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Doble vara para medir

octubre 5, 2016octubre 4, 2016Boaventura de Sousa Santos

Por: Boaventura de Sousa Santos

¿Cuál es el significado del acto de rendición judicial detrás del golpe que se ha producido en Brasil? El papel central del sistema judicial brasileño en los equilibrios y desequilibrios del periodo posterior a 1985 debe ser analizado en detalle, ya que puede ayudar a comprender comportamientos posteriores. La operación Lava Jato presenta grandes ambivalencias. Si, por un lado, hizo que grandes empresarios, políticos y contratistas fueran procesados penalmente, rompiendo, de algún modo, con la sensación de impunidad; por otro lado, su gran base de apoyo es el involucramiento de personajes de la izquierda brasileña, sobre todo del PT. Es decir, el gran apoyo social y mediático que recibe la operación Lava Jato se debe a que persigue a la izquierda. Esto resulta evidente cuando comparamos la operación Lava Jato con la operación Satyagraha, que investigó casos de corrupción y blanqueo de capitales que involucraban, principalmente, al banquero Daniel Dantas con las privatizaciones del gobierno de Fernando Henrique Cardoso. Esta última fue dirigida por el juez Fausto de Sanctis y por el delegado de la Policía Federal Protógenes Queiroz. La reacción del Supremo Tribunal Federal (STF) a esta operación fue muy diferente a la actual: Queiroz fue condenado penalmente y expulsado de la Policía; el juez De Sanctis sufrió la persecución del entonces presidente del STF, Gilmar Mendes, que dirigió un oficio en el Consejo Nacional de Justicia (del que también era presidente) para investigar la conducta del juez. El arresto del banquero Daniel Dantas, que llegó a ser esposado, fue, en el fondo, el origen real del sumario vinculante 11 del STF, que establece: “Solo es lícito el uso de esposas en casos de resistencia y de riesgo fundado de fuga o peligro para la integridad física propia o ajena, por parte del preso o de terceros, justificada la excepcionalidad por escrito, bajo pena de responsabilidad disciplinar, civil y penal del agente o de la autoridad y de la nulidad de la prisión o del acto procesal al que se refiere”.

Tal vez esto baste para concluir que en Brasil el éxito de la justicia criminal contra ricos y poderosos parece estar fuertemente relacionado con la orientación político-partidaria de los investigados. Pero hay más. La nominación del ex presidente Lula como ministro llevó al juez Sérgio Moro a cometer uno de los actos más flagrantemente ilegales de la justicia brasileña contemporánea: permitir la divulgación de un audio entre la presidenta Dilma y el ex presidente Lula cuando ya sabía que él no era competente para el procesamiento. El ministro del STF Teori Zavascki escribió en su despacho: “Fue también precoz y, al menos parcialmente, equivocada la decisión que anticipó juicio de validez de las interceptaciones, obtenidas, en parte importante, sin abrigo judicial, cuando ya había determinación de interrumpir las escuchas”. Esa divulgación dio un nuevo impulso al movimiento a favor del impeachment de la presidenta Dilma. A propósito, el hecho de que la presidenta Dilma haya nominado a Lula como ministro, incluso si la motivación exclusiva fuese la alteración del foro competente para el juzgamiento, no constituye por sí sola una obstrucción de la justicia. En efecto, en la época en que era presidente, Fernando Henrique Cardoso dio status de ministro al entonces Abogado General de la Unión, Gilmar Mendes, con un objetivo semejante. De hecho, a fines del siglo pasado e inicio del siglo XXI, por cuenta de las privatizaciones y el aumento de la carga tributaria, varios jueces federales comenzaron a pronunciar decisiones preventivas (interrumpiendo acciones en curso) y a intervenir en el programa económico neoliberal de Cardoso. El ministro Mendes era entonces Abogado General de la Unión y criticaba fuertemente la postura de los jueces. Hubo varias acciones de improbidad y acciones populares en contra del gobierno de Cardoso y del propio Mendes. Ante el peligro de que Mendes tenga que responder a procesos en primera instancia fue decretada la Medida 2049-22, del 28 de agosto de 2000, que le garantizó un fuero de privilegio y lo preservó. En su artículo 13 dispuso: “Son ministros de Estado los titulares de los ministerios, el jefe de la Casa Civil, el jefe del Gabinete de Seguridad Institucional, el jefe de la Secretaría General y el jefe de la Secretaría de Comunicación de Gobierno de la Presidencia y el Abogado General de la Unión”. En ese momento no hubo ningún tipo de cuestionamiento, ninguna alegación de inconstitucionalidad o “criminalización” del presidente Cardoso por obstrucción de justicia.

La idea de que en la justicia brasileña hay dos pesos y dos medidas parece confirmada y es altamente probable que pronto surjan más pruebas. A título de ejemplo valdrá la pena observar la discrepancia entre el ritmo de la operación Lava Jato centrada en Curitiba y el ritmo de la misma operación centrada en Río de Janeiro, la que investiga a los empresarios ligados más a la derecha, al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), al ex gobernador Sergio Cabral y al Partido de la Social Democracia Brasileña (PSBD).

Es necesario no perder de vista dos hechos importantes. Por un lado, el sistema judicial continúa teniendo un papel central en la institucionalidad democrática brasileña, sobre todo mientras prevalezca el actual sistema político. Por otro lado, hubo fracturas al interior del sistema judicial y, dependiendo de las circunstancias, estas pueden ser una contribución importante para renovar la credibilidad de la democracia brasileña. En el momento en que el sistema judicial parece apostar a criminalizar a cualquier precio a una personalidad de la talla nacional e internacional del ex presidente Lula, tal vez sea bueno recordar a los jueces que en la época de Cardoso fueron objeto de vigilancia y persecución cuando intervenían con medidas preventivas contra la política económica neoliberal del gobierno. La política económica que viene de ahí no será menos dura y llega poseída por un fuerte impulso revanchista. También la derecha tiene su “¡Nunca Más!”. La mayor incógnita es saber si las condiciones que en el pasado construyeron la credibilidad del STF y dieron verosimilitud a la idea de un sistema judicial relativamente independiente del poder político, desaparecerán para siempre después de esta lamentable trama político-judicial. El letargo del Consejo Nacional de Justicia (CNJ) y del Consejo Nacional del Ministerio Público (CNMP) es verdaderamente preocupante.

Luchas institucionales y extrainstitucionales. Lo más probable es que el acto de ruptura institucional provocado de arriba hacia abajo (de las elites contra las clases populares) tendrá que confrontarse en el futuro con actos de ruptura institucional de abajo hacia arriba (de las clases populares contra las elites). En ese caso, el sistema político funcionará durante algún tiempo con una mezcla inestable de acciones políticas institucionales y extrainstitucionales, dividido entre luchas partidarias y decisiones del Congreso o de los tribunales, por un lado, y acción política directa, protestas en las calles o acciones ilegales contra la propiedad privada o pública, por otro. Estas últimas serán combatidas con elevados niveles de represión y su eficacia es una cuestión abierta.

Con el golpe parlamentario-judicial, el régimen político brasileño ha pasado de ser una democracia de baja intensidad (eran bien conocidos los límites del sistema político y del sistema electoral, en particular, para expresar la voluntad de las mayorías sin manipulación por parte de los medios y del financiamiento de las campañas) a una democracia de bajísima intensidad (mayor distancia entre el sistema político y los ciudadanos, mayor agresividad de los poderes fácticos, menos confianza en la intervención moderadora de los tribunales). Siendo este el régimen político, ¿cuál será la mejor estrategia para que las fuerzas democráticas puedan llevar a cabo luchas políticas que frenen la deriva autoritaria y refuercen la democracia? De las fuerzas democráticas de derecha no es posible esperar una acción vigorosa. Cuando están en el gobierno, las diferentes fuerzas de derecha se unen más de lo que lo hacen las fuerzas de izquierda. La razón es que las fuerzas de derecha tienen el control del gobierno y también el control reforzado del poder económico que siempre ejercen en las sociedades capitalistas. En cambio, cuando las fuerzas de izquierda están en el gobierno, no tienen el control del poder económico. Las fuerzas democráticas de derecha son importantes, pero tenderán a ser relativamente pasivas en la defensa de la democracia aún existente. Por eso, guste o no, es en las fuerzas de izquierda donde reside la defensa activa de la democracia y la lucha por su refuerzo.

Fuente:http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-310807-2016-10-03.html

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¿La pobreza es rentable?

