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México: protestas en todo el país contra las violencias machistas y por el femicidio de Ingrid Escamilla

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México: protestas en todo el país contra las violencias machistas y por el femicidio de Ingrid Escamilla

Se manifestan en estados contra femenicidio de Ingrid Escamilla

Vestidas de negro, con velas y en silencio, mujeres se manifestaron en la ciudad de Cancún para exigir justicia por el feminicidio de Ingrid Escamilla, pero también por los 64 homidicios dolosos en agravio de mujeres, registrados en la entidad y los 16 asesinatos tipificados como feminicidios.

Concentradas en el Monumento de las Estrellas y los Caracoles, conocido como El Ceviche, las mujeres avanzaron en silencio, con pancartas en mano y velas encendidas, que colocaron a manera de ofrenda al pie de la estructura, en honor de Ingrid y de todas las víctimas de la violencia en el país y en la entidad.

En el lugar leyeron las estadísticas,entre las que se encuentran los 16 ocurrieron en Quintana Roo, de acuerdo con el reporte de Incidencia Delictiva del Secretariado de Seguridad Pública Nacional.

Dicha estadística señala que en el estado se registraron 64 homicidios dolosos en contra de mujeres, lo que – dijeron- indica que la Fiscalía General de Justicia no está tipificado los crímenes en contra de mujeres como feminicidio, aún cuando existe un marco legal que lo permite y evidencias.

“Cancún resalta como la ciudad número 19 con más feminicidios en 2019 y Playa del Carmen con el lugar 45 a nivel nacional. Y en lo que va del año ya se han registrado 8 feminicidios.

“Estas cifras resultan lo ‘acostumbrado’ en nuestro estado, se repite en cada entidad federativa y ciudad del país. También nos hemos acostumbrado a la indiferencia; las mujeres asesinadas por sus parejas, cuyos cuerpos son mutilados, violados, quemados, y dejados en vía pública para el escrutinio y burla de la sociedad resultan parte de nuestra vida. No nos escandalizan”, expresaron.

Las jóvenes, entre quienes se encontraban activistas de la organización Derechos Autonomías y Sexualidades (DAS) y del Centro Integral de Atención a la Mujer (CIAM), evocaron el caso del Feminicidio de Ingrid Escamilla y la forma en que las fotos de su cadáver fueron expuestas públicamente por medios de comunicación.

“Como colectivo, como organizaciones de la sociedad civil, como mujeres hartas de vivir con un miedo constante de perder la vida, nos sumamos al grito nacional #JusticiaParaIngrid y lo hacemos extensivo a todas y cada una de las víctimas de feminicidio en el territorio nacional.

“Tomamos las calles al grito de ‘Ni una menos’ y para exigirles a las autoridades nacionales, estatales, municipales y de todas las instancias de gobierno el cumplir con sus responsabilidades. Les exigimos respeto y garantía de los derechos humanos de las mujeres. En especial al acceso a una vida libre de violencia”, manifestaron.

Como parte de su pronunciamiento, demandaron la creación de fiscalías y ministerios públicos con personal formado y profesionalizado en perspectiva de género. Así como recursos materiales necesarios para la investigación expedita y profunda.

También que el gobierno federal emita acciones para la protección de la vida privada, honor y propia imagen de las víctimas de delitos en especial de las de feminicidios, medidas que impliquen sanción a medios de comunicación que difundan imágenes de las mismas.

Asimismo, pidieron penas más severas a feminicidas y violadores, así como la reparación integral del daño a las víctimas indirectas de feminicidio, así como destitución de autoridades que filtran imágenes, expedientes o cualquier tipo de datos.

“Pero sobre todo exigimos que el estado mexicano en todos sus niveles de gobierno junto con todas sus autoridades, reconozca la grave crisis de seguridad que las mujeres vivimos y tome medidas prioritarias para prevenirla, atenderla y erradicarla”, expusieron.

Luego de darle lectura a la postura, compartieron experiencias de acoso y violencia sexual y exhortaron a las presentes a solidarizarse y organizarse para protegerse mutuamente.

En Chiapas

Activistas y mujeres marcharon la tarde de este viernes en Tuxtla Gutiérrez en protesta contra los feminicidios cometidos en la entidad y el país, y en demanda de justicia por Ingrid.

Las manifestantes se concentraron en el Parque Bicentenario, ubicado en el poniente de la ciudad. Acudieron vestidas de negro y con los rostros pintados de rojo, en alusión a la sangre de las víctimas de feminicidios.

Las mujeres se movilizaron por la avenida principal. Avanzaron con pancartas de repudio al feminicidio y contra la negligencia gubernamental: “No aparecemos muertas, nos matan”.

“El feminismo nunca ha matado a nadie, el machismo mata a cada hora”, “Somos la voz de las que ya no pudieron hablar”, consignaron.

La protesta concluyó con un mitin en el zócalo, afuera del palacio del gobierno estatal,donde realizaron pintas contra el feminicidio y reclamaron falta de justicia gubernamental.

“Las mujeres tenemos que buscar otras formas de manifestarnos, porque nos violentan, incluso en nuestro círculo social, nuestra pareja, como el caso de Ingrid. Así buscamos otras formas para exigirle al Estado que nos proteja, nos garantice la libertad y la seguridad”, sostuvo Adriana, una asistente.

