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México – Educación Media ha atendido casos de acoso, pero se requieren denuncias: Mariana Sosa

Educación Media ha atendido casos de acoso, pero se requieren denuncias: Mariana Sosa

La directora general dijo que aunque las instituciones educativas son coordinadas por la dependencia, son independientes que tienen que trabajar sus procesos

Josimar Lara

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de que se diera a conocer un supuesto caso de violencia sexual en el Tecnológico de Tacámbaro hacia una maestra, la directora general del Instituto de Educación Media Superior y Superior de Michoacán (IEMSYSEM), Mariana Sosa Olmedo, indicó que se le ha dado seguimiento al tema, pues incluso se han reunido con la docente afectada y con el director.

“Hemos estado en conocimiento de este tema desde hace tiempo, yo personalmente he estado en la institución, me he reunido con la maestra que ha estado alzando la voz, con compañeros de ella, de otra fracción sindical, con el propio director, las cosas han sido atendidas”, argumentó.

En entrevista con medios de comunicación, la directora del instituto subrayó que si bien con la dependencia le han dado seguimiento y se han involucrado otras áreas de gobierno, es necesario que la víctima presente la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado, para poder concluir el proceso.

“En estos procesos, todas las partes debemos hacer lo que nos corresponde, en el caso de una persona que manifiesta esta situación, es importante levantar las denuncias, trabajar en ello, porque si no los procesos no pueden concluirse”, sostuvo.

Dijo que incluso se cuenta con la documentación que ampara las acciones del instituto en estos casos, así como que hay información ante la Secretaría de Contraloría, porque son muchas instancias que se involucran, debido a que la maestra afectada denunció también hostigamiento laboral, pero, insistió, en que también debe haber una denuncia ante la Fiscalía en este tipo de temas.

Respecto que incluso la maestra agredida fue separada del cargo, la directora general señaló que se revisará con el Tecnológico de Tacámbaro dicha situación, ya que aunque son coordinados por la dependencia, son instituciones independientes que trabajan sus procesos al interior.

AC

Fuente de la Información: https://mimorelia.com/noticias/educacion/educaci%C3%B3n-media-ha-atendido-casos-de-acoso-pero-se-requieren-denuncias-mariana-sosa

 

 

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El Salvador: Escuela chica pero con lío grande en caserío de Jucuarán

América Central/El Salvador/19-08-2022/Autor@s: E. Chacón/ Iliana Ávila y Fuente: www.elsalvador.com

Sin clases están los 70 alumnos del centro educativo del caserío La Ringlera. El portón de la escuelita está cerrado. Y sobre todos los docentes está pendiente una orden de traslado.

La situación al interior del Centro Escolar Caserío La Ringlera, de Jucuarán, es compleja, delicada y hay más de una versión de lo que ocurre. Y es tan delicado, que muchos de los habitantes del caserío no quieren hablar con extraños sobre el asunto, el cual llegó este martes a los medios de comunicación.

Mientras en San Salvador, los líderes de Bases Magisteriales exponían un lado de la situación, señalando que personal de la municipalidad cerró con candado la escuelita y que el personal docente se siente acosado laboralmente; una comitiva con representantes del Ministerio de Educación y miembros del Consejo Directivo Escolar (CDE) realizaban una auditoria al interior del centro educativo, en el cantón el Jícaro, del municipio de Jucuarán, en el departamento de Usulután.

Entre los hallazgos encontrados durante la auditoria están unos 20 uniformes deportivos nuevos, así como 40 uniformes de uso diario e igual número de pares de zapatos, todos localizados en la dirección del centro de estudios, de acuerdo con personas que participaron en esa inspección.

Desde el sindicato.
El sindicato de docentes Bases Magisteriales denunció en conferencia de prensa, “la toma del Centro Escolar Caserío la Ringlera” y señaló públicamente que fue el jefe de catastro de la municipalidad, junto a otras personas, quienes pusieron la cadena y el candado al portón de la escuela rural.

“El motivo es que a juicio del alcalde de dicho municipio, el síndico, el secretario y el presidente de la Adesco consideran que en dicho centro escolar hay maltrato al alumnado”, denunciaron.

El sindicato expusó que de ser cierta la acusación “debieron denunciar a los docentes en la Junta de la Carrera Docente respectiva, al Conna o a Derechos Humanos. Los funcionarios del Concejo Municipal no son la policía educativa; ese concejo debe dedicarse a sus funciones tales como recolección de basura, reparación de calles, mercados”.

De acuerdo con los dirigentes sindicales las personas que cerraron la escuela cometieron un delito tipificado en el artículo 345 -B del Código Penal, que se refiere a ocupación violenta de espacios comunales, habitacionales o de trabajo. Bases Magisteriales informó que acudirá a la Procuraduría de Derechos Humanos para denunciar la situación del centro educativo.

Alcaldía sin ahondar en el tema
Se buscó conocer la versión del alcalde de Álvaro Rodríguez, pero, la llamada telefónica era enviada a buzón de voz.
Personal de Comunicaciones, dijo no estar autorizado para hablar sobre el tema y que como institución se mantenían al margen de esa situación, “es la comunidad y la Adesco que están actuando al respecto, se encontraban compañeros (de trabajo) que tienen hijos y que viven en la comunidad” fue el único comentario hecho.

“Ellos (trabajadores de la alcaldía) se presentaron porque son personas de acá que trabajan en la alcaldía que tienen alumnos, estuvieron ellos, adesco y la comunidad. El el jefe de catastro pasó y vio a la gente y se bajó a preguntar”, comentó Joel García, presidente de la Adesco.

Lo que dicen el CDE
Ninguno de los 70 niños matriculados en la escuelita está asistiendo a clases desde el lunes, cuando pusieron la cadena y el candado al portón.

Pero la acción para los miembros del Consejo Directivo Escolar (CDE) es válida y tiene una justificación.

Ellos alegan que hay señalamientos que van desde acoso sexual, amenazas a padres, expulsión injustificada, robo de alimento, maltrato a los niños, pérdida de implementos escolares como computadoras e incumplimiento al horario laboral.

“Esta escuela está en abandono como que no vinieran los niños. Todo no sirve. El año pasado que se aprobó (presupuesto) dijeron que era para reparaciones leves; preguntamos qué se iba hacer con esos $300, se construyó la acera. Acá no se celebra el Día de la Madre ni del Padre, acá los niños de parvularia nunca han tenido una graduación”, comentó la madre de un alumno y miembro del CDE.

Joel García, en su calidad de presidente de la ADESCO, expusó que envió una carta a la Departamental de Educación de Usulután exponiendo el malestar de la comunidad con la administración del centro educativo.

La carta fue enviada el 10 de mayo. El 17 de ese mismo mes, el Director departamental llegó hasta el centro educativo y ordenó el traslado del matrimonio de docentes, narró García.

Pensaron que éramos una comunidad de gente tonta, por eso no los dejamos que entraran (el pasado lunes). Dijimos que abriríamos el portón hasta que llegara el director departamental, porque él dijo que (los profesores) ya tenían su traslado. Tuvo que venir el MINED de San Salvador y les quitaron las llaves (al director)”, narró García, en referencia a lo ocurrido a inicios de esta semana.

La situación al interior del Centro Escolar Caserío La Ringlera, de Jucuarán, es compleja, delicada y hay más de una versión de lo que ocurre. Dirigentes de Bases Magisteriales narran su versión de los hechos.

