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El calendario escolar 2022-2023, entre la administración y lo vivido

Por: Abelardo Carro Nava

«Hace unos días se “filtró” en las redes sociales, la propuesta de Calendario Escolar de Educación Básica 2022-2023»

Como ya se ha hecho una costumbre durante este gobierno, hace unos días se “filtró” en las redes sociales, la propuesta de Calendario Escolar de Educación Básica 2022-2023, de 190 días que, posiblemente, entraría en vigor en el mes de agosto pues, como se sabe, el actual ciclo escolar concluye el 28 de julio. Filtración que bien a bien no se entiende, salvo por el hecho de que, a través de su difusión por estos medios de comunicación, la autoridad educativa “sondea” las reacciones de los diversos actores educativos y no educativos sobre tal o cual tema para que, derivado de dichas reacciones, “pueda” tomar algunas decisiones para corregir o mejorar dichas propuestas.

 

Desde luego que las apreciaciones que a continuación expongo parten de esta idea, de que el documento fue “filtrado” por quién sabe quién en las redes sociales y, por tanto, no goza de la oficialidad requerida, pero sí de un análisis que posiblemente aporte al conocimiento de maestras y maestros.

En realidad, pocos estudios o investigaciones se han hecho con relación al calendario que ha venido organizando el trabajo escolar en las escuelas mexicanas. Al respecto, más adelante compartiré tres de trabajos que, desde mi perspectiva, aportan algunos elementos importantes para su posterior reflexión. Comencemos.

 

Desearía iniciar por mencionar que, conceptualmente, dicho calendario escolar puede concebirse como una norma o disposición de naturaleza administrativa que regula el funcionamiento de las instituciones escolares de, prácticamente, todos los niveles educativos. Por un lado, permite la organización de las actividades escolares, desde lo pedagógico, didáctico y administrativo, pero también, puede verse como un instrumento de política educativa gubernamental mediante la cual se emprende tal o cual proyecto educativo.

En este sentido, tiempo y actividades, resultan ser fundamentales para comprender la esencia de lo que implica la puesta en marcha de un calendario escolar; esto, en virtud de que, como tal, la programación de dichas actividades deberá corresponder a los tiempos que, de acuerdo a las disposiciones normativas o administrativas se hayan estipulado. En razón de esto, no es de extrañar el uso del término periodos o ciclos lectivos en tal calendario, debido a que éste alude a un periodo de tiempo determinado, desde que inicia hasta que concluye el proceso de enseñanza y de aprendizaje.

Dicho lo anterior, recomendaría revisar el texto “De cuándo a cuándo. La transformación del calendario escolar en las escuelas mexicanas del siglo XIX” de Anne Staples, Doctora en Historia y Profesora de El Colegio de México, en el que traza un recorrido muy interesante sobre este tema, partiendo del movimiento independentista de nuestro país hasta el porfiriato; en dicho texto Staples señala contundente: “Uniformar la educación en México fue justamente una de las metas de los gobiernos ilustrados desde la constitución de la monarquía española de Cádiz, de 1812. Se logró en el papel por primera vez en el México independiente con el Plan General de Estudios de 1843, que daba pie para normar las vacaciones y los días de estudio en todo el país”. Sin embargo, detalla la misma Anne más adelante: “Ni el orden y progreso del porfiriato fueron suficientes para resolver el problema de los tiempos escolares. Todavía no se ponían de acuerdo en cuanto a los horarios, planes de estudio, método de enseñanza, etc.” (Staples, 2004).

De esta breve referencia saltan a la vista dos conceptos que me parecen importantes resaltar uniformar y tiempos escolares; esto, en virtud de que un rasgo que ha caracterizado la elaboración de un calendario escolar ha sido el de lograr esa uniformidad estableciendo tiempos para las actividades escolares en las escuelas de nuestro país. Asunto que, en el lapso del tiempo en el que la autora realizó este estudio no se concretó como debiera, por varias razones, entre las que destacan la incipiente organización del Sistema Educativo Mexicano – si es que así podría concebírsele en ese entonces –, los constantes conflictos y luchas políticas sociales que se vivieron durante varios momentos de la historia de México, la injerencia del clero en los asuntos del estado, entre otras. En fin.

Con la creación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en 1921, este asunto no fue un tema menor pues, hasta 1966, de acuerdo al texto “Los calendarios de México. Administración Pública, educación y cívicos, y trabajo”, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), publicado en 1969, particularmente, en el apartado de Luis Álvarez Barret titulado “El calendario escolar”, se señala la existencia de dos calendarios, el Tipo “A” y el Tipo “B”. En el primero, el Tipo “A”, las labores iniciaban en febrero para concluir en noviembre, con variaciones finales en diciembre y enero; y el Tipo “B”, comenzaba en septiembre y terminaban en junio, con vacaciones finales en julio y agosto. Sin embargo, como bien argumenta Álvarez, “la adopción de uno u otro calendario no siempre se ajustó a las razones que debían justificarla; por el contrario, pronto se cayó en la más completa anarquía” (Álvarez, 1969) pues cada estado ajustaba el calendario de acuerdo a su criterio e intereses.

