América del Norte

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Políticas públicas educativas en Querétaro

Juan Carlos Miranda Arroyo

Por: Juan Carlos Miranda Arroyo

Retomo un comentario propio dado a conocer, por este medio, sobre la educación básica en Querétaro (1). Lo recupero y extiendo hacia otros niveles educativos, porque pienso que la sociedad queretana y del país, requieren de información puntual, y su respectiva lectura, acerca de los avances, o no, de las políticas públicas educativas ejecutadas, en lo local, estatal y nacional.

La eventual coyuntura del cambio de gobierno, en 2021, es una oportunidad propicia para enfocarnos a un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas sobre el ejercicio de gobierno, no como actos de control en el vacío, sino como actos democráticos, sobre todo si aspiramos a contar con gobiernos representativos, que se apeguen a las necesidades y demandas de la ciudadanía, y que no se sirvan de ella sólo para satisfacer intereses de pequeños grupos.

Como sabemos este año habrá cambio de gobierno en Querétaro (septiembre-octubre). También se darán relevos o reelecciones en las 18 presidencias municipales de la entidad; lo mismo sucederá con la integración de la legislatura local. Por lo tanto, junto con las elecciones constitucionales (federales) intermedias, el año 2021 es un año de intensa actividad política en el territorio queretano, desde ahora, a partir de las campañas políticas que están a la vuelta de la esquina y de la jornada electoral que se celebrará en junio.

Evaluación y políticas públicas educativas

¿Cuáles han sido los procesos y los resultados en materia de evaluación de la educación pública en lo que va de la gestión del gobierno estatal (2015-2021), luego de más de cinco años en el ejercicio del poder y a menos de un año de su conclusión?

En octubre del año pasado abordé y opiné, mediante un análisis de contenidos, lo registrado en un documento oficial: el Programa Sectorial de Educación, Querétaro 2016-2021. En esta oportunidad hago una breve revisión sobre la estadística del sector educativo de ese estado.

De acuerdo con las cifras dadas a conocer por las autoridades educativas del gobierno de Querétaro (2), durante el inicio del ciclo escolar 2019-2020, el 53% de la matrícula escolar estaba ubicada en la Educación Básica (Preescolar, Primaria y Secundaria); el 13.83% en educación media superior; y el 14.43% en la educación superior, mientras que el 1.21% estaba integrada por la población de educación inicial y especial.

Un desglose de la cobertura de la educación preescolar, en la misma entidad federativa, indica que, del total atendido en el estado, el 75.8% (68 mil 183 estudiantes) asiste a las escuela pública, mientras que el 24.2% (21 mil 731 estudiantes) lo hace en escuelas privadas; esto sobre la base de un total de 89 mil 914 estudiantes registrados al inicio del ciclo escolar 2019-2020.

En cuanto al porcentaje de alumnos que asisten a escuelas públicas (federal transferido) del nivel educativo “Preescolar”, entre la población total de la edad correspondiente a ese nivel educativo, en Querétaro se registra un 53.6 por ciento de cobertura.

Conviene recordar que Querétaro, como entidad, se ha destacado por el incumplimiento, con creces, en la cobertura de un segmento importante de la Educación Preescolar (específicamente en niños y niñas de 3 a 4 años). De acuerdo con datos de la estadística oficial de la SEP (2017-2018), Querétaro tenía una cobertura de alrededor del 20 por ciento en este grupo de edad (sobre este indicador y para este grupo de edad, el Estado de Hidalgo registra una cobertura de 45-47%).

Reitero las preguntas planteadas hace algunos meses y que no pierden actualidad: ¿Las autoridades estatales podrían decirnos cuál es el porcentaje actual, al término del sexenio, en ese rubro (Preescolares de 3-4 años)? Y si se logró un avance ¿en qué proporción? Y si no ¿Por qué no se ha rebasado esa meta o esa cifra? Cabe señalar que la cobertura universal y la obligatoriedad de la Educación Preescolar se estableció, en México, desde 2002 en las leyes federales.

Puntos no tan negros en el arroz

El doctor Pedro Flores Crespo, el mes pasado escribió y preguntó esto sobre la estadística educativa en Querétaro, a partir de datos publicados por el INEGI. Específicamente comentó sobre la evolución de la escolaridad y la matrícula de la educación media superior:

“…sobresale que el promedio de escolaridad, medido en grados cursados, de esta entidad es mayor al promedio nacional (10.5 y 9.7 grados, respectivamente). ¿En qué conductas y hábitos se traduce que los queretanos de 15 años y más tengamos un grado mayor de escolaridad? ¿Somos más críticos de nuestros respectivos gobiernos que el resto de la población?” (3)

Así continúa la reflexión de Flores Crespo: “Es importante además hacer notar que Querétaro elevó más, en diez años, su escolaridad que el promedio nacional e incluso, que la Ciudad de México. De 2010 a 2020, nuestra entidad subió su tasa de escolaridad en 1.6 grados (de 8.9 a 10.5), mientras que a nivel nacional y en la CDMX este indicador se movió 1.1 y un grados, respectivamente. ¿Fue esta alza más acentuada resultado de las políticas educativas estatales? ¿O fue también consecuencia de la inmigración al estado de personas altamente calificadas? No hay que olvidar que Querétaro, según el mismo Censo, es la tercera entidad federativa con el saldo migratorio positivo más alto después de Quintana Roo y Baja California Sur.”