octubre 5, 2016octubre 4, 2016Fausto Segovia Baus

Por: Fausto Segovia Baus

La pobreza es un concepto que va más allá de lo político, religioso y económico. Tiene resonancias espirituales, éticas e inclusive literarias. La historia de la humanidad es, en cierto modo, el relato sobre los pobres y su ansiada liberación. No hay cultura o civilización que no incluya estas reflexiones, que se han traducido en estructuras políticas, filosóficas y religiosas que dejaron hondas fisuras en diversos escenarios y que todavía subsisten. Desde que tengo uso de razón sentí la pobreza, leí sobre la pobreza, estudié para salir de la pobreza y actué sobre la pobreza, en el entendimiento que la única forma o estrategia para salir de la pobreza era la educación. Mis padres no estaban equivocados. En realidad la pobreza forma parte de la historia de muchos países, comunidades y personas. Pero más tarde entendí que no había una sola pobreza –la económica-, sino otras pobrezas: la pobreza moral, la pobreza política, y la madre de todas las pobrezas –la injusticia, de la mano del egoísmo, la codicia y la insolidaridad-. Y que la pobreza, así concebida y aplicada, no era un destino divino para llegar a los cielos, sino un modelo económico-político creado por los seres humanos con una parafernalia de leyes, normas y sistemas asumidos, inclusive, en nombre de la democracia. • Diversos discursos El título de este ensayo es actual y en forma de pregunta, porque resulta curioso reconocer –en tiempos electorales o no- que se usa y abusa del término para fines diferentes. ¿Por qué sería rentable la pobreza? Para los redentores como Cristo, que fue un líder asertivo, la pobreza tiene en las bienaventuranzas las respuestas más efectivas; para Marx en la organización del proletariado; para Gandhi en la no violencia activa, y para la mayoría de políticos los pobres y la pobreza integran un discurso que se vende bien, gracias a la propaganda, porque es una utopía que sirve para ascender al poder, pero una vez allí los agentes de reproducción del sistema siguen intactos. ¿Qué ha sucedido? El manido cambio se ha convertido en ‘obras’, por acción de un Estado benefactor u ‘ogro filantrópico’, y las obras no han logrado superar las causas de la pobreza. Y el círculo vicioso de la pobreza continúa. La rentabilidad política de la pobreza es evidente. • Objetivos del Milenio Por eso, las Naciones Unidas no se equivocan cuando plantean superar –con el concurso de todos los Estados- la pobreza y sus causas, el calentamiento global, el acceso a la educación de calidad con equidad, la promoción de las mujeres y el respeto de los derechos humanos. Los Objetivos del Milenio van en esa línea, y ya se preparan nuevos desafíos hasta el 2030. ‘La ONU ha descubierto los derechos de propiedad de los pobres’ que serían la base para combatir la exclusión, dice una información internacional de cercana data. Es increíble, pero al parecer ‘un aspecto único e ignorado de los derechos es el vínculo inexorable en la pobreza dominante –en cerca del 60% de la humanidad- y la ausencia de protecciones jurídicas para los pobres’. • Hernando de Soto: el otro sendero Las investigaciones del economista Hernando de Soto, de nacionalidad peruana, –conocido por su obra ‘El otro sendero’- apuntan en esa dirección. La idea básica es lograr el ‘empoderamiento de los pobres’, que consiste en formular políticas en todo el mundo orientadas a crear un sistema de propiedad legal, ‘que determinará que los empresarios individuales y las economías nacionales tengan oportunidades’, en los países en vías de desarrollo. De Soto, en la mencionada obra, probó que un sector importante de la economía en los países del Tercer Mundo es informal, y que no por ser informal el movimiento de los recursos se lo puede desestimar; al contrario, según el investigador, las economías informales ‘mueven’ valores y transacciones por montos que superan el setenta por ciento de la población. El contexto de esta propuesta es el drama de millones de personas integradas a economías informales, subterráneas, sin relación de dependencia –algunos la llaman ‘ilegales’- pero que representan, en la práctica, millones de dólares en giro, y que en su conjunto, pesan sobre las economías nacionales. En la práctica el proyecto ideado por Hernando de Soto significó la legalización en Perú de 300 empresas, que antes operaban en la informalidad (léase, clandestinidad), es decir, ‘fuera de los libros’ de contabilidad. Los resultados han sido sorprendentes en Perú. Los dirigentes políticos se dieron cuenta que estas reformas movilizaron a medio millón de trabajadores, al pasar de la economía subterránea a la economía legal. Se generó más empleo, más oportunidades de producción, y más ingresos tanto para los trabajadores como para el Estado, por más de 300 millones de dólares anuales. Con estos resultados en tierras peruanas De Soto fue contratado por Egipto, para que dirigiera los derechos de propiedad del programa de reforma económica. Y siguieron otros países: Honduras, Tanzania, Haití y otros. La ONU creó una comisión de alto nivel que preside Hernando de Soto y Madeleine Albrigth, ex secretaria de Estado con un objetivo concreto: establecer el vínculo inexorable entre la pobreza dominante y la ausencia de protecciones jurídicas para los pobres. • Yunus: no más caridad, sino oportunidades ‘El tema de fondo pasa necesaria e ineludiblemente por la creación de condiciones y oportunidades’, según Muhammad Yunus, Premio Nobel de la Paz, quien estuvo entre nosotros hace algún tiempo. Los pobres no deben recibir bonos, donaciones –decía Yunus-. Eso crea dependencia y no va a las raíces del problema. Los pobres necesitan oportunidades. Y una de esas oportunidades es el Banco del Micro crédito, dirigido especialmente a las mujeres. Estas reflexiones pueden servir para aclarar el tema de la pobreza, y que los discursos y sobre todo las acciones de los dirigentes políticos y sociales se orienten en la dirección correcta.

Fuente:http://www.elcomercio.com/blogs/la-silla-vacia/pobreza-rentable-sillavacia-faustosegovia.html. Si está pensando en hacer uso del mismo, por favor, cite la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. ElComercio.com

Imagen: notenemossitio.files.wordpress.com/2010/08/crisis-y-pobreza-p-blog2.jpg

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El Cristo cósmico: una espiritualidad del universo

octubre 5, 2016octubre 4, 2016Leonardo Boff

Por: Leonardo Boff

Una de las búsquedas más persistentes entre los científicos que vienen generalmente de las ciencias de la Tierra y de la vida es la de la unidad del Todo. Dicen: «debemos identificar la fórmula que explica todo y así captaremos la mente de Dios». Esta búsqueda tiene como nombre la teoría de la gran unificación, o la teoría cuántica de los campos, o por el pomposo nombre de la teoría del todo. Por más esfuerzos que hayan hecho, todos acaban frustrándose o como el gran matemático Stephen Hawking, abandonando, esta pretensión, por imposible. El universo es por demás complejo para ser aprehendido por una única fórmula.

Sin embargo, investigando sobre las partículas subatómicas –más de cien– y las energías primordiales, se ha llegado a percibir que todas ellas remiten al llamado «vacío cuántico», que de vacío no tiene nada porque es la plenitud de todas las potencialidades. De ese fondo sin fondo han surgido todos los seres y todo el universo. Se representa como un vasto océano, sin márgenes, de energía y de virtualidades. Otros lo llaman “fuente originaria de los seres”, o el “abismo alimentador de todo”.

Curiosamente, uno de los mayores cosmólogos, Brian Swimme, lo denomina lo inefable y lo misterioso (The Hidden Heart of the Cosmos, 1996). Pues bien, éstas son características que las religiones atribuyen a la Realidad Última, que es llamada con mil nombres: Tao, Yavé, Alá, Olorum, Dios… El vacío grávido de energía, si no es Dios (Dios es siempre mayor), es su mejor metáfora y representación.

Lo fundamental no es la materia, sino ese vacío grávido. Ella es una de las emergencias de esa fuente originaria. Thomas Berry, el gran ecólogo/cosmólogo norteamericano, escribió: «Necesitamos sentir que estamos cargados con la misma energía que hizo surgir la Tierra, las estrellas y las galaxias. Esa misma energía hizo surgir todas las formas de vida, y la conciencia refleja de los humanos. Es la que inspira a los poetas, los pensadores y los artistas de todos los tiempos. Estamos inmersos en un océano de energía que va más allá de nuestra comprensión. Pero esa energía en última instancia nos pertenece, no por la dominación sino por la invocación» (The Great Work, 1999, 175), es decir, abriéndonos a ella.

Si es así, todo lo que existe es una emergencia de esta energía fontal: las culturas, las religiones, el propio cristianismo e incluso las figuras como Jesús, Moisés, Buda y cada uno de nosotros. Todo venía siendo gestado dentro del proceso cosmogénico en la medida en que surgían órdenes más complejos, cada vez más interiorizados e interconectados con todos los seres. Cuando se da determinado nivel de acumulación de esa energía de fondo, entonces ocurre la emergencia de los hechos históricos y de cada persona singular.

Quien vio esta gestación de Cristo en el cosmos fue el paleontólogo y místico Teilhard de Chardin (+1955), aquel que reconcilió la fe cristiana con la idea de la evolución ampliada y con la nueva cosmología. El distingue lo «crístico» de lo «cristiano». Lo crístico se presenta como un dato objetivo dentro del proceso de la evolución. Sería aquel eslabón que une todo con todo. Porque estaba dentro de ella pudo irrumpir un día en la historia en la figura de Jesús de Nazaret, aquel por quien todas las cosas tienen su existencia y consistencia, en el decir de San Pablo.

Por eso, cuando lo crístico es reconocido subjetivamente y se transforma en contenido de la conciencia de un grupo, se transforma en «cristiano». Entonces surge el cristianismo histórico, fundado en Jesús, el Cristo, encarnación de lo crístico. De aquí se deriva que sus raíces últimas no se encuentran en la Palestina del siglo primero, sino dentro del proceso de la evolución cósmica.

San Agustín escribiendo a un filósofo pagano (Epistola 102) intuyó esta verdad: «La que ahora recibe el nombre de religión cristiana existía anteriormente, y no estuvo ausente en el origen del género humano, hasta que Cristo vino en la carne; fue entonces cuando la verdadera religión, que ya existía, empezó a ser llamada cristiana».

En el budismo se hace un razonamiento parecido. Existe la budeidad (la capacidad de iluminación) que venía forjándose a lo largo del proceso evolutivo hasta que irrumpió en Sidarta Gautama que se volvió Buda. Este sólo pudo manifestarse en la persona de Gautama porque la budeidad estaba antes en el proceso evolutivo. Entonces se volvió Buda como Jesús se volvió Cristo.

Cuando esta comprensión es interiorizada hasta el punto de transformar nuestra percepción de las cosas, de la naturaleza, de la Tierra y del universo, entonces se abre el camino a una experiencia espiritual cósmica, de comunión con todo y con todos. Realizamos por esta vía espiritual lo que los científicos buscaban por la vía de la ciencia: un eslabón que unifica todo y lo atrae hacia delante.

Fuente: http://www.servicioskoinonia.org/boff/articulo.php?num=794

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Ciudadanía plurinacional

octubre 5, 2016octubre 4, 2016Mariano Fernandez Enguita

Por: Mariano Fernandez Enguita

El punto de partida es que España es un estado único, cuasi federal, en el que coexisten varias naciones o nacionalidades, entendiendo por tales a colectividades humanas, con una base territorial más o menos identificable no solo jurídica sino materialmente, y que comprenden, en distinto grado, algunos de los rasgos típicamente atribuidos a las naciones (una lengua propia, un legado histórico diferenciado, cierta especificidad cultural, una identidad colectiva asumida…). En tanto que esta realidad diferenciada coexiste con una sólida realidad común, que no es la mera yuxtaposición, prefiero hablar de plurinacionalidad que de multinacionalidad. Aunque los prefijos pluri y multi son prácticamente equivalentes, tanto en el ámbito académico como en el lingüístico, que es donde más se usan y coexisten (pluri y multidisciplinar, pluri y multilingüe…), el primero indica siempre una mayor integración operativa y en el plano individual. Podemos aplicar el adjetivo plurinacional a España, no sé si por influencia bolivariana o con intención de decir algo distinto a lo habitual, pero el hecho es que lo ha convertido en un vocablo de uso común.

Yo también prefiero ese adjetivo, por lo dicho y porque es aplicable a cada español. Tras cinco siglos de más o menos libre circulación y establecimiento (muy anteriores a otras libertades) por todo el territorio nacional y dos milenios de intensa movilidad y mezcla en la península, poco queda de pureza nacional, étnica o cultural. Millones de españoles tienen parientes consanguíneos y colaterales en todos los grados de otra nación o nacionalidad y han vivido y/o trabajado en otra comunidad, además de que todos se han beneficiado de un mercado único, una polis unificada y una herencia cultural común y mestiza. Aquí, al menos, todos y cada uno somos plurinacionales. En estas coordenadas, ¿cómo articular culturas y lenguas en la escuela? Siempre será un problema de solución incierta y proclive a tensiones y conflictos, pero no hay necesidad alguna de atascarse en la actual pelea de machos cabríos. Usaré como ejemplo Cataluña, aunque, salvo indicación contraria, pienso en todas las comunidades con otra lengua propia además del castellano.

Bajo el eufemismo de la inmersión lingüística, el nacionalismo catalán ha impuesto la supresión del castellano como lengua vehicular de la educación (una opción sectaria que se extiende de manera más difusa a otras facetas de la escuela). La racionalización, ni siquiera teoría, es que la lengua catalana está perdiendo terreno (aunque nunca, desde el pasado siglo, gozó de tan buena salud y no ha dejado de mejorar), que eso refuerza la cohesión social (pero en Cataluña se estanca la desigualdad mientras en España decrece), que los resultados son buenos para todos (pero, en las evaluaciones diagnósticas, la condición socioeconómica pesa más sobre los resultados que en el conjunto de España), que la competencia en el uso de la lengua castellana no se ve perjudicada (pero nunca se mide) y, por supuesto, que dentro de Cataluña hay un amplísimo consenso social, prácticamente unánime, a favor de tal política. Ni se menciona la universalmente aceptada importancia del uso escolar de la lengua materna, que para el 55% de los catalanes es el castellano, algo que antes de la inmersión se usaba como mantra.