Desde luego que las razones por las que, durante el periodo del entonces Secretario de Educación Pública, Agustín Yáñez, se unificó el calendario escolar en todo el país, son diversas y que, por razones de espacio no de tiempo, no expongo en este momento, sin embargo, con ello, se dijo, que la SEP no sólo buscaba elevar el rendimiento escolar, sino también, acabar con los problemas derivados de la existencia de dos calendarios – el Tipo “A” y “B” expuestos –, debido a, por ejemplo, cuando por cualquier circunstancia algún estudiante debía cambiar de residencia a una entidad donde regía un calendario distinto, éste se veía obligado a perder hasta un semestre por la disparidad de tiempos; o también, porque para los maestros, implicaba problemas al solicitar cambio de plaza y, en el área administrativa a la llegaba, realizar cualquier trámite se complicaba al tener que satisfacer las necesidades de dos regiones (Álvarez, 1969).

En cualesquiera de los casos, el dato no hay que perderlo de vista, desde la década de los sesenta se unificó el calendario escolar en nuestro país, un tema que no es menor porque ello permite contar con elementos para la comprensión de la organización escolar (tiempos y actividades escolares) que de éste se han desprendido hasta nuestros días.

Finalmente, con la llegada de la década de los noventa – y, desde luego del año dos mil – y las reformas emprendidas a partir de lo que se denominó Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB) y Reforma Integral para la Educación Básica (RIEB), México se vio envuelto en una oleada reformista y “transformadora” derivada de las políticas internacionales que, en materia educativa, se implementaron en el territorio mexicano. Para nadie es desconocido que, en nombre de la “calidad educativa”, los calendarios escolares se fueron modificando sustancialmente pues los procesos de gestión escolar dotaron de “nuevos” significados el quehacer docente: equidad, pertinencia, relevancia, eficacia y eficiencia fueron algunos rasgos que intentaron caracterizar ese quehacer y, por tanto, los tiempos y actividades escolares se fueron incrementado hasta reducir al máximo posible los periodos vacacionales o de receso escolar tal y como eran conocidos (de septiembre a junio en la década de los sesenta, setenta y ochenta, a agosto a julio tal y como ahora los conocemos).

Algunos años después, con la llegada el peñanietismo a la presidencia y, desde luego, con la aprobación de la mal llamada reforma educativa de 2013, conocimos la existencia de algo que se denominó “flexibilidad del calendario escolar” puesto que, palabras más palabras menos, los “Consejos Técnicos” podrían elegir entre un calendario de 200 días (en marcha en 2016) o uno de 185 o 195 días (Lamoyi y Armenta, 2019), pero con jornadas más largas dependiendo de las características de cada región. De nueva cuenta el tema de la tan prometida y anhelada “calidad educativa” no dio paso a otra concepción sobre el tema que estamos abordando, el del calendario escolar; parecería ser que incrementar más días de actividades en las escuelas agregándolos al calendario como parte de las tareas escolares y/o clases por mes, traería mejores y mayores aprendizajes en los estudiantes.

Este principio, el de más días de clases (es igual a) mayores aprendizajes, desde mi perspectiva, ha sido la base que ha sostenido iniciar un ciclo escolar en agosto para terminarlo en julio, sin embargo, dadas las condiciones actuales que nuestro país enfrenta, ¿no habría la imperiosa necesidad de hacer un estudio o investigación que permita vislumbrar los efectos emocionales, físicos e intelectuales de todos los involucrados con un calendario escolar cuyo inicio se de en los últimos días de agosto y terminen en los últimos días de julio?, ¿no cabría la posibilidad de hacer un estudio o una investigación sobre esa premisa para ver si se cumple en razón de determinados criterios que permitan comprobar que efectivamente a mayor cantidad de días de clase mayores y mejores aprendizajes?, ¿no existiría la posibilidad de acotar los días de clase “efectiva” para realizar otro tipo de actividades donde el arte, la cultura, la música o el deporte adquieran la importancia que merecen?