Quizá esas preguntas se podrían despejar si se hiciera un estudio sistemático y riguroso sobre el origen de los estudiantes matriculados en la educación media superior o bachillerato en la entidad.

“Querétaro también registró tasas de matriculación igual o más altas que el promedio nacional en el ciclo escolar 2019-2020. Pero con un matiz: mientras que para el ciclo escolar 2000-2001, 29 de cada 100 jóvenes en edad de cursar el bachillerato lo hacían, para el periodo 2019-2020, esta proporción ascendió a 63 por ciento. Esto representa un aumento de 53 puntos, siete por arriba del promedio nacional. ¿Por qué avanzó Querétaro más que el resto del país en términos de inscribir a más jóvenes en la prepa? Pregunta de política pública que habrá que responder.”

¿Panorama sombrío?

Respecto al tipo de sostenimiento o financiamiento y de organización, en la educación especial, las autoridades locales informan que el 97.5% de la matrícula era atendido por instituciones públicas y sólo 2.5% por privadas; en educación básica, el 81.9% por las públicas, mientras que el 18% por las privadas. Por su parte, en la educación media superior se registraba un 73.6% de la matrícula escolar en instituciones educativas públicas y 26.4% en privadas; y en educación superior se tenía un 55.13% en instituciones públicas y 44.87 en escuelas privadas.

¿Esto significa, entre otras cosas, que para las y los jóvenes queretanos o radicados en la entidad, las posibilidades de acceder a la educación superior pública, año con año, se ven cada vez más reducidas?

En efecto, es necesario hacer una revisión más exhaustiva y profunda sobre los avances o retrocesos registrados en materia de políticas públicas educativas durante la última década, o quizá durante los dos sexenios recientes, en Querétaro. Ésta es una tarea que queda como pendiente para los organismos públicos que se dedican a estas cuestiones, es decir, al estudio de las políticas públicas educativas, dentro y fuera del gobierno.

Fuentes consultadas:

(1) “La Educación Básica en Querétaro (2015-2020)”, SDP Noticias, 14 de oct., 2020.

(2) https://www.usebeq.edu.mx/PaginaWEB/content/Estadisitica/INICIOC/INICIO2019-2020/

(3) Pedro Flores Crespo. “Querétaro: Política educativa e información”. Educación Futura, 31 de enero, 2021.

Querétaro: política educativa e información

Fuente:  SDPnoticias

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México: Gobierno sigue sin reconocer violaciones del ejército a los derechos humanos en Chiapas: Frayba

Noticias
Fuente> Desinformemonos

El gobierno mexicano continúa sin reconocer las graves violaciones a derechos humanos cometidas por el ejército mexicano en la implementación del Plan de Campaña Chiapas 94, señaló el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).

Por el contrario, indicó el Frayba, «el Estado mexicano mantiene la lógica de guerra con estructuras militarizadas, sin el respeto a los derechos humanos de la población».

Señaló que a 26 años de la incursión militar al ejido La Grandeza, en el municipio de Altamirano en Chiapas, el Estado mexicano ha incumplido las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto a la ejecución extrajudicial del indígena tseltal Gilberto Jiménez Hernández, cometida por integrantes del 17° Batallón de Infantería.

La ejecución extrajudicial de Jiménez Hernández ocurrió durante la incursión militar de la Fuerza de Tarea Arcoíris del Agrupamiento “Yabur”, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), cuando su familia y él huían a la montaña como desplazados forzados. «Gilberto llevaba a una de sus hijas atada a la espalda con un rebozo», recuerda el Frayba.

Añadió que «frente a la impunidad en México», en noviembre de 2016 CIDH recomendó al Estado mexicano reparar las violaciones de derechos humanos y realizar una investigación imparcial, efectiva y dentro de un plazo razonable sobre la ejecución de Gilberto Jiménez.

Sin embargo, a más de 4 años de la recomendación «las investigaciones no presentan ningún avance, rompiendo con el plazo razonable, sin identificar las líneas de investigación a seguir, sin conocer las medidas administrativas, disciplinarias o penales correspondientes frente a las acciones u omisiones de los funcionarios estatales que contribuyeron a la denegación de justicia e impunidad en la que se encuentran los hechos, sin adoptarse medidas de no repetición que incluyan medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole con la finalidad de asegurar que el uso de la fuerza por parte de agentes del Estado sea compatible con los estándares internacionales».

