En esa ciudad situada a unos 760 kilómetros al sudeste de Lima permanecía cerrado el aeropuerto debido a diversos daños causados desde el sábado por manifestantes, quienes aún mantenían como rehenes a un número no precisado de trabajadores y policías, informó la empresa operadora Corpac en un comunicado.

También quedó suspendida la atención al público en todas las oficinas institucionales del departamento de Apurímac, cuyo personal deberá trabajar de manera remota, excepto en los casos del sector de salud y de las oficinas encargadas de ejecutar el presupuesto y liquidar haberes. El gobernador Baltazar Lantarón llamó a dirigentes y representantes de distintos sectores sociales a una mesa de diálogo «a la brevedad posible».

En Lima, el partido izquierdista Perú Libre convocó el domingo a una movilización desde la histórica Plaza San Martín, epicentro de las manifestaciones políticas en Perú. Lima siempre le dio la espalda a Castillo, un maestro rural y líder sindical sin contacto con las élites, mientras que las regiones andinas se han identificado con él desde las elecciones de 2021.

Por su parte, gremios agrarios y organizaciones campesinas e indígenas anunciaron un «paro indefinido» a partir del martes, sumándose a los pedidos de adelanto de elecciones y una nueva Constitución, según un comunicado del Frente Agrario y Rural del Perú. El colectivo, que agrupa a una docena de organizaciones, reclama además la inmediata liberación de Castillo y el cierre del Congreso.

Sesión escandalosa en el Congreso

Mientras tanto el Congreso buscaba este domingo examinar la marcha de las diligencias preliminares de la investigación fiscal sobre Castillo y quienes hasta el miércoles fueran su jefa de gabinete, Betssy Chávez, y su ministro del Interior, Willy Huerta. El Ministerio Público los indaga por los posibles delitos de rebelión y conspiración en relación al mensaje de Castillo en el que anunció el cierre del Parlamento y el establecimiento de un gobierno excepcional con suspensión de garantías constitucionales y toque de queda.

Al conocer la noticia del primer muerto en las protestas, varios congresistas empezaron a gritar a favor de las protestas y a jurar que la sangre del fallecido «jamás será olvidada», mientras se cruzaban comentarios entre las bancadas que no se alcanzaron a escuchar.

En ese clima caliente el congresista Pasión Dávila, del Bloque Magisterial, muy próximo al destituido presidente Castillo, le pegó una piña por la espalda al diputado Juan Burgos, del derechista Avanza País. Dávila volvió a su asiento y, minutos después, Burgos cruzó el salón del pleno y se dirigió a la carrera contra Dávila. Allí empezaron los forcejeos entre ambos, hasta que un numeroso grupo de congresistas lograron separarlos. La delicada situación derivó en la suspensión temporal de la sesión.

Esta es la primera sesión del Congreso tras la del miércoles pasado, cuando el Parlamento destituyó a Castillo con 101 votos a favor y solo seis en contra. La decisión fue adoptada poco después de que Castillo anunciara que iba a cerrar el Congreso, convocar un Ejecutivo de emergencia, gobernar por decreto, convocar una Asamblea Nacional y reorganizar el sistema de justicia.

«Plan maquiavélico»

El expresidente Castillo denunció desde la cárcel que el viernes y el sábado «un grupo de médicos camuflados y una fiscal sin rostro me obligaron a sacarme una muestra sin mi consentimiento», a lo que se negó «por seguridad y mi integridad». El viernes se dio a conocer que un equipo de médicos legales de la Fiscalía iba a visitar al expresidente para tomar muestras con el fin de realizar una prueba toxicológica para determinar si Castillo estaba bajo los efectos de alguna sustancia cuando pronunció el discurso por el que disolvió el Parlamento y estableció el estado de excepción.