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Por qué no se deja hablar a los maestros

Abelardo Carro Nava

De nueva cuenta los medios de comunicación se inundaron el pasado 13 de marzo, con la presentación del nuevo modelo educativo que el presidente Peña Nieto, y el Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, dieron a conocer a la sociedad desde Palacio Nacional.

El evento en sí, lució como era de esperarse: aplausos, adulaciones, reconocimientos, agradecimientos; en fin, toda la parafernalia que es parte de este tipo de acciones que emanan del gobierno federal y, que nos tiene acostumbrados cuando se trata de presentar algo que así, de botepronto, se expone como la panacea que solucionará los grandes problemas que aquejan a los mexicanos en el ámbito educativo – para ser más específicos –.

No obstante esta superflua realidad que viven ciertos políticos de mi México querido, es menester reflexionar sobre la eficiencia, eficacia y relevancia de dicho modelo. Claro, si lo analizamos desde el plano de una educación de calidad tan necesaria como indispensable en un país tan vapuleado como el nuestro.

Pues bien, en tal evento llamó la atención que se hablara de una verdadera “revolución” educativa con la idea de transformar un Sistema Educativo Mexicano (SEM) caduco y que, para acabar pronto, hasta nuestros días, no ha permitido el desarrollo del pueblo de México. Cosa más curiosa fue ésta, porque a fuerza de ser sincero, este discurso se me antojó meramente electorero y sin un propósito educativo en específico. Al escucharlo pues, mi mente trajo aquellos episodios en lo que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), arengaba a sus simpatizantes con los ideales revolucionarios que aludían a una justicia social sin precedente. Ciertamente, hablar de revolución implica una transformación del estado de las cosas pero, considero que quienes hicieron uso del micrófono en este evento, se les olvidó que este mismo partido, su partido, ha sido el que ha propiciado la mayor parte de los males que hoy padecemos millones de mexicanos. En todo caso queda una pregunta en el aire: ¿acaso Peña Nieto y Nuño Mayer son los caudillos del “nuevo” México?

Por lo que respecta a los documentos que integran la propuesta gubernamental, y que fueron dados a conocer por estos funcionarios públicos, me limitaré a afirmar que nada nuevo contienen. De hecho, en varias ocasiones, cuando amablemente me han invitado a participar en algunos foros, cursos o talleres para hablar del mismo, he señalado la deficiencias en su estructuración y, como parece lógico, para su implementación.

En este sentido, fue curioso escuchar que el CIDE recabó y proceso los resultados que se obtuvieron de los foros y las encuestas que la SEP formuló para integrarlas al modelo presentado el día lunes; sin embargo, la responsable de tal encomienda, Blanca Heredia, no tuvo mayor injerencia en este evento. ¿Por qué no se habló de la forma en que se organizó cada uno de los foros en las que los maestros expusieron sus ideas con la intención de fortalecer el modelo educativo? Créame usted, y lo digo con conocimiento de causa, de tres a 5 minutos que se les otorgó a los participantes para presentar una “propuesta”, fue irrisorio dados los elementos que tuvieron que abordarse para realizar tal planteamiento.

¿Por qué no se deja hablar a los maestros y maestras de México? Es una pregunta que aún retumba en mi cabeza. ¿Miedo, temor, desconocimiento, incertidumbre, desasosiego por parte de las autoridades educativas? Es posible. No obstante, creo que en el fondo de esto, subyace la idea de perder autoridad frente a los miles de docentes que conocen y conocen muy bien el tema.

Se dice que de perder las elecciones en el 2018 se corre el riesgo de que el modelo educativo propuesto retroceda, y esto puede ser posible; sin embargo, hacer este tipo de señalamientos y afirmaciones nada bueno traen consigo, porque así como suena, manda un mensaje nada favorable para asegurar la continuidad educativa que se piensa. Si es un buen modelo, casi casi el que habrá de sacarnos del atolladero en el que nos encontramos, ¿por qué se piensa que habrá de ser cambiado en los próximos años?

Tengo claro que política y educación van de la mano pero, en este caso, a todas luces se sigue anteponiendo los intereses de partido, de grupo o de élite, de los que la sociedad espera y demanda. Ojalá y se le diera voz al magisterio. A ese sector que ha sido injustamente golpeado por el gobierno peñista. Los maestros tienen mucho que decir y proponer. Lo sé y me consta a través del diario recorrido que realizó en diversos centros escolares en los cuales los profesores desean ser escuchados, ser atendidos, ser tomados en cuenta.

