Los presidentes de Zambia, Edgar Lungu; Uganda, Yoweri Museveni, y Malawi, Peter Mutharika, expresaron su compromiso de apoyar los esfuerzos para poner fin al matrimonio infantil en África en 2030, informó hoy la prensa local.
Según el reporte, los mandatarios asistieron en Nueva York a un evento sobre el tema, previo a la apertura este martes allí del segmento de alto nivel del 72 Periodo de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Lungu reconoció que este es un problema latente en África y que con las niñas obligadas al casamiento se incurre en una negación de sus derechos.
Por su parte Mutharika advirtió que cada niño debe alcanzar su máximo potencial en la vida, por lo que instó a detener el fenómeno.
Después de un proceso parlamentario de dos años y su posterior aprobación en febrero, Mutharika firmó una enmienda constitucional en abril que anuló una práctica en la que menores de 15 años podían casarse con el consentimiento de sus padres.
Entretanto, Museveni sostuvo que la libertad de elección solo vendrá si las niñas pueden ser independientes de sus padres y esposos.
Mientras, la comisaria de Asuntos Sociales de la Comisión de la Unión Africana, Amira Elfadil, exhortó a todos los hombres y jóvenes a participar en la eliminación del flagelo.
En el continente están 15 de los 20 países con las más altas tasas de matrimonio infantil a nivel mundial y la región tiene la mayor prevalencia de embarazos adolescentes en el mundo.
Para los expertos es alarmantes que en África existan 125 millones de niñas que fueron obligadas a casarse antes de cumplir los 18 años.
Una realidad preocupante si se tiene en cuenta que en 2050 la cifra alcanzará los 310 millones, según estimados de organismos internacionales.
África / 17 de septiembre de 2017 / Autor: Lola Hierro / Fuente: El País
Hay 264 millones de menores sin escolarizar en el mundo y dos tercios viven en países de abundantes recursos naturales. Su explotación genera conflictos que afectan a la educación. Un informe lo analiza
A primeros de septiembre, ciudades y pueblos se llenan desde bien temprano de niños somnolientos y nerviosos que se enfrentan a su primer día de curso. Una imagen tan habitual para algunos no lo es en absoluto para muchos, muchísimos otros. En los últimos años se ha avanzado en la escolarización de los menores —entre 2000 y 2015 el acceso a la escuela primaria llegó al 90% de los niños— pero todavía quedan 264 millones sin escolarizar en todo el mundo. Y dos tercios de ellos viven en países ricos en recursos naturales, pero que paradójicamente ocupan los últimos puestos de desarrollo y tienen presupuestos en educación inferiores al 3% de su PIB.
Para llamar la atención sobre esta realidad tan chirriante, la ONG Entreculturas ha lanzado la campaña Escuelas en peligro de extinción y, con ella, un informe titulado Educación en zona de conflicto que analiza minuciosamente las relaciones entre el derecho a la educación, la explotación de recursos naturales, la paz y el desarrollo sostenible.
«La fuerte presión sobre los recursos minerales, fósiles, pesqueros, forestales, agrícolas o hídricos y la lucha por su control generan, además de degradación ambiental, tensión, conflictos, violencia y desplazamientos forzosos», resume el estudio, que describe cómo los civiles que viven en estas áreas explotadas ven vulnerados sus derechos. Sobre todo, el de la educación. Los datos hablan por sí solos: el 87% de las personas desplazadas en el mundo en la última década proceden de zonas de explotación minera y petrolera.
Y de eso sabe Hombeline Bahati, coordinadora de un proyecto de mejora de medios de vida con el Servicio Jesuita al Refugiado. Trabaja en Masisi, en la castigada región de Kivu norte, en la República Democrática del Congo (RDC). Un país con abundantes recursos minerales que lleva 20 años sumido en un conflicto sin visos de acabar. Oro, el tantalio que hace funcionar los teléfonos móviles… RDC es una mina y todos quieren beneficiarse de ella.
«Existen problemas tribales por el acceso a la tierra, porque con la crisis de los noventa de Ruanda, los hutus se desplazaron a Masisi y siguen ahí, y no hay sitio para todos», explica Bahati, en Madrid para dar visibilidad a su trabajo. Luego, desde que llegaron los blancos a ayudar y descubrieron la riqueza de nuestras montañas; empezaron a explotar la tierra y entonces ya no fue solo para cultivarla, sino para obtener mayores beneficios. Ahí entraron el Gobierno, las milicias, las grandes empresas extractivas… ya fue una lucha de todos contra todos», describe.
