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¿Para qué un sistema de educación público y nacional?

Blanca Heredia

 

La idea de que la educación debería ser competencia de la colectividad más grande y no sólo de las familias es muy antigua. En casi todas partes y durante la mayor parte de la historia de la humanidad, sin embargo, la educación de los menores ha sido un asunto fundamentalmente privado: uno directa y exclusivamente a cargo de los padres, de la familia y/o de las religiones organizadas.

Los sistemas de educación públicos de carácter nacional son, de hecho, un invento social relativamente reciente. El primero de ellos fue creado en Prusia a fines del siglo XVIII. Siguieron Francia y otros países del norte de Europa; luego vino Estados Unidos y, de entre los hoy países desarrollados, al final Gran Bretaña.

Contra lo que pudiera pensarse –particularmente en estos tiempos globalizados en que la educación escolarizada parece tener como valor prioritario la empleabilidad y la productividad–, la creación de los sistemas nacionales de educación pública no respondió, en primer término, a imperativos económicos. No ha sido históricamente la necesidad de contar con grandes números de individuos “educados” lo que explica la construcción de los sistemas de educación públicos. En la mayor parte de los países la motivación y causa de fondo de su creación fue el imperativo político, cultural y simbólico de los Estados-territorial-nacionales en construcción de fabricar prusianos, franceses, estadounidenses, mexicanos y demás nacionales (a partir de poblaciones fragmentadas en identidades étnico-culturales, geográficas y/o religiosas muy diversas y, con frecuencia, contrapuestas) para hacerse de una base poblacional mínimamente homogénea que justificara y posibilitara su existencia.

Importa recordar estas cosas estos días de regreso a clases en México. Interesa hacerlo pues son ya muchas décadas de un paradigma internacional dominante en política educativa centrado en los aprendizajes cognitivos individuales, y poco interesado en los aspectos colectivos de la escuela, así como en los procesos de socialización que posibilitan la existencia de cualquier colectivo social. Importa hacerlo, sobre todo, porque la brújula hacia adelante del nuevo gobierno en materia educativa es poco clara y pudiera resultar útil para organizar la conversación al respecto, regresar a las preguntas fundamentales sobre por qué nos haría tener un sistema educativo público y nacional.

La centralidad de los fines colectivos en un sistema de educación público tiene una base histórica fuerte, pero no sólo eso. Desde el punto de vista económico, un sistema así solamente tiene sentido si persigue algún o algunos objetivos colectivos (por ejemplo, formación de sujetos nacionales y/o reducción de la desigualdad social por medio de la escolarización). Para ofrecer la mejor educación (como quiera que se defina) a individuos considerados por separado, un sistema colectivo grande, financiado por todos y conducido por el gobierno no es la opción más eficiente. Ello, pues no hay economías de escala en la producción de servicios educativos orientados a generar determinados resultados educativos (por ejemplo, mejor dominio del español escrito o dominio mínimo de operaciones aritméticas elementales) para los estudiantes a nivel individual e independientemente del colectivo. Segundo, porque a más grande el sistema, mayores los costos de transacción y coordinación asociados a la producción de tal tipo de servicios educativos.

En resumen, convendría recordar que la única justificación de un sistema de educación público es que sus objetivos-guía contribuyan a la persistencia y mejoramiento de la(s) colectividad(es) a la(s) que pertenecemos. Su justificación central, esto es, debiera incluir mínimos de aprendizaje cognitivo para los alumnos en lo individual, pues ello es condición indispensable para actualizar la potencialidad de los sapiens-infantes como integrantes del colectivo “género humano”, pero debiera, también, contemplar como requisito clave la obligación del gobierno de garantizarlos para todos por igual. Esa justificación debiera asimismo incluir, centralmente, propósitos orientados a hacer posible la existencia continuada e, idealmente, mejorada del colectivo “México” y del colectivo “humanidad” (incluyendo su único hábitat posible hasta el momento: el planeta Tierra), a través de la transmisión de los conocimientos y el desarrollo de las habilidades y los valores requeridos para ello.

Intuyo o quiero ver en las muy leves pinceladas que hasta ahora nos ha dado el gobierno del presidente López Obrador sobre sus intenciones en lo educativo, un énfasis importante en recuperar los aspectos colectivos tan centrales a todo sistema educativo público (claramente los nacionales, aunque no los relativos a la humanidad/planeta). Por ejemplo, la intención de fortalecer el papel de las escuelas en el combate a la inseguridad vía intentar facilitar con becas la permanencia o acceso de los jóvenes a las instituciones educativas; el deseo de recuperar el valor de la identidad nacional a través de mayor énfasis en la enseñanza de la historia de México, y la idea de rearmar los rieles básicos de la convivencia pacífica a través del fortalecimiento de la educación cívica y ética. Pero eso es lo que supongo o quiero ver yo. Más allá de echar para atrás la “mal llamada reforma educativa” y del slogan “nueva escuela mexicana”, haría falta que el nuevo gobierno mexicano nos explicara qué quiere lograr en educación y por qué los medios seleccionados para ello son los más adecuados para conseguirlo.

 

Fuente: http://www.educacionfutura.org/para-que-un-sistema-de-educacion-publico-y-nacional/

Imagen: https://www.eltelegrafo.com.ec/media/k2/items/cache/a81888c3c828c6ef1cabefadda0b5c61_XL.jpg

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Los tres pies

Carlos Ornelas

“No le busques tres pies al gato, porque tiene cuatro”, reconvenía la abuela cuando los chamacos preguntábamos.

En menos de una semana aparecieron tres pilotes de la política educativa que, aunque parezcan incongruentes (cosas que se van, otras que regresan), son la marca de la Cuarta Transformación.

Primero, el jueves 17, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, y la presidente de la Junta Directiva de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), Etelvina Sandoval, hicieron votos para trabajar juntos por los maestros de México. La nueva institución, formuló Moctezuma: “Tiene por disposición constitucional la autonomía en todos los rubros de su trabajo, pero está diseñada para que trabajemos de manera conjunta”.

Se fue la “evaluación punitiva”, aseguró Sandoval.

