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Más educación y formación de adultos a lo largo de la vida

Por: María Luz Martínez Seijo.

Es necesario impulsar la acreditación de la experiencia laboral, reforzar la Formación Profesional y mejorar la colaboración entre el sistema educativo y el mundo empresarial

Los datos que arroja el último informe de la OCDE 2018 Panorama de la Educaciónnos revela que en España existe un serio problema de reproducción social a través de la educación, especialmente para los que no alcanzan los niveles post-obligatorios. El 55% de los adultos que no traspasan ese umbral educativo proceden de padres que tampoco lo alcanzaron. Se trata de un círculo cerrado de pobreza educativa luego traducida en bajos salarios y en pobreza monetaria que vuelve a transmitirse inter-generacionalmente. Romper dicho círculo cerrado es la máxima prioridad para la justicia educativa y para la igualdad real de oportunidades.

Si bien es cierto que la tasa de graduación en la ESO se ha incrementado en España en los últimos años alcanzando el 81%, todavía la tasa de abandono escolar es elevada (18%) y supone un gran reto para España. Especialmente preocupante es que el 34% de la población adulta-joven española de 25 a 34 años de edad no haya alcanzado el nivel de educación secundaria superior, comparado con la media del 15% de la OCDE. Es una brecha de 19 puntos que las políticas educativas y de formación han de encarar con decisión y valentía. Es evidente que no podemos mejorar nuestro presente y futuro económico sin una amplia base social formada y cualificada.

Por eso, se impone como prioridad hacer un esfuerzo para elevar la participación de los menos formados en la educación continua para adultos y en lograr cualificaciones que mejoren sus opciones de empleo. En torno al 50% de la población activa española no tiene acreditada su experiencia laboral atesorando habilidades y competencias no reconocidas por ninguna titulación.

El alcance en el nivel educativo de las personas determina el modelo de sociedad que se pretende. Los socialistas estamos plenamente convencidos de que debemos combatir un modelo de sociedad cada vez más dualizada y desigual que deja a un tercio de población atrapada en la desventaja y la vulnerabilidad social. Combatir este modelo exige abordarlo desde la igualdad de oportunidades que el sistema educativo debe garantizar. Esto no se logra con una selección del alumnado en función de sus posibilidades económicas, ni con insuficientes ayudas para material escolar, ni con una ratio excesiva de alumnos por clase, limitando los apoyos educativos y las medidas de compensación educativa por desventaja social.

En torno al 50% de la población activa española no tiene acreditada su experiencia

Medidas que perjudican a los más débiles y que tienen consecuencias en las opciones sociales, laborales y económicas que determinan un modelo de sociedad precaria, con más personas sin cualificaciones, con trabajos mal pagados, destinados a la vulnerabilidad social permanente y a un ejercicio muy frágil de su ciudadanía.

Los socialistas optamos por políticas igualitaristas y universalistas que no dejen a nadie atrás fundamentadas en un enfoque de derechos y de ciudadanía activa, puesto que las libertades individuales no pueden ejercerse si antes no aseguramos la igualdad real de oportunidades. Para ello es necesaria una doble estrategia.

En primer lugar, prevenir y reducir el abandono escolar, con un nuevo modelo educativo y evaluativo más competencial, con planes y recursos específicos, con seguimiento del alumnado que abandona para poder reinsertarlo nuevamente al sistema, con refuerzo de la coordinación y co-responsabilidad entre distintas administraciones y agentes sociales. La reducción del abandono escolar es la base para que nuestra sociedad adquiera una mayor cohesión social y redistribuya oportunidades de promoción social. Su disminución adquiere también gran importancia puesto que se conseguirá que la recapitalización formativa del joven pueda hacerse efectiva a lo largo de su vida. Reducir el abandono temprano es superar el círculo de la pobreza formativa transmitida de padres a hijos y posibilitar trampolines para el ascenso social y cultural.