Ahora bien, no hay que perder de vista que, hoy día, las maestras y maestros operan en las instituciones educativas dos planes de estudio, el 2011 y el 2018, cuyo carácter “enciclopédico” evidencia un exceso de contenidos y que, desde luego, poco favorecen su pertinente abordaje en un tiempo determinado; esto, sin olvidar, la terrible y abrumadora carga administrativa que tienen todos los docentes de nuestro país; entonces, sobre el segundo tema: ¿para qué sirve elaborar una serie de reportes de naturaleza administrativa que nadie lee o, peor aún, que se desconoce su destino?, ¿para qué sirve cumplir con las disposiciones administrativas que se dan a conocer en los Consejos Técnicos Escolares si no hay una debida retroalimentación o realimentación de lo realizado por parte de las autoridades educativas o agentes correspondientes? En fin.

Regresando al tema que me ocupa y que dio origen a la escritura de estas líneas, tengo que decir que calendario escolar 2022-2023 difundido en las redes sociales, no rompe con lo dicho en los párrafos anteriores en cuanto al número de días contemplados pues, claramente, establece 190 días de clases “efectivas” – sea lo que eso pueda significar para la SEP –; tal vez, el cambio que observo tiene que ver con la formación continua que se plantea con relación al Marco Curricular 2022 puesto que está sería de manera continua y permanente durante todo el ciclo escolar en referencia, un tema que desde luego varios colegas de la pluma y papel habíamos solicitado se revisara e incluyera, ya sea como parte de los Consejos Técnicos o como Actividades complementarias – pero en el transcurso de la jornada escolar, no a contra turno – para que se lograra este propósito.

En este sentido no está de más mencionar que, desde mi perspectiva, no es nada descabellado y desafortunado la intención de programar un Taller con la participación de padres de familia y alumnos porque, por ejemplo, si la idea es que este currículo responda tanto a la imperiosa necesidad de lograr un vínculo con la comunidad y territorio, habría que considerar las formas en las que se daría ese vínculo, sobre todo, si pensamos en términos de roles y/o funciones de cada uno de esos actores; roles y/o funciones que no solamente correspondan al hecho social y comunitario, sino, muy probablemente, con el hecho pedagógico o socioeducativo.

Ahora bien, la idea de incorporar a los alumnos a esos talleres, quiero pensar que se está pensada, por la forma en la que se podría dar un viraje al quehacer docente puesto que, si tal y como se ha contemplado en el Marco Curricular 2022, abordar los contenidos de los campos formativos a través de diálogos, el trabajo por proyectos, los centros de interés o las actividades relacionadas con un enfoque globalizador, bien podrían desarrollarse durante dos semanas de trabajo compartido entre todos los integrantes de la comunidad educativa.

El meollo fino de todo este asunto es: ¿quién se encargará de coordinar las actividades de formación continua en cada uno de los estados si, como se sabe, éste ha sido el gran pendiente en nuestro Sistema Educativo? Vaya el que se mencione que la Pedagógica Nacional, las escuelas normales o los Centros de Actualización del Magisterio ofrecerán algunas propuestas, NO ASEGURA que se trazará una ruta fina de formación en este rubro; ojo, no para operar un plan de estudios sino para conocer, analizar, comprender, reflexionar y trabajar con el plan de estudios que se le ponga enfrente al docente. En fin. Ya veremos.

Por cierto, ya que en las últimas semanas se viene habla y hablar de romper con las hegemonías y todo aquello que el neoliberalismo dejó como una maldición en nuestro sistema educativo, ¿por qué no pensar en la posibilidad de que cada territorio, comunidad y comunidad educativa fije sus propios calendarios escolares a partir de una normativa establecida porque, no es desconocido que lo que en el centro o federación sucede (atrás de un escritorio), no es lo vivido en cada uno de esos territorios o comunidades educativas. ¿Estaríamos hablando de respetar y atender la diversidad no es cierto?

Al tiempo.

Fuente de la información: https://profelandia.com

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México: Normalistas apoyarán en alfabetización de más de 4 millones de personas

América del Norte/México/2705-2022/Autor(a) y Fuente: www.jornada.com.mx

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que más de cuatro millones 318 mil personas que no saben leer ni escribir recibirán servicios educativos de normalistas de todo el país, tanto estudiantes como egresados, quienes participarán en el Movimiento Nacional para la Alfabetización y la Educación.

Luego de la firma del convenio de colaboración entre el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), la Subsecretaría de Educación Superior y la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), para fomentar la participación del estudiantado de las escuelas de educación normal y de formación docente en las acciones de alfabetización.

Los normalistas que participen en los trabajos de alfabetización se les tomará en cuenta con un puntaje para los procesos de admisión a una plaza de docente en educación básica que lleve a cabo la Usicamm.

Al participar como testigo de honor en la firma del convenio, la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, señaló que esta acción es un esfuerzo para saldar una cuenta pendiente con la sociedad, con las personas que no saben leer ni escribir, cuyo rezago se debe abatir.

Durante el acto, realizado en la Centenaria y Benemérita Escuela Normal para Profesores, en Toluca, Estado de México, se entregaron 80 nombramientos a docentes egresados de escuelas normales del Estado de México y de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN).