En la marcha, Fernanda dijo que la intención del movimiento es visualizar y crear conciencia sobre el respeto en la relación de pareja. “El amor sano no mata”, sostuvo.

El Observatorio Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres de Chiapas consignó en 2019 una cifra de 194 muertes violentas de mujeres, de ellas 84 fueron feminicidios. Además, puntualizó ese mismo año hubo 265 reportes de desaparecidas.

Yucatán

Unas 20 mujeres en Yucatán hicieron una protesta en la plaza principal de Mérida por el asesinato de Ingrid Escamilla.

Las mujeres se reunieron durante casi una hora en el centro de la plaza principal, apoyadas con carteles en donde censuraban la violencia que están viviendo muchas mujeres en el país, el aumento en los casos de feminicidios y el hecho de que no existan políticas públicas más claras en apoyo y protección de las mujeres.

Las manifestantes de Yucatán se sumaron a las protestas registradas en otros diferentes puntos del país.

De igual forma revelaron que los gobiernos no tienen políticas de protección y apoyo a las mujeres que están siendo violentadas y dijeron que como el caso de Ingrid Escamilla, se permitió que fuera asesinada por su pareja.

Pidieron que haya castigo ejemplar para este caso y no que por errores o desatinos de la justicia, este tipo de asesinatos queden impunes.
Michoacán

Un grupo de mujeres marchó este sábado en la ciudad de Morelia para sumarse a las manifestaciones de todo el país en las que han condenado el asesinato de Ingrid Escamilla.

Las manifestantes iniciaron su movilización cerca de las 18:00 horas en la fuente de Las Tarascas y concluyó afuera de Palacio de Gobierno.

Durante su recorrido por la avenida Madero Oriente del Centro de la capital michoacana, las mujeres pintaron varios edificios históricos y de cantera.

A su paso, exigieron un alto a crímenes contra mujeres y a la violencia.

Jalisco

Decenas de mujeres realizaron la tarde de este sábado una protesta en el centro de Guadalajara para exigir justicia para Ingrid Escamilla y denunciar la violencia contra las mujeres en Jalisco.

Por la tarde se reunieron frente al palacio de gobierno, donde hicieron un altar para recordar a las víctimas de feminicidio en el estado; ademas exhibieron fotografías de sujetos que reconocen como violentos o acosadores.

Durante la manifestación realizaron un círculo de discusión para compartir los casos de violencia machista que han padecido y brindarse apoyo.

Ya entrada la noche quemaron una bandera con la leyenda “México feminicida” y eso provocó que las autoridades estatales desplegaran a un grupo de mujeres policías para resguardar las instalaciones del palacio de gobierno.

En respuesta, las manifestantes comenzaron a gritar la consigna “el estado no me cuida, me cuidan mis amigas”; incluso, algunas de ellas encararon a las integrantes de la policía vial que tomadas de las manos hacían una valla en torno al edificio de gobierno y las arengaron a unirse a su protesta: “mujer, escucha, también esta es tu lucha”.

Oaxaca

En respuesta a la convocatoria nacional de marchar #TodasPorIngrid, mujeres oaxaqueñas, integrantes de colectivos feministas y de la sociedad civil, caminaron hacia la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género, para exigir acciones de las autoridades contra la violencia feminicida.

Portando pañuelos verdes, flores y veladoras, el contingente en el que sólo participaron mujeres, partió desde El Llano hacia la dependencia citada, reprochando a su paso quese permita que 10 mujeres mueran al día en México de forma violenta. En este año, 19 mujeres han sido asesinadas hasta el 1 de febrero, según el registro que realizan organizaciones civiles que defienden los derechos de las mujeres.

Por su parte, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indica que durante 2019, en Oaxaca sólo se tipificaron como feminicidio 27 casos.

A su paso, los gritos clamando justicia no esperaron; las mujeres refrendaron la exigencia escribiendo en las paredes de distintos inmuebles, incluyendo bares y la Casa Oficial donde despacha el gobernador Alejandro Murat, mensajes para exigir justicia para Ingrid, la joven asesinada y desollada hace unos días en la capital del país.

Asimismo, la frase: “Justicia para María Elena”, fue escrita con pintura en aerosol sobre los muros de las calles de esta ciudad, sumándose así a la exigencia de justicia para la joven saxofonista rociada con ácido en la Mixteca en septiembre pasado.

A su arribo a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género, en la calle Armenta y López, las manifestantes quemaron diversos objetos y una bandera en protesta.

En ese punto, las manifestantes leyeron un pronunciamiento en el que expresaron la indignación por el feminicidio de Ingrid, cometido por Érick Francisco “N” el pasado 9 de febrero.

“Hoy quienes estamos aquí, feministas y no feministas, venimos a honrar su nombre y el de todas aquellas que han sido silenciadas por un feminicidio. Estamos acá con el daño a cuestas, porque sabemos que nuestros cuerpos pueden ser destazados y arrojados como si fueran desechos en cualquier lugar, por cualquier hombre, con muy pocas posibilidades de que nos hagan justicia”, dijeron.

