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Trabajo y cuidado en el contexto de la situación país de Venezuela

Rose Mary Hernández Román

Por: Rose Mary Hernández Román

En Venezuela, los últimos hechos de violencia y abuso sexual dados a conocer, ha conllevado a que, junto al listón verde se inicie una campaña de protesta en las redes sociales con la etiqueta #LosNiñosYNiñasNoSeTocan.

Según datos publicados por el Ministerio Público (Fiscalía), durante los primeros 8 meses del año en curso, se contabilizan 718 denuncias de abuso sexual a menores de edad (niñas, niños y adolescentes), lo que representa una cifra elevada en comparación a 102 víctimas de este delito publicado por la Organización Cecodap en primer semestre de 2021.

En una mirada crítica, la situación estructural del país pasa a ser un escenario que propicia comportamientos aberrantes, de prácticas milenarias, siendo este fenómeno un problema de salud pública nacional y mundial, mantenidas en el tiempo, generando secuelas nefastas para las instituciones y las familias. Uno de los indicadores de  los altos índices de violencia suele cruzarse con la situación de pobreza, donde la mujer se enfrenta a múltiples formas de discriminación.

El tema de las sanciones y bloqueo económico a Venezuela, impuesto países dominantes, así como por las incongruentes políticas públicas aplicadas desde el gobierno a la clase trabajadora, tal como la Resolución 2792 del año 2018 y el instructivo de la ONAPRE, de mayo 2022, que especifica de manera arbitraria e ilegal los criterios para aplicar el incremento salarial decretado en el primer trimestre de este año, además de violar los Derechos Colectivos, deterioran cada vez más la estabilidad laboral, precarizando la vida, en especial de las mujeres, quienes en su mayoría son las proveedoras principales de los hogares.

La opulencia en la que ahora vive la nueva élite que gobierna cava aún más las brechas sociales, las desigualdades y carencias golpean fuertemente a diario a las familias, quienes deben hacer maromas para sobrevivir, entre otras cosas, con un salario mínimo o pensión por vejez  de 130 bs, que se corresponde a la fecha con 0,5 dólares por día al mes, cifra considerada por el Banco Mundial como pobreza extrema dado el valor monetario que representa el rango de ingresos.

En el caso de las y los docentes, los pagos mensuales no superan 80 dólares, mientras, la canasta básica está calculada superior a 358$ para el mes de septiembre del año en curso según CENDAS FVM, que es el Centro de Documentación y Análisis para las y los Trabajadores, sin entender entonces, por qué países con menor ingreso per cápita como Haití y México, o, Cuba con bloqueo económico de muchos más años que Venezuela, tengan salarios mínimos mayores para sus trabajadores y pensionados/as.

A diario toca ver cómo las y los trabajadores en servicio y,  al jubilarse, no gozan de un salario digno, tampoco cuentan con seguridad social posterior, no tienen HCM, los hospitales se encuentran sin insumos y con infraestructuras no aptas por falta de mantenimiento, resulta imposible pagar esparcimientos fuera de las ciudades donde se reside, medicinas, costear sus alimentos, cubrir con sus necesidades básicas, y, en la mayoría de las viviendas no se cuenta con servicios estables como agua, luz, internet y gas doméstico.

Esta realidad, sentida y gris, ha conllevado a que se tengan que redoblar o triplicar los esfuerzos para poder paliar parte de los gastos de sustento, por lo que ahora, además de las jornadas diarias de trabajo, las personas se dedican a actividades extras, asumen otros puestos de trabajos, mantienen relación dentro de la economía informal o, en otros casos, abandonan los empleos y emigran a otras tierras en búsqueda de mejores pagas.

Trayendo a este contexto un estudio de la Universidad Católica Andrés Bello  en el 2021, el índice de abandono escolar para el 2021 fue de 1,2 millones de estudiantes y, de abandono de docentes a sus cargos se ubica en más del 40% ambos casos ha sido por condiciones de pobreza. Estos números se consideran discretos. Por parte del gobierno, existe una opacidad en datos e información desde los Ministerios de Educación. La última Consulta Nacional por la Calidad Educativa la realizó el gobierno en el año 2014.

El grueso de quienes siguen en puestos de trabajo en la Administración Pública tienen una sobrecarga laboral, con ello, el tema del cuidado y de los cuidados se complica. Las cantidades de horas que a diario los adultos progenitores o responsables de las crianzas o cuidos pasan fuera del hogar, son razones para que nuestras niñeces, infancias, juventudes y personas dependientes de cuidado, se encuentren sólxs e indefensxs y, por tanto, su integridad puede ser más fácil de vulnerar. Los casos de violencia doméstica, violencia sexual, desnutrición, desescolarización, prostitución, drogadicción, alcoholismo, trabajo infantil, desincorporación a las actividades escolares han incrementado.

Hoy día, Venezuela es el 2do país con mayor número de emigrantes en el mundo, hecho que incrementa el caos en el tema de la atención y cuidados a quienes dependen del mismo. La ausencia temporal de las personas adultas en sus hogares, facilitan el acecho y la transgresión a la vida por parte de quienes se aprovechan de la soledad en al que se pueden encontrar las personas indefensas. Muchos de los actos de violencia y abuso sexual, infanticidios y feminicidios, son cometidos por familiares o parientes cercanos a quienes se les confía en algún momento el resguardo de personas.

¿Cómo avanzar ante estos nudos críticos?

Se está frente un gigantesco problema que corta la esperanza de vida y desdibuja la sociedad del Siglo XXI. Es un entramado perturbador que amerita con urgencia la intervención del Estado no solo con implicancias legales para quienes cometen delito de violencia, sino también para con sinceras políticas económicas en la distribución equitativa de las riquezas entre toda la población y, políticas educativas  feministas que permitan la reconstrucción del tejido social en el marco de los Derechos Humanos y a una vida libre de violencias.