Gómez Álvarez exhortó a formar parte de este proceso de alfabetización y llenarse de satisfacciones. También convocó a docentes jubilados a participar, porque, dijo, todavía tienen mucho que enseñar y mostrar gracias a la experiencia que han obtenido.

Recordó que un convenio similar se firmó con la Subsecretaría de Educación Media Superior, gracias al cual mil 870 jóvenes de ese nivel se registraron como voluntarios al Movimiento Nacional para la Alfabetización y la Educación. Y ahora que se suman los normalistas, dijo, el número de voluntarias y voluntarios se incrementa.

El subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro Bórquez, detalló que el objetivo general de la alianza entre el INEA y la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio es sumar a los estudiantes de las escuelas normales públicas del país en apoyo a los servicios educativos de alfabetización que ofrece el instituto, y contribuir a la formación integral de jóvenes voluntarios, con un claro sentido de responsabilidad social.

La directora general del INEA, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, dijo que el convenio también tiene como objetivo promover y apoyar la participación de estas nuevas generaciones de maestras y maestros como alfabetizadores de sus comunidades, muy cerca de sus familias y de sus escuelas que son, en cierta forma, donde construyen sus familias ampliadas.

La titular de la Usicamm, Adela Piña Bernal, informó que las y los egresados de las escuelas normales, de la UPN y de los centros de actualización del magisterio, tendrán 25 puntos adicionales, así como puntos extra por su participación en el programa de alfabetización del INEA, en los procesos de admisión realizados por el organismo.

Lo anterior, precisó, como parte de los acuerdos emitidos por la Usicamm el 17 de diciembre pasado, y en seguimiento al compromiso del presidente López Obrador para priorizar a las escuelas normales públicas en el ingreso al Sistema Educativo Nacional.

Fuente e Imagen: https://www.jornada.com.mx/notas/2022/05/25/politica/normalistas-apoyaran-en-alfabetizacion-de-mas-de-4-millones-de-personas/

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Logro, mérito y lucro

Por: Juan Carlos Miranda Arroyo

«La lógica meritocrática se aplica a diestra y siniestra tanto en los sistemas de evaluación de docentes, directivos escolares y asesores técnicos como en los sistemas de evaluación de los aprendizajes escolares…»

Según algunos diccionarios, en esencia, el logro se define como: “Alcance de una meta previamente propuesta por una persona o un grupo de personas. Este logro, lejos de ser un mero “golpe de fortuna” (o “suerte”), necesita que la o las personas apliquen diferentes acciones, acordadas de manera previa, de modo que sean tendientes a facilitar el alcance de la meta”.

El logro en contextos educativos o académicos, es definido como la obtención de una meta o resultados “positivos” que son alcanzados por estudiantes o profesores, como parte de las actividades programadas en la normatividad específica de una institución educativa.

Generalmente, a las/los docentes se les atribuyen “logros” en términos de las evaluaciones de desempeño académico, mientras que a las/los estudiantes se les designan esas etiquetas en términos de la normatividad establecida para la evaluación de los aprendizajes escolares.

¿Qué tiene que ver esto con nuestra realidad educativa nacional y local?

Durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), la SEP promovió ampliamente la prueba ENLACE, que constituyó un sistema de Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares. La prueba se aplicaba no a muestras de población, sino a todos los estudiantes de educación primaria (desde 3er. grado), secundaria y media superior. La prueba ENLACE se aplicó durante algunos años durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

El logro académico forma parte de un aparato conceptual más amplio que es el de la “evaluación educativa”, del cual se desprende, desde determinados enfoques tecnocráticos, la definición y el valor de los aprendizajes escolares, en términos de desempeño o de la ejecución de determinadas tareas derivadas de la planificación-programación didáctica (de modo eufemístico, algunos también les llaman evidencias de aprendizaje).

Cabe recordar que esta expresión “máximo logro de aprendizaje” se conservó desde la reforma constitucional de 2013 hasta 2019. Es letra vigente en el artículo 3º. Constitucional.

La terminología tecnocrática en evaluación de la educación, insertada en el texto constitucional de 2013 y luego ratificada por los poderes ejecutivo y legislativo en 2019, nos dice que tanto el “logro de aprendizaje” como el “logro académico” son conceptos derivados de un enfoque particular o específico de la evaluación educativa.

Junto con los criterios y los estándares, los indicadores de logro son igualmente conceptos que dependen de la misma matriz teórico-metodológica de la evaluación educativa, donde prevalecen o dominan los métodos y las interpretaciones cuantitativas sobre las cualitativas.