Algo anda mal, pienso. Desde diciembre de 2017, el entonces candidato, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a terminar con la autonomía y aun con todo el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. No lo logró, pero lo transformó en un aparato afín la 4T. La Mejoredu, según la Constitución y su ley reglamentaria, sólo tiene autonomía técnica, ni siquiera administrativa.

Además, las evaluaciones continuarán, sólo se eliminará la de desempeño a los maestros; a menos que la mata siga dando y también se extirpen las pruebas (no nada más la estandarizadas) para el ingreso y la promoción. También, para lo que será la nueva carrera magisterial o pagos por mérito.

Segundo. La conjetura de que habrá formas de echar para atrás la ley no es tan descabellada.

Ya tuvimos el caso de la Normal de Tenería y más con los maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero.

“El jefe de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Pública anunció que solicitará que las plazas fuera del Fondo para la Nómina Educativa y Gasto Operativo se incorporen al Presupuesto de Egresos 2020, según los acuerdos obtenidos por el magisterio disidente de Guerrero, después de encabezar una ‘jornada de lucha’ en Palacio Nacional” (Reforma, 18/10/19). Su dirigente, Arcángel Ramírez Perulero, no cabía de contento.

Si a eso se le juntan las 120 mil plazas regularizadas de las que habló Alfonso Cepeda Salas, más las que llegan a Baja California, Michoacán, Oaxaca y Chiapas por goteo, es posible pensar que ya no habrá evaluación (ni punitiva ni benévola) para los maestros. La Mejoredu sólo evaluará a los alumnos. Sobre ellos irán las pruebas.

El secretario no sabe todavía si se mantendrá Planea, pero México seguirá dentro de las pruebas PISA, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Un punto de fricción con los líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, aliados del Presidente.

Tercero. El presidente López Obrador hizo un llamado al magisterio (y a los padres de familia también, pero con menos relieve) para que se unan de nuevo, pues ya no hay motivos para la zozobra: “Cumplimos cancelando la mal llamada reforma educativa y tenemos muy buena relación con el magisterio, con maestras con maestros, nunca más va a haber una campaña de desprestigio a los maestros”. Es tiempo de reconciliación, expresó AMLO.

El Presidente sabe que las diferencias entre las facciones del SNTE son profundas, hasta irreconciliables. La CNTE siente —y tal vez con razón— que monta en caballo de hacienda, que el Presidente le concede todo, que su estrategia —que sí es estrategia, bien diseñada y eficaz— de movilización-negociación–movilización le rinde frutos como nunca.

Tal vez sueñe con que esta vez sí se logrará desplazar a “los charros” de la dirigencia nacional del SNTE.

Por ello, pienso, el cuarto pie de ese gato que llamamos política educativa es concentrar de nuevo a los maestros en un órgano corporativo único, rígido y subordinado al poder presidencial, como en los viejos tiempos del preneoliberalismo. Ésta es la coherencia de lo que parece aislado.

Texto publicado originalmente en Excélsior https://www.excelsior.com.mx/opinion/carlos-ornelas/los-tres-pies/1343493

Fuente: http://www.educacionfutura.org/los-tres-pies/

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Es la educación, estúpido

Por: Cristina Manzano

Este año el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional reconoce el trabajo de hombre que se empeñó en que todo el mundo puede aprender matemáticas. Y no solo matemáticas. “Tú puedes aprender lo que sea”, afirma la web de la Khan Academy. Tú, quien quiera que seas y donde quiera que estés.

Si más de 20 millones de estudiantes de todo el mundo han podido, nada impediría a los españoles hacerlo también, ¿no?

Sin embargo, siempre que se habla de educación en España, y sobre todo de materias STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) se extiende una sombra de pesimismo. Una conversación cada día más acuciante por su papel en el inminente futuro del trabajo.

Pese a los sostenidos avances de los últimos años, las cifras españolas de conocimiento y competencia de las materias más básicas no se corresponden con el desarrollo económico del país. España es el Estado de la UE con mayor tasa de abandono escolar temprano (un 17,9%), lo que a su vez explica en parte el nivel de paro estructural que sufrimos.

En las tres áreas del famoso informe PISA de la OCDE, que mide la aptitud y el conocimiento de los jóvenes de 15 años en más de 70 países, España obtiene resultados muy mejorables. Los mejores, en lectura (496, algo por encima de la media de la UE, pero lejos del 535 de Singapur); en ciencia ya no llegamos a la media de la UE (493, muy lejos de Singapur, 555 y de Finlandia, 531); y, lo peor, las matemáticas (486, con una media de la UE de 492, Singapur con 564 y Finlandia con 511).

Es cierto que dentro de España hay gran disparidad entre comunidades autónomas: Castilla y León, por ejemplo, ha dado un enorme salto cualitativo y obtiene resultados cercanos a los mejores. Pero el nivel nacional no parece suficiente para el mundo que viene.

En el debate académico sobre la educación global, diversos autores han analizado las diferencias nacionales en riqueza, bienestar, democracia, diversidad racial y su impacto en la educación, la inteligencia y la capacidad cognitiva de sus ciudadanos. Una de las obras más recientes es ‘Cognitive Capitalism’, de Heiner Rindermann.

Memorizar para entrenar el cerebro

Otro debate tiene que ver con la ‘batalla’ entre conocimientos y capacidades. La memoria está ampliamente denostada. ¿Sirve de algo retener un montón de datos cuando tenemos todo al alcance de un clic? Más vale aprender a hacer cosas, a buscar información, a relacionarse con otros… Los expertos alertan contra los efectos negativos de dicha tendencia: como cualquier otro músculo, el cerebro necesita entrenamiento, y la memorización es el mejor ejercicio.

Si uno se fija en los ‘campeones’ de PISA -o de cualquier otro estudio sobre educación mundial-, no hay patrones fijos ni fórmula mágica. Tomemos los dos que habitualmente sirven de principal referencia: Finlandia y Singapur.

En Finlandia, no hay estrés -la jornada escolar dura una media de cinco horas-; solo hay nueve años de escolarización obligatoria; no hay exámenes estandarizados –uno, voluntario, al finalizar la secundaria-, más bien cada alumno recibe un seguimiento personalizado; apenas hay deberes; el ambiente es relajado; se fomenta la cooperación, no la competencia; y el objetivo último es que la escuela sirva para reequilibrar la desigualdad social.