Asimismo, reprobaron la actuación del fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien propone eliminar la tipificación de feminicidio, y con ello invisibilizar la violencia de género que, de acuerdo con la diputada federal y dirigente en Oaxaca del Partido Acción Nacional (PAN), Natividad Díaz Jiménez, en el último lustro ha crecido 137% en el país.

El decálogo del gobierno federal contra el feminicidio

El Gobierno de México difundió el decálogo para acabar con el delito del feminicidio, mientras en la ciudad y otros puntos del país se realizan manifestaciones en contra del delito que ha lacerado a la sociedad.

“El gobierno federal respeta el movimiento feminista y manifiesta su rechazo cualquier expresión de machismo. Nuestra solidaridad y respaldo está con las mujeres que defienden su derecho a la seguridad. Trabajamos por garantizar mayor bienestar en la vida de las mujeres y niñas”, escribió jesús Ramírez, Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de la República.

Un grupo de Mujeres encapuchadas realizan pintas en fachada de Palacio Nacional y arrojan globos con pintura roja a la Puerta Marina, exigiendo justicia por el feminicidio de Ingrid Escamilla y por todos los casos de feminicidios que se han registrado en el país. Desde muy temprana hora la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó a elementos para mantener la seguridad y ordenar

la vialidad. Las mujeres vestidas de negro cubiertas del rostro prendieron fuego a la malla que cubría un monumento, fue sofocado con extintores que utilizo la policía, que en su mayoría mueres pues las afectadas no aceptaron que fueran hombres.

Fuente de la Información: https://www.nodal.am/2020/02/mexico-protestas-en-todo-el-pais-contra-las-violencias-machistas-y-por-el-femicidio-de-ingrid-escamilla/

 

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El estúpido Pacto de Estado contra la violencia de género

Lidia Falcon

El estúpido Pacto de Estado contra la violencia de género

Lidia Falcón

El estúpido Pacto de Estado contra la violencia de género

Cuando en este luctuoso comienzo del año 2020 contamos ya con 8 asesinadas por la violencia machista, observo que la reforma de la Ley de Violencia de 2004 no entra en los primeros propósitos del nuevo gobierno de izquierdas. Desde que hace más de tres años se comenzaron los trabajos parlamentarios de lo que debería ser el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, en los que participaron los 13 grupos parlamentarios de aquel momento, aconsejaron 90 expertos en sesiones que duraron 9 meses y se acabó pariendo un texto ilegible de más de 200 artículos, nada ha variado en el siniestro panorama de la vida de las mujeres maltratadas.

A los femicidios hay que añadir que el Ministerio del Interior ofrece el terrible dato de que entre enero y septiembre de 2019 se presentaron por mujeres 32 denuncias diarias por abusos y agresiones sexuales, es decir casi mil mensuales, lo que supone ratificar la hipótesis que siempre mantuvimos en el Partido Feminista de que se producen unas 15.000 violaciones anuales, contando de manera muy prudente las que no se denuncian.

150.000 son las que se presentan anualmente por maltrato, de las que únicamente se condenan el 31%, y la mayoría de las sentencias son de penas de prisión inferiores a 2 años que se canjean por servicios para la comunidad, es decir: por nada. En España una mujer maltratada sólo tiene el 6% de posibilidades de ver a su maltratador en la cárcel.

Podemos consolarnos, como los tontos, recordando que estas cifras no están muy lejos de las europeas. Una de cada tres mujeres en la UE ha sido víctima de violencia física o sexual desde los 15 años; una de cada veinte mujeres ha sido violada; más de la mitad (55 %) de las mujeres ha sufrido acoso sexual; una de cada tres mujeres ha sufrido abuso psicológico por parte de una pareja; una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual por un adulto durante la infancia.

Para acabar con esta masacre, que no padece ningún otro colectivo social,  Europa, – esa mujer que, en la mitología griega fue secuestrada por Zeus- el paraíso de las libertades y de la democracia, ha aprobado lo que llaman el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, también conocido como Convenio de Estambul o Convención de Estambul, que tiene por objetivo la lucha contra la violencia contra mujeres y la violencia doméstica. Se presentó en Estambul en 2011 y está en vigor en Europa desde el 1 de agosto de 2014. A 2019 ya ha sido firmado por 46 países y ratificado por 34.

Pero si en los demás países europeos sucede como en España, de poco parece que ha servido ese publicitado Convenio para frenar la masacre de mujeres. Y no puede servir porque no es más vinculante que según la voluntad de los gobiernos y legisladores que rijan cada Estado, que como ha sucedido en el nuestro, es poca. Pero además no crean que ese Convenio resuelve definitivamente la indefensión en que se encuentran las mujeres. Esa Carta Magna de la Violencia se limita a pedir que se contemplen como delito todas las formas de violencia contra la mujer: la violencia física, psicológica y sexual, incluida la violación; la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso, el aborto forzado y la esterilización forzada.