Especial mención merece el presunto consenso social. Cada vez que el tema rebrota, sea por una ley estatal, una sentencia constitucional, el pronunciamiento de alguna organización o algún experto local, las autoridades y los sicofantes, que son legión, repiten la idea de que solo unas pocas familias quieren la escolarización en castellano (las cifras más repetidas son ocho y ochenta, como si quisieran subrayar de manera subliminal que da igual cuántas sean). En los últimos veinte años, en media docena de encuestas (CIS 1998, ASP 2001 y 2009, DYM-ABC, GESOP-El Periódico 2014) que preguntaban a las familias qué fórmula lingüística preferirían en su escuela, incluyendo dos posibles formas de monolingüismo (solo catalán o solo castellano) y tres de bilingüimo (mitad y mitad y predominantemente uno u otro), entre el 60% y el 90% de los entrevistados declararon preferir alguna forma de co-vehicularidad, es decir, del uso de ambas lenguas, en distintas proporciones, como lenguas vehiculares. Incluso las nada fiables encuestas de La Vanguardia (una abierta de 2011 y otra de Feedback, consultora paniaguada del soberanismo, en 2015) dan un 33 y un 19% de disconformes, lo que no es nada despreciable. La Encuesta de Usos Lingüísticos de la Población (EULP, quinquenal) que realiza IDESCAT, de la Generalitat, pregunta todo lo imaginable pero no las preferencias sobre vehicularidad en la escuela; sin embargo, una encuesta similar, del mismo organismo, para Cataluña “del Norte” (EUCLN, decenal), sí que pregunta sobre “enseñanza bilingüe catalán-francés en la escuela”. Sobran comentarios.

En el lado opuesto de la pelea, el ministro Wert pretendió que cualquier familia residente en Cataluña pudiera optar por la escolarización de sus hijos en castellano como única lengua vehicular y que, de no existir plazas para ello en la escuela pública o concertada, la Generalitat sufragase el coste de su escolarización en la enseñanza privada. En realidad chocan dos visiones unilaterales: de un lado, el nacionalismo catalán utiliza el poder estatal (de la Generalitat), ignorando derechos y preferencias de los ciudadanos, para imponer el uso de la escuela en la construcción de su demos, es decir, exclusivamente de su versión del demos, que es Cataluña no en, ni con, ni junto a… sino en vez de e incluso en contra de España; del otro, el Ministerio pretende reducir la escolarización (como si no fuera obligatoria) a un derecho subjetivo o una opción individual (de las familias, para ser precisos), a la vez que confía la solución al mercado, una fórmula con la que quedaría en manos de los particulares vivir y escolarizar a sus hijos en Cataluña como si esta no existiera, si los padres no residieran o los hijos no fueran, en principio, a vivir y trabajar en ella.

Solo los altos tribunales han propuesto una tercera fórmula. Aunque Superior (de Cataluña) y Supremo (de España) han desestimado diversas demandas individuales de las familias, el Constitucional afirmó en 2010 el carácter vehicular del castellano y tanto el Superior como el Supremo han fallado que este debería tener un mínimo de presencia (el segundo ha sugerido el 25% del horario lectivo). Esta fórmula ha sido aceptada por el Ministerio de Educación, junto a la antes mencionada, pero no por el Departament d’Ensenyament, que solo acepta la inmersión. El mero Estado de Derecho (el imperio de la ley), pues, una condición de la convivencia anterior lógica e históricamente a las libertades y la democracia, ya apunta en ese sentido. Pero hay dos motivos más.

El primer motivo es la plurinacionalidad misma. Si España es plurinacional, en el sentido apuntado, una comunidad compartida que coexiste con comunidades diferenciadas (y donde dice comunidad podría decirse lengua, identidad, historia, cultura…), la escuela habrá de atender a esa doble faceta. La cuestión no es, como a menudo pretende el nacionalismo, llegar a un bilingüismo terminal (si así fuera ¿por qué no desescolarizar a miles o millones de alumnos ahora que su cultura familiar o la internet les dan acceso a la misma o mejor cultura que la escuela?). La respuesta es bien sencilla: porque en la escolaridad, mucho más que en cualquier otro ámbito, el medio es el mensaje. La exclusión del castellano como lengua vehicular grita eso al alumno 24/7/365: eres catalán, no español (no importa que se llame soberanismo, desconectar, fer país o de otra manera), y su restitución es la condición para que el mensaje implícito sea la plurinacionalidad, tal como aquí la hemos definido.

El segundo motivo es atender a los deseos de la población, expresados en las encuestas antes mencionadas. El hecho de que porcentajes de dos dígitos en las encuestas, mayoritarios en las más fiables, se traduzcan apenas en un pequeño número de reclamaciones contra la inmersión no indica malas técnicas demoscópicas sino una muy mala convivencia política. La diferencia entre esa masiva respuesta anónima en las encuestas y la limitada iniciativa legal solo se explica por un clima intimidatorio en el que las familias temen singularizarse reclamando algo a lo que las autoridades se oponen y buena parte de los docentes, sin duda, también. Será difícil restablecer la confianza, pero una escuela en la que todos los alumnos y las familias se sientan a gusto con independencia de su lengua, su cultura, su origen o sus preferencias es irrenunciable.

Esto no implica que la vehicularidad deba repartirse a partes iguales entre las lenguas oficiales, algo que en realidad nadie reclama. El desequilibrio entre la lengua propia y la común, donde y cuando quiera que lo haya, puede compensarse con una covehicularidad ponderada, compensatoria, como sugieren la razón y los tribunales, y con otras medidas adicionales si hace falta. Si en Cataluña esta política supondría el abandono de la inmersión excluyente, en otras comunidades, particularmente de lengua catalana y gallega, significaría, por el contrario, la generalización del bilingüismo.

La segunda mejor opción, o tal vez el mal menor, es la elección por las familias de la lengua principal con la otra como asignatura obligatoria y tal vez vehículo de algunas otras actividades. Grosso modo es el modelo del País Vasco, quizá propiciado por la disimilitud entre euskera y castellano, que no sea da entre lenguas romances. Puede que a día de hoy también fuera posible ahí la covehicularidad, o algo parecido, pero esto ya es tema para los profesionales sobre el terreno, no para mí.

Finalmente, el reconocimiento de las implicaciones de la plurinacionalidad para la coexistencia de las lenguas vehiculares aconsejaría también –o al menos sería compatible con ello–, el establecimiento de centros bilingües, fuera de las comunidades de doble lengua, allí donde una demanda suficiente y viable (una cantidad suficiente de población desplazada y concentrada) lo hiciera posible. Por aclararlo con un sencillo ejemplo, la presencia de catalanes, valencianos y baleares en Madrid daría para un buen número de centros o grupos bilingües en catalán y castellano en la conurbación de Madrid y, en menor medida, en otros muchos núcleos demográficos.

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La educación pública en peligro (2012)

octubre 5, 2016octubre 4, 2016Revista Viento Sur

Desde que se inició la crisis, pese a que esta no tiene ningún origen en el gasto público, educativo o sanitario, se ha procedido a aplicar un sinfín de recortes en el gasto social con la excusa de que son medidas “necesarias para salir de la crisis”. Estos recortes han ido acompañados de un deterioro en las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras que hacen posible la prestación de los servicios públicos. Las consecuencias de estas políticas están siendo terribles para las familias trabajadoras, principales víctimas de este proceso generalizado de deterioro de los servicios públicos y sociales.

Agresiones contra la Educación Pública

Mientras la banca no cesa de recibir todo tipo de ayudas por parte del Estado, la Educación Pública se está enfrentando a una agresión inédita y continuada, tanto por parte de los gobiernos centrales como autonómicos. Recortes que recaen contra una Educación Pública que ya arrastraba muchas carencias del periodo de boom económico. De hecho, el Estado español nunca se ha caracterizado por tener un gasto educativo “excesivo”, más bien todo lo contrario. Datos de la OCDE referentes al año 2008 indican que el gasto educativo en España se situaba en el 4.6% del PIB, frente al 5.4% de media entre todos los países miembros de la OCDE. Ahora las cosas van a peor: el Plan de Estabilidad del gobierno enviado a Bruselas prevé que la inversión educativa caiga hasta el 3.9% del PIB en 2015.

Estamos asistiendo a un proceso de desmantelamiento de la Educación Pública. Todas las medidas gubernamentales de los últimos años están teniendo un impacto muy negativo: subida de tasas universitarias, reducción de becas, recortes presupuestarios, decenas de miles de no admitidos en FP, disminución del número de profesores, recortes salariales y laborales a las y los docentes, etc. Medidas que se vienen aplicando en todas las administraciones como lo muestra que en 2011 todas las Comunidades Autónomas recortaronsus presupuestos educativos.

En un contexto de recortes y de aumento del número de alumnos, los gobiernos autonómicos han procedido a reducir drásticamente el número de profesores. La destrucción de empleo se ha cebado en el profesorado. Los despidos de interinos y la falta de contrataciones se han generalizado. Según datos del Ministerio de Educación sobre el curso 2010-2011, los colegios e institutos públicos de Canarias, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid y Ceuta, han tenido 2.861 profesores menos para atender a 46.000 estudiantes más /1. A su vez, el profesorado ha visto mermados sus salarios no solo con la reducción salarial del 5% hace más de dos años, sino con las congelaciones posteriores.

Por otra parte, los docentes están asistiendo a una precarización de sus condiciones laborales y salariales. En septiembre del año pasado había cientos de funcionarios que no sabían que centro tenían asignado o las materias que iban a impartir. El aumento de horas lectivas para los profesores ha sido generalizado, lo que significa tener menos tiempo para la preparación de la asignatura. Según un informe de la OCDE, los docentes españoles imparten más horas de clase que la media de profesores de la OCDE. A su vez la masificación en las aulas va a ir en aumento dado que se ha incrementado el ratio máximo de alumnos por aula en primaria (de 25 a 30), secundaria (de 30 a 36) y bachillerato (de 35 a 42). También se reduce el número de centros de formación y asesoramiento para el profesorado, y el número de profesores de apoyo en los colegios e institutos.

Los recortes están haciendo retroceder décadas a la escuela pública. Este verano, en Galicia, la Xunta anunció que a partir del próximo curso se van agrupar a niños y niñas de 6 a 12 años en el mismo aula. En institutos madrileños se están eliminando clases por la supresión de alguna modalidad de bachillerato, en especial el de Ciencia y Tecnología. En la Comunidad de Madrid también han eliminado becas para libros, que han sido sustituidas por préstamos.

