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El régimen de Boluarte continúa con la represión del movimiento popular de Perú

Por Enric Llopis

Entre las plazas Dos de Mayo y San Martín de Lima se produjeron, el pasado 30 de agosto, movilizaciones contra el ejecutivo de Dina Boluarte, informó el corresponsal de teleSur Ramiro Angulo.

Boluarte accedió a la Presidencia de la República de Perú en diciembre de 2022, como consecuencia del golpe derechista perpetrado contra Pedro Castillo (maestro rural de izquierdas que venció en los comicios presidenciales de junio de 2021).

Los manifestantes pidieron la dimisión de Boluarte Zegarra, una constitución nueva (la actual fue aprobada en 1993) y justicia para las personas represaliadas (las protestas comenzaron a finales de 2022 y se han prolongado durante 2023).

Además, en la marcha de Lima, “se están condenando los abusos policiales y militares que se han cometido en las últimas manifestaciones”, destacó el reportero de teleSur.

El medio comunitario peruano Wayka presentó el 15 de  agosto el informe Vivir con más de 80 perdigones: el proyectil prohibido usado en las protestas; el audiovisual de 15 minutos muestra ejemplos de su utilización –por ejemplo el 19 de julio-, pese a que las autoridades negaran este extremo; “el uso de perdigones injustificado e indiscriminado (por parte de la policía) ha causado muertes y heridos de civiles (…)”, explica el vídeo.

Uno de los casos detallados es el de estudiante de 22 años Rosalino Flórez Valverde, de Cusco, quien falleció en marzo de 2023 tras el disparo de 36 perdigones de plomo por la espalda; o el del puneño de 35 años Gabriel López, conductor de carga pesada y otros oficios, asesinado en enero con proyectiles de plomo (en su cuerpo se hallaron 72 orificios); también el de Armando Quispe, de 34 años, trabajador de la minería artesanal, quien sobrevive con 80 perdigones en su cuerpo.

El régimen de Boluarte reconoció, a finales de julio de 2023, el fallecimiento de al menos 63 personas durante las protestas (otras fuentes elevan la cifra de víctimas mortales –entre diciembre de 2022 y marzo de 2023- a 77); el periódico La República apuntó que Rosalino Florez era la víctima mortal número 61.

En un reportaje publicado en La República por Gloria Purizaca, se detalla que de las 61 personas muertas, “la represión policial les arrebató la vida a 49 de ellos a punta de proyectiles e impactos de bombas lacrimógenas” (No son sólo una cifra. Las vidas de los 49 civiles asesinados en las protestas contra Dina Boluarte, actualizado marzo 2023).

Además este año se cumple el 20 aniversario del Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Perú (CVR), de 2003,  sobre el conflicto armado interno durante el periodo 1980-2000; fue, según el documento de conclusiones, “el episodio de violencia más intenso, más extenso y más prolongado de toda la historia de la República” (69.280 víctimas mortales).

Una de las notas relevantes es la relación entre pobreza, exclusión social y la posibilidad del impacto por la violencia; así, según la CVR, en el departamento de Ayacucho (región andina), se produjo más del 40% de las  desapariciones y muertes.

En otros términos, el 79% de las víctimas computadas residía en el ámbito rural y más de la mitad –el 56%- tenía un empleo en el sector agrícola y ganadero; asimismo la población indígena resultó afectada especialmente por la violencia: el 75% de las personas fallecidas tenían como lengua materna el quechua u otras lenguas originarias.

Al cumplirse dos décadas del Informe, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) de Perú –de la que forman parte organizaciones de la sociedad civil- hizo público un pronunciamiento titulado Continuidades que matan (28 de agosto 2023); las ONG condenaban, entre otros puntos, “el autoritarismo y la violencia que estamos viviendo, con 49 ejecuciones extrajudiciales y masacres que enlutan a nuestro país”.

En cuanto a las situaciones de impunidad, añade el pronunciamiento, “demoras, complicidades y pactos de silencio caracterizan la justicia; si bien en un centenar de casos se ha dictado sentencia, son hechos que ocurrieron hace 30 ó 40 años, como la violencia sexual contra las mujeres (de los distritos) de Manta y Vilca (…)” perpetrados por el ejército peruano entre 1984 y 1998.

Ejemplo de esta tendencia a largo plazo es el Informe de la ONG Global Witness El ambiente mortal de Perú (2014), que recoge el asesinato de al menos 57 defensores ambientales y de la tierra en el periodo 2002-2014; el reporte calificaba entonces a Perú como “el país más peligroso del mundo” para los defensores; la mayor parte de las muertes tenía relación con los conflictos por la tierra, la tala o la minería.

En las últimas fechas se han producido novedades, asimismo, respecto a las denuncias por esterilizaciones forzadas en Perú; así, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó el 18 de agosto sobre la presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso de Celia Edith Ramos Durand; murió como consecuencia de una esterilización “sin consentimiento”, en el contexto del denominado Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF).