Teniendo en cuenta que todas esas actuaciones criminales de  hombres contra mujeres ya están contempladas en nuestra legislación penal, poca novedad introduce ese Convenio en la protección de nuestras víctimas, excepto en considerarlas a todas como tales, al margen de que se hallen o no relacionadas sentimentalmente con el agresor, como establece tan ridículamente la Ley Orgánica de Medidas Integrales contra la Violencia de género de 28 de diciembre de 2004. Porque desde hace 16 años en España unas víctimas son mujeres y otras son género, y únicamente estas merecen la protección del Estado, lo que resulta enormemente sospechoso en estos tiempos de la «autodeterminación de género» y otras estrafalarias definiciones que nos están haciendo desaparecer del lenguaje y del planeta donde vivimos.

Como ni la famosa ley de violencia ni la de Enjuiciamiento Criminal contemplan invertir la carga de la prueba como sucede en la legislación laboral, para que no sea la víctima la que tiene que probar la comisión del delito, que en esta figura delictiva se produce habitualmente en la privacidad del hogar, la mayoría de los procesos acaban en sobreseimiento o en absolución. Y en consecuencia, cuando el peligro de agresión o incluso de muerte es evidente, las víctimas deben huir de su casa, a veces con niños pequeños a su cargo, que tienen que dejar de asistir a la escuela, perder sus amigos y objetos queridos, para refugiarse en una Casa de Acogida. Mientras el maltratador sigue amenazando a su mujer diariamente,  e incluso pudiendo prever la policía y el juez que intentará el asesinato, continua en libertad, disfrutando de la vivienda común, asistiendo a su trabajo y siendo respetado por la comunidad. El 30% de las asesinadas tenían incluso orden de alejamiento o de protección contra su asesino. Que como se ha visto, son completamente inoperantes. En definitiva, sólo en la violencia contra la mujer se da la monstruosa injusticia de que sea la víctima la que tenga que esconderse y el verdugo campe tranquilamente  en libertad, sin amenaza alguna.

Pero en diciembre de 2016 se reunieron pomposamente, como se hace siempre en España por parte de la clase política, para anunciar que estudiarían arduamente las medidas a adoptar para acabar con la plaga del maltrato a la mujer, y así, el resultado del intenso trabajo realizado por parte de la Subcomisión creada al efecto dentro de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, así como por parte de la Ponencia creada dentro de la Comisión de Igualdad del Senado, parieron unos documentos que contenían un total de 214 medidas en el caso del Congreso y 267 en el caso del Senado a partir de los cuales se desarrolla el Pacto de Estado contra la Violencia de Género cuya aprobación culminó en diciembre de 2017 con los Acuerdos alcanzados entre el Gobierno y el resto de Administraciones autonómicas y locales, entidades y organismos intervinientes en el desarrollo del mismo.

Para que ustedes se hagan una idea de la lucidez, claridad y eficacia del texto que dieron a luz los eminentes diputados, senadores, consultores, sindicatos, asociaciones y expertos, les reproduzco textualmente uno de sus artículos, el 117: «Evitar los espacios de impunidad para los maltratadores, que pueden derivarse de las disposiciones legales vigentes en relación con el derecho de dispensa de la obligación de declarar, a través de las modificaciones legales oportunas.» Y deberíamos dar un premio a quien sin ser jurista, y listo, haya entendido semejante bodrio de disposición legal, que ni siquiera lo es, puesto que el Pacto no es una ley, por lo que es preciso proceder después «a las modificaciones legales oportunas».

Si las víctimas no fueran tan desgraciadas y débiles y el Movimiento Feminista tan inútil, se habría tenido que manifestar nuestra indignación de forma contundente y eficaz ante semejante tomadura de pelo. Por el contrario, un sector de ese sumiso MF se ha mostrado muy satisfecho de semejante parto de los montes.

Pues bien, ya hemos alcanzado el 2020, ya hemos vivido expectantes y angustiadas las dos últimas legislaturas, esperando tres años que el gobierno al fin logrado con el difícil pacto de las izquierdas, se ponga a trabajar, rápida y eficazmente para erradicar la violencia contra la mujer. Y lo que estamos observando es que, de momento, las reformas anheladas de la ya caduca e ineficaz Ley de Violencia ni se proponen ni se las espera.

Mientras tanto, se asesina a dos mujeres a la semana, se viola a miles de mujeres, se maltrata a cientos de miles, y del mismo modo las denuncias se siguen archivando como las condenas son harto leves y perversamente argumentadas.

Si no cambia radicalmente tanto el criterio que han mantenido hasta ahora los legisladores como los procedimientos que han utilizado desde el derecho visigodo nuestros leguleyos, empiezo a temer que los nuevos gobierno y Parlamento y Senado seguirán la senda de sus antecesores, y se continuará engrosando la lista de maltratadas, violadas y asesinadas, con el amparo del estúpido Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Fuente de la Información: https://blogs.publico.es/lidia-falcon/2020/02/08/el-estupido-pacto-de-estado-contra-la-violencia-de-genero/

Autora: Lidia Falcón

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Bolivia: nace organismo para la defensa de los derechos humanos de los trabajadores y el pueblo

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Bolivia: nace organismo para la defensa de los derechos humanos de los trabajadores y el pueblo

En un escenario de crecientes y brutales tendencias represivas, de persecución política y donde los derechos a la libertad de prensa y de expresión son coartados, trabajadoras, trabajadores, profesionales independientes, estudiantes y activistas por los Derechos Humanos, en una conferencia de prensa dimos inicio al lanzamiento de un organismo de “Profesionales por los Derechos Humanos y contra la Represión Estatal” (ProDHCre).

