Educación para niños migrantes: los retos durante la pandemia
Colombia – Domingo 24 de Mayo
Estudiar en tiempos de cuarentena no ha sido fácil para los niños migrantes en Colombia. Solo aquellos que cuentan con un equipo móvil o computador portátil pueden ponerse al día con el cronograma académico, enviando las tareas asignadas por los docentes a través de las aplicaciones digitales, ya sea Whatsapp o videoconferencia.
Algunos padres y representantes señalan además que deben costear el plan de datos o conectarse a una red Wifi para que los estudiantes durante el confinamiento obligatorio cumplan con las actividades a distancia, las cuales se extendieron hasta el próximo 31 de julio por decisión del Gobierno Nacional.
Poseer un equipo digital y acceder a la conectividad es uno de los retos para los padres migrantes en Norte de Santander. Si bien hay aplicaciones que facilitan la navegación virtual, la gran mayoría no cuenta con los dispositivos y servicios electrónicos. Y es que según la Evaluación Rápida de Necesidades ante COVID-19 del Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM), una amplia mayoría de ellos (97%) no dispone de un computador en su vivienda.
Llama la atención los pocos hogares que cuentan con un computador (solo el 2%), siendo una herramienta clave para que los niños y niñas tengan facilidades para su desarrollo educativo. Esto implica grandes desafíos para poder llevar el aprendizaje a los menores de edad, señala el informe del GIFMM.
Experiencia escolar a distancia
Josefina Bucobo es una migrante venezolana que llegó hace dos meses con su hijo de 11 años al departamento. Luego de estar en otras dos ciudades relató que conseguir un cupo para su hijo fue difícil porque no lo querían aceptar. “Nos costó un año para que lo recibieran en un colegio oficial. Después ocurre lo de la pandemia y nos tocó acoplarnos a las medidas de las clases virtuales, sin tener teléfono ni internet”, relató la mujer, de 36 años.
Agregó que afortunadamente la profesora de la escuela optó por manejar la aplicación de WhatsApp porque era la que tenían la mayoría de los estudiantes de quinto grado, creando un grupo virtual, en el que enviaban las actividades de las asignaturas de castellano, matemáticas, ciencias naturales y sociales.
“Al principio de las clases acudimos a una vecina que estudia con mi hijo para que nos facilitara los talleres porque no disponíamos de un teléfono. Cuando logramos tener uno, mi esposo lo llevaba al trabajo para usar la conectividad y así poder descargar las tareas, guardarlas en una memoria y traerlas a la casa a mediodía para que nuestro hijo las hiciera durante la tarde”, narró la migrante.
Ahora para la familia el aprieto está en el pago de los planes porque no cuentan con Wifi y recargan el saldo telefónico cada seis días, unos 24 mil pesos adicionales a sus gastos del mes.
La profesora cucuteña Marisol Guerrero relató que las dificultades más recurrentes han sido el acceso al internet y la falta de los equipos necesarios para proseguir con las clases. “Con el confinamiento, hice una encuesta a los padres de familia y de los 27 alumnos del cuarto grado, solo 6 tenían computador en casa. Sé por otros profesores que los niños abandonaron la ciudad y regresaron a Venezuela con sus papás porque no tuvieron los medios para mantener sus servicios básicos como la alimentación y el arriendo”, narró Guerrero.
Ante estos problemas, Arturo Charria, secretario de Educación, informó que se está haciendo la entrega de guías impresas para que los estudiantes puedan desarrollarlas y seguir con el proceso de aprendizaje. Los materiales contienen la explicación y hasta una posible evaluación.
Todo esto se ha coordinado a través del trabajo entre las instituciones, docentes, padres de familia, el GIFMM, la Secretaría de Frontera y el Ministerio de Educación Nacional.
Aunque no se tiene conocimiento de cuándo llegarán a Norte de Santander, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, junto con el Ministerio de Educación comenzaron la distribución de más de 83.000 equipos hacia 750 sedes educativas de los estratos 1 y 2 en 290 municipios del territorio nacional. Los dispositivos poseen contenidos educativos precargados, por lo que no requieren conexión a internet para apoyar al docente en la planeación de sus clases y a los alumnos con material pedagógico y didáctico.
*José Luengo | Periodista Estoy en la Frontera
Fuente de la Información: https://www.laopinion.com.co/colombia/educacion-para-ninos-migrantes-los-retos-durante-la-pandemia-196815
América del Sur/Colombia/24-05-2020/Autor(a) y Fuente: www.publimetro.co
El mundo virtual tomó importancia durante la coyuntura del coronavirus.
La Covid-19, sin duda, llegó al planeta para cambiar el mundo como lo conocíamos. Todos los sectores tuvieron que hacer un alto en el camino para encontrar nuevas opciones y la educación, por supuesto, no es la excepción.
Según un estudio realizado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en Colombia el acceso a Internet desde el hogar llegó al 64%, y al menos el 72% de los colombianos ya cuentan con un teléfono inteligente para utilizar herramientas digitales.
Por esta razón y entendiendo que la llegada del coronavirus cambió todo, las instituciones educativas se vieron en la necesidad de transformar sus aulas y llevar las clases al mundo virtual, esto como una medida de precaución y que por lo menos en universidades llevó a que el primer semestre de este 2020 se desarrollará en los ecosistemas digitales.
Al menos 500 instituciones educativas en el país innovaron en su sistema de enseñanza para lograr dictar clases virtuales sin alejar a los estudiantes de ese aprendizaje que necesita un acompañamiento de docentes y planeación.
El Ministerio de Educación se unió a la causa y dispuso 1.5 billones de pesos para crear una línea de crédito que permita fortalecer el sistema educativo colombiano. Otra de las medidas del Ministerio fue crear un fondo solidario con el objetivo de apoyar a los estudiantes de educación superior que pertenezcan a los estratos uno y dos.
