro esta serie de ideas de un proceso que, desde mi perspectiva, sigue excluyendo, discriminando y restringiendo la posibilidad de ingresar o promocionarse en el magisterio. Una política que desde el peñanietismo viene clasificando a quienes aspiran a un trabajo o a una mejor calidad de vida en el ámbito profesional. En cualesquiera de los casos, ¿no acaso las escuelas normales forman profesionales de la educación y, la docencia, al ser una profesión de estado, no tendría que otorgar el ingreso de manera directa al magisterio?, ¿no acaso pueden existir otros mecanismos para que los profesores puedan acceder a una mejor calidad de vida profesional en sus propios niveles o espacios educativos?

No está usted para saberlo ni yo para contarlo, pero desde que se difundieron los catálogos que he referido, cientos de aspirantes viven un verdadero calvario para cumplir con un requisito administrativo que no avala su formación inicial, o bien, su trayectoria profesional en los diversos ámbitos en los que se encuentran.

¿Cuál es la opinión de MEJOREDU sobre este tema? Me gustaría saberlo.

Al tiempo.

Con negritas: no hay que perder de vista que los catálogos referidos muestran una serie de cursos, talleres o diplomados que ya fueron impartidos por las instituciones ahí señaladas; con seguridad, algunas todavía podrán ofertarlos, sin embargo, la carrera para preparar todos los documentos con la finalidad de cumplir con esos incomprensibles requisitos administrativos que la USICAMM establece año con año está a todo lo que da, lo que significa que muchos, pero muchos aspirantes, de nueva cuenta serán excluidos; vaya forma de revalorar al magisterio.

Referencias:

  • (30/09/19). Ley Reglamentaria del Artículo 3º de la CPEUM, en materia de Mejora Continua de la Educación. Recuperado de: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5573859&fecha=30/09/2019
  • SEP (2018). Balance de cierre Prodep 2018. Dirección General de Formación Continua, Actualización y Desarrollo Profesional de Maestros de Educación Básica.

Recuperado de: http://dgfc.basica.sep.gob.mx/multimedia/RSC/BASICA/galerias/151/201811/151-3-201811-FILE-19DKffdysH-PresentacinReuninNacionalnoviembre2018_VF.pdf

Fuente de la información: https://profelandia.com

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SEP: Reorientación curricular 2022

Por:  Juan Carlos Miranda Arroyo

El documento denominado “Marco curricular y Plan de estudios 2022 de la Educación Básica Mexicana”, redactado por el personal técnico de la Dirección General de Desarrollo Curricular de la SEP (documento de trabajo que circula en redes sociales digitales desde la semana pasada), contiene la propuesta de reorientación curricular del actual gobierno 2018-2024.

El “Marco curricular…” aún está en proceso de elaboración. Por lo tanto, sería conveniente hacer algunos comentarios una vez que se encuentre completo y aprobado por las autoridades educativas federales. Sin embargo, es posible analizar algunos elementos en torno a lo que se ha publicado –oficial o extraoficialmente- hasta el momento.

¿Por qué no se hizo este trabajo antes? Por una sencilla razón: Porque el actual gobierno de la República no tenía un proyecto educativo propio, en general, ni con un alcance en este nivel fino de intervención educativa (renovación curricular); porque no había una visión transformadora con elementos educativos específicos. En términos generales el candidato López Obrador, antes de julio de 2018, hablaba de una “cambio de raíz” de la educación, pero nunca se pronunció a favor de promover una reforma curricular.

El proyecto de gobierno de AMLO sólo había considerado eliminar, parcialmente, los “colmillos” que asomaba la reforma educativa anterior: En particular, la evaluación de desempeño obligatoria hacia las y los docentes, con efectos en la permanencia en el empleo. El o la docente que no reuniera los requisitos académicos establecidos por la ley del servicio profesional docente, (la constitución política modificada en 2013 estableció el término “idoneidad”), quedaría fuera del sistema educativo.

Digo “parcialmente” porque durante las negociaciones para sacar adelante a la reforma constitucional de 2019, el gobierno de AMLO, con Esteban Moctezuma al frente de la SEP, operó políticamente y aceptó que el modelo de evaluaciones hacia docentes, directivos escolares y ATP se mantuviera intacto, con excepción de la “punitiva” evaluación del desempeño.