Singapur es todo lo contrario. El modelo educativo está férreamente orientado desde el Gobierno. Consciente de sus debilidades geopolíticas, la ciudad estado centró en la educación su apuesta por el futuro. Los valores primordiales son la meritocracia y el esfuerzo; toda la familia se vuelca en los estudios de los hijos, poniendo una gran presión por las expectativas generadas.

No está muy lejos de las experiencias que describe Leonora Chu en ‘Little Soldiers’, una obra que desgrana las virtudes -y los fracasos- del modelo chino/asiático de educación y que trata de explicar por qué gana cada día más adeptos también en Occidente.

Pero Finlandia, Singapur y China coinciden en un punto crítico: el papel y el cuidado de los profesores. Todos los docentes en escuelas finlandesas deben tener un máster; en Singapur, se busca atraer a los mejores graduados universitarios. El sueldo, claro, acompaña, igual que el prestigio social de la profesión. La formación continua es indispensable, con el fin de ir adaptando sus conocimientos y su forma de dar clase a las cambiantes necesidades.

Sea cual sea el modelo, la mayor parte de agentes sociales coincide en que España necesita un gran pacto de Estado por la educación, para poner al país en la senda del futuro. No parece que los tiempos políticos lo contemplen en un horizonte cercano. Pero es una tarea que no puede relegarse por mucho más tiempo.

Fuente: https://www.elperiodico.com/es/opinion/20191022/es-la-educacion-estupido-articulo-opinion-cristina-manzano-7696203

Imagen: https://estaticos.elperiodico.com/resources/jpg/1/6/ilustracion-maria-titos-1571770966561.jpg

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La OCDE y la Educación Superior

Por: Pluma invitada

Aunque existe una Ley de Coordinación de Educación Superior (LCES), esta se promulgó en el año de 1978, durante el gobierno de José López Portillo, lo que la hace ya inadecuada en el contexto de la modernidad y, aunque se han llevado a cabo foros de análisis al respecto, aún no se han establecido los acuerdos y criterios que deban regir a las IES (Instituciones de Educación Superior), con base en una normatividad para las universidades, tanto públicas, como privadas.

Sin embargo, a instancias de la SEP en 2018, la OCDE (2019) publicó un breve resumen en un documento llamado El Futuro de la Educación Superior en México, en el que se analizan, de manera sucinta, las fortalezas y debilidades que privan en el ámbito de la educación superior.

Por un lado, existe una discrepancia entre la información que presenta la OCDE y otras referencias en cuanto al número de alumnos inscritos en el nivel superior, ya que la OCDE habla de 4.5 millones, mientras que Unión Guanajuato sitúa la cifra en 3.6 millones, lo que hace significativa la diferencia, pero, a pesar de ello, se sabe que la población estudiantil universitaria va en aumento (16 a 23% en los últimos años de los jóvenes en edad universitaria), siendo que la oferta educativa es de 5343 instituciones a nivel superior en todo México, repartidas según la demanda poblacional: el Estado de Puebla con 486, como la entidad con mas universidades, y Baja California Sur con 35, como la entidad con menos.

Otro aspecto a considerar se refiere a la división que existe entre la oferta pública y la oferta privada que presentan diversidad en cuanto a la implementación de los planes de estudio, ya que si bien, las universidades públicas son sustentadas con fondos federales, también gozan de autonomía y no existe una federalización al respecto, por la propia autonomía de las entidades federativas -la misma LCES no es clara al respecto-, y, en cuanto a la oferta privada, esta es aún mas diversa, ya que se regula e implementa de acuerdo a la competencia, la demanda, los recursos, etc.

En el documento de la OCDE referido, se presentan algunas conclusiones sobre el estado general de la educación superior en México, a la vez que se plantean recomendaciones para subsanar las deficiencias en la educación universitaria.

Como se mencionó, existe un descuido general en cuanto a los planes de desarrollo, lo que dificulta el establecimiento de líneas de acción objetivas; esto también evita un impacto significativo del profesionista en el marco socioeconómico, ya que no existe una información precisa o uniformidad en cuanto al perfil de los egresados.

Por otro lado, el destino del financiamiento por parte de la federación, y por la propia autonomía, no queda esclarecido de forma confiable, es decir, no hay transparencia en el manejo de los recursos, sobre todo tomando en cuenta que el gasto anual por estudiante universitario es significativamente alto.

También, y como se mencionó, al no contar con una legislación actualizada, la adecuada acreditación y la calidad de la misma quedan en entredicho, ya que no todas las universidades cuentan con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) de la SEP, para las instituciones privadas, lo que no favorece a   las IES para la obtención de registros de calidad mínimos y aceptables a favor de sus egresados, a pesar de la enorme inversión que representa estudiar una carrera o un posgrado en una universidad particular.

Ante toda esta problemática la OCDE propone una serie de medidas encaminadas a la mejora que pueda garantizar profesionales capaces de cumplir con las expectativas que representa la formación universitaria, para el bien de la comunidad y para el bien de los mismos estudiantes, en cuanto a la calidad y la equidad, y dejando a un lado criterios politizados y/o de escritorio, como las reformas educativas, la NEM y otras retóricas sustentadas en el oficialismo.

  • Calidad de las IES y la Ley de Coordinación de Educación Superior (esta, por supuesto tendría que ser actualizada).
  • Uniformidad en los criterios de evaluación.
  • La creación de un sistema eficaz de estadísticas que brinde información confiable.
  • Objetivos y tareas claramente establecidos y que sean implementados en forma general.
  • La generación de un organismo a nivel nacional para el aseguramiento de la calidad mediante las agencias acreditadoras existentes, como sería el caso del CENEVAL.
  • Programas sustanciales y competitivos encaminados a la acreditación externa.
  • Cohesión en los programas y currículas de posgrados (maestría y doctorado).
  • Obligatoriedad para todas las instituciones privadas del RVOE; esto evitaría el surgimiento y proliferación de las universidades llamadas “patito” y, por supuesto la pérdida de tiempo y dinero por parte de los estudiantes.
  • Apoyo a las IES pequeñas.
  • Fortalecimiento de las escuelas superiores tecnológicas, con los mismos parámetros ya mencionados.
  • Terminar con el verticalismo de las escuelas normales, mediante el establecimiento de nexos con la Universidad Pedagógica Nacional (UPN).