Vale decir que, la justicia social en la lucha por la igualdad de oportunidades para acceder a empleos, salarios justos y equitativos es un tema recurrente en las Ciencias Sociales. Constituye un principio de la vida en común. Como principio social, requerimos construcciones de contextos donde se potencien las voces, nuestras voces, esas voces que no callan ante la indiferencia de quienes oprimen y ponen en filo el buen vivir, borrando con ello la paz de las mujeres y del Pueblo.

Referencias:

1,2 millones de estudiantes abandonaron la escuela en los últimos años, revela la UCAB

https://cronica.uno/abuso-sexual-y-maltrato-infantil-los-hechos-violentos-mas-publicados-en-la-prensa-durante-primer-semestre-de-2021/

https://www.swissinfo.ch/spa/venezuela-abusos_venezuela-contabiliza-718-denuncias-de-abuso-sexual-a-menores-en-ocho-meses/47919590

Informe de Coyuntura OVE: Inversión, salarios y condiciones de trabajo de los y las docentes en América (pdf): https://otrasvoceseneducacion.org/archivos/381852

Memorandum 2792: https://lascomadrespurpuras.com/wp-content/uploads/2019/09/Memorando-oficial-2792-del-Ministerio-del-Trabajo.pdf

Violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes se incrementó entre 2019 y 2021

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La importancia de las escuelas multigrado

Pluma Invitada

Por: Erika Saraí Vázquez Gómez

 

«Muchas escuelas multigrado, que no contaban con ningún apoyo, se beneficiaron con recursos económicos del programa La Escuela es Nuestra, lo cual les está permitiendo ofrecer espacios dignos a sus estudiantes.»

Hablar sobre el Sistema Educativo Nacional implica nombrar muchas de sus características y realidades, mismas que las y los docentes viven día a día y los convierte en los actores principales para la transformación educativa en cada rincón del país. Hoy toca reflexionar y conocer más sobre las escuelas multigrado, un modelo educativo que caracteriza a los centros escolares ubicados en zonas de alta y muy alta marginación de los niveles de educación básica, en los servicios general, indígena y comunitario. Este modo de organización se sustenta en el artículo 43 de la Ley General de Educación. Bajo su atención se ha podido garantizar el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes, procedentes en su mayoría de pueblos indígenas y comunidades rurales.

Vale la pena reflexionar sobre la labor que las y los docentes realizan en este contexto educativo ‒que puede ser unitario, bidocente o tridocente‒, ya que se convierten en figuras importantes dentro de la comunidad. Muchas maestras y maestros permanecen en las localidades donde trabajan, se organizan y planean estrategias para cumplir con los fines y criterios de la educación, además de lograr un vínculo real no sólo con sus estudiantes, sino con madres y padres de familia, y con la comunidad en general.

Este escenario complejo ha sido reconocido como un desafío frente al cual los docentes no están solos: los procesos actuales de formación y desarrollo profesional ofrecen acompañamientos desde un enfoque situado que les permite resignificar su práctica y tomar en cuenta el contexto donde se encuentra en este caso la escuela multigrado. Al respecto, es oportuno mencionar que la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) ha publicado entre sus materiales de apoyo Práctica docente en la escuela multigrado para la atención a la diversidad. Docentes de educación preescolar, primaria y telesecundaria, y el cuaderno Horizontes para la práctica docente en multigrado: educación inclusiva, por mencionar únicamente dos materiales enfocados en este tipo de organización escolar.

 

El reto referido también ha sido asumido por el gobierno federal, con el programa La Escuela es Nuestra, a través del cual se han promovido mejores condiciones de infraestructura para este tipo de escuelas. Muchas de ellas, que no contaban con ningún apoyo, se beneficiaron con recursos económicos, lo cual les ha permitido ofrecer espacios dignos
a sus estudiantes.

Sin duda, el papel central en tales escuelas lo tienen las actividades pedagógicas que implementan maestras y maestros, mismas que son en su mayoría resultado de adecuaciones curriculares a las condiciones sociales, culturales y lingüísticas de cada comunidad, para alcanzar el máximo logro de los aprendizajes de sus estudiantes.

En el presente número de Educación en Movimiento podremos seguir reflexionando y conociendo el contexto complejo y diverso de las escuelas multigrado, lo cual asumimos como un enorme reto que nos compromete a todas y todos los actores educativos.

Editorial publicado en el boletín ‘Educación en Movimiento’ núm. 10 (tercera época) de Mejoredu.

Fuente de la información: https://profelandia.com
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¿A quién pertenecen las Normales Rurales? (Parte I)

Jose Guadalupe Sanchez Aviña

Por: José Guadalupe Sánchez Aviña

 

A través de elementos básicos se abordará una situación histórica y compleja de dimensiones sociales

Como suele suceder en ciertos periodos del año, hoy, las Escuelas Normales Rurales ocupan parte de la atención pública. Para Puebla, los casos más cercanos, física y emocionalmente, son la “Carmen Serdán” en Teteles de Ávila Castillo, en nuestra entidad y la “Lic. Benito Juárez”, en Panotla, Tlaxcala, pertenecientes ambas, al mismo subsistema de la educación superior en nuestro país.

En esta irrupción en los medios, se da cuenta de hechos, fechas y demandas, se publican marchas, tomas, pliego petitorio, así como respuestas oficiales, entre otras cosas; esto bajo la figura de información para la sociedad. Sin embargo, es necesario, que, al ciudadano realice un análisis de la situación informada, por básico que fuera, antes de asumir una postura de rechazo o aceptación mecánica. Agregaría que, en el caso de algunos académicos se debiera hacer lo mismo, antes de condenar los hechos, o bajo el influjo de la idealización, se justifiquen las acciones emprendidas por los Normalistas, cualquiera que esta sea.

