Refugiados

En busca del paraíso europeo 16.724 personas migrantes y refugiadas llegaron al viejo continente por mar entre enero y abril, informó la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de Naciones Unidas, un 16% más que en el mismo periodo de 2019; de las 256 muertes registradas en las tres rutas del mediterráneo, 146 corresponden a la denominada central, cuyo destino es Italia y Malta. Pero no se trata de balances contables ni de gélidas estadísticas. El pasado 7 de agosto la OIM y ACNUR dieron cuenta del fallecimiento en el mar de 27 personas que habían partido de Dakhla (Sáhara Occidental) rumbo a las Islas Canarias; tuvieron problemas con el motor de la embarcación, “los pasajeros a bordo –la mayoría de origen subsahariano- quedaron varados en alta mar y empezaron a sufrir deshidratación extrema”, destacaron las citadas fuentes.

Es el contexto en el que ACNUR presentó a finales de julio un informe –En este viaje a nadie le importa si vives o mueres– realizado junto al Centro de Migración Mixta (CMM) del Consejo Danés para los Refugiados, sobre la muerte y “abusos extremos” en las rutas (terrestres) entre los países del África Oriental y Occidental así como en la costa mediterránea africana. Basado en cerca de 16.000 entrevistas, principalmente a personas que se desplazaron por estas rutas, el documento detalla que un mínimo de 1.750 migrantes y refugiados habrían muerto durante 2018 y 2019 en estas travesías (un promedio de 72 decesos mensuales). Pero la cifra no ha de considerarse el número absoluto de víctimas.

“Se trata de una de las rutas más mortales para migrantes y refugiados en todo el mundo”, concluye ACNUR. En el itinerario occidental, los migrantes transitan por Mali, Burkina Faso o Níger antes de cruzar el desierto; en la ruta oriental y el Cuerno de África pasan por Sudán (ciudades como Gadarif y Kasala) y atraviesan el desierto en dirección a Egipto y Libia; en cuanto a la ruta del norte –Egipto y Libia-, uno de los rasgos principales es la dependencia de los contrabandistas (en Libia las personas migrantes pueden estar durante dos años en manos de los traficantes).

El foco principal de las muertes (28%) fueron los territorios del desierto, según el reporte, principalmente entre Níger y Libia, pero también en el desierto entre Sudán y Libia, y entre Sudán y Egipto. Otros puntos con elevado número de muertos son Sabha, Bani Walid y Trípoli (Libia), Agadez (Níger), la ciudad de Tamanrasset, en el sur de Argelia, y Bamako (Mali); los entrevistados (42%) señalaron como principal causa las enfermedades y la falta de acceso a medicamentos, muchas veces sumados a la deshidratación, el hambre y la falta de un refugio adecuado; además el 19% apuntaron como factor determinante el accidente de los vehículos y el 13% los disparos y apuñalamientos. “Asesinados 30 migrantes en Libia en venganza por el linchamiento de un traficante de personas”, tituló Europa Press el pasado 28 de mayo, respecto a la matanza de migrantes bangladesíes en la ciudad libia de Mizda.

ACNUR ha dado cuenta de otras escabechinas. En junio de 2018 los tratantes asesinaron en Bani Walid, al sureste de Trípoli, a más de una docena de personas después que un grupo de migrantes eritreos, etíopes y somalíes intentaran escapar de la cautividad (algunos de ellos permanecían en esta situación durante tres años). En julio de 2019 el escenario de los ataques fue el centro de detención de Tajoura (cerca de la capital libia), “que albergaba al menos a 600 personas refugiadas e inmigrantes”; así, el bombardeo al centro de Tajoura, en el contexto del conflicto interno en Libia, causó decenas de muertos.