Hoy, en esa lógica, la evaluación dirigida hacia las figuras educativas no es obligatoria, sino voluntaria. No es de “desempeño” ni excluyente, sino formativa. Sin embargo, la evaluación en este ámbito sigue siendo un modelo que auspicia las carreras individuales de quienes aspiran a lograr una promoción vertical u horizontal. Con dicho esquema, quedan fuera las propuestas para ponderar el trabajo colegiado, la labor colaborativa y el sentido comunitario de la docencia. Propuestas que, por cierto, se han hecho desde las escuelas y con argumentos emanados de la investigación educativa.

El patrón de letargo gubernamental al iniciar una reforma curricular tardía para la educación básica, se confirma. Ayer como hoy, el gobierno federal (SEP) emprende una “reorientación” en los planes y programas en ese nivel educativo después de haberse cumplido el tercer año de la administración.

Pero hay otro patrón o conductas gubernamentales reiteradas: Ese patrón es similar al que he señalado en este y otros espacios: la obsesión de los gobiernos de la República de “meterle” la mano al Artículo Tercero Constitucional. Como si al reformar lo establecido en la Carta Magna, en automático, produjera cambios sustantivos en la base del sistema educativo nacional: en las escuelas.

Sabemos que eso no sucede así. Tanto la experiencia internacional como local indican que esa obsesión por emprender cambios legislativos, no da frutos nutritivos en términos de los procesos educativos ni de sus resultados.

Pero más allá de ello, la simplificación o la ilusión legislativa se queda en retórica mientras las figuras principales de los procesos educativos se quedan relegadas de la deliberación pública.

La disputa por los proyectos y su conversión en políticas públicas educativas, son asumidos por los gobiernos como producto de una lucha que se da en el terreno de las élites dirigentes: partidos políticos y legisladores; grupos empresariales y sus organizaciones filiales; especialistas o expertos asociados a ellos; funcionarios de alto nivel de los gobiernos federal y estatales; dirigencias sindicales; y, entre otros, tomadores de decisiones y operadores de los organismos internacionales, especializados o no en educación.

Aparte, también ha quedado registrado el patrón del cambio “fast track”, que consiste en modificar el Artículo Tercero de la Constitución Política mexicana durante el primer año de gobierno. Así lo hicieron tanto Peña Nieto como López Obrador. ¿Continuarán esos patrones equivocados (la ilusión legislativa) por parte de nuestros gobernantes en los futuros sexenios?

Cuando el gobierno de Peña Nieto inició el proyecto del “nuevo Modelo Educativo” (2015-2016), lo hizo como reacción a las críticas que había recibido su reforma laboral o administrativa, pero no pedagógica. Lo cual era paradójico e incongruente para el sector. Por eso Aurelio Nuño, titular de la SEP en ese entonces, tomó la iniciativa de promover la renovación curricular, entre otras acciones y decisiones de política pública.

Fue hasta el 2017 que se publicó el documento oficial. A un año de concluir el periodo de gobierno (noviembre de 2018). Algo similar sucede ahora: Corre el cuarto año del periodo de gobierno federal, encabezado por AMLO. ¿Cuándo aterrizará en las escuelas la propuesta de reorientación curricular iniciada este año?

De manera oficial, la Secretaría de Educación Pública (SEP) convoca en estos días a los diversos actores involucrados en la educación básica, media superior y normal del país, así como a todo interesado en aportar propuestas, a participar en las Asambleas de análisis del plan y los programas de estudio para el diseño de los Libros de Texto Gratuitos para la Educación Básica, que se llevarán a cabo del 31 de enero al 25 de marzo de 2022 (Boletín SEP no. 25).

Ojalá que se pudieran precisar los términos, porque el análisis del plan y programas de estudio es una cosa, y el diseño y elaboración de los libros de texto gratuitos para la educación básica, son una cuestión diferente.

El análisis y rediseño del plan y programas de estudio tienen que ver con la definición de los criterios para seleccionar contenidos, enfoques y métodos educativos (¿Saldremos por fin del oscuro túnel del enfoque “competencial”; habrá mayor flexibilidad para abonar a la autonomía de las escuelas?); mientras que el rediseño de los libros de texto, tiene que ver con los recursos didácticos que están vinculados, directa e indirectamente, con el diseño curricular de base.