Estuvieron presentes tomando la palabra, familiares de presos políticos de El Alto, denunciando el calvario que vienen pasando para liberar a sus familiares, desde hace más de dos meses atrás. Se trata incluso de personas con discapacidad, menores de edad y mujeres que están separadas de sus hijos, que han sido detenidas de manera irregular y arbitraria. «Nadie habla de lo que está pasando con nosotros, es terrible está situación», señala María P., expresando la falta de acceso a justicia, el montaje por supuesta sedición, así como la situación política que ha puesto estos casos debajo de las piedras, mientras se habla de «Democracia».

Conferencia de prensa de lanzamiento del ProDHCre:

Posted by La Izquierda Diario Bolivia on Monday, January 27, 2020

«Quienes impulsamos este centro ya venimos desarrollando acciones por la defensa de los derechos humanos de las y los trabajadores y del pueblo pobre que ha venido resistiendo al golpe de Estado», afirmaron voceros del ProDHCre.

Miembros de la LOR-CI, grupo que impulsa La Izquierda Diario en Bolivia, declararon que «hemos realizado junto con otras organizaciones actividades de solidaridad con familiares de las víctimas de Senkata, como fue la exitosa Kermés solidaria del pasado 8 de diciembre. Luego de estas experiencias y frente al creciente escenario de persecución política y de vulneración de derechos y libertades democráticas básicas, con detenciones arbitrarias, silenciamiento a radios comunitarias, entre otros atropellos, vimos la urgente necesidad de impulsar un organismo, con principios claros de independencia política de los partidos del régimen y del Estado, que defienda los Derechos Humanos y contra la represión estatal».

Según datos oficiales, con informes de la propia CIDH, el nuevo régimen de Áñez en poco tiempo tiene un saldo de casi 40 asesinados de los que no se dice nada. Fueron más de mil detenidos durante las movilizaciones de noviembre. Hoy continúan como presos políticos más de un centenar de personas. Luego del acuerdo de “pacificación del país” firmado entre el llamado “régimen de transición” y los parlamentarios del MAS que negociaron sobre la sangre derramada de los asesinados en las masacres de Sacaba, Senkata y Ovejuyo y que les sirvió como moneda de cambio para hacerlo en mejores términos, para el pueblo trabajador y los sectores populares empobrecidos nada ha cambiado, solo un aumento exponencial de la represión.

«Hemos visto de manera pregnante cómo los organismos de derechos humanos han tomado partido por el campo golpista o los que estaban con el MAS pasaron a la inacción. Creemos que hoy más que nunca es fundamental contar con un organismo al servicio de la lucha del pueblo trabajador del campo y de la ciudad, de las mujeres, de las diversidades sexuales, contra la represión estatal y por la defensa de los derechos humanos. Quiénes conformamos este centro hemos peleado durante el gobierno del MAS contra sus medidas cada vez más autoritarias y de judicialización de la protesta», afirmaron desde el flamante organismo.

Hoy esta pelea sigue en pie ya que los métodos de persecución y amedrentamiento utilizados por el MAS han venido siendo implementados a escala “industrial” por el régimen de Áñez, impuesto por la movilización cívica, clerical, empresarial, policial y militar que consumó el golpe de Estado y del que también es responsable el MAS que traicionó la lucha de los sectores campesinos, de los vecinos y del pueblo de Sacaba y Senkata que se organizaron de manera independiente para resistir al golpe mientras el cerco mediático denigraba esta lucha calificándola de vandálica.

El MAS es responsable de haber entregado a la derecha, en bandeja, las banderas democráticas luego de haber vulnerado el resultado del 21F y la seguidilla de recursos que optó para ir por una cuarta reelección. Todo esto lo utilizó la derecha golpista para ser hoy quiénes administran el Estado imponiendo medidas que van en contra del pueblo trabajador. Nada se puede esperar del MAS que hoy sólo elige candidatos y nada hace por defender a los cientos de presos y perseguidos sólo por pensar diferente al nuevo régimen menos aún luego de que con los 2/3 que tienen en el Parlamento solo se han encargado de negociar con Áñez y su gabinete dándole legitimidad al golpe de Estado que ellos mismos denunciaron.

Desde el ProDHCre afirmaron que «somos conscientes que la justicia ha sido formada para defender los intereses de unos cuantos que viven del poder mientras el pueblo se encuentra en indefensión, más aún con el golpe que más que ser contra el gobierno del MAS, fue contra el pueblo. Estos sectores empobrecidos, de trabajadores y trabajadoras que para sostener la defensa de sus familiares se ven en la necesidad de pagar sumas exorbitantes, quedándose sin dinero hasta para pagar su comida, demostrando que esta justicia es para los ricos», e invitaron a sumar fuerzas en el organismo.

Fuente de la Información: https://www.laizquierdadiario.com/Bolivia-nace-organismo-para-la-defensa-de-los-derechos-humanos-de-los-trabajadores-y-el-pueblo

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Honduras: en una semana fueron asesinados dos líderes indígenas

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Honduras: en una semana fueron asesinados dos líderes indígenas

En menos de una semana, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), confirmó el asesinato de dos líderes indígenas en la zona norte del país.

