Sistema Educativo

Page 18 of 822
1 … 16 17 18 19 20 … 822

La Lucha por la Educación Pública: Un Breve Análisis desde América Latina

Luis Bonilla-Molina

(Artículo escrito para el suplemento “Plural· de la Revista Viento Sur)

Por: Luis Bonilla-Molina

@Luis_Bonilla_M

Coordinador Internacional del portal Otras Voces en Educación / Premio de Justicia Social otorgado por el Proyecto Democrático Paulo Freire de la Universidad de Chapman, por su trabajo con el sector docente a nivel internacional durante la pandemia 2020.

  1. Introducción

La crisis económica del capitalismo y la reestructuración del modo de producción, derivada esta última del emerger de la cuarta revolución industrial, tienen un capítulo muy dramático en el hecho educativo. Desde el año 2015 veníamos advirtiendo que podía ocurrir un Apagón Pedagógico Global (APG), signado por la virtualidad como ejercicio de centralidad pedagógica a escala planetaria.  Estas afirmaciones se basaban en el estudio de la arquitectura financiera de las grandes corporaciones tecnológicas, el énfasis de éstas en la producción de tecnologías y narrativas educativas digitales y su creciente vínculo con los gobiernos y ministerios de educación. Los hechos confirmaron estos análisis y demostraron la importancia de estudiar el curso de la economía y la trayectoria de colisión del capital tecnológico trasnacional con los sistemas educativos.

El COVID-19 fue utilizado para abrir paso a la virtualidad y la educación en casa como paradigmas emergentes del capitalismo cognitivo. Las grandes corporaciones tecnológicas se habían venido preparando para el paso abrupto y global a la virtualidad, mientras los Ministerios de Educación de la región no dejaban de estar prisioneros de la epistemología capitalista de la primera y segunda revolución industrial, creyendo que solo comprando chatarra tecnológica resolverían el desfase surgido desde la tercera revolución industrial.

Como hemos insistido, desde la tercera revolución industrial y la aceleración de la innovación científica que ella trajo, vinculada al modo de producción y a la sociedad, ha surgido un desencuentro entre lo que quiere el capitalismo cognitivo y lo que realizan los sistemas escolares. Esto no se resuelve con la simple compra de computadores, internet y capacitación para educación en línea. Está surgiendo una paradoja, según la cual el modelo de escuela que sirvió a la reproducción cultural del sistema capitalista, en la primera y segunda revolución, ya no resulta útil para el modelo de reproducción que demanda el capitalismo de las plataformas en el marco del emerger de la cuarta revolución industrial. Lo que ocurrió en materia educativa durante la pandemia del COVID-19, pueden ser solo los relámpagos que anuncian una gran tormenta sobre la escuela pública, la profesión docente y el derecho humano a la educación. Por supuesto que la escuela emancipadora que defendemos y la educación pública vinculada a los intereses de la clase trabajadora dista mucho de cualquiera de estas propuestas.

En el Foro Mundial de Educación (2015) realizado en Incheon, Corea, ante los representantes educativos de más de 150 países, las grandes corporaciones tecnológicas anunciaron que estaban trabajando para un escenario de virtualidad educativa generalizada a escala planetaria, con un horizonte máximo de diez años, algo que de manera cómplice desoyeron los gobiernos neoliberales, para abrirle puertas a un nuevo modelo de privatización y mercantilización educativa.

A comienzos de la pandemia, prácticamente ningún sistema escolar de la región contaba con plataformas propias, arquitectura de la nube independiente, repositorios digitales en formato de la cuarta revolución industrial y mucho menos habían formado a los y las docentes para la complementariedad de la virtualidad con la presencialidad; el día D anunciado por las grandes corporaciones tecnológicas se inició con la explosión global del virus.  La situación de incertidumbre generalizada que azotó a los sistemas educativos creó las condiciones de posibilidad para el desembarco suave de las corporaciones tecnológicas en la vida escolar.  Por ello, cuando en marzo de 2020 se inicia la cuarentena preventiva radical en la región, quienes de inmediato aparecieron con sus “alternativas”, fueron las grandes corporaciones tecnológicas, imponiendo a la fuerza, una acelerada alfabetización en el manejo de plataformas, pensadas con una lógica de nuevos estilos y orientaciones en la reproducción del conocimiento, la castración del pensamiento crítico y el aprendizaje centrado en competencias. No se democratizó la apropiación de los algoritmos, ni se trabajó la comprensión y apropiación crítica de la realidad, sino se puso en marcha un ensayo de apropiación de rutinas para abrirle puertas al modelo de enseñanza que requiere el mundo digital ideado por el capital. La lógica de enseñanza que contienen las plataformas virtuales es un debate urgente en el magisterio.

Estamos aún muy lejos de conocer todo el arsenal educativo construido por las corporaciones del capitalismo cognitivo, para sustentar en el futuro próximo su propuesta de sociedad educadora digital.  Lo que presenciamos durante la pandemia fue solo la construcción de hegemonía sobre una nueva orientación, sobre un horizonte estratégico.  En otro artículo trabajaré los prototipos de escuela, bachillerato y universidad que está construyendo el capitalismo cognitivo con el ánimo de poner en marcha una nueva orientación escolar que elevará de manera exponencial la exclusión educativa que conocimos en las tres primeras revoluciones industriales.

En contravía a los anuncios de distintos sectores políticos, el neoliberalismo educativo sigue vivo y actuando con rostro de sociedad educadora, avanzando en nuevas formas de mercantilización y privatización educativa. En el marco de la pandemia muchos sistemas escolares (Puerto Rico, Panamá, Brasil, Argentina, Colombia, entre otros) avanzaron en acuerdos de largo alcance con corporaciones tecnológicas, para asociar la virtualidad y las mercancías digitales a la praxis educativa de los próximos años; la lucha por el mínimo del 6% del PIB para educación aparece como un botín en disputa por las grandes corporaciones tecnológicas.  La nómina docente, que ocupa una parte importante del presupuesto educativo, está en la mira del capitalismo cognitivo, por ello le abren paso al paradigma de la educación virtual en casa, sembrándolo hoy y, aspirando cosechar frutos de desplazamiento de les docentes en los próximos años.

Por los bordes comenzó a hablarse de la formación docente para el modelo de educación en casa, convirtiendo lo que ocurrió durante la pandemia en un ensayo de lo que la OCDE denominó como la “sociedad educadora en red”. Irene Rigau, seguidora  del Gregorio Luri Medrano (colaborador del Club de Roma) y antigua Consellera de la Educación de la Generalitat de Cataluña, señaló en el Congreso Mundial de Educación de Kairós (2020) que “ante la situación que vivimos el futuro de la escuela puede estar cuestionado”  y que las “posibilidades que tiene la tecnología, podría favorecer la aparición de nuevos profesionales de la enseñanza, contratados por grandes operadores del mercado, del mercado en red, que podrán garantizar visitas a domicilio, asistencia telefónica, consultas en sus despachos, en que la educación en casa, podría ser la tónica más generalizada con el apoyo tecnológico”.  Precisa Rigau que “había un escenario que nos parecía muy distante, el de la sociedad en red, que en estos momentos podría ser realidad, desplazando en muchos países al modelo de escuela como una organización de aprendizaje … en el centro de la comunidad”. Finaliza puntualizando que “la involución y el desmantelamiento de la escuela, facilitará que ésta sea sustituida por redes de aprendizaje”. Las afirmaciones de Rigau, son una nítida expresión de la perspectiva de los corsarios neoliberales quienes se aprestan a tomar por asalto en la post pandemia, el botín que representa el presupuesto destinado por los ministerios de educación a la nómina docente.

La pandemia ha estado signada por una brutal privatización, estratificación y generación de exclusión educativa.  La inmensa mayoría de gobiernos en América Latina abandonaron la responsabilidad de los Estados en garantizar las condiciones mínimas para desarrollar el proceso educativo.  No dotaron a les docentes, estudiantes y familias de dispositivos, acceso a internet, planes de datos y, en un inusitado clímax del paradigma de la sociedad educadora neoliberal, trasladaron a estudiantes, docentes y familias los costes de la continuidad del vínculo pedagógico en pandemia.  Esta nueva forma de privatización educativa ha sido precariamente denunciada y amenaza con instalarse como una constante en la lógica de la educación como bien común.

Este modelo de privatización generó daños colaterales de profundo impacto social global. Apareció el fenómeno de la estratificación educativa entre aquellos estudiantes que tenían acceso a computadores, conexión a internet, planes de datos suficientes y una familia de acompañamiento de emulación forzosa del rol docente, respecto a quienes no poseían estas condiciones tecnológicas y/o de apoyo y quienes tuvieron como alternativas modelos tecnológicos añejos (Radio-TV) o guías de auto aprendizaje, mientras los y las estudiantes de zonas de difícil acceso, indígenas y de pobreza extrema no podían acceder a ninguna de estas opciones.  Esta estratificación pretende construir imaginarios de auto exclusión, al darse cuenta importantes sectores de estudiantes humildes, que el no poseer equipos y condiciones tecnológicas mínimas, conlleva a no poder seguir avanzando en la educación con sello de mundo digital.  Esto pareciera continuar en la fase de salida de pandemia con los anuncios que hacen los ministerios de educación sobre alternancia o los llamados modelos híbridos.

Hoy, los Ministerios de Educación de la región no conocen a ciencia cierta cuál es la matrícula real, quienes permanecen en sus sistemas educativos y quienes han abandonado, o quedado excluidos porque están en la amplia franja de población sin acceso al mundo de la tecnología 3G, 4G o 5G.  La vuelta presencial a las aulas en la post pandemia estará signada por un titánico esfuerzo de los y las docentes para reincorporar a las aulas a quienes quedaron desconectados durante el año 2020.

  • El Covid-19 y las posibilidades de avanzar en la unidad del magisterio. Inventario de Actores

El neoliberalismo educativo ha lanzado una ofensiva planetaria contra la escuela presencial y la educación pública. Enfrentar esta arremetida demanda una articulación y unidad del magisterio sin precedentes. Ello exige un adecuado inventario de actores, situaciones a resolver y afirmación de las potencialidades.   En este artículo me interesa identificar actores que han sido claves en la construcción de resistencias anti neoliberales de distinto signo e intensidad durante el año 2020.  Por un lado, están los sindicatos, por otra las coaliciones en defensa de la educación como derecho humano y finalmente algunas instituciones académicas y científicas.