Por ello, el Frayba urgió al Estado mexicano a atender las medidas emitidas por la CIDH, así como a suspender el modelo militarizado de seguridad nacional, «así como prevenir crímenes cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas y cesar su impunidad».

A continuación el comunicado completo:

A 26 años de la incursión militar al Ejido La Grandeza, en el municipio de Altamirano, Chiapas, el Estado mexicano incumple las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos1 (CIDH) relativas a la ejecución extrajudicial de Gilberto Jiménez Hernández (Gilberto) y continúa sin reconocer las graves violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército mexicano en la implementación del Plan de Campaña Chiapas 94.2

A partir de febrero de 1995, el Ejército mexicano intensificó el cerco al Ejército Zapatista de Liberación Nacional3 (EZLN) con la ocupación de territorios de Pueblos Originarios y el asedio a la población. Los objetivos de la intervención militar se plasmaron en el “Plan de Campaña Chiapas 1994”, diseñado por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para “destruir y desorganizar la estructura política militar del EZLN”. La acción de las fuerzas armadas mexicanas cambió de ocuparse directamente de la seguridad nacional a dedicarse más activamente al control de la seguridad interna, a consecuencia perpetraron detenciones arbitrarias, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, desplazamiento forzado, entre otras violaciones a derechos humanos.

En este contexto integrantes del 17° Batallón de Infantería, cometieron la ejecución extrajudicial de Gilberto Jiménez Hernández, de origen tseltal, el 20 de febrero de 1995, cerca de las 13:00 horas, entre el ejido Patiwitz y La Grandeza, durante la incursión militar de la Fuerza de Tarea Arcoíris del Agrupamiento “Yabur”, dependiente de la SEDENA. Su familia y él huían a la montaña como desplazados forzados, Gilberto llevaba a una de sus hijas atada a la espalda con un rebozo.

Frente a la impunidad en México, los hechos y sus consecuencias fueron presentados ante la (CIDH), instancia que el 30 de noviembre de 2016, emitió su Informe de Admisibilidad y Fondo No. 51/16 del Caso 11.564, en el cual recomendó al Estado mexicano: reparar las violaciones de derechos humanos tomando en consideración los efectos comunitarios de la aplicación del Plan de Campaña Chiapas 1994; realizar una investigación imparcial, efectiva y dentro de un plazo razonable con el objeto de esclarecer los hechos en forma completa, identificar a los autores intelectuales y materiales e imponer las sanciones que correspondan respecto de las violaciones de derechos humanos y tomando en cuenta el esclarecimiento del contexto.

A más de 4 años de la recomendación internacional, las investigaciones no presentan ningún avance, rompiendo con el plazo razonable, sin identificar las líneas de investigación a seguir, sin conocer las medidas administrativas, disciplinarias o penales correspondientes frente a las acciones u omisiones de los funcionarios estatales que contribuyeron a la denegación de justicia e impunidad en la que se encuentran los hechos, sin adoptarse medidas de no repetición que incluyan medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole con la finalidad de asegurar que el uso de la fuerza por parte de agentes del Estado, sea compatible con los estándares internacionales.

La CIDH estableció como precedente que la incursión militar en el Ejido La Grandeza fue parte de un Plan oficial implementado por el Ejército mexicano y que éste generó un marco propicio para la actuación arbitraria, discriminatoria y excesiva del uso de la fuerza antisubversiva.

El actual gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador tiene el reto histórico y progresivo de construir un camino que conlleve a la aceptación de los hechos y del contexto, que incluya el reconocimiento de la estrategia implementada a través del Plan de Campaña Chiapas 94 y ejecutada por el Ejercito mexicano. Elementos como los anteriores darán cabal cumplimiento a las recomendaciones de la CIDH. Su aceptación se perfilaría como una medida de satisfacción para los Pueblos Originarios que sufrieron un grave impacto frente a la guerra contrainsurgente. Además de dar garantías de no repetición del uso excesivo de la fuerza en operativos militares.

Sin embargo, el Estado mexicano mantiene la lógica de guerra con estructuras militarizadas, sin el respeto a los derechos humanos de la población. A partir de 2019, con la creación de la Guardia Nacional y con el acuerdo presidencial de 2020, la seguridad pública está a cargo de las Fuerzas Armadas permanentemente.4 Por lo anterior, el Frayba urgimos al Estado mexicano suspender el modelo militarizado de seguridad nacional, así como prevenir crímenes cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas y cesar su impunidad. Instamos garantizar los derechos colectivos de los Pueblos Originarios a la autonomía, el territorio y la libre determinación.

1 CIDH, Informe No. 51/16, Caso 11.564. Fondo. Gilberto Jiménez Hernández y otros(La Grandeza). México. 30 de noviembre de 2016. Disponible en:https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2016/MXPU11564ES.pdf

2 Plan de Campaña Chiapas 94. Disponible en:https://frayba.org.mx/historico/archivo/articulos/941001_plan%20de_campana_chiapas94_sedena.pdf

3 El 1 de enero de 1994, inició el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), tomando las cabeceras municipales de San Cristóbal de Las Casas, Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas en el estado de Chiapas, desde entonces la presencia del Ejército mexicano aumentó en la región.