Los criterios de evaluación educativa, en el nivel de aprendizajes, están relacionados directamente con los objetivos educativos (o de aprendizaje) que se establecen en una planificación-programación didáctica. Mientras que los estándares de aprendizaje (también conocidos como estándares curriculares) están vinculados con la definición de ámbitos de competencia o competencias educativas (capacidades cognitivas, de habilidades psicomotrices y de actitudes y valores), a nivel de un planteamiento curricular más genérico.

Por lo tanto, los indicadores de logro académico o de aprendizaje, son una referencia que marca el grado de cumplimiento de un estándar de aprendizaje. Pero este logro, como lo dicen las acepciones más simples, lejos de ser un mero “golpe de fortuna” (o “suerte”), necesita que la o las personas realicen un determinado esfuerzo o estén empujadas por una cierta motivación.

El problema en el uso de esta terminología, es que introduce una serie de elementos que fueron por primera vez probados en las organizaciones productoras de bienes y servicios (década de los años 50 del siglo XX), junto con otros conceptos como funcionamiento, eficiencia, eficacia y mejora continua.

Cuando se habló por primera vez en términos de competencias educativas o para el trabajo (no competencias lingüísticas, a las que se refería Noam Chomsky), éstos sirvieron para segregar, clasificar o filtrar a las personas tanto en el trabajo como en la escuela.

Las evaluaciones que se aplican para ingresar a la educación media superior pública (y a la superior, también), en México, se han convertido en verdaderos filtros sociales que, en nombre de la calidad de la educación, constituyen medios, procedimientos e instrumentos que han cancelado el derecho a la educación de miles de jóvenes (solamente se otorgan lugares para estudiar en la escuela pública, a aquellas y aquellos estudiantes que “logran” las más altas puntuaciones en las pruebas estandarizadas) ¿Cuándo se establecerán juicios ponderados, con criterios de equidad e igualdad, en estas evaluaciones?

La lógica meritocrática se aplica a diestra y siniestra tanto en los sistemas de evaluación de docentes, directivos escolares y asesores técnicos como en los sistemas de evaluación de los aprendizajes escolares de las/los estudiantes de la escuela pública.

No puede haber una “meritocracia justa” mientras las desigualdades sociales y educativas (que encierran condiciones económicas y culturales de precariedad), sobredeterminan los resultados en las pruebas estandarizadas. Ejemplo: Una estudiante que proviene de una comunidad indígena, cuya historia está marcada por las desigualdades, la discriminación y la segregación, se encuentra en condiciones adversas al momento de realizar una prueba estandarizada para ingresar a una institución de educación superior o de bachillerato públicos.

En medio de todas estas contradicciones de los sistemas de evaluación, las instituciones públicas que cobran una cuota por evaluar a estudiantes o las instituciones privadas que emplean y comercializan a través de estos sistemas de evaluación en masa, en el fondo buscan una ganancia, un valor agregado, una plusvalía o el lucro.

¿Cómo puede justificarse un sistema de evaluación que, mediante una tecnología evaluativa sofisticada y presuntamente científica, impone sus criterios, estándares e indicadores para cancelar o negar el derecho a la educación de ciudadanas y ciudadanos mexican@s?


Fuente de la información: https://profelandia.com

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¿Federalización de la nómina magisterial?

Por: Manuel Alberto Navarro Weckmann

«La administración federal expresa que se establecerá su implementación mediante esquemas graduales, con la finalidad de dar certeza jurídica, laboral y salarial a las y los trabajadores…»

En días pasados, corrió como reguero de pólvora en los medios que cubren la fuente educativa, la noticia de que el Gobierno Federal, habría de asumir la nómina magisterial de las entidades federativas, dado lo mencionado por Oscar Flores, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en conferencia de prensa el pasado martes 26 de abril, cuando dio a conocer los cuatro ejes de trabajo del nuevo modelo educativo propuesto por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El gasto educativo es el egreso más importante que el gobierno federal realiza, pues, de acuerdo con lo establecido por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria A.C. (CIEP) en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2021 se propuso un presupuesto educativo de 836 mil 400 millones de pesos, que, para ponerlo en contexto, para el mismo año de 2021, de acuerdo a cifras del Sistema de Administración Tributaria (SAT) México recibió por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) un total de 1213 mil millones de pesos, por lo que se puede decir que siete de cada diez pesos que se recaudan por concepto de IVA, se destina al gasto público en educación.

Desde la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación (AMNEB) en que se descentralizaron muchas de las decisiones administrativas a los estados, las constantes exigencias de recursos por parte de entidades federativas provocadas por las malas negociaciones locales, la corrupción, el desvío de los recursos documentados puntualmente por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y negociados políticamente para que luego “no pase nada”, así como la histórica inequidad de aportaciones federales en dicho gasto, ya que hay entidades que aportan más de la mitad del presupuesto educativo, como hay estados que no aportan un solo peso.