Antecedentes. En voz del sindicato
Los representantes sindicales, basados en la comunicación que enviaron los profesores, narraron que el 13 de mayo pasado, a las 10:00 de la mañana llegó a la escuela del caserío el director departamental de educación y su equipo de trabajo. Uno de los miembros de esa comitiva entró a una de las aulas, en donde se impartían clases e interrogó a los alumnos si eran maltratados y cuál era su horario de clases. Similar situación se repitió en otras aulas.

Añaden en el relató que se les ordenó a los docentes que despacharan a los alumnos . Luego los profesores fueron reunidos a las 11:30 de la mañana. A esa reunión llegó el alcalde y el síndico municipal de la localidad, quienes dijeron a los maestros que también llegaría el presidente de la Adesco a esa reunión.

Continúan la narración de hechos diciendo que los educadores desconocían el motivo de la reunión. Fue ahí donde les dijeron que había una denuncia de maltrato hacía el alumnado, de acuerdo con lo expuesto por el presidente de la Adesco al alcalde.

“El alcalde junto al de la Adesco le piden al director departamental el traslado de los 3 docentes inmediatamente. Una de las dos maestras no soportó el acoso de tantas personas y dijo que estaba de acuerdo que los trasladaran. La otra docente respondió algunas preguntas luego se le subió la presión y se puso a llorar. Luego levantaron acta en el libro de visitas donde ellos dejaron los acuerdos de traslado, la cual aprovechándose de la confusión de los hechos que nos estaban acusando, nos dijeron que firmamos a continuación de ellos, esa acta no cuenta con sello de los visitantes porque dijeron que no lo andaban”, se expone en el comunicado donde se exponen los hechos.

Sobre acoso. Versión CDE
Los miembros del CDE manejan información de un caso, de hace algunos años, de acoso dentro de la institución.
Unos de los casos, aseguran, llegó hasta la oficina Departamental de Educación en Usulután, de acuerdo a miembros de la comunidad educativa. La madre interpuso la denuncia respectiva pero posteriormente salió junto a su hija rumbo a Estados Unidos, “él llegó hasta la casa de la persona que lo denunció y la testigo, las amenazó”, aseguró el presidente de la Adesco.

Al interior de la escuela.
El centro escolar del caserío La Ringlera atiende a 70 alumnos, en dos jornadas. Por la mañana atienden parvularia integrada, tercero y cuarto grado integrado, quinto y sexto grado integrado; y por la tarde primero y segundo grado integrado. El alumnado es atendido por tres profesoras y un director.

La llegada de una de las maestra al centro escolar fue hace unos 30 años, luego llegó su esposo. Ambos están, ahora, a un lapso de jubilarse y en discordia con parte de la comunidad.

“Ya es mucho, si no hubiera sido malos que se jubilaran y pasaran todos sus años acá, pero que hubieran trabajado bien, han sacado muchos maestros como no estaban de acuerdo como trabajan ellos”, dijo este martes la madre de un alumno.

Situación actual. Versión CDE
A los ojos de los miembros del CDE la infraestructura escolar está dañada. No hay mejoras pese a tener un presupuesto escolar mensual de $1,500, según los miembros del CDE.

Mabel Romero es la tesorera del CDE del centro escolar y recuerda que durante las reuniones, el director solicitaba dinero para diversas reparaciones o compras que se tenían que realizar, pero poco de eso se ejecutaba; incluso dice que hay señalamientos de solicitar a las personas que ejercían como tesoreros firmarán cheques en blanco.

“Hace un mes llegó a la casa y me dijo que le firmara un cheque, vaya le dije y le hice ver que el cheque estaba en blanco. Él me dijo: ¿ pero por qué desconfías Mabelita? ¿yo qué te voy hacer? y luego me dijo fírmame este otro por si se equivocan, y los firme. Uno se atemoriza y da miedo, porque cuando uno no cae bien, pagan los niños”.

Romero dijo que siente temor de que existan represalias judiciales en su contra y en otros miembros de la comunidad.

“Yo tengo temor por firmar esos cheques, y se lo dije a la gente del ministerio porque uno lo hace inocentemente, porque uno confía en ellos, porque todos estos años atrás han sido otros tesoreros e igual siempre los hacen firmar cheques y la firma de la secretaria que era la maestra”, declaró.

Página colocada en el portón de la escuela del caserío de Jucuarán.

Versión desde el sindicato
“Todo esto lo vemos con tintes políticos porque hablan de una denuncia , la cual no se encuentra en ninguna de las entidades respectivas. Nosotros nos sentimos acosados laboralmente”, exponen los docentes a través de Bases Magisteriales.

A través del sindicato también sacan a luz pública que el 12 de agosto, el director de dicho centro escolar recibió órdenes para que “siguiendo los acuerdos de la visita del 13 de mayo subutilice a las 2 maestras”, sin embargo “el director respondió que no estaba de acuerdo en ser trasladados a otras instituciones”.

Bases Magisteriales señaló que existe un proceso para el traslado de docentes, pero que ese no ha sido realizad en el caso de la escuela rural en mención.

Pero la acción realizada el lunes 15 de agosto no ha dado más alternativa a los maestros que retirarse del centro educativo.

García agregó que entre este miércoles o jueves se podrían presentarse los maestros interinos.

“Solo queremos que les enseñen a los niños; si no se portan bien igualmente ellos van a recibir estos mensajes, nos vamos a reunir el CED y la directiva y les vamos a decir que se porten bien y si no van para afuera”, declaró García.

Mientras, los dirigentes de Bases Magisteriales dijeron ayer que ellos se reunirían, el martes por la tarde, con autoridades del Ministerio de Educación para tratar el caso;también que llevarían la denuncia ante la Fiscalía y Derechos Humanos.

Fuente e Imagen: https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/escuela-en-caserio-jucuaran-alcaldia/988157/2022/

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MeToo en las universidades españolas

Por; Núria Marrón, Núria Navarro, Gemma Tramullas |

Más de 25 profesoras e investigadoras de las universidades públicas españolas rompen por primera vez su silencio para denunciar el acoso y la violencia machista que han sufrido en una institución que presume de buscar la excelencia pero aún conserva parte del ADN «feudal»

«Si sigues miedosa, prometo darte un buen azote». «El sexo es una forma excelsa de comunicación». «Mi vida es un orgasmo, ¡chica!». «Besos mojados». «Besitos ahí». Cada uno de estos mensajes, y un buen puñado más, fueron enviados con absoluta impunidad por un reputado catedrático de la Universitat de Barcelona a 12 alumnas y dos alumnos. Todos ellos constan en unas diligencias que la fiscalía archivó en 2013 porque la denuncia por acoso sexual, tras abrasarse convenientemente en los despachos de la universidad, ya había prescrito cuando llegó a sus manos. El caso, por tanto, no tuvo recorrido judicial, pero sí ha contribuido a descorrer la tapa de una fosa séptica oscura y largamente silenciada: el acoso sexual y machista que sufren profesoras e investigadoras universitarias y que provoca tanto sufrimiento como asfixia y expulsión de talento.

Una de las denunciantes fue la socióloga Ana Vidu, cuyo caso aún es extraordinario en la medida en que rompió el muro universitario. Sin embargo, el desenlace es demasiado conocido por demasiadas mujeres. Vidu pasó a ser «la conflictiva», la apestada, la loca, adjetivos que aún hoy repercuten en su vida profesional. «Es peor cuando denuncias que cuando sufres el acoso», dice hoy, desde la Universidad de Berkeley. De hecho, con su carrera reventada en Barcelona, probó en la Universidad de Deusto, donde la decana de Derecho, tras una larga entrevista, admitió que estaba «impresionada» por la «cantidad de calumnias sobre ella que le habían llegado». ¿Y el catedrático? Pues fue apartado de la docencia, pero no de la institución.

