América del Sur

El pasado 21 de noviembre el pueblo colombiano salió masivamente a las calles, en proporciones nunca antes vistas, en aproximadamente la totalidad de las ciudades del país desde la Guajira hasta Leticia, desde Buenaventura hasta Cúcuta en contra del denominado paquetazo de Iván Duque, la OCDE, BM y FMI.

En Colombia se vive un proceso de disputa entre las clases subalternas y el gobierno nacional, en el cual el gobierno quiere imponer, incluso a sangre y fuego, sus políticas y visión de sociedad, en la que: 1) La sociedad es subordinada a las relaciones del mercado neoliberal; 2) El pueblo debe mantener una dinámica estoica, aletargada y diligente; 3) Se prioriza el capital y los privilegios de clase por encima de la vida y la dignidad; 4) Se cercena la diferencia y se aniquila al diferente; 5) Se conserva el maniqueísmo, el odio y la exclusión como fuente de poder; y, 6) se debe callar ante el sonido aturdidor de una Colombia que se desmorona.

Estas dinámicas que en Colombia y en gran parte de Nuestra América han sobrevivido desde la colonia, que se han reproducido desde la independencia y que se han intensificado en la etapa neoliberal debido a la relación directa con el imperio estadounidense, han conllevado a que nuestro continente sea uno de los más desiguales del mundo y que Colombia se posicione como el segundo país más desigual en todo el continente americano y se encuentre entre los 10 países más desiguales del planeta. (Monterrosa, 2017)

Esta desigualdad se concreta como una violencia directa contra el pueblo colombiano y se sustenta ante el aumento indiscriminado de la explotación, despojo, opresión y exclusión que se materializa por medio de una clase capitalista con características feudales y violentas, la cual se ha enquistado históricamente en las estructuras del Estado colombiano. Estado que según algunas instituciones es la democracia más antigua de América Latina, siendo para estas instituciones democrático el genocidio como práctica social, la exclusión de la política del 99% del pueblo colombiano, la desigualdad como gestión gubernamental, y la desidia y el odio como piedra angular del relacionamiento social y económico.

Teniendo en cuenta esta breve introducción de las relaciones reinantes en Nuestra América y en nuestro país Colombia, hemos observado en los últimos meses un grito de ¡Basta ya! frente a tanto odio, a la exclusión política y social, a la política de guerra, a un sistema que beneficia al 1% de la sociedad, al racismo, al patriarcado, al sexismo, y al ecocidio como modelo de desarrollo, entre otras características funestas impuestas por medio de la violencia en nuestro territorio.

Bajo el Gobierno de Iván Duque, y su regente Álvaro Uribe Vélez, se ha atestiguado el aumento exponencial de la violencia en el país con aproximadamente 746 líderes y lideresas sociales asesinadas entre el año 2009 y junio del presente año, con un aumento, solo en 2019, del 75% de la violencia contra las lideresas y líderes sociales en el país. (La opinión, 2019) Estos asesinatos y amedrentamientos son resultado de la puesta en marcha de una política gubernamental de guerra y en contra de la consolidación de la implementación de los Acuerdos de Paz.

La violación de los derechos humanos es una constante presente por parte del gobierno colombiano. Se vive en una constante zozobra debido a que la persecución a la oposición política es un pilar de la gestión del gobierno, al igual que la criminalización de la protesta aún cuanto es un derecho fundamental pero que se ha pretendido limitar por medio de su regulación legal, lo que se anuda a un contexto en el que se deslegitima todo proceso social, político y comunitario, y se pretenden invisibilizar, por medio del control de los medios masivos de comunicación y su relación directa de clase.

