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El Derecho a desaprender

 Juan Carlos Miranda Arroyo

En un artículo de publicado en 2007, Medina, Clèries y Nolla (1), afirman que el “desaprendizaje como método reflexivo de cuestionamiento crítico de la realidad, ayuda a examinar las estructuras teóricas que cada sujeto ha asimilado, frecuentemente de manera acrítica, durante su trayectoria formativa y profesional. Este examen crítico de las formas habituales de pensar y actuar en el mundo no pretende erigirse como guía del proceso de transición hacia formas de conciencia más verdaderas y fundamentadas. Lo que se busca, por el contrario, es realizar un ejercicio constante de interrogación de lo evidente y de aceptar los límites del pensamiento y las incertidumbres del presente.”

Considero oportuno indagar sobre este concepto del “desaprendizaje” (aun cuando se aplica en profesionales de la salud), porque introduce también un debate relevante en el campo de la educación: ¿Cómo hemos aprendido a lo largo de la vida profesional? En particular, dicho concepto contribuye a la necesaria discusión sobre los contenidos de la formación continua de docentes, directivos escolares y asesores técnicos de la escuela pública (sobre todo Básica y Media Superior): ¿Cómo y por qué hemos sido formados profesionalmente así y no de otra manera? ¿Hemos practicado sistemáticamente la autocrítica y la reflexión profunda sobre nuestros pasos por las escuelas formadoras de profesionales de la educación, y cómo se extiende ello hacia nuestras prácticas profesionales actuales?

En el terreno de las políticas públicas en este ámbito, es decir, en la formación continua de las figuras educativas en servicio, conviene retomar estos cuestionamientos, porque es frecuente que los contenidos y métodos de la formación continua se centren en la actualización lineal o acrítica, sin entrar a las profundidades de la práctica cotidiana (sus contradicciones), ni en el interrogatorio a fondo sobre el porqué de esos métodos y contenidos formativos.

“El desaprendizaje –dicen Medina, Clèries y Nolla- es una extrapolación a los campos profesionales de la noción de “deconstrucción” del filósofo francés Jacques Derrida, pensador postmoderno que ha suscitado las más grandes adhesiones y las más virulentas críticas, y se puede entender como un proceso (auto) formativo, individual y/o colectivo de búsqueda de nuevos significados y de sentidos innovadores. El desaprendizaje o deconstrucción es un proceso de inversión de los horizontes de significado que cada sujeto ha sedimentado, en ocasiones, de forma acrítica durante su trayectoria formativa y profesional. Implica examinar críticamente el marco conceptual que estructura la percepción de la realidad y el modo de interpretar el mundo. Desaprender es ejercitar la sospecha sobre aquello que se muestra cómo “aparentemente lógico”, “verdadero y coherente”. Es suspender la evidencia de los modos habituales de pensar y describir las prácticas profesionales.”

Ubicándonos en el terreno de los caminos alternativos a seguir, es decir, acerca de cómo se puede llevar a cabo uno o varios procesos de “desaprendizaje” en la formación de profesionales de la educación (docentes, directivos escolares y demás figuras educativas), Medina, Clèries y Nolla proponen visualizar al “desaprendizaje” como método (2).

“Uno de los aspectos más relevantes del desaprendizaje es que permite, partiendo de las propias experiencias, evocar el camino que ha conformado las construcciones personales e identificar las lagunas, los vacíos y las contradicciones de los marcos categoriales. Permite examinar los determinantes sociales y personales que conforman la arquitectura conceptual y perceptual. El desaprendizaje es, por tanto, un proceso de subjetivación que implica el partir de sí. Esto significa valorar el propio saber y pensamiento surgido de la experiencia vital y poner en cuarentena los enfoques técnicos que supuestamente tienen una base científica, pero (que) ignoran los procesos vitales y la complejidad de los vínculos humanos que se gestan a diario en los contextos de enseñanza y práctica…”

Partir de un criterio basado en la experiencia profesional, (algo que se ha ejercido con relativa frecuencia en la Universidad Pedagógica Nacional, en México: me refiero al análisis de la práctica docente y directiva), para emprender la reflexión implicada en los procesos del “desaprendizaje”, es un elemento válido para conducir hacia procesos de “reaprendizaje” que, a su vez, conduzcan hacia la eventual transformación de las propias prácticas profesionales, tanto en el aula como en el terreno de la gestión educativa (a nivel de la supervisión de zona escolar) y de la gestión escolar (a nivel del liderazgo académico en cada centro de trabajo o escuela).

Los pasos que sugieren los autores citados en este breve comentario, para llevar a cabo los procesos de “desaprendizaje” en el ámbito de las prácticas profesionales, son: 1) Reconocimiento de la realidad y definición del aspecto a desaprender. 2) Identificación de las «huellas» personales. 3) Elaboración del “mapa” individual y/o colectivo. 4) Búsqueda de “interpretaciones-comprensiones-acciones” alternativas. 5) Desaprendizaje (desandamiaje). 6) Planificación de la práctica transformadora; inicio de la reconstrucción. 7) Seguimiento de las acciones. 8) Retorno a la realidad transformada; realidad II. Y 9) El inicio de un nuevo desaprendizaje.

“El primer principio del desaprendizaje –señalan los especialistas catalanes-, consiste en suspender el juicio e introducir la duda en la estructura de los pensamientos y representaciones simbólicas. Este trabajo intelectual implica una fuerte crítica a verdades establecidas y a los modelos “tradicionales” de vida profesional, y supone un ejercicio estratégico que permite encontrar las verdades particulares y significativas.”

Algunas de las preguntas o ejes sugeridos para realizar el análisis autocrítico de las prácticas profesionales, que están incluidas en la propuesta citada, son las siguientes: ¿Qué aspectos de mi práctica me generan insatisfacción? ¿En qué teorías o modelos se apoyan esos aspectos? ¿Existen otras teorías o modelos alternativos? ¿Hay algún aspecto de los esquemas teóricos que manejo con los que me siento insatisfecho o (que) considere poco útiles para mi práctica? ¿Cómo los aprendí? ¿Cómo los uso? ¿Son “evidentes” (o tangibles) las evidencias en las que me baso para tomar decisiones profesionales? ¿Cómo se presenta en mí y entiendo hoy el/la aspecto a desaprender (cómo lo entiendo, cómo lo percibo, qué conozco de él: certezas y dudas)? ¿Cómo ha sido construido en mí el/la aspecto a desaprender? (experiencia formativa, lecturas, práctica profesional, etc.). Identificar elementos y componentes de lo que quiero deconstruir.

Posteriormente, una vez puesta en práctica la reflexión crítica inicial, se sugiere realizar las siguientes actividades: Buscar información bibliográfica (documentos primarios, secundarios, bases de datos, índices, etc.). Consultar a expertos. Realizar la sistematización conceptual. Y seguir con las preguntas: ¿Qué elementos o enfoques nuevos incorporo a mis concepciones? ¿Qué aspectos ya conocidos desestimo? ¿Cuáles mantengo? ¿Qué aspectos voy a transferir a mi práctica profesional? ¿Mediante qué procesos y procedimientos? ¿Cómo evaluaré los cambios y transformaciones operadas? ¿Qué espacios y momentos serán usados para la evaluación? ¿Cómo percibo ahora mi realidad profesional? ¿Qué fortalezas y debilidades hay en las transformaciones que se están operando?

Queda claro, entonces, que “Desaprender” no es olvidar o entrar a la curva del olvido, ni significa una “caída” en el aprendizaje. Es un proceso diferente, de revisión autocrítica sobre lo aprendido. Y que, para poner en operación como procesos reflexivos, se requiere de vincularse con especialistas en el dominio de este método.

Así, la presente descripción general sobre el método y los procesos del “desaprendizaje”, tiene la intención de abrir caminos hacia nuevos horizontes en el campo de la formación continua de las figuras educativas, (o de otros profesionales de sectores públicos, no educativos). Todo ello, sobre el argumento de que no sólo es necesario “actualizar” o “capacitar” linealmente a las figuras educativas de la educación pública (obligatoria y no), sino que es necesario explorar algunas alternativas que conduzcan hacia un efectivo ejercicio de los derechos laborales y de la profesionalización. O quizá, dicho en otras palabras, para que las y los profesionales de la educación también ejerzan su derecho a “desaprender”.