Vamos a prevenir y reducir el abandono escolar con un nuevo modelo educativo y evaluativo más competencial

En segundo lugar, se debe fomentar la educación y formación de la población adulta, que ha de cobrar un especial protagonismo tanto en la educación reglada como en la no reglada. Los Centros de Educación para Adultos juegan un papel clave como vía para la obtención de títulos y como puente para la continuación de la formación. En esta línea de trabajo es necesario impulsar la acreditación de la experiencia laboral, reforzar la Formación Profesional modular que permita la conciliación del trabajo y la formación continua y mejorar la colaboración y comunicación entre el sistema educativo y el mundo empresarial, abordando las necesidades de formación continua de los trabajadores que se van detectando en el ámbito laboral.

Es por todo ello esencial que toda sociedad se impregne de la cultura del aprendizaje y la formación permanente, tomando conciencia de la importancia de lograr titulaciones intermedias para escapar del círculo de la herencia social de una baja formación, una empleabilidad vulnerable y una ciudadanía desvinculada de la corriente principal. Elevar el nivel educativo de la población adulta con más cualificaciones, no sólo contribuye a mejorar la productividad y el desarrollo económico, sino, sobre todo, garantizar un mayor desarrollo social y cultural de una ciudadanía más ilustrada, abierta, tolerante y crítica que reforzará nuestra democracia y nuestra libertad.

Fuente del artículo: https://elpais.com/sociedad/2018/11/02/actualidad/1541161966_558381.html

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INEEcesario

México / 4 de noviembre de 2018 / Autor: Manuel Gil Antón / Fuente: Educación Futura

Doce días quedan de octubre y noviembre trae treinta. Al iniciar diciembre, asumirá el poder ejecutivo el licenciado López Obrador. En seis semanas. A partir de ese momento (o antes si los legisladores deciden no esperar a la toma de posesión) las modificaciones al artículo 3º que dieron lugar a la reforma educativa actual tendrán sus días contados. Esa cuenta, pues, no será larga.

Los cambios fueron varios, pero no aislados: al relacionarse producen, en conjunto y por su imbricación, lo que se llamó reforma educativa. En otras palabras, la resultante de sus vínculos es la reforma. De esto se sigue que, si ha de abrogarse, será necesario desatar lo que anudaron, tanto en el texto constitucional como las leyes reglamentarias.

Se ha generado un debate en torno a si el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INEE, debe o no continuar; si es necesario o no y, en su caso, con qué modificaciones. A mi juicio, la discusión yerra en su enfoque si no se considera que el INEE es parte integral de la reforma: una cosa es proponer que el INEE concebido e integrado a la reforma se mantenga, y otra si el país requiere una institución autónoma que genere información, válida y confiable, sobre el estado que guarda el sistema educativo con el fin de fincar, en ese conocimiento, tanto políticas y programas, como propuestas y críticas a las autoridades responsables que no pueden, ni deben, ser juez y parte.

En el apartado IX del tercero constitucional, se ubica al INEE como el coordinador del Sistema Nacional de Evaluación, mismo que se crea “para garantizar la prestación de servicios educativos de calidad”. Entre las tareas que se le asignan, hay una que es crucial para la reforma: “expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden”. Si el INEE evalúa los componentes, procesos o resultados del sistema (otra de sus funciones), ¿cuáles son las evaluaciones que le tocan a las autoridades? Las que tienen que ver con el ingreso, promoción y permanencia de los docentes. He ahí, creo, el quid del asunto: al Instituto se le dio la tarea de decirle al patrón cómo hacer su trabajo y, de ese modo, se incluyó al INEE en el terreno laboral y a fondo: determina lo que debe hacer la autoridad, por medio de la Coordinación del Servicio Profesional Docente, para evaluar y decidir quién ingresa al, o se promueve o permanece en, el trabajo. Los lineamientos no son sugerencias, son mandato. Entonces, como entidad autónoma y máxima autoridad en materia de evaluación, ha legitimado los procedimientos contractuales. Por ello, mantener el INEE de la reforma actual no es conveniente.

Sostener esta posición no implica que se considere innecesaria otra institución, autónoma, que produzca información certera, la analice y difunda. Al contrario, es crucial. Es imprescindible un Sistema Nacional de Información Educativa confiable, ajeno a las relaciones laborales, cuya coordinación resida en un organismo autónomo, conocedor del sistema. Valga la comparación: un INEGI educativo. Hay en el actual INEE personas muy calificadas para hacer esta labor. Lo han hecho: deberían ser parte de la nueva entidad que, por cierto, ha de tener tamaño razonable y una forma de gobierno inteligente.

