Derechos de las personas con discapacidad

Ni cieguito, ni lisiado, ni tullido, ni autista, ni mogólico, ni ninguna otra palabra que sirva para señalar, estigmatizar, discriminar. Son personas con discapacidad. Sobre todo eso: personas. El resto es sólo una condición, un factor más dentro de la diversidad. Y el déficit se puede disminuir, eliminando las barreras que lo acentúan: la sociedad inclusiva empieza por la escuela.

Si, según el Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad de Instituto Nacional de Estadística y Censo, el 10,2 por ciento de la población argentina tiene algún tipo de discapacidad, la pregunta principal es ¿por qué no hay en las aulas un número proporcional de chicos con esa condición?
Para evitar esta invisibilización, el Ministerio de Educación de la Nación -junto a organizaciones del ámbito educativo, de la sociedad civil y Unicef- acaba de sacar una serie de cuadernillos virtuales (https://www.argentina.gob.ar/educacion-inclusiva-iniciativas-y-programas/materiales-educativos), con recursos pedagógicos, estrategias y herramientas para fortalecer la inclusión educativa y construir los apoyos que necesitan los alumnos.

Estas publicaciones apuntan a «eliminar las barreras» que impiden la plena participación en escuelas comunes de los estudiantes con discapacidad visual, con fuertes necesidades de apoyo, con altas capacidades, con trastorno del espectro autista, con discapacidad intelectual y con dificultades específicas del aprendizaje. Próximamente sumarán otra publicación específica para alumnos con discapacidad auditiva.

«Teníamos una deuda histórica en la formación docente con respecto al marco normativo y conceptual de la educación inclusiva, que abarca a todos los estudiantes que puedan estar atravesando situaciones de exclusión o vulnerabilidad», explicó Cristina Lovari, coordinadora del Programa de Inclusión Educativa del Ministerio de Educación nacional.

«Cuando hablamos de «educación inclusiva» nos referimos a una escuela que revisa en su propia práctica, que garantiza que todos aprendan y que todos estén dentro, que participen plenamente, pero que hace foco en esos estudiantes que presentan mayor vulnerabilidad», dijo la especialista.
En ese sentido, se trata de un concepto que no se restringe sólo al mundo de la discapacidad, sino que se encarga de cualquier otro factor de desigualdad y celebra la diversidad.

«Al entender que todas las personas tienen distintos estilos de aprendizaje, distintos tiempos, yo, como docente, tengo que armar mi clase con estrategias para que todos puedan aprender, pero para eso necesito recursos y herramientas. En una aula podemos tener un chico con dificultad visual, otro con dislexia o autismo… Se trata de habilitar los distintos modos de aprender y dar una respuesta educativa frente a la diversidad del aula», subrayó Lovari.

Tal vez este sea el mayor debate que se deba la educación: cómo enfrentar el cambio de un paradigma homogeneizador a otro que celebra lo diverso, que construye aulas heterogéneas.
«Primero debe haber un cambio social, porque todavía hay muchos prejuicios, temores y malas representaciones sociales de la diversidad y la discapacidad, sobre todo por falta de información -sostuvo Lovari-.

COMUN VS ESPECIAL
Otro de los planteos que existen a nivel social contra la inclusión es el discurso, muy difundido entre docentes y padres, que asegura que los alumnos con discapacidad no deberían estar en una escuela «común», sino «ser atendidos» en la modalidad «especial». «Tengo 20 chicos en mi aula y no puedo dedicarme a uno que necesita más atención, porque descuido al resto», asegura este prejuicio.
Según la Ley Nacional de Educación, la modalidad «especial» puede brindar apoyo a los chicos que están dentro de las escuelas comunes, pero también tiene sus propios establecimientos, donde van los estudiantes que requieren algún acompañamiento más significativo o personalizado.

«La familia del estudiante con discapacidad tiene el derecho de elegir la escolaridad que quiera para su hijo -expresó la especialista-. De acuerdo a la legislación de nuestro país, es su derecho. Lo que puede hacer el sistema educativo es orientar a las familias sobre cuál es la mejor trayectoria educativa, de acuerdo a las necesidades del estudiante. Pude ser que asista a una escuela común por la mañana y a una especial por la tarde, a contraturno, para profundizar algún aspecto de enseñanza».