Por otra parte, la Comisión de Regulación de Comunicaciones reveló que en Colombia, en las últimas semanas, el tráfico de Internet en el país incrementó en más del 30 %, debido a que las personas realizan teletrabajo o desarrollan sus estudios desde casa, demostrando que sí se puede evolucionar el nivel educativo con un ecosistema digital pertinente y útil para los estudiantes.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha entendido la importancia de la educación virtual, y por eso decidió recomendar a las instituciones educativas mantener un sistema de datos seguro para los estudiantes, además de planificar programas de aprendizaje online que no inviten al aislamiento sino, por el contrario, sean una posibilidad de crear vínculos sociales con el uso de herramientas digitales.
Es aquí donde el reto para las instituciones está en que enseñar a distancia se convierte en una ayuda para que los estudiantes puedan aprender desde cualquier lugar con conexión a Internet. Por otra parte, la independencia y la disciplina toman un papel importante y los buenos hábitos de estudio ayudan a las personas que no quieren dejarse vencer por las barreras, como la de la COVID-19.
Fuente e Imagen: https://www.publimetro.co/co/noticias/2020/05/22/feria-expo3du-colombia-15-al-19-junio-2020.html
Más de 100 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados ya este año en Colombia. ¿Quiénes, cómo, dónde y por qué matan, desaparecen, agreden o amenazan a los activistas colombianos?
#PazAlLiderazgoSocial, pide el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), mientras actualiza permanentemente una lista delíderes sociales y defensores de los derechos humanos asesinados en 2020. Estamos a mediados de mayo y esa lista registra ya 101 nombres, 26 tras el inicio de la cuarentena por la actual pandemia de coronavirus.
Desde la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC (noviembre de 2016) hasta hoy, la cifra total de asesinados asciende a 902, precisa a DW Leonardo González Perafán, coordinador del Observatorio de Conflictividades de Indepaz.
¿Quiénes son los asesinados?
En su mayoría, se trata de activistas de base campesina (39 en 2020); muchos, con liderazgo comunal (33). Hay, además, numerosos líderes indígenas (30), cívicos (13), afrodescendientes (7), que hacen parte del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (5), sindicales (4), mineros (2), ambientalistas (1).
«Son agentes que trabajan por el cambio, por la paz entendida como la reducción de la violencia, la garantía de los derechos humanos o la protección de los recursos naturales en sus territorios”, comenta a DW Viviana García Pinzón, investigadora del Instituto GIGA de Estudios Latinoamericanos de Hamburgo y del programa de estudios de paz y conflicto de la Universidad de Marburgo.
A ellos se suman familiares o personas cercanas (8), así como firmantes del Acuerdo de Paz o excombatientes de las FARC (25). Y el registro incluye mujeres (11), aunque la violencia armada suele tener un impacto desproporcionado en los hombres, señala esta politóloga colombiana.
Amenazas, atentados y desapariciones
Junto a los asesinatos, los activistas están expuestos a otras formas de violencia. A mediados de 2019, las principales organizaciones sociales del país denunciaban más de 460 amenazas individuales o colectivas, 46 atentados con armas de fuego de largo y corto alcance y/o artefactos explosivos, y 5 casos de desaparición forzada.
En lo que va de 2020, se han publicado ya 79 panfletos de amenazas a organizaciones y comunidades, confirma González Perafán, a cargo del registro de víctimas en Indepaz. Y, por si fuese poco, en las amenazas más recientes, se ha declarado como objetivo militar a quienes violen la cuarentena. El objetivo es minar la autoridad de las organizaciones sociales en sus territorios, especialmente de las indígenas, explica el experto.
Territorios, narcotráfico, minería y agroindustria
La cifra más alta de asesinatos se recoge, este año, en el departamento del Cauca (30), «epicentro de muchos conflictos en Colombia, por un tema geopolítico”: por su geografía, con salida a la costa pacífica y cercana a la frontera sur (con Ecuador); por sus conexiones con el resto del país y las rutas de la droga, enumera la politóloga del GIGA.
Antioquia, que secunda al Cauca en récord de asesinados en 2020 (con 17), es también «corredor estratégico para la minería ilegal, para el producto del cultivo de coca que va hacia México”, agrega el abogado González Perafán, desde Indepaz.
El Cauca, además, es un territorio con antecedentes de violencia contra población indígena y comunidades afrodescendientes, con historia de presencia paramilitar, muy rico en minerales y fertilidad del suelo: «donde se ha usado la violencia para avanzar en proyectos de extractivismo y de agroindustria”, precisa asimismo la también exinvestigadora del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz y del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa, de la Universidad Nacional de Colombia, García Pinzón.
Factores históricos y estructurales convergen allí con recientes luchas por el territorio entre diversos sectores y actores armados, a raíz de la desmovilización de las FARC. Y la presencia del Estado es «principalmente militar, enfocada en la seguridad nacional, en desmedro de la garantía y protección de los derechos”, subraya la politóloga.
Maritza Quiroz, líder social reclamante de tierras en la Costa Atlántica, asesinada en 2019.
Crimen organizado con raíces paramilitares y guerrilleras
¿Qué revelan las estadísticas sobre los autores directos e indirectos de los asesinatos y sus motivos? «No hay claridad”, lamenta García Pinzón, porque el Estado colombiano no garantiza ni la seguridad de los líderes sociales, ni la justicia frente a sus asesinatos: no es eficiente en la investigación y el castigo a los autores.
Hasta ahora, el Estado ha negado o solo reconocido muy vagamente la sistematicidad del fenómeno, denuncian estudiosos y activistas. Ha llegado a reducirlo a incidentes de criminalidad común: a supuestos atracos o riñas personales, que activistas y organizaciones sociales desmienten, aludiendo al modus operandi y el tipo de armas empleadas.
Así, el esclarecimiento queda en manos de la sociedad civil, que apunta, sobre todo en el Cauca, a grupos del crimen organizado con raíces paramilitares como el Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas.
Históricamente, «las peores masacres en esta región no fueron perpetradas por la guerrilla sino por grupos paramilitares, con vínculos con actores legales de las élites políticas y económicas de la región”, recuerda la politóloga colombiana, mientras resalta la porosidad de las fronteras entre lo criminal y lo legal en el conflicto armado en su país.