Una alternativa es generar interrogantes propias, tal vez, iniciando con ¿cuáles son los hechos? y ¿cómo se suceden? Pero escalando en complejidad hacia ¿por qué suceden?, ¿para qué?, ¿quiénes son sus actores?, ¿qué intereses son los que están en juego?… en fin, interrogantes medianamente profundas, que posibiliten no solo informarse de los detalles, sino el formarnos postura propia.

En esta ocasión, permítaseme dedicar esta colaboración y la de la semana próxima, a ofrecer elementos básicos, que sirvan de referencia, para aproximarnos al abordaje de una situación histórica y compleja de dimensiones sociales. Desde luego, desde la subjetividad de quien escribe.

Como Institución, las Escuelas Normales Rurales son producto del movimiento revolucionario de principios del siglo pasado. En 1922 siendo presidente el General Álvaro Obregón del Partido Liberal Constitucionalista, son creadas las Escuelas Nacionales Rurales (ENR), con el objetivo de formar a los maestros que habrían de extender la educación hasta el medio rural. Su importancia era evidente: en un México, que en 1921, reportaba que poco menos del 70 por ciento de su población se ubicaba en el medio rural, contexto que se complementa con el 65% de analfabetismo, de ese momento.

Como institución educativa, aun cuando cada una de ellas, son una historia particular, se puede decir, de manera general, que como parte del sistema educativo nacional, han experimentado diferentes fases: a) sus primeros momentos en los que llegó a tener presencia en cada entidad federativa; b) con la llegada del General Lázaro Cárdenas a la presidencia, experimentan un fuerte impulso y cambian su nombre a Escuelas Regionales Campesinas (ERC), nombre que subsiste hasta 1946, año en el que retoman su denominación como Escuelas Normales Rurales, tal como hoy se les ubica.

Varios han sido los intentos de cerrarlas, especialmente significativo, es el ejecutado durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, cuando cerró 15 de las 29 existentes. En general se podrían distinguir tres modalidades, en los esfuerzos por desaparecerlas: Una temprana, en donde la fuerza se ejerció de manera directa; una intermedia, con violencia sutil, en donde la presión se ejerció desde el presupuesto; y la actual, en donde el Estado las abandona a su suerte, evadiendo la responsabilidad establecida en nuestra Carta Magna. Sobra decir, que esta última, la que hoy presenciamos, es la más nefasta de las tres modalidades, implicando el abandonar a estudiantes y comunidad de colaboradores, a su suerte. Alguna ocasión escuche a un político decir: dales cuerda, para que se ahorquen solos.

Cabe destacar, que, en 1935, se crea la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM); organización concebida para la defensa de las ENR, misma, que, a través de los Comités Estudiantiles de las Normales, tiene presencia determinante en la vida interna de cada una de ellas, y como subsistema. Sin este actor, no se puede realizar análisis alguno, de cualquiera de los aspectos de interés de estas Escuelas, mucho menos comprender lo que sucede en y con ellas.

Hoy se registra la existencia de 17 Instituciones: El Quinto, Sonora; Saucillo, Chihuahua; Aguilera, Durango; San Marcos, Zacatecas; El Cedral, San Luis Potosí; Cañada Honda, Aguascalientes; Atequiza, Jalisco; Tiripetío y Cherán, Michoacán; Teteles, Puebla; Panotla, Tlaxcala; Tenería, Estado de México; Amilcingo, Morelos; Ayotzinapa, Guerrero; Tamazulapam, Oaxaca; Mactumactzá, Chiapas, y Hecelchakán, Campeche. Si logran la reapertura como normal rural de El Mexe, Hidalgo, el próximo año podrían reintegrar a esta escuela a la FECSM y sumar 18 instituciones. El Mexe, Hidalgo, es un caso pendiente con la cual, sumarían 18.

Bueno… quedando pendientes asuntos como el perfil de estudiantes, financiamiento, servicios internos, gobierno, administración y respuesta al cuestionamiento del título, por el momento hay que cortar, pero continuaremos la semana próxima, hasta entonces.

Fuente de la información: https://cutt.ly/iNrY7Wa

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Las orientaciones sexuales disidentes no son una enfermedad

Opinion

Por: Fabiola Méndez

Ilustración: Andrés Otero

En el país, en pleno siglo XXI, hay lugares que realizan estrategias que tienen como único objetivo convertir a una persona a determinada orientación sexual por medio del uso de métodos de violencia física, psicológica o sexual.

Por lo general, se efectúan sobre individuos que tienen una orientación sexual diferente a la heterosexualidad y son llamadas terapias de conversión o ECOSIG (Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género).

De acuerdo con Tania Esmeralda Rocha Sánchez, profesora e investigadora de la Facultad de Psicología, ese tipo de terapias no tendrían que ser nombradas de esa manera, “porque no hay nada que curar”, aseguró la universitaria.

Desde hace más de cinco décadas, los principales organismos e instituciones que trabajan la salud mental argumentaron que la homosexualidad no es un trastorno o padecimiento y, por lo tanto, no es algo que se tenga que curar o cambiar en las personas. Tampoco es una enfermedad de salud mental.

En ese sentido, la especialista en temas de género y diversidad sexual explicó que este tipo de prácticas son realizadas por profesionales de la salud que desafortunadamente no tienen una actualización en torno al tema, o por quienes se encuentran dentro del ámbito religioso, y muchas veces recomendados por familiares o amigos quienes, de manera engañosa, incurren incluso en cuestiones de secuestro, aislamiento de las personas y, por supuesto, actos de tortura.

Lo más grave es que esas acciones violentas quedan impunes o pasan por el secretismo, el silenciamiento e incluso la amenaza a los individuos que lo viven.