Por otra parte se está operando para segregar al alumnado según su “rendimiento” y fomentar una educación elitista. Mientras se han eliminado programas de compensatoria para alumnos con dificultades, Esperanza Aguirre, en el marco de una ofensiva neoliberal que no pretende mejorar la educación pública o la calidad del sistema educativo sino crear un sistema organizado de manera elitista donde se margine a buena parte de los estudiantes, ha promovido el llamado “Bachillerato de Excelencia”. Y para convencer a la gente de que es necesario imponer un nuevo modelo educativo se han esforzado es sembrar la desconfianza contra todo lo público. Los medios de comunicación han actuado como cajas de resonancia de esta política, exagerando fenómenos como la violencia en las aulas, sin informar de la existencia del entorno problemático, etc.

Educación infantil

Los recortes también se han cebado contra los centros de enseñanza de 0 y 3 años, donde la escasez de plazas es histórica y donde, además, nos encontramos con que la mitad de los centros son privados. El coste de las plazas públicas se ha encarecido de forma generalizada. En Murcia, País Valencia o Catalunya se han reducido las ayudas a las familias para la educación infantil; en Galicia el programa Preescolar na casa, destinado a otorgar ayudas educativas a niños de pequeños pueblos o procedentes de familias con problemas, ha sufrido un recorte de medio millón de euros y corre el riesgo de desaparecer. Por último, en enero de 2012, la Xunta anunció el incremento de las tarifas de las guarderías en un 19.2% para el curso 2012-2013.

Las familias se están enfrentando a escuelas infantiles públicas más caras, junto con un deterioro de su calidad. Un Informe del departamento de Psicología Evolutiva de la Universidad Autónoma de Madrid alerta del mal estado en el que se encuentran las escuelas infantiles madrileñas.

El concepto gubernamental de escuela infantil se basa en una mentalidad empresarial y reaccionaria: convertirlos en centros de guarda mientras duran las jornadas laborales de los padres, apostando por un modelo en el que cada padre y madre se las arreglen para pagar cada mes un servicio que debería ser público y gratuito.

Recortes contra la Universidad Pública

Los planes de ajuste y recortes están teniendo efectos dramáticos en la enseñanza superior. La política de reducir becas y subir tasas, pretende dificultar el acceso a la educación universitaria a los hijos de la clase trabajadora.

La universidad nunca se ha caracterizado por tener unas tasas y matriculas asequibles; un informe de la OCDE referente al año 2009 indica que España era el sexto país de la UE con las matriculas más caras. Nunca hemos podido disfrutar de matriculas gratuitas como sucede en países como Dinamarca, Finlandia o la Republica Checa.

La reducción de las partidas presupuestarias universitarias es generalizada. El año pasado, en Catalunya, la Universidad vio reducido su presupuesto en 400 millones de euros (un recorte del 16%); la Generalitat valenciana lo redujo en 132 millones, mientras al mismo tiempo que proyecta ceder suelo público para que se construyan centros concertados y religiosos. Además, la obsesión por el déficit ha llevado a crear un código penal económico, de forma que las universidades pueden ser sancionadas por incumplir su presupuesto. Estos recortes están asfixiando a la Universidad. La Complutense ha dejado de pagar un complemento adicional de los nominas de profesores que asciende a 300 euros, y se están planteando vender patrimonio de la propia Universidad.

Los recortes están siendo acompañaos de una brutal subida de las tasas, que ha encarecido profundamente las carreras universitarias. La Comunidad de Madrid está a la vanguardia en las subidas. El informe de Datos y cifras del sistema universitario español 2011-2012, señala que Madrid fue la segunda comunidad que más cobraba por cada crédito. Para el curso 2012-2013 van a cobrar aun más. Sin ir más lejos, en verano de 2012 el gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó una espectacular subida de los créditos de másteres y posgrados públicos, algunos de los cuales pasaron de 1.500 a 4.200 euros. Estas políticas están equiparando o incluso superando el coste económico de la universidad pública respecto a la privada. La Conferencia de Rectores de las Universidades de Madrid (Cruma) se ha mostrado contraria a la subida de tasas, y ha criticado que no haya ido acompañada de un aumento de becas. El Rector de la Complutense ha manifestado que no recuerda una subida de tasas tan alta y que estas medidas pueden tener efectos negativos relacionados con la exclusión social.

Por otra parte, la destrucción de empleo entre el profesorado no se limita a la educación infantil, primaria o secundaria, sino que afecta a todos los niveles. También estamos asistiendo a una reducción en el número de docentes universitarios por distintas vías. El gobierno paraliza las oposiciones en la universidad pública a profesores catedráticos y titulares. Pero no solo se reducen o desaparecen el número de plazas, dado que también se ha recurrido al despido. En el verano de 2012, profesores laborales fijos de la Universidad Rey Juan Carlos se enteraron que habían sido despedidos al observar sus movimientos bancarios en el cajero.

Desde el gobierno, unas veces niegan los recortes en Educación y otras veces lo justifican alegando el fracaso escolar. Frente a este “argumento” hemos de decir que no existe ninguna evidencia empírica que demuestre el hecho de que recortando el gasto público en Educación se reduzcan los niveles de fracaso escolar, aumente el rendimiento o se mejoren las notas en los expedientes académicos. De ser así la excelencia académica seria la regla en África. Por tanto, cuando se habla de fracaso escolar universitario se deben analizar muchos factores, como que haya estudiantes que estudian carreras solo por el mero hecho de que “tienen salida”, frente a otras que son de su agrado y atención, pero que son descartadas debido a que el paro es su principal salida. Por tanto, los caprichos del mercado laboral están instigando que muchos estudiantes no elijan la carrera que les gustaría. Además, no hay que olvidar que es muy común que los universitarios tengan que trabajar para poderse pagar la carrera, lo que te obliga a disponer de menos tiempo para dedicarte a los estudios.

En definitiva, el modelo económico actual incentiva las bajas cualificaciones y el fracaso escolar. La Universidad no trabaja para formar a personas con la perspectiva de satisfacer necesidades sociales, sino todo lo contrario. La educación superior se ha convertido en lo que siempre ha querido la patronal, dado que se está trabajando para formar a personas, básicamente para lo que requiera las necesidades del mercado laboral del momento. Esta situación está provocando una creciente precarización entre personas muy cualificadas, que han cumplido todos los requisitos que ha exigido el sistema, los cuales en tiempos pasados eran suficientes para poder emanciparse y comenzar una vida más digna.

Educación para el adoctrinamiento

Los recortes en Educación están siendo acompañados de contrarreformas educativas reaccionarias. El gobierno está dando pasos que, en algunos aspectos, nos retraen a la educación franquista, una prueba la encontramos en la vuelta a las revalidas y en el planteamiento de suprimir el Bachillerato de Artes Escénicas.

El poder siempre se ha esforzado en impedir que se desarrolle un pensamiento crítico en la sociedad. Aun así, las intenciones del gran capital resultan muy preocupantes. El Banco de España y la CNMV han pedido que se imparta educación financiera en colegios e institutos. La CEOE, en boca de Juan Rosell, ha planteado que, desde la guardería a la universidad, se incluya una asignatura orientada a crear futuros empresarios/2.

Se pretende instalar una educación basada en la prioridad de satisfacer el mercado laboral y que el estudiante pase cuanto antes a estar explotado en una empresa como sus padres, de forma que el alumno haya sido previamente desconectado del verdadero conocimiento cultural. Quieren educar bajo un enfoque acrítico, individualista, sumiso, competitivo, y poco reflexivo para inculcar la pasividad política y el sometimiento a la dictadura de los mercados. Tener un sistema educativo que camine hacia este objetivo es una herramienta central para poder mantener y naturalizar las injusticias y desigualdades sociales. Así, se consigue que desaparezcan aspectos de la personalidad de los individuos, mientras se interiorizan las normas sociales establecidas y el llamado pensamiento único. En definitiva se ponen obstáculos para poder desarrollar un autentico conocimiento extenso, global y crítico del mundo en que vivimos, que pueda poner en entredicho el actual sistema económico imperante. El sistema se esfuerza para que desconozcamos realmente la crudeza del mundo en que vivimos, y para que no exijamos o luchemos por cambios profundos. Pero la norma social imperante es que lo importante es que en las notas del alumno no ponga suspenso.

Además, la religión continúa sin abandonar las aulas. El ministro Wert no oculta su apoyo a las subvenciones a centros que segregan las clases por cuestión de sexo. El ministro Gallardón dijo hace unos meses que “El crucifijo en un centro público es un símbolo de paz”(3). Estas declaraciones se hacen en un contexto de escándalos que salpican de lleno a la Iglesia católica por múltiples casos de pederastia y robo de bebes. En definitiva hay buenas noticias para el Opus Dei.

Apoyo gubernamental a la Educación privada

Este es un ejemplo de que la calidad y la inversión educativa aumenta, pero de la privada a costa de los recortes. La Encuesta de Financiación y Gastos de la Enseñanza Privada ha señalado que los beneficios del sector educativo privado en 2010 alcanzaban los 674 millones de euros, y que el 58.8% de los ingresos procedían de subvenciones de las arcas públicas. Además indica un aumento de las subvenciones públicas en un 30% desde el curso 2004-2005 hasta el de 2009-2010. Mientras se han destinado mas fondos para la privada, el Ministerio de Educación ha reducido en un 90% las ayudas a AMPAS (Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos). Por otra parte ACADE (Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada) que aglutina a centros de enseñanza privada ha conseguido que en años de crisis, desde las administraciones se impulsen desgravaciones fiscales por la escolarización en estos centros e incluso se aumente el límite de renta para acceder a estas subvenciones.

Esto es posible gracias al apoyo generalizado de los gobiernos central y autonómico al sector privado. La misma Generalitat valenciana que recorta en la escuela pública, ha impulsado ceder suelo público al sector privado para que construyan centros educativos y los gestionen en régimen de concierto durante un tiempo determinado. Esperanza Aguirre ofreció el año pasado a una universidad privada, New York University, un palacio de Carabanchel del siglo XIX durante 40 años.

En la Comunidad de Madrid se han recortado las partidas en Educación, mientras existen ayudas fiscales para familias que lleven a sus hijos a la Educación privada en concepto de escolarización, clases extraescolares o uniformes. La plataforma Escuela pública de todos para todos, denuncia como en esta Comunidad entre 2006 y 2010 el presupuesto dedicado a la educación pública ha caído en un 42%, mientras que el de la privada ha aumentado un 11%. No es de extrañar que Madrid sea la segunda comunidad que más alumnos estudian en la educación privada o concertada (45.8%).

Con estos datos encima de la mesa, Esperanza Aguirre ha sugerido en más de una ocasión limitar o eliminar la gratuidad de la Enseñanza Pública. Aunque no hay que caer en el error de pensar que la enseñanza pública es completamente gratuita. La Federación Usuarios-Consumidores Independientes (Fuci) ha señalado que el curso pasado la media de gasto por alumno que tuvo que asumir cada familia, fue de 796 euros. Por su parte, la Generalitat de Catalunya anunció anunció la creación de una tasa anual para los ciclos formativos de Grado Superior. En definitiva, esto supone un ejemplo de que el repago no supone la reducción del gasto educativo, sino trasladar uno de sus porcentajes para que sea asumido directamente por los estudiantes y sus familias.