Aunque el Estado insiste en atribuirle todo a disputas territoriales entre las múltiples disidencias de las FARC y el ELN, «todos los grupos armados presentes en esos territorios están usando las armas contra los líderes sociales”, asegura el coordinador de Indepaz. Y el panorama lo completan las disidencias del desmovilizado EPL, tercera guerrilla izquierdista de Colombia, conocida ahora como el grupo armado «Los Pelusos”, dedicado al narcotráfico. O las llamadas Águilas Negras, un presunto grupo de origen paramilitar, cuya naturaleza, estructura y hasta existencia real no parecen claras.
¿Qué (más) puede y debe hacer el Estado?
En Colombia, se negoció el Acuerdo de Paz con uno -el mayor y más antiguo- de muchos otros grupos armados. Pero ahora, el resto pugna por el control de territorios, poblaciones y mercados antes en manos de las FARC.
«Se abrieron vías para que muchas comunidades comenzaran procesos locales de construcción de paz”, afirma García Pinzón. Pero el Estado apenas «simula la implementación de los acuerdos”, sin cumplirlos, especialmente en el tema agrario, denuncia González Perafán. Y, en medio de todo, ha llegado una pandemia, que agrava la situación de vulnerabilidad socioeconómica y física de los activistas, hoy confinados en sus casas y fácilmente localizables por sus asesinos.
En 2016 y ahora, el Estado colombiano debió «estar preparado para copar esos territorios; no solamente con el Ejército sino con instituciones de salud, educación y justicia. Esa es la tarea pendiente”, por razones de voluntad política y, quizás, hasta de recursos, sugiere la politóloga García Pinzón.
Desde Indepaz, también González Perafán reclama inversión social: cumplir los planes de desarrollo territorial contemplados en los acuerdos con las comunidades. De lo contrario, Colombia seguirá «en transición”, coinciden ambos expertos, pero más hacia «una mutación de la violencia” que hacia la paz.
Daniela es una de las muchas campeonas destacadas por el Informe GEM en el período previo al lanzamiento de su publicación 2020 sobre inclusión y educación: todo significa todo, que saldrá el 23 de junio.A su manera, y en varios países del mundo, estos campeones luchan por celebrar la diversidad de los alumnos, en lugar de ignorarla.
A los 31 años, Daniela dirige su propia empresa » Hablando con Julis «, una empresa que utiliza software de comunicación y educación para que los niños, jóvenes y adultos con discapacidad, analfabetos y bilingües, puedan aprender y comunicarse sin dificultad
Daniela creció con su hermana, Julis, quien debido a su discapacidad no podía hablar ni comunicarse con los demás. Usando sus estudios de ingeniería, Daniela creó un programa que le permite a su hermana comunicarse y, por lo tanto, tener un futuro y ser incluida en la sociedad. Hoy, Daniela y Julis trabajan juntas compartiendo su programa y modelo pedagógico con gobiernos, universidades e instituciones privadas, llegando a 9,000 estudiantes en América Latina. Su objetivo es expandirse a Europa y Estados Unidos.
“Todos tenemos discapacidades: físicas, médicas, psicológicas, cognitivas y ambientales.Las personas piensan que las personas con discapacidades más visibles no pueden vivir, no pueden aprender o comunicarse.Pero estamos demostrando que pueden hacerlo si les damos las herramientas adecuadas «.
Para Daniela, la discapacidad de su hermana no es una incapacidad. El mayor obstáculo para las personas con discapacidad es que no se tienen en cuenta. Por lo tanto, el trabajo más importante es educar y crear conciencia sobre las discapacidades.
“Nos hemos acostumbrado a creer que solo hay una forma de hablar, solo una forma de pensar, solo una forma de aprender, solo una forma de ver o caminar.La discapacidad es solo otra forma de hacer las cosas: si no puedo hablar, lo hago a través deHablando con Julis;si no puedo caminar, lo hago con una silla de ruedas;si no puedo ver, uso un bastón, tacto y / o audición.Todos los formularios son validos.Y lo mismo es cierto en el aprendizaje«.
Si bien creó el programa de computadora para ayudar a su hermana, su visión es que todos tengan acceso a él. Daniela ha dedicado su vida a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y espera que, gracias a este programa, las barreras que nos impiden tener una sociedad verdaderamente inclusiva puedan ser desarmadas.
“Todos, sin excepción, aprenden de manera diferente y les gustan las cosas diferentes.Si usamos este principio en la construcción de un plan de estudios que nutre nuestras habilidades al aceptar nuevas formas de llegar a donde vamos, todos podemos cumplirnos como personas«.
El Informe GEM 2020 sobre inclusión analizará a todos los excluidos de los sistemas educativos de todo el mundo.Ofrece ejemplos concretos de políticas que utilizan los países para ayudar a abordar la exclusión y recomendaciones sobre cómo asegurarse de que cada niño, sin importar su identidad, antecedentes o capacidad, pueda acceder a una educación inclusiva y de calidad.Regístrese aquí para recibir una copia en su bandeja de entrada tan pronto como se lance el 23 de junio.
Reseñas/América del sur/Colombia/21 Mayo 2020/elpais.com
Romper el círculo de pobreza de las madres menores de edad en contextos vulnerables y enseñarlas a ser agentes de transformación social y económica en su propio terreno: esta organización en Cartagena (Colombia) lo está consiguiendo
“Esta es la condición”. Cuando Ana María Salas, madre adolescente de una niña de dos años, vecina de Cartagena de Indias (Colombia), entró a la Fundación Juanfe, se lo explicaron así, según recuerda: “Te podemos ofrecer formación técnica, y la oportunidad de conseguir un trabajo digno, con una condición: evita embarazarte por segunda vez en los próximos cinco años”.
Es una de las características más llamativas del modelo con el que trabaja esta organización. En sus inicios, hace 18 años, contribuyó a reducir la mortalidad infantil en Cartagena y, actualmente, se centra en romper el ciclo de la pobreza de madres menores de edad en contextos vulnerables y acompañarles a ser agentes de transformación social y económica.