Un ejemplo de la violación permanente de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario es el caso denunciado ante el Congreso de la República en desarrollo de la moción de censura que se pretendía contra el exministro de Defensa Guillermo Botero, en donde se evidenció el asesinato de entre 8 y 18 niños y niñas en un bombardeo por parte del Ejército en la zona rural de San Vicente del Caguán en el departamento del Caquetá. Niños y niñas que fueron presentados como bajas en combate lo que trajo a la memoria del pueblo colombiano los casos de ejecuciones extrajudiciales del período 2002-2008 mal llamados Falsos Positivos. Un caso que sigue siendo rechazado después de conocer que según los relatos de los habitantes de la zona los menores que quedaron con vida fueron perseguidos y acribillados vilmente por las fuerzas militares. (Unidad Investigativa, 2019) Este bombardeo contó con el visto bueno del entonces Ministro de Defensa y del presidente Iván Duque.

Ante esta deplorable operación militar, el pueblo colombiano manifestó su total inconformidad que se evidenció en una presión pública por la cual el Ministro de Defensa presentó su renuncia, siendo homenajeado, reconocido y honrado por parte del Presidente Duque ante sus buenos oficios para el país, una total ironía. Este es uno de los cientos de casos donde se evidencia que el gobierno tiene un papel directo e indirecto en la violencia que asola el país.

Así mismo, las políticas económicas del gobierno de Iván Duque han desembocado en el empobrecimiento de las clases subalternas donde se privilegia los intereses de las élites económicas por encima de las necesidades de un país con grandes brechas sociales y con latentes necesidades de un gasto público que represente un mayor bienestar y satisfacción plena de los derechos económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales en el país (Gómez & Galindo, 2019).

Y, como si no fuera poco, con el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y la Ley de Financiamiento, el gobierno en manos de sus ministerios y en comunión con los tanques de pensamiento del gran capital colombiano como FEDESARROLLO y ANIF, entre otros, han delineado las nuevas reformas laborales, pensionales y de administración del erario público que van en detrimento de los derechos y dignidad del pueblo colombiano.

En la propuesta de reforma laboral entre otras características encontramos la flexibilización y desregulación del mundo del trabajo con la incorporación del trabajo por horas, la reducción de un 25% del salario a los menores de 28 años; y, la eliminación de las horas extras, de los recargos nocturnos y festivos, y de los intereses de las cesantías.

Así mismo, la reforma pensional pretende el aumento de la cotización y la edad para pensionarse, la eliminación del régimen de prima media pública y el traslado de las cargas de cotización desde el empleador hacia el empleado, entre otras dinámicas totalmente regresivas que solo benefician al gran capital y al capital financiero, y sumen al pueblo colombiano a una mayor tasa de sobreexplotación del trabajo (Semanario Voz, 2019).

Otra política totalmente onerosa es la consolidación del Holding Financiero, que traslada la discrecionalidad de la administración de las empresas estatales desde el Estado a un órgano autónomo y determinado por las necesidades privadas que conlleva el tránsito hacia la privatización de estos con el fin de impulsar las Asociaciones Público-Privadas que no es más que la entrega de los dineros público al gran capital.

Ante esta arremetida de reformas neoliberales en el país, el incremento de la violencia, la criminalización y la estigmatización de los procesos sociales y, el incumplimiento permanente a los acuerdos con estudiantes, campesinos e indígenas se consolidó el Paro Nacional del pasado 21 de noviembre con el fin de exigir el cumplimiento pleno de los acuerdos económicos, la implementación de los Acuerdos de Paz, el rechazo ante cualquier reforma económica regresiva y la construcción de una economía enfocada en el bienestar de la sociedad, entre otras demandas totalmente legítimas y que han desembocado en una movilización permanente, crítica y que ha puesto en el foco los enemigos del pueblo colombiano como es el gobierno de Iván Duque, y las Instituciones Financieras Internacionales como son el FMI, el BM y la OCDE.

El pasado 21 de noviembre el pueblo colombiano salió masivamente a las calles, en proporciones nunca antes vistas, en aproximadamente la totalidad de las ciudades del país desde la Guajira hasta Leticia, desde Buenaventura hasta Cúcuta en contra del denominado paquetazo de Iván Duque, la OCDE, BM y FMI.

