Piden derogar ley que propicia privatizar educación en Puerto Rico

La legislación que propicia la privatización de la educación mediante el sistema charter, que ha fracaso en Estados Unidos, ha ocasionado uno de los mayores escándalos de corrupción de la mano de la recién dimitente secretaria de Educación, Julia Keleher.

Dirigentes y militantes del Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública (Fadep) marcharon desde la Plaza Colón, en la entrada del Viejo San Juan, hacia la calle Recinto Sur hasta llegar frente a La Fortaleza, donde reclamaron poner fin a la ‘falsa reforma educativa, que propicia la privatización de planteles y le abre paso a la corrupción’.

Los manifestantes, respaldados por organizaciones políticas, como el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Socialista de Trabajadores (MST), exigieron que no haya recortes de fondos al Departamento de Educación y la Universidad de Puerto Rico, principales objetivos de depredación de la administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

Pese a la sorpresiva renuncia inmediata el pasado lunes y su rescisión tres días después de su contrato con la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf), ascendente a 250 mil dólares con vigencia hasta el 30 de junio, la protesta se centró en la figura de Keleher y del gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

Esto debido a que el bufete en que es socio su hermano abogado, Juan Oscar Rosselló, en Estados Unidos, tiene acuerdos con el Departamento de Educación de Puerto Rico para las escuelas chárter.

La vicepresidenta del PIP, María de Lourdes Santiago, expresó que es insólito que el gobernador Rosselló Nevares intente separarse de la corrupción, cuando en la página web del bufete Hogan Marren Babbo & Rose, LTD, su hermano es identificado como el enlace con el gobierno de Puerto Rico para las escuelas chárter.

Pancartas con que identifican a Keleher y Rosselló Nevares como ‘asesinos de la educación pública’ fueron levantadas durante la protesta, que recorrió varias calles de la ciudad antigua hasta estacionarse frente a La Fortaleza, donde un cordón de policías colocados detrás de una valla de metal cortaba el paso a la mansión ejecutiva.

Los reclamos de la protesta se centraron, además, en que se garanticen las pensiones de los jubilados y se establezca un sistema de retiro digno para los trabajadores del gobierno; que se detenga cualquier plan de imponer el modelo chárter a las escuelas, ‘máxime cuando los procesos de privatización han dejado al descubierto un lodazal de corrupción y saqueo’.

El hecho de que la exsecretaria Keleher y otros estén siendo investigados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Oficina de Integridad Pública en Washington por tráfico de influencia y otros delitos, según el Fadep, aconseja que se detenga cualquier transacción con las empresas interesadas en las chárter.

La organización, compuesta por varios gremios docentes, aseguró que los eventos les han dado la razón cuando afirmaban que la privatización y el afán de lucro es el germen de la corrupción.

La portavoz de Educamos, Eva Ayala, opinó que el gobierno puertorriqueño debe revertir la Ley 85 y cambiar la manera en que se selecciona al jefe del Departamento de Educación.

En una carta dirigida al gobernador Rosselló Nevares, que los dirigentes docentes llevaron a La Fortaleza, junto a la derogación de la ley de la llamada reforma educativa se solicita que se frene el recorte de fondos al Departamento de Educación y la Universidad de Puerto Rico, y que se garantice la permanencia de los maestros transitorios que cumplen con los requisitos de ley.