Catalina Escobar, fundadora de la Juanfe (el nombre proviene de su propio hijo, Juan Felipe Gómez Escobar, que murió en el año 2000), explica cómo surgió la necesidad de este modelo de trabajo: “El embarazo adolescente hace que el país sea más pobre y menos sostenible. En Colombia, cuando una joven se queda encinta, con menos de 15 años, hay un 83% de probabilidades que antes de los 20 años tenga ya tres hijos. Aquí, el 74% de las menores están por debajo de la línea de pobreza”. Catalina es una emprendedora social muy conocida en círculos empresariales y políticos del país.
Ana María Salas vive en esa otra Cartagena que contrasta con la del centro histórico o de la línea de costa que frecuentan los turistas. Como ella, muchos habitantes de esta ciudad caribeña habitan en “casas de invasión”, construcciones precarias levantadas sin licencia por familias en espera de conseguir legalizarlas o de tener que mudarse a otro barrio. Esta muchacha estudia un curso de servicios hoteleros, una de las salidas laborales de más demanda en la ciudad. El período en el que la Fundación desarrolla sus programas de atención en salud, educación e integración al mercado laboral, suele durar unos dos años. Ana María conoció la Juanfe por el boca a boca de algunas amigas.
Al vivir en una casa de invasión, no dispone de todos los servicios básicos. El agua, por ejemplo, llega mediante una tubería a la que se han enganchado. Su madre, que trabaja de cocinera en un centro infantil y cobra unos 450.000 pesos mensuales (121 euros aproximadamente), es la fuente principal de ingresos de esta casa con espacios muy reducidos y que alberga a cinco familiares, incluyendo a Ana María y su hija de dos años y su hermano mayor, Adrián, de 22 años. Él no tiene trabajo formal, ni está estudiando.
“Me quedé embarazada a los 15 años”, relata Ana María. “Pero yo al menos pude estudiar la secundaria en cursos sabatinos. Creo que la fundación me ha ayudado a ser mejor persona, y a fijar metas, metas que voy a lograr”. Quedarse embarazada tan joven no fue algo que le preocupase en demasía, según confiesa. Su madre la tuvo a los 17 años. Pero ahora piensa que fue una equivocación.
Para la fundadora de la Juanfe, centrar el trabajo en las madres adolescentes es fruto del aprendizaje de errores iniciales: “Al principio quisimos trabajar con más ahínco en la prevención del primer embarazo. Pero no nos funcionaba, puesto que muchas de las jóvenes que atendíamos son hijas, nietas y biznietas de mujeres que dieron a luz muy temprano. Es muy difícil evitarlo. Es un trabajo de escala nacional que debe reforzarse desde el sector público. Nosotras queríamos un modelo replicable, sostenible, escalable y que rompiera ciclos de pobreza. Entonces, decidimos prestar más atención. Entrar a los barrios, y escuchar”.
Y escucharon a las mujeres de más edad. “Ellas fueron una fuente de información clave. Nos ayudaron a entender los problemas de las potenciales beneficiarias, así como sus verdaderas necesidades. Cambiamos el enfoque y todo empezó a ir mejor”, reconoce Catalina. “Las adolescentes empezaron a empoderarse a través de la formación y el trabajo, y así evitaban embarazarse por segunda vez. Entonces vimos los buenos resultados que ello supone en la reducción de la carga de la pobreza en el país”.
ver fotogaleríaUno de los compromisos que se pide a las madres aceptadas es que no vuelvan a quedarse embarazadas en cinco años.LEAFHOPPER PROJECT
Antes de entrar a la Juanfe, Ana María tuvo que pasar los exámenes de ingreso: pruebas de lectura y escritura, entrevistas y test de personalidad. Un filtro riguroso que, según explica Eunice Cortecero, del equipo directivo del centro en Cartagena, hace que cada año entren 300 jóvenes, seleccionadas de unas 1.000 solicitudes, aproximadamente. La fundación trabaja anualmente con un total de 850 madres, sumando las de nuevo ingreso, provenientes de los barrios más vulnerables de la ciudad. “Nuestra intervención les ayuda a recuperar el hábito de estudiar, de formarse para trabajar. Las que no entran en una primera ocasión, tienen la oportunidad de volver a intentarlo, siempre que no se embaracen por segunda vez. Sólo un 5% de las jóvenes que inician el programa de la Juanfe lo abandonan”, afirma Eunice.
Hay un dato aún más revelador: el 99,7% de las jóvenes que entran a la Juanfe optan por no tener otro bebé durante el período de formación, y aún varios años después.
Tener un hijo antes de los 18
En Colombia, aproximadamente una de cada cinco embarazadas es adolescente, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Demografía y Salud del Ministerio de Salud y Profamilia, aunque la tendencia es a la baja en los últimos años. Esta situación está ligada a menores niveles educativos y socioeconómicos: el 48% solo había cursado la educación primaria.
Adrián, el hermano de Ana María, también tienen una niña pequeña que vive con su madre, de la que él se separó. Durante un tiempo estuvo limpio, pero con la separación recayó en las drogas, que llevaba consumiendo desde los 12 años. Lleva un par de semanas en proceso de desintoxicación. Mira a su hermana “como un ejemplo a seguir, una buena influencia”.
Los habitantes de Cartagena cuentan que es frecuente que no se utilicen métodos de planificación ni de protección en las relaciones sexuales. Adrián indica que su expareja se había quedado embarazada en diferentes ocasiones. ¿Qué método utilizaban para evitarlo?: “La hice abortar varias veces”.
Entonces, ¿por qué su pareja dio a luz a la niña (que hoy tiene dos años)? “Porque mi mamá es muy creyente. Va a una iglesia. Me convenció de que era un pecado. Así que le dije a mi pareja que, por esta vez, sería mejor que tuviéramos al bebé”.