Fuente consultada y nota:

(1) El desaprendizaje: propuesta para profesionales de la salud críticos. Educación Médica 2007; 10(4): 209-216.

(2) Este método también se puede llevar a diferentes contextos educativos, como son los de la formación de jóvenes de bachillerato, de educación superior y de posgrado.

jcmqro3@yahoo.com


Artículo publicado en SDPnoticias

Fuente: https://profelandia.com/el-derecho-a-desaprender/

Imagen: Gerd Altmann en Pixabay

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La realidad de la emergencia

Por:  Roberto Patiño

Argenis es uno de los jóvenes líderes cuyo trabajo se desarrolla en el marco de Alimenta La Solidaridad Falcón. Proactivo, articulado y compenetrado con su comunidad, Argenis siempre es una voz de voluntad y trabajo. Cuando iniciamos nuestra reunión, Argenis señala con orgullo cómo Alimenta Falcón se ha mantenido en funcionamiento durante el complejo año de 2020. “A pesar de todo”, nos cuenta, “hemos llegado a los 17.000 almuerzos servidos en este año”.

Pero los logros alcanzados por Alimenta se producen en un estado Falcón que muestra todos los problemas de la crisis sistémica y la emergencia humanitaria que padece el país. El colapso de servicios primarios, la orfandad institucional de los ciudadanos, las realidades de la migración forzada, la hiperinflación y el caos generado desde la dictadura, convierten el día a día de los falconianos en una odisea ininterrumpida para sobrevivir.

Argenis nos testimonia cómo la crisis de salud lleva a madres de su comunidad a esperar en los pasillos de un centro médico para que puedan cortarles el cordón umbilical, luego de haber dado a luz en sillas o en los estacionamientos. “La situación ha llegado a un punto en que han reaparecido las comadronas ante la imposibilidad de los trabajadores de la salud de poder atender los partos”.

Hay comunidades sin servicio de agua por 7 meses y, de manera oportunista, representantes del Estado entregan una bomba de agua con fines propagandísticos, que luego no dura en funcionamiento más de tres días. En Paraguaná, entre apagones de luz, las personas aprovechan el agua que destila de los aires acondicionados cuando ocasionalmente y por breves horas hay electricidad.

Pero tal vez una de las cuestiones que más preocupa a Argenis es la falta de oportunidades para profesionales y jóvenes en su región. Nos cuenta que muchos docentes en su estado se ven forzados a sembrar conucos para poder tener alimentos a los que no pueden acceder por la situación económica y los problemas de distribución derivados de la falta de combustible. El aumento de la migración entre los jóvenes, que parten por diversas vías buscando medios de supervivencia y fuentes de trabajo para proveer a sus familias, ha aumentado en los últimos meses. De Falcón parten botes pesqueros a Curazao y Aruba, en travesías de gran peligro, en embarcaciones que exceden sus capacidades, ocupadas hasta por 30 pasajeros. Se han producido ya varios volcamientos y naufragios, que no son reconocidos públicamente por los organismos oficiales.

Frente a esta realidad, Argenis resalta la importancia de iniciativas convivenciales como las de Alimenta La Solidaridad, no solo por el abordaje que estos programas hacen de problemas tan prioritarios como la crisis alimentaria, sino también por la vinculación, el encuentro y la organización que plantea nuestro modelo. La articulación de diversos actores sociales, la creación de redes de solidaridad y apoyo, representan en estos momentos los esfuerzos más significativos de la sociedad civil para enfrentar y aliviar los problemas de la terrible situación que hoy padecemos en el país.

Para Argenis es evidente que sin un cambio político no podrán superarse los problemas que estamos atravesando, pero señala la importancia de la organización y articulación de las personas en iniciativas como Alimenta, que están lidiando con la gravedad de lo inmediato y apoyando a las personas, sometidas, reprimidas y olvidadas por el régimen.

robertopatino.com

Fuente e Imagen: https://www.elnacional.com/opinion/la-realidad-de-la-emergencia/

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Medidas científicas, medidas ideológicas

Los domingos participo en el programa La galería de EITB. Como solo me dio para 10 minutos (que podéis escuchar aquí) y tenía muchas notas, he escrito este texto-guión.

Una amiga me contaba que un sábado, a las 9 de la mañana, iba por el casco viejo bilbaíno de camino al trabajo, una peluquería, esteticista, a echar 10 horas de trabajo, y le gusta fumarse “un piti” antes de entrar. Mientras maldecía en silencio el madrugón de fin de semana, un coche patrulla se le cruza, baja la ventanilla, y el agente le dice que se suba la mascarilla, ella se niega, que está fumando, que está sola en la calle. 70 € de multa. Aún está esperando que esa misma policía se pase por su centro de trabajo, por el de millones de trabajadores, para garantizar que se cumplan los horarios, las distancias, la ventilación, los EPI…

¿qué evidencia hay detrás de las medidas coercitivas que se están tomando?

Tenemos dos tipos de evidencia, la que nos da la física y la biología, que muestra que el virus, respiratorio, se transmite por las partículas que se producen al hablar, estornudar o toser. El virus, para ser infectivo, necesita de humedad, así que, la eficiencia, la capacidad de infección es, por este orden, por gotas, aerosoles y superficies (fomites). Para que la infección se produzca por gotas se tiene que estar a menos de dos metros. Los aerosoles por su tamaño, flotan y se mantienen más tiempo y distancia. Y las superficies parece que no están siendo relevantes para la transmisión del SARS-Cov2 más allá de ámbitos donde la carga viral es altísima como pueden ser habitaciones UCI.

Y después tenemos la evidencia de las ciencias sociales, donde podríamos incluir la epidemiología al uso. Estas nos hablan de quiénes tienen más probabilidades de contagiarse y morir. Éstas nos demuestran que estamos ante una pandemia de la desigualdad.

En la revista española de salud pública se ha publicado un estudio sobre los determinantes sociales en la incidencia de la COVID-19 en Barcelona. Algunas conclusiones que extrae son: “Los barrios del quintil de menor renta presentaban un 42% más de incidencia que aquellos del quintil con más renta.” Esta correlación es debida a la desigualdad en salud, más enfermedades crónicas (obesidad, diabetes, sedentarismo, tabaquismo, etc.) y menos recursos sanitarios en general.

Hay otro dato que no lo explica del todo bien la biología o la física de aerosoles: alrededor del 70% de las muertes se produjeron en las residencias geriátricas. Sí, allí se concentran (nunca mejor dicho), aquellas personas con más riesgo de fallecer, pero la distribución no es homogénea entre toda la población de esas edades, o sea, estar en una residencia, además de por la edad, es un factor de riesgo importante.

La comunicación de ambas evidencias y la cuestión del riesgo es también crucial. Como con la metáfora del árbol que hace ruido en un bosque sin gente, la evidencia científica no es tal sino se hace realidad en la sociedad y los agentes decisorios. Así, la comunicación basada en una guerra contra el virus, en que hay que doblegar la curva, y en la responsabilidad social, está escondiendo y tergiversando la evidencia, al menos parte de ella. Poniendo el énfasis en parar todos los contagios, se pierde de vista que no todos los contagiados tienen la misma probabilidad de contagiar, contagiarse, enfermar y de morir, y que por tanto, a lo mejor habría que hacer un esfuerzo mayor en reducir los contagios en aquellos sectores de la población más vulnerables, y que no solo hay que hacerlo disminuyendo el riesgo de contagio total, sino el riesgo de enfermar, y como este último tiene que ver con la inequidad, lo que habría que atacar es esta.

Así que la comunicación de la(s) evidencias está sirviendo para que una, la biologicista, sea la hegemónica, mientras que la proveniente de las ciencias sociales y que va más allá del virus, prácticamente desaparezca.