Aunque parezca paradójico, creo que es preciso que se elimine al INEE actual, por ser parte fundamental del engranaje de la reforma laboral del gobierno que termina, para dar lugar a la institución que, sin duda, se requiere. Ha de ser distinta, fuera de la “arquitectura” legal de la reforma vigente, dentro de otro proyecto de transformación educativa que, ojalá, sí esté guiado por mejorar el aprendizaje y la formación de los docentes. Un instituto autónomo sí, pero no así.

Fuente del Artículo:

INEEcesario

Fuente de la Imagen:

ove/mahv

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Argentina: Reducción del presupuesto educativo (Audio)

Argentina / 4 de noviembre de 2018 / Autor: FM La Tribu / Fuente: La mar en coche

La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, presentó el pasado viernes en la Legislatura el presupuesto que se le asignará a su cartera durante 2019.

Soledad resaltó que desde el Ministerio tienen cinco ejes: mejorar la calidad educativa; asegurar la equidad; asegurar la sustentabilidad del sistema educativo; orientar la escuela hacia el futuro; y, promover la ciencia, la tecnología y el emprendedurismo.

Amanda Martin, Secretaria Adjunta de Ademys, explica cómo fue la presentación del presupuesto: “Nosotros hemos ido a denunciar la reducción del presupuesto educativo. La Ministra de Educación no mencionó el problema de la UniCABA, no mencionó el problema de los 29 Institutos de Formación Docente y se fue de la legislatura en medio de abucheos porque no daba ningún tipo de respuesta a los señalamientos que le habían planteado los legisladores”.

 

 

 

Fuente de la Entrevista:

REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO EDUCATIVO

ove/mahv

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Puerto Rico: Los cambios en el plan fiscal de la UPR limitan acceso educativo

Redacción: El Nuevo Día

Eso advierte el presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico

El nuevo plan fiscal de la Universidad de Puerto Rico (UPR) supone que unos 6,000 estudiantes dejarían de recibir una exención en la matrícula, se decretaría un aumento en el costo de cada crédito y se recortaría el retiro de los jubilados del sistema.

Pero lo peor para el presidente de la Junta de Gobierno de la UPR, Walter Alomar, es que el efecto combinado de las medidas promulgadas ayer por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) dificultarán el acceso de los estudiantes de escasos recursos económicos al sistema de enseñanza universitaria.

“El 40% de los estudiantes de la UPR necesita ayuda económica”, precisó Alomar al ilustrar la necesidad.

En la versión certificada ayer por la JSF, el costo de la matricula sube a $115 durante el primer año de vigencia del documento. Otros aumentos continúan en los años subsiguientes. Del mismo modo, se imponen límites de necesidad económica a las exenciones o becas que reciben los alumnos del sistema.

Del mismo modo, se propone la consolidación de los campus bajo los recintos de Mayagüez y Río Piedras. El único centro educativo que no sería alterado es el Recinto de Ciencias Médicas.

Las tareas administrativas y no docentes, como las que realizan las oficinas de Recursos Humanos y de Finanzas, se consolidarían y se reduciría la empleomanía. Las consolidaciones administrativas comenzarían este año fisca, mientras que la fusión de programas académicos iniciaría en el 2020.

Las determinaciones de la Junta se dieron pese a los cuestionamientos y las objeciones levantadas por el propio Alomar y miembros del público en la reunión pública que celebró ayer la JSF. Por ejemplo, Diana Rivera Viera afirmó que las reducciones en las pensiones que la Junta impulsa son innecesarias puesto que el sistema de retiro de la UPR está saludable, asunto que contradijeron los miembros de la Junta.

El alumno Jesús Soto, de la UPR en Aguadilla, resaltó que los estudiantes no tienen culpa del mal manejo de las finanzas del gobierno por lo que no deberían pagar las consecuencias.

“Nos están ahorcando”, dijo.