El primer caso se dio el domingo 29 de diciembre del 2019, al encontrar semi enterrado el cuerpo del líder Tolupán, Efraín Martínez Martínez, originario de la montaña de La Flor, al norte del departamento de Francisco Morazán.

Según denuncias del MADJ, la familia de Martínez lo había reportado como desaparecido, una semana antes. La etnia Tolupán es una de las empobrecidas e históricamente aisladas por programas de desarrollo social.

Este viernes 3 de enero de 2020, el luto volvió a empañar la historia de los pueblos originarios cuando se confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de Santos Felipe Escobar García, de 34 años.

Escobar fue desaparecido el 29 de diciembre pasado, era del pueblo indígena Pech. El hallazgo se hizo en la aldea El Carbón, San Esteban, al norte del departamento de Olancho.

“Este es el segundo crimen que se da en menos de una semana contra dirigentes indígenas en Honduras. Los crímenes continúan en total impunidad”, denunció la organización que tiene presencia en las regiones indígenas del norte.

La violencia contra la población indigena no se detiene en Honduras. Los pueblos originarios son los más martirizados por los saqueadores de la riqueza común en complicidad con el Estado, lamentó la organización.

Para el MADJ, que coordina Martín Fernández, este patrón de asesinar y enterrar indígenas (en el caso de Martínez) Tolupanes se está volviendo común en Honduras, anteriormente fue asesinado y encontrado en similares circunstancias el luchador social indígena, Milgen Soto Ávila, últimado y enterrado en la tribu Tolupán de San Francisco Locomapa, departamento de Yoro. Este crimen se registró en el lugar donde una empresa realizaba un corte de madera.

En estos casos la impunidad sigue siendo el principal aliado de los crímenes contra la población indígena y líderes comunitarios a nivel nacional, detalló la denuncia en Movimiento Amplio, en sus redes sociales.

Fuente de la Información: https://www.nodal.am/2020/01/honduras-en-una-semana-fueron-asesinados-dos-lideres-indigenas/

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Perú: Critican a escritor Vargas Llosa por celebrar golpe en Bolivia

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América del Sur/Perú/15-12-2019/Autor(a) y Fuente: www.prensa-latina.cu

Por: Prensa Latina

El escritor conservador peruano Mario Vargas Llosa evidencia deterioro intelectual al celebrar en un artículo el golpe que obligó a renunciar al presidente de Bolivia, Evo Morales, según una crítica del semanario Hildebrandt en sus 13.

‘Hasta hace poco, Vargas Llosa era un marqués reaccionario. Ahora, la chochez (merma de facultades mentales por edad avanzada) parece estar ganando la batalla’, dice la publicación en un comentario.

Añade que el último artículo del Premio Nobel de Literatura, ‘El fin de Evo Morales’, es tan mediocre que parece escrito por Alvaro Vargas Llosa, ‘el hijito de habilidades diferentes’.

Como muestra de lo que afirma, cita la afirmación del escritor derechista, que suscribe la versión del régimen golpista, de que las matanzas de una veintena de manifestantes antigolpistas en la región de Cochabamba y la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, fueron cometidas en parte por seguidores de Evo Morales.

Califica la afirmación de una ‘gran mentira’ pues ‘todos los testigos independientes señalan que fueron policías y soldados’ los autores de las masacres, amparados en una ley del gobierno golpista que les daba impunidad absoluta para hacerlo.

Hildebrandt en sus 13 atribuye otras aseveraciones de Vargas Llosa al deterioro neuronal del personaje.

Fuente e Imagen: https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=326747&SEO=mas-de-20-lideres-sociales-fueron-asesinados-durante-2019-en-honduras
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México: El «caso Ayotzinapa» naufraga en los tribunales

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América del Norte/México/Javier Lafuente y Elías Camhaji/El País

La Fiscalía promete una investigación prácticamente nueva después de que el alud de irregularidades provoque la liberación de 77 de los 142 detenidos por la desaparición de los 43 estudiantes.

La investigación del caso Ayotzinapa se encuentra en un callejón sin salida. Tras casi cinco años, México aún no sabe qué sucedió con los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, en el Estado sureño de Guerrero. Después de que se documentaran torturas, violaciones de derechos humanos e irregularidades, el proceso judicial naufraga: 77 de 142 implicados han sido liberados. La mayoría de los 65 imputados que aún están detenidos, salvo algunos casos contados que están en prisión por otras causas, se encuentran a un paso de obtener su libertad. Ante el fracaso en los tribunales, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la Fiscalía General de la República (FGR) han anunciado esta semana que se reconstruirá la investigación «desde cero» y que perseguirán penalmente a los encargados que les precedieron, a quienes culpan por el naufragio de las indagatorias.