La comunicación es tan importante que a su vez es fuente de evidencia nueva, aunque sesgada. Es el caso de las encuestas de lugares de contagio. En esta entrevista, Javier Segura decía que el Centro de coordinación de alertas y emergencias sanitarias (CAES) hace una encuesta de casos sin tener en cuenta variables sociales (ocupación laboral, clase social, etc) que daría mucha información de qué profesiones tienen más riesgo de enfermar. En otros países sí se hace. Nos hablan de % de ámbitos de contagio, pero en Madrid en el 75 % de los casos esta variable no se ha recogido. Aún así, medios y políticos han puesto el foco en el ocio, cuando el ámbito social es el 30%, el resto es el laboral y el educativo. Individual vs colectivo. “Esta pandemia es una pandemia de la desigualdad, un vector muy importante de contagio y uno de los factores es la precariedad laboral”

No quieren poner el énfasis en los riesgos. Estos se entrecruzan, son complejos, pero le quitan efectismo al marketing del solucionismo tecnológico. Los vendedores de mascarillas FPP2 ahora dicen que las quirúrgicas no valen, pero ninguno dice que cualquier prevención tecnológica lo que puede hacer es reducir el riesgo, y esta reducción es cada vez más difícil cuanto más cerca de cero está el riesgo. Hay cuatro factores que afectan al riesgo de infección que interaccionan: la situación del hospedador, los factores socioeconómicos, el patrón de contacto y lo ambiental.

El énfasis se pone en las medidas biofísicas: ventilación de lugares cerrados, mascarilla y aire libre; potenciales vacunas y fármacos, ¡hospitales! Ignorando la incertidumbre, culpabilizando a los individuos. Pero luego se ignoran esas mismas evidencias cuando tocan el corazón del sistema, el trabajo y la explotación. Ahí, mascarillas, distancia o ventilación no son relevantes, ahí no hace falta distanciamiento social.

Como todo el mundo está siendo bombardeado por el origen social de los contagios, cuando al dar positivo se le pregunta dónde cree que se ha contagiado, se tiende a responder “el bar” donde se tomó el café, en vez del metro o el trabajo, porque no forman parte del imaginario de posibles, o en menor medida. Por supuesto, esto último tiene que ver con la poca calidad de los datos epidemiológicos que tenemos. Un elemento fundamental de los recortes en Salud pública de la última década.

La hegemonía de la evidencia biologicista lleva a poner el énfasis en el individuo, en el mito de la responsabilidad personal, y no en las medidas estructurales para reducir el riesgo de enfermar y morir. Y esto, y el sesgo ideológico de técnicos y políticos, afecta a qué medidas se toman y cuáles no.

Un ejemplo es este reportaje de El País: “Un salón, un bar y una clase: así contagia el coronavirus en el aire. … estas son las probabilidades de infección en estos tres escenarios cotidianos dependiendo de la ventilación”. En este reportaje se centran en las evidencias biofísicas, sin embargo, ¿tienen en cuenta otras? A golpe de google encuentro dos que interesan: según la EPA, en el Estado español hay 19 millones de personas trabajando, y según la OIT, el 27% de las personas trabajadoras en el Estado español trabaja sin contrato, sin que se cumplan sus derechos. Por lo que es fácil deducir que buena parte de los trabajadores pasarán más de 40 horas semanales en su puesto de trabajo, e igualmente, es fácil deducir que en muchísimas ocasiones no se cumplen las normas de seguridad. Por tanto, no deja de sorprender que los escenarios cotidianos para esos autores sean todos menos donde pasamos más de un tercio de nuestra vida.

Cuesta mucho creer que el trabajo no sea “un escenario cotidiano” de transmisión cuando hasta el 7 de noviembre no era ni siquiera obligatoria la mascarilla. Si a esto sumamos el tiempo en el puesto de trabajo, los niveles de precariedad, la temporalidad, falta de prevención de riesgos laborales e inspecciones de trabajo, condiciones del transporte público, etc; nos hace pensar que el titular de esa infografía huele a propaganda.

El ejemplo probablemente más flagrante es el de las residencias. Como decía, suponen hasta el 70 % de los muertos en algunas comunidades. En País Vasco, un 40 %, y eso porque a pesar de tener una norma nueva, en las residencias vascas se sigue utilizando el Decreto 41/1998, de 10 de marzo, sobre los servicios sociales residenciales para la tercera edad. Una norma de hace 22 años. Así, cuando el gobierno vasco confina los municipios, pero no pone los recursos para que se cumpla la nueva ley, y así reducir el riesgo de personas vulnerables, está claramente priorizando en base a prejuicios ideológicos, porque para reducir el riesgo de esas personas tendría que ir contra su espíritu privatizador (liberal).

Medidas tecnológicas y medidas sociales.

Algunos sectores ecologistas plantean que existe una forma de negacionismo de la crisis ambiental por parte de aquellos defensores del Green New Deal al ignorar (más o menos conscientemente) la imposibilidad del planeta Tierra de suplir de recursos materiales y energéticos para sus sueños de “crecimiento sostenible”.

De la misma forma, aquellos que han ignorado ciertas evidencias con respecto a la pandemia son negacionistas. Primero se ignoró que esto iba a pasar, que el aumento de las zoonosis por la destrucción de ecosistemas nos iba a llevar a sufrir una gran pandemia. Después, pasó y aceptamos con responsabilidad un estado de alarma y un largo confinamiento, sabiendo que muchas de las medidas eran no solo injustas sino contraproducentes al causar yatrogenia (como la de no dejar salir a los niños). Y las consecuencias que iban a tener sobre la salud. Exceso de mortalidad de 60.000. Más tarde nos dijeron que en la nueva normalidad se revertirían los años de recortes en salud pública y atención primaria. Y no se ha hecho, se han cruzado los dedos todo el verano. Llega la segunda ola en las mismas condiciones: sin atender ni siquiera tibiamente los principales elementos que aumentan el riesgo de contagio que son la densidad poblacional, sin rastreadores suficientes, sin la atención primaria reforzada, sin recursos ni medidas para las cuarentenas. Y se toman medidas ideológicas, sensacionalistas, no basadas en la evidencia.

Según Javier Segura, el toque de queda es un elemento de distracción, medidas aparentemente muy contundentes pero que no lo son en realidad. Dejan fuera las que realmente hay que tomar: refuerzo de atención primaria y salud laboral; y apoyo social y laboral.

Como dice Juan Diego Areta Higuera, “Deberíamos estar aplicando eficazmente medidas que sabemos que han funcionado: rastreo desde Salud Pública, refuerzo de Atención Primaria (que incluye la domiciliaria) y del sistema educativo, fomento de actividades al aire libre… Si eso no puede hacerse porque nuestro Estado no tiene capacidad para hacerlo, tal vez sería mejor hacerlo público y se hará lo que se pueda.”

Decía también: “Sin informar a la población adecuadamente, sin reconocer los errores cometidos, las incertidumbres en el conocimiento existente sobre COVID19 ni las limitaciones que tiene nuestro Estado, no podemos responsabilizar a la población, pues sólo le estamos dejando dos alternativas probablemente erróneas: o someterse ciegamente a medidas tomadas por razones no explicadas o rebelarse contra ellas”.

Los medios con el biologicismo hegemónico están creando una bomba de tiempo.

Si científicos y medios nos hubieran dicho a diario durante meses que da “igual” (entre muchas comillas) cuántos positivos haya siempre que nuestras poblaciones vulnerables estuvieran totalmente protegidas, entonces se entendería aún menos el que se confinara a los niños y niñas y se cerraran los parques. “Nos prohíben tomarnos un café a media mañana pero no pasar 10 horas quitando cejas a varios centímetros de distancia”.

Es cierto que las movilizaciones negacionistas están controladas por la extrema derecha, pero el caldo de cultivo de este descontento, desconfianza, caos informativo, etc. no es de su cosecha, sino de medios y biologicistas.

Referencias:

Más sobre residencias:

María Luisa Torijano Casalengua, Javier Sánchez Holgado, Cecilia Calvo Pita y María Pilar Astier Peña https://sano-y-salvo.blogspot.com/2020/05/la-terrible-pandemia-sobre-nuestros.html

Javier Segura https://www.elsaltodiario.com/coronavirus/javier-segura-epidemiologo-no-tenemos-evidencia-toque-queda-sea-medida-adecuada-disminuir-contagios

Joan Benach https://ctxt.es/es/20201001/Politica/33862/#.X56MTELay4M.twitter

Manuel Franco, https://www.eldiario.es/sociedad/manuel-franco-barrios-cinco-veces-contagios-deberian-cinco-veces-servicios-primaria-salud-publica-rastreadores_128_6247423.html#click=https://t.co/hiCWN0YQRT

Javier Padilla y Pedro Gullón, Epidemiocracia,  https://capitanswing.com/libros/epidemiocracia/

Fuente: https://rebelion.org/medidas-cientificas-medidas-ideologicas/

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Periodismo, profesión de alto riesgo

Micrófono y grabadora bajo mordaza. Mucho peor: comunicadores asesinados en distintas regiones del mundo en ejercicio de su profesión. Nueve de cada diez de estos crímenes quedan impunes.