Alomar, por su parte, dejó entrever que no necesariamente estarían implantando todas las reformas que se exigen en el documento fiscal, especialmente en el área de las exenciones que reciben los estudiantes.

Dijo que le probarán a la JSF que algunas de las disposiciones, como la que recorta las becas, son innecesarias.

Fuente: https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/loscambiosenelplanfiscaldelauprlimitanaccesoeducativo-2454900/

 

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Maduro anuncia creación de Universidad Experimental Samuel Robinson

América del sur/Venezuela/01 Noviembre 2018/Fuente: Prensa Latina

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, suscribió hoy un decreto para la creación de la Universidad Experimental de Magisterio Samuel Robinson, como parte de la meta de desarrollo nacional del país suramericano.
Durante el acto de graduación de docentes del programa Simón Rodríguez, dedicado a la formación de maestros, el mandatario resaltó la necesidad de descolonizar el pensamiento y alinear toda la educación venezolana con un proceso independentista.

La educación y la cultura son las más grandes herramientas para la batalla por la soberanía absoluta y por la felicidad total de nuestro pueblo, resaltó el jefe de Estado.

En ese sentido, anunció también la fundación próxima del Centro Internacional de Estudios para la Educación, la Acción y la Descolonización Luis Antonio Bigott.

‘Hoy podemos estar orgullosos de la creación de un sistema de educación pública, gratuita y de calidad por el Comandante Hugo Chávez, que hoy marcha hacia un futuro grande’, aseveró.

El mandatario destacó que gracias a programas sociales como la Misión Robinson, más de tres millones de venezolanos fueron alfabetizados e instruidos gratuitamente.

‘La derecha oligárquica de América Latina y del mundo plantea la educación como un privilegio, no como un derecho, pero esto es una batalla de la humanidad, indicó al respecto.

La misión Robinson es un programa social del gobierno, iniciado por el líder de la Revolución bolivariana, Hugo Chávez, dedicado a promover la enseñanza y alfabetización de la población venezolana a través del método cubano Yo, sí puedo.

Fuente: https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=225118&SEO=maduro-anuncia-creacion-de-universidad-experimental-samuel-robinson
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Una mirada a la Educación Rural en Maríalabaja, Montes de María, Colombia

Por: Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia

El Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ) es una plataforma para el pronunciamiento público, impulsado por el Campo estratégico en modelos y políticas educativas del Sistema Universitario Jesuita (SUJ). Su propósito consiste en la construcción de un espacio de análisis informado y de posicionamiento crítico de las políticas y las reformas educativas en México y América Latina, arraigado en la realidad social acerca de las injusticias del sistema educativo, y recupera temas coyunturales y estructurales en relación con la agenda educativa vigente.

Haidy Rodríguez Sánchez

Unipanamericana, Colombia

Red Temática de Investigación de Educación Rural

Durante las últimas décadas, diferentes pensadores latinoamericanos han criticado el proyecto de modernidad occidental que privilegió una expectativa de vida urbana “civilizada”, orientada al progreso y al desarrollo económico, a partir de economías extractivas de explotación en zonas de periferia o “rurales” y cimentada en el conocimiento científico y tecnológico industrializado. Dicho proyecto menospreció, censuró y estigmatizó históricamente otros saberes y formas de producción de la existencia, diferentes de los de la cultura moderna occidental, categorizando con un sesgo peyorativo a indígenas, afrodescendientes o campesinos, quienes, precisamente, han habitado los territorios rurales. Tal como señala Boaventura de Sousa: “Las entidades o realidades definidas como particulares o locales están aprisionadas en escalas que las incapacitan para ser alternativas creíbles a lo que existe de modo universal o global” (De Sousa, 2010, p. 24).

Esto se ve reflejado en las diferentes políticas educativas nacionales y en los diversos proyectos de escuela en Colombia, que han sido diseñados para configurar sujetos con capacidades para desenvolverse en las condiciones de la vida urbana tecnificada, propia del proyecto moderno, desconociendo, así, las dinámicas territoriales, la cultura y, por ende, la identidad de otro tipo de subjetividades.