Situación histórica

Hoy en día, estas prácticas ya tienen nombre, pero históricamente siempre han existido. Por ejemplo, durante las guerras mundiales y en los campos nazis, había procesos parecidos, en los que sobre todo a hombres homosexuales se les sometía a una serie de actos de violencia o de tortura, específicamente bajo la idea de regular una cuestión hormonal, considerando que era la causa de la homosexualidad.

“Es posible que tengan mucho tiempo de existir; sin embargo, hoy en día se han hecho visibles, porque cada vez se rompe más el silencio, y en la medida en la que diferentes grupos desde el activismo, la academia, y, por supuesto, la gente que lo ha vivido ha levantado la voz para detenerlo, se ha nombrado. Se ha podido reconocer, se ha podido visibilizar e inclusive señalar que constituyen actos de violencia”, detalló Rocha Sánchez.

Asimismo, explicó que a través del tiempo ha habido un proceso de homofobia histórica y se ha pasado de considerar la homosexualidad como un delito a un pecado y una enfermedad. Con los avances científicos se intenta dar a conocer de manera sistemática que ni la homosexualidad ni el tema de las identidades trans o las expresiones de género no binarias constituyen, como tal, un problema de salud mental. “En todo caso aquellos padecimientos o malestares de carácter mental o emocional que las personas LGBTIQ+ llegan a experimentar, pues son más bien resultado de un entorno hostil, violento, de rechazo, de discriminación y de prejuicio, pero no per se de la orientación ni de la identidad o de cómo se expresa al mundo dicha identidad”, aclaró.

El daño causado a las víctimas con este tipo de prácticas es muy variable, porque en algunos casos los individuos son expuestos desde su infancia a estos procesos de tortura, pero sin duda existe una repercusión. “Las violencias sexuales correctivas suelen emplearse mucho más en la adolescencia con las chicas lesbianas o bisexuales. Muchas veces por parte de alguien conocido o familiar, lo cual, además de ser una violación a la propia persona constituye también una cuestión de impacto psicológico brutal, porque en el fondo, todas estas acciones van abonando a que las personas LGBTIQ+ lleguen a vivirse como fuera de lo normativo, con una homofobia o transfobia interiorizada, que muchas veces puede derivar en procesos de depresión o ideación suicida”.

Han dejado de considerarse problemas de salud mental.

Prohibidas en 10 países

En el mundo, sólo 10 naciones han prohibido las terapias de conversión por el daño emocional, físico y la afectación a los derechos humanos de quienes son sometidos a estas prácticas.

En nuestro país, el pasado 11 de octubre de 2022 el Senado aprobó la prohibición de las terapias de conversión sexual con una pena de hasta 12 años de cárcel a quien las realice. El proyecto fue enviado a la Cámara de Diputados para su análisis y votación.

Lo que Tania Rocha celebró, aunque aclaró que es únicamente una iniciativa dentro de muchas más que tienen que existir para que sumen a reiterar y hacer saber, a quienes quizá no se han dado a la tarea de actualizarse o de conocer más acerca del tema, que no se está hablando de cuestiones curables, y que por el contrario, estas acciones pueden ocasionar problemas muy serios de salud mental y emocional en quienes lo viven, e incluso llegar, en muchos casos, hasta el suicidio ante el rechazo y la constante violencia a la que pueden ser expuestas las personas.

La investigadora recomendó la guía Nada que curar, elaborada por la Facultad de Psicología de la UNAM en colaboración con otras instituciones y asociaciones civiles y disponible de manera gratuita para que las familias tengan más información y elementos para no dejarse persuadir o engañar por quienes quieren hacer ECOSIG, y a la vez para tener herramientas que permitan apoyar a las personas LGBTIQ+, “que puedan vivir desde un lugar mucho más pacífico, prometedor, de aceptación de sus propias vivencias”.

Consulta la guía Nada que curar: (https://www.unodc.org/documents/mexicoandcentralamerica/2020/Mexic/Nada_que_curar_2020.pdf).

Fuente de la información:  Gaceta UNAM

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Educación: ¿Quién y por qué se ampara contra la SEP?

Juan Carlos Miranda Arroyo

Por: Juan Carlos Miranda Arroyo

«Se trata de un conjunto de agrupaciones diversas y plurales entre las cuales se encuentran grupos conservadores y claramente de ideología política de derecha.»

Si la guerra jurídica es una guerra por el poder, la SEP del gobierno del presidente López Obrador perdió una batalla más. La declaración de esta semana por parte de la titular de la SEP, en el sentido de suspender la prueba piloto del cambio curricular (2022) para la educación básica, da cuenta de ello. El jefe del Ejecutivo federal y la secretaria de educación pública, Leticia Ramírez Amaya, saben que la guerra está declarada.

El frente de batalla educativo se abrió desde hace algunos años, a partir de 2018-2019, luego de que la guerra de judicialización de la política (lawfare) atravesó también por el campo de lucha legal en los sectores públicos de comunicaciones y transportes, y de turismo, como sucedió con la construcción del Tren Maya o tras la cancelación del nuevo aeropuerto de Texcoco, etcétera. (Para ver más sobre el lawfare, sugiero leer mi texto: Educación y Judicialización de la Política).

¿Quiénes son los protagonistas de esta guerra jurídica con efectos políticos? De un lado el gobierno democráticamente electo y del otro los poderes fácticos, es decir, asociaciones apéndices de cúpulas empresariales y de las fuerzas vivas de la mal llamada “sociedad civil”, que tienen fuerte presencia en medios de comunicación, y que cuentan con la simpatía de las cúpulas eclesiásticas, así como una estrategia deliberada de judicialización para incidir en la orientación de políticas públicas educativas.