Espero, en lo sucesivo, se trabaje en este asunto. El modelo educativo como tal ya fue presentado. Con esto Aurelio Nuño se lava las manos y tal vez podría decir: “yo ya hice mi chamba”. No obstante, el gran reto que enfrenta el sector, se encuentra en cada una de las entidades de mi querida República Mexicana. A los gobernadores les hace falta un buen jalón de orejas para que se pongan a trabajar, pero trabajar en serio para que los niños y niñas de México, efectivamente reflexionen sobre éste y otros asuntos, como el hecho de contar con más de 60 millones de mexicanos sumidos en la más cruel de las pobrezas.

Como en reiteradas ocasiones lo he dicho y lo sostengo, cansados estamos los mexicanos de que nos quieran dar atole con el dedo. La revolución, señores priistas, es parte de la historia. ¿Hay que tomarla en cuenta? Si. Pero no se les olvide que las revoluciones las luchó el pueblo.

Fuente del articulo: http://www.educacionfutura.org/por-que-no-se-deja-hablar-a-los-maestros/

Fuente de la imagen: http://www.educacionfutura.org/wp-content/uploads/2017/03/unspecified-768×512.jpg

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Nuño de la SEP, debe renunciar; su plan o modelo educativo es privatizador y empresarial

Por: Pedro Echeverría V.
1. Alguna vez Luis Videgaray –respondiendo al presidente Felipe Calderón que en los últimos días y horas de su sexenio pretendía meter acuerdos para que le aprobaran- dijo que “los planes se presentaban al inicio de sexenio y no al final”, por ello en los primeros días de gobierno se le pidió al PRI, PAN, PRD y demás a firmar un Pacto por México para que de manera inmediata se aprueben las 13 “reformas estructurales”. Pero dado que el presidente Peña Nieto no las pudo instrumentar, ahora nos salió con sus babotas de seguir imponiendo la reforma educativa privatizadora.

2. Pero los legisladores “levantadedos” ya aprobaron; por ello la Confederación Patronal (Coparmex) pidió que el nuevo modelo educativo “se blinde” para que no sea rehén de intereses políticos o de grupos, a pesar del cambio de administraciones gubernamentales. Su líder Gustavo de Hoyos, que seguramente es muy bueno para los negocios y para acumular riquezas –pero de educación nada sabe-, ha señalado que la educación debe ser un factor importante “para la competitividad económica” del país, es decir, de inmediato enseñan el cobre.

3. Por el contrario, especialistas en educación de la UNAM, Díaz Barriga y otros más, han declarado que todo “el Plan” es un refrito de declaraciones y que no responde a las necesidades educativas urgentes del país. Ello demuestra que la represión que se desató contra el movimiento magisterial encabezado por la Coordinadora de maestros (la CNTE) durante más de tres años, fue absolutamente injusta pues de lo que se trataba era de descabezar a sus liderazgos, amenazándolos, encarcelándolos y cesándolos.

4. Los nuevos dirigentes de la sección 22 (Oaxaca) de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) encabezados por Eloy López rechazaron el “nuevo modelo educativo” del presidente Peña y su secretario Nuño. Por el contrario, el nuevo dirigente seccional, Eloy López, consideró que “el esquema no contempla la diversidad étnica del país ni las distintas situaciones que se presentan en cada institución, localidad y estado, por tanto, no es un proyecto integral, sino uno con miras empresariales que buscan generar mano de obra para las empresas”.

5. No tengo la menor duda de que el secretario general de los profesores de la sección 22 de Oaxaca tiene la razón al calificar al Plan Peña-Nuño como empresarial que busca preparar mano de obra barata para las fábricas. Por ello la Coparmex pide que lo blinden para que nadie se atreva a cambiarlo. Según los empresarios para que prospere México se requiere que la escuela cree una ideología de trabajo, de disciplina, de obediencia y de ahorro. “Nosotros invertimos nuestros capitales y los obreros invierten su trabajo. Todos felices”.

6. Eloy López sostuvo que el único objetivo de los gobiernos y sus propuestas es acabar con la educación pública, así como privatizarla, en beneficio de los que más tienen. Señaló que el modelo responde a los intereses de los dueños de las empresas porque al plantear diferentes líneas pedagógicas, no responde a las comunidades indígenas, no contempla el asunto de las lenguas, el geográfico, el económico y el social. Quizá sólo estén pensando en ciudades y desconozcan la verdadera situación de nuestro pueblo.