Los hechos se retrotraen al verano de 1997, durante la dictadura fujimorista; la Comisión detalla que la mujer fallecida –quien vivía en el Caserío La Legua, en el departamento de Piura-, fue “sometida a esta intervención y experimentó complicaciones médicas” que derivaron en la muerte; el mismo 3 de julio, el Ministerio de Salud esterilizó a 15 mujeres en el citado caserío, en la ciudad de Catacaos.

Una sentencia relevante tuvo lugar el pasado 12 de agosto; la Corte Superior Nacional condenó a dos oficiales y 16 soldados por el asesinato de 39 campesinos, en la conocida como masacre de la comunidad de Cayara (departamento de Ayacucho), sucedida el 14 de mayo de 1988 durante la presidencia de Alan García Pérez.

Las penas a los autores del delito de homicidio oscilaron –según los casos- entre los ocho y los 15 años de cárcel; los militares formaban parte de dos patrullas cuyos efectivos desplegaron el llamado plan Persecución, diseñado por el Estado Mayor de la Segunda División del Ejército con sede en la provincia de Huamanga (Ayacucho), informó Resumen Latinoamericano citando a La República.

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Kenia |Tres semanas de movilizaciones contra el gobierno recién elegido

Por: César Neto

La toma de posesión del presidente de Kenia, William Ruto, tiene apenas diez meses y su gobierno ya enfrenta la segunda ronda de manifestaciones desatadas por la ira de las masas. Los efectos de la crisis económica mundial y la guerra en Ucrania han sido devastadores para el país. Las primeras manifestaciones comenzaron en marzo[1], y en julio se intensificaron.

Así, Kenia entra en la ruta de las fuertes movilizaciones que se están dando en África en este primer semestre de 2023. Mozambique, Senegal, Angola y Sudáfrica son algunos ejemplos de países donde se dan estas fuertes movilizaciones.

Las razones inmediatas de las luchas en África

Las masas en estos y en otros países africanos están pagando un duro precio por la caída de los precios de los productos de las commodities, el aumento de los precios de los combustibles y el transporte y, finalmente, de los precios de los alimentos, que en algunos países se duplicaron en estos últimos meses.

Las movilizaciones estallan sin previo aviso

Las movilizaciones estallan a partir de las más variadas cuestiones. En Mozambique, por ejemplo, el entierro de Azagaia[2], un cantante muy reivindicado por la juventud, alteró la pax impuesta por el FRELIMO. Al parecer, FRELIMO logró, a costa de mucha represión, controlar las manifestaciones que surgieron tras la muerte del cantante, autor de la famosa música africana “Pueblo en el Poder”. Sin embargo, médicos y funcionarios públicos del país ya anuncian movilizaciones.

En Senegal[3], la explosión se produjo tras el intento de detención de Ousmane Sonko, un candidato populista a las elecciones de 2024. De hecho, el gran problema del país es el desempleo, la inflación y la falta de perspectivas para la juventud.

En Angola, después del aumento de los precios de los combustibles y de la duplicación de los precios de los alimentos en apenas una semana, los taxistas y mototaxistas iniciaron una pequeña movilización para obtener los bonos prometidos para la gasolina, y este movimiento se extendió de inmediato, transformándose en una semana de movilizaciones por todo el país.

En Kenia, tras las manifestaciones de marzo, este mes de julio la gente salió a las calles por tercera semana seguida. El candidato derrotado en las últimas elecciones, Raila Odinga, convocó a la población a una manifestación y, antes de cancelarla, el pueblo ya había tomado las calles. Trataremos de explicar mejor los motivos de las movilizaciones en Kenia.

Kenia exporta materias primas no procesadas e importa productos industrializados

Kenia es un país históricamente sofocado por el imperialismo inglés. Incluso, la misma Fuerza Aérea que luchó en la Segunda Guerra Mundial se utilizó a principios de la década de 1950 para sofocar la lucha de los campesinos kenianos. Esos campesinos luchaban por la preservación de sus tierras, usurpadas por colonos ingleses al servicio del grupo Lever, tierras utilizadas para la producción de té. Durante setenta años, el principal producto de exportación de la región ha sido el té, que ahora es distribuido mundialmente por la Unilever.

Las exportaciones de Kenia son fundamentalmente de productos no industrializados, destacándose: té (US$ 1.200 millones), flores (US$ 766 millones), café (US$ 262 millones), petróleo refinado (US$ 247 millones) y mineral de titanio (US$ 194 millones). Esas pocas exportaciones no garantizan una balanza comercial mínimamente equilibrada. Las importaciones desequilibran la balanza comercial en la adquisición de petróleo refinado (US$ 3.530 millones), aceite de palma (US$ 1.260 millones), medicamentos embalados ​​(US$ 554 millones), automóviles (US$ 549 millones) y hierro laminado en caliente (US$ 508 millones).

De estas exportaciones, 30% va a países africanos que también están en crisis. En cuanto a las importaciones, 70% provienen de China y de la India, lo que explica parte del endeudamiento con esos países.

Este desequilibrio comercial determinó que en 2021 Kenia fuese la 59° economía del mundo en términos de PIB, la 109° en exportaciones totales, la 81° en importaciones totales, la 142° economía en términos de PIB per cápita. El IDH del país, medido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se clasifica como bajo, ocupando el puesto 152 entre 191 países.