4 Para julio del 2020, la Guardia Nacional se componía aproximadamente de 90,000 elementos, de los cuales 51,101 habían sido transferidos del Ejercito y 10,149 de la Marina. Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Modelos de Seguridad. México. 2020. pág.57.

Fuente e imagen: https://desinformemonos.org/gobierno-sigue-sin-reconocer-violaciones-del-ejercito-a-los-derechos-humanos-en-chiapas-frayba/

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Entrevista al biólogo Rob Dunn: “Convivimos con miles de bichos en nuestra casa”

Entrevistas

Por: Ima Sanchís

Tengo 45 años. Nací en Michigan. Soy profesor de Ecología Aplicada en la Universidad de Carolina del Norte y estudio el modo en el que todas las especies interactúan con nosotros en nuestra vida diaria. Me gusta la idea europea pero más ecológica. Siento una profunda emoción en cuanto a la grandeza de la vida.

Ángeles de la guarda

Dunn y su equipo llevan una década investigando las criaturas con las que convivimos en casa: hongos, bacterias, insectos; seres diminutos, la mayoría beneficiosos para nosotros. Ángeles de la guarda. Convivimos con más tipos de bacterias que mamíferos y especies de aves hay en la tierra. El agua con la que nos duchamos está viva, el aire que respiramos está vivo. Lo explica con mucha gracia en ¿Solo en casa? (Alianza), un canto a la vida y la biodiversidad todavía por descubrir, ellos han clasificado por el momento 200.000 especies, y para seguir ampliándola pide la colaboración ciudadana a través de la web de su laboratorio: robdunnlab.com. “Abre las ventanas, pasea por el campo, y no intentes matarlo todo, porque también te estás matando tú un poquito”.

Con quién vivo en casa?

Con todas las especies que viven en los humanos con los que convive. Tenemos cientos de microbios que cubren nuestra piel.

¿Qué me dice?

Son beneficiosos, y los intercambiamos. También tenemos microbios en las encías, que de hecho tienen muchas más células que nuestro propio cuerpo. Muchas de esas especies no solo forman parte de quienes somos sino que dependemos de ellas, otras son inocuas y un pequeño porcentaje pueden ser dañinas.

Entiendo.

Hemos descubierto que coexistimos en el mismo espacio con muchos bichos: reptan, flotan y saltan miles de organismos en nuestras casas. Están en las camas, sofás, lámparas, en el aire que respiramos, están en todas partes, da igual si vivimos en un piso de ciudad, en el campo o en la estación espacial internacional.

¡…!

Hay que ser conscientes de que es imposible vivir una vida estéril. Y, además, sin muchos de esos organismos acabaríamos enfermos.

Los detergentes quieren acabar con ellos.

Matarlos no es una buena idea. Si usted mira las etiquetas le dirán la cantidad de gérmenes que aniquilan y, al hacerlo, creamos un mundo en el que solo sobrevive un 1% de especies que suelen ser las que resisten a todo, incluso a una bomba nuclear, y esos son los peligrosos.

Entiendo que por algo estarán ahí…

La clave está en el equilibrio. Muchas especies no nos hacen ningún daño, entonces ¿para qué matarlas? Mire esa arañita, no le hace ningún daño, todo lo contrario: se come otros bichitos que sí se lo hacen. Déjela ahí. La grandeza de la vida nos rodea, todas esas especies increíbles de las que sabemos muy poco.

¿Dónde está el límite entre la limpieza y dejar que el polvito se acumule?

Lavarse las manos con jabón ofrece un equilibrio: lo que ya estaba se queda y lo que acaba de llegar no. Sacar el polvo está bien, pero lavar la casa y los alimentos con lejía o usar insecticidas, a no ser que tengas una infestación, no es bueno.

¿Cuáles son los beneficios de esas criaturas con las que convivimos y no vemos?

Las alergias, el asma y la enfermedad de Crohn podrían estar asociados a la pérdida de exposición a estos organismos. Algunas especies favorecen el funcionamiento del sistema inmunitario, otras contribuyen al control de plagas y compiten con ellas o son fuentes potenciales de enzimas y fármacos nuevos, y miles de ellas realizan procesos ecológicos muy valiosos, como mantener el agua del grifo libre de patógenos.

¿Mejor beber agua embotellada?

El agua que tiene mucho cloro favorece a los bichos a los que les gusta el cloro. El agua que produce menos problemas es la que tiene menos tratamientos, la que viene de manantiales que no estén contaminados, claro. ¿Quiere que le cuente quién vive en la alcachofa de su ducha?

Sí, por favor.

Hemos analizado cientos de mangos y alcachofas de ducha, en ellos miles de bacterias crean un biofilm, o sea: mugre para que el agua no las arrastre, y proliferan más en aguas con mayores tratamientos químicos de depuración que en las procedentes de pozos o acuíferos naturales.