7. Por último señala nuestro compañero de la sección 22 que a lo largo de los años recientes se ha buscado imponer diversos proyectos en materia de educación, basados en un modelo muy demagógico que pretende sentar las bases para que en un futuro cercano la educación pase a manos privadas. Por el contrario, el proyecto que se aplicará en Oaxaca, se basa en nuestras experiencias de décadas de trabajo buscando fomentar la pluralidad; la participación de maestros y padres de familia y la resistencia ante la reforma educativa y las reformas estructurales.

Blog del autor: http://pedroecheverriav.wordpress.com

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México: Educación y ciencia, la mejor apuesta para el desarrollo: SEP

México / 08 de marzo de 2017 / Fuente: http://www.24-horas.mx

Afirma que la enseñanza para todos constituye una meta social clave hacia la cual se deben dirigir y enfocar esfuerzos

El subsecretario de Educación Media Superior, Rodolfo Tuirán Gutiérrez, afirmó que la inversión en educación y ciencia constituyen la mejor apuesta y la clave del desarrollo.

Al recibir el Doctorado Horis Causa de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el 3 de marzo pasado, por su trayectoria y labor social, añadió que la enseñanza para todos constituye una meta social clave hacia la cual se deben dirigir y enfocar esfuerzos.

“La educación y la ciencia son el pasaporte para el futuro. Su impulso debe guiarnos a un mejor porvenir para todos. Solo por esta vía lograremos, por ejemplo, una inserción más ventajosa en la economía basada en el conocimiento”, aseveró el funcionario de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Tuirán Gutiérrez puntualizó que la educación representa mejores oportunidades y activos para resolver los problemas, fomenta la inclusión, propicia el ejercicio de los derechos humanos, alienta la tolerancia.

Para construir un mejor futuro, México cuenta, entre sus activos, con las instituciones educativas, en particular con las instituciones de educación media superior y, sobre todo, con las universidades públicas del país, subrayó.

Al resaltar que las universidades públicas concentran buena parte de la inteligencia colectiva, y “han influido en forma decisiva en la edificación del país”, reiteró su compromiso con la educación y agradeció la distinción otorgada por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

Tuirán Gutiérrez inició sus estudios en esta universidad a los 17 años de edad, es economista, demógrafo, sociólogo, y obtuvo el grado de doctor en Sociología en la Universidad de Texas en Austin.

Es autor o coordinador de 30 libros y alrededor de 200 artículos en libros y revistas especializadas y de difusión temas socio-demográficos, y en julio de 2004 recibió el Premio Nacional de Demografía, es Investigador Nacional desde 1991 (Nivel III).

Een 2011 la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez creó en su honor la Cátedra Patrimonial en Demografía “Dr. Rodolfo Tuirán”, y le ha sido conferido el Doctorado Honoris Causa por seis instituciones de educación superior.

Fuente noticia: http://www.24-horas.mx/educacion-y-ciencia-la-mejor-apuesta-para-el-desarrollo-sep/

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Historia de una pregunta fugaz y pasajera

por: Miguel Ángel Pérez

Todo comenzó con un anuncio triunfalista y hegemónico. La reforma educativa nos salvará de todos los males y por fin nuestras escuelas y la educación en México serán de calidad. La pregunta que nos hicimos muchos desde el inicio fue la siguiente: ¿cuáles serán los beneficios y las verdaderas ventajas que condensa la propuesta gubernamental de reforma educativa?

Ante esta pregunta el gobierno respondió con un impresionante despliegue de recursos y de protagonismo de los dos titulares de la SEP que han desfilado por dicha secretaría. Se hicieron ajustes a la ley, se modificó el esquema para incorporar y garantizar la carrera académica de los nuevos y también de los viejos docentes y por último, se reforzó el organismo encargado de promover y cuidar el elemento central de dicha propuesta de reforma: la evaluación del desempeño docente.

Así las cosas, la pregunta seguía en el aire, que ganará el país, los niños, niñas y jóvenes, los docentes y la sociedad en su conjunto con la reforma educativa que propuso el gobierno desde el inicio del sexenio.

La pregunta de origen se ha desdibujado, poco a poco entre la protesta magisterial y las mismas contradicciones de la naturaleza de la propuesta de reforma instrumentalizada desde el gobierno, se ha contribuido a que la propuesta de reforma pierda peso y pierda el piso sobre el cual se sostenía.