El 90% de las docentes e investigadoras no denuncian los casos de acoso

Vidu hoy forma parte de este primer gran MeToo de la universidad española. Como ella, las más de 25 académicas que aparecen en este reportaje ponen rostros e historias a lo que vienen diciendo las pocas investigaciones realizadas sobre este asunto: que la misma vida académica que habla de excelencia y pensamiento crítico también está asentada en una trama de violencias machistas que se alimentan en la jerarquía de la institución, en su gran competitividad y en la llamada violencia aisladora o de segundo orden: la que sufren las personas que apoyan a las afectadas.

No es tanto que la universidad esté cuajada de acosadores, como que tradicionalmente su ecosistema ha brindado impunidad a los que hay. ‘Omertá’, la ley del silencio, sigue siendo una de las palabras más escuchadas en este gran mosaico del acoso universitario.

Prácticamente todas las universidades cuentan con denuncias internas. Que sus nombres no aparezcan en este reportaje no significa que hayan erradicado este tipo de violencias. La confusión, sin embargo, se abre paso al intentar cartografiar el fenómeno.

Primero, porque la línea entre acoso laboral ‘a secas’ y de género a veces es fina –aunque hay datos clarificadores: de diciembre de 2019 a a marzo 2021, 31 mujeres por 11 hombres interpusieron quejas ante la Oficina de Acoso de la Universidad de Granada-. Y luego está el hecho de que la ausencia de una normativa única en cuanto a criterios de recopilación de los datos impide discernir en muchos centros cuántas denuncias o quejas proceden del profesorado, del alumnado o del personal de administración y servicios (PAS). Por supuesto, el grueso pertenece al colectivo de estudiantes, el más numeroso. Pero es en el sector del personal docente e investigador donde las personas se juegan más y el miedo a represalias es más inmovilizador.

«El 90% de las docentes e investigadoras no denuncian los casos de acoso», mantiene Patricia Melgar, miembro del Community of Research on Excellence for All (CREA), espacio de investigación que ha trabajado este asunto. Su subdirectora, la catedrática Rosa Valls, ya apuntó en un estudio pionero de 2008 que hasta un 65% de universitarios habían padecido o conocían alguna situación de violencia de género en los ámbitos de alumnado, docencia / investigación o el PAS.

CREACIÓN DE LAS UNIDADES DE IGUALDAD

En su día, este informe logró que a) la ley considerase las universidades como espacios de violencia de género y b) contribuyó a la creación de lasunidades de igualdad. «Las universidades nunca habían tenido ganas de abrir este tema, pero se les obligó desde más arriba», afirma. A partir de ahí, los datos del estudio no se han actualizado, a pesar de que lo han solicitado hasta tres veces a la Agencia Estatal de Investigación.

Los abusos van desde tocamientos a mayordomeo, negación de recursos, ‘apaños’ en los tribunales, difamación, luz de gas y agresiones físicas

Mientras las cifras siguen en el limbo, los relatos de las académicas entrevistadas, algunas de ellas con procesos judiciales abiertos contra la propia universidad, componen en cambio una silenciada sintonía común. Unas, como Ana Viduhan sufrido acoso sexual (las investigaciones apuntan a que alrededor de 1% de catedráticos son acosadores que reiteran). Y otras, como la doctora en Historia Carme Ruestes, afirman haber vivido, en su caso en la UAB, como «siervas en régimen de vasallaje»: «El catedrático no me quiso apoyar en el concurso de profesora titular, pero me propuso que me quedara investigando para él; durante muchos años trabajé mucho y bajo presión».

En este recuento de trapos sucios -en el que los atropellos van desde tocamientos hasta negación de recursos e información, mayordomeo, maniobras de expulsión, ‘apaños’ en los tribunales, campañas de difamación, robo de material, luz de gas y hasta amenazas y agresiones físicas-, también hay profesoras que denuncian hostigamientos vinculados al origen («determinadas conductas no se habrían producido si yo no fuera mujer y latinoamericana –explica una profesora de la Universidad de Granada-, la combinación de ser mujer e inmigrante es explosiva, soy la intrusa en esta institución feudal») y a la orientación sexual.

Una profesora de la UB que denunció a su catedrático por acoso y luz de gas afirma que -tras haber aceptado una mediación- no solo no se ha reparado el daño infligido sino que se ha reforzado una «especie de permiso colectivo» para menospreciarla que, según ella, no es ajeno a su orientación sexual. «A pesar de que la sociedad se crea muy avanzada, cuando no tienes una orientación sexual heteronormativa se te margina, te conviertes en la nota discordante», afirma.

Uno de los principales factores paralizantes a la hora de denunciar e incluso de apoyar a víctimas es precisamente esa alianza que sellan el miedo y la jerarquía. «Sobre todo no pongas mi nombre», «esto no lo escribas por favor», «tengo mucho miedo de las represalias», «asegúrate que no se me identifique», son comentarios que jalonan las conversaciones con algunas afectadas (la mayoría de las que aparecen en este reportaje ya no trabajan en los centros donde sufrieron el acoso).

No hay un perfil claro del acosador, más allá de que poseen «poder, protección y conexiones», y que se mueven «por redes de favores y contrafavores»

En cuanto a los acosadores, no hay un perfil claro, más allá de que poseen «poder, protección y conexiones en, por ejemplo, tribunales de plazas», afirma la socióloga Ana Vidu. «Se mueven muy bien por las tinieblas, por las redes de favores y contrafavores», añade la bióloga Eva Bussalleu. Embarazada y con depresión tras haber sufrido negación de recursos e información -extremos reconocidos por la propia Universitat de Girona-, perdió ante el compañero al que internamente acusó de hostigamiento la plaza que debía estabilizar en un concurso, y que deberá repetirse porque la justicia sentenció que el tribunal no era paritario.

Las referencias medievales que salpican este reportaje no son metafóricas. Las universidades fueron una creación del siglo XII. Eran instituciones estrictamente masculinas, donde el nivel de misoginia era incluso superior al del clero. En el siglo XXI, la dependencia de la protección de un catedrático para avanzar en la carrera equivale al vasallaje respecto al señor feudal de la Edad Media.

Desde la puesta en marcha de los protocolos en las universidades, el acoso se ha atenuado

UNIVERSIDAD: ADN FEUDAL

Este ADN feudal determina las relaciones entre las personas y favorece la desigualdad de género, raza y clase, hasta el punto de que Rosa Valls afirma que «en general, es más humana una empresa que la misma universidad». Según un informe de las Academias Nacionales de EEUU de Ciencias, Ingeniería y Medicina (NAS) publicado en 2018, más del 50% de profesoras han sufrido acoso por razón de género. El libro ‘Acoso. #MeToo en la ciencia española’, de Ángela Bernardo, recoge datos y estudios a nivel estatal e internacional que chocan con la imagen idealizada de la academia. Según recoge Bernardo, la revista ‘Personnel Psychology’ afirmaba en 2003 que, en EEUU, el Ejército y la academia, por su naturaleza extremadamente jerárquica, son los sectores donde habría más acoso machista.

A pesar de que en los últimos años se han introducido mecanismos meritocráticos, los profesores titulares y sobre todo los catedráticos aún son clave en cuanto ocurre en sus feudos, desde la composición de los tribunales que dirimen las plazas hasta la asignación de recursos, la adjudicación de las asignaturas y los horarios, o las publicaciones que se realizan. Según un informe de 2019 de la Xarxa Vives (que agrupa 22 universidades de territorios de habla catalana), de cada 10 catedráticos solo dos son mujeres. Hasta hace poco, este abismo se atribuía más a circunstancias como la maternidad que a la naturaleza misógina de la institución académica.