Se trata de un conjunto de agrupaciones diversas y plurales entre las cuales se encuentran grupos conservadores y claramente de ideología política de derecha (aunque su vinculación directa con partidos políticos no es clara), y que tienen el apoyo de grupos opositores diversos al movimiento y gobierno encabezado por López Obrador.

Según el sitio en internet de “Educación con rumbo” (ECR), (https://educacionconrumbo.org/) en esta agrupación o alianza de grupos de la “sociedad civil” participan Grupo Educación, Suma por la Educación, la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), Seamos Héroes y el Instituto de Análisis de Política Familiar (al pie del sitio aparecen sus logos institucionales).

Cabe recordar que la UNPF es una organización que, en el pasado, se ha opuesto a la introducción de contenidos sobre educación sexual en los libros de texto gratuitos del nivel de primaria.

Una nota del periódico Reforma registra algunos nombres, así como la agenda e ideas educativas centrales que propone “Educación con rumbo” con respecto a la actualización de contenidos de los libros de texto gratuitos para la educación primaria:

“Francisco Landero, presidente de Suma por la Educación, señaló que es necesario que se transparenten los contenidos y que haya un compromiso de autoridades para aceptar el apoyo de la sociedad y sus mejoras.”

“Luis Arturo Solís, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), al leer el pronunciamiento de la organización solicitó que los libros de texto no sean vehículo para beneficios políticos.”…”Estamos aquí representados padres de familia, maestros y comunidad educativa para exigirle al gobierno federal que deje de manipular la conciencia de nuestros hijos y deje de violar nuestro derecho fundamental de educarlos de acuerdo a las convenciones de cada familia”, expuso. (Reforma, 21 de octubre, 2021. Nota firmada por Iris Velázquez).

Reforma

Autodefinición:

Dentro del sitio de referencia “Educación con rumbo” (ECR) se autodefine así: “Somos un movimiento nacional enfocado a fomentar la participación ciudadana para mejorar la calidad educativa y el derecho a la educación de excelencia que todos los mexicanos merecen. Lo conformamos padres de familia, docentes y organizaciones de la sociedad civil, empresarios de la educación y especialistas en educación.”

ECR opera no sólo en el ámbito de la judicialización de la política, para lo cual contrata, o cuenta entre sus filas, a un equipo de abogados para dar inicio y seguimiento a las demandas de amparo (contra actos de autoridad), sino que también desarrolla actividades en otros ámbitos de la vida pública con la finalidad de incidir en la orientación de las políticas públicas educativas.

En una sección especialmente redactada con sentido político opositor, ECR declara lo siguiente: “En respuesta a la postura del presidente de la República en torno a las resoluciones del Poder Judicial de la Federación frente al nuevo Modelo Educativo, “Educación con Rumbo” responde que el movimiento lo integran asociaciones de padres de familia, expertos en materia de educación y maestros que desean participar en el diseño de políticas educativas, como lo establece la Ley General de Educación emitida por esta Administración, sin que exista fin político alguno más que la defensa del interés superior de los niños, niñas y jóvenes del país a su derecho a una educación de calidad.”

“Si el Poder Ejecutivo desea conocer el alcance y las opiniones particulares de la sociedad en torno al modelo educativo, el foro debe ser el Consejo Nacional de Participación Escolar en la Educación que la SEP debe instalar en cumplimiento al artículo 135 de la Ley General de Educación… Lo anterior permitirá que la sociedad participe de manera corresponsable en el diseño de un modelo educativo que garantice una educación universal, inclusiva, científica y de calidad como lo establece la Constitución, por lo cual Educación con Rumbo reitera la necesidad de una mesa de diálogo inmediata con la Secretaría de Educación Pública.”

También se puede leer en el mismo sitio el siguiente comunicado donde ECR confirma su vocación opositora: “Inoportuno que la SEP convoque a un análisis del plan y programas de estudio para el diseño de los libros de texto gratuitos”, (comunicado del 14 de febrero, 2022).

Cuatro aspectos se destacan en el comunicado de referencia a manera de argumentos para señalar la inoportunidad de la convocatoria que hizo la SEP a analizar plan y programas de estudio para el diseño de los libros de texto gratuitos: Pertinencia, metodología, implementación e impacto.

Pertinencia:

“Pensamos que está alejada de la realidad, ya que en estos momentos aqueja al Sistema Educativo el innegable empobrecimiento de los aprendizajes de los estudiantes, por lo que nos parece poco oportuno distraer recursos y tiempo para pensar en nuevos Planes y Programas de Estudio y mucho menos nuevos materiales educativos. Los inconclusos y empobrecidos aprendizajes que reportan los maestros, nos debería llevar a atender primero esta urgencia.”

Método:

“Un cambio del plan y programas de estudio debe estar antecedida de un diagnóstico que avise de la urgencia de reorganizar los contenidos de aprendizaje. La última reforma educativa se empezó a implementar en 2017, con tres años que antecedieron a una fina construcción de la malla curricular. El ejercicio que hoy observamos parece ser que avanza con procesos paralelos, por un lado, se presenta una propuesta de asignaturas (sic) para cada nivel educativo, y de forma paralela el levantamiento de opiniones en las asambleas y simultáneamente esto alimentará la elaboración de los libros de texto.”

La agenda

“¿Quién dice que un cambio de plan de estudio, o de programas o de libros de texto garantice el cambio de las prácticas de aula de los profesores?; nos hubiera gustado ver políticas educativas que enriquecieran el trabajo de los maestros, políticas que ayudaran al equipamiento de las escuelas, políticas que generaran materiales diferenciados para los diversos contextos del país para atacar los retrasos de aprendizaje de los estudiantes, políticas que redujeran las brechas que se abren cada vez más, incluso en alumnos de las mismas escuelas, políticas de actualización permanente de los maestros, políticas que integraran todos los espacios de formación inicial de profesores a la actualización permanente de los que ya están frente a grupo, políticas que visibilicen lo que se está haciendo bien en las aulas mexicanas, etc., etc. Los actores educativos seguimos esperando eso, esto sí cambia y transforma las escuelas.”