Por tanto, mientras se trabaja en favorecer a la Educación privada y concertada; se pretende impulsar educación pública masificada, de escasa calidad y cara, para hacer más atractivo el sistema educativo privado.

Criminalización de las protestas

Estos ataques contra la Educación Pública están teniendo una respuesta social muy importante. En el otoño de 2011 hubo un rosario de huelgas de profesores y estudiantes en lugares como Madrid, Galicia o Castilla La Mancha. Las movilizaciones de estudiantes contra las subidas de las tasas han marcado las protestas universitarias. Se han producido numerosos encierros de padres, estudiantes y profesores. La Huelga General en el sector del pasado 22 de mayo tuvo un seguimiento masivo. El pasado mes de octubre se produjo por primera vez una convocatoria por parte de asociaciones de padres a una huelga a la que se sumaron los estudiantes.

Estas protestas están intentando ser criminalizadas por el gobierno y la derecha. El capital a través de sus medios de comunicación no ha dudado en desprestigiar todas las luchas en defensa de la escuela pública. Dirigentes del PP como Cospedal o Esperanza Aguirre se han negado a negociar y han cargado contra la comunidad educativa. Se ha llegado a amenazar a quien vendiera camisetas verdes y se han denunciado a personas por usar estas camisetas en las últimas elecciones generales. En Madrid se han abierto expedientes sancionadores contra personas que participan en las protestas. Por ejemplo, la Conserjería de Educación de la Comunidad de Madrid suspendió diez días de empleo y sueldo a un director por informar a padres y alumnos de los recortes educativos y por permitir en el centro las actos reivindicativos de otros profesores. Tres profesores que denunciaron en El País que fueron obligados a impartir materias ajenas a su especialidad han sido trasladados forzosamente de centro por la consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Por otra parte, una junta de personal denunció que un jefe de servicio de inspección se coló en una asamblea de profesores de un instituto de Guadalajara. El PP no ha dudado en cargar contra la marea verde.

Por otra parte, Esperanza Aguirre envió en 2011 una carta a miles de profesores explicándoles los recortes con faltas de ortografía. La ex presidenta ha repetido en más de una ocasión que no se han producido recortes educativos. Son famosas sus declaraciones a mediados de septiembre de 2011, cuando dijo que: “Por parte de los socialistas, IU, los sindicalistas, los indignados y los de la ceja se pretende decir que se han hecho recortes en educción y eso es total y absolutamente falso”. También dijo que los profesores trabajaban solo 20 horas a la semana, para tener que rectificar poco después. Es curioso que loscmismos que exigen reafirmar la autoridad del profesor rememorando tiempos franquistas, no dudan en atacar sus condiciones laborales.

La consejera de la Educación de la Comunidad de Madrid, Lucia Figar, llego a decir que los que acuden a las asambleas “son las mismas que en agosto insultaban y agredían a los peregrinos”(4). La actitud de esta consejera ha provocado un amplio rechazo entre la comunidad educativa. De hecho, la Asociación de Directores de Institutos de Secundaria de la Comunidad de Madrid, que agrupa a 200 de los 342 centros públicos de Madrid exigió el cese de Figar.

La represión policial también se ha hecho notar, y se ha intentado convertir las protestas en un problema de orden público, introduciendo el castigo penal en un conflicto social. En diciembre 2011 protestas contra el encarecimientos de las matriculas en Cataluña, se saldaron con heridos y tres detenidos. Su máxima expresión la encontramos en Valencia en febrero de 2012, con unas cargas policiales contra estudiantes adolescentes y menores de edad que protestaban por el pésimo estado de sus centros de estudio. La policía agredió a jóvenes que se quejaban de la falta de calefacción. El propio jefe de la policía valenciana se refiero a estos compañeros como “enemigos” en una rueda de prensa, mientras daba golpes con su mano a la mesa. Con esta actitud no es de extrañar que hubiera periodistas agredidos, una diputada golpeada y alumnos menores de edad detenidos. Estas jornadas de represión provocaron movilizaciones por todo el Estado en solidaridad con los estudiantes valencianos apaleados y detenidos al grito de “Yo también soy el enemigo”.

La prensa también está siendo una gran aliada para justificar los recortes y la represión. Aun no hemos visto alguna editorial crítica con los recortes, sino todo lo contrario. El ejemplo más cínico lo encontramos en La Razón, que ha llegado a utilizar su portada para intentar deslegitimar a activistas estudiantiles mediante mentiras. También se han esforzado en minimizar el impacto de las protestas, y no ha sido raro escuchar que en las protestas de profesores solo acudían liberados.

En defensa de la Educación Pública, gratuita y de calidad

La Educación no debe ser considerada como un gasto ni como una inversión, sino como un derecho que debe ser garantizado por los poderes públicos. Pero los problemas de recortes y falta de derechos en materia educativa se reproducen a escala mundial, mientras la mercantilización de todo lo público aumenta. Un informe de la Asociación de Universidades Europea ha señalado que en 2009 el presupuesto universitario en Lituania se recortó un -48% en 2009 y en un -18% en 2010. En Grecia la Troika tiene por costumbre exigir el cierre de centros educativos como condición de que lleguen los tramos de rescate. Por otra parte, un informe de Educación Para Todos de la UNESCO, presentado en septiembre de 2011 alertaba de que existían 67 millones de niños en todo el mundo que no podían acceder a la escuela, y se prevén 72 millones en 2015. Por tanto, el hecho de que peligre el acceso a la Educación es un fenómeno mundial.

Las respuestas sociales se están haciendo notar a nivel internacional. Las movilizaciones en Canadá contra la brutal subida de tasas universitarias han sido masivas, y fueron reprimidas con cientos de detenidos. También se han producido masivas protestas estudiantiles en Chile y Reino Unido. En Italia las reformas de la ministra Maria Gelmini han supuesto un drástico recorte del presupuesto educativo, la reducción de becas y la destrucción de empleo en el sector.

En Europa la austeridad está castigando a la Educación Pública, mientras se dispara el gasto en intereses de deuda pública. El capital ha conseguido crear un código penal económico de extrema derecha que se ha instalado en algunas constituciones, como en la nuestra. La reforma constitucional de verano de 2011 aprobada por el PP y PSOE sin consultar con nadie, deja claro que la prioridad de gasto de cualquier administración siempre debe ser el pago de la deuda, frente a cualquier otra partida presupuestaria. Esta óptica neoliberal se está aplicando en los presupuestos de forma escandalosa. En los Presupuestos Generales del Estado de 2012, mientras el gasto en el pago de intereses aumentaba un 5.3%, la partida social en Educación caía un -21.9%. Para los presupuestos de 2013 se ha fijado un aumento del gasto en intereses de deuda de un 34%, hasta llegar a los 38.950 millones de euros. Pero mientras tanto el presupuesto educativo se recorta en un -12.3%, sumando un -82% desde el año 2008. Y en los presupuestos de la Comunidad de Madrid de 2013 ocurre prácticamente lo mismo, dado que mientras el gasto en deuda aumenta un 35.8%, se aplica un recorte del -9.3% en Educación, Juventud y Deporte. Esto significa que los poderes públicos están defendiendo y protegiendo los intereses del capital financiero, a costa de exprimir el gasto social.

Llegado a este punto es imprescindible enfocar y vincular la lucha contra los recortes al objetivo de no pagar la deuda. Esta debe ser una reivindicación central en las protestas, porque los recortes son un instrumento para pagar la deuda y porque el pago de la deuda está implicando una catástrofe social que es necesaria detener. Es importante que desde una óptica anticapitalista no olvidemos el deseo de cambio y que cuestionemos la causa y el objetivo de los recortes, que no es otro que pagar una deuda a un sistema financiero corrupto, podrido y endeudado. Si los acreedores presionan para que se tomen las medidas que garanticen el pago de la deuda, los que somos recortados debemos presionar para que no se pague esta deuda ilegitima y desestabilizadora. Los planes de de ajuste están condicionados y respaldados por una ideología dominante que solo deberían compartir los que aplican estas políticas y se benefician de ella.

En realidad no solo es necesario otro modelo educativo, sino un modelo de producción radicalmente distinto al actual, que no se base en el consumismo y en la búsqueda inmediata del máximo beneficio de una minoría a costa de la explotación de los demás. Por tanto, la lucha contra los recortes y por un cambio radical en el actual modelo educativo, no debe desligarse de la repulsa a un futuro que no queremos y a la firme defensa y perspectiva de la transformación social para garantizar la derrota del capital.

Fuente: http://www.vientosur.info/spip.php?article7452

Imagen: https://sombrasenlaciudad.files.wordpress.com/2011/09/educaci25c325b3n2bp25c325bablica2ben2bpeligro.jpg?w=428&h=401

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EL NEOLIBERALISMO Y LA EDUCACIÓN (1997)

octubre 5, 2016octubre 4, 2016Orietta Caponi

Por: Prof. Orietta Caponi, USB

Prof. Humberto Mendoza, UCV

Resumen:
El objetivo de la presente investigación es analizar las situaciones económicas, sociales y políticas concretas que determinaron el afianzamiento de la hegemonía neoliberal en el mundo actual, para inadagar de que manera la oferta de modernización económica, profundización de la democracia, bienestar y justicia social presente en el discurso oficial, se transforma en la realidad, gracias a la racionalidad instrumental del paradigma neoliberal, en promotora de una sociedad autoritaria, antidemocrática, ingobernable y violenta.Este análisis permite examinar las consecuencias del neoliberalismo para el sistema educativo y sus implicaciones en la política educativa, especialmente en lo que se refiere a la Universidad Venezolana.Palabras clave: Neoliberalismo, educación.Abstract
This research objective is to analyze the economical, socials and political situations that determining the establishment of the neoliberal hegemony, to investigate how the economical modernism, democracy deep, confort and social justice could be transform in reality, thanks to the instrumental rationality of the neoliberal paradigm.This analysis let us to examine the neoliberalism consequences in the educative system specialty in the Venezuelan universities.Keywors. Neoliberalism, education.

I.- Elementos fundamentales del Neoliberalismo
No obstante, la afirmación de Fukuyama (1992) del «fin de la historia», de que la economía de mercado es el único modelo de organización de la sociedad para producir, de que ya no existen utopías y que el capitalismo ha demostrado ser el paradigma social incuestionable y eterno, es innegable la crisis actual de todo el Sistema Capitalista Mundial.

Esta crisis se anunció con el agotamiento del modelo de acumulación de posguerra y la aparición, después de un período de expansión sostenido de más de dos décadas, de dos fenómenos inquietantes: el aumento de la inflación y el declinar lento pero constante de la tasa de crecimiento. Esto determinó la aparición de la «estanflación» fenómeno inédito en el funcionamiento del Sistema Capitalista Mundial en el que coexistieron simultáneamente recesión e inflación y, al mismo tiempo, inició la crisis del sistema monetario internacional, que tuvo su punto culminante con la devaluación del dólar en 1971.

