América del Sur

Argentina/26 de mayo de 2016/ Fuente: Ushuaia. Enviado Especial/clarin Tierra del Fuego

Unos 35 mil alumnos de escuelas fueguinas perdieron hasta más de 2 meses de clases por una disputa gremial, en la huelga de maestros más extensa en la historia del país. Hoy habrá otra jornada de protesta.

Makeda (8) empezó las clases el 24 de mayo: justo para el acto del Día de la Patria. Alexis (8), en cambio, arrancó hace dos semanas. Alejandro (7) empezó hace tres, pero hasta ahora solo tuvo 6 días: al tercer día de reincorporarse, la maestra avisó que volvía al paro. Jainén (9) puede considerarse una privilegiada: está yendo a la escuela hace un mes. Ellos no son compañeros pero tienen dos cosas en común: viven en Ushuaia y «asisten» a escuelas públicas. Son quizá las voces menos escuchadas de un conflicto que parece un diálogo de sordos entre el gobierno provincial de Rosana Bertone y varios gremios estatales, entre ellos SUTEF, que nuclea a los docentes.

Aunque esta semana terminaron de reincorporarse la mayoría de los maestros, aún quedan más de 500 alumnos sin clases en Tierra del Fuego, en medio de un paro que ya cumplió 86 días. En las escuelas empieza a aminorar el impacto de una medida de fuerza histórica por su duración –es la huelga docente más larga de la que se tenga memoria en Argentina–, pero aún está lejos de cerrarse el conflicto entre los gremios y el gobierno fueguino por la reforma del sistema jubilatorio (ver aparte). Para hoy está prevista una nueva jornada de paro. Los docentes consultados por Clarín reconocieron que, si bien muchas familias apoyaron las medidas al principio, con el paso de las semanas fue creciendo entre los padres la indignación por la falta de clases.

La mayoría de los 35 mil alumnos de las escuelas públicas perdieron al menos 30 días. Ningún fueguino quedó ajeno al conflicto, al menos en Ushuaia, donde las protestas se sintieron con más fuerza que en Río Grande y Tolhuin. Algunos padres se organizaron para impulsar un proyecto que declare la educación como “servicio público de importancia trascendental”, lo que habilitaría una regulación del derecho a huelga con el fin de “garantizar el derecho a la educación”. Estos padres “auto convocados” lanzaron el lunes pasado una iniciativa popular: necesitan 9.600 firmas para forzar a la Legislatura a tratar el proyecto. Aseguran que, a una semana de haber empezado, ya tienen la mitad.

Este viernes el Ministerio de Economía provincial envió una circular a los directores intimándolos a que informen qué docentes adhirieron al paro: quien no lo haga deberá responder con su patrimonio. “Vamos a sumariar a los directores que no informen sobre la situación del personal docente. Están obligados por el estatuto”, explicó el ministro de Educación, Diego Romero. Mientras tanto, el gobierno ya empezó a descontar los días de paro a los maestros que adhirieron a las medidas.

Antes había emitido una resolución para obligar a vicedirectores, secretarios y auxiliares a ponerse frente a los cursos que siguieran sin clases. Sin embargo, esto ya era una práctica frecuente en varias escuelas: “Cuando falta un docente, es habitual que el directivo vaya a dar clases”, contó Hebe Campione, directora de la Escuela N° 13 de Ushuaia, donde todos los grados están con clases desde hace un mes. En estos meses, sin embargo, la escuela se vio afectada también por problemas edilicios, falta de calefacción y ratas en el comedor.

A fines de abril el gobierno provincial lanzó el “Programa de Recupero del Derecho del Alumno a Aprender”, que consistió en una “convocatoria extraordinaria” para tomar cargos docentes de modo temporario, hasta el 31 de julio. SUTEF repudió la medida por considerarla “rompehuelgas” y porque “avasalla los derechos de los docentes y rompe la carrera profesional”, ya que esos cargos deberían asignarse por concurso, afirmó Marcela Zas, secretaria general de SUTEF Ushuaia.

Las tensiones cruzadas entre familias, docentes, gremios y autoridades derivaron en una imagen inquietante: hay policías rotando por las escuelas. Desde el Ministerio aseguran que es una respuesta a “episodios de violencia” que se registraron en algunas instituciones y a “intentos de boicot” para que las escuelas cerraran sus puertas.

Aún no arrancaron las nevadas en Ushuaia pero el frío se siente, sobre todo en las primeras horas de la mañana, cuando aún es de noche y los chicos entran al colegio. En la Escuela N° 3, el viernes pasado fue el primer día con todos los docentes en su puesto: de los 24 maestros, solo dos habían iniciado las clases el 1° de marzo. “Este lunes tuvimos que suspender porque estábamos sin calefacción”, contó el director, Marcelo Flores, cuya oficina sigue helada, igual que otras dos aulas de 5° grado donde la calefacción no funciona y el caloventor donado por la cooperadora apenas da abasto. En estos meses, lo único que siguió funcionando normalmente en la escuela fue el comedor, que atiende a unos 40 chicos de familias de bajos recursos: ellos iban al colegio, almorzaban y luego volvían a sus casas.