Hoy en día el secretario de educación ya no visita las escuelas cada lunes desde muy temprano como lo hacía al inicio, habla poco para no equivocarse tanto en asuntos como anular el acto de leer y cambiarlo por el inexistente acto de ler. Los excesos de la reforma aún penden del alambre pero pronto caerá, los docentes que fueron engañados y separados de su cargo por negarse a asistir a un ejercicio de evaluación a todas luces punitiva, son los que tuvieron que sacrificarse por todos. La reforma ha fracasado y el gobierno está obligado a reparar los daños y hacer uno o varios ajustes de tuerca al sistema.

La pregunta de origen se ha desdibujado, ha dado lugar a hipótesis que no se habían planteado en el origen, en la esfera de los gobernantes ya no se preguntan acerca de qué etapa sigue o cómo hacer para pasar a la ofensiva en el esquema de reforma, ahora se preguntan sobre cuándo terminará esto, en dónde nos equivocamos, cuándo nos salimos del camino, por qué la calidad no mejora, a qué se debe que no mejoren los indicadores internacionales, etcétera.

Después de la publicación de los resultados de la prueba PISA y del comparativo internacional con las países miembros de la OCDE más los países invitados, no sólo se demuestra la desnudez de la realidad educativa de nuestro país, sino también y junto a ello, la incapacidad gubernamental por dar respuesta ante un escenario adverso.

La pregunta de origen ya no existe, se ha difuminado, se ha ido junto con la reforma que la acompañó, ahora la nueva pregunta es: ¿cómo hacer para impulsar una verdadera reforma educativa al lado de los docentes y que responda a las necesidades formativas de niños y niñas, y que mire de frente hacia el futuro dentro del que aspiramos a formar a los nuevos mexicanos?

*Doctor en educación. Profesor-investigador de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Guadalajara. mipreynoso@yahoo.com.mx

Fuente: http://www.educacionfutura.org/historia-de-una-pregunta-fugaz-y-pasajera/

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El derecho a no tener derechos en la Ley General del Servicio Profesional Docente

Por Lilia Partida

En el marco de la Iniciativa Ciudadana para la Educación Pública para Todas y Todos, surgió la necesidad de socializar tanto las contra reformas al Artículo 3° y 73 de nuestra Carta Magna como de las leyes secundarias creadas ex profeso para dar sustento y operatividad a los decretos, todo aprobado fast track. A continuación un  análisis de esta regresiva y punitiva ley.

 En su Artículo 1° la define como la ley reglamentaria de la fracción III del artículo 3° constitucional, de observancia obligatoria en todo el país, misma que fija las condiciones para el Ingreso, la Promoción, el Reconocimiento y la Permanencia en el empleo de los docentes de educación básica y media superior. Consta de 83 Artículos y 22 Transitorios.

Aprobada con premura por ambas cámaras y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de septiembre de 2013, priva  de la jerarquía de las leyes del trabajo contenidas en el Artículo 123 al magisterio. Una de las premisas  sostenidas por las autoridades educativas para legalizar esta ley, ha sido el tener una educación de calidad por lo que consideran imperativo evaluar a los docentes en servicio y de nuevo ingreso.

Esta ley determina un Marco General de una Educación de Calidad en la fracción XVII del Artículo 2° como al “conjunto de perfiles, parámetros e indicadores que establecen a fin de servir como referentes para los concursos de oposición y la evaluación obligatoria”.

La LGSPD especifica en varias fracciones de su Artículo 4° diversos conceptos,  la evaluación la define como la acción realizada para medir la calidad y resultados de la función docente, directiva, de supervisión, de asesoría técnica pedagógica o cualquier otra de naturaleza académica.

El segundo transitorio borra de un plumazo todo lo que contravenga a esta ley secundaria, no obstante, se reitera el “pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación”, en evidente contradicción y violación a los derechos constitucionales contenidos en sus Artículos 1°y 14°; condiciones generales de trabajo; nombramientos de personal, y cualesquier derecho previo a la promulgación de estas leyes, representa la pérdida expedita de todos los derechos laborales y sindicales.

La LGSPD funge como una ley suprema, que mandata a todas las entidades federativas, anula todo derecho y es obligatoria so pérdida del empleo, pero con pretensiones magnánimas como se observa en la fracción XXII, del Artículo 4°, al señalar que se respetaran  los derechos constitucionales, esto es a continuar en el trabajo donde ya se contaba con nombramiento definitivo, o un interinato indefinido, siempre y cuando se acate la llamada evaluación.