En el caso de los gremios y sindicatos, es muy importante ubicar su vínculo con corrientes sindicales internacionales; en muchos casos sindicatos militan en varios agrupamientos internacionales, lo cual implica una lectura mucho más fina, imposible de lograr en los límites de extensión de este artículo.

En la región existe un desarrollo desigual de los procesos de instauración de las corrientes sindicales internacionales.  La mayoría de gremios y sindicatos están fuera de algún agrupamiento internacional y en buena medida pesa la orientación política de cada organización para tomar una decisión al respecto. En ocasiones los cambios de orientación política en la dirección de los gremios conllevan a desafiliaciones y/o afiliaciones a una u otra corriente internacional.

La Internacional de la Educación para América Latina (IEAL) agrupa a sindicatos muy numerosos y diversos en sus composiciones políticas, perspectiva de independencia de clase y cultura de movilización unitaria. Destacan la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina(CTERA), la Federación Colombiana de los Trabajadores y Trabajadoras de la Educación (FECODE),  el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación(SUTEP) del Perú, la Unión Nacional de Educadores de Ecuador (UNE), el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) de México, el Colegio de Profesores de Chile,  y otros tantos sindicatos mucho más pequeños. En unos casos sus métodos de trabajo los ubican en la perspectiva transformadora amplia, mientras que en otros viven profundan tensiones a su interior; en el caso de México, el SNTE, cuestionado por sus vínculos con el PRI y los gobiernos burgueses, aún antes de la conducción por parte de Elba Esther Gordillo, cuenta desde finales de 1978 con una corriente clasista y antiburocrática a su interior, la Coordinadora Nacional de los y las Trabajadores de la Educación (CNTE) que agrupó las fuerzas que lucharon durante la pandemia por  la defensa del magisterio ante el modelo de neo privatización educativa. Algo similar ocurre en el Colegio de Profesores de Chile, con el Movimiento por la Unidad Docente (MUD) y otras corrientes clasistas que tensionan a favor del manejo democrático y clasista del gremio, mientras que en Ecuador, Colombia y Perú fueron la UNE, FECODE y SUTEP de conjunto, quienes lideraron el trabajo de resistencia ante la ofensiva del capital en el 2020. El caso de Argentina es muy particular, dada la multiplicación de gremios de base de distintas orientaciones y las diferencias tácticas que mantienen las grandes centrales sindicales. Es incorrecto hacer una caracterización de la IEAL como si fuera una sola expresión en el terreno de la lucha de clases, cada organización que forma parte de ella debe ser valorada en su actuación en el contexto nacional y ello deriva en una caracterización dinámica del IEAL.

Otro actor regional es la Confederación de Educadores Americanos (CEA),  conformada por una serie de gremios diversos, entre los cuales están la Confederación Nacional de los Trabajadores de los Establecimientos de Enseñanza (CONTEE) de Brasil, el SNTE de México, el Federación de Profesionales Docentes de la Educación Superior de Nicaragua (FEPDES), la Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República (AFFUR) del Uruguay, la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) de la Argentina, La Confederación de Trabajadores Urbanos (CTU) de Bolivia, el Frente Reformista de Educadores Panameños (FREP), la Federación de Sindicatos de Trabajadores Técnico-Administrativos de Instituciones Públicas de Educación Superior de Brasil (FASUBRA). A decir verdad, su capacidad de incidencia regional fue mínima en la coyuntura del COVID-19, aunque algunas de sus organizaciones como FASUBRA estuvieron muy activas en el marco nacional.

Por otra parte, está la Confederación Sindical de los Trabajadores de las Américas (CSA) vinculada a la AFL-CIO de los Estados Unidos y a la Confederación Sindical Internacional (CSI), de la cual forma parte la Central de los y las Trabajadores Argentinos (Autónoma (CTA-A), a la cual está afiliada la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios- Histórica (CONADU-H)  una de las organizaciones de docentes que estuvo muy activa en la unidad internacional en lucha contra el neoliberalismo educativo y combativa a nivel nacional, en el marco de la pandemia.

Producto de una escisión de la CSA en el año 2017 se funda la Alternativa Democrática Sindical (ADS), de la cual forma parte la Central General de Trabajadores de Panamá (CGTP) la cual  estuvo muy presente en las resistencias anti neoliberales en educación durante el año 2020.

Adicionalmente, la Federación Latinoamericana de Trabajadores de la Educación y la Cultura (FLATEC) es otra de las centrales sindicales regionales. De ella, forman parte organizaciones que fueron muy activas en la resistencia a la ofensiva neoliberal durante la pandemia, especialmente la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE) de Panamá y la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) de Costa Rica. Como en las restantes organizaciones, el movimiento es desigual, unas organizaciones son muy activas, mientras otras no terminan de aparecer en el escenario de la lucha anticapitalista.

La Federación Sindical Mundial (FSM) no suele actuar como un escenario de coordinación de la lucha magisterial, a pesar que algunos de sus sindicatos pertenecen al campo de la educación, entre ellos el Sindicato Unitario Fuerza Magisterial (SINAFUM) de Venezuela. Fue muy débil su incidencia en el magisterio y la actividad gremial docente en el marco de la pandemia. El presidente de la FSM fue invitado al Congreso Mundial de Educación en defensa de la educación pública y contra el neoliberalismo educativo.

Entre la inmensa mayoría de “no alineados” con ninguno de los agrupamientos internacionales y que tuvieron un protagonismo especial en el año 2020, destacan la Federación de Maestros y Maestras de Puerto Rico (FMPR),   Surrey Teachers Association perteneciente al Bristh Columbia Teachers Federation(BCTF) de Canadá,  United Teachers Los Ángeles (UTLA) y el Chicago Teachers Unión (CTU) de Chicago, ambos de los  EEUU, la Asociación de Profesores de la República de Panamá (ASOPROF), el Sindicato Nacional de Docentes de la Enseñanza Superior (ANDES) y SINASEFE, de Brasil, la Asociación Puertorriqueña De Profesores Universitarios (APPU), la Confederación de Maestros Rurales de Bolivia (CONMERB) , la CNSUESIC de universitarios en México, la FERC-CGT de Francia,  de así como una serie de sindicatos locales como SUTEBA el Tigre, Ademis de Buenos Aires,  Amsafe y la COAD de Rosario, el SUTE de Mendoza, Argentina, la Intersindical de Valencia, el USTEC-STEs de Cataluña, España, SITRAIEMS-CDMX de México, la Intergremial de Formación Docente del Uruguay. La Asociación de Profesores Universitarios (APU) de Colombia, el SINDEU de Costa Rica.

Es importante ubicar otros actores regionales no gremiales, quienes trabajan en la defensa de la educación pública. El primero, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) conformado por más de 600 centros de investigación, 99 instituciones asociadas y 82 redes temáticas.  Clacso constituye el más importante tejido de investigadores(as) sociales en la región, con vínculos en los cinco continentes; cuenta con cinco grupos de trabajo sobre educación que enfatizan en el derecho humano a la educación.  El desafío de Clacso continúa siendo el de una mayor articulación con el movimiento social y gremial en educación.

El segundo, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) que agrupa a dieciocho foros y coaliciones nacionales por el derecho a la educación, nueve redes regionales y cinco organizaciones nacionales. La Clade tiene un enorme potencial, al ser una amplia red de redes del movimiento social organizado.

El tercero, el Consejo de Educación Popular de América Latina (CEAAL), constituido por un centenar de colectivos nacionales y locales de educación popular, concentrado fundamentalmente en trabajo educativo comunitario.

Un cuarto actor es el Centro Internacional de Investigaciones Otras Voces en Educación (CII-OVE) que se ha convertido en un factor de articulación y trabajo unitario entre los distintos actores del movimiento social en defensa de la educación pública. Su capacidad de relacionamiento, diálogo y organización fue fundamental para la realización del I Congreso Mundial en defensa de la Educación Pública y contra el Neoliberalismo Educativo realizado en septiembre de 2020.  La alianza de Otras Voces en educación con la Cooperativa de Educadores y Educadoras, Investigadores e Investigadoras Populares Histórica (CEIP-H) ha potenciado y diversificado el trabajo que vienen realizando.

Finalmente, existen un enjambre de colectivos y movimientos de base, muchos de los cuales no están asociados a ningún corriente nacional o internacional, pero que trabajan de manera sostenida y combativa en defensa del derecho a la educación en todos los niveles. Ellos en sí mismo, representan una capacidad de acción impresionante con los cuales se debe trabajar en mayores niveles de articulación y unidad en la acción.

El Foro Mundial de Educación (FME) del Foro Social Mundial (FSM) que tuvo una presencia muy fuerte a comienzos del siglo XXI, si bien ha perdido empuje continúa siendo un referente del trabajo importante en favor de la inclusión y en defensa de la educación pública.

Lamentablemente, durante la pandemia la universidad pública reaccionó muy lentamente. El asedio de la privatización, la desinversión y el desmantelamiento de programas de investigación y extensión ha pesado mucho en ello. Esto no es nuevo, se reflejó claramente en la precariedad de propuestas y la carencia de debates sustantivos actualizados que vimos en la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES) de 2018.  El sector más dinámico de las universidades parecieran ser hoy sus gremios y sindicatos.

  • Situaciones a tomar en cuenta

En un marco de ofensiva global y regional del capital sobre la educación pública, existen un conjunto de situaciones que es importante abordar para construir una correlación de fuerzas favorables, no solo para la defensa del derecho humano a la educación, sino para la construcción de una escuela transformadora y una agenda anticapitalista amplia.