Solo en Masisi se aglutinan 11 campos de refugiados y Bahati trabaja en siete. Se estima que en ellos viven —o malviven— unas 36.000 personas. «A través de la formación en diferentes oficios, estas personas pueden ser autónomas. Son familias que tuvieron que irse a otros pueblos o a campos de refugiados para estar más tranquilos porque sufrían los enfrentamientos entre guerrillas o entre estas y el ejército regular».
Es un círculo vicioso: a menor educación, más conflictos, y a más conflictos, menor educación. Y la particularidad de que la contienda tenga que ver directa o indirectamente con la explotación de los recursos de un país solo empeora las cosas. Según el informe, es un agravante para los niños y niñas en edad escolar: «Diez de los países con indicadores educativos más bajos son ricos en recursos naturales. Ocho de ellos están siendo o han sido asolados por conflictos. De los 40 conflictos que se han producido entre el año 1999 y el año 2013 han conllevado ataques recurrentes a la educación, más de la mitad han estado vinculados directa o indirectamente con los recursos naturales», enumera. Y además, durante los últimos 60 años, entre cuatro y seis de cada 10 conflictos armados tuvieron un vínculo con la explotación de recursos naturales. La mayoría fueron en África subsahariana, pero también en América Latina y Asia.
La razón fundamental es que estas contiendas se prolongan más tiempo, llevan asociados mayores niveles de violencia, especialmente contra las mujeres, y son más difíciles de superar. El riesgo de resurgimiento es mucho más alto, en parte porque los procesos de paz y reconciliación no suelen abordar la gobernanza y gestión de los recursos naturales.
El 87% de las personas desplazadas en el mundo en la última década proceden de zonas de explotación minera y petrolera
En Masisi, Bahati es testigo a diario de cómo esto afecta a la educación de los niños: «Cuando hay un conflicto no funciona nada, y tampoco los colegios. Llegan familias desplazadas con sus hijos a una nueva comunidad y las escuelas de la zona no tienen plazas para todos, se desbordan, así que los menores no pueden acceder a la educación o acceden a una de muy mala calidad», describe.
Otras guerras menos visibles
Hay conflictos armados más violentos a primera vista, como por ejemplo el de RD Congo. En ellos se atacan escuelas, se asesina, se producen desplazamientos forzados de comunidades enteras y una importante degradación medioambiental. Pero existen otros de menor escala que afectan a millones de personas de pequeñas comunidades locales y tienen su origen en el acaparamiento de tierras que luego explotarán grandes empresas (cultivos intensivos de soja, por ejemplo, en América Latina) o en la lucha por recursos decrecientes (agua, tierras, pastos, pesca…).
Se calcula que hay activos más de 2.000 conflictos medioambientales, una cifra que ha aumentado en los últimos años en paralelo a los asesinatos de ecologistas, que a menudo ejercen también el liderazgo educativo en sus comunidades. Uno de los más sonados fue el de Berta Cáceres, pero no el único. Estos crímenes aumentaron un 59% entre 2004 y 2015, con 185 asesinatos en 16 países, según el último informe de Global Witness.
En los conflictos armados relacionados con los recursos naturales son frecuentes los ataques a la educación. Desde los ataques a escuelas y a profesores, la destrucción de aulas, el reclutamiento de niñas y niñas como soldados, hasta la violencia contra mujeres y niñas, estudiantes y docentes. En el caso de la República Democrática del Congo, por ejemplo, desde 2013 han sido destruidas más de 500 escuelas y más de 200.000 escolares se han visto afectados.
En los conflictos medioambientales, los impactos no son tan visibles, en parte porque los ataques directos a escuelas, profesores y estudiantes son menos frecuentes, pero también son muy dañinos y vulneran el derecho a la educación de milones de menores. La apropiación de tierras por parte de empresas desplaza a la población que las habitaba o trabajaba, con la consiguiente pérdida de oportunidades educativas para los afectados. En Kenia hay 30.000 escuelas en riesgo de desaparición por este fenómeno. El 83% no cuenta con un título jurídico de propiedad, por lo que sus efectivos propietarios no pueden defenderse.