Kenia: un país sofocado por la deuda pública

En 2021, durante la pandemia, su deuda externa estaba en US$ 71.000 millones; ocho años antes estaba en US$ 16.000 millones. El 30% de sus ingresos se utiliza para pagar el servicio de la deuda, es decir, sólo los intereses. El 69,1% del PIB corresponde a deuda. Entre las 50 economías con mayor riesgo de incapacidad de pagar sus deudas, Kenia ocupa el sexto lugar, según la agencia de inversiones Bloomberg.

Los efectos de la guerra en Ucrania

Los trabajadores kenianos sintieron inmediatamente los efectos de la guerra en Ucrania. La inflación actual en el país ronda el 10%, pero este porcentaje no expresa exactamente el aumento de los precios en la mesa de las familias kenianas. El precio de los alimentos se disparó. El azúcar, por ejemplo, aumentó 58% en un año.

La tormenta perfecta que azota la economía

Además de los problemas estructurales típicos de una economía semicolonial, el país tiene que enfrentar sucesivos años de déficit en la balanza comercial, recesión y aumento de las tasas de interés, que hacen que la deuda externa crezca a pasos agigantados. No hay salida para este país si no suspende los pagos de la deuda, nacionaliza la tierra y tiene un fuerte plan de obras públicas para generar empleo. En este caso, ni Wiliam Rutto, actual presidente, ni el candidato derrotado en las últimas elecciones, Raila Odinga, están dispuestos a enfrentarse al FMI, el Banco Mundial y las transnacionales.

La ira comenzó en marzo

En marzo de este año, con apenas seis meses de gobierno de William Rutto, comenzaron las movilizaciones. Raila Odinga, el candidato derrotado en las últimas elecciones, trató de capitalizar el descontento popular, llamó a la movilización y perdió el control sobre ella.

El primer día de manifestaciones, una gran cantidad de personas salieron a las calles para protestar contra el gobierno. Las manifestaciones fueron gigantescas, para lo que es la tradición de un país hundido en un régimen bonapartista desde hace casi 50 años. Miles de personas marcharon en la movilización nacional contra los precios de los alimentos y el costo de vida. Para el gobierno, «las manifestaciones son anticonstitucionales y perturban la paz y los negocios en el país».

Con bombas lacrimógenas, balas de goma y armas letales, las manifestaciones fueron momentáneamente controladas. Fue posible controlar las manifestaciones gracias a los acuerdos militares de contrainsurgencia firmados entre EE.UU. e Israel y la policía y las Fuerzas Armadas de Kenia.

Las movilizaciones de julio

Una jornada de tres días de protestas comenzó el lunes (17/7). Rápidamente ganó alcance nacional y se involucraron las principales ciudades del país. Ríos de personas tomaban las calles. En los barrios más afectados por la represión, los moradores salían de sus casas a repartir agua para que los manifestantes pudieran lavarse la cara y suavizar los efectos de los gases lacrimógenos.

Los reclamos estaban relacionados con el aumento de los precios de los combustibles, el impuesto de 3% sobre los salarios para un supuesto fondo para construir viviendas populares y, sobre todo, la inflación que golpeaba sobre el precio de los alimentos. Un cartel decía: «Rutto debe reducir el costo del unga [harina de maíz] o simplemente desistir». La harina de maíz es fundamental para la alimentación de la población keniana.

“¡Ruto, acabe con la inflación o seguiremos en las calles!” Ese es el grito de guerra en las movilizaciones, es decir: o resuelve el tema de los precios de los alimentos o se va.

A pesar de la represión, hubo tres días de movilizaciones, incluso con la oposición tratando de mantenerse alejada de las calles. El líder opositor, Odinga, no fue visto en ningún lugar público, y según sus seguidores se encontraba en un lugar “muy seguro”. A través de las redes sociales, afirmó: “Este es un movimiento popular y no requiere que alguien lo dirija”.

El trazo común de las movilizaciones africanas

Las principales movilizaciones africanas de los últimos meses tienen como característica común el modelo represivo de extrema violencia utilizado por los gobiernos. Antes, los gobiernos y sus aparatos represivos ya actuaban con mucha violencia, utilizando gases lacrimógenos, balas de goma y en algunos casos con vehículos especiales. Sin embargo, en manifestaciones recientes se ha denunciado el uso de armas letales contra los manifestantes. Eso es lo que explica que en Angola haya 13 muertos hasta ahora, incluida la de un niño de 12 años; en Senegal, 23 muertos y más de 500 heridos; en Kenia hay más de 30 muertos, sumadas las manifestaciones de marzo y julio.

Por otro lado, la ira y radicalización de las masas ha llevado a la quema de vehículos policiales, comisarías y organismos públicos. En Angola, incluso la sede del partido de gobierno fue incendiada. Estas acciones, aunque aisladas, muestran el grado de explosividad del movimiento.