En sus inicios, la fundación demostró que podía reducirse la mortalidad infantil en Cartagena. Desde los años noventa, era una de las ciudades donde más niños morían por causas evitables. Catalina se puso a estudiar esta situación, desde su experiencia en el sector empresarial y económico, tras la muerte de su pequeño.
Su familia estaba vinculada al negocio del acero. “Yo no iba a dejar el sector empresarial y un horizonte de éxito por algo que no valiese la pena arriesgarlo. Así que esto no es una ONG de una madre que perdió a su hijo. Esto es un modelo económico de desarrollo. Y la economía del desarrollo tiene el reto de demostrar su eficacia en el campo, en contextos reales”.
“El paseo de la muerte” le llamaban, en la Cartagena de aquellos años, al periplo que recorrían las madres con sus hijos enfermos de hospital en hospital sin poder recibir la atención necesaria. Y a ello, se unía la corrupción que penetró en las instituciones públicas y privadas de la ciudad. “Desde 2002, durante los primeros siete años de trabajo de la fundación, contribuimos a reducir en un 81% la mortalidad infantil en la ciudad. Podemos decir que salvamos la vida de unos 5.000 niños y atendimos a 20.000 por desnutrición crónica y severa, sin ayudas estatales”, afirma Catalina.
ver fotogaleríaCartagena de Indias es una ciudad de contrastes, desde las zonas turísticas hasta los barrios vulnerables.LEAFHOPPER PROJECT
Durante esa experiencia, la fundación constató que alrededor del 30% de los partos que se producían en la ciudad eran de mujeres menores de edad. Fue entonces cuando viró su enfoque de trabajo: conseguir que las madres adolescentes rompieran el ciclo de dependencia y pobreza.
Actualmente, este modelo de intervención atrae la atención de diversas instituciones y centros de investigación como la Universidad de los Andes, o el Banco Interamericano de Desarrollo que han colaborado con la Juanfe en la medición de impacto de sus programas.
La financiación de la Juanfe depende principalmente de eventos y recursos privados fundamentalmente, como los que aporta la Fundación Mapfre. Además, cuentan con iniciativas de autosostenimiento, como la panadería que opera en el centro de la fundación en Cartagena. Actualmente, el modelo se está exportando a otras ciudades de Colombia, como Medellín, y también a la de otros países, como Panamá, Santiago de Chile y Guayaquil.
Desde 2014, 1.200 mujeres jóvenes formadas en la Juanfe han obtenido la certificación laboral. 700 de ellas ya trabajan en el sector de la hostelería y el turismo, principalmente. El 70% de las jóvenes que consiguen un empleo formal, continúan trabajando en la empresa que les contrató después del primer año, según datos de la fundación.
El bono de impacto social
Un ejemplo de ello, es Mabel Cecilia Iriarte. Tiene 21 años, y nació en Caracas, aunque su familia es colombiana. Mabel vino a Colombia con otros 3 hermanos, cuando tenía 11 años. Sus padres se quedaron en Venezuela durante mucho tiempo, desde donde les enviaban remesas, y los niños vivieron con parientes cercanos. Actualmente reside en el barrio Olaya Herrera, un lugar que para algunos significa violencia, pandillas, tráfico de drogas, aunque para otros no es un sitio tan peligroso como se dice.
Mabel es bailarina de música afrocaribeña y contemporánea. Transpira optimismo, es una pura sonrisa. Ahora vive con sus padres, que regresaron de Venezuela hace pocos años. Ella se quedó embarazada antes de los 18, aunque asegura que tomaba precauciones. Desde que entró a la Juanfe no ha vuelto a quedarse embarazada, y tampoco ha vuelto a tener pareja. “Hasta que tenga mi propio camino recorrido, hasta que esté más segura”, dice.
Ella es una de las 17 jóvenes de la Juanfe que trabajan en el Centro Comercial La Serrezuela. Es el único mall que se ha levantado en el entorno histórico, respetando la arquitectura de una antigua plaza de toros, y tiene un convenio con la Juanfe para contratar a las jóvenes que finalizan el período de formación. El salario de Mabel está algo por encima del mínimo en Colombia, y llega al millón de pesos (unos 270 euros, con las horas extras). Para ella representa un cambio exponencial.
Catalina Escobar es conferencista en diversos foros nacionales e internacionales, y aborda el gran reto de la sostenibilidad de ONG como la suya. “Una buena forma de atraer recursos”, dice, “son los bonos de impacto social. La sostenibilidad en las ONG depende de estrategias muy diversas. La nuestra es empresarial. Una empresa no invierte sin retorno. Todos los proyectos en los que trabajamos se basan en la economía de escala, utilizando el principio de Pareto: un 20% de inversión para un 80% de impacto y retorno”, dice Catalina. “El resultado de la inversión es una ciudad con menos madres adolescentes abandonadas y sin empleo. Y a la vez, muchas de ellas se integran a la vida económica y aportan su esfuerzo y capital para el desarrollo del país”.
Según el estudio realizado por la Universidad de los Andes con el apoyo del BID, en 2017, este modelo de intervención es rentable en un tiempo de 31 meses, lo que implica que se produce un beneficio social costo-efectivo y que aumenta exponencialmente a partir del segundo año y medio de la intervención.
En la Juanfe también se cuida de los niños de las madres que se están formando. En su centro infantil de desarrollo integral, se atiende semestralmente a unos 120 bebés. Ahora han ampliado una decena de plazas para hijos de madres venezolanas o colombianas que han regresado de la crisis del país vecino. En el centro trabaja Yorelis Figueroa. Tiene 26 años. Fue beneficiaria de la Juanfe, después de quedarse embarazada a los 16 años. Aquí se formó como técnica de atención a la primera infancia. Y desde entonces, no ha vuelto a quedarse embarazada. “Tengo aún muchas metas. Entre ellas, la de seguir estudiando. Me gustaría ser una investigadora judicial”. A Yorelis le motiva poder ayudar a esclarecer y prevenir casos de violencia y abuso. “He visto muchos en estos barrios, y me duele ver a mujeres en situación tan vulnerable”.
