El Tribunal Supremo de EE. UU. ha fallado a favor de los sindicatos de empleados públicos y ha rechazado un ataque conservador basado en las cuotas que se cobran a los no miembros.
Victoria para los trabajadores de EE. UU.
«Hoy, el Tribunal Supremo de EE. UU. ha rechazado una artimaña política que pretendía silenciar la voz de los empleados públicos, tales como docentes, conductores de autobuses escolares, empleados de cafetería, docentes de educación superior y otros educadores», ha declarado Lily Eskelsen Garcia, presidenta de la National Education Association (NEA). «El tribunal ha adivinado la intención de los ataques políticos contra los derechos en el lugar de trabajo de los docentes, los educadores y otros empleados públicos». Esta decisión reconoce que silenciar la voz de los empleados públicos en el lugar de trabajo no es lo que nuestro país necesita», subrayó.
Randi Weingarten, presidente de la American Federation of Teachers, acogió positivamente la decisión del Tribunal Supremo y la describió como «un gran triunfo para todas las personas que creen en la promesa de América. Los sindicatos tienen el cometido de proporcionar una voz a los trabajadores y sus familias en relación con el trabajo y una oportunidad justa para salir adelante». Asimismo, calificó la decisión como un «golpe a los intereses particulares de la derecha, que está intentando amañar la economía y nuestra democracia a su propio favor».
La comisión de administración, el objetivo de los poderes antisindicales
Según la ley de California, los empleados públicos que optan por no afiliarse a un sindicato deben abonar una «cuota de servicio equitativa», conocida también como «comisión de administración», que suele ser equivalente a las cuotas que pagan los miembros de los sindicatos. Según indica la ley, estas cuotas se utilizan para pagar algunos de los gastos de la negociación colectiva, incluido el «gasto de las actividades de presión». Más de 20 estados tienen leyes similares.
Según el New York Times, «Los funcionarios que no pertenecen a ningún sindicato han obtenido restituciones durante mucho tiempo por las actividades políticas de los sindicatos, como los gastos de la organización de campañas. El caso Friedrichs contra la California Teachers Association, No. 14-915, que recibió el fallo del tribunal el pasado martes, planteaba la pregunta de si los trabajadores deben seguir pagando por las actividades sindicales, incluida la negociación de mejores salarios y prestaciones. Al parecer, la mayoría de las justicias se han inclinado por una respuesta negativa».
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