Otro aspecto a considerar tiene que ver con el entorno social y con la equidad, lo que nos lleva a pensar en las serias diferencias sociales, de género, etc. que existen en nuestro país y, en general, en toda la América Latina, cuando al interior de los entornos menos favorecidos se presenta la imperiosa necesidad de una educación equitativa, la necesidad de becas de manutención y de estudios para los aspirantes menos favorecidos y su eventual proyección hacia la acreditación externa, ya que existe mucho potencial desperdiciado, esto, en un país cuya ventaja es el bono poblacional.

Sin duda alguna, contamos con excelentes universidades, no solo las mas caras o las mas prestigiosas; existen IES relativamente pequeñas que cumplen perfectamente con el objetivo de ofertar una educación superior de calidad, pero también es cierto que han venido proliferando escuelas que se ostentan como universidades y que no cumplen con los requisitos mínimos para serlo y que resultan negocios muy lucrativos a costa de las expectativas de los jóvenes, quienes, al egresar se encuentran con que es, precisamente, su “Alma Mater”, el principal obstáculo para continuar con un posgrado o para ingresar al mercado laboral, lo que los sitúa nuevamente en el estatus de la inequidad.

REFERENCIAS

 Decreto para la expedición de la Ley de Coordinación de Educación Superior (24/12/1978)

https://www.oecd.org>educacion Evaluaciones Políticas Nacionales de Educación.  El Futuro de la Educación en México.

http://www.unionguanajuato.mx/articulo/2017/03/07educacion/cuantas-universidades-hay-en-mexico

fuente: http://www.educacionfutura.org/la-ocde-y-la-educacion-superior/

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Mientras dure la guerra

Por: Jaume Carbonell

Una secuencia del film de Alejandro Amenábar, “Mientras dure la guerra”, sirve para mostrar la larga sombra del franquismo y para explicar lo que está ocurriendo en Catalunya

No es mi intención comentar este excelente film de Alejandro Amenábar que se inicia con el golpe de estado franquista del 18 de julio de 1936 y que se centra, sobre todo, en cómo lo vivió Miguel de Unamuno, un intelectual instalado en su propio mundo, con sus contradicciones, peripecias y cambios de posicionamiento. Me interesa únicamente destacar un comentario del general Franco, el golpista que tomó el mando de la insurrección, sobre la necesidad de prolongar la Guerra Civil: “Porque si la ganamos pronto, ¿luego qué hacemos, de qué nos sirve?”. Lo tenía muy claro: se necesitaba tiempo para provocar más destrucción, escarmiento y muertes en el frente republicano, organizar una represión selectiva -con los pertinentes encarcelamientos, fusilamientos, depuraciones y exilios forzosos-, para destruir por completo las instituciones y la obra republicanas; para crear un nuevo orden político, basado en el patriotismo más reaccionario y excluyente y en el catolicismo ultraconservador; para crear los instrumentos de prohibición y represión sobre el ejercicio de los derechos y libertades democráticas, y para organizar los aparatos ideológicos de control sobre la educación y otros espacios de socialización.

Conviene recordar que la represión se cebó especialmente con la enseñanza: el cuerpo de funcionariado del Magisterio fue el más depurado, y miles de docentes tuvieron que tomar el camino del exilio (Salomó Marquès, en el reciente libro 1939: l’exili del magisteri de Catalunya, contabiliza casi 600). Ni que decir tiene que la “nueva España” se convierte en un desierto cultural y educativo, sin renovación pedagógica alguna, con muchos niños y niñas sin escolarizar y un alto índice de analfabetismo. A Marta Mata, la fundadora de Rosa Sensat, le oí decir en más de una ocasión que la escuela pública republicana de Barcelona -a la que ella asistió- jamás había ido tan lejos en sus logros renovadores -convirtiéndose en un referente europeo-, y que tampoco nunca la escuela había retrocedido tanto como durante el franquismo.

Es evidente que el régimen franquista tuvo sus fisuras y aperturas pero su arquitectura política e ideológica mostró una sólida musculatura que cuajó en el inconsciente colectivo. Por eso, la dictadura termina con la muerte de Franco pero no el franquismo, con una sombra muy alargada que dejó poso. La transición democrática no fue modélica debido a una serie de condicionantes objetivos y subjetivos de extraordinaria complejidad y que ahora no vienen al caso. Se alumbró la Constitución de 1978, un texto que se presta a muchas lecturas, a veces diametralmente opuestas, y se recuperaron las libertades.

Justo es reconocer que, en el transcurso de las últimas décadas, se han experimentado importantes avances en la conquista de derechos democráticas -entre ellos el derecho a la educación de cierta calidad con una amplia cobertura en todos los tramos-, merced a la aprobación de distintas leyes parlamentarias y a las reivindicaciones y luchas de los movimientos sociales. Pero la transición y las políticas de los gobiernos de turno han cerrado los ojos o no han tenido el valor suficiente de pasar factura a la dictadura como sí han hecho otros países: continúa hasta hoy la impunidad de los crímenes cometidos durante el franquismo e, incluso, algunos de sus ejecutores intelectuales o materiales han ocupado cargos públicos y han sido condecorados; se han recortado los escasos fondos destinados a la apertura de fosas comunes para la localización de cadáveres para que su familiares puedan enterrarlos dignamente; hasta después de casi medio siglo, no se ha planteado sacar los restos de la momia de Franco del Valle de los Caídos, un monumento que el propio dictador se dedicó a sí mismo y a su triunfo en la Guerra Civil; los cuerpos de seguridad no se han democratizado suficientemente y aún perviven resabios del pasado, y la judicatura, a pesar de que no es monolítica, es uno de los poderes que más reacio ha sido a la transición. Y, sin duda, existe una restricción a la libertad de expresión con la actual “Ley Mordaza”.

Otra herencia franquista que subsiste es el acuerdo firmado entre el Gobierno y el Vaticano, por el cual el Estado destina millones de euros a la oferta obligatoria de la religión en los centros educativos, y las subvenciones a la Iglesia Católica no han cesado de subir en los sucesivos gobiernos democráticos. Podríamos poner más ejemplos, aunque son suficientes para explicar que todo ello tiene sus consecuencias en la situación actual, en los acontecimientos que se viven en Catalunya.