Por una parte, la administración federal expresa que se establecerá su implementación mediante esquemas graduales, con la finalidad de dar certeza jurídica, laboral y salarial a las y los trabajadores de la educación, lo cierto es que la sola mención de dicha medida ha provocado no pocas inquietudes, sobre todo en aquellas entidades en donde existe diferente tinte político al ejecutivo federal, dicen que si para una decisión como el quitar un docente o un trabajador manual le pasan la factura a la federación, ni imaginar lo que va a pasar ahora que eventualmente se centralice la nómina y los pretextos de uno y otro nivel educativo se van a dar con más frecuencia

Esperemos que pronto se tenga información oportuna y válida de dichos “esquemas graduales” para así estar ciertos de lo que va a suceder y no incrementar los ya de por sí elevados niveles de estrés que se viven en la actualidad en el magisterio nacional.

manuelnavarrow@gmail.com

https://manuelnavarrow.com

Fuente: https://profelandia.com/federalizacion-de-la-nomina-magisterial/
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Burocracia e investigación educativa

POR: JUAN CARLOS MIRANDA ARROYO

«La SEP no es un centro de investigación educativa, eso es cierto. Pero debe ser una institución que establezca vínculos orgánicos permanentes con especialistas y estudiosos de la educación.»

En una entrevista que Marx Arriaga, director general de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), concedió a Erick Juárez Pineda, el funcionario “advirtió que los documentos que se trabajan no tienen una rigurosidad académica, pues «no son un centro de investigación o una universidad», esto al referirse a la propuesta curricular para la educación básica, cuya versión preliminar dio a conocer la propia SEP en enero pasado (ver Educación Futura, 23 de abril, 2022).

Arriaga debe saber que, aunque la SEP no es una institución dedicada a la investigación educativa, no está exenta del escrutinio de la comunidad académica ni del examen riguroso de especialistas y estudiosos de la educación. Además, como responsabilidad de gobierno, la SEP debiera de generar documentos con contenidos estructurados, sustentados o debidamente argumentados, a partir de los hallazgos reportados recientemente por la investigación en el campo educativo.

Por otra parte, la SEP necesita vincularse con grupos de investigadores y especialistas del ramo, tal como se hace en cualquier otra entidad gubernamental. Ahí hay un espacio y tiempo valiosos para concretar las retroalimentaciones mutuas. No veo por qué no hacerlo de esa manera.

El argumento utilizado por el funcionario, por lo tanto, para excusarse de la falta de rigor académico en la propuesta curricular, es insostenible.

“El funcionario detalló –dice Juárez Pineda- que, aunque la construcción del nuevo marco curricular le corresponde a la dirección que él encabeza, no es su responsabilidad establecer una propuesta de evaluación, pues «ellos solo crean y evalúan los materiales educativos»; sin embargo, señaló que esta tarea le toca a otras unidades como a la Dirección General de Desarrollo Curricular o a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM)”.

Arriaga señaló, así mismo, que la dependencia a su cargo (materiales educativos) tiene el liderazgo del proyecto de reforma curricular para la educación básica. ¿Por qué entonces los documentos de referencia están firmados (en su versión preliminar) por la dirección de desarrollo curricular de la SEP? ¿No debería estar al frente de este proyecto, más bien y como líder, y ante los medios, la subsecretaría de educación básica?

La SEP no es un centro de investigación educativa, eso es cierto. Pero debe ser una institución que establezca vínculos orgánicos permanentes con especialistas y estudiosos de la educación. También, debiera de impulsar el desarrollo de estos grupos de trabajo, con recursos y diversos apoyos hacia dichas comunidades que realizan investigaciones o estudios educativos, independientemente de sus intereses académicos o líneas de investigación, es decir, tanto de corte teórico, filosófico o histórico, como aplicado.

Lamentablemente y por lo general, hay un vacío de la alta burocracia hacia las tareas de investigación educativa en México. Pienso que eso deberá cambiar. El intercambio entre burocracia y academia habrá que ser más intenso, creativo y propiciar condiciones adecuadas de trabajo, a efecto de generar nuevos conocimientos sobre lo educativo, y específicamente sobre la educación básica pública.

La cruda realidad indica que a las burocracias educativas, federales y estatales, (con funcionarios no especializados en educación), no les interesa generar nuevo conocimiento sobre lo educativo. Les obsesiona administrar, al más bajo costo, los procesos escolares. Contrario al interés académico, a este círculo gobernante de la educación le preocupa y se ocupa solo en rendir cuentas a sus jefes superiores, pero se desentiende de las necesidades del magisterio. Existe evidencia de que su prioridad es controlar y vigilar a las comunidades educativas (escuelas). Esa visión limitada y rígida de la realidad educativa, es una tragedia que no favorece el adecuado avance del sistema educativo nacional.