A la barbarie represiva se suma la barbarie del hambre y la miseria, y todo ello sin que los trabajadores hayan desarrollado mecanismos de autodefensa y, para colmo, sin que existan organizaciones que defiendan la creación de estos mecanismos.

La ira de las masas y la crisis de dirección

Las masas proletarias han hecho su parte y, además, han arrastrado para los enfrentamientos a sectores medios. Hay mucho radicalización y heroísmo en estas movilizaciones, pero falta la dirección política independiente de los trabajadores. Esta es la mayor tragedia de todas. En Angola, la cara visible de la oposición es la UNITA, partido que forma parte del régimen; en Senegal, la oposición está liderada por un pequeñoburgués populista, Ousmane Sonko, que tiene un proyecto político que es apoyado por EE.UU.; en Kenia, las movilizaciones son convocadas por Raila Odinga, candidato derrotado en las últimas elecciones por un pequeño margen de votos (50,49 x 48,85%) y que, junto al candidato ganador, William Ruto, formó parte de los dos últimos gobiernos.

La tarea central para la vanguardia de Kenia hoy es construir un programa antiimperialista, anticapitalista, independiente de los patrones y asentado en las organizaciones de los trabajadores, de los jóvenes y del pueblo pobre. Nosotros, de la Liga Internacional de los Trabajadores, apoyamos incondicionalmente ese esfuerzo político.

Traducción: Natalia Estrada.


[1] Quênia: As massas superam o medo do regime bonapartista e se levantam, en: https://litci.org/pt

[2] Moçambique: A morte do rapper Azagaia e a ditadura do FRELIMO, en: https://litci.org/pt

[3] Senegal: una nueva ola de movilizaciones contra el gobierno bonapartista de Macky Sall, en: https://litci.org/es

Fuente de la información e imagen:  https://litci.org

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Francia Márquez, vicepresidenta electa de Colombia: «Después de 214 años logramos un gobierno del pueblo, el gobierno de los nadies de Colombia»

«Gracias Colombia por este momento histórico. Quiero agradecer a todos los colombianos y colombianas que dieron la vida por este momento. Todos nuestros hermanas y hermanos líderes sociales que tristemente fueron asesinados en este país», así habló Francia Márquez, vicepresidenta electa de Colombia, al dirigirse a sus seguidores en Bogotá tras la victoria de la fórmula Gustavo Petro/Francia Márquez en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del país.

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Alimenta la Solidaridad le pertenece a todos

Por: Roberto Patiño

Hace cinco años comenzamos un proyecto para contribuir a paliar la inseguridad alimentaria, una de las consecuencias de la emergencia humanitaria compleja que vive el país, dirigido a los niños y jóvenes afectados por la crisis económica. Alimenta la Solidaridad, forma parte de un movimiento de organización popular que se resiste a aceptar que las nuevas generaciones de venezolanos, crezcan bajo el signo del hambre.

Hoy Alimenta la Solidaridad va mucho más allá del trabajo de llevar un plato de comida a miles de venezolanos, es un proyecto que ha convocado a los mejores talentos del país para empoderar a los liderazgos que existen en los sectores populares, es una iniciativa que apoya el emprendimiento de las familias que luchan por construir un futuro que les pertenezca, es un programa de formación de liderazgo femenino, apoyo a la educación, recuperación de espacios de la comunidad, entre otras iniciativas que se ancla en el trabajo en red de las comunidades, apoyando y acompañando un esfuerzo de trabajo para lograr la Venezuela del cambio que todos queremos.

Recientemente anuncié mi separación de Alimenta la Solidaridad. Fue una decisión difícil pero meditada y la asumo por mi respeto a los principios de la asistencia humanitaria  y para proteger del debate político a este esfuerzo solidario, que le pertenece a miles de venezolanos. Lo hago convencido de que Alimenta no está atado al destino de una sola persona, cuenta con un equipo de profesionales, líderes y madres que seguirán a pulso con esta lucha que ha llevado esperanza a miles de familias

Estoy convencido de que gracias al gran equipo de profesionales, voluntarios, madres de comedores, líderes comunitarios, aliados y donantes, que se ha construido en estos cinco años, Alimenta la Solidaridad va a seguir creciendo. Alimenta es una iniciativa, un proyecto y una convicción de vida que se ancla en las comunidades y ya no le pertenece a nadie, porque le pertenece a todos.

www.robertopatino.com

Fuente e Imagen: https://www.elnacional.com/opinion/alimenta-la-solidaridad-le-pertenece-a-todos/

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El Hirak, un movimiento popular arraigado en la realidad social y política de la Argelia profunda

Por: Rebelión

Las cifras oficiales acaban de anunciar esta verdad ineludible. El pueblo argelino rechazó el proyecto de revisión constitucional por el boicot de una mayoría abrumadora (76,6%). Según las cifras oficiales, solo el 23,7% fue a los colegios electorales.