«Es un marco muy jerarquizado y competitivo y parece que tengas que hacer un mar de favores para mantener tu plaza. ¿Quién va a denunciar a su director de tesis? Estamos en una fábrica de conocimiento y no deberíamos rendir pleitesía a un catedrático, pero se hace y mucho. Es derecho feudal», afirma la directora de la Unitat d’Igualtat de la Universitat Pompeu Fabra, Rosa Cerarols.

«Es un marco muy jerarquizado y parece que tengas que hacer muchos favores para mantener tu plaza ¿Quién va a denunciar a su director de tesis?», dicen en la Unitat d’Igualtat de la UPF

Precisamente las unidades de Igualdad, puestas en marcha en los últimos años, tienen un balance ambivalente. Por un lado, afirma la catedrática Rosa Valls, han supuesto «un impacto político superimportante» y un cortafuegos con el que empezar a trabajar. De hecho, se considera que desde la puesta en marcha de los protocolos, el acoso se ha atenuado. Sobre todo el sexual: antes de 2004, lo habían sufrido el 22% de asociadas, interinas, becarias, por el 4% actual. Aun así, advierte la catedrática, comisiones y unidades de Igualdad también corren el riesgo de convertirse en «floreros».

¿Sus principales hándicaps? Están dirigidas por el equipo rectoral, por lo que si la institución opta por autoprotegerse se vuelven contra las afectadas; los procesos de mediación que impulsan revictimizan a las denunciantes; los protocolos a menudo son disuasorios, y algunas malas experiencias ahuyentan a víctimas que sopesan dar el paso. «Cuando fui a la unidad, me dijeron que era muy valiente y que en adelante ya no estaría sola, pero me arrepiento totalmente de haber puesto la denuncia y confiado en sus palabras», asegura una profesora de la UB que, tras denunciar a su catedrático en 2019 por acoso y calumnias sostenidas a lo largo de 10 años (dentro y fuera de la universidad) no solo pasó por una traumática e inútil mediación, sino que el proceso acentuó su aislamiento en un área en la que es la única mujer.

«Mis compañeros me giraban la cara, me marginaban, no se me tenía en cuenta para nada -prosigue-. Yo creo que muchos tienen privilegios que temen perder. La universidad es una institución medieval y no quieren dejar de ser caballeros de la mesa redonda. Cualquier persona que creen que los desafía se convierte en alguien a quien se le puede ridiculizar, cuestionar su valía y matar en vida, y es lo que a mí me están haciendo desde el primer día. En el mejor de los casos, han mirado hacia otro lado y me han dejado sola, como a una paria».

El cerco que relata esta profesora no es ninguna excepción. De hecho, en el modus operandi del acoso universitario es significativo el cordón sanitario alrededor de la víctima, en el que el claustro ‘compra’ la versión del acosador, por supervivencia, desidia o interés.Explica Vidu que profesores que habían elogiado su talento empezaron a cuestionarla en público. A J.R., la dirección de la escuela universitaria en la que trabajaba no quiso oír su vivencia y al final abrió una investigación interna a puerta cerrada llevada a cabo por una empresa externa que hacía informes en el marco de la prevención de riesgos laborales. En ninguno de los casos hubo voluntad de esclarecimiento ni acompañamiento alguno.

«Recibí amenazas de muerte e intentaron echarme de la universidad», explica Ramón Flecha, catedrático de la UB que apoyó a una alumna acosada

«Uno de los primeros casos que saltó a la prensa fue el de M.A.F., profesora interina de la facultad de Económicas de la UB, que tras los informes de Fiscalía y magistratura, perdió el juicio contra el catedrático M.A., a quien denunció en 2004 por presiones para que accediera a favores sexuales, porque los miembros de su departamento testificaron a favor del catedrático», explica Ramón Flecha, el primer catedrático español que se puso del lado de las víctimas, ‘honor’ que lo convirtió en «traidor» y le reportó una sustancial bajada de ingresos.

En 1995, Flecha presentó la primera denuncia en la UB, proponiendo al equipo rector que actuara contra las continuas situaciones de acoso sexual y adoptara procedimientos como el de Harvard, «donde si un profesor sabe de un acoso y no lo denuncia, es expulsado». Las represalias fueron «bestiales», describe. «Recibí amenazas de muerte a las tres de la mañana, intentaron echarme de la universidad, como a otras colegas que investigaron el asunto, y cuando vieron que no podían con nosotros, fueron a por nuestros hijos en las escuelas», explica. ¿Quién? «Hubo una implicación total de la estructura universitaria», no duda el investigador, ejemplo de víctima deviolencia de segundo orden-solo el 0,4% de los docentes apoyan a las víctimas y de este 0,4%, el 80% ha sufrido violencia de género aisladora-, clave sin la que no se podría entender el acoso en el entorno universitario y que, de forma pionera, fue incluida en el ordenamiento jurídico catalán en diciembre de 2020.

«Las víctimas solo se pueden transformar en ‘supervivientes’ si encuentran apoyo, y este apoyo solo se da, salvo heroicas excepciones, con legislaciones y actuaciones institucionales decididas. Sin ellas, se impone la ley del silencio, aliada de los acosadores», explica. En este sentido, Valls afirma que un concepto clave es el llamado ‘bystander intervention’ o intervención de los testigos. «En el momento en que la sociedad interviene, cuando ves algo en el metro y consideras que debes interceder, es cuando los programas funcionan porque ya no se produce la violencia aisladora».

Las víctimas solo se pueden transformar en ‘supervivientes’ si encuentran apoyo. De lo contrario gana la ley del silencio

Mientras, las secuelas psicológicas del acoso son feroces. Algunas de las mujeres entrevistadas presentan cuadros de estrés postraumático que les afecta en su día a día y que les obliga a pagarse de su bolsillo psicólogos especializados en conflictos en entornos laborales para intentar mitigar los efectos del acoso. Sus relatos hablan de problemas de concentración, temblores, insomnio, mareos, ataques de ansiedad, depresión y hasta intentos de suicidio. «Caí en una depresión muy fuerte y una vez incluso intenté tirarme por una ventana –explica una investigadora–. Ahora me parece una barbaridad, pero estaba muy ofuscada y solo quería acabar con aquel sufrimiento que se me comía».

De hecho, muchas veces, el conflicto estalla tras sufrir hostigamiento durante mucho tiempo. Al principio, muchas afectadas no entienden qué está pasando. Y luego no ven salida aparente a la telaraña . «Yo tardé 10 años en denunciar. Aguantas hasta que ya no puedes más. Nadie toma una decisión así cuando hace siete meses que te hacen la vida imposible», afirma una docente. «Yo solo di el paso de denunciar cuando vi que ya no podía perder nada más», explica Eva Bussalleu, que ha sido contratada otra vez y se presentará a un nuevo concurso después de que la justicia anulara el anterior.

La gran prueba de cargo que componen todas estas mujeres está ahí. ¿Qué hacer con ella? Los procesos judiciales solo sirven para los casos más graves, son costosos y requieren de unas pruebas que las víctimas no siempre han podido recopilar. Así que el cambio, coinciden las afectadas y los estudios, debe ser sobre todo institucional y cultural. En este sentido, desde la Unitat d’Igualtat de la UB proclaman «tolerancia cero». «Iremos a por todas –afirman- y si hay casos del pasado que se deben reabrir, lo haremos». Las afectadas, por su parte, recelan del cambio real, exigen una intervención política si las universidades no atajan el problema y reclaman justicia restaurativa para restablecer su honor.