Hábleme de criaturas que velen por mí.

En casi todas las casas hay una especie de avispa diminuta que no le hace nada a los humanos pero que pone sus huevos en las cucarachas y las matan. Hay todo un ecosistema de especies que nos ayudan a diario.

Deme más ejemplos.

En las almohadas tenemos ácaros del polvo, pero también ácaros leopardo que se comen los ácaros del polvo, es todo un ecosistema amplio y prodigioso.

¿Cuántas especies lleva clasificadas?

200.000 especies solo en América del Norte y Europa, pero hay muchas todavía desconocidas. Se calcula que hay un billón de bacterias en el mundo y el porcentaje dañino es muy bajo.

¿Cómo nos afecta pasar la mayor parte de nuestro tiempo en lugares cerrados?

En el pasado simplemente con vivir expuestos a especies que habitan en la tierra y en los árboles conseguíamos tener una población de microbios adecuada, pero como ahora vivimos vidas tan limpias a veces ese equilibrio no es correcto. En EE.UU. la gente pasa el 90% del tiempo en interiores, y eso no es saludable.

¿Demasiado aislados del exterior?

Sí, cuanto más cerrado es el espacio, cuanto más sellamos los edificios, mayor es la complicación. Lo mejor que podemos hacer es una buena ventilación para que los microbios de la tierra y de los árboles entren en casa.

¿Qué nos traen a casa las mascotas?

Los perros traen tierra y con ella sus microbios beneficiosos. Los niños que tienen perros no suelen presentar tantos casos de alergias.

¿Qué es lo que más le fascina ahora?

La biología de los alimentos. Estamos descubriendo que las bacterias de quien hace el pan afectan a la masa madre fermentada y viceversa. Estamos descubriendo que hay una conexión física, somos todos parte de una comunidad, y para mí eso es interesantísimo.

¿En la biodiversidad está la salvación?

Es clave para la supervivencia humana. Estas criaturas diminutas tienen un inmenso valor.

Fuente e imagen: https://www.lavanguardia.com/lacontra/20210222/6257535/convivimos-miles-bichos-nuestra-casa.html

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Empresarios: puerta giratoria y educación

Mauro Jarquin

Por: Mauro Jarquin

Afines del siglo pasado se generó una polémica global sobre el papel que el sistema educativo debía tener respecto al crecimiento económico de las sociedades. Dicho debate había sido ya desarrollado a partir de las formulaciones de los teóricos neoclásicos del capital humano durante los sesenta, pero el proceso de globalización productiva brindó un nuevo brío a las preocupaciones sobre educación y desarrollo debido a que los sistemas educativos devenían enclaves fundamentales en la formación de capital humano, factor de primera importancia en la competencia económica internacional.

El gobierno de Carlos Salinas de Gortari mostró un interés especial al respecto, ya que, junto al Consejo Coordinador Empresarial y al Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (ahora Consejo Mexicano de Negocios), compartía el interés por modernizar al país para favorecer su integración al mercado mundial, lo cual sería potenciado con la firma del TLCAN. Para gobierno y cúpulas empresariales, uno de los rubros de dicha modernización debía ser el educativo, dada la importancia del capital humano para la atracción de inversión extranjera directa. Al respecto se pronunciaba el entonces presidente: “Es necesario enfatizar que educación de calidad significa más competitividad; pero, sobre todo, mejor educación quiere decir mejor distribución del ingreso…”. La educación encaminada a la modernización económica y social, es decir, hacia la reproducción del orden neoliberal, era la prioridad en el gobierno salinista.

Dado el interés empresarial en la educación, y considerando un supuesto expertise para generar grandes rendimientos de cualquier inversión (y dado que para el gobierno la educación representaba ya una inversión y no un gasto, retomando los principios de la teoría del capital humano), el gobierno salinista le invitó a formar parte activa del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB).

Jorge Ocejo Moreno, en aquel momento presidente de la Comisión de Educación del Sector Empresarial fue invitado al Foro de Consulta para la Modernización Educativa y a la presentación del Programa para la Modernización Educativa, realizado en Monterrey en 1989; además, los empresarios fueron incluidos formalmente al Consejo Nacional Técnico de la Educación (Conalte). En ese momento se inauguró un largo ciclo de aguda intervención empresarial en la educación pública, tanto a nivel orgánico como programático mediante distintos mecanismos, entre los cuales el uso de la puerta giratoria ha resultado fundamental para la preservación de su influencia burocrática y programática en la SEP.

Castellani explica que puerta giratoria –expresión que tiene origen en la legislación estadunidense– alude al paso de algunas personas por altos cargos en el sector público y privado en diversos momentos de sus trayectorias laborales (https://nuso.org/articulo/lobbies- y-puertas-giratorias/). La autora expone que dicho ejercicio puede realizarse de distintas formas: altos directivos del sector privado que acceden a puestos relevantes en el sector público; funcionarios que al dejar su cargo son contratados en el sector privado para ocupar puestos directivos o individuos que van ocupando altos cargos en el sector privado y el sector público alternativamente; modalidades que pueden conllevar a importantes conflictos de interés, ya sean explícitos, aparentes o potenciales.