Esta educación instrumental se ha transferido a los territorios catalogados como “rurales”, pero se ha cuestionado su pertinencia debido a sus bajos resultados en estas zonas. Entre las causas del bajo impacto se encuentran no sólo las condiciones precarias de infraestructura y equipamiento escolar presentes, sino la brecha que separa a los currículos, contenidos y metodologías empleados en los centros educativos, de las realidades y necesidades locales en las comunidades que habitan dichos territorios.

La anterior situación se presenta en la mayoría de zonas rurales del país; sin embargo, en las zonas de conflicto armado, el problema tiende a agudizarse en tanto que las condiciones suelen ser más hostiles y de difícil manejo, tal como sucede en los Montes de María.

La subregión de los Montes de María (MM) se encuentra ubicada en la Costa Norte de Colombia; está integrada por 15 municipios pertenecientes a los departamentos de Bolívar y Sucre. Esta vasta extensión geográfica tiene una superficie que rodea los 6 200 km2, divididos internamente en tres zonas: montañosa, piedemonte occidental y la zona de la troncal del río Magdalena.

Los MM ha sido uno de los territorios más afectados por el conflicto armado en Colombia, ya que cuenta con una importante posición geoestratégica y es punto de conexión entre el centro y el noroccidente del país, lo cual facilita el tráfico de armas, de narcóticos y el surgimiento de otras actividades ilícitas. Así, esta región se ha convertido en un escenario en permanente disputa por el control territorial, no sólo por parte de frentes guerrilleros y grupos paramilitares, sino que instituciones particulares y representantes del Estado también libran enfrentamientos por el uso de pasos estratégicos y tenencia de la tierra, así como de sus recursos naturales.

Entre los municipios más vulnerados está Maríalabaja-Bolívar. Esta entidad, en su mayoría, se encuentra habitada por población afrocolombiana y cuenta con un número importante de víctimas del conflicto; según cifras de la Alcaldía Municipal, en 2015 se registraron 18 695 personas, es decir, 39% del total de la población. Hoy, los estragos de la violencia siguen vigentes; por ello, los campesinos de la población reclaman la permanencia digna en su territorio, lo cual implica mejorar las condiciones y la calidad de vida de sus habitantes: servicios de salud, seguridad alimentaria, posibilidad de sostenibilidad pensada desde economías campesinas sólidas, servicios básicos y, por supuesto, educación de calidad, pertinente y basada en las necesidades locales; una educación con enfoque territorial.

Esta necesidad de primer orden obedece a las condiciones educativas presentes, que van desde la desarticulación curricular en clave de las agendas propias de los Montes de María y de Maríalabaja, un número insuficiente de docentes, principalmente de educación infantil, hasta temas propios de infraestructura y vías que posibiliten accesibilidad.

En consecuencia, en zonas rurales, como este municipio, de la subregión Montes de María, presenta situaciones de desigualdad, inequidad y falencias para alcanzar los resultados propuestos en las metas establecidas en las políticas educativas nacionales, de acuerdo con los principios de calidad, cobertura y equidad. Tales situaciones se evidencian en las dificultades de los niños y los jóvenes para acceder a la escuela, la ausencia de recursos educativos, equipamientos escolares e instalaciones y en la falta de programas de cualificación para los docentes de la región, entre otros. Tal como señala el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, “Las brechas en cobertura, permanencia y calidad educativa que existen actualmente en las zonas rurales en materia de educación preescolar, básica y media están ligadas a factores como infraestructura, recurso humano, currículos pedagógicos y administración de las sedes, entre otras, que acrecientan las brechas urbano-rurales” (MEN, 2017, p. 39).

Pero no basta con reconocerlo; es preciso cuestionar la pertinencia de los enfoques educativos basados solamente en competencias académicas que no responden a las condiciones de realidad de esta región, las que se concentran en la producción agraria, los saberes locales y las prácticas culturales de las distintas comunidades (indígenas, afros, campesinos y mestizos) que la habitan, la protección de los recursos naturales, las problemáticas nutricionales y de seguridad alimentaria, el acceso y el diálogo con otros saberes y experiencias de comunidades con problemáticas semejantes, la construcción de una memoria vinculada con hechos derivados del conflicto armado, la defensa de los derechos humanos vulnerados individual y colectivamente, así como condiciones de un desarrollo humano coherente con las realidades locales. Es decir, hay una desconexión entre las prácticas educativas implantadas en la región y los proyectos de vida que adelantan las comunidades de forma participativa en el territorio.