El Artículo 8° sobre las atribuciones de las autoridades educativas locales en educación básica, menciona en su fracción 1° el someter a decisión de  la SEP propuestas de perfiles, parámetros e indicadores de carácter complementario para el ingreso, promoción, permanencia o reconocimiento, sin embargo, se exigen mediciones universales.

En el Capítulo II, Artículo 15 sobre la Mejora de la Práctica Profesional, se habla de la obligación de una evaluación interna. Cabe hacer mención que la evaluación formativa siempre se ha hecho en cada plantel, a lo largo de cada ciclo escolar, en dialogo entre pares, en plenarias y en juntas de consejos técnicos  sin carácter obligatorio coercitivo, clasificatorio o punitivo.

El Artículo 20, cita “los resultados de la evaluación interna deberán dar lugar al establecimiento de compromisos verificables de mejora. En ningún momento podrán ser causal de procedimientos de sanción ni tener consecuencias administrativas o laborales”.

Es importante retomar esta concepción de evaluación, distinta y ajena a la que prevalece en la LGSPD, ya que es la ruta del trabajo dialógico, colegiado, cooperativo, contextualizado, con resultados reales, contrario a la medición que hostiga y castiga hasta el grado del cese o término de las relaciones laborales.

El Capítulo III, contiene las condiciones para el Ingreso al Servicio de Educación Básica y Media Superior. En su Artículo 22 se menciona “que el ingreso a una plaza docente dará lugar a un Nombramiento Definitivo de base después de seis meses de servicios”; durante dos años el individuo que ingrese tendrá un tutor y realizará una evaluación al término del primer año escolar, pero en caso de no presentar evaluación o sea insuficiente su nivel de desempeño, se terminará su nombramiento. Esto es, quienes ingresen como docentes estarán también en permanente inestabilidad y sujetos indefectiblemente a presentar la llamada evaluación.

En cuanto a la insuficiencia del nivel de desempeño, es cuestionable, ya que la persona de nuevo ingreso, cumplió todo lo dispuesto por la LGSPD, y si al año fuera deficiente, pone en duda la confiabilidad y validez de los instrumentos que  lo calificaron como idóneo y por ende a todos los que realizan  dichas pruebas.

Aunado a esto, el Artículo 23 habla de plazas no de personas: las plazas se asignaran con base al puntaje de idoneidad por un ciclo escolar sujeto a las necesidades del servicio, por lo que el docente  puede ser readscrito al término del año escolar, esto es, podría estar adscrito a una escuela en Milpa Alta (suroriente) y ser reasignado en Azcapotzalco (norponiente).

Por otra parte, el Artículo 24 indica que en los concursos de oposición puede participar todo interesado que se ajuste a los requerimientos, o sea cualquier egresado de universidades públicas o privadas, reconocidas o conocidas como “patito”, puede concursar y sí resulta idóneo, tendrá nombramiento de maestro de la niñez y juventud mexicana urbana o rural. La misma niñez por la que el Secretario de Educación Aurelio Nuño Mayer, públicamente reclama al magisterio su oposición a la reforma educativa y proclama “los niños están en el centro de nuestros afanes, en todo nuestro trabajo para aplicar en todo el territorio nacional la reforma educativa nada puede estar por encima de la ley’’[1],  Así, la educación estará en manos de egresados de licenciatura, sin conocimientos pedagógicos, ni didácticos, y además sin vocación, en franca contradicción con el “interés supremo por la infancia” publicitado por los gobernantes en turno.

El que las autoridades educativas autoricen que cualquiera puede ser maestro, además de denotar la falsa preocupación por la educación de millones de infantes, niños y jóvenes, tiene como objetivo el desmantelamiento y refuncionamiento total de las escuelas normales en sintonía con la recomendación tercera de la OCDE que exige “estándares rigurosos para acreditar a todas las normales” y con los objetivos del programa “Ahora es cuando” de Mexicanos Primero, sustentándolo en el Transitorio 22 de esta ley. Fomentando a su vez los negocios de empresas privadas con cursos “garantizados”, capacitaciones, diplomados, etc., mismos que fortalecen otra vía hacia la privatización de la educación.

El capítulo IV, de la promoción a cargos con funciones de dirección y supervisión, en su Artículo 27, instruye que la “inducción será de dos años ininterrumpidos, dentro del cual el personal deberá cursar los programas de desarrollo de liderazgo y de gestión escolar”. Un indicador será la capacidad de manejar grupos, convencer y contactar para allegar recursos a la escuela,  estar convencido de su papel de gestor en menoscabo de la responsabilidad del Estado para asignar recursos a la educación pública y propiciar la injerencia de la iniciativa privada.