El grueso de la comunidad educativa catalana, tan pronto se conoce la sentencia que condena a los nueve presos y presas independentistas del “procés” -políticos y activistas sociales-, a penas de entre nueve y trece años de prisión, emite comunicados de protesta por considerarla injusta y desproporcionada, y porque entiende que no se respetan derechos básicos, y muestra su apoyo a todas las movilizaciones pacíficas. Todo ha sido desmesurado: la injustificada prisión provisional durante un par de años, con el consiguiente dolor para presos y familiares; la instrucción inicial y la acusación de rebelión por parte de la fiscalía y de VOX, el partido de extrema derecha que no se sabe a cuenta de qué actuaba de acusación particular (otra anomalía de la justicia española); la negación del pase, en el juicio, de las imágenes de las cargas policiales del día del referéndum -ilegal pero con una nutrida participación-, para contrastar los testimonios -¿no se dice que una imagen vale más que mil palabras?-, y la elevada pena de prisión por un delito tan ambiguo o complejo como el de sedición, en el que no hay prueba alguna del uso de la violencia. Esta condena abre la puerta a que, a partir de ahora, otras protestas, basadas en la legítima resistencia pasiva, puedan ser igualmente criminalizadas con unos cuantos años de cárcel.

Sucede lo que sucede por la falta de diálogo entre los gobiernos catalán y español, y entre los distintos partidos políticos. Y cuando no hay diálogo desaparece la política y todo se judicializa: el peor escenario para la resolución de un conflicto.

Catalunya ha vivido estos días dos escenarios absolutamente antagónicos: marchas y concentraciones multitudinarias sin un solo incidente y episodios minoritarios de violencia, ejercida por jóvenes y por la policía, con excesos impropios de una policía moderna y democrática. La lista de heridos y detenciones sube día tras día. El lunes 20, según la cadena pública catalana TV3, la cifra de heridos asciende a 600, entre manifestantes y policías, y algunos siguen ingresados en estado grave; y la de detenidos a 194, 28 de los cuales han ingresado en prisión provisional y sin fianza, acusados de desórdenes públicos y atentado a la autoridad, delito castigado con entre uno y seis años de reclusión. Todos los actos de violencia son igualmente condenables

Es importante averiguar qué hay detrás de la ira de estos jóvenes. Puede tratarse de un fenómeno específico pero con similitudes con otras rebeliones juveniles. Conviene un análisis profundo, más allá de las simplificaciones, al que también deben contribuir los medios de comunicación, con frecuencia solo atentos al morbo de la espectacularidad de las imágenes.

Lo decíamos antes: no hay más solución que el diálogo amplio, sostenido y sin apriorismos. Quizás lo mejor para Catalunya sea convocar elecciones: para clarificar un panorama confuso e incierto; para generar nuevos consensos; para reactivar la acción de gobierno y para aprobar los presupuestos, algo imprescindible para revertir los recortes de hace una década.

Hace apenas un mes el consejero de Educación de la Generalitat decía que sin presupuesto poco podía hacerse para eliminar el millar de barracones o módulos que aún existen; para afrontar la inclusión educativa con suficientes recursos; para atender la extensión de la educación infantil o para cubrir otro tipo de necesidades.

En España ya están convocadas las elecciones generales para el 10-N. Tras la incapacidad de tejer pactos para gobernar y la convocatoria de una nueva cita electoral –y van cuatro en cuatro años– existe un alto y justificado grado de indignación, hastío y desafección hacia la clase política, que fácilmente podría traducirse en una alta abstención.

Pero conviene tener presente que el voto también tiene incidencia en las decisiones, en la medida que pueden fortalecer una democracia que pasa por horas bajas o, por el contrario, afectar a la restricción de derechos y libertades, sometidas a las presiones y derivas autoritarias y franquistas, por aquello de la sombra alargada de un proyecto ideológico que nunca acaba de desaparecer del todo y que se reinventa, adaptándose al nuevo contexto social, como ocurre en otros países europeos y latinoamericanos.

Las políticas pueden favorecer la inclusión o afianzar la segregación; apostar por la educación pública o abrir nuevas vías a la privatización; extender la igualdad de oportunidades en la oferta de las actividades extraescolares y culturales o blindarlas únicamente para las clases medias; recuperar la memoria histórica desde una perspectiva antifranquista o instalarse en el olvido y la desmemoria; enriquecer la participación democrática o restringirla a los argos unipersonales; ejercer el pensamiento crítico o limitarse a la transmisión del conocimiento; pensar el aula como un lugar donde se pueda hablar de todo, evitando la incitación al odio y respectando a los Derechos Humanos y de la Infancia o como un espacio donde la libertad de expresión que se encuentra amenazada a la hora de plantear temas social o políticamente controvertidos. Además, están en juego cuestiones tan cruciales como la educación por la paz o por un consumo responsable, contra el racismo, la violencia de género o el cambio climático.

Votar, por tanto, es una opción política en mayúscula. Pero abstenerse también lo es. Porque la política la haces o te la hacen. La neutralidad es una falacia. Es lo que siempre te decía el franquismo: no te metas en política, claro, porque ya la hacen ellos. (De la neutralidad y del necesario compromiso político hablo extensamente en mi último libro La educación es política).

Fuente: https://eldiariodelaeducacion.com/pedagogiasxxi/2019/10/23/mientras-dure-la-guerra/

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Sufren más agresiones, pero progresan más que los hombres: este es el perfil de la africana en Europa

Por: Lola Hierro

Las mujeres migrantes dicen padecer menos privaciones que sus homólogos masculinos y acceder con mayor facilidad a los servicios pero son objeto de más delitos

Se percibe ya: las migraciones se están feminizando y aumentan por parte de un colectivo muy concreto: mujeres de países en vías de desarrollo que han recibido una educación y deciden emigrar a otros desarrollados para seguir progresando en su formación. Suponen la mitad de los 272 millones de personas que se desplazan alrededor del mundo, pero a la hora de estudiar las experiencias de esta masa, se ignora la realidad de ellas y se toman solo la masculina como norma.