El lunes 9 de noviembre el periodista Israel Vázquez Rangel fue asesinado a balazos mientras cubría el hallazgo de restos humanos en el municipio de Salamanca, en Guanajuato. Hace apenas una semana, el primer lunes de noviembre, en Sonora, el comunicador Jesús Alfonso Piñuelas había corrido la misma suerte. Arturo Alba Medina, conductor de Telediario, en Multimedios Televisión, en la Ciudad Juárez, Chihuahua, fue asesinado los últimos días de octubre. Las tres víctimas más recientes, todas en México. Las cifras son escalofriantes. En la última década se registró el asesinato de un-a periodista cada cuatro días. Casi 9 de cada 10 de esos casos fatales quedaron sin sanción.

Organizaciones internacionales contabilizan 157 asesinatos en todo el mundo en el periodo 2018-2019. De los cuales 57 se produjeron el año pasado, lo que representa la cifra más baja del último decenio.

Según las Naciones Unidas, América Latina y el Caribe sigue siendo la región más violenta en cuanto a este tipo de agresiones a trabajadoras-es de la prensa. En los primeros 9 meses del año en curso se registraron 39 actos fatales. 16 de ellos en el continente latinoamericano, 11 en Asia y el Pacífico, 7 en la zona de los Estados Árabes en tanto 5 en África.

Dato significativo del reciente informe que acaba de presentar la UNESCO es que una gran parte de estos hechos no se dan en contexto de guerras abiertas. Constata “el considerable descenso de periodistas asesinados en países que viven conflictos armados en comparación con el aumento en las naciones que no los padecen”. La mayoría de estos crímenes se produjeron por cubrir casos de corrupción, violaciones de los derechos humanos, delitos ambientales, tráfico y delitos políticos.

El sector de la profesión más golpeado es la televisión. En ese mismo periodo, padeció 47 de las muertes. Seguido de la radio con 20 víctimas – 5 de las cuales trabajaban en radios comunitarias,

Las mujeres periodistas son objeto de ataques de género, tanto en el ciberespacio como fuera de él, que van desde el acoso al troleo, pasando por las agresiones físicas y sexuales, precisa el estudio que fue divulgado el 2 de noviembre, Día Internacional para poner fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas. Diagnóstico que corresponde con un reciente escándalo que ocupa la primera plana en Suiza. La última semana de octubre el cotidiano Le Temps publicó una detallada investigación realizada por tres de sus periodistas, titulada “La ley del silencio”, sobre el acoso sexual, abuso de poder y soberbia en la gestión de varios cuadros de la actual Radio Televisión Pública (RTS). Entre ellos, el presentador “estrella” de los noticieros, Darius Rochebin, quien en agosto se trasladó a Paris con un nuevo contrato con la LCI/ TF1. Las revelaciones movilizan actualmente a los sindicatos del sector, organizaciones feministas y actores políticos y sociales exigiendo una investigación a fondo de los hechos denunciados. Dos de los cuadros de dirección de la RTS fueron ya separados de sus puestos en tanto Rochebin anuló en los últimos días todos sus programas en la cadena francesa.

Contra la impunidad

Fue la Asamblea General de la ONU la que el 18 de diciembre del 2013 aprobó una primera resolución (A/RES/68/163) relativa a la seguridad de los periodistas y la temática de la impunidad. La misma condenaba cualquier tipo de ataque contra los trabajadores de los medios de comunicación y proclamaba el 2 de noviembre como día mundial del combate contra la impunidad en homenaje a la periodista francesa Ghislaine Dupont y su colega Claude Verlon, asesinados en ese mismo año en Malí.

Esta resolución insta a los Estados Miembros a que adopten las medidas necesarias para prevenir las agresiones contra los periodistas, asegurar que los responsables sean llevados ante la justicia y garantizar el derecho de las víctimas a las reparaciones. También exhorta a los Estados a promover un entorno propicio y seguro, para dar garantías a los hombres y mujeres de prensa para que puedan realizar su labor de manera independiente y sin interferencias.

México, peor ejemplo

El país azteca sigue “siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo”, enfatiza la Federación Internacional de Periodistas (FIP) al lanzar a fines de octubre una campaña anual contra la impunidad.

La FIP recuerda que se registran 162 asesinatos en ese país desde 2006, año en el que empezó la llamada “guerra contra el narcotráfico”.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México reconoció que el 90% de los crímenes contra periodistas quedan impunes. “Aquí, de nuevo, vemos cientos de casos donde las autoridades corruptas vinculadas a los asesinatos siguen ocupando sus posiciones de poder”, subraya la organización mundial con sede en Bruselas que agrupa a 600 mil periodistas de 187 sindicatos de 140 países.

Las estadísticas mundiales estremecen. Según la FIP, desde 1990, 2644 periodistas han perdido la vida. Evidencia, “los enormes esfuerzos que grupos de poder en todo el mundo están haciendo para ocultar la verdad y aterrorizar a aquello/as que se atreven a contarla…”. Esos periodistas muertos “significan miles de historias de interés público sin contar. Cuando esto sucede, la democracia se ve seriamente afectada”, subraya.

Asesinar la voz pública

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura reitera que la seguridad de los periodistas es vital para que las sociedades y las democracias tengan acceso a una información diversa e independiente. También para promover el diálogo intercultural, la paz y el buen gobierno.

Sin embargo, en los últimos 14 años (2006-2019), la UNESCO registra 1200 periodistas que han sido asesinados por cumplir con su labor de informar al público. En uno de cada diez casos prevalece la impunidad. (https://www.un.org/es/observances/end-impunity-crimes-against-journalists).

“La impunidad trae consigo más asesinatos y, a menudo, es síntoma de un recrudecimiento del conflicto y del quebrantamiento de la ley y del desmoronamiento del sistema judicial”, afirma.

Estas cifras – recuerda el organismo – no incluyen otros crímenes contra los periodistas como la tortura, las desapariciones, las detenciones arbitrarias, la intimidación o el acoso. Además, las mujeres periodistas corren más riesgos, entre otros, los de sufrir agresiones sexuales.

“Es preocupante que menos de uno de cada diez casos de crímenes cometidos contra los trabajadores de los medios de comunicación durante la pasada década haya culminado en una condena”, enfatiza.  Esta impunidad tiende a envalentonar a los autores de dichos crímenes, y, al mismo tiempo, tienen un efecto paralizador en la sociedad, incluyendo a los mismos periodistas. La impunidad genera más impunidad, dando lugar a un círculo vicioso, evalúa.

Cuando las agresiones a los periodistas permanecen impunes, se envía un mensaje extremamente negativo: o sea, que contar “verdades embarazosas” o expresar “opiniones indeseadas” podría poner en problemas a la gente común. Además, afirma la organización rectora de la cultura y la educación, la sociedad pierde así la confianza en su propio sistema judicial, cuyo deber es proteger a los ciudadanos de cualquier agresión a sus derechos. Los autores de crímenes contra los periodistas son alentados por el hecho de agredir a sus objetivos sin tener siquiera que dar cuentas a la justicia. La impunidad daña a la sociedad en su conjunto al encubrir graves abusos de los derechos humanos, corrupción y otros crímenes. El tipo de noticias que son «silenciadas» es exactamente el tipo de información que la opinión pública necesita conocer, enfatiza.

Para el próximo 10 de diciembre, la UNESCO organiza, junto con el Reino Unido y los Países Bajos, una conferencia internacional al mismo tiempo digital y presencial. Pretende celebrar, conjuntamente, el Día Mundial de la Libertad de Prensa (3 de mayo) y el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes de los periodistas (2 de noviembre). Tema principal de este evento:  el Fortalecimiento de las investigaciones y enjuiciamientos para poner fin a la impunidad de los crímenes con periodistas. En dicho cónclave se presentarán las directrices para fiscales sobre investigación y juicio de los delitos y ataques contra la/os trabajadora/es de la prensa.