La primera de ellas, la fragmentación de las fuerzas gremiales y sindicales. No considero que esté planteado en el corto ni mediano plazo el impulso de procesos de integración, sino que la prioridad es la unidad de acción. Esta unidad se construye con el diálogo, el reconocimiento de las diversidades y la superación de auto referencias morales, de superioridad ideológica o de otro tipo. Es evidente que todas las organizaciones sindicales y gremiales han alcanzado importantes logros en la batalla contra la mercantilización y la privatización educativa, pero seguramente en el camino también se han cometido errores, fallas e inconsistencias. Se trata de enfatizar en la potencialidad de lucha y la importancia de la unidad de acción partiendo de la independencia de clase. Por ello, la tremenda significación de lo que ocurrió en el Congreso Mundial contra el neoliberalismo educativo, fundamentalmente al expresar la confluencia de sindicatos y gremios, quienes desde distintos lugares de militancia gremial convergieron en la unidad de acción.

La segunda, la dispersión de las iniciativas que atomiza los esfuerzos. Ciertamente, los gremios y sindicatos tienen que abordar pragmáticamente el día a día de la acción reivindicativa, pero ello no puede estar desconectado del combate a las iniciativas nacionales, regionales y globales que lanza el neoliberalismo. Por ejemplo, el capitalismo cognitivo ha lanzado una iniciativa global denominada el Gran Reinicio que contiene las claves de un cambio de 180 grados en materia educativa y ello siendo precariamente discutido y enfrentado por las organizaciones gremiales.

El impacto de las disputas partidarias en lo gremial y sindical sigue siendo una cuestión para abordar.  Desde mi punto de vista esto se resuelve con la democratización de las estructuras y los procesos de toma de decisión, en virtud de la pluralidad de militancias que conforman los gremios y la vocación unitaria que prevalece desde abajo.

Pero quizá la cuestión que más afecta es la idea anti sindical que el neoliberalismo ha venido sembrando desde la década de los ochenta del siglo XX, alimentada por el funcionamiento burocrático y de claudicación de algunas direcciones gremiales.  Urge una cruzada unitaria que coloque en primer plano el gremialismo y sindicalismo docente como herramienta de trabajo y lucha de los y las trabajadores de la educación.  Ello comporta repensar muchas dinámicas y prácticas de los sindicatos docentes para impulsar la horizontalidad en lo que sea posible, la contraloría colectiva del trabajo gremial y la rotación de cargos que rompa con caudillismos; privilegiar la fuerza de lo colectivo en el sindicato.

En el caso de las organizaciones del movimiento social, asociadas a la promoción y defensa del derecho humano a la educación, el mayor problema deriva en el papel que le otorgan al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número cuatro o ODS4. El ODS4 es la agenda global del capitalismo en educación. Aunque su construcción haya convocado a distintos actores sociales y se haya presentado como resultante del consenso mundial en materia educativa, en realidad expresa el consenso de las clases dominantes. El ODS4 tiene un carácter desmovilizador y postula una ruta de estandarización que termina siendo funcional a la mercantilización, privatización y reconversión de la escuela conforme a los parámetros del capitalismo cognitivo.

  • Posibilidades

El Congreso Mundial en Defensa de la Educación Pública y Contra el Neoliberalismo Educativo realizado de manera virtual el 25, 26 y 27 de septiembre de 2020, en el cual hablaron más de 100 organizaciones gremiales y pedagogos críticos de cuatro continentes y que contó con la participación de 11.800 personas fue la materialización de un esfuerzo unitario sin precedentes, para denunciar y articular acciones contra la ofensiva neoliberal en el marco de la pandemia. En este evento participaron gremios y sindicatos de las distintas agrupaciones internacionales del magisterio y de todas las corrientes políticas transformadoras, así como importantes referentes de las educaciones populares, demostrando que es posible construir una agenda de acción mancomunada.

La Coordinación Internacional de los y las Trabajadores de la educación surge como una posibilidad para mantener este espacio y avanzar en nuevas formas de trabajo compartido. La convocatoria a una marcha global por el derecho a la educación en el año 2021 o 2022, puede ser un esfuerzo que contribuya en ese sentido.

Por experiencia sabemos que el movimiento social y las convergencias son como las mareas, lo importante es saber captar la potencialidad radicalmente transformadora de las mismas y actuar en ellas. La invitación es a seguir acompañando y ayudando a producir nuevas mareas anticapitalistas.

Referencias bibliográficas

Bonilla-Molina, L (2017) Apagón Pedagógico Global, Las reformas educativas en clave de resistencia. Viento Sur. Disponible en: https://vientosur.info/wp-content/uploads/spip/pdf/vs147_l_bonilla_molina_apagon_padagogico_global_apg_las_reformas_educativas_en_clave_de_resistencias.pdf

Hernández N., Luis (2015) La larga marcha de la CNTE. Revista el Cotidiano.  Disponible en https://www.redalyc.org/pdf/325/32548630003.pdf

Comparte este contenido:
Leer más »

Latinoamérica perderá 1,7 billones de dólares por crisis educativa: Banco Mundial

Noticias

Según la organización, esta es la peor crisis educativa jamás vista en la región.

Latinoamérica podría perder hasta 1,7 billones de dólares por la “crisis educativa” provocada por la pandemia, que implica un impacto negativo a futuro en el capital humano, la productividad y un aumento de la “pobreza de aprendizaje”, advirtió este miércoles el Banco Mundial.

“Esta es la peor crisis educativa jamás vista en la región y nos preocupa que podría tener consecuencias graves y duraderas para toda una generación, en especial entre los sectores más vulnerables”, indicó Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, en un comunicado.

La entidad advirtió que a futuro “la enorme pérdida de educación, capital humano y productividad se podría traducir en una caída de ingresos agregados a nivel regional de 1,7 billones de dólares”.

De acuerdo con el informe, luego de 10 meses, equivalentes a un curso escolar sin clases, 71 % de los estudiantes de los primeros años de la escuela secundaria pueden no ser capaces de comprender adecuadamente un texto de moderada extensión. Y si el cierre se extiende por otros tres meses, el porcentaje puede ascender a 77 %.

Además, los expertos del banco advirtieron que estos efectos negativos afectan principalmente al quintil de menos ingresos, lo que podría haber ensanchado en un 12 % adicional la brecha educativa entre ricos y pobres.

A estos impactos negativos se añade la posibilidad de que las deserciones escolares se incrementen por lo menos en un 15 % debido a la pandemia y el impacto negativo en los estudiantes que se benefician de programas de alimentación en las escuelas.

“Los gobiernos deben actuar en forma urgente para recuperar el terreno perdido y aprovechar la oportunidad para mejorar los sistemas educativos”, concluyó Jaramillo.

Compromiso en Centroamérica

Los ministros de Educación de Centroamérica se comprometieron este miércoles a reabrir sus escuelas de manera “prioritaria, urgente y gradual”, sobre todo en los países donde las clases presenciales están completamente cerradas como medida de contención por la pandemia.

El compromiso fue adoptado tras una reunión virtual del Consejo de Ministros de Educación, conocido como CECC/SICA (Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana), según un comunicado emitido en conjunto con Unicef y fechado en Ciudad de Panamá.

“Es una urgencia, una necesidad y una acción afirmativa en términos del derecho a la educación. Tenemos que continuar, los que ya estamos en ese proceso. Y los que no, dar ese paso firme”, dijo la ministra de Educación de Costa Rica y presidenta del CECC/SICA, Giselle Cruz.

“Hoy es un día de esperanza para millones de niños y niñas que todavía se encuentran fuera de las aulas”, afirmó la directora regional de Unicef para América Latina y el Caribe, Jean Gough.

“Saludamos esta postura firme que apunta a garantizar el derecho a la educación (…) en especial de los y las más vulnerables. Unicef está comprometido en apoyar y guiar su implementación”, añadió Gough.

América Latina y el Caribe es la región más afectada del mundo por el prolongado cierre de escuelas, informó Unicef.

“Tres de cada cinco niños y niñas que perdieron un año escolar completo en todo el mundo se encuentran en la región” y “el 60 % de todas las personas estudiantes de América Latina y el Caribe aún no han tenido acceso a clases presenciales”, precisó la agencia de la ONU.

No es foco de contagio

Según el comunicado del CECC/SICA y del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), hay 12 millones de estudiantes centroamericanos que aún no han regresado a las aulas.

Honduras, Panamá y Belice continúan sin clases presenciales, mientras que El Salvador y República Dominicana planean abrir en abril. Guatemala, Nicaragua y Costa Rica sí retomaron las enseñanza presencial.

Pese a los reparos por la pandemia, “hemos visto que el centro educativo no es un foco necesariamente de contagio, sino que se lleva el contagio al centro educativo”, aseguró a la AFP la ministra Cruz. “Si una situación (de contagio) se da, sabemos qué hacer”, comentó.

Para Cruz, tener los protocolos de respuesta listos y bien divulgados en la ciudadanía ha generado confianza en los padres de familia.

La reapertura debe hacerse “cuidando la salud, con todos los protocolos sanitarios, cada uno desde su país”, consideró.

Costa Rica fue una de las primeras naciones de América Latina en iniciar la vacunación contra la covid-19 a finales de 2020 y en reabrir parcialmente sus escuelas en este 2021.

En el primer mes de reinicio de clases en su país, con 4.400 escuelas reabiertas, se han activado protocolos en 167. “Esto no significa contagios, sino posibles contagios”, precisó.

“Ante un caso positivo, se hace la valoración”, se aísla a las personas que fueron contacto del paciente, pero no se cierra la escuela, salvo en situación extrema. “Hasta la fecha no hemos tenido que hacer esto”, explicó la ministra.

En Costa Rica, el 8 de febrero, cuando iniciaron las clases, el promedio de casos diarios de covid en una semana era de unos 400. El 16 de marzo, esa cifra presentaba una leve variación a la baja.

Vuelven con júbilo

En Costa Rica, las clases son semipresenciales, por turnos y con distanciamiento dentro de las aulas. “Vamos poco a poco”, precisó.

Para la ministra Cruz, la reapertura es necesaria “no solo por el tema del aprendizaje, sino también por la necesidad de la convivencia en el centro educativo, de brindar la oportunidad de alimentación” y por la salud mental los estudiantes y las familias”.