Los tradicionales bastiones electorales del partido único (en las regiones meridionales), que entonces estaban sujetos al dictado de ciertos sistemas feudales locales, boicotearon el proyecto. Círculos extraoficiales vinculados a los barones del régimen hablaron de una participación de apenas el 6%. En resumen, este referéndum consultivo, que ha querido, con la elección-designación del 12 de diciembre de 2019 de Abdelmadjid Tebboune, vender una «nueva Argelia», absorber el potencial de movilización de Hirak y salvar el sistema creando una nueva base social es una verdadera bofetada a todos los diseñadores y arquitectos del sistema argelino.

Para Fatiha Benabbou, una conocida constitucionalista de Argel, «rechazado por el pueblo, el proyecto de revisión constitucional debe ser abandonado». Pide a las autoridades, a través de la persona de su presidente, «que hagan una lectura política de los resultados del referéndum sobre el proyecto de revisión de la Constitución». La cuestión de la legitimidad es más importante que la de la legalidad. Jurídicamente, no hay ningún texto que se refiera al umbral de participación que debe alcanzarse para validar el proyecto. El régimen y sus partidarios han aprovechado esta laguna para forzar el proyecto de revisión y, contra toda expectativa, proclamar resultados surrealistas. De un electorado compuesto por 23.583.000 votantes inscritos, solo 5.586.259 expresaron su opinión sobre el proyecto de revisión constitucional, de los cuales el 33,80% votó en contra.  Para todos los observadores de la escena política, esta imposición por la fuerza consagra «la falta de respeto y la violación sistemática de los derechos políticos y humanos». Prevén una aceleración de la crisis del sistema. El Presidente, evacuado urgentemente en un avión privado francés a un hospital de Colonia y luego a Berlín, aquejado de una enfermedad crónica y sufriendo de Covid-19, sale de las elecciones muy debilitado políticamente, ya que todavía estaba marcado por una gran falta de legitimidad. Los que toman las decisiones del régimen están entre la espada y la pared. Han agotado todas las posibilidades de mantener el poder con un mínimo de consenso.

La energía empleada para capturar o reprimir el potencial de radicalismo de los Hirak ha sido un completo fracaso. El rechazo de la propuesta de revisión constitucional es un lamentable revés. El poder ya no tiene los medios para mantener su ascendencia sobre la sociedad. Como en los oscuros años de plomo, proporciona soluciones de seguridad a los problemas políticos de la sociedad. Cuando la sociedad argelina tiene fiebre, el termómetro debe romperse. El poder, con las reclasificaciones, eliminaciones y ajustes de cuentas, se ha endurecido en el núcleo más duro del estado mayor del ejército y los servicios de seguridad.  La gestión de la realidad del poder se basa en la represión brutal y la paranoia de la mano extranjera. Como afirma un renombrado politólogo argelino: «Es la pérdida del sentido de la realidad por parte del poder, su pérdida de toda la pericia e ingeniería política. Incluyendo en la represión». Explica que el endurecimiento de este núcleo duro, «ya no conoce ni siquiera las líneas rojas para su supervivencia, como la tentación de acabar con el multipartidismo de fachada que participa en su regeneración». Esta es la única opción que los diseñadores de los apologistas del régimen argelino, han encontrado frente a las sacudidas del Hirak.

El presidente mal elegido es solo una hiperconcentración de este endurecimiento del núcleo residual del poder de Bouteflika, en su única opción represiva. Tebboune encarna esta depreciación de la naturaleza del poder, dice Ali Bensâada que se expresa por ejemplo, en toda una gesticulación «que moviliza los medios reales del Estado, contra un simple periodista cualquiera que sea su talento».

¿Cuál es la situación política ahora, después de este referéndum?

Es mejor no tener ninguna ley que tener una que divida», como ya ha dicho un constitucionalista. Por medio del voto en contra o la abstención, la Constitución es ilegítima. De hecho, es obsoleta, porque fue rechazada por el electorado, es decir, por la gente que votó con los pies el 22 de febrero de 2019. La cuestión de la legitimidad está en el centro de la crisis política. Usar una Constitución que no tiene el consentimiento del pueblo es poner un cauterizador en una pata de palo. Su peligrosa vocación no será la de construir un consenso sobre cuestiones fundamentales, sino la de poner en tela de juicio la unidad del pueblo. El artículo 209 de la Constitución es claro y establece que cuando la Constitución es rechazada por el pueblo, se convierte en nula y sin efecto. Los resultados oficiales sorprendieron por su brutal verdad, aunque todavía están lejos de la verdadera realidad. Sin embargo, no revelaron todos sus secretos. El sistema no nos ha acostumbrado a tal transparencia. ¿Hay algún motivo oculto? Es obvio. ¿Debilitar a un presidente enfermo y potencialmente impotente, empujarlo por la puerta? Algunos piensan que ya estamos en la era post-Tebboune. Ha comenzado la zarabanda de consultas de personalidades nacionales por parte de los responsables de la toma de decisiones. ¿Buscarían una vez más un salvador, en lugar de dejar que este pueblo, que ha demostrado mil veces su madurez política, decida su propio destino nacional?