Para lograr participar en programas de promoción, mismos que pueden ser incremento de horas, nombramiento de asesor técnico pedagógico e incentivos permanentes o adicionales, los participantes sólo serán los que “destaquen en los procesos de evaluación del desempeño; se sometan a procesos de evaluación adicionales y reúnan demás condiciones establecidas (Artículo 38, fracciones I, II y III). O sea, los más sumisos de los sometidos, serán los elegidos.

En cuanto a la permanencia en el servicio, el Artículo 52 indica que las autoridades deberán evaluar el desempeño docente y de funciones dirección o supervisión; la evaluación es obligatoria y el INEE “determinara su periodicidad, considerando por lo menos una evaluación cada cuatro años y vigilará su cumplimiento”. Las recurrentes evaluaciones decidirán la permanencia o no en el trabajo.

En el Artículo 53 se cita que en caso de resultados insuficientes, el personal se incorporará a programas de regularización que las autoridades mandaten; después “tendrá la oportunidad de sujetarse a una segunda oportunidad de evaluación en un plazo no mayor de doce meses”; si nuevamente fuera insuficiente, presentará una tercera evaluación en otro plazo no mayor a doce meses y en caso de continuar con resultados insuficientes, “se darán por terminados los efectos del Nombramiento correspondiente, sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado”. Esta terminación de nombramiento, implica la pérdida total de todos los derechos adquiridos, así al docente se le despide sin jubilación, liquidación, sin nada y además con  el  daño psicosocial como docente y como persona.

Sobre los derechos, obligaciones y sanciones, la LGSPD en su Artículo 68 enuncia que los docentes tendrán derechos como participar en los concursos y procesos de evaluación respectivos y obligaciones como el cumplir con los procesos establecidos para las evaluaciones, cumplir con el periodo de inducción y sujetarse a la evaluación.

Es manifiesto como esta LGSPD revierte los derechos del magisterio en flagrante violación y contradicción a los derechos humanos y al Artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice “a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”. Resulta que ahora es un derecho el no tener derechos, el intercambiar el derecho de tener una plaza de base por exámenes obligatorios continuos que condicionan la permanencia en el empleo y que  en caso de incumplir pondrá fin al nombramiento.

Aunado a lo anterior en el Artículo 75  las autoridades educativas podrán señalar como “posible infractor” a aquel maestro que consideren incumplió con sus responsabilidades laborales y dictaminar en 10 días su resolución que podría ser el despido, sanción imposible antes de la promulgación de esta ley ya que en caso de infracciones, era el sindicato con la autoridad administrativa quienes elaboraban actas, investigaba y dictaminaba, ahora quien juzga y dictamina es la misma instancia.

En el 8o. transitorio queda plasmado que el personal con nombramiento definitivo se “ajustará a los procesos de evaluación y a los programas de regularización (…), el personal que no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación a que se refiere el Artículo 53, no será separado de la función pública y será readscrito”; también señala que quien no presente evaluación o no se incorpore a los programas de regularización será cesado sin responsabilidad de las autoridades educativas.

En el caso de la readscripción esta será a actividades administrativas con el consecuente decremento salarial y en la percepción en la jubilación; además del daño y deshonor generado al calificarlo como no idóneo.

Las Normales.- El Transitorio 22, señala que la “Secretaria formulará un plan integral para iniciar a la brevedad los trabajos formales, a nivel nacional, de diagnóstico, rediseño y fortalecimiento para el Sistema de Normales Públicas a efecto de asegurar la calidad en la educación que se imparta y la competencia académica de sus egresados, así como la congruencia con las necesidades del sistema educativo nacional”. Muestra de las presiones para la “modernización” y desaparición de la escuela normal son las declaraciones de Arcadio Méndez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Michoacán, quien afirmó que cámaras y organismos empresariales solicitaran al presidente Peña Nieto, el cierre de las cinco normales rurales, porque “hay grupos guerrilleros, sabemos que el primer año es enseñarles tácticas de guerrilla”.1

El Transitorio 20 inserta para la evaluación de la LGSPD a maestros, directivos y supervisores de educación media superior del Instituto Politécnico Nacional. En este sentido hay que tener muy en cuenta los niveles educativos que se incluyen en el Artículo 10 de la Ley General de Educación. [2]

Señala en su Artículo 4, inciso XVII el “pleno derecho a los derechos constitucionales” y en el Artículo 74 indica que el incumplimiento ocasionará la terminación del nombramiento sin responsabilidad para la autoridad educativa y sin resolución previa del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.[3]

La LGSPD representa la violación de los derechos humanos y derechos constitucionales contenidos en los Artículos 1°,14°; 123, la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado y de los derechos sindicales.