Y atravesando el desierto –sobre todo desde Níger a Libia, y entre Sudán y Egipto- también se produjeron el mayor número de agresiones y actos de violencia sexual (18%), seguido de Trípoli, Jartum y Bamako, según el reporte En este viaje a nadie le importa si vives o mueres; los entrevistados atribuyeron la autoría principal de estos ataques –consideradas las tres rutas- a los contrabandistas (45%), seguido de policías y militares (19%), individuos desconocidos (12%), bandas criminales (11%) y otros migrantes (10%). Se da la circunstancia que el 31% de las personas entrevistadas fueron testigo o sufrieron la violencia sexual en más de una ocasión. En el este de Sudán, ACNUR registró –entre 2017 y 2019- más de 630 casos de trata de refugiados y cerca de 200 mujeres y niñas que sobrevivieron a los ataques machistas.

La agencia de la ONU y el CMM han recogido testimonios sobre torturas, trabajos forzados y personas obligadas a prostituirse durante el periplo hacia el Mediterráneo Central; también de quemaduras con aceite caliente, plástico derretido y objetos metálicos; electroshocks o personas atadas en “posiciones estresantes”. El recorrido por el desierto, principalmente de Níger a Libia (11%), constituyó el eje de la violencia física, además de Bamako, Trípoli, la región de Segú, en Malí, y Agadez; a las fuerzas de seguridad, ejércitos, oficiales de inmigración y guardas de frontera se les atribuyó el 47% de los casos, mientras que a los contrabandistas, el 29%. Por el contrario fueron los traficantes quienes perpetraron la gran mayoría de los secuestros (79%), con epicentro en la ruta de Sudán a Egipto.

No son historias que puedan insertarse en la última hora mediática, ni en la actualidad al rojo vivo. Hace menos de un año la OIM detallaba que entre 2014 y 2019 habían muerto, en las rutas de tránsito a través de África, 7.400 personas, aunque la cifra podría ser muy superior; la información se complementaba con el testimonio de Patrick, de origen Nigeriano y entrevistado en Dirkou (Níger): “Tras una semana en el desierto, no pude seguir más, de modo que le dije a mi grupo que me dejaran ahí… Después de hallar a 23 sobrevivientes, ellos me encontraron, un poco alejado del montón de cadáveres…”. Los “terribles abusos”, concluyen ACNUR y el CMM, tal vez hayan quedado ensombrecidos por otro hecho: la reducción –desde mediados de 2017- del número de migrantes y refugiados que han logrado franquear el Mar Mediterráneo, de Libia a Europa (ruta del Mediterráneo Central).

Los atropellos y las penalidades no terminan en el desierto ni en las rutas terrestres. Tras ser rescatados en el mar o interceptados por los guardacostas libios, muchos de los migrantes son retornados al país norteafricano (14.300 refugiados y migrantes fueron desembarcados en Libia entre enero de 2019 y junio de 2020); ACNUR explica en un comunicado la continuación del itinerario: “Estas personas a menudo son recluidas de forma arbitraria en centros de detención oficiales, donde se enfrentan a abusos diarios y condiciones deplorables. Otros terminan en centros ‘no oficiales’ o almacenes controlados por los traficantes y redes de trata, que los someten a abusos físicos para sacarles más dinero”.

La Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL) y la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos han señalado que Libia no es un país “seguro” para las personas rescatadas en el mar,  ante el riesgo de que se violen los derechos humanos (informe Desperate and dangerous, diciembre 2018); añaden que los países de la UE aplican políticas “para impedir que alcancen las costas europeas, lo que contribuiría a atrapar en Libia a miles de personas desesperadas”.

Es la llamada externalización de las fronteras de la Unión Europea (UE). ¿En qué consiste? Más allá de los programas oficiales de formación, asistencia, protección y fondos fiduciarios, los 50 colectivos sociales que organizaron una concentración el pasado 23 de noviembre en Madrid (Fronteras en venta) difundieron la siguiente definición: “Se traduce en pagar a los países del sur para que hagan el ‘trabajo sucio’: la UE transfiere fondos y hace favores políticos a terceros países (Libia, Turquía, Marruecos) para la construcción de muros, concertinas y centros de detención, formación de policía fronteriza y suministro de barcos”. Y de ese modo –con la apariencia de la cooperación internacional- blindar las fronteras.