Una cuestión de género
De entre todos los perjudicados por este tipo de contiendas, las mujeres y niñas tienen un problema añadido. La educación las empodera para enfrentarse a diversas discriminaciones. Pero si no tienen la oportunidad de formarse, serán más proclives a sufrir otros abusos. Es el caso del matrimonio infantil o el acceso a la salud o al empleo. Sin olvidar a que en los lugares donde existen conflictos por los recursos naturales se producen a menudo violaciones masivas de mujeres como arma de guerra. Además de las secuelas físicas y psicológicas, estas quedan estigmatizadas de por vida y marginadas, por lo que acaban por destruir el tejido social de las comunidades.
Bahati lo describe desde su experiencia. Explica que los desplazados pierden el acceso a la tierra, ya no tienen donde cultivar y por tanto dejan de ganar dinero. «Como mucho pueden realizar alguna actividad económica informal, y si les sobra algo del poco dinero que ganan para destinarlo a la educación, van a privilegiar a los niños varones», cuenta Bahati. «El que las niñas estén en los campos sin hacer nada las lleva a la esclavitud sexual: en mis campos sucede mucho», asegura la congoleña. «Por menos de medio dólar, los padres las prostituyen».
En República Democrática del Congo, desde 2013 han sido destruidas más de 500 escuelas y se han visto afectados más de 200.000 escolares
Más guerra, peor alimentación y peor educación
Como se mencionaba antes, una buena parte de las personas más pobres del mundo vive en países ricos en recursos naturales. Y también de los hambrientos. Esa combinación de pobreza y hambre dificulta el acceso a la educación y al aprendizaje efectivo: un niño con hambre o con carencias nutricionales no va a rendir adecuadamente en el colegio. Y, sin embargo, la educación es fundamental para salir del círculo de la pobreza.
Igual ocurre con los problemas de salud: afectan al derecho a la educación porque favorecen el absentismo, el abandono o las dificultades de aprendizaje. Otras consecuencias sobre la salud son la contaminación generada por las industrias mineras o de hidrocarburos, la destrucción de infraestructuras sanitarias y la propagación de enfermedades.
Medidas realistas
Dos niñas hacen los deberes en el campo, en Etiopía.
Con esta campaña, Entreculturas hace un llamamiento a los Gobiernos de países donde existen conflictos relacionados con los recursos naturales. Les exhortan a que recaben el consentimiento libre, previo e informado de las poblaciones locales y que respeten sus derechos fundamentales, sobre todo el derecho a la vida, a la alimentación adecuada, a la salud y a la educación. Sobre esta última, el informe recalca que es imprescindible que se refuercen los medios y la financiación actuales para paliar los déficits existentes. Un ejemplo positivo, en opinión de los investigadores, es el de Etiopía, donde la pobreza se ha reducido a la mitad desde 1995, cuando empezó a aplicar programas educativos más eficaces.
En el caso de las comunidades indígenas, se hace especial hincapié en la inversión en una educación bilingüe, en un refuerzo del enfoque multicultural y de la orientación de la educación hacia el empoderamiento para la defensa de los derechos referidos a su estilo de vida, a la propiedad de la tierra y a la gestión de sus recursos.
Por otra parte, los autores consideran necesario incorporar la cuestión de la gobernanza de los recursos naturales en los procesos de paz y reconciliación por parte de los Gobiernos en los países en conflicto, de los actores que desempeñan un papel de mediación y de las organizaciones sociales que contribuyen a la restauración de la paz.
Pese a todo, Hombeline Bahati sabe que ni Masisi ni Kivu serán una tierra pacífica a corto plazo. Por eso pide adoptar medidas realistas para conseguir que la población sobreviva de la manera más digna posible y con acceso a los mejores recursos, también dentro de las circunstancias. No se puede acabar la guerra de un día para otro, pero sí se puede sensibilizar a las comunidades locales sobre la importancia de la educación. Ella, nacida en esa tierra indómita, va notando cambios. «La sensibilización es muy importante, cada vez más padres entienden que es fundamental que sus hijos e hijas se formen. El aumento de la demanda se observa en que también hay cada vez más universidades y centros de formación profesional. Antes eran para unos pocos privilegiados, pero en los últimos años se ha normalizado el acceso», asegura.
Entre los años 2000-2015, más de 200.000 niños contrajeron matrimonio.