“He visto como denominador común un gran júbilo en los estudiantes para la reapertura, están convencidos de que es mejor estar en el centro educativo que en la casa”, valoró Cruz, que recorrió el miércoles escuelas del noroeste de su país.

La ministra afirmó igualmente que un desafío inmediato será el reinicio de clases después de los feriados por Semana Santa, donde muchas familias saldrán de vacaciones.

Fuente: https://www.semana.com/mundo/articulo/latinoamerica-perdera-17-billones-de-dolares-por-crisis-educativa-banco-mundial/202118/

Comparte este contenido:
Leer más »

Un año de pandemia educativa

Pablo Gutiérrez del Álamo
Por: Pablo Gutiérrez de Álamo

Después de doce meses desde que se declarara el estado de alarma, han comenzado, de manera desigual, los procesos de vacunación entre el personal docente en las comunidades autónomas. De momento, han quedado fuera los mayores de 55 años.Un año en el que se ha aprobado una nueva ley educativa y en el que no se han tomado en consideración algunas de las reivindicaciones más repetidas, como la bajada de las ratios.

Hace 12 meses que vivimos en un estado excepcional. Doce meses en los que hemos pasado de creer que viviríamos un encierro corto en nuestras casas para frenar a un virus desconocido a conocer el concepto de «fatiga pandémica», esa sensación de no poder más con todo esto.

Tras los primeros meses de confinamiento ya quedó patente que la cosa iba para largo, uno, dos o tres años por delante para normalizar la situación.

Terminamos el pasado curso con las incertidumbres de cómo habría de realizarse la evaluación, si levantando la mano, mirando para otro lado o confiando en el criterio docente y en los meses transcurridos. Con unas pruebas de acceso a la universidad que preocupaban sobradamente a quienes tenían que presentarse y que vieron sus criterios modificarse a velocidad vertiginosa para no dejar a nadie sin posibilidades de aprobar. Con unas ganas imposibles por alcanzar unas vacaciones de verano que todo el mundo se había ganado por goleada.

Hemos pasado un año completo, un giro de la Tierra alrededor del Sol, para comprobar que algunos de los problemas más importantes del sistema educativo han quedado sin respuesta. La mayor reivindicación del profesorado en este tiempo, más allá de los recursos tecnológicos para hacer frente a la educación a distancia, es decir, la bajada de las ratios, no ha sido oída. A pesar de que la llegada del nuevo curso y las medidas de seguridad en los centros educativos (distancia social, mascarillas, gel hidroalcohólico), costó en algunas comunidades que se hicieran las contrataciones suficientes para ponerlas en práctica. De hecho, autonomías como la de Madrid, despidieron a los nuevos efectivos en el mes de diciembre y ya se ha previsto una vuelta de las ratios a la situación previa a la pandemia.

En este tiempo, parece que muchas personas se cayeron de un guindo al percatarse de la enorme brecha social (y digital) existente en nuestra sociedad. A pesar de las denuncias de ONG desde hace años sobre la situación de la infancia y la juventud en nuestro país que, por primera vez, se convirtieron en el sector social con mayor porcentaje de personas en situación de pobreza o exclusión social tras la crisis de 2008.

De aquellos barros, estos lodos. Mantener la educación como si no hubiera pasado nada, a distancia, por videoconferencia, tal vez haya sido un mal necesario o la única opción dada la emergencia absoluta en todos los ámbitos económicos y sociales. Pero que una gran cantidad de la población menor no tiene posibilidad de utilizar un dispositivo para seguir las clases con «normalidad» es algo que se podía saber.

A pesar de los anuncios, ya en primavera, de que se comprarían cientos de miles de dispositivos para hacer frente a esta situación, no ha sido hasta hace unas cuantas semanas que se han empezado a repartir. Las dificultades en la compra en el sector público han ralentizado enormemente este proceso que se esperaba culminar en el mes de diciembre pasado, pero que todavía tardó un tiempo más.

Y como queriendo celebrar el aniversario, llegaron las vacunas. Pero no para todo el mundo ni al mismo tiempo. La tónica general es que las personas mayores de 55 años no están, de momento, en las listas de vacunación docente. La elección de la vacuna de AstraZeneca y los problemas que ha tenido en este tiempo, han dejado hasta ahora a este sector de la profesión fuera de los programas de vacunación. Son, aproximadamente, el 33,9% del total de docentes de enseñanzas de régimen general no universitarias.

A pesar de esto, y del cuentagotas con que se está haciendo en algunos territorios, ya han comenzado a vacunarse docentes de Andalucía, Extermadura, Madrid, Cataluña, Galicia, Asturias, Cantabria, Navarra, Valencia… Aunque, muchos, como las y los valencianos, comenzaron el proceso este mismo lunes y otros lo hicieron a finales de la semana pasada.

De marzo a marzo

Después de algunas semanas de oir hablar de un virus venido de China, muy contagioso y con cierta mortalidad, pero con poca más información llegó la noticia de que el Mobile World Congress de Barcelona se cancelaba ante la situación provocada por el nuevo coronavirus. Mucha gente entendió en ese momento que era una exageración. Semanas después, País Vasco cerraba la ciudad de Vitoria y todos sus centros educativos ante un nivel desconocido y descontrolado de contagios. Ese mismo día, la Comunidad de Madrid también ponía sobre la mesa la posibilidad… Y en pocas horas se tomaba la decisión, España cerraría a cal y canto todo el país, salvo los servicios esenciales, y organizaría su sistema educativo a distancia. Sin tiempo, ni formación, ni equipamiento.

Y durante semanas, a pesar de la situación improvisada, miles de docentes en todo el país inventaron el qué y el cómo de la mejor manera posible, alargando sus jornadas laborales hasta un casi 24/7 causado por algo que no habíamos nombrado mucho, pero que era muy presente: la brecha digital. No solo es que alrededor de un 12% del alumnado tiene dificultades para tener un dispositivo y una conexión a internet. Es que muy pocas familias tienen los dispositivos suficientes para que todos sus miembros los utilicen de manera ordenada durante la jornada escolar/laboral.

Las primeras imágenes que vimos de escuelas que volvían a abrir en un país cercano, fueron las de Francia. Foto: Escuela infantil de Tourcoing (Francia)

A pesar del interés del Ministerio de Educación de que hubiese, aunque fuera por muy poco tiempo, una cierta vuelta al cole voluntaria en los cursos terminales de etapa para cerrar el curso más complicado vivido hasta el momento, esta cada vez se vio más complicada. Muchas dudas sobre si sería posible, sobre las medidas de seguridad para el profesorado, los espacios educativos… Y amanecimos un día con las imágenes venidas desde Francia sobre tu vuelta a las aulas en el mes de mayo. Un golpe de realidad que nos hizo mirar, casi por una mirilla futurista, qué nos esperaba casi a la vuelta de la esquina.

Y se acercaba el final del curso y aumentaba la discusión sobre qué iba a pasar con la evaluación del último trimestre del curso. Y, por supuesto, con las pruebas de acceso a la universidad. Todo en el aire. ¿Aprobado general? ¿Contar con las notas previas y hacer media? ¿Hacer exámenes online?

Llegó junio y los primeros documentos sobre cómo sería la vuelta a las aulas. El personal docente ha visto con preocupación (cuando no con sensación de abandono) cómo tuvieron que inventarse, sin conocimientos previos, toda la logística de seguridad en los centros educativos desde septiembre. Y la preocupación de no saber si recibirían los elementos de protección para dar sus clases con seguridad y con la sensación de que, más allá de abrir ventanas y tener botes de gel hidroalcohólico, no había plan.

Han tenido que hacer frente a la tercera ola de la pandemia después de unas navidades «salvadas» que supusieron, en las semanas siguientes, los picos más altos de brotes y de contagios en centros educativos. Todavía no se conoce cuál ha sido la proporción de maestras, maestros, profesoras y profesores contagiados en estos brotes. Como en su día confirmaron fuentes de Sanidad a este periodico, los datos se recogen, pero no se publican en el informe que cada viernes da cuenta de la situación. En las últimas semanas, de hecho, no se explicita tampoco el número de contagios que han supuesto los últimos brotes.

Y en este largo y costoso periplo que está siendo y ha sido la pandemia por Covid-19, llegamos al primer aniversario del estado de alarma en el que nos encontramos todavía. Y es en este momento en el que las vacunas se están distribuyendo entre el profesorado de la educación no universitaria. Un escenario que hace no tanto tiempo parecía todavía más lejano; un escenario que, a pesar de la buena noticia que es, no está siendo tan rápido y eficaz como hubiera gustado a todo el mundo. Con importantes diferencias entre comunidades autónomas y con un tercio, aproximadamente, de la profesión sin una fecha clara para vacunarse.

Han sido los peores doce meses que cualquiera podría haber imaginado. En los que hemos visto a docentes repartir tarea por WhatsApp, o en fotocopias casa por casa. Hemos visto a otros «imprimir» material de seguridad para el personal sanitario y asistencial; dar clase por Zoom, Skype, Google Meets, YouTube, por correo electrónico. Un año de heroicidades y de tensiones que han puesto en jaque a sus profesionales (y a su alumnado y a sus familias), más allá de lo que era obligatorio.

Desde la redacción de este periódico, queremos agradecer a esos cientos de miles de docentes, a los miles de profesionales de administración y servicios, el trabajo que han realizado este tiempo para que se cumpliera, de la mejor manera posible, con el derecho a la educación de todo el país.

Fuente e imagen: https://eldiariodelaeducacion.com/2021/03/15/un-ano-de-pandemia-educativa/

Comparte este contenido:
Leer más »

Marga Gonnet: Educación en tiempos de Capitalismo de Datos en la región

Noticias

Antesala y contexto. Nuestros hijos, la pandemia y la educación. La que nos da herramientas para discernir y entender al tiempo en el que vivimos, junto a la Democracia, peligra. Y peligra no solo al Sur. Hoy vemos como el Capitolio de Estados Unidos tiembla y se difumina en grupos extremistas en redes sociales. En conferencias de prensa, en Impeachments en vivo y en la pérdida de poder de compra, la inflación consiguiente y la postura concreta de gobiernos que afirman o desarman sus bases. Y con ellas a toda la población que los compone.

