Perú / www.larepublica.pe / 14 de Junio 2017
Según Promsex, jueza aceptó como experto en proceso contra el currículo escolar a asociación vinculada a la parte demandante.
El nuevo currículo escolar está en riesgo. El Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex) afirma que el documento que ha generado polémica por plantear un enfoque de respeto e igualdad entre los estudiantes podría ser derogado si la jueza Ana María Valcárcel Saldaña, presidenta de la primera sala civil de Lima, considera los argumentos de la asociación Antolín Scalia, amicus curiae, en este proceso.
Promsex asegura que en este caso, trascendental para la educación peruana, la jueza Valcárcel permitió que el amicus curiae sea presentado por una asociación sin ningún tipo de experiencia, creada a mitad del proceso judicial y con estrechos vínculos con la parte demandante.
En este contexto, la jueza Valcárcel debió llamar a expertos en temas educativos o representantes de entidades internacionales, como Unesco, para que cumplan el papel de informarse con objetividad. Sin embargo, la asociación elegida tiene una flamante y muy activa agenda extremista en contra de los derechos de la mujer.
Además, es una asociación en la que es evidente la imparcialidad del presidente, quien en su muro de Facebook respalda políticas machistas, comparte artículos que promueven la homofobia y comparte constantemente publicaciones de las fan pages del RENAFAM, Peruanos por la Igualdad y el canal Bethel, incluyendo un video en donde aparece hablando sobre la supuesta presencia de la “ideología de género” en el Currículo Nacional.
CON ESOS AMIGOS
Esta pseudo asociación, según Promsex, habría sido creada solo para interferir en el proceso. Además, no oculta su posición machista y homofóbica. En reiteradas oportunidades, dentro de sus redes sociales, comparte actividades de otros colectivos nacionales que comparten sus puntos de vista: por ejemplo, promueven la iniciativa legislativa de Peruanos por la Igualdad para “erradicar la ideología de género”. También respaldan la iniciativa de Padres en Acción de plantear “una acción popular contra la inconstitucional resolución ministerial que aprueba el impositivo Currículo Nacional de Educación Básica”.
Son más de dos millones de estudiantes los que verían afectada gravemente su educación si la jueza Valcárcel acepta los argumentos de un amicus curiaeabiertamente parcializado.
OPINIÓN
Samuel Abad
Ex Defensor del Pueblo