Estados Unidos. – De acuerdo a un estudio realizado por Tahirih Justice Center, organización benéfica dedicada a la protección de los derechos de la mujer, entre los años 2000-2015, más de 200.000 niños contrajeron matrimonio en Estados Unidos, en donde la legislación de dicho país tiene desacuerdos por lo que se hicieron posibles dichos casamientos de infantes de 12 años.
«Actualmente el matrimonio infantil alcanza en EE.UU. cifras alarmantes. Los niños que se casan antes de cumplir 18 años pueden proceder de entornos diferentes, pero a menudo lo hacen por una presión intensa de parte de sus familiares», se dice en el informe de esa ONG.
En algunos estados de Estados Unidos sólo se permite la unión conyugal a los mayores de 18 años, pero esa normativa puede ser evadida mediante una autorización formal de los padres o con la aprobación de un tribunal.
Apenas el año pasado, el estado de Virginia fue el primero en eliminar toda excepción que posibilite el matrimonio infantil. Sin embargo, y como contradicción, en los años 2004 y 2013 se celebraron 4.500 bodas en las que estuvieron involucrados menores.
En un 90 % de los casos, la mayoría de los menores que contraen nupcias son niñas, y casi todas con hombres adultos.
La situación en el estado de Texas es aún más grave pues en el ínter de 2000 al 2014 contrajeron matrimonio 40.000 niños.
Foto: AP
En casi todos los casos, la razón principal por la que se casan es por por circunstancias económicas desfavorables. En otras es por encubrir relaciones sexuales que terminaron en un embarazo.
Según encuestas realizadas por Tahirih, las menores que se casan antes de los 19 tienden a abandonar sus estudios, por otro lado, la unión marital entre un adulto y un menor puede llegar a ser peligrosa porque aumenta la posibilidad de violencia conyugal.
Un menor de edad no es económicamente independiente, por lo que sus posibilidades se ven limitadas y enfrenta un maltrato doméstico o incluso huir en búsqueda de apoyo familiar, ya que la misma ley exige a la policía entregar al «fugitivo» a su esposo.
Según Tahirih, la forma más directa de enfrentar a este tipo de problemas es establecer en Estados Unidos una edad mínima de 18 años para casarse.
El matrimonio infantil es un problema en todo el mundo, en la comunidad de Afganistán los hijos de familias afganas que regresan de Pakistán y no van a la escuela ni tienen acceso a la educación tienen cada vez un mayor riesgo de terminar en un matrimonio temprano o siendo víctimas de trabajo infantil, según una encuesta publicada el miércoles.
Foto: AP
El estudio de Save the Children revela una crisis alarmante en la provincia de Nangarhar, en el este de Afganistán, donde realizó el sondeo entre retornados desde Pakistán. La ONG advirtió que la situación podría deteriorarse más ante la llegada de más de 3.500 afganos al día después de que Islamabad endureció las normas para los que viven en el país de forma irregular.
En lo que va de año, más de 650.000 afganos regresaron desde Pakistán y la mayoría planean quedarse en Nangarhar al menos hasta que pase el invierno. Se espera que miles de afganos más sean repatriados en los próximos meses.
La encuesta se basó en 379 entrevistas realizadas por Save the Children entre el 28 de octubre y el 8 de noviembre en cinco distritos de Nangarhar y tiene un margen de error de más menos cinco puntos porcentuales.
Entre los que regresan, muchos no tienen dinero ni documentos identificativos. Los padres que enfrentan la pobreza suelen pensar que su única opción estable es acordar un matrimonio para sus hijos o ponerlos a trabajar, según el sondeo.
«Estamos realmente preocupados por los riesgos que amenazan a los niños y al futuro de los menores si la situación continua», dijo Bahirullah Wyaar, asesor de Save the Children en Kabul.
Se trata de niñas como Nafissa* (no es su nombre real), de Níger.
“Dejé (de ir a) la escuela para casarme”, dice la adolescente. “Se debió a la mentalidad de las personas y sus prejuicios. Tuve que casarme durante un receso escolar y, antes de que pudiera regresar a la escuela, quedé embarazada. Después de eso, nunca volví”.
El matrimonio infantil afecta profundamente a las niñas casadas, sus hijos, sus familias e incluso los países donde ellas viven. Poner fin a esta costumbre es una de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. De hecho, esta práctica tendrá un costo de miles de millones de dólares para los países en desarrollo a fines de 2030, según un nuevo informe (i) del Grupo Banco Mundial y el Centro Internacional de Investigaciones sobre la Mujer.