Como primer comentario al respecto, y por los términos de la convocatoria, queda la percepción de que las autoridades educativas y los especialistas que trabajan en estos procesos, creen que la renovación curricular obedece a la necesidad de reorientar el rediseño de los libros de texto gratuitos. ¿No es esto acaso al revés? ¿U otra vez se busca legitimar hechos consumados (libros ya rediseñados), a través del montaje o de una puesta en escena (renovación curricular)?

Fuente de la información: http://www.educacionfutura.org

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El Congreso de Perú aprueba su polémica contrarreforma universitaria

El Congreso de Perú dio este martes un gran paso en su contrarreforma universitaria al aprobar una polémica ley que devuelve la autonomía a las universidades frente a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), la piedra angular de la reforma universitaria emprendida en 2015.

La norma fue aprobada en el hemiciclo peruano con 69 votos a favor, 39 en contra y 2 abstenciones, y requerirá de una segunda votación que ratifique la primera para que sea enviada al Gobierno para su correspondiente promulgación.

Fuente: https://www.efe.com/efe/america/sociedad/el-congreso-de-peru-aprueba-su-polemica-contrarreforma-universitaria/20000013-4730835

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España: 24 medidas para cambiar la profesión docente

La sensación general entre los sindicatos es que el Ministerio, con algunas de las medidas que ha puesto sobre la mesa, pretende prestigiar la profesión docente por la vía de hacer más complicado, por un lado, acceder a los estudios conducentes a la profesión, así como por el acceso, o el aumento del prácticum, tanto en el Grado de Magisterio como en el Master de secundaria. Pero se trata de una forma de prestigiar que, por el otro lado, deja aparcadas cuestiones importantes también para dar peso a la profesión, es decir, salarios, horarios, ratios, etc.

Representantes de CCOO, UGT y STEs destacan el carácter informativo de la reunión mantenida con el Ministerio. Quieren ser más o menos prudentes dado que solo han tenido acceso al documento media hora antes de que comenzara la reunión, algo que ha ocurrido a las 12.00 del mediodía.

Pero como elemento común a los tres, algo que señala Maribel Loranca, representante de FeSP-UGT, y es que «el documento está descompensado». Francisco García, desde la Federación de Enseñanza de CCOO, lo ve parecido. Se ha dado mucho peso a cuestiones importantes, como la formación inicial, pero otras se han quedado fuera. Y estas son, precisamente, las que atañen a condiciones salariales y laborales del profesorado. Nada o casi nada se habla sobre ratios, horarios lectivos, modalidad de la formación permanente o jubilación.

En este punto, José Ramón Merino, desde STEs, aunque insiste en el mensaje de prudencia, comenta que cada texto legal o normativo de los últimos 15 años ha ido incluyendo menos mejoras en las condiciones laborales docentes. Y recuerda cómo la LOE regulaba la jubilación anticipada y gratificada a los 60 o la reducción de la jornada lectiva para las personas mayores de 55 años. «En la Lomloe solo encontramos el punto relativo a los técnicos de FP, que no afecta a mucha gente y, además, después de un año todavía no se ha hecho nada», comenta.

En cualquier caso, en este enlace está el documento íntegro con la propuesta inicial sobre la que tendrán que negociar largo y tendido, tanto sindicatos como comunidades autónomas, en los próximos meses. De momento no se sabe cuándo será la próxima reunión.

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Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros: Dos puntos críticos

Por: Sergio Martínez Dunstan

Hace algunos día, participé en una mesa de análisis, junto a otros colegas, con el propósito de intercambiar puntos de vista sobre el perfil profesional requerido para ejercer la docencia, en el marco de la reforma educativa del dos mil diecinueve. Surgió espontáneamente la revalorización docente impulsada por la administración actual así como el instrumento de política pública para su concreción: el Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (SCMM). También fue la oportunidad conversar sobre los acuerdos que un día anterior había divulgado la Secretaría de Educación Pública (SEP) para la realización de los procesos de admisión al servicio educativo así como la promoción vertical y horas adicionales que regirán durante el 2022 – 2023. De igual manera, la charla versó sobre el desempeño de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) correspondiente al periodo anterior. El moderador puso énfasis en ciertos cuestionamientos expuestos por la audiencia relativos a las fallas surgidas de la operación de los procesos aludidos así como los procedimientos empleados. ¿Qué falló? y ¿cuáles son los aspectos que debieran mejorarse?