La fundación atendió a 30 casos de abuso sexual en un solo semestre del pasado año, comenta Eunice. “Las víctimas son niñas de entre 9 y 11 años. Un 2% han tenido un embarazo, resultado del abuso. Otro dato alarmante, en este último año es que se ha disparado la atención a personas con tendencias suicidas, muchas veces, a causa de la violencia intrafamiliar”. Es un trabajo difícil, pero Eunice afirma que, en este contexto, “lo difícil es ser indiferente”. Ella tiene un compromiso personal que parece un lema de muchos que trabajan en esta fundación: “No perder nunca la capacidad de asombrarse”.
La visita al centro se realizó antes de que las medidas de confinamiento con motivo de la pandemia se extendieran en Colombia. “La pobreza en el país se está agravando y se empieza a ver la desesperación”, afirma Catalina Escobar. Toda la actividad de la Juanfe se está desarrollando ahora de manera virtual. “El personal docente se ha reinventado y continúa con su labor para que las alumnas sigan las clases. Por ello hemos distribuido smartphones para garantizar la conexión. Hay 3.000 personas más 100 empleados que dependen de la Juanfe. Nuestra prioridad ahora es que a ninguna de las jóvenes que atendemos, muchas en condiciones extremas de pobreza, no les falte un plato de comida en la mesa”.
Fuente e imagen tomadas de: https://elpais.com/elpais/2020/03/23/planeta_futuro/1584958428_459337.html
Entrevista/21 Mayo 2020/Autor y fuente: Semana educación
En diálogo con SEMANA, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, explicó cómo se garantiza la educación de estudiantes que no tienen computador o internet, cuándo se retomarían las clases presenciales y las ayudas del Gobierno para las crisis de colegios y universidades.
Desde el pasado 16 de marzo más de 10 millones de estudiantes no van a los colegios, las carreras presenciales de las universidades se deben hacer virtualmente y la incertidumbre entre padres, universidades, colegios y estudiantes es latente.
A pesar de los esfuerzos del Gobierno por dar continuidad a la educación por medio de diversas plataformas, la preocupación persiste. En la educación superior prevén una disminución del 50 por ciento en las matrículas, el 80 por ciento de padres no pudieron pagar la pensión del colegio en abril y aún es incierto cuándo reabrirán las instituciones.
M.V.A.: El Ministerio de Educación, en articulación con el Ministerio de Salud, está evaluando las condiciones y evolución de la pandemia de la covid-19 en el país y su comportamiento diferente entre los territorios. Por ahora el trabajo académico en casa está definido hasta el 31 de mayo y las orientaciones que se brinden para la continuidad del calendario académico estarán enfocadas a permitir los logros de aprendizaje previstos para el año escolar, pero también de una prestación del servicio con adecuadas condiciones de protección de la salud de la comunidad educativa que está integrada por estudiantes, maestros y familias. En otras palabras, como sector propendemos por la garantía del derecho a la educación bajo condiciones de mitigación y prevención de los efectos de salud pública que ha generado la covid-19 y por ello debemos actuar bajo las orientaciones que la emergencia sanitaria nos indique. En próximos días el presidente Iván Duque compartirá con los colombianos la estrategia que se ha venido trabajando de la mano del Ministerio de Salud y que recoge también las dinámicas regionales.
SEMANA: Al momento, ¿qué balance hace de la estrategia de educación en casa? ¿Se ha podido dar continuidad a la educación de más de 8 millones de niños de colegios públicos?
M.V.A.: El Gobierno ha estado actuando con oportunidad y responsabilidad para permitir que el sector educativo continúe garantizando el derecho a la educación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Un desafío de gran magnitud que requiere del trabajo de todos. Desde la declaratoria de emergencia sanitaria, el Ministerio de Educación viene implementando un trabajo sinérgico con la comunidad educativa para proteger la salud de estudiantes, docentes y padres de familia y continuar con el servicio educativo en el marco de la flexibilización curricular.
Dentro de las medidas tomadas durante estas nueve semanas se pueden señalar la reorganización del calendario académico, el desarrollo de contenidos de apoyo al proceso de estudio en casa como el portal Aprender Digital: Contenidos para todos, la programación educativa de más de 12 horas dentro de la cual se destacan los programas Edu Acción 1, 2, 3 y Profe en tu casa, y la alianza Mi señal con canales locales y emisoras comunitarias, con una completa programación para apoyar el trabajo en casa de estudiantes y docentes, con especial énfasis en llegar a la ruralidad. Sumado a lo anterior, se han asignado 400.000 millones de pesos para la adquisición de guías, talleres, textos y, en general, material de apoyo pedagógico; también recursos al Programa de Alimentación Escolar para garantizar un complemento alimentario en el periodo de la educación en casa. En alianza con MinTIC se logró la entrega de 83.345 computadores que llegarán a 750 sedes educativas, ubicadas en 291 municipios, y medidas que permitan el acceso en teléfonos móviles a contenidos digitales sin consumo de planes de datos. Seguimos avanzando también para definir estrategias que apoyen la conectividad y el acceso a contenidos digitales en los hogares más vulnerables.
SEMANA: ¿Cómo se trabajó para capacitar a los docentes de las diferentes regiones de cara a esta coyuntura?
M.V.A.: Haciendo el balance en el ámbito de las Secretarías de Educación departamentales, distritales y municipales, se dio inicio a través de sus establecimientos educativos al trabajo académico en casa con los estudiantes, aplicando estrategias pedagógicas flexibles que prepararon los maestros durante las dos semanas de desarrollo institucional destinadas para ello. Este proceso de trabajo académico en casa se inició el 20 de abril y en algunos casos las Secretarías de Educación y sus establecimientos educativos definieron condiciones de gradualidad asociadas a tiempos de desplazamiento del material impreso de apoyo pedagógico, cuando las condiciones de ruralidad dispersas u otras lo hacían necesario. El Ministerio de Educación acompaña y orienta permanentemente a las Secretarías de Educación en la toma de decisiones para implementar estrategias dirigidas a garantizar atención educativa para la totalidad de los estudiantes matriculados. De acuerdo con la información recibida de las Secretarías de Educación de las entidades territoriales certificadas, para el periodo entre el 20 al 30 de abril los establecimientos educativos posibilitaron el trabajo académico en casa de los estudiantes mediante la combinación de las siguientes herramientas: el 55,8 por ciento con apoyo de material impreso (guías, talleres, textos), el 23,2 por ciento con apoyo de programas de radio y televisión y el 21,1 por ciento con apoyo de plataformas digitales.
