Feministas latinoamericanas prometen redoblar esfuerzos por el derecho al aborto en 2023

En 2022, mientras los conservadores estadounidenses condujeron a la Suprema Corte de Justicia a eliminar la protección constitucional del aborto, las feministas de América Latina y el Caribe hicieron avanzar a varios países en la dirección contraria.

Sin embargo, el poderoso movimiento que sostiene este cambio progresista todavía enfrenta retos difíciles en 2023, como salvaguardar los derechos que tanto costó conseguir y superar la disparidad de políticas de aborto entre los países.

Las feministas defienden derechos «en permanente disputa», dijo a openDemocracy Giselle Carino, directora general de Fós Feminista, una alianza internacional de grupos de derechos sexuales y reproductivos.

«La clave es apoyar a los movimientos feministas, que son los que siempre están al frente de la lucha y los que sostienen los cambios logrados», explicó.

El derecho al aborto ganó…

En Argentina el aborto se legalizó en 2020 – una victoria de la ‘Ola Verde’, el movimiento nacido dos años antes. que debe su nombre a los pañuelos de ese color que usan las manifestantes y que se transformó en un fenómeno de masas, con capacidad para infundir nueva energía a los movimientos feministas de todo el mundo.

Tras los pasos de Argentina, activistas mexicanas lograron en los últimos dos años que ocho estados reconocieran el derecho legal de las mujeres y las niñas a ejercer su capacidad de elegir si quieren o no gestar.

Tres de esas victorias se produjeron en 2022, y un total de 10 de los 32 estados del país ahora permiten el aborto, en general entre la semana 12 y la 14. Las activistas también consiguieron una sentencia histórica en 2021, cuando la Corte Suprema declaró inconstitucional la penalización del aborto.

«El futuro que esperamos es que nuestra lucha siga avanzando tanto en lo jurídico como en lo social», dijo a openDemocracy la fundadora de la organización Aborto Legal México, Fanny González.

En Colombia, defensoras del derecho al aborto encabezaron la campaña que concluyó con la sentencia de la Corte Constitucional de febrero de 2022 que despenalizó el aborto hasta las 24 semanas. Causa Justa, un movimiento que aglutina a más de 100 grupos y miles de activistas de todo el país, presentó ante el tribunal argumentos basados en evidencias y contribuyó a cambiar la situación jurídica y social del aborto en el país.

En Puerto Rico, las activistas por el derecho a decidir lograron que en noviembre el Congreso rechazara cuatro proyectos de ley que pretendían restringir el acceso al aborto y castigar a quienes se habían sometido a interrupciones del embarazo.

… pero persisten prohibiciones y restricciones

Pero no fue pan comido para las feministas de América Latina y el Caribe.

Todavía persisten sistemas opresivos que siguen considerando a las mujeres incapaces de tomar decisiones sobre su cuerpo. Alrededor de 83% de las mujeres latinoamericanas y caribeñas en edad reproductiva viven en países con algún tipo de restricción al aborto..

En República Dominicana, El Salvador, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua y Surinam, el aborto está totalmente prohibido. En El Salvador, las mujeres pueden recibir hasta 50 años de prisión si tienen un aborto espontáneo o un mortinato. En Honduras, cada día tres niñas menores de 14 años se convierten en madres como resultado de una violación. No se les permite abortar.

Pero, como explica Indiana Jiménez, directora de comunicación de la organización dominicana Profamilia que ofrece servicios de salud sexual y reproductiva, en muchos de estos países el derecho al aborto «no es necesariamente la principal prioridad para las mujeres». Muchas de ellas tienen que lidiar con problemas diarios de «acceso al agua, a la comida, al trabajo y hacer frente a la brutal violencia doméstica dentro de sus familias», dijo a openDemocracy.

En estas circunstancias, «lo primero y lo que cubre todo es la enseñanza de la educación sexual integral», aseguró.

En Belice, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago y Venezuela, el aborto está permitido en solo bajo ciertas circunstancias, sobre todo cuando la salud o la vida de la persona gestante está en peligro.

«Los embarazos no deseados contribuyen a la deserción escolar, al abuso doméstico, al abuso financiero y al abuso emocional perpetrado por hombres, niños y otros miembros de la familia”, dijo a openDemocracy Chanelle Beatrice, feminista de Trinidad y Tobago e integrante de la organización no gubernamental Feminitt Caribbean.

“La falta de acceso a abortos legales también contribuye a la infertilidad, el desempleo, el maltrato infantil, las enfermedades mentales y la muerte», agregó.