Con esta ley se sitúa al magisterio en un régimen de excepción laboral con  efectos retroactivos en perjuicio del profesorado al eliminar los derechos histórica y constitucionalmente conquistados, y enarbolar en flagrante violación a los DD.HH., “el derecho a no tener derechos”, al sustituir la seguridad en el empleo por el “derecho a participar en un concurso”, desfondando la estabilidad laboral, poner en riesgo la antigüedad y el salario, obligarlos a exámenes punitivos estandarizados e intermitentes, a la división, la competencia, el control gremial así como la degradación de su función. Los califica y clasifica como idóneos o no idóneos mediante un instrumento de indefendible idoneidad.

1 Jiménez Néstor, Las normales nido de guerrilleros; que las cierren: IP. La Razón, 09 agosto de 2016

[2] Aboites, Hugo. La reforma educativa: también contra los universitarios. La Jornada, p. 31, 30 de noviembre de 2013.

[3] Se coloca a los maestros a un régimen de excepción donde no hay institución ni derecho que los proteja. En junio de 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación con 11 votos (unanimidad), negaron el amparo a maestros inconformes con la evaluación, concluyeron que la LGSPD no atenta contra la estabilidad laboral, por ser un requisito constitucional

Fuente: http://www.educacionfutura.org/el-derecho-a-no-tener-derechos-en-la-ley-general-del-servicio-profesional-docente/

Imagen: www.educacionfutura.org/wp-content/uploads/2013/09/epn-firma-leyes-secundarias.jpg

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México: Reporta SEP participación del 97% en evaluación en Chiapas

Chiapas / 08 de febrero de 2017 / Por: Erick Juárez Pineda / Fuente: http://www.educacionfutura.org/

En el marco de la segunda jornada de evaluación extraordinaria para el ingreso a la Educación Básica en el estado de Chiapas, la Secretaría de Educación Pública (SEP), anunció que se presentaron 277 docentes de 285 programados, lo que significa una participación del 97.19%

La jornada se realizó en completa tranquilidad, y demostró que la aplicación plena de la Reforma Educativa es ya una realidad en Chiapas, como en todo el país; explica la dependencia mediante un comunicado.

La SEP y la Secretaría de Educación de Chiapas agradecen a los docentes participantes por su compromiso en la evaluación para acceder a una plaza del sistema educativo, como lo marca la Ley General del Servicio Profesional Docente, así como con la aplicación de la Reforma Educativa.

En este contexto, diversos medios reportan que maestros de las Secciones 7 y 40, adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), estudiantes y miembros de organizaciones sociales, tomaron simbólicamente el Congreso del estado para exigir la derogación de las reformas estructurales.

“Nos estamos dando cita para manifestarnos y demostrar nuestro repudio al ultraje que este gobierno fascista le viene haciendo a nuestra Constitución; la CNTE defiende los derechos del pueblo y ha manifestado su preocupación por la aplicación de las reformas estructurales”, dijo Hugo Alvarado Domínguez, vocero de la Sección 7.

Fuente noticia: http://www.educacionfutura.org/reporta-sep-participacion-del-97-en-evaluacion-en-chiapaschiapas/

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Conspirar contra los niños y el derecho a estudiar

Lev Moujahid Velázquez Barriga *
José Manuel es un alumno que cursa el primer año en la telesecundaria de La Nopalera, municipio de Apatzingán, en Michoacán, ubicada en la zona conocida como Tierra Caliente. Tiene 13 años de edad, pero no es el mayor en su grupo, su mejor amigo ya cumplió los 16; sin embargo, eso no es raro en los estudiantes matriculados que han sido rechazados, expulsados o reprobados de las secundarias técnicas y generales de la ciudad, sobrepobladas hasta con 60 alumnos por salón.

Desde que inició el ciclo escolar, José Manuel no pudo pagar 14 pesos diarios de transporte urbano y menos podrá ahora que subió a 16, así que los días de escuela tiene que andar a pie varios kilómetros por senderos improvisados de terracería; algunos son viejos caminos que conectan a las comunidades rurales, en los que ya sólo transitan jornaleros y los grupos delincuenciales para el trasiego de droga, evitando las carreteras federales y los retenes militares.

