Se establece un alto rigor en la selección de los directores de los centros docentes, para lo cual primarán la competencia de los candidatos, junto con una formación obligatoria y de nivel, amplias prerrogativas, estatuto laboral legal y pensión a los 65 años.
También se amplía la responsabilidad en la esfera de la protección ante actos de violencia y discriminación, hay un incremento del monto de las multas por infracciones y se establecen nuevas medidas educativas y educativo-disciplinarias, así como sobre trabajo humanitario y socialmente útil.
La responsabilidad del hogar es otro aspecto introducido en la nueva legislación y se prevé la posibilidad de creación de un consejo comunal de padres.
Diputados de varias fuerzas políticas de oposición se mostraron contrarios a la prerrogativa de última instancia del ministro de la esfera para la selección de los directores, así como defendieron la entrega gratuita de manuales y libros a los educandos.
En este último aspecto, a los argumentos del Gobierno de no contar con presupuesto para ello, los opositores sugirieron el uso de fondos destinados a obras urbanas y de ornamento, que si bien son útiles no tienen la prioridad que merece la formación de las nuevas generaciones.
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