La intensidad de la acumulación de capital durante el período de la posguerra tuvo en su seno su propia parálisis, pues para valorizar esas grandes masas de capital se requería, por un lado, llevar a cabo una revolución tecnocientífica que elevara la productividad del trabajo a niveles hasta entonces desconocidos y, por el otro, invertir enormes volúmenes de capital tanto en investigación y desarrollo como en la renovación del parque industrial, lo que determinaba rentabilidad sólo a largo plazo.

La crisis del sistema financiero internacional fue consecuencia de este proceso, pues al no poder ser invertido rentablemente, el capital se deslizó hacia el sector financiero, que para garantizar las ganancias apetecidas procedió a la desregularización del flujo de capitales, produciendo una especulación salvaje en la que se inscribe, entre otras cosas, el proceso de endeudamiento de América Latina. Durante los años setenta se produjo un inusitado crecimiento de la liquidez de los mercados financieros y el surgimiento de una gran permisividad en los oferentes de créditos. Precisamente, una de las causas de la deuda externa de los países latinoamericanos fue la crisis general del Sistema Capitalista Mundial; en efecto, gracias a las condiciones leoninas de los préstamos se financió buena parte de la «prosperidad» estadounidense de los ’80, cuya contrapartida fue la «década perdida» para América Latina.

A finales de los 70, el capital consideró que si en la teoría de Keynes no existía explicación frente a esta crisis generalizada, tampoco su política podía ser efectiva para enfrentar el problema. Por el contrario, miró al pasado para buscar solución y encontró en el viejo capitalismo salvaje del siglo XIX, basado en la teoría liberal y en la escuela neoclásica, la ideología para instrumentar una política económica y social favorable a sus intereses. El abandono de la macroeconomía keynesiana signó el inicio del embate contra el «Estado de Bienestar», dada su utilización de estrategias de gasto social inspiradas por la teoría de Keynes. Nace así como solución a la «estanflación», el neoliberalismo, cuyo objetivo declarado es la destrucción del «Estado de Bienestar» para dinamizar la expansión económica a través de la «fuerza del mercado». Se presentó como solución la autorregulación de la sociedad por parte del mercado, de manera que la amenaza de desempleo sirviera de freno a las demandas de alzas de salario e impidiera el continuo aumento de la inflación.

El Sistema Capitalista Mundial, fundamentándose teóricamente en la escuela neoclásica, inició una estrategia de recuperación y rearticulación de la economía internacional, en un nuevo escenario planetario liberado de restricciones a la expansión del capital, en medio de una renovada lucha por la hegemonía mundial entre las grandes potencias, dentro de un panorama político caracterizado por la desaparición del así llamado «socialismo real» y por la tendencia a nuevas correlaciones de fuerzas.

Esta rearticulación de la economía se centra en una estrategia que tiene como uno de sus objetivos fundamentales elevar la productividad del trabajo, para incrementar la tasa de ganancia y facilitar el proceso de acumulación del capital a escalas consistentes con las elevadas inversiones en investigación y desarrollo y la renovación del parque industrial que demanda tal rearticulación, de manera de poder relanzar la economía capitalista a nuevos niveles de crecimiento.

El capital no tiene otra lógica que la de su constante acumulación que es lo que determina la tendencia siempre presente por reforzar la productividad del trabajo, incorporando constantemente nuevos adelantos técnicos y científicos, con la finalidad de desvalorizar el trabajo, revalorizando el capital. La competitividad que está también en el centro de esta política no es más que poder vender mercancías más baratas, porque se ha reducido su costo de producción, principalmente, el de la fuerza de trabajo. El trabajo debe quedar sujeto a las leyes del mercado laboral, eliminándose cualquier tipo de subsidio, ayuda social, fijación por parte del Estado de salarios mínimos, etc. A la base de la estrategia de reacomodo capitalista, o de las políticas de «ajuste» como se ha dado en llamarlas, está una ofensiva descomunal del capital contra los trabajadores.

Elevar la productividad del trabajo y la competitividad genera un incremento en la producción de las mercancías, lo cual exige ampliar el escenario de su realización: el mercado, de manera de garantizar la materialización de la ganancia y evitar que se rompa el ciclo industrial. Esta es la verdadera razón que se esconde detrás de las tesis de la «globalización» de la economía y del «aperturismo» comercial. Se busca integrar el proceso productivo a nivel mundial, para que los capitales monopolistas puedan acceder libremente a las ramas más rentables de la economía, sin ningún tipo de restricción y más bien obteniendo facilidades adicionales, especialmente en los países periféricos, para incrementar las ganancias y promover la acumulación de capital necesaria para financiar la revolución tecnocientífica y la renovación del parque industrial.

La «globalización» no es otra cosa que la concentración y homoge-neización de los patrones tecnológicos, culturales y de los estilos de desarrollo. Los avances tecnológicos resultado de la revolución tecnocientífica extendidos a todas las esferas de la actividad humana, la conformación de una economía cada vez más mundial y, en particular, la concentración e internacionalización del capital, han borrado distancias y superado barreras acercando a todos los pueblos y naciones de la tierra y han permitido la difusión de la ilusión de la «aldea global» macluhaniana. Pero este proceso no es de manera alguna univalente, uni-direccional o sinónimo de progreso social, al contrario, está lleno de contradicciones, de grandes paradojas, de amenazas y desafíos, de extrema agudización de los problemas de la humanidad especialmente para los pueblos latinoamericanos. La otra cara de la globalización es la regionalización y exclusión de los países subdesarrollados que imposibilitados de acceder a tales adelantos, son integrados en condiciones onerosas a los grandes bloques.

Este proceso de globalización de la economía ha venido operándose bajo la égida y el control de los grandes monopolios internacionales con la subjeción y el apoyo de los estados nacionales. La internacionalización del capital ha llegado a niveles que hacen inoperante el estado nacional como regulador de la economía. Es la formación de un sistema económico transnacional dominante, definido por flujos monetarios, frente al cual el manejo de la economía es cada vez menos nacional, incluso para los países más desarrollados. El poder mundial reside en el capital y en la información que adquieren una posición dominante frente a poderes y gobiernos locales. Los programas económicos de ajuste no obedecen a políticas internas sino a programas impuestos por organismos internacionales.

Aunque la globalización se presenta como un escenario favorable para el desarrollo, saneamiento y modernización de toda la economía internacional bajo los auspicios del FMI y del BM, a través de sus «Políticas de Ajuste», la realidad es que, hasta ahora, los resultados para los países de América Latina han sido: desvalorización del trabajo y de las materias primas, generación de desempleo, incremento sustancial de la pobreza, desmejora de la seguridad social, deterioro ambiental, debilidad de la sociedad civil y disminución del poder de contratación de los trabajadores.

Por el otro lado, simultáneamente y como complemento de la política anterior, se establece la «apertura» comercial como eliminación de cualquier protección para el mercado de los países periféricos, mientras se erigen barreras proteccionistas de los mercados de las grandes potencias, a través de la constitución de bloques, megamercados, mercados regionales y acuerdos comerciales.

Este nuevo proceso de concentración y centralización del capital a nivel planetario, en las condiciones concretas del mundo actual, tiene grandes implicaciones. En primer lugar, determina un nuevo tipo de alianzas y un nuevo rol de las clases dominantes en el ámbito internacional, particularmente de las de los países en desarrollo, que han establecido nuevas articulaciones con el capital financiero de los países desarrollados. En segundo lugar, introduce cambios importantes en el papel del estado nacional para facilitar las nuevas formas de acumulación del capital: se trata de un «estado mínimo», con carácter de gendarme, de naturaleza fuertemente autoritaria, con falsa cobertura democrática.

Junto a la globalización surge otro fenómeno, aparentemente contradictorio, pero que en realidad es la otra cara de la misma moneda: la fragmentación. Por un lado, tenemos la internacionalización de los circuitos productivos, comerciales, financieros y tecnológicos, la globalización de las pautas y expectativas de consumo y de los campos culturales. Por el otro, se acentúa la contradicción económica entre los países y, más grave aún, la desintegración social al interior de cada país. Por una parte, grupos sociales de países diferentes comparten un estilo de vida similar; por la otra, aumenta la distancia entre sectores sociales diferentes dentro de una misma ciudad.

En los años ’70, se agotó en América Latina el modelo de «desarrollo hacia adentro» y el Estado desarrollista. La crisis del Estado desencadenó la crítica al Estado, abriendo el paso a las políticas de ajuste de corte neoliberal. El neoliberalismo condenó cualquier intervención estatal como cosustancialmente negativa y nefasta y redefinió el modelo de desarrollo latinoamericano, privilegiando la oferta productiva y desestimando las demandas sociales; imponiendo una economía de mercado y eliminando el intervencionismo estatal; reprimiendo las reivindicaciones sociales e imponiendo la flexibilización y desregularización laboral.

La tensión entre globalización y fragmentación se ha hecho mucho más fuerte en los países de nuestra región. La apertura al exterior ha profundizado las ya graves diferencias sociales al interior de las sociedades latinoamericanas y ha hecho más rígida e infranqueable la brecha entre los sectores más ricos y los sectores más pobres. Más de un tercio de la población latinoamericana ha quedado así excluida del proceso de desarrollo y ha entrado a niveles de pobreza crítica y pobreza atroz.

Las tesis del liberalismo clásico-ortodoxo recobran en nuestra época nuevo vigor en el movimiento neoliberal, en un panorama marcado por la debacle del socialismo real y la crisis del Estado de Bienestar que, en general, determina la tendencia a buscar más en la sociedad civil que en el Estado, los medios necesarios para asegurar derechos y libertades.

Una de las diferencias más importante del neoliberalismo respecto a la teoría tradicional es quizás la relativa a la indiferencia frente a los problemas sociales. En los defensores actuales del neoliberalismo existe un rechazo profundo de todos los derechos sociales y en general de cualquier forma de política de bienestar, argumento que no a la base de esta doctrina existe una vehemente polémica en contra de los derechos sociales que desemboca en una renovada valoración del derecho a la propiedad privada. Esta reivindicación del derecho a la propiedad privada, estrechamente ligada a la reivindicación de la libertad individual va acompañada de una fuerte crítica al gobierno. A pesar de que el neoliberalismo considera necesario un aparato tan peligroso como es el Estado, sin embargo, declara que todos los esfuerzos deben estar dirigidos a reducir al mínimo su poder, reafirmando que su tarea esencial tiene que ser la de garantizar los derechos básicos de libertad y propiedad.

Para el neoliberalismo los derechos económicos y sociales son «falsos derechos»: las libertades básicas de la tradición liberal son demandas legítimas, las cuales tienen un destinatario preciso que es el «Estado de derecho»; al contrario, los derechos al trabajo, a la educación y a la seguridad social, de ningún modo son un desarrollo de las libertades básicas, más bien son exigencias arbitrarias sin referente preciso, las cuales no deben verse como derechos sino como necesidades a las que puede responder el mercado, siempre y cuando no exista intervención gubernamental.