Fuente: https://rebelion.org/periodismo-profesion-de-alto-riesgo/

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Un “gran confinamiento” devastador en el Tercer Mundo

Por: Por Gilbert Achcar

Con la pandemia de la covid-19, el planeta está sufriendo la peor crisis económica desde el periodo de entreguerras. Desempleo, inseguridad alimentaria, abandono escolar… los efectos del «gran encierro» se hacen sentir en todas partes, pero es en los países pobres donde sus repercusiones afectan con más dureza. Con una estructura laboral en la que predomina el sector informal, muchos trabajadores carecen de protección social alguna.

Así como las consecuencias del cambio climático se sienten en todas las latitudes, la pandemia de covid-19 no perdona a nadie, rico o pobre, jefe de Estado o refugiado. Sabemos, dicho esto, que esas crisis planetarias no afectan por igual a todos los humanos. Además de suponer diferentes vulnerabilidades según la edad y diversos factores de riesgo, la pandemia, al igual que el calentamiento climático, tiene una incidencia muy diversa a escala mundial, así como dentro de cada país, en función de las tradicionales líneas divisorias entre ricos y pobres, blancos y no blancos, etc. La infección de Donald Trump confirmó, desde luego, que el virus no tenía consideración con el rango político, pero el excepcional tratamiento que recibió el presidente de Estados Unidos, con un coste estimado que supera los 100.000 dólares por tres días de hospitalización (1), demuestra que, si bien todos los seres humanos son iguales ante la enfermedad y la muerte, algunos, como escribió George Orwell en Rebelión en la granja, son “más iguales que otros”.

Como es costumbre, el Tercer Mundo es el que más sufre los embates de la actual crisis económica, denominada “Gran Confinamiento” por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su informe semestral de abril de 2020 (2), una crisis que ya es la más seria desde la Gran Depresión del periodo de entreguerras. El Tercer Mundo es el tercer estado mundial del que solo unos pocos países de Asia oriental han logrado salir desde que el economista Alfred Sauvy acuñó el término en 1952. Lo definiremos aquí como el conjunto de países de ingresos bajos, añadiéndoles los países de ingresos intermedios (franja inferior y superior), según la clasificación del Banco Mundial, exceptuando a China y a Rusia, que, aunque son países de ingresos medios superiores, sí son potencias mundiales.

A escala internacional, el Gran Confinamiento ha acarreado una fuerte agravación del desempleo. Ahora bien, el impacto social de este desempleo es mucho mayor en los países del Tercer Mundo que en los países ricos, que a menudo han implementado costosas medidas con el fin de mitigar sus consecuencias. A lo largo de los tres primeros trimestres de 2020, se ha destruido en todo el mundo el equivalente prorrateado a 332 millones de puestos de trabajo a tiempo completo, es decir una merma del 11,7% en comparación con el último trimestre de 2019. De ellos, 143 millones se perdieron en los países de ingresos medios inferiores (-14%), 128 millones en los países de ingresos medios superiores (-11%) y 43 millones (-9,4%) en los países ricos, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (3). Y si bien los países de ingresos bajos perdieron “solo” el equivalente a 19 millones de puestos de trabajo (-9%) durante el mismo periodo, esta cifra no da un reflejo adecuado del impacto socioeconómico de la crisis que han sufrido. Y es que, en estos países, al igual que en los países de ingresos medios inferiores, la gran mayoría de empleos y actividades por cuenta propia se sitúan en el sector informal, que absorbe el 60% de la mano de obra mundial y, por definición, carece de cualquier tipo de protección social.

En un informe reciente, el Banco Mundial estima que la pobreza extrema –definida como el hecho de tener que sobrevivir con menos de 1,90 dólares al día– aumentó en 2020, como resultado de la pandemia, por primera vez desde 1998, tras la crisis financiera asiática de 1997 (4). En términos absolutos, Asia meridional es la región más afectada: entre 49 y 56,5 millones de personas más de lo previsto antes de la pandemia deberían de caer por debajo del umbral este año, o no superarlo. En el caso del África subsahariana, serán entre 26 y 40 millones, confirmándose así el estatus del subcontinente como región con la tasa de pobreza extrema más alta del mundo. La variación será de entre 17,6 y 20,7 millones de personas para los países en desarrollo de Asia oriental (5); podría alcanzar los 4,8 millones en América Latina y los 3,4 millones en el área que forman Oriente Próximo y Norte de África. En suma, según el Banco Mundial, entre 88 y 115 millones de personas caerán o permanecerán en 2020 bajo el umbral de 1,90 dólares como resultado de la pandemia. El incremento neto del número de personas muy pobres en comparación con 2019 será de entre 60 y 86 millones.

Desde 2013, la aceleración del cambio climático, del que las poblaciones más pobres son las primeras víctimas, y nuevos conflictos armados, como los de Siria, Yemen y Sudán del Sur, provocaron que se frenara la disminución de la pobreza. El Gran Confinamiento ha hecho definitivamente inalcanzable el “objetivo de desarrollo sostenible” sobre la extrema pobreza que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) fijó para 2030, con miras a reducir la tasa mundial de extrema pobreza al 3%. La tasa seguía siendo del 10% en 2015, lo que corresponde a 736 millones de personas. Mientras que el Banco Mundial la sitúa en alrededor del 7% en 2030.

La pandemia ha agravado las hambrunas

En julio, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés) hizo sonar la alarma. Mark Lowcock, secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, resumió así la situación en el prólogo del informe: “Estimaciones recientes sugieren que hasta 6.000 niños podrían morir cada día por causas evitables, como consecuencia de los efectos directos o indirectos de la covid-19. La derivación de recursos sanitarios podría provocar una duplicación del número de muertes por sida, tuberculosis y malaria. El cierre de escuelas erosionará la productividad, reducirá los ingresos a lo largo de toda la vida y acrecentará las desigualdades. La desaceleración económica, el aumento del desempleo y una menor asistencia a la escuela aumentan la probabilidad de guerra civil, con consiguientes hambrunas y desplazamientos de poblaciones” (6).

Aun sin nuevas guerras, ha habido una gran extensión de la hambruna. Según el informe de la OCHA, la pandemia la ha agravado en zonas ya castigadas y ha creado nuevos núcleos donde no existía. A falta de una asistencia masiva y rápida por parte de los países ricos, el número de personas en situación de inseguridad alimentaria extrema se incrementará hasta los 270 millones a finales de año, frente a los 149 millones de antes de la pandemia. En septiembre, no obstante, solo se habían desembolsado 2.500 de los 10.300 millones de dólares solicitados por la OCHA, según el informe anual del secretario general de la ONU (7). Y esa diferencia no la va a tapar el millón de dólares del Premio Nobel de la Paz otorgado al Programa Mundial de Alimentos. ¿Será porque la hambruna no se contagia ni cruza las fronteras con los migrantes, a diferencia del virus? El pasado 13 de octubre, el Banco Mundial asignó 12.000 millones de dólares a los países en desarrollo para un programa de vacunación y pruebas de detección de covid-19.

El programa “Todas las mujeres, todos los niños”, puesto en marcha por la ONU en 2010 y gestionado conjuntamente por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), advierte por su parte en su último informe que el cierre de escuelas por la pandemia hace que muchos niños y adolescentes probablemente nunca vuelvan a ellas en los países del Tercer Mundo (8). Se encontrarán consiguientemente expuestos a mayores niveles de violencia doméstica y a un riesgo alto de embarazo precoz. En el mismo informe se estima que el Gran Confinamiento podría reducir en un tercio los progresos conseguidos en la eliminación de la violencia de género de aquí a 2030, y causar 13 millones de matrimonios infantiles adicionales en la próxima década.

“No es inevitable. Se puede prevenir con dinero y con voluntarismo por parte de las naciones más ricas –asevera Lowcock–. Estimamos que el coste de proteger al 10% más pobre de los peores efectos de la pandemia y de la recesión supone 90.000 millones de dólares, es decir, menos del 1% del plan de estímulos que los países ricos han puesto en marcha para proteger sus economías”. De hecho, según el FMI, el monto total de los paquetes de estímulos anunciados en el mundo entero alcanzaba los 11,7 billones de dólares en septiembre, es decir, el 12% del producto interior bruto (PIB) mundial, la mayoría de ellos en países de altos ingresos (9). El nivel global de deuda pública real en estos países ha superado ya el 120% del PIB, un nivel que solo se había alcanzado una vez en la historia del capitalismo: al final de la Segunda Guerra Mundial. Y frente a eso, según la OIT, con 937.000 millones de dólares se compensaría la pérdida de puestos de trabajo en los países de ingresos medianos inferiores, y 45.000 millones de dólares bastarían para los países de ingresos bajos, lo que supone un total de 982.000 millones de dólares para un grupo de Estados que constituyen la gran mayoría de la población mundial.