El último mes ha sido especialmente desalentador para los familiares de las víctimas y el devenir del proceso. Un juez desechó dos tercios de las pruebas que presentó la Fiscalía por considerar que fueron recabadas de forma ilegal y absolvió el pasado 30 de agosto por el secuestro de los estudiantes a Gildardo López Astudillo, alias El Gil. Otras tres personas fueron declaradas inocentes en esa sentencia. El fin de semana pasado, 24 policías de Iguala fueron liberados por violaciones de sus derechos humanos. A diferencia de El Gil, los agentes salieron con un auto de libertad con reservas de ley, es decir, aún podían ser enjuiciados nuevamente, en ese caso, por el delito de desaparición forzada. «El juez interpreta con laxitud la ley, pero no imparte justicia», acusó el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas: «Las sentencias representan una infamia».

Ayotzinapa 43
Violaciones de derechos humanos, según el Centro Prodh. ALFREDO GARCÍA EL PAÍS

Las grietas del caso, sin embargo, no son nuevas. «Se empezó a caer en tribunales desde el año pasado», explica Tapia. Samuel Ventura Ramos, un magistrado de Tamaulipas, ya había dado en junio de 2018 «un diagnóstico demoledor» sobre el curso de las investigaciones, dice Tapia, pero fue hasta las sentencias recientes que fue señalado por el Gobierno por tumbar el caso. Antes de la última tanda de liberaciones, los primeros que fueron liberados —alrededor de una decena— eran detenidos que habían sido arrestados por hechos relacionados con la llamada «verdad histórica»: la línea de investigación que impulsó la Administración del expresidente Enrique Peña Nieto para dar carpetazo al asunto y que aseguraba que los alumnos habían sido quemados hasta ser reducidos a cenizas en el basurero de Cocula para después ser arrojadas al río San Juan.

Ante el derrumbe judicial, las autoridades han dado un giro político a la narrativa del caso. El Gobierno de López Obrador ha buscado desde un primer momento acompañar a los familiares de los 43 estudiantes. El de Ayotzinapa fue uno de los casos más polémicos de la gestión de su antecesor y, al mismo tiempo, una de las banderas del actual mandatario. La promesa de justicia que le ha hecho a los familiares, ya desde la campaña electoral, ha propiciado que, sin tener un horizonte judicial exitoso, los gestos de López Obrador sean constantes. Lo que está en juego para las instituciones mexicanas no es solo esclarecer la desaparición de los estudiantes, sino demostrar que se han superado viejos vicios como la opacidad del sistema judicial, los errores procedimentales que han dejado impunes grandes casos de corrupción en el pasado y la violencia del Estado contra la ciudadanía. Ese es el grito de indignación que no ha logrado extinguirse cinco años después de que los 43 normalistas fueran confundidos con criminales, estuvieran en manos de las autoridades y nadie haya podido descifrar lo que pasó con ellos desde entonces.

Las autoridades actuales han culpado a sus antecesores del fracaso, en particular, al exprocurador general Jesús Murillo Karam y al exdirector de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Zerón. Tras reunirse este miércoles López Obrador y el fiscal con los padres de los desaparecidos se incidió en que todas las acciones que dieron lugar a la «verdad histórica» se habían hecho de forma irregular y que en parte se habían caído porque esa línea de investigación no se sostenía con los hechos que se habían podido comprobar.

El reparto de responsabilidades es más complejo. El cúmulo de irregularidades más graves se registró entre octubre y diciembre de 2014, en los cimientos de la investigación que inició el Gobierno de Peña Nieto, y a partir de esas detenciones se obtuvieron confesiones y testimonios que facilitaron otros arrestos posteriores. Una de las implicaciones de que no se hayan admitido la mayoría de las pruebas de la Fiscalía es, por ejemplo, que no se ha podido acreditar en los tribunales la existencia de los Guerreros Unidos como grupo criminal, señala Tapia. La parte que toca al Gobierno de López Obrador y a la Fiscalía, creada como organismo autónomo unas semanas después de la toma de posesión en diciembre pasado, es que en algunas causas hubo la posibilidad de presentar nuevas pruebas que impidieran la liberación de los sospechosos, pero eso no se hizo de forma exitosa.

«Vamos a empezar de nuevo, una nueva investigación: independiente, objetiva y clara», aseguró al salir de la reunión Omar Gómez Trejo, el nuevo fiscal especial para el caso, nombrado en junio pasado. Pero la idea de reiniciar la investigación solo es parcialmente cierta porque aún se intentan impedir nuevas liberaciones y porque se busca que algunos liberados que fueron exculpados parcialmente regresen al banquillo de los acusados. Los padres fueron notificados del viraje en las investigaciones y para muchos de ellos es volver a empezar desde cero, pero hay confianza en la forma como el Gobierno de López Obrador y la Fiscalía manejan el caso, según las declaraciones públicas que han dado. Y esa confianza se fundamenta en la promesa de hacer pagar a Murillo Karam y a Zerón por sus errores, así como en abrir otras líneas de investigación que no sean la «verdad histórica».

Fuente e imagen: https://elpais.com/internacional/2019/09/19/actualidad/1568850877_534314.html

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Guatemala Indignación selectiva

Ilka Oliva Corado
Por: Ilka Oliva Corado
Lo primero que uno se pregunta ante la situación crítica que vive el país, es: ¿hasta cuándo?, ¿hasta cuándo el pueblo seguirá soportando (solapando)? La respuesta, tristemente es: hasta siempre. En Guatemala la cosa es de tal sociedad, tales gobernantes.Hablar de la corrupción en Guatemala, del posicionamiento de la impunidad ante la justicia, del asalto de las clicas criminales al gobierno del país, es hablar del ADN de la sociedad en sí. En Guatemala estamos hechos de mediocridad, de hipocresía, de tibieza y de descaro.