Esta masiva movilización no solo puso de manifiesto el hastío por las políticas neoliberales del gobierno de ultraderecha que vive Colombia; sino que fracturó el poder de las élites colombianas al superar el miedo con la esperanza, al gritar a toda voz el anhelo de una sociedad en paz y con justicia social, al fijar como objetivo de transformación a esa estructura económica que determina la violación generalizada de los derechos en el país; es sin lugar a dudas el despertar de una sociedad que ha sido reprimida históricamente, una fuerza incontenible por la dignidad.

Este despertar y comunión entre las clases subalternas en el país supero la movilización del 21 de noviembre y ha planteado la continuidad con movilizaciones pacíficas, cacerolazos, plantones, dinámicas culturales, entre otras actividades que han quebrado el silencio, y han puesto al gobierno y sus élites económicas en actitud defensiva con la militarización de las ciudades y toques de queda, en donde se violan sistemáticamente los derechos humanos, y se ha llevado a cabo una intensificación de la violencia por medio del control de la protesta y su estigmatización por parte de los medios masivos de comunicación, la difusión del miedo con el fin de vender seguridad estatal, entre otras dinámicas hostiles y represivas que fermentan cada vez más la lucha popular.

El Gobierno de Iván Duque mantiene su postura indolente con el pueblo colombiano, mientras crece la indignación y movilización en el país pretende acabar con esta por medio de la violencia, una dinámica histórica en nuestra nación, y no por la vía del diálogo, aun cuando así lo haya manifestado en sus alocuciones presidenciales. Las redes de solidaridad, la visibilización de las problemáticas del país y la caracterización de los responsables aumentan minuto a minuto, la fiesta democrática se da en las calles y la politización que menguaba en algunos sectores en el país está mermando a pasos agigantados.

Lo de Colombia y gran parte de Nuestra América es un tiempo de esperanza, de amor y solidaridad en el que nos encontramos con el otro y otra para desde la diferencia construir una sociedad digna, justa, equitativa y en paz.

https://www.cadtm.org/Colombia-un-pueblo-que-exige-paz-justicia-social-y-dignidad

Referencias

Gómez , J., & Galindo, C. (4 de Noviembre de 2018). La ley de financiamiento: La ley del Embudo en Colombia. Obtenido de CADTM: http://www.cadtm.org/La-ley-de-financiamiento-La-ley-del-Embudo-en-Colombia
Gómez, J., & Galindo, C. (17 de Febrero de 2019). El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: Una hoja de ruta austeritaria de desarrollo en Colombia. Obtenido de CADTM: http://www.cadtm.org/El-Plan-Nacional-de-Desarrollo-2018-2022-Una-hoja-de-ruta-austeritaria-de
La opinión. (3 de Noviembre de 2019). Violencia contra líderes sociales aumentó en 75% en 2019. Obtenido de La opinión: <href=»#op»>https://www.laopinion.com.co/colombia/violencia-contra-lideres-sociales-aumento-en-75-en-2019-186481#OP
Monterrosa, H. (16 de Noviembre de 2017). Según el Banco Mundial, Colombia es el segundo país más desigual de América Latina. Obtenido de La República: https://www.larepublica.co/economia/segun-el-banco-mundial-colombia-es-el-segundo-pais-mas-desigual-de-america-latina-2570469
Semanario Voz. (9 de Noviembre de 2019). Paro nacional contra el paquetazo de Duque. Obtenido de Semanario Voz: https://semanariovoz.com/paro-nacional-paquetazo-duque/
Unidad Investigativa. (10 de Noviembre de 2019). Secretos del bombardeo que mató a 8 niños y cobró la cabeza de Botero. Obtenido de El Tiempo: https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/asi-fue-el-bombardeo-en-el-que-murieron-8-ninos-en-caqueta-432146</href=»#op»>