Modesta en comparación con las medidas adoptadas por los Estados más ricos, la ayuda que requieren los países pobres también es urgente. Tres investigadores del FMI han advertido de los efectos a largo plazo de la crisis en los países de bajos ingresos. Usan el término scarring (literalmente: “dejar cicatrices”) para designar una pérdida permanente de capacidad productiva. “El scarring ha sido el legado de pandemias anteriores: mortalidad [más alta]; deterioro en salud y educación que reduce los ingresos futuros; extinción del ahorro y de los haberes que conduce imparablemente al cierre de empresas –especialmente las pequeñas empresas sin acceso a crédito– y provoca trastornos irreversibles en la producción; y un sobreendeudamiento que pesa en los préstamos del sector privado. De esta manera, tras la pandemia por el virus del ébola en 2013, la economía de Sierra Leona nunca volvió a la senda de crecimiento anterior a la crisis” (10).

El temor a morirse de hambre

La India, el país más poblado del Tercer Mundo, es también uno de los más afectados por el Gran Confinamiento. Su PIB ha caído en casi una cuarta parte (23,9%) en el segundo trimestre de 2020, lo que ha supuesto un duro golpe para su “ambición de convertirse en potencia mundial, salir de la pobreza y modernizar sus fuerzas armadas”, explica Jeffrey Gettleman, jefe de la corresponsalía de The New York Times en Nueva Delhi. Mucho ha tenido que ver en ello la errática gestión del primer ministro de extrema derecha, Narendra Modi, evidenciándose así los riesgos que entraña el reproducir tal cual unas medidas adoptadas en países con características sociales y demográficas muy diferentes.

Cuenta Gettleman: “El 24 de marzo, a las 8 de la tarde, tras dar a todos los habitantes la orden de permanecer confinados, Modi cerró la economía –oficinas, fábricas, carreteras, trenes, fronteras interestatales [de la Unión India], casi todo– con cuatro horas de preaviso. Decenas de millones de indios perdieron su trabajo inmediatamente después. Muchos trabajaban en fábricas, obras de construcción o como empleados domésticos en la ciudad, pero eran migrantes de la India rural. Con el temor a morirse de hambre en las chabolas, millones de ellos abandonaron los centros urbanos a pie, en bicicleta o haciendo autoestop, en un intento desesperado por volver a sus pueblos; una migración épica de la ciudad al campo, al revés de lo que suele suceder, que la India nunca había conocido, y que propagó el coronavirus hasta el lugar más recóndito de este país de 1.300 millones de habitantes” (11).

Tampoco la clase media india quedó a salvo, con 6,6 millones de oficinistas abocados al paro y un aumento de la tasa de suicidios entre ejecutivos y profesiones liberales (12). El Gobierno de Modi respondió a esta colosal crisis con un plan de recuperación de… 10.000 millones de dólares, anunciado el 12 de octubre (como punto de comparación, el plan de 2 billones de dólares adoptado en marzo en Estados Unidos, cuya población es cuatro veces menor).

El pasado 6 de octubre, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, celebró que las medidas excepcionales hayan permitido a la economía mundial resistir el impacto del confinamiento mejor de lo previsto. Consideró que si hasta la fecha se ha podido evitar lo peor “es en gran parte gracias a las medidas extraordinarias que han permitido mitigar la caída de la economía mundial. Los Gobiernos han destinado aproximadamente 12 billones de dólares en respaldo fiscal a hogares y empresas. Asimismo, se han aplicado medidas de política monetaria inauditas para mantener los flujos de crédito y evitar que millones de empresas tuviesen que cerrar” (13). Con todo, la directora gerente del FMI añadió a continuación: “No obstante, algunas intervenciones tuvieron mejores resultados que otras. En las economías avanzadas se trata de hacer todo lo necesario. Los países más pobres se esfuerzan por hacer todo lo posible”.

Su diagnóstico para los países del Tercer Mundo es el siguiente: “Los mercados emergentes, los países con ingresos bajos y los Estados frágiles siguen enfrentándose a una situación precaria. Sus sistemas de salud tienen más carencias, y están muy expuestos a los sectores más afectados, como son el turismo y las exportaciones de materias primas. Además, dependen enormemente de la financiación externa. La abundante liquidez y las bajas tasas de interés ayudaron a muchos mercados emergentes a recuperar el acceso al crédito, pero desde marzo ni un solo país del África subsahariana ha emitido deuda externa”.

En efecto, y una vez más, el continente africano es el peor librado. Según el Banco Africano de Desarrollo (BAFD), la contracción de crecimiento prevista en 2020 podría suponer para África unas pérdidas de entre 145.000 y 190.000 millones de dólares, con relación a los 2,59 billones de dólares de PIB previstos antes de la pandemia (14). El BAFD calcula que el año 2021 podría cerrarse con una pérdida de ingresos de entre 28.000 y 47.000 millones de dólares en comparación con las estimaciones anteriores. Son especialmente vulnerables los Estados “muy endeudados y cuya economía depende en gran parte de aportes financieros internacionales hoy por hoy volátiles”.

Dichos Estados sufren de hecho una atrofia considerable. Además de los efectos mundiales del Gran Confinamiento en las propias economías, el Tercer mundo en su conjunto sufre de lleno los efectos derivados de la crisis que afecta a los países ricos. Cabe señalar la súbita caída de los flujos monetarios e inversiones hacia los países en desarrollo, y especialmente las remesas de los trabajadores migrantes. Uno de los efectos de la globalización, considerando el doble movimiento de personas y dinero, es que estos envíos –conocidos como “remesas migratorias”– han ido creciendo de forma sostenida desde el cambio de siglo. Con una cifra récord de 554.000 millones de dólares en 2019, superaron por primera vez la inversión extranjera directa (IED), que ha ido decayendo en los países en desarrollo a lo largo de la década, tras culminar en más de 700.000 millones de dólares (15). Valga decir que, desde el cambio de siglo, las remesas migratorias han superado sistemáticamente tanto los flujos privados de inversiones de cartera en préstamos y acciones hacia los países del Tercer Mundo como la ayuda pública al desarrollo, con mucha diferencia en este caso, por más que alcanzó un máximo histórico de 152.800 millones de dólares en 2019 (16).

La contribución de los trabajadores expatriados ronda o supera el 10% del PIB en muchos países africanos, como Senegal, Zimbabue y Sudán del Sur (por encima del 34% en este último). También en las antiguas repúblicas soviéticas del Cáucaso y Asia central, que carecen de riquezas en hidrocarburos (casi el 30% en Kirguizistán y Tayikistán), así como en Jordania, Yemen, el Líbano y los territorios palestinos de Oriente Próximo. En Asia meridional alcanza el 27% en Nepal y cerca del 8% en Pakistán y Sri Lanka. Añádanse Filipinas, en Asia oriental, y varios Estados de Centroamérica, entre ellos, El Salvador y Honduras (más del 20%) y Haití (37%) (17).

La realidad de la deuda y las «buenas intenciones»

Ocurre que, según el Banco Mundial, las remesas a los países en desarrollo van a caer un 20% en 2020, es decir, en más de 110.000 millones de dólares debido a que los migrantes son los más afectados por los despidos y los recortes salariales. Además, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés) calcula que en 2020 la IED hacia los países africanos habrá caído entre un 25 y un 40%, tras sufrir ya un descenso de un 10% en 2019 (18). En el caso de los países en desarrollo de Asia, especialmente sensibles a la alteración de las cadenas mundiales de suministro, se prevé que la caída de la IED alcance entre el 30 y el 45%, y hasta el 50% para América Latina.