La narrativa de la agrupación ECR la muestra de cuerpo entero. Parte de la falsa premisa de que las reformas a la educación pública deben estar en posición ideológica neutra y propone que el país debe transitar hacia políticas de ampliación de la oferta de la educación privada (ver la apología que hace esta organización, en su sitio web, a través del documento denominado “Radiografía sobre la escuela particular”).

Las ideas y operaciones jurídicas que abandera la agrupación “Educación con rumbo” (ECR), que ha interpuesto demandas o acciones de amparos indirectos, ante las autoridades judiciales, en contra de las políticas públicas educativas puestas en marcha por parte de la SEP del gobierno de López Obrador constituyen acciones interesadas en frenar, postergar o cambiar la orientación de tales políticas. Pero eso en sí mismo no es un problema. El problema es que esta agrupación no dice ni reconoce abiertamente sus intenciones.

Fuente de la información e imagen: https://www.sdpnoticias.com

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Severa crisis de la educación en Uruguay

Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica

Por: Gervasio Zorrilla/ Estrategia.Ia

Si bien la falta de recursos ha sido un reclamo histórico para la educación, sector fundamental de la sociedad y del Estado, en los últimos dos años de gobierno derechista se profundizaron los problemas y se hicieron trizas los paradigmas de la laicidad, gratuidad y obligatoriedad en aras de  un concepto mercantilista. El entendimiento del Ejecutivo está tan alejado de las necesidades de la niñez, juventud y adolescencia, que toma medidas restrictivas, represivas y de recortes presupuestarios.

Uruguay: ¿Crisis educativa o imposición de un nuevo modelo educativo? | Red Filosófica del Uruguay

Los reclamos contemplan la reforma educativa que consideran “regresiva”, la censura que han padecido reiteradas veces cuando realizaron pintadas en murales de los centros educativos, problemas edilicios, mejores condiciones de estudio y mayor presupuesto. Los reclamos se vienen repitiendo en los últimos años: el reclamo por el 6% + 1 del Producto Bruto Interno (PBI) viene de larga data, pero el gobierno no toma esta bandera con compromiso verdadero con la educación.

Pero a pesar de las continuas evaluaciones que demuestran que la educación es la base de todo, incluso de la disminución del crimen, parece un hecho que no existe la misma concepción en el gobierno.

El país atraviesa importantes dificultades relacionadas a su educación: bajos niveles de cobertura en educación media y terciaria; altas tasas de repetición desde la educación primaria; niveles de extraedad muy importantes como correlato de la alta repetición; altos índices de desafiliación escolar (en particular en la educación media) y por consiguiente un número muy elevado de jóvenes que no logra completar el ciclo educativo obligatorio y bajos niveles de aprendizajes. entre otros.

Si se analizan las problemáticas según el origen socioeconómico de los estudiantes, los resultados arrojan la existencia de una marcada desigualdad.

Toda una maquinaria mediática, política y académica construye y difunde a diario el discurso de que la educación está en crisis porque los docentes faltan, hacen paros, su formación es deficiente, son corporativos, frenan todas las reformas. La tónica es la descalificación a los sindicatos, la presentación de información errónea y/o tendenciosa sobre el salario docente para ubicarlos como una casta privilegiada. Instalan la falsa oposición entre “docentes privilegiados” y “alumnos necesitados”.

El ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, educado en la Universidad Católica de Lovaina y promotor de la Universidad Católica del Uruguay, es autor de “La segunda reforma”, en la que se opone a la educación pública y sugiere la transferencia de recursos públicos a la educación privada. Además, su pareja, Maya Cikurel es acusada de lavar dinero en el escándalo Odebrecht.

La educación en América Latina enfrenta una crisis silenciosa, que con el tiempo se volverá estridente”

El discurso de la crisis educativa como problema docente forma parte de un relato más amplio que identifica a la crisis con la educación pública (es sólo ésta la que estaría en crisis) al tiempo que asocia lo alternativo con la educación privada. Las coberturas sobre temas educativos de medios derechistas repiten la misma fórmula: exaltación de los logros de un liceo privado, comparación de ese éxito con “el fracaso” de los públicos, y reflexión sobre generalizar a todo el sistema las experiencias “exitosas” privadas.

En los años 60 el sistema educativo uruguayo tuvo como característica principal la expansión en el número de estudiantes, de docentes y de establecimientos educativos. Paralelamente se produce una actualización de las propuestas pedagógicas. En esa época la educación era un orgullo nacional. Sin embargo las oportunidades de trabajo para jóvenes eran muy limitadas.

Lejos de ser un problema original del Uruguay, las campañas de estigmatización docente son parte de una estrategia internacional dirigida a destituir los sistemas educativos públicos, subsumir a la educación a las necesidades de la globalización capitalista y transformar radicalmente el sentido del quehacer docente .

Educación en Uruguay: características, cifras y otros detalles a tener en cuenta - Movimiento de Participación Popular

Wilkipedia señala que “En la educación pública uruguaya, son principios fundamentales la laicidad, gratuidad y obligatoriedad, tal como fueran proclamados por José Pedro Varela en la reforma de 1876. Según estudios de la Unesco, la educación uruguaya garantiza igualdad al poseer características institucionales que impiden la mercantilización de la educación, la educación de Uruguay favorece la equidad.

La población tenía acceso a educación gratuita desde primer nivel de preescolar hasta la graduación en la universidad. El país cuenta con una universidad pública de acceso libre y gratuito​, la Universidad de la República, que consta de 16 facultades y servicios anexos. La oferta de educación pública se ve complementada por instituciones de educación privada que abarcan desde la educación preescolar hasta la terciaria.