En este contexto, un grupo de investigadores de la división africana del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se puso a recabar datos para redactar un ambicioso informe publicado este lunes sobre la relación entre el desarrollo y la inmigración clandestina africana hacia Europa. Y aunque esta investigación no estaba especialmente pensada en ellas ni para ellas, que ya suponen 24 de los 47 millones de emigrantes que residen en Europa occidental y del sur, los autores han calificado los hallazgos como «sorprendentes». «Ganan más que los hombres, presentan niveles menores de privaciones y tienen más acceso a servicios sociales y mejores alojamientos»,  indica en conversación telefónica Mohamed Yahya, director de la investigación.

En sus conclusiones, los autores señalan la necesidad de mejorar la inclusión de las mujeres en las investigaciones sobre movilidad para asegurar que las políticas migratorias respondan a los objetivos de igualdad de género. «Deducimos y concluimos que se debe a que hay un contexto menos patriarcal en Europa que el contexto africano, por lo que las condiciones para progresar son más favorables. Otra razón es que muchas vienen con hijos o los tienen en Europa, y eso les da un mayor y mejor acceso a los servicios sociales que el que tienen los varones», añade Yahya .

Frente a la victimización constante desde la que se ve a las emigrantes africanas, ellas dicen sufrir menos privaciones que sus homólogos masculinos y acceder con mayor facilidad a los servicios. También residen en lugares mejores y ganan más dinero. «Las mujeres que respondieron a la entrevista se mostraron particularmente motivadas, determinadas y conscientes de sus capacidades personales», dice el informe.  No obstante, no se puede obviar que también sufren más agresiones sexuales y otros delitos. Pero ellas han llegado más lejos, superando incluso barreras de género, normas patriarcales en sus casas y diversos tipos de explotación. Este es el retrato robot de una mujer africana en Europa.

Más educación que las que se quedan

Varias investigaciones ya han demostrado que quienes emigran suelen estar mejor preparados que quienes se quedan. Solo el 16% de los encuestados no había recibido ninguna educación o no había acabado la educación primaria, mientras que entre los demás, tanto hombres como mujeres estudiaron una media de nueve años.

Entre las mujeres, la diferencia con sus pares es mayor: presentan una media de cinco años más en el sistema educativo frente a los hombres, con tres. «Se puede deducir que el aumento del acceso a la educación para las niñas ha expandido mucho los horizontes y aspiraciones», indican los autores.

Ellas se van por la familia o para escapar de abusos

Porque influyen en la decisión de emigrar, porque financian el viaje o porque esperan remesas por parte del pariente desplazado, la familia desempeña un papel clave. Entre las mujeres, más de la mitad esgrimieron esta última razón como la principal a la hora de decidirse, seguida de estar más cerca de seres queridos y de la intención de obtener mejor educación. En el caso de los hombres, más que ellas aseguran que emigran por dinero, y menos por asuntos familiares y educación. Ellas, además, esgrimen la huida de un matrimonio forzado, de relaciones abusivas, de la mutilación genital o de abusos sexuales para hacerlo.

Emigrar es más caro si eres mujer

Emigrar a Europa supone un desembolso de dinero considerable, y para ellas más: pagan de media 3.900 dólares frente a los 2.370 de los hombres. Influye en buena medida la sensación de inseguridad ante los riesgos de la ruta, que llevan a las mujeres a «comprar protección». Además, los varones suelen trabajar durante el viaje y ellas no. Sin embargo, también las mujeres suelen recibir más apoyo económico de su familia para pagar el viaje, y solo un 24% de ellas se lo autofinancia.

Ganan más que los hombres

Diversos estudios anteriores ya revelaban que quienes emigran tenían en el país de origen unos ingresos más altos que quienes quieren quedarse en su país o solo están pensando en irse. Y la mayoría trabajaba o estudiaba. Llegados a Europa, los migrantes experimentan mayores tasas de desempleo y de inseguridad laboral que los nacionales, complicaciones para obtener un permiso de trabajo y también discriminación racial. De todos los entrevistados, el 38% estaba ganando dinero y más de la mitad con permiso laboral, una proporción que es ligeramente mayor entre las mujeres.

Tal y como reflejan los patrones globales y africanos sobre la brecha salarial, en los países de origen las mujeres ganan de media un 26% menos que los hombres. Sin embargo, en Europa ganan un 11% más que ellos. Este es un salto significativo que sugiere que las africanas han logrado escalar barreras específicas por cuestión de género. «Se puede suponer que su mayor probabilidad para lograr un permiso de trabajo ha contribuido directamente a este resultado».

En sus países de origen, la mitad de las mujeres migrantes trabajaba en el sector de los servicios, generalmente como dependientas. Entre las ocupaciones mayoritarias de las que llegan a Europa están las labores de limpieza, cuidado de hogar, niños o ancianos, atención sanitaria, peluquera y, por último, trabajo sexual (un 5% frente al 0% en origen).

Envían más dinero… cuando no lo tienen

Cuando preguntas a un inmigrante por qué se marchó, no suele esgrimir una sola razón, pero ayudar a la familia casi siempre está entre las principales. Lo demuestran los datos de envío de remesas: en 2017 fueron enviados 25.300 millones de euros a África desde Europa, un 36% del total recibido.

A pesar de las dificultades, la mayoría de los migrantes envía dinero a casa, y no hay diferencias de género. Pero dónde sí las hay es entre quienes no tienen dinero y aún así, se buscan la manera para hacer llegar algo: un 24% de mujeres frente a un 15% de hombres.

Más violencia contra las mujeres

Las mujeres son mucho más conscientes que los hombres sobre los peligros de emigrar de manera irregular. Durante la investigación, los autores escucharon diversas historias de extorsión y acoso, y un 12% más de mujeres que de hombres aseguraron que los peligros experimentados fueron mayores de lo que esperaban. Esto se explica porque las mujeres y las niñas que viajan de forma clandestina son más susceptibles de ser violadas y explotadas sexualmente por compañeros de viaje, por contrabandistas o por personal o reclusos de los centros de detención de migrantes. La petición de sexo como moneda de cambio ante favores también es recurrente.