A todo eso se añade el creciente problema de la deuda, cuyos pagos por parte de los países en desarrollo han alcanzado el nivel más alto desde el cambio de siglo (19). En promedio, deberían de representar en 2020 el 14,3% de los ingresos de los Estados concernidos, frente al 6,7% en 2010. Pero muchos se enfrentan a situaciones dramáticas, como Gabón, cuyos reembolsos absorben el 59,5% del total de ingresos públicos, Ghana (50,2%), Angola (46%) o Pakistán (35%). Actualmente, 52 países dedican más del 15% de sus ingresos a este reembolso, frente a 31 en 2018, 27 en 2017, 22 en 2015…

Ante esta situación de emergencia, los responsables financieros internacionales multiplican las declaraciones de buenas intenciones, y proclaman la necesidad de aliviar la deuda de los países del tercer mundo por mor de la pandemia. Entre ellos están el presidente del Banco Mundial, David Malpass, o su economista jefe, Carmen Reinhart, quien aboga por condonar deudas para que los países en desarrollo puedan contraer otras (20). Pero la realidad es menos alentadora, como lo explica el Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas (CADTM, por su nombre anterior: Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo): “A raíz de la pandemia, los países del G20 concedieron una moratoria sobre los reembolsos de la parte bilateral de la deuda para el periodo entre mayo y diciembre de 2020. […] Si bien 73 países resultaron elegibles, en realidad solo 42 consiguieron un acuerdo con el Club de París” (21). ¿Por qué tan pocos? Una explicación podría ser el “chantaje de los acreedores privados y de las agencias de calificación”. Dichos acreedores “indicaron que los países que solicitaban moratorias se arriesgaban a que las agencias rebajaran su nota, cerrándoseles así el acceso a los mercados financieros”. En resumidas cuentas, “estos países van a encontrarse en la tesitura de tener que reembolsar una cantidad mayor con menos recursos” (22).

Los países del Tercer mundo, acorralados por la crisis, piden un alivio de la deuda más consecuente (23). Se está gestando la revuelta. En un artículo publicado en el Financial Times, el ministro de Finanzas de Ghana, Ken Ofori-Atta, hizo un llamamiento a los Estados africanos para que “se adelantaran y crearan una dirección coordinadora de los distintos grupos de interés y centros de poder, con el fin de proponer una reestructuración de la arquitectura financiera mundial” que se adaptase “a las necesidades de África y demás países en desarrollo, en esta circunstancia en que tenemos que gestionar la recuperación pos-covid-19” (24). También hay quienes, a imagen del filipino Walden Bello, profesor universitario de izquierdas, abogan por que los países del Tercer mundo se salgan colectivamente de las dos instituciones fundamentales de la arquitectura financiera mundial, el FMI y el Banco Mundial (25).

A fin de cuentas, el Gran Confinamiento no ha hecho sino reafirmar la posición subordinada del Tercer mundo dentro del sistema político y económico del mercado mundial. Asimismo, habrá frustrado aún más las esperanzas de poder salirse de él sin romper con la lógica neoliberal, cuya incompatibilidad con las necesidades de una humanidad enfrentada a una catástrofe resulta más patente cada día.

Gilbert Achcar, profesor de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos (SOAS) de la Universidad de Londres. Autor, entre otras obras, de Symptômes morbides. La rechute du soulèvement arabe, Actes Sud, París, 2017 y, junto a Noam Chomsky, de Estados peligrosos: Oriente Medio y la política exterior estadounidense, Paidós, Barcelona, 2007.

Notas

(1) Sarah Kliff, “How much would Trump’s coronavirus treatment cost most Americans?”, The New York Times, 7 de octubre de 2020.

(2) “The Great Lockdown”, World Economic Outlook, FMI, Washington, DC, abril de 2020.

(3) “ILO Monitor: Covid-19 and the world of work. Sixth edition”, OIT, Ginebra, 23 de septiembre de 2020.

(4) “Reversals of fortune – Poverty and shared prosperity 2020”, Banco Mundial, Washington, DC, 2020.

(5) “From containment to recovery: Economic update for East Asia and the Pacific”, Banco Mundial, octubre de 2020.

(6) “Global Humanitarian Response Plan: Covid-19 (April-December 2020)”, OCAH, Ginebra, julio de 2020.

(7) “Informe del secretario general sobre el trabajo de la Organización / 2020”, ONU, Nueva York, 2020.

(8) “Protect the progress: rise, refocus, recover”, OMS y UNICEF, Ginebra, 2020.

(9) “Fiscal Monitor: Policies for the recovery”, FMI, octubre de 2020.

(10) Daniel Gurara, Stefania Fabrizio y Johannes Wiegand, “Covid-19: Without help, low-income developing countries risk a lost decade”, IMFBlog, 27 de agosto de 2020.

(11) Jeffrey Gettleman, “Coronavirus crisis shatters India’s big dreams”, The New York Times, 5 de septiembre de 2020.

(12) Stephanie Findlay, “Suicides rise after virus puts squeeze on India’s middle class”, Financial Times, Londres, 6 de octubre de 2020.

(13) Kristalina Georgieva, “Un largo camino cuesta arriba: cómo superar la crisis y construir una economía más resiliente”, FMI, 6 de octubre de 2020.

(14) “Perspectives économiques en Afrique 2020” (PDF), BAFD, Abiyán, 30 de enero de 2020.

(15) “Covid-19 crisis through a migration lens”, Migration and Development Brief, n.° 32, Banco Mundial y Asociación Mundial de Conocimientos sobre Migración y Desarrollo (Knomad, por sus siglas en inglés), Washington, DC, abril de 2020.

(16) “ODA 2019 preliminary data” (PDF), Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), www.oecd.org

(17) “Covid-19 crisis through a migration lens”, op. cit.

(18) “Informe sobre las inversiones en el mundo 2020: la producción internacional después de la pandemia”, UNCTAD, Ginebra, 2020.

(19) “Debt Data Portal”, Jubilee Debt Campaign, data.jubileedebt.org.uk. Léase también “Faut-il payer la dette?”, Manière de voir, n.° 173, octubre-noviembre de 2020.

(20) Larry Elliott, “World Bank: Covid-19 pushes poorer nations ‘from recession to depression’”, The Guardian, Londres, 19 de agosto de 2020, y Jonathan Wheatley, “Borrow to fight economic impact of pandemic, says World Bank’s chief economist”, Financial Times, 8 de octubre de 2020.

(21) El Club de París es un grupo de acreedores públicos que reúne a la mayor parte de los miembros de la OCDE, así como Brasil y Rusia.

(22) Éric Toussaint y Milan Rivié, “Les pays en développement pris dans l’étau de la dette”, CADTM, Lieja, 6 de octubre de 2020.

(23) Jonathan Wheatley, David Pilling y Andres Schipani, “Emerging economies plead for more ambitious debt relief programmes”, Financial Times, 12 de octubre de 2020.

(24) Ken Ofori-Atta, “Ghanaian finance minister: Africa deserves more Covid help”, Financial Times, 12 de octubre de 2020.

(25) Walden Bello, “The Bretton Woods twins in the era of Covid-19: Time for an exit strategy for the global south?”, Focus on the Global South, Bangkok, 10 de octubre de 2020.

Fuente: https://mondiplo.com/

Fuente de Réplica: https://rebelion.org/un-gran-confinamiento-devastador-en-el-tercer-mundo/

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No odio

Semiótica de ciertas bajas pasiones. Campaña mundial para erradicar la cultura del odio en los medios de comunicación.

Entre las muchas emociones retrógradas, con que convivimos obligadamente, el odio despunta por su irracionalidad y estulticia. Para la especia humana es una emboscada inútil, es siempre contraproducente y degradante. Quien odia desciende drásticamente los niveles de humanización, acepta una condición de vida social mutilada y pacta, de modo tácito y explícito, una esclavitud perversa e intensa de la que suele no haber escapatoria. Algunos la disfrutan mucho.

Odiar es, principalmente, una herida moral que nos propina la lucha de clases cuando nos desorientamos y perdemos vista el lado al que pertenecemos, objetiva y subjetivamente. En el odio se expresa la pulsión de impotencia que empuja a destruirlo todo para simplificar las contiendas por la fuerza de la peor negación. Quien odia trueca el modo de la lucha por espejismos con soluciones mágicas. Siempre es más fácil embriagarse en odio -y obrar aturdido- aunque resulte más riesgoso y más costoso.

