Docentes chilenos en paro a jornada de diálogo con el gobierno

La víspera por primera vez durante el largo conflicto la titular se sentó a la mesa junto con los dirigentes del Colegio de Profesores de Chile y aunque no llegaron a ningún acuerdo si concordaron en continuar durante todo este jueves las conversaciones en busca de un entendimiento.

Tras finalizar ese encuentro, que se extendió por más de cuatro horas, el presidente del gremio, Manuel Aguilar, declaro que el paro que los docentes mantienen desde el 3 de junio continúa hasta tanto no haya una respuesta efectiva del Ministerio de Educación a su petitorio de 11 puntos.

Señaló que repasaron con la ministra cada uno de los temas de discusión y que el gremio expuso todos sus argumentos a favor del mejoramiento de la educación pública.

Por su parte, Cubillos evaluó de franca la reunión y según ella se profundizó el análisis de distintos aspectos y a diferencia de lo expuesto por Aguilar, dijo que ‘se pusieron arriba de la mesa nuevas propuestas y alternativas, todo con la voluntad de ir destrabando este conflicto y que todos los niños puedan volver a clases’.

Asimismo expresó su esperanza de que se resuelva el retorno de los maestros a las aulas, pues según informó el 16 por ciento de las escuelas que reciben recursos del Estado están sin clases, con lo cual más de 600 mil alumnos no asisten a la escuela desde el 3 de junio.

Una vez más justificó su ausencia del diálogo con los profesores durante meses de porque -alegó- el Ministerio actúa como una unidad y cuando un viceministro conversa lo hace en nombre de ella y del gobierno.

Al preguntársele sobre algunos de los reclamos de los docentes en paro, Cubillos advirtió que la mesa de trabajo está en desarrollo y que no se entregarán mayores elementos hasta que avancen las conversaciones.

Entre otros puntos, los docentes reclaman mayor atención a la educación pública en el país que consideran se encuentra en total abandono, mejoramiento de su seguridad y condiciones laborales, incluida una revisión de su excesiva carga de trabajo, y el reconocimiento de una deuda histórica que se mantiene desde la década de 1990.