Los riesgos no acaban al llegar al país de destino. Más mujeres que hombres fueron víctimas de algún delito en los seis meses previos a la encuesta. De entre las víctimas, casi un tercio sufrieron algún tipo de agresión sexual. En otros estudios ya se ha demostrado que el miedo a la deportación o al arresto, las barreras lingüísticas y la falta de información impiden a las mujeres informar sobre casos de violencia, explotación y abuso sexual.

Menos privaciones y más satisfacción

VIVIAN, NIGERIANA EN ESPAÑA

Sufren más agresiones, pero progresan más que los hombres: este es el perfil de la africana en Europa

Mis padres decidieron enviarme a España para trabajar.  Mi tía y su esposo me recogieron en una estación de trenes de Madrid y me pidieron que les entregara todos mis documentos. Pronto supe la verdad: estaban dirigiendo una red de tráfico sexual. Nunca imaginé que alguien en quien confiaban mis padres estaría involucrado en la trata. Rechazaba clientes y casi no ganaba dinero, así que mi tía decidió que me iría a Valencia y buscaría trabajo para devolver el dinero del viaje a España: 20.000 euros. Al llegar me acogieron en una casa que me había recomendado y descubrí que el resto de chicas eran también trabajadoras sexuales a las órdenes de mi tía. No era una vida para mí, pero no tenía otra opción: sin mis papeles, no podía solicitar trabajos formales.

Después de unos meses, conocí a un hombre que me ayudó a pagar mi deuda. Después, corté todos los lazos con ella. Tuve mi primera hija en 2003, y la segunda siete años después. Mi pareja y yo nos separamos después.

Han pasado casi 20 años desde que vine a Europa, y he pasado por un infierno. Había días que estábamos sin casa y sin nada para comer. Pero mis hijas son mis mayores bendiciones. Ahora estoy estudiando. Quiero proteger a las niñas que están en riesgo de trata y también quiero luchar por los derechos de los migrantes.

Numerosas organizaciones y activistas han documentado la marginación y discriminación sufridas por migrantes en Europa, algo que puede afectar a su bienestar físico y psicológico. Todos los entrevistados afirman haber pasado por situaciones difíciles relacionadas con no tener suficiente para comer, sentirse inseguro en el lugar donde vive, no tener acceso a tratamientos médicos y quedarse sin dinero. En todos los casos, las mujeres los han vivido en menor proporción que los hombres y también afirman en más casos que han tenido acceso a distintos servicios. Ellas están más satisfechas que ellos en cuanto a su bienestar financiero, social, emocional y su seguridad personal.

Fuente e imagen: https://elpais.com/elpais/2019/10/18/planeta_futuro/1571410563_724531.html

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El nuevo discurso reaccionario frente a la educación inclusiva

Por: Jesús Rogero

El discurso inclusivo ha ido ganando espacio en los últimos años. Tras las iniciativas legislativas en la Comunidad de Madrid y del propio Ministerio, el movimiento de la educación especial se ha levantado para intentar frenar estos avances.

Hasta hace pocos meses existía en España un amplio consenso sobre la necesidad de avanzar hacia un sistema educativo más inclusivo, fundamentado en el derecho a una educación en igualdad de condiciones y en la promoción de la autonomía de las personas. Prueba de ello fue la ausencia de oposición a que España ratificara en 2008 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este compromiso implicaba aplicar medidas para adaptar, progresivamente, los centros ordinarios para acoger, cuidar y educar de forma adecuada a la totalidad del alumnado, independientemente de sus capacidades, su origen social u otras características. Aunque en las últimas dos décadas apenas se han producido avances, sí parecía que la educación inclusiva era un objetivo compartido por el conjunto de la sociedad española.

Sin embargo, en 2018 emerge un nuevo movimiento social que demuestra que el consenso en torno a la inclusión educativa era un espejismo. El origen de este movimiento se sitúa el 27 de junio de ese año, en una reunión de directores y directivos de los centros de Educación Especial pertenecientes a Escuelas Católicas de Madrid, tras la cual emiten una nota de prensa en la que afirman que “dos proposiciones de ley en la Asamblea de Madrid proponen que la totalidad del alumnado con necesidades educativas específicas severas sea escolarizado únicamente en centros ordinarios”, y anuncian una recogida de firmas de directores, profesorado y familias para que se respete “el derecho de elección de las familias y la existencia de los colegios específicos de Educación Especial”. Las leyes referidas son la Proposición de ley 17/2017 RGEP, 10978 de medidas prioritarias para la promoción de la escolarización inclusiva, impulsada por una Iniciativa Legislativa de 43 ayuntamientos madrileños (que representaban al 85% de la población de la región), y la Ley para la Equidad y Educación Inclusiva, propuesta por Podemos -ambas realizadas de forma absolutamente independiente-. Ese mismo día se crea la “Plataforma Educación Inclusiva Sí, Especial TAMBIÉN”, a la que se adhieren de forma inmediata FSIE de Madrid y FEUSO-Madrid, dos sindicatos con gran presencia en la educación concertada. Apenas una semana más tarde, el 7 de julio, el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid se reúne con representantes de la plataforma y les transmite su respaldo (nótese que el consejero nunca se reunió con los representantes de los ayuntamientos que presentaron la Proposición de ley 17/2017 RGEP). A partir de ese momento la plataforma inicia una intensa campaña en medios de comunicación y redes sociales.

Este movimiento extiende su acción al resto del Estado tras la aprobación, en febrero de 2019, del proyecto de Ley Orgánica para la reforma de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), que establecía la obligación del Gobierno de desarrollar un plan para que, en el plazo de 10 años, “los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad”, manteniendo los centros de Educación Especial para el alumnado “que requiera una atención muy especializada”. Al mismo tiempo, la situación abre un conflicto interno en organizaciones muy relevantes del sector de la discapacidad entre quienes apuestan por una mayor inclusión y quienes defienden el statu quo.