Las niñas se casan a menudo debido a la presión de los padres y familiares, la pobreza y la falta de alternativas. El acceso limitado a una educación de calidad y el hecho de que las familias priorizan la educación de los varones por sobre la de las niñas —en parte debido a las limitadas oportunidades de empleo— contribuyen a perpetuar el matrimonio infantil.
“Las escuelas primarias se encuentran muy lejos. En su camino a la escuela, las niñas se encuentran con hombres. Luego, algunas quedan embarazadas y abandonan la escuela”, cuenta un padre de Uganda. “Además, no tenemos una escuela vocacional que capacite a nuestras hijas después que completan la educación primaria y secundaria, así que educar a las niñas lo vemos como un despilfarro de recursos”.
“El matrimonio infantil no solo pone fin a las esperanzas y los sueños de las niñas. También frena los esfuerzos orientados a terminar con la pobreza y lograr el crecimiento económico y la equidad”, dice Quentin Wodon, autor principal del informe. “Poner fin a esta práctica no es solo una obligación moral, sino también una medida racional desde el punto de vista económico”.
Poner fin al matrimonio infantil es un planteamiento económico acertado
El análisis del Grupo Banco Mundial indica que el costo económico del matrimonio infantil es alto. La eliminación del matrimonio infantil y los partos precoces podría reducir la fertilidad y disminuir el crecimiento demográfico en un 10 % en los países con una alta prevalencia. El estudio sostiene que, a nivel mundial, el beneficio anual en términos de bienestar derivado del menor crecimiento de la población podría superar los USD 500 000 millones en 2030.
En el caso de los hijos de madres que dan a luz a temprana edad, se reducirían los riesgos de los niños de morir a los 5 años o ser afectados por un retraso del crecimiento. A nivel mundial, los beneficios estimados de una reducción de la mortalidad de los niños menores de 5 años y la malnutrición podrían superar los USD 90 000 millones anuales a fines de 2030.
Poner fin al matrimonio infantil contribuiría también a aumentar el nivel de ingresos previstos de las mujeres en el mercado laboral. Debido en gran parte al impacto del matrimonio infantil en la educación, en 15 países las mujeres que se casan siendo niñas obtienen ingresos un 9 % más bajos en promedio que los que hubieran ganado si se hubieran casado a una mayor edad.
La comunidad internacional está cada vez más consciente de los efectos negativos del matrimonio infantil. En la República Dominicana, un país de ingreso mediano alto donde más de 1 de cada 3 niñas aún se casa antes de los 18 años, se llevará a cabo una campaña para poner fin al matrimonio infantil, en la cual se utilizarán nuevos datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) sobre el país y del Grupo Banco Mundial acerca de los impactos económicos de esta práctica.Vea más fotos relacionadas en la cuenta de Instagram del Banco Mundial
Con financiamiento de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), el fondo del Banco Mundial para los países más pobres, el Proyecto de Empoderamiento de las Mujeres y Dividendo Demográfico (SWEDD) en la Región del Sahel (i) colabora con los Gobiernos de Burkina Faso, Chad, Côte d’Ivoire, Malí, Mauritania y Níger para empoderar a las adolescentes y mujeres. El proyecto apunta a retrasar el matrimonio y ampliar el acceso a los servicios de salud reproductiva, infantil y materna, a partir del trabajo conjunto con las comunidades, entre ellos líderes religiosos y tradicionales. El proyecto SWEDD por un monto de USD 205 millones (i) ofrece también programas de “espacio seguro” para las niñas e incluye transferencias monetarias condicionadas para alentarlas a permanecer en la escuela.
En Uganda, los clubes de niñas a cargo de BRAC Uganda, (i) una rama de la organización internacional BRAC con sede en Bangladesh, han resultado ser exitosos. Unos 1500 clubes de Uganda ofrecen juegos, música, clases de educación sexual, conocimientos financieros, formación en oficios y acceso a microfinanciamiento para las jóvenes que quieren convertirse en emprendedoras. Las niñas que han sido miembros de los clubes por dos años tienen un 58 % menos probabilidades de casarse a temprana edad.