Traemos la palabra de CLADE (Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación) desde Argentina y Brasil y la situación local de Uruguay y Latinoamérica con el Maestro y ex-consejero del CEIP (Consejo de Educación Inicial y Primaria) de Uruguay. Es tan profundo el caos en la educación pública que nos atraviesa a todos. Y debe reformularse en contexto de pandemia y de futuro. ¿Qué será de nuestros niños sin educación o perspectivas claras a corto y mediano plazo? El mundo virtual y el presencial están rediseñándose. Así también la capacidad de pensamiento y reflexión para avanzar en Democracia.

Argentina en pandemia y crisis

Consultamos a Marcela Browne, quien trabaja en FundaciónSES, una fundación sin fines de lucro creada en 1999 que desde entonces trabaja en América Latina y Europa promoviendo redes y asociaciones desarrollando conjuntamente políticas públicas con el Estado. Promueve la inclusión juvenil en riesgo enfocada en el desarrollo de sus derechos. Marcela además trabaja con CLADE poniendo en práctica programas de apoyo a la educación argentina, haciendo un esfuerzo en Argentina a través de varias políticas públicas como Acompañar-Puentes de igualdad y Crecer revinculando estudiantes a la educación. También están trabajando con UNICEF para crear una base nominalizada de seguimiento a las trayectorias educativas que permitirá acompañar la evolución de cada estudiante.

La contracara es cruda. Los sindicatos vinculados a la educación pública argentina están trabajando junto a las cooperadoras de las escuelas enfocados en el regreso a la presencialidad cuidada haciendo énfasis en infraestructura adecuada y los protocolos sanitarios. Algunas de las reivindicaciones de CTERA en la paritaria nacional docente son que el piso salarial y el FONID superen la inflación y condiciones de salud y trabajo para los estudiantes y docentes, previas al inicio de clases en la mayoría de las jurisdicciones.

Y los números dicen mucho más. En dos de las franjas más sensibles y vulnerables, el nivel inicial y los niveles secundarios hacia la educación terciaria y universitaria. En nivel inicial, según un estudio realizado por FundaciónSES, la Universidad Pedagógica Nacional y UNICEF Argentina en 2030: “El sistema educativo de gestión estatal atenderá solamente a 105.000 niñas y niños de entre 0 y 2 años de los más de 2 millones que se estima estarían en condiciones de ingresar a este nivel”.

Es decir que, de acuerdo a la Estrategia Nacional de Primera infancia, solo un 10% del total de excluidos será atendido en los Centros de Primera Infancia. Y cuanto más nos acercamos al sector de escuela primaria, mayor es la franja de niños que queda afuera del sistema público de educación. Las salas de 3, 4 y 5 años cumplirán con la obligatoriedad dejando fuera a 80 mil niños y niñas de 4 años. La sala de 3 años atenderá a menos de la mitad de la población en esa franja (311 mil de los 716 mil niños y niñas), dejando fuera del sistema a más de 400 mil niños y niñas.

Hablando de adolescentes, al igual que en la actualidad, solo el 53% de los estudiantes que ingresaron a primer año, finalizará el secundario en 2030. Creciendo la matrícula en alrededor de 16 mil estudiantes de 2020 a 2024 y decreciendo el total de matrículas en 2030 a 105.652 estudiantes de nivel secundario, aumentando la brecha en áreas urbanas. Para 2030 se prevén, desde este estudio, graves dificultades de acceso a la educación, de mantenerse las mismas tasas de cobertura, promoción y repitencia. Hablando de secciones rurales y urbanas necesarias para incorporar a las y los jóvenes en el nivel hubiera implicado la apertura de 5.737 nuevas secciones en 2020 (sobre lo que no se avanzó), 6.811 en 2024 y 4.760 secciones nuevas para el final del periodo 2030.

“En 2021 el presupuesto de la Gobernación de Buenos Aires bajó sustantivamente y una porción muy importante de este presupuesto se destina a la gestión de escuelas privadas. Y eso es grave”.

En tiempos de crisis económica naturalmente migra una franja captada por educación privada hacia educación pública. Es decir que la mercantilización de la educación en Argentina, si bien es menor que en Chile, que es un extremo, es un signo que repercute no sólo en Buenos Aires provincia sino en toda el país. Y la preocupación fundamental es cómo articular educación virtual en un contexto tan complejo y diverso con docentes también desplazados de sus puestos de trabajo. Todo esto en medio de una crisis económica que también desplaza al alumnado en franjas extremadamente vulnerables, con carencias y pobreza georeferenciadas que resultan en una expulsión de gran parte de jóvenes y niños del sistema.

Además, quien sostiene a los jóvenes y niños y niñas argentinas también son sus círculos primarios, las familias que tienen que arreglárselas entre empleo, subempleo, desempleo y sus propias rutinas para sostenerse en esta situación. Poniendo en riesgo a la integración y la continuidad de los procesos educativos que captan a más del 60% de niños, niñas y adolescentes de la argentina. Y por consiguiente al futuro de la nación si pensamos en los 3 ejes de la educación secundaria argentina: formar para la ciudadanía, para el acceso a la educación superior y para el mundo del trabajo.

Según Marcela Browne, estos tres objetivos deberían verse reflejados en las currículas y el propio proyecto institucional: “Las desigualdades atraviesan a toda la Argentina por eso es importante salir del concepto de igualdad y pasar a la concepción de justicia educativa. Hay que invertir más donde hay más desigualdades”.

En Uruguay

La situación en Uruguay tampoco es simple. Especialmente con la desaparición de los Consejos dentro de la educación pública, producto de la implementación de disposiciones contenidas en la Ley de Urgente Consideración. En estos momentos el Frente Amplio está haciendo énfasis en la junta de firmas para quitar 135 artículos que ponen en juego no solo Derechos Humanos sino la propia estructura estatal de Uruguay. Algunos de ellos yendo incluso contra la propia Constitución vigente en Uruguay. Pasando por la desconcentración y desestructuración de la educación pública tendiendo a la mercantilización de este derecho. Siguiendo por el derecho de reunión regulado en forma subjetiva y sujeto a interpretaciones que podrían configurar antecedentes sobre los que se restringe Democracia.

Además, entre otras disposiciones con la LUC (Ley de Urgente Consideración, impuesta por el actual gobierno de Luis Lacalle Pou y la Coalición de gobierno), se habilita el allanamiento de morada sin previo aviso. Sin olvidar la balacera ocurrida en Plaza Seregni de Montevideo, el domingo 1º de noviembre de 2020, donde sin previo aviso se violentó a cientos de jóvenes que estaban reunidos junto a colectivos de la comunidad negra, LGTB, estudiantes y diversos colectivos sociales. Todos ellos participando de talleres de integración sobre sexualidad, al son del candombe. Como si fuera un atentado, las fuerzas policiales también en el mismo día y de la misma forma detuvieron a jóvenes en distintas plazas del interior de Uruguay (Departamentos de Colonia y Rocha, entre otros) con la misma impunidad. La INDDHH solicitó las filmaciones de las cámaras en cada uno de los lugares citados y solo recibió contenido modificado y editado de lo sucedido desde el Ministerio del Interior. Aún se está a la espera del esclarecimiento de estas situaciones.

El colectivo autogestionado de padres y madres de alumnos de la educación pública Familias Organizadas lanzará una campaña informativa centrada en el inicio de clases 2021. Según La Diaria, “el colectivo considera que hay avances en el nuevo protocolo, pero cuestiona que el accionar en las escuelas está muy librado a lo que las direcciones (de las escuelas) puedan hacer”. Este colectivo elaboró no solamente protocolos sanitarios durante 2020. Además asesoró, gestionó y tomó la responsabilidad de alfabetizar a sus hijos. Hablamos de la educación de niñas y niñas con 200 mil personas en seguro de paro en marzo de 2020 y un crecimiento sostenido del desempleo formal en Uruguay.

El maestro Pablo Caggiani, ex consejero del ex CEIP (Consejo de Educación Inicial y Primaria) de Uruguay hace énfasis en la desarticulación del sistema educativo uruguayo, Ley de Urgente Consideración mediante. El primer punto de gravedad, según Caggiani, es el desmembramiento de la estructura educativa en Uruguay, dejando sin comunicación ni coordinación a miles de profesionales de la educación. Retrocediendo hacia principios de siglo XX. Desconectando y dejando desamparados a sindicatos y estructuras educativas, dependientes de una única dirección que concentra y congestiona la gestión y administración de la educación pública. Dice que la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza de Uruguay, (CSEU) viene trabajando mucho con la Internacional de la Educación que viene trabajando en torno a la privatización de la educación en América Latina. “Los gremios están con agenda de tema. Lo que hay que ver es qué correlación de fuerzas se construye para evitar los retrocesos en todos los planos”.

Además, la tendencia mercantilista que mira hacia Chile, a pesar de que Uruguay posee una pirámide más parecida a países del primer mundo, producto de los avances llevados adelante durante los últimos 15 años hasta 2019. La alarma de Caggiani se enfoca en que de toda la evolución LUC mediante, protagonizada por Uruguay, solamente resta el Plan Ceibal, una de las fuentes de inspiración para el CEILP en Argentina. Se refirió también a un gravísimo incidente protagonizado por Gabriela Bazzano, la Secretaria Nacional de Cuidados y directora del Programa Nacional de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social.

Bazzano fue investigada por la Justicia de Crimen Organizado por su trabajo liderando la asociación civil Seamos, enfocada en la reinserción de personas con discapacidad intelectual o psiquiátrica. Bazzano entregaba niños de padres en situación de riesgo económico a otras familias, sin ningún respaldo legal detrás. Esgrimió en nota radial en FM Del Sol de Uruguay que luego de viajar a países escandinavos trajo esa lógica de trabajo para replicar en Uruguay. A pesar de haber sido denunciada por INAU y el Hospital Pereira Rossell en 2015 por entregar a estos niños a otras familias sin el control del Instituto Nacional del Niño y el Adolescente del Uruguay ni de otros organismos estatales. Aun así recibió el apoyo del propio Lacalle Pou en 2020.