El uso de la puerta giratoria ha sido un mecanismo de intervención importante para sectores dominantes en el campo educativo internacional. Mediante la ocupación de espacios relevantes en el sector público, grupos de interés han situado la agenda de asociaciones y ONG organizadas y financiadas por empresarios, quienes han actuado como correa de transmisión de intereses privados hacia instancias de deliberación política, presentando un supuesto interés en el bien común.

Entre muchos otros, consideremos el caso de la multimillonaria Betsy DeVos, quien en 2017 fue nombrada como secretaria de Educación en Estados Unidos; María Victoria Angulo, titular del Ministerio de Educación de Colombia, previamente directora ejecutiva de la organización Empresarios por la Educación; Agustín Batto, cofundador y director ejecutivo de Fundación Eidos, coordinador nacional de Programas del Ministerio de Educación argentino durante los primeros años del gobierno de Mauricio Macri y en el Brasil gobernado por el Partido de los Trabajadores (Lula y Rousseff) recordemos a Fernando Haddad, titular del Ministerio de Educación, uno de los primeros integrantes de Todos por la Educación –organización empresarial hermana de Mexicanos Primero– según su propia directora ejecutiva. Así, no resulta fortuita la adopción paulatina de criterios de mercado y gerenciales en los lineamientos de evaluación, gestión y gasto educativo.

En México, la tendencia descrita se encontró recientemente con el nombramiento de Esteban Moctezuma, ex presidente ejecutivo de Fundación Azteca, quien saltó a la SEP con el gobierno de la 4T. Esto fue habilitado por el fomento de las actividades empresariales por parte de anteriores titulares de la SEP como Josefina Vázquez Mota, aliada estratégica de Mexicanos Primero, posicionándolos como un actor central en educación y Aurelio Nuño, quien buscaba hacer de México un país maquilador cada vez de mayor nivel a través de la educación. Su mayor mérito fue que durante su gestión, la secretaría y el INEE se vieron capturados por intereses del sector privado.

Actualmente, la SEP es dirigida por Delfina Gómez, promotora del emprendedurismo, valor que podría consolidarse con el nombramiento de Martha Hernández Moreno como subsecretaria de Educación Básica, hasta hace algún tiempo directora de Diseño Curricular y Acreditación en la Universidad Metropolitana de Monterrey, vinculada estrechamente a Alfonso Romo Garza.

Nada nuevo bajo el sol. En el viejo régimen y la 4T, mientras docentes luchan por derechos, empresarios sólo giran la puerta para disfrutar prerrogativas.

*Profesor FFL-UNAM

Fuente: http://www.educacionfutura.org/empresarios-puerta-giratoria-y-educacion/

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El feminicidio de Mariana que evidenció el racismo del sector salud

Autores Varios
Por: Brigada De Salud Comunitaria 43

La práctica médica solo es efectiva si responde al contexto en el cual se desenvuelve, con un entendimiento serio de los llamados “determinantes sociales de la salud” – la marginación económica, el racismo, el machismo y otras violencias sistémicas. La violencia de género provoca impactos graves en la calidad de vida de las mujeres, en México es una emergencia de salud pública que se debe atender de manera prioritaria en la salud institucionalizada y comunitaria. No podemos ser cuidadores sanitarios y esperar que otras y otros resuelvan las problemáticas sociales que en gran medida definen las enfermedades y la salud de quienes cuidamos.

Es fundamental señalar cómo varios profesionales de la salud han abordado el feminicidio de Mariana Sánchez Dávalos, joven médica pasante. El 29 de enero, “Federaciones, Asociaciones y Colegios Médicos de México”, emitieron un comunicado respecto al tema, pero en ningún momento exigen justicia y esclarecimiento del asesinato y omisiones cometidas en el caso, tampoco proponen acciones para atender la violencia de género. La exigencia recalcada en el documento es; “de manera inmediata, la cancelación de la rotación de médicos pasantes por las regiones donde el Gobierno del Estado de Chiapas no pueda garantizar la integridad y seguridad de los médicos pasantes” y hacer “extensiva esta misma exigencia para hacerla valer en todo el país”.

En paralelo con las declaraciones de los grupos médicos, en redes sociales y foros públicos se han circulado un número importante de publicaciones racistas y clasistas de profesionales de la salud en contra de la población rural, señalan: “En los pueblos que mantienen sus usos y costumbres, que se curen con sus usos y costumbres”, “Creen que a uno le encanta ir a sus pinches ranchos olvidados hasta por Dios”.

Las preguntas que no plantean son: ¿Quién mató a Mariana? ¿Quién ejerció la violencia sexual en su contra? ¿Fueron las autoridades escolares y sanitarias y la fiscalía quienes ignoraron su solicitud urgente de auxilio o fue “la población rural”?