El movimiento popular nació el 22 de febrero de 2019 y ha sufrido toda la fuerza de una pandemia que el gobierno ha utilizado para tratar de superar su radicalismo ascendente. Acaba de perder una figura carismática, en la persona de Lakhdar Bouregâa, héroe nacional de la guerra de liberación y oponente irreductible del sistema desde el comienzo de la independencia en 1962. Encarcelado a la edad de 86 años en el punto más álgido del Hirak, acaba de morir, superado por la epidemia de Covid-19. Hirak se ha retirado, pero ha echado profundas raíces en la sociedad y en los más profundos recovecos del país. Los lemas de Hirak, a pesar de sus limitaciones, impregnan el movimiento dinámico en los cuatro rincones del país, en Bordj Bou Arreridj, Béni Ourtilane, Akbou, Tazmalt, Béjaia, Ghardaia, Tizi Ouzou, Biskra, Oued Souf y en todas partes de Argelia. Es absolutamente necesario hacer de esta práctica de lucha una práctica a largo plazo para que pueda dar lugar al nivel requerido de conciencia política.

https://rebelion.org/el-hirak-un-movimiento-popular-arraigado-en-la-realidad-social-y-politica-de-la-argelia-profunda/
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Educación popular, pedagogía en la formación de escuelas

Por: Rebelión.

 

Ponencia presentada en el VII Encuentro Internacional de la Economía de los trabajadores/as realizado entre el 25 y 29 de setiembre de 2019

 

La educación popular (EP) surge a fines de los 60 como un movimiento de renovación y luego de transformación del mundo a través del poder de un saber popular. La educación popular ha pretendido ser un movimiento pedagógico que pretende fundar una educación liberadora, luego un movimiento popular que incorpora un movimiento pedagógico y finalmente una propuesta política a través de la educación al servicio de proyectos, sujetos y movimientos populares de construcción de una nueva hegemonía en el interior de la sociedad capitalista. El pasaje de una educación para el pueblo hacia una educación que el pueblo crea al interior de los movimientos sociales de orientación popular y de los movimientos populares de liberación. La forma propia de la educación popular es el movimiento emergente contestatario que se orienta hacia la realización de su proyecto, sin descuidar la confrontación con la institución consagrada. Para la educación popular el sentido del trabajo pedagógico es convertir el trabajo social de la comunidad local en movimiento popular de dimensión política. Es la posibilidad de la educación de ser no solo comprometida y militante, sino una anticipación de la liberación.

En Pedagogía del oprimido, Paulo Freire desarrolla su propuesta de principios y metodológica.

Allí cuestiona la relación educador-educando dominante en la escuela actual a la que califica de narrativa de contenidos, que implica un sujeto que narra y objetos oyentes (los educandos). El educador se refiere a una realidad estática y compartimentada ajena a la experiencia existencial de los educandos donde aparece como su agente indiscutible cuya tarea es llenar a los educandos con los contenidos de su narración. Estos deben memorizar mecánicamente el contenido narrado y cuanto más y mejor se dejen llenar dócilmente, tanto mejor educados serán. Tal es la concepción “bancaria” de la educación donde el saber es una donación de aquéllos que se juzgan sabios a los que juzgan ignorantes. Estas posiciones serán siempre rígidas negando a la educación y al conocimiento como procesos de búsqueda.

Al contrario, Freire propone que la educación debe comenzar por la superación de la contradicción educador-educando, de manera tal que ambos se hagan, simultáneamente, educadores y educandos. Cuanto más se conviertan los educandos en depósitos, tanto menos desarrollarán la conciencia crítica de la que resultaría su inserción en el mundo como sujetos transformadores de la situación que los oprime, que es lo que pretenden evitar los opresores.

La acción del educador revolucionario debe estar imbuida de una profunda creencia en los hombres y su poder creador, lo cual exige en su relación con los educandos que sea un compañero de éstos. Mientras la concepción “bancaria” que sirve a la dominación, mantiene la contradicción educador-educandos.

La pedagogía crítica se propone convertir la educación en una herramienta al servicio del cambio y la transformación de las sociedades latinoamericanas. En esto consiste la educación popular que desarrolló Paulo Freire. El sujeto oprimido no solo debe liberarse de la opresión mediante el proceso educativo, sino promover cambios en las estructuras existentes y en las relaciones de poder. Así la pedagogía de Freire se convierte en una pedagogía crítica, liberadora y problematizadora del ámbito educativo y social y ofrece una propuesta revolucionaria en tanto el sujeto educando, mediante su participación, se convierte en actor indispensable al redimensionar la realidad social que le es propia. La responsabilidad, percepción, comprensión y conocimiento de la realidad se convierten en un hecho compartido, no obstante, como sostiene Freire: “Esta enseñanza y este aprendizaje tienen que partir, sin embargo, de los ‘condenados de la tierra’, de los oprimidos, de los desarrapados del mundo y de los que con ellos realmente se solidaricen”.

Cuanto más articulada esté la práctica pedagógica con la experiencia y la vivencia de los ámbitos en que los sujetos se forman -es decir, familia, barrio, comunidad, instituciones, espacios, grupos humanos formales e informales, etc.-, mayores posibilidades encontrará el reconocimiento de la identidad cultural y popular de cada individuo, grupo social o comunidad.