Caggiani también habló sobre las bancadas religiosas y su posible influencia en la situación actual de la educación frente a lo sucedido de la mano de la Ministra de la Mujer y DDHH de Brasil. Damaeres Alves desarticuló diversos programas en escuelas públicas brasileñas, como el de educación sexual, dejando desamparados a millones de niños frente al abuso sexual y psicológico, que creció aún más durante 2020 en adultos y niños.

“Bueno ese es un escenario que es cuasi-delictivo pero que da cuenta de algunas de las perspectivas que tienen del estado, de la política pública. Particularmente de la política social en los diferentes sectores del gobierno. Para el conservadurismo definido por (Robert) Nisbet, el estado tiene que ser las armas, la tierra y el poder. Y todo el resto corresponde a la comunidad. Y además, eso está ordenado por una desigualdad natural. Que es que, a uno le tocó nacer en determinado lugar y a otros en otro y se ordena según la caridad de la comunidad de los sectores que más tienen hacia los que menos tienen. Y bueno, es esa perspectiva. No hay perspectiva de sujeto de derecho en esa lógica. Es más; es algo que se hizo fuera del estado y de la inspección de los organismos que tienen que velar por los derechos del niño, niña y adolescente. O por los gurises en situación de discapacidad. Es parte de la alianza que está en el gobierno y sí, efectivamente piensan así. Así como el presidente de la Asociación Rural (ARU) dijo que la desigualdad era natural, cada tanto se escapan estas tortugas que dan cuenta de una producción de política social que está alineada a esas definiciones de cuál es el rol del estado y qué sucede con los derechos de ciudadanos y ciudadanas. Estas dos (situaciones) tienen que ver con la correlación de fuerzas que la política y los movimientos sociales generen en la coyuntura. Tanto lo de la bancada religiosa como la derogación o no de la Ley de Urgente Consideración. Y reitero: la coalición gobernante es una coalición que racionalmente no se sostiene. No podría pensar a un ultramontano o a un católico conservador sentado al lado de un Batllista. Lo mismo sucede con otros sectores de la coalición. Es muy difícil pensar que eso pueda sostenerse en el tiempo consistentemente.”

El 23 de febrero, en entrevista en el programa No Toquen Nada de FM del Sol, la directora de Planificación Educativa de la Administración Nacional de Educación Pública, Adriana Aristimuño, dijo: “En el quintil 1, de 100 niños que empezaron la escuela 18 terminan todo el ciclo educativo. La inequidad educativa nos quema”. También dijo que las elecciones de horas docentes habían culminado, información desmentida por varios docentes que testimonian que en algunos departamentos de Uruguay siquiera han comenzado.

Las perspectivas para Uruguay, para Caggiani, son complejas. “En esto vamos a depender un poco de las alianzas que las organizaciones de trabajadores o de padres o de estudiantes puedan realizar con actores académicos, ya sean nacionales o regionales. De hecho, la política del nuevo gobierno ha sido cortar todos los convenios con la Universidad de la República en el caso de primaria. Pero además, cortar convenios que teníamos para especialización de maestros en campos o en espacios de formación que no estaban disponibles en el país. Por ejemplo con la Universidad de La Plata. Todo eso lo van a pulverizar. Y bueno habrá que ver como se reconstruyen, como se ha hecho en otros momentos esas alianzas o esas redes. Pero con la política pública del recorte se va a sentir”.

También la población está a la espera de las vacunas Covid-19, que según Lacalle Pou llegaría una partida de Sinovac el 25 de febrero, luego de varios amagues desde mediados de diciembre de 2020. Según la portada de La Diaria (23/02/2021) “serán 192 mil dosis. El Ejecutivo prevé recibir 1.558.000 más este mes, y que antes que termine abril se habrán sumando 460 mil dosis de Pfizer” con un plan de vacunación que iniciaría este lunes 1º de marzo con el personal de la salud y personas mayores y susceptibles de riesgo, pudiendo incluir a maestros y profesores.

Brasil al desnudo

En el caso del vecino del norte, el escenario es dantesco. Jóvenes de niveles medios y secundarios ocupando las instituciones públicas, manifestándose en las calles, siendo desplazados y golpeados. Reclamando el derecho de aplazamiento del ENEM, el examen nacional al que están obligados todos aquellos y aquellas que deseen acceder a formación universitaria en Brasil. Esto a raíz de los altísimos riesgos sanitarios frente a la segunda ola de Covid-19. Esta acción fue apoyada y llevada adelante el 18 de enero por el Instituto Campanha Nacional Pelo Direito à Educação, el Centro de Asistencia Jurídica Saracura, ambas instituciones civiles sin fines de lucro. Ambas accionan en la educación pública dentro de CLADE (Campaña Latinoamericana para el Derecho a la Educación), organización internacional que, como dijimos al inicio, actúa en todo el mundo en forma de red conteniendo y apoyando a la educación pública. Los representaron el Coletivo de Advocacia em Direitos Humanos (CADHu). Esta acción se tomó al día siguiente de que cientos de jóvenes fueran reprimidos y expuestos masivamente al contagio de Covid-19 el 17 de enero.

Tengamos en cuenta que en Brasil además de la original corren otras 5 cepas de covid, con el 53% de los convocados para el examen fuera de las aulas sin documentos u explicaciones que los ampararan. Así comienza el pantallazo de la realidad educativa en Brasil, dónde cerca del 80% de la población es captada en los niveles primarios y secundarios por la educación pública. Invirtiéndose los porcentajes en la vida universitaria dónde las Universidades privadas acaparan la oferta ya que el ENEM es uno de los filtros más exigentes, a través del que pasan solo privilegiados. Por poder estudiar para rendirlo y por poder aprobarlo. De ese magro porcentaje que aprueba la mayoría se vuelca a las universidades públicas que son las más buscadas por la calidad de educación y por la gratuidad. En la acción legal llevada adelante por el brazo brasileño de CLADE, consta la violación del derecho a la educación, a la salud, de la igualdad y de la probidad administrativas (Violação do direito à educação, à saúde, da igualdade e da probidade administrativas).

En Brasil además, así como en toda América Latina, los casos de violación, violencia de género y desempleo crecieron y vienen creciendo a la par. El requerimiento básico para la universalización de la virtualidad en Brasil no existe en forma homogénea; tampoco en Argentina o Uruguay. Es decir, la capacidad económica devenida de un ingreso que pague la conectividad a internet. En Uruguay hablamos de miles de ollas populares. En Argentina a inicios de 2020 hablábamos de un desempleo que dejó desnudo al país con cifras inauditas. Durante la cuarentena el desempleo escaló a más de 13% con un 40,9% de la población argentina en la pobreza. En Brasil el FMI preveía que el impacto de Covid-19 resultaría en el aumento de la tasa de desempleo en 14,7% en 2020. Finalmente fue de 14 millones de personas, con un alza en diciembre respecto a octubre del 2%.

Paulo Guedes, Ministro de Economía de Brasil, dijo a fines de diciembre de 2020 que “la recuperación económica basada en consumo e inversiones, sólo será posible en la medida en que haya un retorno seguro al trabajo y ese retorno seguro exige la vacunación en masa de la población”.

Mientras Malala Foundation, entre otras, está apoyando a la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación, que compone a CLADE en Brasil. Según Catarina de Almeida Santos, profesora de la Universidad de Brasilia (UnB) y dirigente de la Campaña en forma honoraria y especializada en educación básica, la situación es crítica. Aunque tienen injerencia directa en las casas legislativas del Congreso en Brasilia, junto a la ONU y en las Conferencias de Estados Latinoamericanos. Logrando accionar en favor de la educación en medidas concretas, así como en Argentina. Actualmente están luchando en Brasil por lograr la desvinculación de una enmienda en la constitución brasileña “con grandes perjuicios para los derechos sociales como la educación y la salud pública”. La propuesta que está en el Congreso brasileño y que desean eliminar trae como consecuencia “la desvinculación recursos hoy existentes en la constitución para escuelas y universidades y también en relación a la salud pública. Entonces ya comenzamos esa batalla. Actuamos también contra el retroceso en las ex – cámaras legislativas locales. Sea en la cámara de vereadores o en las ex-cámaras legislativas. Estamos luchando con el proceso de militarización de las escuelas en Brasil; pasa la gestión de las escuelas en Brasil para el comando de las fuerzas de la policía militar. Haciendo énfasis en el proyecto Escola sem Partido (Escuela sin partido) defendiendo la libertad de cátedra y los contenidos vistos en las escuelas. Inclusive sobre la Ministra Damaeres Alves, tiene mucho que ver con este gobierno que viene desarticulando todos los proyectos, o cortando financiamientos gubernamentales, cortando consejos direccionados a la protección de derechos sociales. Es decir no solo los derechos de los niños pero también los derechos de las mujeres, de las personas LGTBI, LGBTIQa+, también los de todas las poblaciones de alta vulnerabilidad. Y en todos estos casos el gobierno no solamente ha cortado financiamientos sino que también ha desenvuelto políticas de criminalización y discriminación a estos grupos. También acompañando a la Fundación Mixcure en el STF (Supremo Tribunal Federal), la Corte máxima en Brasil, combatiendo este tipo de políticas”.

Están trabajando también para revocar la enmienda constitucional Nº 95, que ataca directamente a los derechos sociales que están garantizados en el artículo 6º de la Constitución brasileña, abriendo debate nacional.

Educación en Lata o educación consciente

La evidencia en Argentina, Uruguay y Brasil muestra que son los colectivos los que están tomando la posta de la educación frente a gobiernos desviados hacia beneficios en lugar de derechos o sumergidos en crisis que parecen empañar la visibilidad de la estructura democrática de debiéramos tener más que asegurada. Y ser capaces además de enseñarles a nuestros hijos. Para darles un presente libre de atrocidades que atentan contra la continuidad de los derechos que están en riesgo, camufladas en informaciones falsas.