Dado lo anterior, es preciso que los proyectos educativos promovidos en un territorio como Maríalabaja logren superar la estigmatización que acompaña a la población rural como ignorante, analfabeta y atrasada, mediante la articulación de los currículos y las prácticas educativas con: 1) los ejes orientadores de los planes de vida colectivos que las comunidades movilizan a través de los planes de desarrollo local y regional, 2) los saberes tradicionales de las distintas comunidades y sus prácticas culturales, 3) las experiencias de construcción de memoria colectiva frente al conflicto armado y los derechos humanos vulnerados, y, 4) los saberes y experiencias de comunidades de otros territorios con problemáticas semejantes.

De este modo, se esperaría avanzar en una formación que proporcione a la infancia y la juventud capacidades que les permitan contribuir con un desarrollo humano sostenible en la región, así como superar la brecha existente entre la educación que hoy se imparte ahí y el fortalecimiento de una identidad cultural que vincule a los jóvenes con el territorio y los cohesione como comunidad. La falta de referentes simbólicos que valoren la vida social en la región, en consonancia con un proyecto de vida colectivo, además de la ausencia de oportunidades y condiciones para un desarrollo humano sostenible, ha desembocado en que los jóvenes de esta zona no busquen aportar a la construcción de su comunidad, sino que propendan a emigrar a contextos urbanos como Cartagena y demás ciudades del país en busca de satisfacer la expectativa individual de realización personal y profesional.

Un proyecto educativo para los niños, niñas y jóvenes de esta región debe avanzar hacia la formación de subjetividades que privilegien saberes, capacidades y éticas que destaquen el valor de lo local, el desarrollo humano sostenible de la región, el arraigo y el reconocimiento social y cultural de sus comunidades, el respeto y cuidado de sí mismos, del otro y del ambiente, así como la apertura al diálogo intersubjetivo e intercultural con actores de otras comunidades tanto de la región, como de otras latitudes . En 2018, el Ministerio de Educación Nacional presentó el Plan Especial de Educación Superior Rural,  que busca el desarrollo de iniciativas que emerjan desde las necesidades y lo contextos locales, con el ánimo de trabajar por el desarrollo de las regiones a partir del reconocimiento de las mismas: “El diseño de la oferta deberá ser pertinente a las necesidades de la región, reconociendo, además, los procesos de educación propia e intercultural, fortaleciendo los sistemas de permanencia en los cuales la retención de los estudiantes sea una condición fundamental” (MEN, 2018).

En este sentido, se requiere, de manera prioritaria, formular propuestas educativas que apunten al desarrollo humano local sostenible y al fortalecimiento de relaciones intersubjetivas e interculturales entre los actores de las distintas comunidades, lo cual requiere, primero, del conocimiento y el reconocimiento de las experiencias educativas y culturales locales que se hayan realizado en el territorio, especialmente con niños, niñas y jóvenes. Segundo, supone la identificación de los ejes orientadores de los proyectos de vida colectivos, para establecer la articulación de la brecha presente entre la propuesta oficial y las prácticas educativas adelantadas en la región. Tercero, implica la identificación de los modos en que los distintos actores del territorio se han apropiado de valoraciones, comportamientos y prácticas relacionados con los fundamentos orientadores del desarrollo humano local sostenible y la interculturalidad. Finalmente, exige la puesta en marcha y pilotaje de propuestas alternativas que busquen avanzar hacia los propósitos expuestos.

Referencias

De Sousa, B. (2010) Descolonizar el saber, reinventar el poder. Ediciones Trilce. Montevideo, Uruguay.

Ministerio de Educación Nacional. (2017) Plan Especial de Educación Rural hacia el Desarrollo Rural y la Construcción de Paz. 2017. Bogotá, Colombia.

Ministerio de Educación Nacional. (2018) Plan Rural de Educación Superior. Bogotá, Colombia.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/una-mirada-a-la-educacion-rural-en-marialabaja-montes-de-maria-colombia/

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