Durante los 30 minutos que hace de su casa a la escuela, reconoce bien las parcelas de limón porque ha estado ahí. Él, junto a otros de sus compañeros, es parte de los 2 millones y medio de menores que entre los cinco y 14 años de edad tienen que trabajar para sobrevivir, de otro modo sería imposible que siguieran estudiando; las ausencias por trabajo que comienzan de uno a dos días a la semana en la escuela, ocasionalmente se vuelven definitivas hasta que se ven obligados a abandonarla por completo.

Hace varios años que José Manuel ya no vive con sus padres, sino con sus tíos, quienes trabajan en la informalidad y residen en una colonia en la que se aprecian multitud de casas hechas de cartón, hule y madera. El asentamiento creció en los márgenes urbanos, entre la carretera federal rumbo a Cuatro Caminos y la zona ejidal de La Nopalera Oriente, ambos han sido escenarios recurrentes de violencia.

En el tramo carretero se han suscitado infinidad de narcobloqueos, tiroteos, robos de autos a mano armada y hasta feminicidios; en las calles aledañas a la escuela, persecuciones, secuestros y ejecuciones. Tan sólo en 2016 fueron asesinadas siete personas de la comunidad, entre ellas el fundador local de las autodefensas, baleado unas horas después de que Silvano Aureoles y José Antonio Meade, entonces secretario de la Sedesol, asistieran a la cabecera municipal el Día del Niño, rodeados de militares y federales, para promocionar programas de ayuda a huérfanos y viudas, víctimas de la violencia.

Ante esta situación, común en diferentes zonas de Michoacán, pero también de todo el país, la reforma educativa no ha aportado casi nada. Criminalizar a los alumnos a través de mochila segura es un golpe más a su vulnerabilidad, cuando ellos son víctimas del contexto que los rodea y de un currículo carente de calidez humana, centrado en fines desprovistos de sensibilidad y sentido trascendente para la personalidad, como el de alcanzar la calidad empresarial.

No obstante que la falta de recursos económicos y las lejanas distancias se encuentran entre los factores centrales del abandono escolar, la SEP plantea el cierre de centros escolares a través de su programa de reconcentración, cuyo plan piloto inicia este año en zonas urbanas; la amenaza pesa sobre escuelas como la de José Manuel, insertas en pequeñas comunidades que fueron absorbidas por la ciudad, pero que se resisten a los cambios de la vida urbana, también sobre las periferias miserables a donde las familias fueron excluidas y que serían más excluidas aún sin la posibilidad de sus hijos para crecer en el estudio.

Es evidente que el gasolinazo no frenará el cierre de los centros educativos, y que tampoco tendrá algún impacto positivo en el fortalecimiento de la educación pública, como aseguraron Peña Nieto y Aurelio Nuño que lo tendría; al contrario, impactará negativamente, porque la escasa economía familiar golpeada por las constantes y desmedidas alzas de los precios, seguirá siendo un factor cada vez más decisivo en la exclusión de los niños que no ingresan a las aulas y la deserción de otros muchos que las abandonarán por falta de recursos económicos.

Datos sustentados por las investigaciones del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) muestran que con el aumento del salario a 80 pesos, no se alcanza a cubrir ni 40 por ciento de la canasta básica recomendable. Otros estudios indican que antes del gasolinazo y la oleada de aumentos de precios, 40 por ciento de la población vivía en pobreza laboral, lo que significa que este año las personas sin acceso a lo básico para sobrevivir superarán los 50 millones.

En estas circunstancias, para las familias como la de José Manuel pensar en gastos extraordinarios: uniformes, calzado, transporte y completar los útiles escolares, hace de la educación un derecho cada vez más inalcanzable. Alejar los centros escolares de donde los menores de edad más los necesitan, tratarlos como criminales y encarecer la vida con políticas económicas irresponsables, es condenarlos a la miseria, conspirar para expulsarlos del sistema educativo público y abandonarlos, como ya se hizo con los otros 3.8 millones que no van a la escuela.

* Doctor en pedagogía y maestro de telesecundaria

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2017/02/03/opinion/022a2pol
Imagen: https://3.bp.blogspot.com/-NZjj58rbLMA/WHyfkXFjmAI/AAAAAAAADCY/DK7J1FNT6PoIiUfrv0-HYsGLyrFj553UQCLcB/s1600/aprendizaje-cooperativo-02-Universidad-de-Alcal%25C3%25A1-e1484305637707.jpg
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