El feminicidio y la violencia sexual no son problemas exclusivos de las comunidades rurales. Al contrario, en el 2018, la mayor prevalencia de delitos sexuales contra mujeres adultas fue en municipios de 100 mil habitantes o más1. Entre el 2011 y 2016, las tasas más elevadas de homicidios contra las mujeres se concentraron en 10 municipios de distintas latitudes del país2, todos pertenecientes a zonas urbanas.

Culpar a la “población rural” de las agresiones en contra de Mariana se vuelve intrigante considerando los detalles hasta ahora sabidos del caso. De acuerdo a una queja escrita por Mariana, más los testimonios de su madre y compañeros estudiantes, la persona responsable durante meses por el acoso en su contra fue el médico del centro de salud donde ella realizaba su servicio social. Mariana acudió a reportar lo que sufría con la directora de la clínica y con las autoridades universitarias, nadie tomó acción para asegurar la integridad física, mental y emocional de la médica.

No obstante, los medios de comunicación y un sinfín de profesionales de la salud aseguraron que las agresiones sexuales se cometieron por parte de “pobladores de la comunidad”. Esas aseveraciones erróneas sirvieron para desviar la exigencia de justicia por el abuso sexual y el feminicidio a un reclamo de destitución del servicio social a “zonas rurales”.

Ahora que salió a la luz la responsabilidad del médico, quien además tenía denuncias previas de acoso sexual, hasta el momento, no ha habido una rectificación de quienes rápidamente condenaron a la población rural. ¿Por qué no cuestionan el machismo en los espacios de la comunidad médica? ¿Por qué el silencio de parte de las federaciones, asociaciones y colegios médicos sobre la complicidad de autoridades educativas y sanitarias? Y, una pregunta todavía más importante, ¿Cuál es el compromiso real del sector salud con la erradicación de la violencia de género y con el bienestar de sus alumnas y alumnos?

Es sabido y documentado que la violencia en contra de las mujeres en el ámbito médico prevalece a lo largo de su formación y la ejercen hombres que tienen poder sobre ellas por las estructuras jerárquicas que predominan en esos ámbitos académicos y laborales. Aun cuando son reportados, los agresores en pocas ocasiones son sancionados. Ejemplo es el caso del médico que acosó a Mariana, fue reportado por otra víctima en el 2014 pero no fue destituido, y tras la queja de Mariana en el 2020, la única acción que se realizó fue cambiar al doctor de turno.

Limitar las actividades de las médicas a las “zonas urbanas” no reduce su exposición a la violencia, por lo contrario las revictimiza porque invisibiliza la responsabilidad de los agresores y se atribuye el motivo de la violencia que sufren a las actividades relacionadas a su formación profesional. Una preocupación real de la comunidad médica por el bienestar de las mujeres debería incluir acciones concretas para garantizar que todos sus espacios sean libres de violencia y que ellas puedan contar con mecanismos justos y eficientes en caso de ser violentadas. Ese compromiso, además, debe ir más allá de intereses gremiales, independientemente de quienes sean las mujeres violentadas y en dónde sufren esa violencia.

Las mujeres, independientemente de su lugar de residencia o profesión, sufren violencia física, sexual, emocional, y psicológica, una de cada cinco mujeres reporta haber sufrido violencia sexual en algún momento de su vida, en promedio se mata a diez mujeres al día. Es decir, hay miles de agresores en el país. ¿Quién cuestiona eso?

Demandar el fin del servicio social médico en regiones rurales a raíz de un feminicidio, solo habla de un clasismo existente en la comunidad médica, y su miopía sobre el tema de los feminicidios. Esa demanda representa otro atropello en contra del derecho a la salud de las comunidades más vulneradas del país en donde, como consecuencia del racismo del sistema sanitario desde el periodo colonial, sufren de un rezago enorme en materia de salud, evidenciado por los indicadores de morbilidad y mortalidad. Una política draconiana que limita aún más el acceso a servicios de salud en esas comunidades nos parece peligroso ya que esos indicadores afirman que el racismo del sector salud no solo lesiona, también mata.

La estructura y organización del servicio social médico y la provisión de servicios de salud en regiones rurales requiere de cambios importantes. Creemos fundamental empezar esa evaluación con preguntas serias que van a la raíz del problema. ¿Cómo llegaron a deteriorarse tanto las condiciones del servicio social médico? Más allá de una simple anulación, ¿Qué acciones mejorarían las condiciones de aprendizaje, trabajo y seguridad para las y los médicos en formación, así como la calidad y dignidad en los servicios de salud ofrecidos en comunidades rurales, sin aumentar aún más la distancia entre quienes se dedican al cuidado de la salud y quienes son violentados por la falta de acceso a ello? ¿Cómo evitar que las siguientes generaciones de médicos en México normalicen el racismo que hoy muchos expresan con tanta facilidad? ¿Cómo entender que los problemas como el feminicidio son consecuencia de la estructura machista, perpetuada por todos los sectores de la sociedad? ¿Cómo formar practicantes de la medicina que entiendan que la salud es un derecho fundamental y que lo defiendan como tal?