En ello juegan un papel fundamental los métodos educativos que rescaten y revaloricen las tradiciones populares y culturales de los educandos, en estrecho vínculo con las prácticas culturales que garantizan el proceso de formación e integración de sus identidades culturales.

El proceso educativo no solo debe consolidar un espacio de aprendizaje cognoscitivo, sino que debe propiciar una experiencia cultural, política, ideológica, estética y ética, en la que los sujetos puedan percibir, problematizar, re-significar y transformar críticamente su realidad social. Desde la articulación de los saberes con las prácticas y vivencias culturales, desde la cotidianidad y los diferentes ámbitos de socialización en los que educando/educador participan, se aportará un aprendizaje diverso y comprometido con las problemáticas y realidades de sus espacios sociales.

La mayoría entiende que la Educación Popular se define por el público hacia el cual va dirigido el esfuerzo educativo, que con tal de ser realizado al interior de los sectores populares corresponde a la Educación Popular. Evidentemente, esta conceptualización tan amplia no es suficiente. Aunque va dirigida hacia los sectores populares, tiene proyectos estructurados en base a un profundo cuestionamiento al sistema educativo tradicional en cuanto estructura reproductora de las desigualdades sociales. Dentro de esta corriente, el cuestionamiento radical apunta a la jerarquía del conocimiento en el sistema formal de educación, a la forma en que éste se aborda en la relación asimétrica entre “el que sabe” y el que “carece” de dicho conocimiento. El esfuerzo educativo se centra en una modificación de la forma en la que se estructuran las clases, colocando el énfasis en la horizontalidad y la desaparición del educador en la figura de un acompañante. Aunque debemos alertar sobre la concepción que pone énfasis en la forma desdibujando la intencionalidad transformadora que debe poseer todo proyecto de Educación Popular. Muchas veces se oculta la evidente asimetría existente entre quienes dominan determinados conocimientos y quienes los desconocen. El extremo son quienes no conducen ni guían, inspirados en definiciones de un Paulo Freire tardío, de Educar con Libertad, por ejemplo, o en posicionamientos teóricos posmodernos.

Entendemos que la Educación Popular es todo proceso educativo intencionado y orientado hacia el campo popular, que tiene por finalidad elevar la conciencia social a un plano político, desde una mirada radicalmente crítica del orden de dominación imperante, y con una perspectiva transformadora revolucionaria de la sociedad.  

¿Por qué una fábrica recuperada o un movimiento social han decidido construir sus propias escuelas?  

El surgimiento de los Bachilleratos Populares (BP) se presenta como una opción educativa en el campo de la educación de jóvenes y adultos, campo totalmente abandonado por las políticas públicas estatales de las últimas décadas en Argentina.

La creación de escuelas desde el campo de lo popular, gestionadas en y desde los movimientos sociales y fábricas recuperadas propone una alternativa pedagógica que rompa con la lógica piramidal y el discurso monolítico de la escuela estatal. A su vez pone en debate la existencia de lo público no estatal, ya que los BP son experiencias educativas, es decir, escuelas públicas populares, no estatales, gestionadas desde movimientos, organizaciones sociales y fábricas recuperadas.

Los BP se constituyen durante la última década y media como reacción y en oposición al modelo neoliberal, como respuesta al abandono por parte del Estado en el campo de la educación de jóvenes y adultos. Sus protagonistas buscan generar nuevos procesos sociales, que tienen como base la democracia y la participación. Desde estas experiencias sostienen una concepción de escuelas como organizaciones sociales, remarcando una nueva forma de desarrollar estas escuelas, pensadas desde la gestión social y enmarcadas en movimientos y organizaciones sociales que tienen como uno de sus objetivos la transformación social y la educación en clave de educación popular, como una de las herramientas para lograrla.

La idea de toda actividad educativa es política, por más pretensión que haya de una educación única, neutra y universal, no existe práctica pedagógica que no sea a su vez una práctica política. La escuela es un ámbito donde se desarrolla un trabajo político pedagógico que parte de una práctica política pedagógica.

Los BP responden a las formas y a los principios políticos de su movimiento y organización y no a normas, reglamentos y estatutos elaborados desde el Estado . A su vez, van generando formas de funcionamiento propias como bachillerato, a partir del trabajo que tienen en asambleas con docentes y estudiantes que se realizan en el horario de clase y en días rotativos para que puedan participar todos los profesores. Las asambleas de profesores también se realizan mensualmente.

Una primera diferencia que podemos establecer entre la propuesta político-pedagógica de los BP en relación a la escuela tradicional, es que ésta funciona en el Estado o desde el ámbito privado y los BP son escuelas gestionadas desde organizaciones y movimientos sociales y no obedecen a los patrones políticos pedagógicos hegemónicos sino que intentan construir un proyecto propio, teniendo en cuenta los objetivos de la organización . No significa que los BP se conviertan en asistencialistas o paternalistas. Quienes llevan adelante esta tarea educativa parten de reconocer la situación de clase de los y las educandos. Es a partir de este reconocimiento y de este reconocerse que se trabaja desde una educación clasista, que no reproduzca las injusticias sociales sino que sea crítica, transformadora y reveladora de las relaciones de opresión. Cada estudiante, docente o integrante de los BP y del movimiento, son fundamentales para lograr el proyecto político pedagógico que se construye.