SEMANA: ¿Qué ha pasado en los municipios donde la mayoría de estudiantes no tienen ni computador, ni conexión?
M.V.A.: El Ministerio de Educación, reconociendo las particularidades de los territorios, ha orientado a las Secretarías de Educación para que organicen con rectores, directores rurales y docentes el diseño e implementación de estrategias pedagógicas flexibles que respondan a la realidad del país, donde un número importante de escuelas y hogares están ubicados en zonas sin acceso a internet o sin acceso a computadores.
Durante dos semanas de desarrollo institucional, las Secretarías de Educación coordinaron con los establecimientos educativos la planeación de estrategias flexibles para que los niños sin acceso a estos medios tecnológicos o sin conectividad a internet pudieran adelantar su actividad pedagógica. Para este fin, se utilizan guías y talleres pedagógicos y se aprovechan los recursos del Canal Institucional y de la Radio Nacional de Colombia. Desde el 16 de marzo se dispuso de más de 80 recursos para toda la comunidad educativa; así mismo, se orientó el préstamo de textos de la biblioteca escolar y textos de lenguaje y matemáticas del Programa Todos a Aprender (PTA).
SEMANA: ¿En qué se ha avanzado para ayudar a esos hogares con computadores y conectividad?
M.V.A.: En alianza con MinTIC, se lanzaron el pasado 15 de abril tres estrategias que buscan apoyar a los hogares más vulnerables del país. La primera facilita el acceso de conectividad a docentes, padres de familia y estudiantes de zonas rurales y urbanas a través de navegación gratuita (sin consumir datos) en la versión móvil de la Plataforma Aprender Digital Colombia Aprende (https://movil.colombiaaprende.edu.co/). Este servicio se habilita para usuarios con telefonía móvil (voz y datos) en la modalidad de prepago y pospago de hasta $ 71.214 (dos UVT). La segunda estrategia es el programa Hogares Digitales para la Educación, con el cual se hace un llamado a los estudiantes que vivan en hogares de estratos 1 y 2 para que revisen quién presta el servicio en su municipio y llamen para adquirirlo. En la página web del Ministerio TIC (www.mintic.gov.co) se encuentra la lista de los operadores y los municipios que se verán beneficiados por esta iniciativa, la cual se extenderá hasta 2024.
La tercera iniciativa permitió que Computadores para Educar realizara la entrega de 83.345 computadores con contenidos educativos precargados y que, por tanto, están disponibles con o sin conectividad. Su distribución se inició la primera semana de mayo para docentes y estudiantes de los grados 10 y 11 de zonas rurales y urbanas. Con esta estrategia se benefician niños, niñas y adolescentes de 750 sedes educativas del país.
SEMANA: ¿Cómo se garantiza la permanencia de los estudiantes en el proceso educativo y que no aumente la deserción escolar?
M.V.A.: La permanencia escolar es uno de los mayores retos que asumimos como nación en el marco de la emergencia sanitaria, económica y social a causa de la covid-19. La multicausalidad de este fenómeno exige una acción integral de toda la comunidad educativa para evitar el abandono escolar. En este contexto, el Ministerio de Educación ha venido adecuando estrategias que inciden en la permanencia y prevención de la deserción en los diferentes etapas de atención a la emergencia sanitaria, desde las disposiciones de jornada escolar, el trabajo pedagógico en casa y la planeación del retorno de los estudiantes a las aulas. Dentro de las estrategias para el sector oficial se cuenta con material de apoyo pedagógico para el proceso de aprendizaje en casa. También se realizó la adecuación del Programa de Alimentación Escolar para que entregue complementos alimentarios para consumo o preparación en sus hogares, medida concreta que se adoptó y se implementó desde el pasado 25 de marzo.
Para procurar la permanencia en el sector educativo no oficial (jardines y colegios privados), además del material de apoyo pedagógico y las estrategias de radio, televisión y digitales, se estableció una línea de crédito condonable con condiciones favorables dirigida a los padres de familia que lo requieran para el pago de las pensiones de sus hijos, además de una línea de crédito para establecimientos educativos que requieran recursos para cubrir gastos de su operación.
SEMANA: ¿Le preocupa el impacto en la calidad que pueda generar esta situación?
M.V.A.: Se está trabajando con el Icfes para llevar a cabo una estrategia que permita identificar los desarrollos logrados por los estudiantes en el periodo de la contingencia y de esta manera formular, de ser necesario, planes de nivelación que permitan trabajar de manera focalizada en los desarrollos que se requiere fortalecer, respetando los ritmos de aprendizaje de los estudiantes. Esta estrategia contempla la posibilidad de identificar esas proridades y un acompañamiento institucional para la formulación de los planes de nivelación. Esta es una gran oportunidad de fortalecer e innovar en el sistema educativo. Así mismo, convoca a las familias a estar más cerca de los procesos de aprendizaje de sus hijos y nos llama a las autoridades del sector educativo a trabajar en equipo para gestionar el cambio, entender desde la creatividad y la innovación cómo promover aprendizajes y experiencias que en este nuevo contexto acompañen a niños, jóvenes y maestros en los procesos de enseñanza-aprendizaje y en el manejo de las emociones.
SEMANA: El Gobierno anunció una serie de medidas para aliviar al sector de educación. ¿De qué se tratan?