Algunas sufren estrés postraumático y deben pagar de su bolsillo la atención psicológica

«El acoso aún es sistémico y la falta de respuesta también, yo solo espero que se tomen medidas eficaces y que toda esta injusticia y sufrimiento sirvan de algo, que las nuevas generaciones no tengan que pasar por lo mismo –afirma Eva Bussalleu–. Defenderme me ha costado demasiado tiempo, salud y dinero, cuando debería haber dedicado toda la energía a la investigación y la docencia».

Visibilizar la magnitud del problema, medirlo y entenderlo es un primer paso, legislar es imprescindible y se necesitan más campañas de información y sensibilización. Pero también capital para minimizar el acoso por razón de género en la Academia es que la sociedad deje de tolerarlo. El MeToo y las redes de apoyo mutuo son claves en la construcción de una cultura de respaldo a las víctimas.

Incluso ha nacido un nuevo género literario, derivado de la necesidad de dar a conocer situaciones de acoso sin exponerse a denuncias. La sección ‘Omertá’ de ‘Diario Feminista’ lleva más de 90 capítulos publicados: «Siempre nos la jugamos -explica una de la autoras, Mar Joanpere-. Hemos recibido demandas por el derecho al honor por denunciar el acoso, aunque nunca aparecen los nombres, excepto aquellos que la justicia ha identificado como tales». Escribir para que se entienda todo pero sin identificar a los protagonistas ha dado como resultado textos muy similares que emergen como patrones del acoso.

«El acoso es sistémico y la falta de respuesta, también», lamenta la investigadora Eva Bussalleu, con un juicio pendiente

Mar Joanpere fue víctima de acoso sexual cuando estudiaba el máster en la UB y forma parte de la Red Solidaria de Víctimas de Violencia de Género en la Universidad. Hoy es profesora de Sociología en la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona: «Muchas personas acosadas como alumnos han dejado la UB. Fuimos víctimas, supervivientes y ahora activistas. Pero tenemos que seguir en la academia porque solo la cambiaremos desde dentro».

Fuente: https://www.epe.es/es/igualdad/20220123/metoo-igualdad-universidad-13139161

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Un siglo de acoso a mujeres oficinistas

Por: Leonardo Frías

Hace un siglo que las mujeres en México llegaron a las oficinas. Era 1920, un entorno laboral dominado por los hombres, y una profesión relativamente nueva para ellas, en ese contexto inequitativo se sentaron las bases para las condiciones del empleo femenino.

Así lo expuso en la UNAM Sussie S. Porter de la Universidad de UTAH, al dictar la conferencia La Respuesta de las Mujeres al Acoso Laboral 1920-1950, presentado en el Instituto de Investigaciones Históricas (IIH), como parte de la jornada del 25N.

Inició el acoso laboral como parte de la desigualdad de género, los factores que sentaron las bases ocurrieron entre 1920 y 1940, cuando se dio la expansión en la burocracia estatal, y el boom de las mujeres oficinistas.

“Las desigualdades empezaron desde la preparación de las mujeres, ellas iban a la entonces primera Escuela Comercial para Señoritas, Miguel Lerdo de Tejada, abierta en 1905, que preparaba oficinistas, mientras ellos acudían a la universidad.”

Identidad laboral

Al presentar los avances de su investigación, Porter, quien forma parte de los departamentos de Historia, Género y de Estudios Latinoamericanos, de la mencionada universidad estadunidense, agregó que la cultura del trabajo enfatizaba la femineidad de las mujeres, desde su ropa, hasta como se referían a ellas.

“A todas las mujeres las llamaron ‘señoritas’ desde 1920, y se refiere de una manera estrecha como una identidad laboral, que significaba soltera, dispuesta y disponible”, mencionó.

Había desde entonces, dijo, una segregación ocupacional, un techo de cristal, donde las señoritas tomaban dictado a sus jefes y ganaban salarios menores; todo ello reforzó su vulnerabilidad y se crearon condiciones que sentaron las bases para ejercer el acoso sexual.

“Había una cosificación de las mujeres y su continua sexualización, incluso en las convocatorias de vacantes se pedía que las señoritas fueran elegantes, ya que para la elegibilidad de su puesto de trabajo se solicitaba buena apariencia”.

Según las fuentes consultadas por Sussie Porter, a aquellas quienes se quedaban con el empleo se les pedía rapidez en la taquigrafía, incluso había un concurso femenino para ello.

“Además de tales habilidades, se les solicitaba disposición psicológica hacia el hombre. La periodista María Aurelia Reyes escribió en ese entonces que, por ejemplo, la secretaria siempre debía ir un paso adelante de su jefe, para que él pudiera realizar otras actividades, como acudir al cine.”

Asimismo, debían ser discretas, y prever cuándo o en qué momento debían ausentarse de la oficina. Además, las secretarias nunca deberían de llorar, sino esperar a ser felicitadas por ser tan productivas “como una máquina de escribir”.

Primeras denuncias

Acompañada de Elisa Speckman Guerra, y Claudia Amalia Agostoni Urencio, directora e investigadora respectivamente del IIH, Porter relató que algunos periódicos de la época ayudaron a delinear la imagen y el acoso a la mujer en México.

En las vacantes publicadas en algunos diarios se solicitaban requisitos como guapas, agradables y de buena conversación, o incluso hubo episodios y caricaturas referentes a una campaña de sexualización de las telefonistas.

“Las primeras denuncias en aquellos años fueron hechas por mujeres en defensa de otras, por ejemplo, en la denominada Revista Mujer, María Elena de García Sánchez denunció sobre lo que había ocurrido a otras mujeres: ‘lo que hace falta es moralidad en los jefes, en vez de trajes de última moda’”, decía.

Al referirse a los años 30 del siglo pasado, Sussie Porter citó a Otilia Zambrano, quien como empleada de la SEP dijo que siempre serían una tentación, por lo que los hombres deberían de comportarse de forma adecuada, y acostumbrarse a la belleza femenina y a su autonomía, porque podían vestirse como ellas quisieran.

Años más tarde, Sarah Batiza Berkowitz, justamente egresada de esa escuela comercial, y quien trabajó en la Secretaría de Hacienda, escribió un libro de ficción basado en todas las vivencias de sus compañeras, el cual fue base de la película Nosotras las taquígrafas (Emilio Gómez Muriel, 1950).

“Habla sobre la subordinación de la mujer en el trabajo, que se replica en la sociedad, con salarios inferiores y menor preparación que las hace vulnerables, porque mientras ellos conducen autos, ellas van en transporte público”, indicó.

Actualmente, finalizó Porter, muchas mujeres no reportan el acoso sexual en su trabajo por temer a no encontrar justicia, y porque no ha existido el espacio para reclamar tales actos, “¡es muy importante que lo entendamos!”

Fuente de la información e imagen:  Gaceta UNAM

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Temporeras marroquís: siempre esenciales, de nuevo invisibles

Por: Sarah Babiker

Hace un año, cuando todo el mundo estaba confinado en sus casas, las trabajadoras agrícolas se hicieron visibles. Según el medio de comunicación que se leyese, los titulares versaban sobre lo esencial de estos trabajadores y denunciaban las malas condiciones en las que sobrevivían, o les acusaban —no siempre— soterradamente de ser el origen de brotes, causa de riesgo y de contagio.

Uno de los temas que abordaron los medios, cuando se acababa el confinamiento pero las fronteras seguían cerradas, fue el de las temporeras varadas en territorio español sin que nadie pareciera hacerse cargo de su regreso a casa. Muchas de esas temporeras que se quedaron retenidas más tiempo del proyectado, que trabajaron como nunca al ser menos —al llegar menos contingentes— que en temporadas anteriores, forman parte del grupo de 14.000 temporeras reclutadas mediante el régimen de contratación en origen que se espera este año. Su estancia, sin embargo, está siendo mucho más silenciosa que en las temporadas anteriores.