Vemos así que la «democracia liberal», es decir, la «profundización de la democracia» tan propagandizada por el discurso hegemónico neoliberal, no es de ninguna manera el «gobierno del pueblo para el pueblo», entendido como un sistema politico-social basado en el respeto de todos los derechos humanos; al contrario se trata simplemente de una sociedad regulada por las fuerzas del mercado.

El acceso a la riqueza social sólo es posible a través del mercado el cual es el único que, según los neoliberales, asigna racional y eficazmente los recursos, el mercado autorregulado es el regulador de la economía y la sociedad. Esta función del mercado es posible, según los neoliberales porque las fuerzas económicas tienden por si mismas al equilibrio: la oferta crea su propia demanda, solucionando el problema de los precios; todo se convierte en mercancía y el dinero en la mercancía universal.

Esta «democracia neoliberal», que ha trasformado el principio de la democracia liberal representativa: un hombre, un voto en el nuevo principio: un dólar, un voto, en cuanto se decide, se cuenta sólo en función de la capacidad económica que se posee, ha logrado reducir la esfera de la participación política de los ciudadanos y obtener un consenso pasivo, demostrando que la minimización de la función estatal a través de la «mano invisible» del mercado necesita una sociedad siempre más autoritaria. La democracia política no es un objetivo consustancial del modelo neolibera.

En el campo ideológico, el neoliberalismo se presenta como respuesta única frente a los problemas actuales y en el campo político, lo que realmente está en el fondo de la crítica antiestatal del neoliberalismo es la guerra contra su verdadero enemigo que es la democracia. No es al Estado al que combate sino al Estado democrático. Para que un sistema político sea una verdadera democracia debe existir la obligación de que los poderes públicos, libremente elegidos, controlen, corrijan y dirijan el juego de la economía y del mercado, en defensa de los derechos de la gran mayoría de los ciudadanos, para impedir que la voracidad de una minoría se apropie de toda la riqueza de una nación.

La racionalidad neoliberal concibe al mercado no sólo como la institución social que asigna eficientemente los recursos, sino como regulador de decisiones sociales y hasta como conductor de políticas, desplazando así al Estado, reducido a su mínima expresión. Dentro de esta lógica los objetivos primordiales son el individualismo, la atomización social y el predominio de las élites, sin preocupación alguna por la justicia social. Ahora bien, la experiencia ha demostrado que el mercado es incapaz de resolver los problemas que afectan a la humanidad. Esta idea del mercado autorregulado como directriz de la sociedad es una ficción que históricamente ha amenazado con destruir la propia sociedad, obligando al estado a regular y controlar la economía, a fortalecer sus estamentos políticos y a garantizar la redistribución de la riqueza, como precisamente sucedió en el período de postguerra que fue, paradójicamente para los neoliberales, el de mayor crecimiento para el capitalismo. Además, el mercado no es un escenario neutral, donde interactúan iguales, ya que es inobjetable el predominio de los monopolios. La «bondad» del mercado se fundamenta en su capacidad de satisfacer las necesidades de los hombres, pero en el mercado sólo se expresan las necesidades de quienes tienen poder de compra. Las necesidades de los más necesitados no se muestran.

En el neoliberalismo se vuelve a presentar con mayor fuerza, un rasgo común de todas las economías de libre mercado: el «darwinismo» social, disfrazado de eficiencia, que tiene como resultado el incremento del ingreso de los sectores más ricos de la población y la acentuación de la marginación y exclusión de las personas, grupos sociales, regiones y países más pobres.
Dentro de una racionalidad diferente, el mercado pudiera muy bien ser considerado como un elemento más dentro de un conjunto de mecanismos para lograr equilibrios y distribuir riquezas, pero la racionalidad dominante, a través de su discurso político, presenta una sóla forma, la neoliberal, de asumir el mercado, porque lo que en realidad se está imponiendo es una nueva forma de totalitarismo: la supremacía del poder económico sobre las instituciones democráticas.

La ideología neoliberal plantea la validez de su modelo de forma atemporal, universal, presentando como inmutables las instituciones que defiende: la propiedad privada de los medios de producción y el mercado como único mecanismo de asignación de recursos. El proyecto neoliberal no es otra cosa que el intento disfrazado del poder económico por quitarse el yugo impuesto por el poder político democrático. Por esta razón, su discurso:
Impulsa la creación de mercado supranacionales totalmente libres e independientes de la actuación de los estados nacionales.

Afirma que la única posible solución al problema del desempleo es la flexibilización laboral, la total libertad en el mercado de trabajo, sin presiones sindicales ni normativas legales o intervenciones estatales.

Anuncia que el control de la inflación es su finalidad primordial, demostrando, de esta manera, que el dinero es un asunto demasiado importante para dejarlo en manos del mercado.

Manifiesta un enorme odio a lo público, en cuanto es imprescindible aumentar al máximo y a cualquier costo la ganancia de los empresarios.

Expresa una extrema virulencia en todo lo relativo a gastos sociales.

Sobre estos supuestos el neoliberalismo se reclama paradigma social incues-tionable, en el cual las leyes definen fundamentalmente prohibiciones y están ligadas a la institución de propiedad privada como máxima expresión de la individualidad libre. Según esta racionalidad basta sólo con seguir las estrategias de liberalización total de la economía nacional en todas sus esferas y procesos y participar incondicionalmente en la globalización económica internacional para lograr la modernización económica y el avance tecnocientífico, garantes del bienestar de todos. Por otra parte, el credo neoliberal impone una reforma política para minimizar el estado y excluir su injerencia en el proceso económico, privatizando todos sus activos (que van a manos de los grandes monopolios) y contrayendo drásticamente el gasto social. Se trata en fin, de desmembrar el «Estado de Bienestar Social» para, supuestamente, restituir sus derechos a la sociedad civil, ampliar las libertades individuales y estimular la iniciativa privada.

Sin embargo, la experiencia de estos útlimos años demuestra fácilmente que existe un marcado desfase entre lo que anuncia y promete la teoría neoliberal y los resultados reales derivados de los ajustes macroeconómicos, inspirados en esta teoría:

La formulación del discurso neoliberal de globalización, crecimiento económico, cambio social y bienestar de las mayorías, deviene en la realidad en su contrario: recesión económica, atraso social y generalización de la pobreza, motivados por la acelerada concentración de la riqueza en el vértice de la pirámide social.

La oferta de profundización de la democracia deviene en la realidad en un Estado autoritario, represivo y violador de los derechos humanos, pues sólo mediante la represión y la violencia es posible lograr una paz social que convenga con el violento proceso de pauperización de las amplias mayorías.

El sujeto social que promueve el neoliberalismo, lejos de ser un sujeto libre y plenamente realizado es un sujeto fragmentado, enajenado a patrones socio-culturales irracionales y objeto y vehículo a la vez, de una violencia que caotiza totalmente la sociedad, convirtiéndola en un espacio hostil para la vida social vital y gratificante.

II.- Consecuencias para el sistema educativo
Bajo la racionalidad neoliberal, que acabamos de exponer, el sistema educativo es analizado en relación a tres ideas fundamentales: eficiencia, eficacia y calidad, que fueron originalmente acuñadas por la pedagogía estadunidense del eficientismo industrial que traslada al campo pedagógico y, en general al de las ciencias humanas, conceptos empresariales. De esta manera, se vincula lineal y mecánicamente el sistema educativo con el aparato productivo, subordinando el primero a los intereses del segundo. Se considera a la educación como producción de capital humano, como inversión personal y colectiva, la cual debe, por lo tanto, ser rentable en términos económicos.

Estos son los principios que rigen los programas educativos para América Latina de organismos internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Según este razonamiento, invertir mejor no significa invertir más, sino desarrollar aquellas áreas educativas que demanda el mercado y considerar la educación como una empresa que debe mostrar su eficiencia, eficacia, rentabilidad y calidad.

Es bajo esta filosofía que nuestro «Ministro de educación» califica a la educación impartida por las universidades venezolanas como cara y de flacos resultados, de elevado costo personal y social, sin beneficios económicos porque no se adapta al mercado ni a la producción. Dicho de otra manera, anacrónica porque no atiende a la opinión e intereses de los empresarios.

El Ministro ha manejado muy bien, durante el reciente paro, los factores y elementos del sistema educativo venezolano que favorecen a este programa. El Ejecutivo Nacional, a través del cerco presupuestario impuesto desde hace varios años a las universidades públicas, ha incrementado la crisis universitaria y promovido el deterioro de la calidad pedagógica y humana del docente. El Ministro ahora le imputa a la Universidad los males y problemas que el mismo Estado ha provocado en ella.

Muchos profesores universitarios al vivir diariamente la frustración y la fatiga impuesta por limitaciones presupuestarias institucionales y personales, terminan por asimilar el fracaso del sistema como propio y el sentimiento de culpa los lleva a asimilar el discurso de los adversarios. Bajo la consigna de la transformación necesaria, se abre la brecha a las ideas individualistas y mercantiles del neoliberalismo.

Dentro de este panorama debemos entender y analizar el conflicto universitario y la imposición del Nuevo Trato por parte del Ministerio de Educación. Las universidades no deben lógicamente cerrarse al cambio, pero estar bien alerta y conscientes de cuáles son los principios y la dirección de cualquier tipo de transformación que se quiera emprender.

Es importante aclarar que la educación no puede ciertamente divorciarse del trabajo, pero el trabajo no es productivo únicamente en términos mercantiles. El trabajo vincula al hombre consigo mismo, con los demás y con su medio, en este sentido es realización humana. Por esta razón, la relación educación – trabajo no debe limitarse al éxito en el mercado laboral ni transformar a los trabajadores en apéndices de las máquinas.

Una educación de calidad bajo una visión muy diferente y opuesta a la neoliberal, debe formar profesionales críticos, capaces no sólo de asimilar tecnologías sino de crearlas y de asumir posiciones transformadores en todos los aspectos. Lo que debe buscar la Universidad es la formación de hombres creadores, conscientes del mundo en que viven, de la historia, de la realidad y de sus procesos sociales.

IMPLICACIONES EN LA POLITICA EDUCATIVA
En el marco descrito hasta ahora, el neoliberalismo impulsa el desarrollo de algunos conceptos en materia educativa de base extrictamente mercantil que es necesario examinar:

Sustitución de la definición de la educación como derecho por la educación como mercancía.
La educación como una inversión, valga decir, como una empresa necesariamente rentable.
La definición del hombre como medio y no como un fin al quedar reducido a una vulgar y despersonalizada definición de «recurso humano».

La educación: de derecho a mercancía
Es necesario para el modelo neoliberal eliminar el derecho a la educación para hacerla comercializable, fuente de lucro y de dominación.Al reducir la educación a una simple mercancía se le deja como objeto de consumo: a ella tendrán acceso quienes dispongan de los recursos suficientes para comprarla en los términos en los cuales se ofrezca en el mercado.

La educación queda, de esta manera, despojada de cualquier sentido formativo, sustituido grotescamente por un sentido lucrativo. Se imparte una educación según un modelo tecnocrático: se trata de entrenar mano de obra hábil pero acrítica, por ello, se jerarquizan los campos tecnológicos en detrimento de lo humanístico, ético y social.