Como todo movimiento social, el objetivo de “Educación Inclusiva Sí, Especial TAMBIÉN” es incidir en la esfera política. Para ello, la plataforma, a través de sus miembros y simpatizantes, construye y extiende de forma eficaz unas ideas que pretenden convertirse en el discurso hegemónico en el ámbito de la educación de la infancia con discapacidad. Estas ideas se elaboran a través de su web y en artículos de prensa publicados en medios de gran difusión como El PaísEl ConfidencialABC o La Razón. En general, los autores de estos textos son padres y madres de niños/as con discapacidad con alguna vinculación con el campo de la comunicación o del derecho, lo que les ofrece un altavoz inmediato a sus propuestas. Miembros de la plataforma han participado en cadenas de radio como COPE o Cadena Ser, y de televisión como Telecinco y Antena 3. En redes, la mayor difusión la realizan familiares, docentes y cuentas institucionales de centros concertados de Educación Especial. Antes de las elecciones generales del 28 de abril de 2019, el Partido Popular y Ciudadanos ya se habían alineado programáticamente con los planteamientos de esta plataforma. La pregunta es: ¿Cuál es su discurso de fondo?, es decir, ¿qué proponen realmente?

Este movimiento utiliza, principalmente, dos estrategias de comunicación: en primer lugar, se difunde un relato por el que los padres y madres de centros de Educación Especial son agraviados e insultados por quienes defienden la inclusión. Supuestamente, estos les acusan de aislar y segregar a sus hijos, de ser conformistas, ignorantes, miedosos, etc. Sin embargo, no he sido capaz de encontrar ni un solo artículo ni mensaje en las redes que falte el respeto o que juzgue de esta forma a las familias. En segundo lugar, los miembros de la plataforma desinforman sobre el contenido de las leyes y crean una alarma interesada a partir de falsedades, como cuando afirman que la Proposición de ley 17/2017 obligará al traslado de todo el alumnado con discapacidad a centros ordinarios o que lo primero que hará la LOMLOE, antes de dotar a estos centros de recursos, será cerrar todos los centros de Educación Especial. En cuanto a sus ideas, pueden sintetizarse en las siguientes:

  1. Defender los centros de Educación Especial es proteger los derechos de la infancia vulnerable (y, por tanto, no defender estos centros es ir contra esos derechos). Sin embargo, como señala la Observación general núm. 4 del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, lo que sí es un derecho fundamental, y por tanto requiere protección, es la educación inclusiva en centros ordinarios con los apoyos y ajustes necesarios. Al contrario de lo que plantea la plataforma, no hay mejor manera de defender los derechos de los niños/as que promoviendo una educación inclusiva real y efectiva.
  2. Los niños/as con discapacidad no son iguales al resto. Según “Educación Inclusiva sí, Especial también”, sus iguales son quienes tienen discapacidad, no el resto de niños/as. Siguiendo esta lógica, la segregación por motivo de discapacidad en centros diferentes es natural, y la discriminación se produce cuando estos niños acuden a centros ordinarios, porque se les separa de sus iguales. Esta visión entronca directamente con una concepción del niño/a con discapacidad como esencialmente distinto y, por tanto, susceptible de ser segregado.
  3. La presencia de algunos/as niños/as en centros ordinarios no es posible ni deseable. Estos centros son presentados como espacios de exclusión, violencia, malestar y escasez de recursos, mientras que los centros de Educación Especial se muestran como el único lugar en el que estos niños pueden aprender y ser cuidados, y donde los recursos son siempre suficientes. No hay duda de que la inclusión educativa tiene un grandísimo margen de mejora en la educación ordinaria y que la Educación Especial realiza una labor imprescindible en la situación actual, pero presentar así la realidad es, sencillamente, falsear lo que ocurre en ambos tipos de centro.
  4. La inclusión educativa no implica educarse junto a los demás. La plataforma trata de resignificar la idea de inclusión y de deslegitimar el concepto de la ONU, que entiende que la presencia de estos niños/as en la escuela ordinaria es uno de los requisitos para una inclusión educativa completa. En esta línea, los miembros de la plataforma intentaron desprestigiar el duro informe que la ONU emitió en mayo de 2018 sobre la situación de la educación inclusiva en España.
  5. La inclusión educativa es una teoría utópica carente de realismo y sensibilidad. Hay una intención expresa de presentar a quienes defienden la inclusión como personas o instituciones fuera de la realidad, que no conocen la vida cotidiana de los centros ni de los niños/as con discapacidad. Nada más lejos de la realidad. La gran mayoría son familiares y docentes de niños/as con necesidades educativas especiales, plenamente conscientes de su situación y de las barreras para la inclusión existentes tanto en los centros ordinarios como de Educación Especial; y que saben también que hay sistemas educativos y colegios que demuestran que es posible lograr una inclusión muchísimo mayor.
  6. La inclusión atenta contra el derecho a la libertad de elección de los padres y madres. No obstante, el ordenamiento jurídico español y la ONU dejan clara la jerarquía de derechos: “Las responsabilidades de los padres a este respecto están supeditadas a los derechos del niño”. No hay duda de que el derecho a la educación inclusiva debe prevalecer sobre el supuesto derecho a la libertad de elección.

En síntesis, se trata de un movimiento de raíz corporativista, que difunde una visión deformada de las propuestas legislativas y de la realidad educativa, que utiliza el miedo para diseminar su mensaje, que legitima y naturaliza la segregación por motivo de discapacidad y que reduce el debate a “Educación Especial sí o no”, cuando la cuestión crucial es cuántos recursos se necesitan y cómo debemos distribuirlos para garantizar el derecho a la educación de todo el alumnado.

Sin embargo, quizá lo más significativo de este movimiento sea su acérrima defensa de una situación actual que vulnera sistemáticamente el derecho a una educación inclusiva y de calidad para buena parte del alumnado -con y sin discapacidad-. En su planteamiento no hay rastro de alternativa a las urgentes necesidades educativas de nuestros/as niños/as. Su propuesta es el inmovilismo, la naturalización de una realidad intolerable, la consolidación de la injusticia, el sálvese quien pueda con los recursos que tenga a su alcance. Pero hay otro camino. Uno que muchos quieren ocultar. Uno por el que avanzar, con responsabilidad y garantizando siempre el bienestar de la infancia, hacia una educación que promueva la autonomía, el aprendizaje y la convivencia positiva. Un camino lleno de retos, pero ineludible para lograr una sociedad más humana, más justa y más libre.

Fuente: https://eldiariodelaeducacion.com/blog/2019/10/22/el-nuevo-discurso-reaccionario-frente-a-la-educacion-inclusiva/

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