Angels Escrivá integra el colectivo feminista Mujeres24h. Especula que si este año se está hablando menos de las temporeras es para no agitar los ánimos: las personas migrantes que ya residen en la provincia o los propios autóctonos están necesitados de recursos y por tanto de trabajo. En los comentarios a las pocas noticias disponibles donde se habla de llegadas de una y otra fase de trabajadoras se adivina un clima social difícil. Esta profesora de la Universidad de Huelva que reside en un pueblo observa cómo muchos de sus vecinos están volviendo al campo. Por otro lado, las fincas donde residen estas mujeres están cerradas a cal y canto por la crisis sanitaria, así, las temporeras marroquíes se hallan más aisladas que nunca.

La pugna en la justicia que algunas de ellas iniciaron en 2018 no está dando sus frutos. Según comparte Aintzane Márquez, de Women’s Link, organización que representa a varias de estas mujeres, todo está paralizado y va muy lento. Sus defendidas, al denunciar acoso laboral y violencia sexual, asumieron el riesgo de no ser contratadas nunca más, y también la vergüenza ante sus familias. Suspendidas en un limbo, ya no se trata solo de saber si habrá sentencias favorables, los tiempos de la justicia no se adaptan a su realidad y, en cierto modo, ya están siendo castigadas.

Este año, a diferencia de los anteriores, nadie ha pedido asistencia a Women’s Link. “No se nos ha consultado, lo cual no significa que no haya habido ninguna denuncia en ningún caso. Al final, las organizaciones que están en terreno son las que tienen información directa de lo que está ocurriendo ahí y creo que hay que abrir los espacios para que esas mujeres tengan acceso, para que las mujeres puedan informarlas. Que accedan a entidades independientes a las que puedan denunciar lo que les está pasando, que no dependa única y exclusivamente de los mecanismos de las empresas y de los Estados”.

“Es importante que las mujeres accedan a entidades independientes a las que puedan denunciar lo que les está pasando, que no dependa única y exclusivamente de los mecanismos de las empresas y de los Estados”

Jornaleras en Lucha es una de estas organizaciones independientes en terreno. Es desde ahí que han contribuido a visibilizar la situación de las jornaleras del campo, no solamente las marroquíes, también las migrantes que ya residen en Huelva, así como las locales, todas ellas explotadas de distintas maneras por un campo que paga barato el trabajo esencial. La integrante de Jornaleras en Lucha, Ana Pinto, constata que aún estando encerradas en las fincas, han sido contactadas por algunas de estas mujeres marroquíes con diversas problemáticas que están tratando de resolver. Pero también insiste en poner el foco no solo en estas temporeras, sino también en tantas mujeres, sin papeles, que malviven en los poblados y que no están en una situación mejor.

Para Escrivá la invisibilidad vuelve porque, después de todo, se asume que las condiciones de trabajo para las personas migrantes son peores, ¿si no para qué les contrarían? Por eso la realidad de las temporeras marroquíes saltó a los medios cuando fueron abusos sexuales los denunciados. Con las denuncias sin resolver, lo único que ha quedado en evidencia es que la vulnerabilidad de estas mujeres es muy consistente. “Hay que revisar muchas cosas, y una de ellas es que aquellas trabajadoras que denuncien no puedan venir otro año porque nadie las llama. Cómo van a denunciar si saben que las consecuencias son que el año que viene no vienen”, apunta Márquez que insiste en que es responsabilidad del Estado y las empresas informar, prevenir y proteger “y que no recaiga el peso en las propias temporeras”. Herramientas para denunciar y un sistema que fiscalice, serían requisitos irresponsables, reflexiona esta abogada.

Para Márquez, el compromiso de un feminismo interseccional encarnado en colectivos como Jornaleras en Lucha, o de abogadas como Pastora Filigrana ha supuesto una baza central para avanzar en los derechos de estas trabajadoras, lo que no se mueve es la justicia “patriarcal”. “El acceso de las mujeres a la justicia en general es difícil, y cuando al hecho de ser mujeres le sumas ser migrante o racializada, o estar en una situación socioeconómica precaria, se complica aún más. El caso de las temporeras es un ejemplo clarísimo”.

La vulnerabilidad del contrato en origen, no solo les expone al abuso laboral, a las malas condiciones habitacionales, o incluso al acoso sexual. Redunda en su salud y por tanto en su vida. “En agosto visitamos a algunas de las temporeras que se habían quedado a raíz de problemas de salud”, narra Escrivá, había un caso grave, una mujer a la que habían detectado un cáncer de mama de forma tardía. Según les hizo saber Jornaleras en Lucha la mujer se había detectado un bulto en marzo y hasta después de confinamiento no pudo ser diagnosticada. Desde la empresa la animaron a volver a Marruecos. En agosto, cuando finalmente empezaba el operativo de retorno, la mujer fue a hacerse la PCR reglamentaria, y allí sanitarios valoraron su Estado —la metástasis le había afectado los huesos— y decidieron que no podía viajar. Murió en noviembre. Mujeres 24h denuncia “el abandono sanitario al que están sometidas estas mujeres, que no tienen cartilla sanitaria a pesar de ser repetidoras”, mujeres que además no cuentan con los medios para desplazarse a centros de salud o a urgencias y que además tienen dificultades para hacerse entender por el personal sanitario.

El discurso de la esencialidad que saltara a los medios en los momentos álgidos del confinamiento es un eco lejano. Tampoco la demanda de regularización que un potente movimiento migrante puso sobre la mesa consiguió su propósito. “No puede ser que quien es más imprescindible sea quien peores condiciones de vida tenga, esto es una barbaridad”, se rebela Pinto. Para esta activista el problema es que interesa tener “un ejercito de personas a las que poder explotar fácilmente”. Pinto piensa que es necesario hacer un trabajo de pedagogía con la clase obrera local para explicarles que la regularización de las compañeras y compañeros migrantes también les beneficiaría.

Concentración apoyo temporeras fresa Huelva
Concentración de apoyo a las temporeras de la fresa explotadas en Huelva. J DE LA JARA

El lugar de las feminismos

Las denuncias de violencia sexual de las temporeras salieron a al luz en pleno momento de apogeo de los feminismos. Si bien se acusó a las feministas de estar lejos de esas luchas, también hubo muchas movilizaciones de apoyo a estas mujeres. En 2021 los debates en torno a los feminismos van por otros derroteros. “Siento que se está perdiendo el tiempo, desde el mismo movimiento feminista y desde muchos lugares, también partidos políticos y demás, se está perdiendo el tiempo en cosas como son las polémicas, y los debates en torno de las compañeras trans, o las compañeras prostitutas”, lamenta Pinto.

A la activista le preocupa la fragmentación de luchas y apunta a que el feminismo tiene que centrar su mirada en las mujeres que más apoyo necesitan: “no podemos continuar hablando de feminismo, de progresismo y de avances si ni siquiera estamos hablando que aquí hay sectores de trabajo que están súper feminizados, que la mayoría de ellas son migrantes y que están viviendo unas vidas que son de auténtica barbaridad”.

Escrivá no cree que haya bajado la sensibilidad sobre el tema, y considera que persiste la solidaridad. Cuenta cómo el 8 de marzo se hicieron corrillos de comadres —ya que manifestarse no podían—  y hablaron entre otras cosas sobre por qué “no se está hablando tanto del feminismo o de las vulneraciones de los derechos de las mujeres ahora. Me recuerda mucho a la crisis anterior, en el sentido que cuando parece que hay otras preocupaciones estos temas, la situación de las mujeres, pasan a ser secundarios”, considera.