El derecho a la educación para personas con discapacidad en escuelas comunes está garantizado por el Artículo 24 de la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad y tiene rango constitucional.

Además, desde 2016, existe una herramienta de aplicación que es la Resolución 311 del Consejo Federal de Educación, donde se detalla cómo se debe realizar el proceso de inclusión, desde el nivel inicial hasta el secundario.

En esa normativa se incluyó específicamente la «cláusula de no rechazo» por la que el sistema educativo no puede negarse a recibir a un estudiante con discapacidad.
«Cada vez que haya un acto de no renovación de la vacante o no inscripción de un alumno sea la escuela que sea -especial, común, pública o privada- por motivo de discapacidad será considerado un acto de discriminación», enfatizó Lovari.
«La escuela «especial» está siempre acompañando y asesorando a la escuela común, porque tiene una especificidad de saber sobre la temática, con herramientas para el acompañamiento y apoyos, pero la tendencia es, cada vez más, ir a una plena inclusión en escuelas comunes», sostuvo Lovari.

¿QUE ES EL PPI?
Según la Resolución 311/16, la principal herramienta de inclusión para los estudiantes con discapacidad es el Proyecto Pedagógico Individual para la Inclusión (PPI), con el que se pude modificar el currículum de acuerdo a las necesidades específicas del chico e ir armando una trayectoria educativa que le permita desarrollarse al máximo.

«En el material que estamos publicando se explica qué es el PPI y para qué sirve, en tanto «documento dinámico» para mejorar el apoyo del alumno con discapacidad, siempre desde la óptica de pensar que es el contexto lo que tiene que cambiar para favorecer esa inclusión», dijo Lovari.
En ese sentido, se trata de «modificar la escuela y no al chico», respetando su diversidad. «Históricamente se puso la mirada en lo que el alumno no puede. Ahora vemos cómo potenciar lo que sí pueden, brindando los apoyos para que se desarrollen. Por ejemplo, en cada fascículo hemos incluido elementos de tecnología para ampliar las posibilidades de inclusión y habilitar otros modos de enseñar», expresó Lovari, y agregó: «Sin minimizar la necesidad de tener recursos, un simple cambio en la mentalidad ya es un gran paso para lograr la plena inclusión».
Así, la clave estaría en la formación de los docentes para repensar las prácticas del aula y variar la metodología de enseñanza.

«Una persona con discapacidad puede aprender igual que cualquier otra, aunque hay que acompañarlo y darle los apoyos que necesita. Fundamentalmente es modificar el contexto, eliminado las barreras de acceso -enfatizó Lovari-. Buscamos educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos los estudiantes, pero hacemos foco en los chicos que sufren hoy -porque sabemos las dificultades que deben vivir las personas con algún tipo de discapacidad- para que tengan las misma oportunidades que los demás».

Si a pesar de todo, un chico es rechazado por discapacidad, o la familia detecta que hay trabas y barreras actitudinales para su inclusión por parte de alguna escuela, el Ministerio tiene las puertas abiertas para hacer llegar la demanda.

«El sistema educativo cuenta con distintas personas que tiene la obligación y la responsabilidad de velar porque en la escuela se implementen los mecanismos para la inclusión -explicó la funcionaria-. Si hay conflicto con un docente, el primer paso es hablar con al autoridad máxima de la escuela, que es el director. Uno tiene que promover que haya un diálogo fluido, no sólo con los maestros sino también con la conducción escolar. Si hay algún obstáculo, duda o situación que no queda clara, la familia puede recurrir al supervisor o inspector regional, que son los encargados de velar -e incluso intermediar- para que se hagan los procesos de inclusión. Todas las familias deben tener acceso directo a este nivel e incluso, si es necesario, al Ministerio nacional».

Descargar en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/educacion_inclusiva_fundamentos_y_practicas_para_la_inclusion_0.pdf

Fuente: https://ambitoeducativo.com/herramientas-para-la-educacion-inclusiva/