Una clara expresión de esta tendencia de mercantilizar la educación lo constituye el planteamiento relativo a la «imperiosa necesidad» de cobrar la matrícula estudiantil. Esta propuesta no es realmente de carácter financiero como se ha venido planteando. Cualquiera que conozca medianamente el problema presupuestario de las universidades sabe que el ingreso por concepto de matrícula es irrisorio y está lejos de tener un impacto significativo en materia presupuestaria. Lo que está realmente planteado es la conversión de la educación en mercancía: los que tienen bienes de fortuna adquirirán esta mercancía con dinero, los pobres, siempre y cuando la puedan adquirir, la pagarán con su rendimiento y buen comportamiento.

La educación como una inversión
La apreciación de la educación como mercancía significa entenderla como una inversión. Se convierte en una vía para generar altos resultados económicos en el marco del esquema de transferencia y captación de la renta nacional, donde la oligarquía financiera y los grupos económicos son los principales beneficiarios del poder político.En el sistema educativo se ha impuesto el concepto economicista neoliberal de la «eficiencia» referida a la «relación entre factores de producción y productos finales». La educación es considerada como una empresa y desnaturalizada de su finalidad: el pleno desarrollo del ser humano y de su sociedad en el sentido más integral.
El hombre como medio y no como fin
Una de las principales deformaciones introducidas por la concepción neoliberal de la educación es la de ver al hombre como un medio y no como un fin, desconociendo todo el ordenamiento jurídico internacional y nacional. Los organismos internacionales, controlados por el capital transnacional, al referirse al hombre hablan de «recurso humano». Esta noción es asimilable al concepto de «capital humano» de la racionalidad económica liberal que entiende al hombre como «medio» para fines netamente mercantiles. Así la educación, en cuanto mercancía y «medio de producción», es una especie de fábrica de «recursos humanos».El sentido formativo de la educación es sustituido por una moral pragmática, orientada por la ganancia y el máximo beneficio individual.

EL PAQUETE EDUCATIVO NEO-LIBERAL
La negación de la educación como un «derecho humano» es continuamente sustentada con distintos artificios difundidos a diario por personeros gubernaentales; uno de ellos es la pertinaz declaración de «falta de recursos», acompañada de medidas gubernamentales orientadas al estrangulamiento presupuestario de la educación pública en sus distintos niveles y modalidades, en tanto se procede al estímulo cada vez mayor de la educación privada.

La definición neoliberal de la educación como mercancía y con ello su negación como derecho humano, supone principios fundamentales que orientan el diseño de las políticas educativas del gobierno venezolano en consonancia con los dictados del Banco Mundial y del FMI. En nuestro concepto, estos principios son:

La radical sustitución del principio de Estado Docente, contemplado en la Constitución Nacional, por un difuso y etéreo principio de Sociedad Docente, especie más bien de Sociedad Mercantil. Siguiendo los más puros preceptos neoliberales se pretende despojar al estado de su función educativa y de formación ciudadana, para dejar ésta abandonada al capricho de las actividades e intereses particulares, como cualquier otra mercancía en el mercado.
La privatización con la cual se aspira suplantar el principio constitucional de la gratuidad de la enseñanza. Solapadamente se introducen, a través de los medios de comunicación, una serie de argumentos que justifican la necesidad de pagar la educación para que ésta sea de mejor calidad y para que con la ayuda de quienes poseen más recursos llegue a los sectores «menos afortunados».
La elitización de la educación para reducir al máximo el proceso de democratización de la educación. Lo que se persigue con la erradicación del Estado Docente y con la instauración de la privatización de la educación es eliminar la intervención estatal de cualquier tipo en el proceso educativo, sujetarlo a criterios economicistas de «eficiencia y eficacia» y despojarlo de cualquier contenido social de mejora-miento de las condiciones de vida de la población en general.

CONCRECION DEL MODELO NEOLIBERAL EN LA UNIVERSIDAD VENEZOLANA
Se aprecia, sobre todo en los últimos años, un avance importante del modelo neoliberal, tanto como marco de referencia conceptual para plantearse la problemática universitaria y nacional, como en la aplicación de medidas concretas. En lo atinente al marco conceptual la creencia en los postulados neoliberales conlleva a priorizar ciertos problemas sobre otros realmente apremiantes desde el punto de vista nacional y universitario.

Es así como el financiamiento de la Educación Superior toma tal relevancia que elimina del centro de las preocupaciones de los universitarios asuntos tan vitales como el estrangulamiento de oportunidades de estudio de los estratos más desfavorecidos.

De igual manera la tendencia a privilegiar la evaluación institucional de carácter eficientista desplaza el eje central de la polémica: la redefinición del proyecto estratégico de las universidades con el fin de promover el interés nacional.

En lo relativo a la instrumentalización de medidas concretas, pueden destacarse, entre otras, las siguientes:

La reducción permanente del presupuesto universitario y demoras e incumplimientos reiterados de los acuerdos, manteniendo las universi-dades públicas en situación de quiebra, con la finalidad de generar una atmósfera propicia a la degradación de la calidad institucional que justifique la privatización.

La creación de fundaciones y otras empresas de servicios que liberan gastos y eliminan responsabilidades, debilitando las instituciones universitarias,

La figura de la «contratación»: puesta en práctica de una política de ingreso del personal académico la cual no aparece en la normativa legal vigente y que significa la inestabilidad laboral del personal académico o la imposibilidad de formación de los cuadros de relevo académico, promocionando
además una perversa política de clientelismo partidista.

Descalificación constante del concepto autonómico, en cuanto resulta inaceptable que la Universidad use
el fuero de la Autonomía para oponerse a las políticas gubernamentales desnacionalizadoras.

Presión por aprobar una nueva normativa legal que permita la vinculación de las universidades con los intereses de los grupos económicos y reduzca su papel en pro del beneficio público.

Intentos permanentes de desconocimiento del gremio universitario en una clara intención de modificar el marco de las relaciones laborales para llevarlas de la contratación colectiva a la contratación individual.

CONCLUSIONES
Frente a esta agresión teórico-práctica, frente a este proceso de desfiguración de la realidad nacional en todos los sectores, es fundamental el papel de la educación y sobre todo de las universidades como conciencia crítica y moral de la sociedad. Es deber de los universitarios cerrar filas en un movimiento nacional que signifique no sólo la defensa de la autonomía, sino de la dignidad humana y académica, de la solidaridad y de una democracia real que se fundamente en la defensa de los derechos socio-económicos de todos los venezolanos.

La Autonomía en Venezuela expresa un modelo de universidad definida y asumida como laica, igualitaria, científica, crítica, antidogmática, creadora y defensora de los valores humanos. La universidad autónoma no sólo elabora y transmite conocimiento sino que funge de escuela de democracia real.

La lucha de los universitarios, de los «intelectuales» dentro de la realidad que hemos descrito no puede ser una lucha estéril de académicos encerrados en una torre de marfil, sino la lucha de seres humanos conscientes, que viven y se desarrollan en una determinada sociedad y a ella dirigen sus esfuerzos y conocimientos para mejorar-la en aras del bien común.

La Universidad dentro de este panorama debe ser órgano de cohesión de los sectores progresistas, punto de referencia fundamental en el acontecer nacional como verdadera instancia de oposición crítico-constructiva para la transformación del país en procura del bien de todos los venezolanos.

Fuente:http://www.actaodontologica.com/ediciones/1997/3/neoliberalismo_educacion.asp

Imagemen: http://revistaideele.com/ideele/sites/default/files/styles/500px/public/educacic3b3nfc3a1brica.jpg?itok=AyBstzQW

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Donald Trump y los blancos no hispanos

octubre 5, 2016octubre 4, 2016Farid Kahhat

Por: Farid Kahhat.

En una investigación reciente («Rising morbidity and mortality in midlife among white non-Hispanic Americans in the 21st century»), Angus Deaton (Nobel de Economía en 2015) y Anne Case realizan un hallazgo escalofriante. Desde hace décadas las tasas de mortalidad se vienen reduciendo para todos los estratos sociales de todos los países desarrollados, con una sola excepción: los blancos no hispanos entre 45 y 54 años de edad sin educación superior en los Estados Unidos. Para ese grupo las tasas de mortalidad se vienen incrementando desde 1999.

Al indagar por las causas inmediatas de esa aparente anomalía, Deaton y Case encuentran que estas son el suicidio, el alcoholismo, y la sobredosis de drogas lícitas e ilícitas. Lo cual da cuenta de alrededor de medio millón de muertes adicionales a las que habrían tenido lugar de mantenerse las tendencias que prevalecían hasta fines del siglo XX. Al cotejar sus tasas de morbilidad, Deaton y Case encuentran además que el grupo en cuestión presenta una alta incidencia de problemas de salud física y mental.

Al buscar posibles causas estructurales para esa tendencia, encuentran que la tasa de desempleo para ese grupo es mayor que el promedio, pero no necesariamente mayor que el de algunas minorías étnicas. Pero encuentran otro indicador económico que es aún más significativo: en algunas regiones del país, hasta 45% de sus integrantes no forman parte de la fuerza laboral. Es decir, no califican ya como desempleados simplemente porque, cansados de hacerlo en forma infructuosa, dejaron de buscar trabajo.

En una entrevista posterior, Anne Case sugirió que ese podía ser el punto clave de la cuestión. Durante décadas haber finalizado la educación escolar bastaba para obtener un trabajo con paga aceptable, beneficios laborales y perspectiva de permanencia a largo plazo: eso ha dejado de ser cierto, y por ende la narrativa que sustentaba sus expectativas de vida ha colapsado. De allí que, según Fareed Zakaria, la variable con mayor capacidad para predecir la probabilidad de que un blanco no hispano vote por Donald Trump sea la carencia de un título de educación superior.

Como es habitual, el discurso populista encuentra terreno propicio en problemas reales. A su vez, el problema con el populismo no es que los males a los que apela para obtener respaldo no sean reales, es más bien que para afrontar esos males prefiere buscar responsables antes que soluciones. A veces esa atribución de responsabilidad es acertada. Por ejemplo, tanto Bernie Sanders como Donald Trump coincidían en atribuir parte de la responsabilidad por esos males a las élites políticas y económicas. Eso en un país en el cual la desigualdad en la distribución del ingreso creció entre 1979 y 2014, y en el que ciertas investigaciones sugieren que ello se debe menos a méritos personales que a influencia política (por ejemplo el libro “Affluence and Influence”, de Martin Gilens).

El populismo conservador de Trump yerra, sin embargo, al atribuir la mayor parte de los problemas de la sociedad estadounidense a los inmigrantes. Quienes estudian el tema coinciden en que estos ni reducen el número de trabajos de baja calificación disponibles para la población local, ni reducen el nivel remunerativo para esos trabajos. También tienden a coincidir en que los inmigrantes no son más proclives que la población local a cometer actos de violencia política o delincuencial.

Fuente:http://www.americaeconomia.com/analisis-opinion/donald-trump-y-los-blancos-no-hispanos

Image:http://www.aldiadallas.com/wp-content/uploads/2016/05/B971228873Z.1_20160526165336_000+GJSUV8KV.1-0-670×385.jpg

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