Fuente: https://www.analisisdigital.com.ar/opinion/2021/02/24/educacion-en-tiempos-de-capitalismo-de-datos-en-la-region

Comparte este contenido:
Leer más »

Na Guatemala, apagou-se do sistema educativo toda evidência dos tempos nefastos da ditadura

Ilka Oliva Corado

De: Ilka Oliva Corado

Tradução do Beatriz Cannabrava, Revista Diálogos do Sul

Para não ir tão longe, aí está o país vencido, que com tudo o que passou em tempos de ditadura era para que a estas alturas, em lugar de neoliberalismo e desmemoria, a sociedade tivesse reconstruído seu tecido social, encarcerado os que cometeram crimes de lesa humanidade a partir do governo e levantado a infraestrutura.

Mas, pelo contrário, está em puro osso. A mesma sociedade carniceira dedicou-se a negar o genocídio, a menosprezar os familiares das vítimas do Conflito Armado Interno, e a se dedicar a ver preguiçosamente e apaticamente como desmantelam o Estado e desparecem todos os recursos, os que desde então se apropriaram das urnas, das vontades e da própria desídia coletiva. Porque não há nada melhor para uma quadrilha que uma sociedade desleixada.

Os testemunhos de sobreviventes do Conflito Armado Interno são inumeráveis. Dianna Ortiz, foi uma sobrevivente das torturas do governo da Guatemala nos tempos da ditadura. Uma monja estadunidense que foi sequestrada por paramilitares e levada a um centro de tortura, onde a violentaram durante 24 horas. Foram contadas 110 queimaduras de cigarro em seu corpo. O que viveu aí não se pode escrever, é impossível repetir, sequer imaginar.

E esta mulher lutou toda a sua vida denunciando o horror que viveu e que viveram os povos originários. E assim como as dela são a denúncias das mulheres ixiles que testemunharam no julgamento por genocídio contra Ríos Montt, mas a sociedade as deixou sozinhas, apontou para elas, as vitimizou outra vez. Com isto demonstrando a pior das ingratidões porque elas viveram esses abusos quando eram meninas.

Há centenas de imagens que foram captadas por jornalistas em que se mostram os corpos torturados de milhares de pessoas; ainda assim a sociedade continua negando o genocídio. Se atrevem a acusar descaradamente que as próprias pessoas buscaram esse tipo de violência. Quem mandou que se metessem em camisas de onze varas.  Entre os assassinados há mestiços e indígenas, mas a ditadura se ensanhou contra os povos originários, queriam que desaparecessem, a típica Guatemala que sempre se acreditou europeia e caucásica, embora o reflexo no espelho lhe diga o contrário.

Por isso queimaram suas casas, metralharam povoados inteiros, os que conseguiram escapar se refugiaram do lado da fronteira com o México e outros foram mais longe, para os Estados Unidos. Essas terras roubadas foram presenteadas a ladrões oligárquicos que hoje são os grandes proprietários de terra do país. A ideia do retorno destas comunidades está cada vez mais longe, pois muitos faleceram no exílio. Na capital guatemalteca quando se caminha pelas ruas, é comum encontrar-se com papéis nas paredes com fotografias dos desaparecidos, que as pessoas passam sem ver. Não eram parentes delas.

Na capital guatemalteca quando se caminha pelas ruas, é comum encontrar-se com papéis nas paredes com fotografias dos desaparecidos. Apagou-se do sistema educativo toda a evidência daqueles tempos aziagos e é raro o docente que fale do tema com seus alunos, e é muito provável que se o fizer, outro companheiro o denuncie e perca o emprego tachado de comunista. Na universidade o descaramento dos docentes ultrapassa todos os limites, não falam do genocídio, mas quando o fazem é a favor do ditadores. Salvo um ou outro que se atreve a dizer o contrário, e é visto como empesteado e começa a ficar na mira de outros docentes. Os alunos tampouco perguntam, porque estão interessados só no diploma, embora tenham que pagar por ele.

Há, é claro, os que sabem a história e se aproveitam dela para tirar benefício pessoal. Aí se contam grandes feministas que usam as indumentárias indígenas quando vão para apresentar seus trabalhos no exterior, para falar dos direitos das mulheres indígenas, recebem diplomas e reconhecimentos, passagens aéreas e estadias pagas, mas que dentro do país são tão racistas com estas mulheres como os próprios fascistas de sempre. Editoras, editoriais, espaços de comunicação fechados às vozes das mulheres indígenas. Para estas feministas as mulheres indígenas não têm voz própria, nem capacidade para falar delas mesmas, nem das problemáticas que vivem em suas comunidades;Elas, mestiças e formadas na universidade têm, sim, é claro, o conhecimento e a capacidade para falar das outras.

Como elas, os grandes humanistas de esquerda, alguns ex-guerrilheiros que arrecadam fundos em conferências internacionais falando da memória histórica, dinheiro que jamais chega aos povos originários, nem aos familiares dos desaparecidos, dinheiro que se perde no limbo. Porque vivem disso, não trabalham, vivem à custa do sangue dos caídos. Há os que dizem que merecem um bom posto no governo e se tornam tapetes dos governos neoliberais, e se lhes vê lambendo as botas das marionetes de turno.

Os grandes intelectuais que são incapazes de escrever um texto se não houver dinheiro no meio, não digamos aproximar-se de uma comunidade indígena se não há fotos e redes sociais onde se exponha a visita do grande pensador. E o que é pior, não se aproximar porque uma coisa é falar dos indígenas (e dar-se a conhecer pela desgraça que eles sofreram) e outra é rebaixar-se a ir aonde eles vivem.

E há os que se contam por milhares, os grandes progressistas, os democráticos, que não são de direita nem de esquerda, os que fazem as lutas na comodidade de uma rede social, mas quando os povos originários saem em manifestação se escondem debaixo da cama de suas casas, porque têm vergonha do minúsculos que são, diante da dignidade dos que em qualquer circunstância saem à luta. Injustos temos sido a grande maioria com os familiares dos sobreviventes, lhes faltamos à memória de todos os que lutaram e lhes arrebataram a vida por haver-se atrevido a sonhar com um país igualitário.

Entre essas massas estamos os da geração da desmemoria, que nascemos nestes tempos e que nunca nos preocupamos em pesquisar por nós mesmos, em informarmos da verdadeira história do país, de seu povo. Vamos ao sabor do vento e o vento é manejado com grandes maquinarias de desinformação pelas máfias oligárquicas. Aqui todos atiramos pedras e escondemos a mão.

Em toda essa mistura de rastejantes, somos os que destruímos a Guatemala, talvez a espuma de toda essa contaminação seja o governo que é o que se vê. E as oligarquias que sabem que com um verniz arrumamos tudo, não vamos além. Eles nos têm ao seu favor. Mas no fundo a podridão somos todos os que não movemos um dedo para que as coisas mudem. Claro está, outra coisa são os povos originários, que são dignidade milenar no país que outrora foi um lugar de muitas árvores.

Fonte:  https://cronicasdeunainquilina.com

Comparte este contenido:
Leer más »

Políticas públicas educativas en Querétaro

Juan Carlos Miranda Arroyo

Por: Juan Carlos Miranda Arroyo

Retomo un comentario propio dado a conocer, por este medio, sobre la educación básica en Querétaro (1). Lo recupero y extiendo hacia otros niveles educativos, porque pienso que la sociedad queretana y del país, requieren de información puntual, y su respectiva lectura, acerca de los avances, o no, de las políticas públicas educativas ejecutadas, en lo local, estatal y nacional.

La eventual coyuntura del cambio de gobierno, en 2021, es una oportunidad propicia para enfocarnos a un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas sobre el ejercicio de gobierno, no como actos de control en el vacío, sino como actos democráticos, sobre todo si aspiramos a contar con gobiernos representativos, que se apeguen a las necesidades y demandas de la ciudadanía, y que no se sirvan de ella sólo para satisfacer intereses de pequeños grupos.

Como sabemos este año habrá cambio de gobierno en Querétaro (septiembre-octubre). También se darán relevos o reelecciones en las 18 presidencias municipales de la entidad; lo mismo sucederá con la integración de la legislatura local. Por lo tanto, junto con las elecciones constitucionales (federales) intermedias, el año 2021 es un año de intensa actividad política en el territorio queretano, desde ahora, a partir de las campañas políticas que están a la vuelta de la esquina y de la jornada electoral que se celebrará en junio.

Evaluación y políticas públicas educativas

¿Cuáles han sido los procesos y los resultados en materia de evaluación de la educación pública en lo que va de la gestión del gobierno estatal (2015-2021), luego de más de cinco años en el ejercicio del poder y a menos de un año de su conclusión?

En octubre del año pasado abordé y opiné, mediante un análisis de contenidos, lo registrado en un documento oficial: el Programa Sectorial de Educación, Querétaro 2016-2021. En esta oportunidad hago una breve revisión sobre la estadística del sector educativo de ese estado.

De acuerdo con las cifras dadas a conocer por las autoridades educativas del gobierno de Querétaro (2), durante el inicio del ciclo escolar 2019-2020, el 53% de la matrícula escolar estaba ubicada en la Educación Básica (Preescolar, Primaria y Secundaria); el 13.83% en educación media superior; y el 14.43% en la educación superior, mientras que el 1.21% estaba integrada por la población de educación inicial y especial.

Un desglose de la cobertura de la educación preescolar, en la misma entidad federativa, indica que, del total atendido en el estado, el 75.8% (68 mil 183 estudiantes) asiste a las escuela pública, mientras que el 24.2% (21 mil 731 estudiantes) lo hace en escuelas privadas; esto sobre la base de un total de 89 mil 914 estudiantes registrados al inicio del ciclo escolar 2019-2020.

En cuanto al porcentaje de alumnos que asisten a escuelas públicas (federal transferido) del nivel educativo “Preescolar”, entre la población total de la edad correspondiente a ese nivel educativo, en Querétaro se registra un 53.6 por ciento de cobertura.

Conviene recordar que Querétaro, como entidad, se ha destacado por el incumplimiento, con creces, en la cobertura de un segmento importante de la Educación Preescolar (específicamente en niños y niñas de 3 a 4 años). De acuerdo con datos de la estadística oficial de la SEP (2017-2018), Querétaro tenía una cobertura de alrededor del 20 por ciento en este grupo de edad (sobre este indicador y para este grupo de edad, el Estado de Hidalgo registra una cobertura de 45-47%).