De manera institucional y a lo largo de la historia, las burocracias educativas no encuentran valor a los hallazgos de la investigación. ¿Cuántos convenios han realizado o firmado el gobierno federal y los gobiernos de los estados con las unidades UPN locales o con las Normales para desarrollar proyectos de investigación o producción editoriales, durante los últimos 20 años? La cifra está cercana a cero. ¿Pueden mostrar pruebas en contra?

La composición de las burocracias educativas (me refiero especialmente a quienes ocupan la cima de las instituciones) es de perfil político, administrativo y de profesiones afines (excepcionalmente se registran trayectorias académicas en esos escritorios), y no cuenta con orientación ni sensibilidad hacia la investigación educativa. Dicho esto en términos generales. Cuando hay algunas excepciones, las iniciativas para llevar a cabo investigaciones o estudios educativos, sin embargo, quedan desplazadas por otros proyectos de carácter administrativo.

Adicionalmente a la necesidad de establecer un diálogo con la comunidad académica, profesional o científica, las burocracias educativas también requieren de crear dispositivos de comunicación permanentes, institucionalizados, en condiciones de igualdad, para intercambiar ideas y propuestas con las maestras y los maestros, directivos escolares y asesores técnicos, que trabajan directamente en las escuelas, y que tienen a su cargo los procesos específicos y más relevantes de la educación pública en México.

Fuente de la información: https://profelandia.com

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Alto a la desinformación: los grados escolares no desaparecen

Por: Rogelio Javier Alonso Ruiz

El pasado 23 de abril de 2022, el periódico El Universal emitió una nota referente a la propuesta de marco curricular que se encuentra aún en construcción. En el encabezado se leía “SEP va por desaparecer grados escolares, especialistas ven ocurrencia” (t.ly/Q8L4). Pese al título, éste no encuentra sustento siquiera en los expertos cuyas ideas dieron contenido al texto, pues incluso uno de ellos advierte que actualmente la consolidación de aprendizajes responde a un proceso comprendido en conjuntos de grados sucesivos, situación que continúa en la propuesta curricular. Lo anterior se ha tergiversado, atendiendo al encabezado, como un intento de desaparición. Cualquiera con un poco de gis en las manos podría dar fe que aprendizajes como los relativos a la alfabetización inicial formal se afianzan, cuando menos, en los dos grados iniciales de primaria.

Si en el buscador de noticias de Google uno teclea “SEP grados”, aparecerán cuando menos, a la fecha de publicación de este escrito, una decena de notas de diferentes periódicos que hacen eco de la supuesta extinción. Hubo incluso un dirigente nacional de un partido político que expresó su preocupación ante el asunto.

Desde luego que la propuesta de marco curricular debe ser sometida a la crítica, pero ésta debe partir de un análisis preciso de lo que establece. Los medios de comunicación tienen un papel importante en ello. Deben ser responsables del contenido de sus notas y no alentar a la desinformación ni al catastrofismo donde no debe haberlo. Tanto hay por arreglar en la vida educativa del país, tanto por condenar y proponer, que lo menos que se requiere es una crítica extraviada.

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CURRICULAR. (2022). Marco curricular y plan de estudios 2022 de la educación básica mexicana. México: autor.

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Impulso a la educación en comunidades indígenas

En México hay 70 pueblos originarios, en 20 entidades federativas y con 364 variantes de lenguas nativas.

Por: Miguel Ángel Gallegos Cárdenas

En octubre pasado tuve oportunidad de participar en el Foro A 100 años de la Secretaría de Educación Pública. Retos y Perspectivas, organizado por el Senado de la República.

En dicho evento, además de hacer un recuento histórico de la SEP, se habló de una gran cantidad de temas y retos que se tiene el sistema educativo mexicano, tanto en los tiempos actuales, como en los venideros.

Entre otras, se conversó del origen y los fundadores de la SEP, de la importancia de la legislación y las políticas, de la educación como un derecho humano, de los actores educativos, de aprender del pasado, de la importancia de los planes y programas de estudio, de la cobertura o de acabar con el analfabetismo aún existente.

Además, se discutió sobre cómo construir una identidad nacional en los alumnos, de la pedagogía, de las brechas educativas, de la desigualdad social, la sostenibilidad, del fomento de valores entre los estudiantes, de la relevancia y la necesidad de fomentar la investigación educativa, del trato y salario digno a los profesores, del financiamiento a la educación, de la continuidad de los servicios educativos y regreso paulatino en la nueva normalidad, así como del gran reto que tiene en su totalidad la SEP y sus diversos actores.

Foro “A 100 años de la Secretaría de Educación Pública. Retos y Perspectivas”, en el Senado de la República.