Una de las mejores maneras de poner fin al matrimonio infantil es mantener a las niñas en la escuela
En muchos países, cada año de educación secundaria puede reducir la probabilidad de casarse antes de los 18 años en cinco puntos porcentuales o más. Por el contrario, es mucho más probable que las niñas casadas abandonen la escuela y completen menos años de educación que sus compañeras que no se casan a corta edad.
“Si mis padres me hubieran permitido estudiar, lo habría hecho con mucho gusto. Mis amigas pudieron continuar sus estudios y ahora tienen más conocimientos y son más inteligentes”, dice *Pooja (no es su nombre real) de Nepal. “Si hubiera estudiado, estaría trabajando. Pero mis padres organizaron mi matrimonio y no pude hacer nada después del casamiento. Ahora tengo que cuidar a mis hijos”.
Si Pooja y otras niñas hubieran seguido asistiendo a la escuela, ellas podrían tener mayor acceso a seguridad, salud y educación, y poder elegir y tomar sus propias decisiones en la vida.
¿Qué sigue?
Las niñas son agentes poderosos de los cambios socioeconómicos, y el Grupo Banco Mundial se ha comprometido a mantenerlas en la escuela y darles la oportunidad de aprender. Las niñas que terminan la educación secundaria tienden a ser más saludables, participan más en el mercado de trabajo formal, ganan más, se casan a una mayor edad, tienen menos hijos y proporcionan una mejor atención de salud y educación a la generación que les sucede. La combinación de estos factores puede ayudar a sacar de la pobreza a los hogares, las comunidades y los países.
En 2016, el Grupo Banco Mundial se comprometió a invertir USD 2500 millones en el curso de un quinquenio en proyectos de educación en beneficio directo de las adolescentes.
En el próximo Informe sobre el desarrollo mundial 2018 titulado Learning to Realize Education’s Promise (Aprender para hacer realidad la promesa de la educación) se hace un balance de lo que sabemos y de cómo ampliar el alcance y la calidad de la educación en todo el mundo, en particular para los más marginados.
Además, sobre la base del informe sobre los costos económicos del matrimonio infantil, el Grupo Banco Mundial está preparando un estudio de seguimiento acerca de los beneficios económicos de invertir en la educación de las niñas.
El Congreso de El Salvador derogó este jueves una norma que permitía el matrimonio entre personas adultas y menores de edad en caso de embarazo.
El matrimonio infantil ya estaba prohibido en el país centroamericano entre dos menores de edad o un menor y un adulto, excepto en un caso: cuando ya había hijos en común o un embarazo.
Los legisladores aprobaron una reforma al Código de Familia por la que fue eliminado el artículo 14, que permitía dicha excepción.
Ese artículo abría la posibilidad de que menores que fueron víctimas de delitos sexuales como violación o estupro contrajeran matrimonio y muchas veces acababan casadas con su agresor.
La medida entrará en vigor ocho días después de publicadas en el diario oficial.
De este modo, El Salvador se une a países de Centroamérica como Panamá, Costa Rica, Guatemala y Honduras que ya han prohibido el matrimonio de menores de 18 años.
Niñas en riesgo
Derechos de autor de la imagenASAMBLEA DE EL SALVADORImage captionLos legisladores de El Salvador en la sesión en la que se derogó la norma.
Según cifras de Unicef, el 21% de las mujeres que actualmente tienen entre 20 y 24 años en El Salvador se casaron antes de cumplir los 18.
Para la agencia de la ONU, estas niñas «representan un grupo extremadamente vulnerable, pues se les priva de su infancia, tienen pocas oportunidades de recibir una educación, y a menudo comienzan a procrear demasiado pronto».
Y los mayores riesgos los enfrentan las menores del 20% más pobre de la población, así como las que viven en zonas rurales.
Centro América/El Salvador/19 Agosto 2017/Fuente: Panorama
La Asamblea Legislativa de El Salvador acordó el jueves prohibir el matrimonio de menores de edad.
Con el respaldo unánime de todos los partidos políticos, el parlamento unicameral reformó un artículo del Código de Familia que permitía que niñas y adolescentes contrajeran matrimonio con mayores de edad si había un embarazo o un hijo de por medio.
La reforma deberá ser aprobada por el presidente Salvador Sánchez Cerén y entraría en vigencia ocho días después de ser publicada en el Diario Oficial.