En las escuelas ya están trabajando en la adecuación de contenidos, porque saben que no van a llegar a dar todos los temas de la currícula. “Estamos definiendo los contenidos prioritarios, con la idea de que los docentes se enfoquen en eso”, aseguró Flores. Además, se eliminaron del calendario escolar las jornadas institucionales y capacitaciones, para no seguir perdiendo días de clase. Desde el ministerio no descartan sumar jornadas de trabajo los sábados. Mientras tanto, las derivaciones del conflicto aún parecen imprevisibles.

Una disputa por las jubilaciones

El origen del conflicto entre el gobierno de Rosana Bertone (FPV) y los empleados estatales y jubilados es la reforma del régimen previsional fueguino.

En 2006, el “régimen de los 25 inviernos” había autorizado jubilaciones sin límite de edad, con el requisito de tener 25 años de aportes. Pero el 8 de enero, el gobierno aprobó un paquete de leyes que subieron la edad jubilatoria a 60 años. Además, el haber jubilatorio dejó de calcularse como el mejor sueldo de los últimos 24 meses laborales, y pasó a ser el promedio de los últimos 10 años. Desde ese día, la Legislatura no volvió a sesionar.

Acampe. De la Unión de Gremios frente a la casa de gobierno.

La aprobación de la reforma desató un conflicto de 86 días que incluyó un corte de ruta nacional, el bloqueo a la planta de combustible Orión seguido de represión, un acampe de la Unión de Gremios que aún se mantiene frente a la casa de gobierno, y denuncias cruzadas de agresiones a funcionarios y a docentes, además de 5 sindicalistas procesados. Los gremios exigen la derogación de las leyes. El gobierno pide que se levante el acampe. El diálogo, mientras tanto, está estancado.

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Las familias, ante la adversidad

Encierro, ansiedad y hasta un “cuaderno de casa”

Frente a un conflicto que dejó a sus hijos sin clases durante más de dos meses, las familias afrontaron la situación como pudieron. Andrea Ybarra les dio clases a sus hijos en casa, y los llevó con ella al kiosco donde trabaja: no tenía con quién dejarlos. Ella es una de los padres “auto convocados” que juntan firmas para que la educación sea declarada “servicio público de importancia trascendental”. Inés Condorí, por su parte, decidió contratar una profesora particular. Sergio López tuvo que paralizar la ampliación de su casa y, aunque trabaja como chofer, se encontró dándole clases a su hijo con material de Internet. Gabriela Fernández inventó el “cuaderno de casa” para sus nenes, y se dedicó, como otros padres, a hacer “guardias” en la escuela “para saber qué estaba pasando”. Elisa Sena reconoce que, con tanta incertidumbre, sus chicos “empezaron a presentar síntomas de ansiedad”. Ellos se contactaron por medio de las redes a partir de un pedido: “Que se respete el derecho a la educación”. Dicen que no se oponen a los reclamos de los estatales sino a las “medidas excesivas”. Muchos son ex alumnos de escuelas fueguinas: aseguran que en su época no había casi huelgas, pero que en los últimos años “el paro se naturalizó y es moneda corriente”.

Autoconvocados. Un grupo de padres, con sus hijos, reclaman leyes para garantizar el dictado de clases.

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El testimonio de los docentes en conflicto

“Volvimos al aula, pero no bajamos los brazos”

Pablo Ortiz es maestro de 6° grado y Delia Barroso, de 5°. Los dos enseñan en la Escuela N° 16 de Ushuaia y son delegados de SUTEF. Tras 80 días de paro, regresaron al aula el jueves pasado. Pablo ya avisó a las familias que hoy, a una semana de volver, adherirá otra vez al paro. “Los padres están preocupados por el estudio de los chicos pero no se enojan con nosotros porque saben que el reclamo es justo”, asegura. Delia ratifica: “Volvimos al aula para dignificar nuestra profesión desde la lucha. No bajamos los brazos”. Pablo y Delia explican que las leyes aprobadas en enero perjudica a los docentes por la fijación de la edad jubilatoria en 50 años y el nuevo modo de calcular el haber (ver Una disputa…). Dicen que el Ministerio “puso al frente de cursos a docentes sin título” y que se está forzando a los estatales y jubilados a pagar la deuda que el propio gobierno tenía la entidad que reúne la caja previsional y la obra social provincial. La Unión de Gremios juntó 22 mil firmas contra las leyes del 8 de enero, pero denuncian que fueron “cajoneadas” por la justicia.

Maestros. Ortiz, Barroso y Bachela. “Los padres no se enojan porque saben que el reclamo es justo”, dicen.

Fuente: http://www.clarin.com/sociedad/Miles-chicos-sufrieron-docente-conflicto_0_1583241839.html

Imagen:  http://images.clarin.com/sociedad/Inicio-Ushuaia-Tierra-Fuego-Escuela_CLAIMA20160525_0345_17.jpg