Gobierno chileno apremia proyecto de Educacion Superior

Según reseña este jueves el portal digital latercera.com, son más de 700 las indicaciones que deberá estudiar la comisión senatorial de Educación, cuyo presidente Ignacio Walker, aseguró que no descartan extender las sesiones de trabajo a los viernes y sábados, si fuera necesario.

La idea del Ejecutivo es que la iniciativa salga del Congreso antes de fin de mes, tras un año y medio de tramitación, hechos que ponen una cuota de alta presión a las labores de los legisladores.

‘Si hay que trabajar 10 horas un viernes o sábado así lo haremos, así lo hicimos con la Ley de Inclusión, en enero de 2015, por lo tanto hay que hacer bien el trabajo y tratar de que este barco pueda arribar a buen puerto’, afirmó Walker.

De acuerdo con la planificación de la comisión, el 20 de enero será un día clave ya que deberían estar en condiciones de perfilar el proyecto para que sea votado en la cámara alta y luego enviarlo a la de Diputados (cámara baja) para el tercer trámite legislativo.

En ese sentido, el gobierno confía en que la iniciativa será aprobada y promulgada antes de que finalice la administración de Michelle Bachelet.

Por su parte, la ministra de Educación, Adriana Delpiano, destacó la existencia de un plan de trabajo y una fórmula que les permitirá darle camino a los proyectos de educación superior y el de universidades estatales de manera rápida.

Hay un compromiso de los senadores que yo quisiera destacar, de poder trabajar al máximo todo lo que sea necesario para poder tramitar esos planes durante este período’, subrayó la titular. En diciembre, el Senado aprobó de manera unánime la iniciativa -34 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención-, y ahora se encuentra en su segundo trámite constitucional, en el que será discutida en la comisión senatorial, donde se le introducirán indicaciones para modificarlo.

Junto a la gratuidad permanente, se establece una nueva institucionalidad en la Educación Superior, con la creación de una Subsecretaría y una Superintendencia, y fija nuevas exigencias de acreditación para las instituciones.