El llamado a la justicia para Mariana Sánchez debe ser coherente, claro y enfocado, se trata de un caso de agresión sexual y feminicidio en un contexto de impunidad.

Como grupo que se dedica a la salud comunitaria en México, nos sumamos a la denuncia enérgica del feminicidio de Mariana. Exigimos justicia, esclarecimiento total de los hechos y las sanciones correspondientes a todos los responsables, incluyendo a las autoridades educativas y sanitarias. Llamamos a poner fin al racismo y clasismo del sector salud en contra de las comunidades rurales, campesinas e Indígenas de este país.

1 Mujeres y hombres en México 2019. En: cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/MHM_2019.pdf

2 La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2016. En: violenciaFeminicidaMx_07dic_web.pdf (www.gob.mx)

Fuente e imagen: https://desinformemonos.org/el-feminicidio-de-mariana-que-evidencio-el-racismo-del-sector-salud/

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Encuentro virtual: Informe país ¿Vuelta a las Aulas Presenciales?

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Sindicatos de maestros de América Latina y Europa

Este miércoles a las 12 del mediodía, hora de Venezuela, gremios y sindicatos docentes de América Latina y Europa estarán rindiendo, cada uno,  un breve informe sobre el contexto y la realidad del llamado de la vuelta a las clases presenciales.

Organizado por el Centro Internacional de Investigaciones Otras Voces en Educación, centro miembro de CLACSO, sindicatos de EEUU, México, Puerto Rico, Panamá, Costa Rica, Colombia, Brasil, Perú, Chile, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Bolivia, Argentina, España, Francia y Venezuela informarán sobre las posibilidades y perspectivas del llamado de vuelta a clases desde una perspectiva de los y las trabajadores de la educación.

El evento será trasmitido por el YouTube de Otras Voces en Educación y pueden acceder todas las personas interesadas.  Este es el enlace del sitio de OVE en YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC3M858nKHMEBW4z0N_2s1VA

 

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Estados Unidos: El homicidio de Malcom X vuelve a plantear incógnitas: ¿FBI y Policía, implicados?

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El homicidio de Malcom X vuelve a plantear incógnitas: ¿FBI y Policía, implicados?

El fiscal del distrito de Manhattan, Cyrus Vance, está revisando el caso y, tras la revelación de esta nueva información, ha asegurado que ésta se encuentra «activa y en curso»

Las hijas del activista afroestadounidense conocido como Malcolm X, asesinado en 1965, han solicitado la reapertura de la investigación sobre su homicidio después de que un testimonio implique, presuntamente, a la Policía de Nueva York y al FBI.

En un rueda de prensa, en la que también han participado los abogados del líder y activista de los derechos civiles, han publicado nuevas pruebas que mostrarían como la Policía y el FBI habrían conspirado para asesinar a El-Hajj Malik El-Shabazz, conocido como Malcolm X.

Estas pruebas consistirían en una carta de un exoficial encubierto de la Policía de Nueva York, en la que afirma que sus supervisores lo presionaron para que consiguiera que dos de los hombres de seguridad de Malcolm X cometieran delitos unos días antes del asesinato.

Martin Luther King y Malcolm X.

El arresto de estos hombres habría hecho que no pudieran acompañar al activista el día del tiroteo. «Me dijeron que alentara a los líderes y miembros de los grupos de derechos civiles a cometer delitos», detalla la misiva, publicada por medios estadounidenses. La carta, escrita por Raymond Wood, fue autorizada para su publicación póstuma por un primo.

El fiscal del distrito de Manhattan, Cyrus Vance, está revisando el caso y, tras la revelación de esta información, ha asegurado que esta se encuentra «activa y en curso».

¿Qué pasó aquel 1965?

Tras acercarse a un atril para dar un discurso, Malcolm X recibió un disparo. Los días previos al asesinato, el activista confesó en una entrevista que sospechaba que miembros de la Nación del Islam estaban tratando de matarlo. Posteriormente se conoció que, en esos momentos, estaba siendo investigado por el FBI por sus presuntos lazos con el comunismo.

También, la misma semana de su homicidio, su casa fue bombardeada.

Aproximadamente un año antes del asesinato, el activista había abandonado la Nación del Islam, tras ser uno de los más influyentes líderes de la organización, lo que le supuso amenazas de muerte por parte de miembros de la comunidad.

Tres hombres fueron arrestados por el crimen, aunque las sospechas de la involucración de la agencias estadounidenses siempre fue defendida por la familia y seguidores de Malcolm X.

Fuente de la Información: https://www.elconfidencial.com/mundo/2021-02-22/caso-malcom-x-asesinato-nuevas-pruebas_2960979/n

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