Son numerosas las instituciones confesionales (católicas, metodistas, judaicas, etc.); también se destacan algunos colegios bilingües, mayormente ingleses, y también los hay franceses, alemanes e italianos. Uruguay fue precursor en materia de educación preescolar en América Latina, merced a la labor pionera de Enriqueta Compte y Riqué, quien fundó el primer jardín de infantes ya en 1892. La educación preescolar también es obligatoria.

Pero estos dos últimos años para la educación el panorama ha venido empeorando. La reforma educativa que baja sensiblemente la calidad de la enseñanza, la persecución a los gremios y sindicatos, así como la autonomía y el cogobierno, tiene vetas dictatoriales, ya que a ciertos hombres de poder que se manejan dentro del Estado con mentalidad empresarial y criados en ambientes antipopulares, elitistas y privados, no les satisface.

Y con esa misma mentalidad, decidieron que la Universidad de la República no tendrá un peso de presupuesto a partir del 2023. Estudiantes y docentes expresaron la “honda preocupación” por la que pasan los gremios y sindicatos de la educación por los recortes presupuestales a la Universidad de la República.

Un editorial de La Diaria señala que es penoso que la Universidad de la República tenga que forcejear año tras año en busca de recursos para el mantenimiento de tareas básicas, cuya importancia para el país es innegable, y que el rector Rodrigo Arim deba dedicar tiempo y esfuerzos a exponer razones cuya comprensión está al alcance de cualquier persona con un mínimo de sentido común.

Docentes denuncian sobrepoblación en liceos y ya analizan medidas - 01/03/2017 - EL PAÍS Uruguay

Señala que en una institución privada de enseñanza, el aumento de la cantidad de estudiantes trae consigo más ingresos y, si la dirección tiene buen criterio, por lo menos una parte de ese dinero se destina a que no empeore la relación entre horas docentes y alumnos. En una institución pública, los recursos disponibles no dependen de la cantidad de estudiantes, y cuando esta crece (como sucede en la Udelar, con casi 5.000 más por año), queda en manos del Poder Ejecutivo que también lo haga el presupuesto.

El gobierno de Luis Lacalle dispuso en el Presupuesto de 2023 un incremento cero para atender el número de matrícula, de recursos humanos, investigación, retener jóvenes, postgrados, becas, y confirmó una rebaja de los fondos de la Universidad de la República (Udelar), lo que afecta a más de 146 mil estudiantes, más de seis mil docentes y no docentes y al futuro de la educación en el país.

La función de las universidades no es mantenerse sin cambios en un mundo cambiante, y para no quedarse atrás se ven obligadas, entre otras cosas, a innovar regularmente en investigaciones, proyectos y carreras, al tiempo que van mejorando su infraestructura desde lo edilicio hasta lo tecnológico.

A esto se suman, en la situación actual de la Udelar, la demanda en alza de becas – en un período de caída de ingresos para la mayoría de la población-, la necesidad estratégica de continuar y potenciar el desarrollo institucional fuera de Montevideo, la capital, y el apoyo a los investigadores jóvenes.

La CONADU denunció un fuerte recorte del 25% en el Presupuesto universitario | CHACO DÍA POR DÍA

En los últimos años los poderes Ejecutivo y Legislativo han disminuido la asignación de fondos presupuestales y lo previsto en el proyecto de Rendición de Cuentas enviado al Parlamento implica una caída en siete puntos porcentuales.

Si bien el producto interno bruto de Uruguay se ha recuperado tras el período de emergencia sanitaria, y el oficialismo derechista decidió este año revertir parcialmente algunos recortes del gasto público, mantiene las reducciones presupuestarias en el área de educación superior, lo que algunos analistas ven como apoyo al negocio de las universidades privadas y al concepto de que la educación es para el que pueda pagarla.

“Se puede discutir en qué medida esto se debe a hostilidad política, prejuicios ideológicos contra lo público, incomprensión de requisitos indispensables para que el país y su gente mejoren o simple incompetencia, pero cualquier motivo imaginable horroriza”, dice La Diaria.

Uruguay vivió entre el 2002 y el 2019 el período de expansión más importante de su historia reciente, con un crecimiento acumulado del 87% a precios constantes. El incremento de la actividad económica se reflejó en los indicadores sociales: la pobreza se redujo de 32,5% en 2006 a 8,2% en 2019, mientras que el índice Gini pasó de 45,9 en 2006 a 39,7 en el 2019, denotando una mayor igualdad en la distribución del ingreso.

No obstante, a pesar del virtuoso desempeño a nivel macroeconómico, el ámbito educativo ha tenido resultados disímiles, con áreas donde el avance fue muy escaso. Un primer aspecto positivo es el aumento del promedio de años de educación de los adultos jóvenes, lo que sin embargo no ha cerrado la brecha entre personas del quintil más alto y el más bajo de ingresos, la cual se mantiene en alrededor de un 60%.

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En el resto de los países en América Latina, la expansión educativa ha ido parcialmente cerrando brechas socioeconómicas en los años de educación formal alcanzados por los adultos jóvenes. Señala un informe de la Corporación Andina de Fomento (CAF), banco de desarrollo latinoamericano.

Uruguay logró en los últimos quince años importantes progresos en la cobertura alcanzada por los niveles educativos de los extremos. Por un lado, las tasas de escolarización bruta de niños entre 3 y 5 años han mejorado considerablemente, y lo han hecho además de la mano de cierres de brechas socioeconómicas y también en la dimensión urbano-rural.

La mayor expansión ocurrió entre los niños de 3 años, para los que se amplió la oferta de Centros de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF) y centros de educación inicial públicos. En la otra punta se encuentra la notable expansión de matrícula universitaria que se observa desde hace poco más de diez años, y que ha llegado casi a duplicar la cantidad de ingresantes por año en la universidad pública.