M.V.A.: Las medidas anunciadas están orientadas a brindar apoyos financieros a instituciones educativas privadas (jardines y colegios), padres de familia, estudiantes, Instituciones de Educación Superior públicas y privadas e Instituciones de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano para mitigar la deserción y fomentar la permanencia en el sector educativo. Estas medidas son:
La expedición del Decreto 631 del 8 de mayo de 2020 que contempla los subsidios de nómina, dirigido a jardines, colegios e instituciones de educación superior. Mediante Decreto 662 del 14 de mayo se creó el Fondo Solidario para la Educación con recursos por más de 217.000 millones de pesos a través del cual se crea una línea de crédito condonable para padres de familia o acudientes destinada al pago de pensiones de jardines y colegios privados, se destinan recursos de apoyo a la financiación de un porcentaje del valor de la matrícula de los estudiantes prioritariamente de estratos 1 y 2 de las Instituciones de Educación públicas y se crea una línea de créditos condonables para la financiación de la matrícula o sostenimiento de los estudiantes con mayor condición de vulnerabilidad de las Instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano.
La ampliación del plan de alivios Icetex está concentrada en incrementar el número de estudiantes y contempla beneficios de disminución de intereses, período de gracia hasta diciembre de 2020, ampliación de plazos de amortización y nuevos créditos sin codeudor.
Se establecen líneas de crédito por $2,5 billones, compuestos por:
$1 billón para jardines y colegios privados que permitirán cubrir hasta el 90% de la nómina, con un respaldo de la Nación del 80%, un periodo de gracia de 6 meses y un plazo de pago entre 12 meses y 36 meses.
$1,5 billones para Instituciones de Educación Superior-IES se destinarán a cubrir hasta el 90% de la nómina, con garantía de la Nación del 80%, un periodo de gracia de pago de capital y un plazo establecido según ingresos de las instituciones.
$200.000 millones a través de Findeter con tasa de interés subsidiada por el Ministerio de Educación, con el fin de apoyar financieramente a las IES para que ejecuten esquemas de apoyo a los estudiantes de pregrado en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica.
SEMANA: ¿Cómo pueden las universidades, colegios y jardines acceder a estas líneas de crédito y fondos solidarios?
M.V.A.: A partir de la otra semana comunicaremos al sector las condiciones de cada línea de crédito y demás requisitos para que padres de familia, estudiantes, jardines y colegios privados, Instituciones de Educación Superior públicas y privadas e Instituciones de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano puedan disponer a la mayor brevedad de los recursos que el Gobierno ha dispuesto.
SEMANA: ¿Qué tantos estudiantes se han acogido a las medidas de amortización del Icetex y al momento cuántos han manifestado interés de renovar el crédito de cara al segundo semestre?
M.V.A.: Hasta el momento desde la expedición del Plan de Auxilios el Icetex ha recibido 61.403 solicitudes, de los cuales 60.087, que corresponden al 98 por ciento, han sido aprobadas y aplicadas:
Los 60.087 beneficiarios se distribuyen así según el auxilio otorgado:
28.066 disfrutan del auxilio de período de gracia.
22.707 disfrutan del auxilio de ampliación de los plazos de pago.
9.314 se acogieron a la interrupción transitoria de la tasa de interés.
Adicionalmente con el fortalecimiento del plan de auxilios a través del Fondo Solidario para la Educación se espera otorgar a más de 150.000 jóvenes estos alivios financieros.
El presidente Duque anunció que estos establecimientos escolares seguirán en modo virtual y explicó hasta qué fecha permanecerán así.
Este martes, el presidente Iván Duque anunció que el aislamiento obligatorio por el coronavirus se mantendrá como está hasta el 31 de mayo.
El mandatario también hizo un importante anuncio con respecto a los colegios y universidades que han mantenido cerradas sus instalaciones desde que empezó la pandemia, obligando a los estudiantes a seguir su proceso de aprendizaje de manera virtual.
MinEducación
✔@Mineducacion
Atención los estudiantes de preescolar, básica, media y educación superior continuarán en aislamiento preventivo para #AprenderEnCasa durante los meses de junio y julio. Así lo anunció el presidente @IvanDuque en el programa #PrevenciónYAcción
Con respecto a los centros educativos, el presidente dijo que seguirán cerrados durante los meses de junio y julio.
«Colegios y universidades, en lo que tiene que ver con prescolar, básica y media, seguiremos con estudio o trabajo en casa. En junio y julio nos mantenemos en casa; lo propoio pasará en las universidades», dijo Duque.
Sin embargo, el mandatario dio una buena noticia a los estudiantes universitarios al decir que los laboratorios tendrán«espacios de recuperación con los respectivos protocolos».
«A partir del mes de agosto vamos a recuperar presencialidad en un modelo de alternatividad», dijo el presidente.
La ministra de Educación, María Victoria Angulo, dijo que se ha trabajado con las autoridades locales para ver cómo avanza la pandemia.
«En los colegios públicos estableceremos trabajo en casa y los ajustes que sean necesarios para que desde el mes de agosto tengamos el modelo de alternancia, que significa presencialidad y algunos días de trabajo en casa», dijo Angulo.
«Tenemos que tener en cuenta los grupos y horarios, el transporte, los horarios y la dinámica de cada municipio», agregó.
Con respecto a los colegios privados, dijo que los de calendario B están por terminar su año escolar y lo harán con trabajo en casa, y cuando inicien el nuevo año tendrán el modelo de alternancia.
MinEducación
✔@Mineducacion
En el programa #PrevenciónYAcción, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, explicó a los colombianos las medidas que el sector educativo adoptará a partir del 31 de mayo, en el marco del aislamiento preventivo y la emergencia sanitaria por el Covid-19.
En cuanto a los de calendario A, Angulo explicó que van a seguir el modelo de los colegios públicos, es decir de modo virtual de junio a julio, y abren en agosto paulatinamente.
En educación superior se van a activar los laboratorios, pero antes se definirá un comité para establecer los protocolos necesarios de acuerdo con cada entidad territorial.
El segundo semestre del año las universidades tendrán presencialidad asisitida por tecnología, dependiendo de la necesidad de uso de esta.
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