No basta con las leyes

Incluso en países que avanzaron hacia una legislación sexual y reproductiva progresista en la última década, las feministas se mantienen alerta en la protección de la autonomía corporal y la igualdad de género. Las políticas no son suficientes para garantizar la aceptación, el acceso y la calidad de la atención al aborto.

Argentina es uno de los países que deben salvaguardar derechos duramente conquistados. Tras décadas de lucha, las feministas consiguieron, en diciembre de 2020, legalizar el aborto hasta la semana 14.

Fue un gran logro en ese momento, pero ahora, a la luz de nuevas reglas más inclusivas en Colombia, parece haberse quedado corto. Dos años después, la aplicación de la ley es desigual y varía mucho según el ámbito social, cultural, económico e incluso geográfico.

«Sabemos que aunque a veces ganemos, aunque haya políticas públicas, el principal desafío que tenemos y seguiremos teniendo en Argentina y en el resto de los países del mundo, es sostener los avances que hemos logrado con las políticas públicas», dijo Carino de Fós Feminista.

Ana Cristina González, médica, activista feminista y portavoz de Causa Justa de Colombia, coincide. «Necesitamos crear un ambiente de legitimidad para las decisiones de las mujeres… el futuro posible [para la lucha por el aborto] es sostener esta decisión, lograr que se arraigue entre más y más personas en los servicios de salud, y entre los ciudadanos», dijo a openDemocracy.

«Nos enfrentamos a una gran batalla cultural. Hoy nosotras vamos mostrando con sensatez que hay argumentos [por el aborto legal] y que es un debate en el que la gente puede transformarse», añadió.

Las defensoras de los derechos sexuales y reproductivos de Uruguay – el primer país sudamericano en legalizar el aborto, hasta la semana 12, en 2012 – también destacan la importancia de proteger los derechos de las mujeres.

A lo largo de la última década, estas defensoras monitorearon la aplicación de la ley y denunciaron los obstáculos de acceso. Como explicaron recientemente, el acceso es un problema sobre todo en las zonas rurales, donde los centros de salud son escasos y el personal médico se niega a realizar abortos alegando objeción de conciencia.

La calidad de la atención también varía, y la información y la evaluación son inadecuadas, dicen las activistas.

En 2020, Uruguay eligió su primer gobierno conservador en 15 años. Poco después de asumir el cargo, el presidente Luis Lacalle Pou aseguró que su gobierno tenía una «agenda provida». Desde entonces, «resistir se ha convertido en un acto heroico» para quienes defienden el derecho al aborto, aseguró Lilián Abracinskas, fundadora de la iniciativa de salud femenina Mujer y Salud en Uruguay.

Abracinskas dijo que el gobierno «relativiza el concepto de derechos humanos, de violencia de género [y considera] a las feministas y a la diversidad sexual como agentes desestabilizadores externos influenciados por fuerzas extranjeras».

«Estamos resistiendo en condiciones absolutamente adversas, y fuera del radar de las organizaciones e intereses regionales e internacionales», subrayó.

¿Demasiado lejos, demasiado rápido?

En 2022, mientras Colombia despenalizaba el aborto, Chile redactaba una nueva constitución que consagraba los derechos sexuales y reproductivos, incluido el aborto, como fundamentales y garantizados por el Estado.

Pero en septiembre el país rechazó la nueva constitución. Y así quedó en vigor la ley promulgada en 2017, que solo permite la interrupción del embarazo en casos de violación, inviabilidad fetal o riesgo para la vida de la persona gestante.

Mientras tanto, Brasil vivía en octubre una de las elecciones más dramáticas de su historia, entre el entonces presidente ultraderechista Jair Bolsonaro y el expresidente de izquierdas Luiz Inácio Lula da Silva. En la campaña, Lula decidió recordar a sus simpatizantes conservadores su postura antiabortista. Ganó, y fue investido presidente el 1 de enero.

«El mayor desafío para los movimientos feministas es unir fuerzas y tener una estrategia clara para evitar que se reviertan los avances logrados en nuestros países», dijo a openDemocracy la directora del grupo Católicas por el Derecho a Decidir Bolivia, Ana María Kudelka Zalles. «Pero también necesitamos ganar y cautivar a través de acciones de comunicación mucho más innovadoras que realmente lleguen a toda la población».

https://www.opendemocracy.net/es/5050-es/america-latina-caribe-aborto-derechos-feministas/