Esto ocurrió en el marco de la desconcentración territorial y expansión de los centros regionales en el interior del país de la estatal Universidad de la República (Udelar), así como por la creación y expansión de la Universidad Tecnológica (Utec), también con principal foco en el interior.

En buena parte, estos problemas del progreso educativo en Uruguay se asocian con el cuello de botella que ejerce el nivel secundario, especialmente en los jóvenes de menor nivel socioeconómico. Si bien se lograron importantes avances en el acceso a la secundaria en los últimos años, las tasas de matriculación bruta de jóvenes de 13 a 17 años en el quintil más pobre están aún entre las más bajas de toda América Latina.

Esto contrasta con lo observado entre jóvenes del quintil más rico, para quienes las tasas de matriculación se encuentran en los niveles más altos de la región. Al considerar la finalización del nivel secundario en vez de la matriculación, las brechas se agrandan aún más. Estas desigualdades en el nivel secundario se traducen luego en grandes diferencias en la matriculación en niveles educativos más altos.

Uruguay está entre los países con menor porción de jóvenes del quintil más pobre cursando algún tipo de educación superior y entre los que tienen un mayor porcentaje de jóvenes del quintil más rico matriculados en estos niveles educativos (comparable a los casos de Argentina y Chile).

Uruguay fue uno de los países latinoamericanos con mayor fracción de su población completando el nivel educativo considerado alto para inicios del siglo pasado, el nivel primario. Pero desde entonces, y en contraste con los avances en casi todos los países de la región, Uruguay ha quedado rezagado. La fracción de personas que completan el nivel secundario o más se ha ido estancando para las personas nacidas desde 1950 en adelante.

Por ejemplo, para los nacidos en los 80s, la fracción que completó al menos la secundaria supera el 50% para el promedio de 22 países de América Latina y el Caribe, mientras que es cercano al 40% para Uruguay. Ésto ha limitado las posibilidades de movilidad educativa ascendente, poniendo en relieve la crisis educacional en el país.

* Investigador de las Ciencias Sociales, docente universitario uruguayo, colaborador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)

Fuente de la información e imagen: https://estrategia.la

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Cada cosa en su lugar

Carolina Vásquez Araya.

Por: Vásquez Araya Carolina. 24/10/2022

Es imprescindible saber distinguir la diferencia entre periodismo y propaganda.

El modo como la función informativa se ha ido transformando en un brazo estratégico del poder económico global ha ido evolucionando hasta hacerse parte del paisaje. Lo que en alguna época fue un ejercicio de riesgo, de confrontación y una herramienta útil para la sociedad, hoy parece haber tomado el partido opuesto al manipular y ocultar verdades que, de ser del dominio público, serían capaces de poner de cabeza a los más poderosos. Llama la atención, sin embargo, el cinismo con el que se pone de manifiesto el desprecio de las grandes cadenas informativas hacia las tragedias humanitarias que asolan al planeta, y cómo sus contenidos son aceptados como verdades absolutas.

Hacer un espectáculo de la desgracia ajena es, al parecer, una táctica capaz de aportar ventaja en términos de audiencia y, por consiguiente, un sustancioso incremento en la pauta publicitaria. Lo que Kapuscinski, el gran reportero polaco, consideraba la norma fundamental en el ejercicio periodístico: “Buscar la verdad entre la gente común, olvidarse de los elevados círculos del poder cuando es preciso encontrar respuestas. Describir los detalles, porque a veces en ellos se encuentra la clave de todo. Huir de la vanidad y de la sobre dimensión del ego como de la peste misma, porque ahí se comienza a perder la objetividad y el sentido de las cosas. Y viajar solo, para que la visión de alguien más no distorsione la percepción pura y directa del reportero.” hoy se considera una desventaja competitiva.

Kapuscinski viajó por el mundo y no en calidad de turista, en hoteles de alta gama. Caminó por las rutas casi olvidadas en donde se encontraba patente la miseria humana. Y nos relató sus hallazgos con el acento puesto -incondicionalmente- en la cercanía con los seres más humildes, los pueblos más necesitados. Sus profundos análisis podrían cubrir todo el contenido de un doctorado en ética y sus enseñanzas serían capaces de revertir el sentido mismo de una profesión que, de honorable, ha pasado en algunos casos a ser el equivalente mediático del sicariato.

Como fuerte opositor a todo tipo de conflicto armado –en su carrera vio muchos y, sobre todo, sus efectos- este periodista galardonado con el premio Príncipe de Asturias afirmó alguna vez que “la primera víctima de la guerra es la verdad”. Al observar el panorama actual y poniendo cada cosa en su lugar, es importante señalar que el despliegue abrumador de espectáculos bélicos y su retórica deshumanizante, reflejan la tendencia de un periodismo diseñado para y por la hegemonía de los países más poderosos, garantizando así la sumisión y el debilitamiento progresivo de las naciones consideradas “dependientes”.

Los auténticos profesionales del periodismo, quienes ven reducir su terreno por presiones de poderes fácticos, influencia de las grandes corporaciones, chantajes y amenazas de empresarios y políticos y, por sobre todo, de estamentos jurídicos estrechamente vinculados a organizaciones criminales y ejércitos corruptos, son perseguidos. Las presiones incesantes para acallar la verdad y ocultar crímenes de Estado no son cosa únicamente de países tercermundistas; lo vemos en las grandes cadenas internacionales, apañando decisiones espurias de las grandes potencias y convirtiendo sus agresiones en un ejemplo de virtudes democráticas. El periodismo, hoy, cruza por la mayor crisis de credibilidad en toda su historia.

Kapuscinski ejerció un modelo de periodismo que hoy se encuentra en vías de extinción.

Fuente de la información: www.carolinavasquezaraya.com

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