Tímidos avances

En el lado positivo de la balanza, desde Women’s Link ven algunos cambios tanto en el sistema en general, como en el papel en particular de las empresas. Pero matiza Márquez: “Creo que no sirven solo el cambio sobre el papel, sino que tiene que haber un control de que efectivamente lo que viene en el papel se está cumpliendo”. A este respecto aclara que aún hay algunos casos abiertos y que han participado en una investigación para una relatoría de las Naciones Unidas, “tanto el Estado como las empresas han contestado”, concede.

“El día que paren y nos demos cuenta de lo que le pasaría a este país con todas nuestras compañeras y compañeros migrantes parados, va a ser el día que nos vamos a dar cuenta de que los necesitamos”

Pinto piensa que a este paso, antes o después, serán las personas migrantes quienes tomen la iniciativa. “Van a ser los que tomen finalmente las riendas y van a parar. Y el día que paren y nos demos cuenta de lo que le pasaría a este país con todas nuestras compañeras y compañeros migrantes parados, ese va a ser el día que nos vamos a dar cuenta de que los necesitamos, y esas personas no pueden estar aquí trabajando como un ejército de reserva para hacer los trabajos más fundamentales y a la vez más precarizados”. Ellas de momento están a la espera de que las inspección de trabajo responda a las más de 20 denuncias que pusieron el año pasado.

En el horizonte tienen una reunión con el ministerio de Igualdad, y planean reunirse también con el de Trabajo y el de Agricultura. Quieren así trasladar el pulso a las instituciones para que estas legislen: “Son quienes tienen el poder de cambiar todo esto en base a leyes, no nos queda otra para empezar. Por eso es un paso que un ministerio nos quiera escuchar”.

Una cuestión europea

De momento, donde se les ha escuchado a las Jornaleras en Lucha ha sido en el Parlamento Europeo. Allí fueron invitadas el pasado 8M por el grupo GUE/NGL que aglutina a las izquierdas alternativas. “Fue un gran altavoz. Nos dijeron también que iban a trabajar con nosotras. Al menos no han dicho ‘ahí os quedáis y apañaros como podáis”, al menos se ve un compromiso y que nos tienen en cuenta como un proyecto político y sindicalista”.

Para Pinto, la falta de alternativas de trabajo empuja a la gente a aguantar su situación para no poner en juego su último sustento. “Las compas que vienen de los pueblos, y toda la que va llegando a trabajar, no está conforme con lo que hay pero se tiene que aguantar porque no tienen otra cosa. Es algo que tenemos que tener en cuenta y es algo que hay que cambiar, y es que nos han hecho dependientes de este modelo de agricultura, un modelo de agricultura intensiva que además arrasa con todo, no solo con los derechos de la gente”.

También desde una perspectiva europea la organización italiana Terra presentó recientemente su trabajo, Il Caporalato, una questione meridionales. Italia, Spagna, Grecia. “El hecho de que al final, para que este modelo productivo se sostenga gran parte del peso recae en el eslabón más débil, las y los trabajadores, es algo que es común a los tres países. Queríamos poner en evidencia que esta cuestión de la explotación de los trabajadores en la agricultura se tiene que abordar a nivel europeo”, reflexiona Mariangela Paone, la autora del capítulo dedicado a España.

Y cuando la activista italiana habla de nivel europeo, se refiere también a una fiscalización en esa escala: “un organismo de coordinación, porque hay empresas que contratan de un país a otro, como las ETT transnacionales, y también porque las dinámicas de explotación son parecidas”. Paone habla del trabajo gris, que es como se llama en Italia al hecho de que el trabajador tenga menos jornada laboral declarada de la que realmente trabaja. Así se aparenta legalidad ante una inspección de trabajo. Este tipo de explotación no es exclusivo de aquel país.

“El hecho de que en muchos países se llegasen a plantear regularizaciones no deja de ser el reconocimiento de que tenemos una parte de nuestra producción que se basa en una situación de irregularidad administrativa”

Trabajadores en gris, en negro, temporales, bajo el régimen del “caporalato”, para Terra! ha sido positivo que durante la pandemia aflorase todo ese trabajo, “el hecho de que en muchos países se llegasen a plantear regularizaciones no deja de ser el reconocimiento de que tenemos una parte de nuestra producción que se basa en una situación de irregularidad administrativa, que evidentemente deja a estas personas desprotegidas ante cualquier chantaje que puedan sufrir de cara a los productores”. Recuerda también que la debilidad se correlaciona —aunque no se justifica— con la de muchos productores para quienes es complicado seguir adelante dado el estrangulamiento de precios. En todo caso, el reconocimiento a trabajos esenciales, no ha durado mucho tiempo.

Esa es la impresión también de Fabio Ciconte, director de Terra, quien describe la política actual italiana como algo muy lejano a estos debates, después de que el país optara por un limitado proceso de regularización. “Gracias a la interpelación de entidades como Terra ha habido un debate político en el gobierno muy fuerte sobre esto. La regularización se hizo. El decreto ley se aprobó, el problema, desde nuestro punto de vista, es que esta regularización ha tenido límites”.

Se podían beneficiar solo trabajadoras y trabajadores de los cuidados y personal agrícola, pero los trámites eran complejos, más para los temporeros: “En lo positivo, 220.000 personas han pedido ser regularizadas, pero la mayor parte, entre el 80 y el 85% proceden del sector cuidados, pues para ellos era más fácil reunir la documentación”, explica el director de Terra. Y aunque celebra que unas cuantas personas hayan podido regularizar su situación, le hubiese gustado que hubiera más valentía política para construir cambios más sustanciosos. En plena crisis económica, con el discurso anti inmigración tan asentado y las trabajadores y trabajadoras invisibilizados de nuevo. La valentía política es un activo que se echa en falta por quienes quieren acabar con la explotación agrícola, sean inmigrantes legales o ilegales, nativos o contratados en origen. Para tener más opciones que aceptar lo que venga.

Fuente e imagen:  https://desinformemonos.org/temporeras-marroquis-siempre-esenciales-de-nuevo-invisibles/

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El dolor del silencio

Por: Daniel Seixo

“El capitalismo ha cargado sobre los hombros de la mujer trabajadora un peso que la aplasta; la ha convertido en obrera, sin aliviarla de sus cuidados de ama de casa y madre”

 

Se llamaba Verónica Rubio, tenía 32 años y era una mujer trabajadora y madre de dos niños de nueve meses y cuatro años. Se llamaba Verónica y lamentablemente decidió quitarse la vida tras ser acosada, humillada y señalada repetidamente por la filtración de un video de carácter sexual con el que sin pretenderlo, se terminó convirtiendo en la comidilla de su entorno más cercano. Un vídeo enviado cinco años antes por la víctima a un antiguo novio y compañero de trabajo en la fábrica de camiones de Iveco en la que trabajaban, resultó suficiente para que el acoso laboral y la violencia machista, se propagase fruto del dedo acusador y el silencio cómplice hasta llevarla al extremo de decidir no poder soportarlo más.

Al silencio de la empresa, sus compañeros y los grupos de WhatsApp por los que el que acoso machista circuló impunemente, se suma ahora el silencio de la justicia. Un sistema judicial repetidamente incompetente cuando de juzgar el terrorismo machista se trata y que asegura impertérrito mostrarse incapaz de lograr identificar a la primera persona que divulgó el contenido que llevó a Verónica a la muerte. La misma justicia de la Operación Araña o la clausura de Egin, asegura ahora mostrarse incapaz de desenredar la madeja  que sigue a la declaración de la ex pareja de Verónica y a la de otros compañeros de la víctima, que aseguran haber recibido en sus teléfonos móviles los vídeos que la llevaron a quitarse la vida. Pero aun cuando la justicia pudiese seguir el hilo de la vergüenza y la complicidad con el crimen, resultaría laborioso resolver con verdadera justicia un caso en el que no media denuncia previa de la víctima.