Reitero las preguntas planteadas hace algunos meses y que no pierden actualidad: ¿Las autoridades estatales podrían decirnos cuál es el porcentaje actual, al término del sexenio, en ese rubro (Preescolares de 3-4 años)? Y si se logró un avance ¿en qué proporción? Y si no ¿Por qué no se ha rebasado esa meta o esa cifra? Cabe señalar que la cobertura universal y la obligatoriedad de la Educación Preescolar se estableció, en México, desde 2002 en las leyes federales.

Puntos no tan negros en el arroz

El doctor Pedro Flores Crespo, el mes pasado escribió y preguntó esto sobre la estadística educativa en Querétaro, a partir de datos publicados por el INEGI. Específicamente comentó sobre la evolución de la escolaridad y la matrícula de la educación media superior:

“…sobresale que el promedio de escolaridad, medido en grados cursados, de esta entidad es mayor al promedio nacional (10.5 y 9.7 grados, respectivamente). ¿En qué conductas y hábitos se traduce que los queretanos de 15 años y más tengamos un grado mayor de escolaridad? ¿Somos más críticos de nuestros respectivos gobiernos que el resto de la población?” (3)

Así continúa la reflexión de Flores Crespo: “Es importante además hacer notar que Querétaro elevó más, en diez años, su escolaridad que el promedio nacional e incluso, que la Ciudad de México. De 2010 a 2020, nuestra entidad subió su tasa de escolaridad en 1.6 grados (de 8.9 a 10.5), mientras que a nivel nacional y en la CDMX este indicador se movió 1.1 y un grados, respectivamente. ¿Fue esta alza más acentuada resultado de las políticas educativas estatales? ¿O fue también consecuencia de la inmigración al estado de personas altamente calificadas? No hay que olvidar que Querétaro, según el mismo Censo, es la tercera entidad federativa con el saldo migratorio positivo más alto después de Quintana Roo y Baja California Sur.”

Quizá esas preguntas se podrían despejar si se hiciera un estudio sistemático y riguroso sobre el origen de los estudiantes matriculados en la educación media superior o bachillerato en la entidad.

“Querétaro también registró tasas de matriculación igual o más altas que el promedio nacional en el ciclo escolar 2019-2020. Pero con un matiz: mientras que para el ciclo escolar 2000-2001, 29 de cada 100 jóvenes en edad de cursar el bachillerato lo hacían, para el periodo 2019-2020, esta proporción ascendió a 63 por ciento. Esto representa un aumento de 53 puntos, siete por arriba del promedio nacional. ¿Por qué avanzó Querétaro más que el resto del país en términos de inscribir a más jóvenes en la prepa? Pregunta de política pública que habrá que responder.”

¿Panorama sombrío?

Respecto al tipo de sostenimiento o financiamiento y de organización, en la educación especial, las autoridades locales informan que el 97.5% de la matrícula era atendido por instituciones públicas y sólo 2.5% por privadas; en educación básica, el 81.9% por las públicas, mientras que el 18% por las privadas. Por su parte, en la educación media superior se registraba un 73.6% de la matrícula escolar en instituciones educativas públicas y 26.4% en privadas; y en educación superior se tenía un 55.13% en instituciones públicas y 44.87 en escuelas privadas.

¿Esto significa, entre otras cosas, que para las y los jóvenes queretanos o radicados en la entidad, las posibilidades de acceder a la educación superior pública, año con año, se ven cada vez más reducidas?

En efecto, es necesario hacer una revisión más exhaustiva y profunda sobre los avances o retrocesos registrados en materia de políticas públicas educativas durante la última década, o quizá durante los dos sexenios recientes, en Querétaro. Ésta es una tarea que queda como pendiente para los organismos públicos que se dedican a estas cuestiones, es decir, al estudio de las políticas públicas educativas, dentro y fuera del gobierno.

Fuentes consultadas:

(1) “La Educación Básica en Querétaro (2015-2020)”, SDP Noticias, 14 de oct., 2020.

(2) https://www.usebeq.edu.mx/PaginaWEB/content/Estadisitica/INICIOC/INICIO2019-2020/

(3) Pedro Flores Crespo. “Querétaro: Política educativa e información”. Educación Futura, 31 de enero, 2021.

Querétaro: política educativa e información

Fuente:  SDPnoticias

Comparte este contenido:
Leer más »

Empresarios: puerta giratoria y educación

Mauro Jarquin

Por: Mauro Jarquin

Afines del siglo pasado se generó una polémica global sobre el papel que el sistema educativo debía tener respecto al crecimiento económico de las sociedades. Dicho debate había sido ya desarrollado a partir de las formulaciones de los teóricos neoclásicos del capital humano durante los sesenta, pero el proceso de globalización productiva brindó un nuevo brío a las preocupaciones sobre educación y desarrollo debido a que los sistemas educativos devenían enclaves fundamentales en la formación de capital humano, factor de primera importancia en la competencia económica internacional.

El gobierno de Carlos Salinas de Gortari mostró un interés especial al respecto, ya que, junto al Consejo Coordinador Empresarial y al Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (ahora Consejo Mexicano de Negocios), compartía el interés por modernizar al país para favorecer su integración al mercado mundial, lo cual sería potenciado con la firma del TLCAN. Para gobierno y cúpulas empresariales, uno de los rubros de dicha modernización debía ser el educativo, dada la importancia del capital humano para la atracción de inversión extranjera directa. Al respecto se pronunciaba el entonces presidente: “Es necesario enfatizar que educación de calidad significa más competitividad; pero, sobre todo, mejor educación quiere decir mejor distribución del ingreso…”. La educación encaminada a la modernización económica y social, es decir, hacia la reproducción del orden neoliberal, era la prioridad en el gobierno salinista.

Dado el interés empresarial en la educación, y considerando un supuesto expertise para generar grandes rendimientos de cualquier inversión (y dado que para el gobierno la educación representaba ya una inversión y no un gasto, retomando los principios de la teoría del capital humano), el gobierno salinista le invitó a formar parte activa del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB).

Jorge Ocejo Moreno, en aquel momento presidente de la Comisión de Educación del Sector Empresarial fue invitado al Foro de Consulta para la Modernización Educativa y a la presentación del Programa para la Modernización Educativa, realizado en Monterrey en 1989; además, los empresarios fueron incluidos formalmente al Consejo Nacional Técnico de la Educación (Conalte). En ese momento se inauguró un largo ciclo de aguda intervención empresarial en la educación pública, tanto a nivel orgánico como programático mediante distintos mecanismos, entre los cuales el uso de la puerta giratoria ha resultado fundamental para la preservación de su influencia burocrática y programática en la SEP.

Castellani explica que puerta giratoria –expresión que tiene origen en la legislación estadunidense– alude al paso de algunas personas por altos cargos en el sector público y privado en diversos momentos de sus trayectorias laborales (https://nuso.org/articulo/lobbies- y-puertas-giratorias/). La autora expone que dicho ejercicio puede realizarse de distintas formas: altos directivos del sector privado que acceden a puestos relevantes en el sector público; funcionarios que al dejar su cargo son contratados en el sector privado para ocupar puestos directivos o individuos que van ocupando altos cargos en el sector privado y el sector público alternativamente; modalidades que pueden conllevar a importantes conflictos de interés, ya sean explícitos, aparentes o potenciales.

El uso de la puerta giratoria ha sido un mecanismo de intervención importante para sectores dominantes en el campo educativo internacional. Mediante la ocupación de espacios relevantes en el sector público, grupos de interés han situado la agenda de asociaciones y ONG organizadas y financiadas por empresarios, quienes han actuado como correa de transmisión de intereses privados hacia instancias de deliberación política, presentando un supuesto interés en el bien común.

Entre muchos otros, consideremos el caso de la multimillonaria Betsy DeVos, quien en 2017 fue nombrada como secretaria de Educación en Estados Unidos; María Victoria Angulo, titular del Ministerio de Educación de Colombia, previamente directora ejecutiva de la organización Empresarios por la Educación; Agustín Batto, cofundador y director ejecutivo de Fundación Eidos, coordinador nacional de Programas del Ministerio de Educación argentino durante los primeros años del gobierno de Mauricio Macri y en el Brasil gobernado por el Partido de los Trabajadores (Lula y Rousseff) recordemos a Fernando Haddad, titular del Ministerio de Educación, uno de los primeros integrantes de Todos por la Educación –organización empresarial hermana de Mexicanos Primero– según su propia directora ejecutiva. Así, no resulta fortuita la adopción paulatina de criterios de mercado y gerenciales en los lineamientos de evaluación, gestión y gasto educativo.

En México, la tendencia descrita se encontró recientemente con el nombramiento de Esteban Moctezuma, ex presidente ejecutivo de Fundación Azteca, quien saltó a la SEP con el gobierno de la 4T. Esto fue habilitado por el fomento de las actividades empresariales por parte de anteriores titulares de la SEP como Josefina Vázquez Mota, aliada estratégica de Mexicanos Primero, posicionándolos como un actor central en educación y Aurelio Nuño, quien buscaba hacer de México un país maquilador cada vez de mayor nivel a través de la educación. Su mayor mérito fue que durante su gestión, la secretaría y el INEE se vieron capturados por intereses del sector privado.

Actualmente, la SEP es dirigida por Delfina Gómez, promotora del emprendedurismo, valor que podría consolidarse con el nombramiento de Martha Hernández Moreno como subsecretaria de Educación Básica, hasta hace algún tiempo directora de Diseño Curricular y Acreditación en la Universidad Metropolitana de Monterrey, vinculada estrechamente a Alfonso Romo Garza.

Nada nuevo bajo el sol. En el viejo régimen y la 4T, mientras docentes luchan por derechos, empresarios sólo giran la puerta para disfrutar prerrogativas.

*Profesor FFL-UNAM

Fuente: http://www.educacionfutura.org/empresarios-puerta-giratoria-y-educacion/

Comparte este contenido:
Leer más »
Page 18 of 822
1 … 16 17 18 19 20 … 822