No creemos que sean la respuesta al capitalismo, ni la alternativa pedagógica por excelencia, pero entendemos que es necesario construir proyectos políticos pedagógicos que apunten a formar sujetos políticos activos para el campo popular. En este sentido, los BP tiene lógicas diferentes no solo desde sus contenidos y objetivos, sino también desde sus prácticas y formas de organización.

En los BP trabajamos con sectores de la clase trabajadora para los que el Estado tiene destinada una educación de baja calidad. En el sistema educativo argentino existe una diferenciación clasista. Desde la reforma educativa de la década del 90 hasta hoy, la avanzada del capital sobre la educación ha sido feroz. La reforma educativa menemista siguió la concepción neoliberal de entender el presupuesto del Estado en educación como un gasto y parándose en el concepto progresista de descentralización educativa, inició el desmantelamiento más profundo que el sistema educativo argentino haya visto jamás. La educación pasó de ser una necesidad a ser un gasto y de ser un derecho a ser un bien de consumo. Por otro lado, los empresarios aprovecharon los agujeros que iba dejando el Estado para acercar a la sociedad sus ofertas educativas financiadas por el propio Estado mediante subsidios. Las escuelas públicas quedaron para los sectores populares, los hijos de la clase trabajadora y algún sector de la clase media y la escuela privada destinada a los sectores medios y más acomodados de la sociedad.

Los BP se presentan como una posibilidad concreta de dar educación de calidad a estos sectores de clase para los que el Estado reserva una educación de bajísimo nivel. Trabajan con jóvenes y adultos expulsados del sistema educativo tradicional.

En todos los BP hay talleres culturales, de oficio, comunicacionales, dentro de la currícula, pero la diferencia no es solo de contenido, los estudiantes también son participantes activos formando parte central en la toma de decisiones en igualdad de posibilidades con los docentes. Vamos reevaluando los programas en forma conjunta, por lo tanto, los estudiantes también definen la didáctica participativamente y no de manera normativa. Somos los docentes quienes ejecutamos y diseñamos el planeamiento de manera colectiva, pero al mismo tiempo lo vamos poniendo a consideración de los estudiantes. Las asambleas, las discusiones, los talleres de formación y los planes de lucha de los que participamos siguen siendo el motor de nuestras experiencias y son parte de nuestra currícula. Entendemos que educar es un acto político y tomamos partido a favor de los intereses históricos del pueblo trabajador. Somos la contracara de la educación privada empresarial que forma un sujeto individualista, aislado de las luchas populares e incapaz de pensarse colectivamente. También ponemos en cuestionamiento la supuesta neutralidad del Estado y de la educación estatal/pública.

Esto no implica desconocer la discusión en torno a la defensa de la asignación de cargos docentes vía acto público, mecanismo que democratiza el acceso al trabajo, pero que no impide que los contenidos políticos e ideológicos de la educación y las decisiones estratégicas las sigan tomando las clases dominantes por medio de sus funcionarios. Intentamos poner de relieve que el Estado es un Estado de clase, y que si bien debe ser el garante de la educación, las organizaciones populares debemos conservar nuestra autonomía política a la hora de desarrollar nuestras experiencias político-pedagógicas.

Creemos que para constituir una Educación Popular, es el Estado quien debe financiar los espacios educativos, mediante un financiamiento directo, que garantice la cobertura de todos los gastos tanto materiales como pedagógicos (salarios, alimentación, infraestructura, libros, computadoras, insumos educativos y servicios como agua, luz, gas, etc.). Los recursos estatales son nuestros, por tanto, tenemos derecho a autogestionar la educación y ser financiados con los recursos que legítimamente nos pertenecen.

Debemos lograr que el trabajo docente no sea realizado únicamente en nuestro tiempo libre sino que sea parte de la producción social, el lugar donde recibimos nuestros ingresos para vivir, permitiendo la sustentabilidad del proyecto de educación transformadora. Planteamos la autogestión como un proceso de autonomía de los trabajadores de la educación, en el que somos los trabajadores en conjunto con la comunidad educativa, quienes gestionamos las escuelas, logrando reproducir nuestra existencia.

Renunciamos a ver al Estado como única fuente de soluciones a la educación, por el contrario, podemos utilizar recursos del Estado para administrarlos y en proyectos político-pedagógicos que construyan relaciones cooperativas, autogestivas y emancipatorias.

El desarrollo de la Educación Popular debiera apoyarse fundamentalmente en los movimientos sociales, pueblo organizado o sociedad civil.

Uno de los problemas más graves que atraviesan las escuelas estatales es la relación con la comunidad, en este plano, al estar insertos en organizaciones barriales, los BP y la comunidad están unidos por lazos estrechos de solidaridad y pertenencia mutua.

Fuente del artículo: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=261908

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