Por: La paz
Los pobladores de la parroquia de Chicomuselo de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas fueron librados a su suerte frente a la presencia de cárteles de la droga que se disputan el territorio. La explotación de una mina de barita reavivó el conflicto entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación que se disputan la región. Los habitantes son usados como escudos humanos y, en algunas comunidades, les quitan los teléfonos y no les permiten salir. Tras haber sido un ejemplo emblemático en la lucha por la Tierra y la Naturaleza, los comunarios de Chicomuselo no reciben respuestas del presidente ni de su sucesora.
Desde 2023, pobladores de varias comunidades del Municipio de Chicomuselo han tenido que salir de sus comunidades, abandonando sus casas, tierras, animales, cosechas y pertenencias, con todo el dolor e inmensa tristeza que eso implica. La causa es siempre la misma: la lucha por el territorio entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. En la cotidianeidad, los comunarios sufren la presencia de hombres armados y encapuchados, sus amenazas y la violencia armada.
Una de esas comunidades (omitimos su nombre por seguridad) es un ejemplo muy claro. Antes de noviembre de 2023, tenía una población total de 587 habitantes. Sin embargo, por la violencia en la región, varias familias empezaron a abandonar la comunidad. El enfrentamiento entre cárteles por el control de la mina de barita de Chicomuselo aumentó el éxodo forzado y, para marzo de 2024, solo quedaban ocho familias. Esto significa que más de 500 personas hoy viven en condición de desplazamiento forzado interno.
Un acontecimiento muy violento en la comunidad, que hizo que la mayoría de los habitantes salieran, fue el enfrentamiento del 4 de enero de 2024 entre ambos cárteles. El acontecimiento comenzó desde muy temprano, y duró todo el día y toda la noche. Como resultado hubo más de 20 personas asesinadas de ambos grupos. También hubo víctimas civiles de otras comunidades y municipios que habían sido usadas como escudos humanos por los cárteles.
La mina de barita
En 2009, la extracción minera en Chicomuselo se había detenido debido al impacto ambiental. Pero el 18 de marzo de 2023, llegó un grupo armado de uno de los cárteles a saquear el material de barita y amenazaron de muerte a los pobladores que pretendieron oponerse a la explotación del mineral. Desde esa fecha hasta hoy, la mina ha sido explotada ilegalmente dado que la suspensión judicial aún persiste.
La extracción minera es realizada por hombres, en su mayoría de origen guatemalteco (no se descarta que sean kaibiles, los soldados de élite del Ejército de Guatemala), armados y capacitados en el uso de la violencia. Ellos se han apoderado de los bienes y viven en las comunidades, en lugar de ser los ejidatarios dueños de esas tierras. El material extraído de la mina es trasladado fuera de la comunidad, en trailers tipo contenedor, que atraviesan con total impunidad la cabecera municipal de Chicomuselo. La hipótesis es que la barita es vendida en el puerto de Coatzacoalcos, ubicado en Veracruz.
Un dato importante y no menor es que a solamente 26 kilómetros de la mina de barita, se localiza el cuartel de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) del Batallón 101. Sin embargo, las fuerzas de seguridad no han impedido la explotación de la mina de barita ni han defendido a la población. Menos aún han intervenido en la confrontación entre los cárteles. Ante este panorama, las sospechas de connivencia son más que justificadas.
Un problema recurrente
Otras comunidades del municipio de Chicomuselo que están abandonadas son Jolentón (200 habitantes), Galicia (500), 20 de noviembre (500), San Antonio del Ocotal (500), La Lucha (300), Las Flores (500), Plan de Ayala (200), Nueva Morelia (600), San Francisco Las Palmas (300), Barrio la Pinta (150), Barrio El Limonal (150), Ejido El Rosarios (100), Ejido Las Brisas (100) y Ejido Nuevo Portal (200).
En cuanto a la cabecera del municipio, sobre una población de unos 7.000 habitantes, estimamos que han salido unos 4.000. La huida de los pobladores se dio por la llegada de hombres armados de ambos cárteles y por sus constantes enfrentamientos, que dejan muertos de ambos grupos y de la población civil, incluidas mujeres, menores de edad y personas de la tercera edad. En las comunidades arriba mencionadas, no se impidió la salida de la población.
Sin embargo, existen otras comunidades del mismo municipio de Chicomuselo que también sufren los enfrentamientos, pero no se les permite salir de la comunidad ya que son usados como “escudos humanos”. Tal es el caso de Vado Ancho (300 habitantes), Unión Buenavista (1650) Miguel Alemán (650) y Monte Sinaí (550). Para evitar que pidan ayuda y se comuniquen con el exterior, los integrantes de los cárteles les quitan sus celulares, cortan la luz por días y no permiten que lleguen alimentos ni medicinas. Los campesinos no pueden sembrar ni cosechar, y mucho menos comerciar sus productos.
Un Estado que no da respuestas
Por todos los medios, se ha dado a conocer esta vulneración de derechos a las distintas instancias federales: la Presidencia de la República, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Se ha informado el origen, desarrollo y escalada que ha dejado la extracción minera en Chicomuselo y que ahora se presenta como un problema humanitario que cada día se agrava aún más.
Si las autoridades mexicanas, si el presidente mexicano Andrés Manuel Lópes Obrador (AMLO, quien está por dejar el poder) y si su sucesora, Claudia Sheinbaum, realmente quieren atender las causas del conflicto, negarlo, minimizarlo o mandar paliativos no sirven. Si quieren atacar las raíces del conflicto deben combatir con tadas las herramientas disponibles el trasiego, el mercado negro y la explotación minera.
Contrario a lo anterior, el Presidente mexicano y quien será la primera mujer presidenta del país niegan por todos los medios que el conflicto narrado está sucediendo. De este modo, lejos de solucionar el problema, AMLO y Sheinbaum condenan a los desplazados y a las personas secuestradas en sus propias comunidades a resignarse. O, peor aún, a unirse a la guerra de cárteles para garantizar su vida mientras esperan la muerte.
Fuente de la información e imagen: https://www.iwgia.org/es
Más de siete millones de niños y niñas viven en la pobreza monetaria y un millón se va a dormir sin cenar por falta de dinero, según los datos de la Octava Encuesta Rápida realizada por Unicef y revelados este martes en el marco del lanzamiento de la campaña “El hambre no tiene final feliz”. Si se tienen en cuenta el resto de las comidas, la cantidad de chicos y chicas alcanzadas es de un millón y medio. En el caso de las personas adultas que viven en esos hogares, el número llega a cuatro millones y medio porque priorizan el alimento de los más pequeños.
niñas y niños de escuela por no poder pagar la cuota. En los casos más sensibles, lo que se restringe es el consumo de alimentos. En un 52 % de los casos los hogares tuvieron que dejar de comprar algún alimento por falta de dinero, 11 puntos más que en 2023.
Las restricciones hacen que se reduzca significativamente el consumo de alimentos centrales para la nutrición de niñas, niños y adolescentes (carne, verduras, frutas y lácteos) y aumenten aquellos más baratos y menos nutritivos (fideos, harina y pan).
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