Pese a que Verónica decidiese no presentar esa denuncia únicamente motivada por un infructuoso intento de soterrar aquella locura, pese a que el terror y la intencionalidad del delito resulte obvio para todos nosotros, pese a que los cientos de dedos que presionaron la tecla y el cuello de su propia compañera vayan a salir impunes. Pese a todo ello, la justicia del estado español resuelve declararse incapaz. Y resuelve hacerlo una vez más cuando es la vida de una mujer la que nos han arrebatado.

Al silencio de la empresa, sus compañeros y los grupos de WhatsApp por los que el que acoso machista circuló impunemente, se suma ahora el silencio de la justicia

Y puede que nosotras ya estemos cansadas, puede que nos canse el silencio cómplice y asesino de unos y otros, sus chascarrillos, sus jocosos comentarios y sus acusaciones ante una mujer que de un modo u otro, eso importa poco, hace gala de poseer una sexualidad activa, presente y real, tal como usted y como yo, como cualquiera de nosotros, meros seres humanos que ríen y lloran, escriben y follan. Porque lo quieran conocer ustedes o no, todos nosotros follamos, algunos lo hacen guarro y también con cariño, despacio, lento, en todas las posturas imaginables y con las personas que quieren o puede que con otras con las que simplemente les apetece, incluso hay algunos y algunas que follan por despecho o que engañan a sus parejas. Pero eso, nunca le debería otorgar a ningún jodido primate patriarcal la potestad para acosar laboralmente a nadie, ni mucho menos para compartir sus imágenes o hacer uso alguno de ellas o incluso poder llevar a una situación tan extrema a una mujer para que esta decida quitarse la vida dejando atrás a dos niños de nueve meses y cuatro años.

Niños a los que vuestra falsa moral burguesa de meapilas, vuestras perversiones sociales y sexuales y vuestra hipocresía de país ultracatólico plagado de templos de la explotación sexual y la esclavitud reaccionaria del cuerpo de la mujer, les ha arrebatado a su madre. Verónica, una trabajadora y madre de 32 años llevada a la muerte por el silencio de muchos, por el terror de unos pocos y por la impunidad de un sistema patriarcal, que una vez más se cobra la vida de una mujer en nuestro país. Pero ya nunca más, esto sucederá en silencio.

 

Fuente e imagen: https://nuevarevolucion.es/el-dolor-del-silencio/

 

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Pandemia e injusticia hermenéutica

Por: Leonardo Díaz

En mi artículo, “Confinamiento y roles de género”, abordé el problema de cómo, a partir de una interpretación de los roles de género,  puede verse perjudicada la toma de decisiones del Estado en una situación de pandemia.

Como señalé en dicho escrito, los roles no son asumidos de modo consciente por los agentes sociales. Son interiorizados a través del proceso de socialización e incorporados como hábitos de conducta percibidos como constitutivos de la naturaleza. Esto dificulta no solo su comprensión, sino también sus efectos y el modo de transformarlos.

Así por ejemplo, en una sociedad con inequidad de género, tanto hombres como mujeres experimentan, de modo inconsciente, lo que la filósofa británica Miranda Fricker denominó “injusticia hermenéutica”. En la definición clásica de Fricker (2007), la injusticia hermenéutica acontece cuando una persona es incapaz de interpretar sus propias experiencias sociales debido a una indisponiblidad de conceptos para interpretarlas. El ejemplo por excelencia es el de una mujer que, experimentando hostigamiento sexual en el trabajo, a inicios de los años 60, no disponía del concepto de “acoso laboral” para explicarse a sí misma y, a los demás, lo que sufría.

Desde la primera definición de Fricker ha existido un extenso debate, incluyendo a la misma autora, que ha ampliado el concepto de injusticia hermenéutica intentando captar la gran variedad de expresiones que se derivan de la misma.

Por ejemplo, Rebecca Mason, en un artículo del año 2011, “Two Kinds of Unknowing”, establece tres casos donde se producen modalidades de injusticia hermenéutica:

  • En circunstancias donde se silencian las experiencias sociales de los grupos socialmente excluidos por los discursos de los grupos dominantes en una determinada sociedad.
  • En situaciones donde los grupos socialmente dominados, aún disponiendo de los recursos interpretativos para comprender sus experiencias sociales, se encuentran en situación de marginación ante la falta de reconocimiento y de respeto de esos recursos por parte de los grupos que disponen de la autoridad epistémica de la sociedad.
  • En circunstancias donde a los grupos socialmente subordinados se les clausuran los mecanismos para accesar a la información que requieren para interpretar sus experiencias. (Aislamiento epistémico).

En la primera situación, los significados que generan las experiencias humanas condicionadas por la educación, la clase, el entorno y las interacciones sociales, resultan acalladas e ininteligibles para sus propios protagonistas, quienes, no solo carecen de los recursos hermenéuticos para interpretar lo que les pasa, sino que, con frecuencia, interpretan sus experiencias a través del filtro de los discursos predominantes, usualmente ajenos a sus vidas cotidianas.

En el segundo caso, quienes sufren una situación de marginación, de exclusión o de algún tipo de violencia (económica, social, psicológica, moral, epistémica), con la ayuda de movimientos civiles o grupos organizados defensores de los derechos humanos y sociales, han desarrollado un conciencia de su situación y van adquiriendo los recursos hermenéuticos para comprenderse y fijar posturas críticas con respecto a los discursos dominantes, pero su situación de exclusión social los estigmatiza y deslegitima con respecto a los discursos epistémicos provenientes de los sectores que portan el prestigio de la sociedad.

Finalmente, la tercera situación alude a como, en una sociedad autoritaria, los sectores de poder y el Estado controla información relevante para dotar de significado las experiencias de la ciudadanía, pero la misma queda asilada de esa información con todas sus implicaciones negativas para asumir posturas de decisión razonables.

Estas tres modalidades de injusticia hermenéutica se nos revelan de modo acentuado ante nuestros ojos en esta situación de pandemia. Desde las mujeres y hombres incapaces de interpretar sus experiencias de modo que les ayude a remediar las distintas circunstancias de violencia que viven, subrayadas por un estado de excepción; pasando por aquellos que más conscientes, intentan resistir pero son desacredidatos y silenciados en los espacios públicos; hasta todos, ciudadanos de todos los estratos, que sufrimos el sesgo de la manipulación informativa, la ocultación de los datos, o la lectura sesgada de los mismos en los discursos oficiales.

Estas expresiones de la violencia y la dominación exponen la necesidad de  afrontar la pandemia, no solo como un fenómeno clínico, sino también como un fenómeno social que acentúa desigualdades epistémico-sociales que conforman la “normalidad”. Se ha repetido muchas veces que un fenómeno como el COVID 19 no discrimina. Si se quiere decir con ello el mensaje pueril de que los virus no tienen conciencia y pueden afectar a cualquiera, vale. Pero hay en ella un significado nada banal y más problemático: que a todos nos ataca por igual de la misma manera. No es así. Afecta de modo desigual a quienes ejercen la injusticia hermenéutica y a quienes la sufren.

Fuente: https://acento.com.do/2020/opinion/8805967-pandemia-e-injusticia-hermeneutica/

Imagen: https://pixabay.com/vectors/blindfolded-injustice-justice-lady-2025474/

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