Jimmy Morales no dio ningún golpe de Estado como el de Temer a Dilma en Brasil, ni engañó a las masas como el traidor Lenín Moreno en Ecuador, él fue puesto ahí por la mayoría de quienes fueron a manifestar por corrupción los sábados de ir a broncearse, cuando estaba la bullaranga de destituir al genocida Otto Pérez Molina. Es decir: los majeados por la oligarquía, el ejército y la embajada de Estados Unidos en el país. Fueron esas marionetas que son maniobrables para beneficio de quienes tienen el sartén por el mango en esa fincona que aún no llega a país, las que pusieron a ese truhán de presidente.

Analicemos a profundidad a esa parte de la sociedad que se ha resistido a la corrupción de Jimmy Morales. Hablo de esos ciudadanos cultos, preparados, dignos, trabajadores y honestos que se manifiestan en redes sociales y salen a manifestar los sábados de ir a broncearse (o mojarse ahora que es invierno) frente a la plaza central: ¿por qué no salieron a manifestarse cuando el gobierno de Jimmy Morales violó y quemó vivas a 41 niñas del Hogar Seguro? ¿Acaso la vida de esas 41 niñas no importa lo más mínimo como les importa la corrupción? ¿Qué es lo indignable entonces para esta parte de la población? ¿El robo de dinero pero no los feminicidios ni las violaciones sexuales que vivieron estas niñas? ¿Por qué no fueron capaces de reaccionar como lo hacen por la corrupción? ¿Por clasistas, homofóbicos, machitas, misóginos e indolentes? ¿Qué temática, qué hechos son los que tienen la capacidad de despertar en esta parte de la sociedad la indignación colectiva? ¿Solo cuando se ven tocados en sus bolsillos?

¿Por qué a esta parte de la población no le indignan las muertes de familias completas en los deslaves de los basureros? Que se alimenten de la basura, que viven en la basura, que mueren en la basura. ¿Por qué no les indigna ver en cada esquina del país, bares y casas de citas y que ahí se golpee, se viole sexualmente y se asesine a niñas, niños, adolescentes y mujeres?

¿Por qué no los indigna la existencia de maquilas donde se explota hasta despellejar a miles de parias? ¿Por qué no les indigna la cantidad de niños picando piedra para sobrevivir? ¿Los miles de niños lustrando zapatos en las calles y parques del país? ¿Las limpiezas sociales en los arrabales? ¿Por qué solo les indigna cuando un monigote como Jimmy Morales llega a robar y a solapar el saqueo de las clicas criminales?

¿Por qué no les indigna la explotación que viven miles de indígenas a quienes se les niega todo, hasta el derecho a la vida? ¿A los miles que se pudren en las fincas cortando café, caña, algodón, frutas y verduras? ¿No les indignan esos miles durmiendo en galeras, sin agua, sin luz, sin servicio sanitario, sin un pago laboral justo? ¿Los miles que se ven obligados a migrar sin documentos? ¿El abuso, la exclusión y las muertes de personas de la comunidad LGBTI?

¿Por qué si les indigna la injusticia, en plenas manifestaciones se apartan de los parias y de los Pueblos Originarios porque ni siquiera en la búsqueda de justicia quieren verlos? ¿Por qué no se unen a las manifestaciones entre semana que realizan los Pueblos Originarios? ¿Por qué no les indigna con el mismo fervor que la corrupción las cantidades de abusos sexuales, embarazos y partos en niñas y adolescentes? ¿Por qué no les indigna con la misma ira las cantidades de feminicidios en el país? ¿Por qué no les indigna que no exista una educación y un Estado laico en el país? ¿Por qué no les indigna el robo de mercadería, los golpes y el encarcelamiento de vendedores ambulantes por parte de la policía?

¿Por qué no les indigna que el Congreso busque criminalizar a las mujeres que abortan espontáneamente? ¿Por qué si odian la injustica no apoyan el derecho al aborto? ¿Acaso por cachurecos, machistas y misóginos? ¿Por qué es tan importante revolcarse y sacar espuma por la boca para llamar la atención frente a la cámara de un medio de comunicación en las manifestaciones? ¿Acaso para fingir decencia e indignación? ¿Por qué no se revuelcan de dolor y sacan espuma por la boca con la cantidad de niñas abusadas y embarazadas por familiares y desconocidos?

En Guatemala todo es oportunismo, hasta la indignación selectiva. Una llamarada de tuza que dura lo de un flash de fotografía. En donde todo seguirá tal y como está, porque la explotación del paria y mantener el sistema intacto beneficia a todo aquel que descansa placentero sobre los lomos curtidos de quienes aunque griten jamás serán escuchados. Pero llegará el día que esos miles de parias despertarán en rebelión y no habrá plaza de sábado de ir a broncearse ni indignaciones selectivas que puedan detenerlos: será la insurrección de la alcantarilla.

Blog de la autora: https://cronicasdeunainquilina.com

@ilkaolivacorado

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