De acuerdo con una encuesta desarrollada por el gobierno en 2015, en El Salvador hay 22.361 jóvenes de entre 12 y 17 años que han contraído matrimonio o viven en unión libre. Seis de cada diez adolescentes que tiene relación de pareja con un adulto viven en el área rural de este pequeño país centroamericano.
La directora del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONNA), Zaira Navas, señaló que en muchas ocasiones las menors son obligadas a casarse con hombres de hasta 50 años de edad. Al casarse, los agresores sexuales o violadores evitan ir a la cárcel.
Tras darse a conocer la noticia de la reforma aprobada por el Congreso, las agencias de Naciones Unidas en El Salvador —ONU Mujeres, UNICEF y Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA por sus siglas en inglés)— se expresaron de manera positiva. “De esta forma se ha cerrado una importante brecha legal favoreciendo a las niñas, mejorando su protección y armonizando la legislación nacional a los compromisos internacionales del país”, expresó en un comunicado el coordinador residente de la ONU en El Salvador, Christian Salazar.
“Con la prohibición del matrimonio infantil, precoz y forzado, el Estado salvadoreño está enviando un mensaje claro de no permitir práctica de violencia y discriminación en contra de las niñas y adolescentes. Con ella las protege y a la vez les abre oportunidades para su desarrollo personal, de sus familias y de la sociedad”, agregó la representante de ONU Mujeres, Ana Elena Bonilla, en el mismo documento.
Al aprobarse las modificaciones a la ley, la diputada Karina Sosa, una de las promotoras de éstas, dijo: “Ganamos la batalla los que siempre estuvimos al lado de las niñas, pero sobre todo la ganaron estas niñas que han sido las víctimas”.
Un estudio realizado en 2015 por el ministerio de Salud Pública salvadoreño y la UNFPA sobre embarazo adolescente contabilizó que entre niñas de 10 y 12 años, una de cada dos identificó claramente haber sido obligada a sostener relaciones sexuales. Y entre las niñas de 10 y 17 años, cinco de cada 10 expresaron haber sido obligadas a casarse.
La UNICEF ha determinado que el matrimonio ante de los 18 años es una violación fundamental de los derechos humanos. De acuerdo a cifras de 2017, en América Latina y el Caribe 24% de las mujeres de 29 a 24 años estaban casadas en la infancia, números sólo superados en África donde alrededor de cuatro de cada diez niñas se casan antes de los 18 años. Una de cada ocho se unió antes de cumplir 15 años de edad.
Es una práctica tradicional profundamente arraigada en la sociedad por lo que rara vez es denunciada como delito.
La India es uno de los países con mayor número de matrimonios infantiles. Más del 50 ciento de las mujeres de las zonas rurales se casan antes de los 18 años.
El informe presentado por la organización Action Aid India refiere que en ese país existe una ley que prohíbe que niñas menores de 18 años contraigan matrimonio. Sin embargo, casi la mitad de la población femenina es obligada a casarse antes de alcanzar la edad legal.
«Pese a la atención política prestada al matrimonio infantil, la implementación de la ley ha sido ineficaz para frenar las causas profundas y no ha producido un impacto sustancial en su erradicación», plantea el informe.
También expone que el matrimonio infantil aumenta las probabilidades de que, en el caso de las niñas, abandonen la escuela, sean víctimas de violencia sexual, de explotación, de abuso doméstico y mueran durante el parto.
Las niñas son las más vulnerables con esta tradición I Foto: Unicef India
Algunas de las medidas implementadas por el Estado incluye un incentivo económico para las niñas que estudien y permanezcan solteras hasta los 18 años. En el caso de los hombres, promueve que sean concienciados, ya que también afecta a niños, pero en menor medida.
Solicitan el apoyo de las instituciones religiosas y culturales, y otorgar a los maestros de escuelas gubernamentales la autoridad legal para proteger a los niños que se encuentren en riesgo de matrimonio. «Los esfuerzos legales no han logrado romper el dominio de la tradición y la cultura que continúa apoyando el matrimonio infantil», concluye el informe.
Esta costumbre convierte a la India en uno de los países con mayor tasa de matrimonios infantiles en el mundo. Los padres prefieren casar a sus hijas en edades tempranas para aligerar cargas económicas cuando proceden de familias pobres. Esta práctica afecta a más de 700 millones de mujeres en todo el mundo, según cifras del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
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