Coincido con mis compañeros panelistas en las falencias metodológicas e instrumentales. Habría que detallar con toda precisión los aspectos específicos. Es conveniente analizarlo desde una perspectiva sistémica. Por ello, considero un gran acierto la publicación de los acuerdos referidos en el párrafo anterior. De entrada, porque por primera ocasión, a diferencia de los años anteriores, se dan conocer las reglas del juego previamente mediante acuerdos. Aunque éstos se formalizan con la publicación en la página web, según se menciona, pero no en el Diario Oficial de la Federación.  Es diferente la forma en relación cómo se habían venido validando los documentos oficiales. Aunque habría que reconocer la concordancia con la ley primigenia y las reglamentarias. Es de llamar la atención. Desconozco las razones porque lo hacen de esta manera y las implicaciones legales que trae consigo.

También destaco otros aspectos igualmente relevantes por hacerlos visibles mas que por su novedad. Están contemplados en la legislación reglamentaria. Por ejemplo, lo relacionado a los derechos y obligaciones de las personas participantes. Los derechos, resultan el fundamento del recurso de reconsideración en contra de la autoridad. Válgase mencionar la legitimidad de interponer su defensa por parte de los docentes así como recibir la respuesta sobre su participación bajo los principios de legalidad, justicia, certeza, equidad, igualdad, imparcialidad, objetividad. Y, las obligaciones sustentarían la decisión y el marco de actuación de las autoridades. V. gr. Cumplir con los requisitos establecidos, cumplir y presentar la documentación fidedigna además de abstenerse de prestar el servicio sin haber cumplido los requisitos y procesos.

Las quejas recurrentes de quienes participaron en los ejercicio anteriores guardan relación con la desatención a las mismas. Es decir, no las tomaron en cuenta. Pero también en la violación a la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Considero que la USICAMM actuó en consecuencia. Percibo la necesidad de mejorar en lo que respecta a la asignación de las plazas porque le dedican todo un capítulo sobre tan delicado asunto.

Si en realidad, la voluntad de las autoridades educativas fuese el hacer valer los derechos profesionales del magisterio inherentes a su participación en el SCMM debieran cumplir y hacer cumplir dos puntos críticos.

  1. Quienes participen en algún proceso distinto a lo establecido en las disposiciones de la LGSCMM y del acuerdo, autoricen, validen o efectúen algún pago o contraprestación u obtengan algún beneficio, incurrirán en responsabilidad y se sujetarán a los procedimientos que establece la normatividad. Las personas que sean objetos de un proceso distinto a las disposiciones señaladas, no recibirán remuneración alguna, ni serán objeto de ningún tipo de regularización.
  2. Sólo se podrán asignar una plaza si la misma registrada en el Sistema Abierto y Transparente de Asignación de Plazas (SATAP). La asignación se dará conforme a las necesidades del servicio público educativo y a la estructura ocupacional autorizada. Podrán ofertarse y asignarse plazas vacantes definitivas, temporales o de nueva creación, previamente registradas en el SATAP en estricto apego al listado nominal ordenado de resultados. Podrá asignarse plaza sólo a las personas participantes que se encuentren en el listado nominal ordenado de resultados.

Ambos aspectos están contemplados en el artículo 6 de la LGSCMM y representan un área de oportunidad inaplazable y urgente de acometer. Ciertas decisiones de las autoridades han sido muy cuestionadas porque han sido motivo de injusticias. Muchas de ellas sucedieron porque algunos funcionarios faltaron al principio ético de basar su marco de actuación en los preceptos normativos establecidos. Se hubieran evitado problemas. A la vista de la realidad actual los poderes fácticos siguen imponiendo su ley. Y cuando desperté de la pesadilla, el monstruo sigue ahí.

Carpe diem quam minimun credula postero

Fuente de la informaciòn: http://www.sergiodunstan.net

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