Bajo la presión de la lucha de clases se producen muchas distorsiones si se carece de método científico y consensuado. Una fragilidad teórica y práctica deriva fácilmente en odio porque se renuncia a la razón argumental y organizativa a cambio de catarsis negacionistas en extremo infectadas por violencia estúpida, silogismos “viscerales” y derrumbes éticos bañados en sangre. Pura inutilidad para la especie humana. Algunos “progresismos” reivindican un odio al que suponen con fuerza aglutinante y movilizante. Viven de un error teórico y práctico que no sólo no permite avanzar sino que es sospechoso porque desplaza de su eje la formación humanista que permite organizar fuerzas para superar los odios con las armas de la crítica.

Hay tantos tipos de odio como distorsiones en el método transformador. Tal variedad nace y se reproduce en los vacíos que deja la ignorancia y la falta de rigor para la praxis, en todos los niveles y en todos los frentes de la lucha. Sea de nuestro lado o del otro. Nadie está a salvo, aquel que se siente dueño de objetos, personas o conceptos (como botines de su “propiedad privada”) comete un error (a veces voluntario) que lo conducirá a odiar tarde o temprano. Es ingrediente del odio sentir que se ha sido despojado de alguna propiedad. Y hay tantas mezclas de despojo, combinadas con aprehensión propietaria, que ha ido multiplicándose y profundizándose la complejidad del repertorio de los odios. En el odio de la clase opresora se coagulan -y sinceran- todas las patologías del capitalismo. Es uno de sus espejos más nítidos. Es odio “refinado”, que se ha sofisticado, instrumentalizado y maquillado hasta parecer, incluso, “amor al prójimo” o filantropía para anestesiar insurrecciones populares. Mientras los odiadores ponen cara de “buenos”.

Por eso, odian más quienes más roban. Odian por lo creen que pierden, o por la simple sospecha de ser expropiados. Odian a sus expropiadores pero más odian la idea y la práctica que convierten lo expropiado en posesión colectiva. Existen odiadores expertos que han cultivado extensiones enormes de odio y las atienden con esmero como si se tratara de “nuevas propiedades”. Han hecho escuelas de odio muy refinadas. Cuentan con estructuras jurídico-políticas a granel. Tienen religiones, universidades y entretenimientos donde se perfecciona el odio de clase, se lo esparce como “sentido común” (y como identidad) y se le reconoce valor de uso y valor de cambio en el mercado del control social, del monopolio del poder político y del poder militar. Odio miserable pero, eso sí, muy rentable. En el relato de las burguesías el “odio” reviste récords de época muy convenientes para la apropiación del producto del trabajo ajeno. Con el beneplácito de algunos “expertos” y de sus jefes, convierten el odio en una corriente desenfrenada, cargada con “nuevas clasificaciones”, donde reina -sin tapujos- la idea de que odiar es condición de los seres humanos capaces, incluso, de odiarse a sí mismos con odio funcional y contra su propia clase… y por cuenta propia. Determinismo del odio que no tiene horarios. No permitas que los noticieros burgueses te convenzan de odiar a tu propio pueblo. No te tragues el odio oligarca como si fuese tuyo.

Odiar implica desaparecer al oponente, exterminarlo. Incluso con violencia ignota. Con odio se cancela el debate, los diferendo, el “agón” griego. Se suprime el trabajo de argumentar racionalmente para convencer con evidencias. Se suprime la contrastación de criterios o experiencias y se impone el individualismo aberrante de “la razón soy yo”, aunque para eso haya que usar palos y plomo, cárcel y persecución. El odio cancela la igualdad, la libertad, la tolerancia, el respeto a la dignidad y a la autonomía del otro. Es impensable una sociedad igualitaria y digna mientras haya gente produciendo odio y vendiéndolo como uno de los más grandes negocios de la Historia. Propagar odio debería ser considerado Delito de Lesa Humanidad.

Hay víctimas del odio que no devuelven odio. Víctimas que han sabido dignificar su dolor sin permitir que se degrade en odio. Espíritus y luchas ejemplares que, por el contrario, han ascendido a la praxis de las batallas reivindicatorias, apasionadamente y a salvo de los odios. Es imprescindible entender la naturaleza del odio, sus raíces, causas y efectos… combatirlo en sus más diversas facetas e impacto en las visiones y conductas deformadas por las ideologías del odio y con odio (racistas, sexistas, integristas que la fomentan) Es una tarea central derrotarlo… en y con todo lo que tengamos a mano, incluyendo la literatura, las artes, el cine y los “mass media”. Hay que llamar a todos los frentes dignos, y en pie de lucha, a frenar la propagación del discurso del odio contra migrantes y contra todos los grupos llamados “minoritarios”. Desterrar el odio a los líderes sociales, a los movimientos emancipadores, a los mandatarios de las naciones progresistas o revolucionarias. Combatir el odio desatado y cultivado en las “redes sociales”.  Frenar el odio generalizado para amenazar a la voluntad democrática de los pueblos. Desterrar el odio creado para sofocar el disentimiento legítimo, la libre expresión popular, el derecho a vivir sin violencia…  y, además, exigir que cesen los caminos por donde transita el odio de clase y la violencia burguesa disfrazada, también, de “libertad de expresión”.

Fuente: https://rebelion.org/no-odio/

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Romper el pacto

Por: Cristóbal León Campos

Silencio, balas e impunidad, esa es la acostumbrada respuesta del poder a las demandas sociales, la represión ejercida contra la protesta feminista en Cancún, Quintana Roo, la noche del lunes 9, viene a confirmar la existencia estructural del orden patriarcal-capitalista, recubierto por la cultura machista y sostenido por el sistema económico desigual e injusto. Ante la exigencia de justicia por miles de mujeres organizadas en colectivas y agrupadas en el movimiento feminista que lucha por los derechos plenos de la mujer y contra la violencia machistas-patriarcal, la brutalidad gubernamental ha dado nueva muestra de su razón y finalidad, pues en lugar de contribuir al esclarecimiento de los feminicidios cometidos ahora y antes, lanza su fuerza sobre quienes exigen el fin de la violencia contra las mujeres, lo que parecería una actuación sinrazón, es en realidad el reflejo de la lógica sistémica, ya que al ver cuestionada su hegemonía el Estado reacciona violentamente intentando mantener el estatus quo social, las balas no fueron casualidad y nunca lo son, sin importar los colores partidistas presente está la bandera de la democracia burguesa y sus formas opresivas frente a reivindicaciones de verdadera justicia.

Tras conocerse el feminicidio de Alexis, una joven de 20 años, además de las reacciones de dolor e indefensión de los familiares y amigos, se observó una serie de comentarios en redes sociales agresivos, misóginos y machistas contra la víctima, esto no es nuevo, siempre es igual, la difusión del feminicidio es acompañado por descalificaciones a la mujer violentada, intentos de “justificantes” del crimen y distractores burdos que pretenden negar el feminicidio como tal, estos comentarios inhumanos e insensibles son realizados por otros hombres que de forma consciente o inconsciente reproducen el pacto patriarcal.

Este pacto es en suma la negación absoluta de los derechos de la mujer y el despojo de su valor como ser humano, sobreponiendo al hombre en todo sentido y sobajando a la mujer a mero objeto-fetiche cuya “función única” se supone es la satisfacción masculina. Los hombres se protegen entre sí ejerciendo el pacto, un acuerdo tácito que condiciona y reproduce el machismo-patriarcado al asumir la superioridad de los hombres, una disposición mental-cultural que tiene manifestaciones materiales y estructurales, este pacto, se enraíza en el origen mismo del patriarcado que encontró en el capitalismo la tierra firme para su reproducción y fortalecimiento. Por ello no basta con deconstruir al ser masculino, sino que se requiere romper tanto al pacto patriarcal como al pacto social en el que se sustentan nuestras sociedades machistas, es decir, el anticapitalismo es una pieza clave en la lucha por un mundo mejor.

Una de tantas evidencias del pacto, es el hecho de que el patriarcado-capitalismo usa las leyes a favor de los hombres cuestionando la integridad de las mujeres, convirtiendo a la víctima en culpable de la violencia que sufre, liberando de responsabilidad al hombre y negando la existencia del feminicidio. Romper el pacto patriarcal es reconocer su existencia y superar esa posición hegemónica de privilegio que sitúa al hombre históricamente en situaciones de poder. Los hombres debemos abandonar toda postura, idea y posición para rehacernos como seres humanos reales olvidando la “supuesta superioridad”. Erradiquemos al machismo y al macho que lo genera, así como contribuir a la destrucción de pacto patriarcal y social que lo construye.

*Colaborador de CII-OVE

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