Foro “A 100 años de la Secretaría de Educación Pública. Retos y Perspectivas”, en el Senado de la República.

Miguel Ángel Gallegos Cárdenas

Al mismo tiempo, se habló de los escenarios cambiantes, de los retos y desafíos que trajo consigo la pandemia, de rescatar los saberes tradicionales, pero también de las nuevas posibilidades que trajeron las Tecnologías de la Información y Comunicación, de la revolución educativa impulsada por medio de estas tecnologías, de la alfabetización informacional, de la educación no presencial y las nuevas posibilidades, y, de las nuevas habilidades que demanda la sociedad y transformación digital.

Igualmente, se habló de las herencias legadas en cuanto a carencias en la educación básica y la media superior, así como de las problemáticas para acceder y permanecer en la educación superior, y de buscar e impulsar nuevas alternativas para los sectores de la población con mayores carencias, lo que lleva a pensar en los planos de las comunidades indígenas y de quienes menos tienen.

Sin duda, todos los asuntos mencionados en dicho foro son de gran interés, todos se tienen que atender, se tiene que hacer algo en cada uno de ellos, pero a mi parecer y el de muchos actores es cuestionarnos en estos momentos, ¿qué estamos haciendo para llevar oferta educativa a las comunidades indígenas?

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Comunidad de indígenas zeltales.

La educación en las comunidades indígenas

Brindar alternativas a quienes menos tienen, a quienes pocas veces se ha volteado a ver, es decir, a las comunidades indígenas es algo urgente y necesario.

En este modernizado mundo tecnológico, necesitamos integrar y brindar oportunidad de participar y de sumarse a los hermanos de las comunidades originarias y en esta cuarta transformación nacional estamos en el tiempo de pensar y actuar en favor de ellos.

Algunos datos importantes como los que señala el Banco Mundial al decir que «en el mundo, hay aproximadamente 476 millones de indígenas en más de 90 países. Si bien constituyen más del 6 % de la población mundial, representan alrededor del 15 % de las personas que viven en pobreza extrema».

Con estas referencias se puede observar que, aunque es una gran población, han sido un sector injustamente olvidado.

Por otro lado, a la fecha, según datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, en México se tiene una gran riqueza cultural, pues se cuenta con 2.471 municipios y en ellos la existencia de 70 pueblos indígenas, que se encuentran distribuidos en 20 entidades federativas, a decir del Gobierno de México.

En cada entidad y municipio existen localidades y en ellas comunidades con costumbres y patrimonio propio

En cada una de ellas, se habla una lengua indígena. El mismo INEGI señala que, «en México, el 6.1% de los hombres y el 6.1% de las mujeres de 3 años y más habla alguna lengua indígena de las 364 variantes que existen. Es decir, 7.364.645 personas, de las cuales, 48.6% son hombres y 51.4% son mujeres».

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Indígenas y ambientalistas en la zona arqueológica de Chichén Itzá.

Lorenzo Hernández / EFE

Esta riqueza cultural preservada por una población de 23.229.089 de personas que se autodescriben como indígenas y cerca de 12 millones que viven en hogares indígenas, según el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

Reconocer la importancia de nuestros pueblos originarios para acercarles oferta educativa y educación continua es uno de los mayores retos que tiene el sistema educativo en estos momentos de justicia social.

Conviene recordar que, según el Banco Mundial, «en los últimos 20 años, se han reconocido cada vez más los derechos de los pueblos indígenas con la adopción de instrumentos y mecanismos internacionales, como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP)», pero volvemos a cuestionar, ¿qué estamos haciendo a 100 años de la fundación de la SEP?

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Indígenas y ambientalistas en Chichén Itzá.

Lorenzo Hernández / EFE

En ese sentido, y por ser de interés la reflexión en este escrito, conviene recordar lo que el doctor Casimiro Méndez Ortiz, señaló en aquel foro en el Senado, cuando planteó «hace falta crear una subsecretaría de educación indígena o subsecretaría de educación intercultural, a nivel nacional, como un reconocimiento a las comunidades indígenas».

«O al menos, como también aseveró, «ampliar la cobertura educativa a nivel superior en las comunidades indígenas, auxiliados de las tecnologías para llegar a los rincones más apartados y necesitados del país».

La continuidad educativa a través de las tecnologías digitales, para atender a quienes menos tienen y a las comunidades de los pueblos originarios, es una gran alternativa que ahora tiene la SEP y sus diversos subsistemas.

Hoy más que nunca debemos integrarnos, solidarizarnos y coadyuvar todos juntos por el bien colectivo. Debemos trabajar juntos para construir mejor México, y la educación es el camino, como afirmó la doctora Elvia Garduño: «Por medio de la educación podemos construir una nueva historia».

Hagámoslo, pero para esa construcción es preciso que participemos todos.

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