La iniciativa, sancionada con votación de 40 a favor y 15 en contra, impide realizar paros en servicios declarados esenciales como salud, transporte, judiciales, seguridad, distribución de combustible y otros, mientras las permite en los ‘trascendentales’ como educación, siempre y cuando se establezca previamente servicios mínimos y con plazos fijos.
‘Estamos frente a las puertas de quienes traicionaron al pueblo de Costa Rica y prácticamente están enterrando la democracia en este país (…) Estamos frente a los primeros pasos de la dictadura en este país, porque lo que quieren es ponernos una mordaza para que no podamos decir NO’, aseguró Cascante.
Señaló que el magisterio nacional seguirá en la calle y desde ya convocó a otra protesta nacional el próximo jueves cuando el proyecto de ley será votado en segundo y definitivo debate. Aunque regulen la protesta social, subrayó que no pueden regular la furia de un pueblo que tiene que levantarse a decirle NO a esta oligarquía.
Por su parte, la presidenta de la APSE, Mélida Cedeño, aseveró que no será esa iniciativa la que va a detener al pueblo tico y adelantó que mañana los afiliados a esta agrupación sindical continuarán la protesta con acciones regionales y buscarán las 10 firmas de diputados para someter el proyecto de ley a la consideración de la Sala Constitucional.
‘La lucha continúa, porque esa ley mordaza no va a callar a los trabajadores de la educación y no va a callar a este pueblo. Nunca renunciamos y jamás renunciaremos al derecho a la huelga’, puntualizó.
Cedeño calificó de ‘vergüenza y una bofetada a la democracia de Costa Rica’ el hecho de que el ministro de la Presidencia, Víctor Morales, renunciará temporalmente a su cargo y volviera a asumir el de diputado para votar a favor del proyecto de ley antihuelgas.
La aprobación del polémico proyecto se produjo además cuando miles de trabajadores marcharon este martes hasta la sede de la Asamblea Legislativa, donde le pidieron a los diputados que no la sancionaran.