AMLO continúa sin cumplir promesas de reapertura de la normal rural de El Mexe, en el Estado de Hidalgo.
En diciembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador anunciaba la supuesta reapertura de la Normal Rural Luis Villareal, también conocida como El Mexe, en el Estado de Hidalgo. Dicha institución educativa fue cerrada el 6 de julio del año 2008, durante la administración del gobierno que encabezó el priista Miguel Ángel Ozorio Chong, quien algunos años después pasaría a ser Secretario de Gobierno a nivel federal, con Enrique Peña Nieto.
Desde las elecciones 2012 AMLO prometía la reapertura de esta Normal Rural. Posteriormente, en 2016, el candidato a la gubernatura de Hidalgo por parte del Morena, Salvador Torre Cisneros, decía también que apoyaría esta causa. Al calor de la campaña electoral de 2018, AMLO nuevamente establecía el compromiso para que El Mexe volviera a formar profesores rurales.
Se podría pensar que después de tanta expresión de compromiso con la reapertura de El Mexe, esta institución formadora de maestros abriría nuevamente sus puertas como la Normal Rural que una vez fue.
Por ello tras el anuncio que realizó AMLO recién asumida la presidencia, jovenes de entre 19 y 22 años pertenecientes a la Sierra y la Huasteca, así como al Valle del Mezquital en Hidalgo, pero también originarios de estados como Oaxaca, Tlaxcala, Estado de México, Veracruz y Chiapas, iniciaron el proceso para ingresar al Mexe.
Meses más tarde les fue notificado que en mayo de 2019 iniciaría el ciclo escolar. No obstante se percataron que finalmente no estaban inscritos en una Normal Rural como tal. Lo que en realidad abrió fue una escuela bajo el sistema de Universidades del Bienestar Benito Juárez García, proyecto insignia de la 4T.
Las malas sorpresas continuaron. Luego la Secretaría de Educación Pública les notificó que no volvería a haber internado, en lugar de ello les sería asignada una beca de 2,400 pesos mensuales, propia de las UBBJ. Aun así muchos estudiantes decidieron continuar con los estudios, pero sostenerse les fue imposible. El internado y la alimentación proporcionados bajo el esquema de normales rurales son elementos imprescindibles para que jóvenes de escasos recursos puedan llevar a cabo sus estudios.
Una institución formadora de maestros solo puede ser considerada verdaderamente una Normal Rural si cumple con un esquema educativo integral compuesto por cinco ejes formativos: político, académico, cultural, de módulos de producción y deportivo. La formación bajo estos criterios solo puede lograrse en la modalidad de internado.
Los estudiantes se sienten engañados. Con justa razón. Han mostrado su inconformidad, sin embargo directivos de la unidad UBBJ que ha sustituido al Mexe les han dicho que dejen de estar pidiendo algo que no se les va a dar, que se conformen con lo que hay. De manera déspota y soberbia les han llegado a decir que deberían estar agradecidos. Los funcionarios se olvidan de casi una década de promesas que López Obrador hizo sobre la reapertura de la escuela.
La actitud adversa de los directivos ha llegado incluso a las agresiones. Estudiantes denuncian que tras diversas manifestaciones que han llevado a cabo en las afueras de la universidad, han sido agredidos por gente afín a la administración de la unidad académica de la UBBJ. Las y los estudiantes han recibido golpes y se les ha dicho que no son nadie y que si no están de acuerdo con la situación, que mejor se larguen, que sólo son unos pobres indios.
El caso de El Mexe es otro más en el cual se evidencia la simulación de la 4T: discurso progresista, pero continuidad neoliberal en los hechos. A esto se le suma la represión que los gobiernos estatales del Morena en Puebla y Chiapas han llevado a cabo en contra de normalistas rurales.
El desprecio de la 4T por las normales rurales es tal que ha continuado con la reducción de su presupuesto. En septiembre se planteó que para el ejercicio 2021 sólo sería asignado un presupuesto de 20 millones 597 mil pesos para estas escuelas. Después de algunos meses de negociaciones el presupuesto terminó quedando en 170 millones, según menciona el periodista Luis Hernández Navarro.
No obstante, dicha cantidad es insuficiente y representa un 85% de reducción presupuestal para estas instituciones educativas, tomando en cuenta que en 2015 la cantidad que se destinó para ellas fue de mil 195 millones de pesos. Como puede apreciarse, el neoliberalismo continúa intacto, a pesar de que cada mañana la 4T pretenda hacernos creer que por decreto ha acabado.
Va otro dato relevante al respecto de la continuidad neoliberal en materia de políticas de educación pública del actual gobierno. En la SEP, la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación, es decir, la que se encarga de la atención de normales rurales sigue estando a cargo del mismo funcionario heredado de la administración de Peña Nieto: Mario Alfonso Chávez Campos.
Las ofensivas y agresiones contra el normalismo rural son ataques al conjunto de la educación pública en México. Por eso, la respuesta frente a esto no puede quedar en unas regiones o limitada a algunos sectores. Tenemos el importante desafío de construir la unidad entre estudiantes, docentes y trabajadores educativos de todos los sectores y todos los niveles, para enfrentar como uno solo, en las calles, las ofensivas que este gobierno está llevando a cabo contra la educación.
Toda sociedad plural se debate entre conflictos de intereses y de derechos. De ahí, la necesidad de establecer jerarquía entre los mismos.
En un artículo reciente, titulado “Legalizando delitos: Código Penal viola constitución y tratados internacionales” (Acento, 4-7-2021), la abogada Ivanna Molina aborda uno de los problemas sociales más acuciantes de la sociedad dominicana, la legalización de las prácticas violatorias de los derechos humanos.
Cualquier sociedad puede incurrir en prácticas violatorias de los derechos de las personas. La actitud democrática conlleva educar para tratar de reducir estas acciones a su mínima expresión, mientras legisla para proteger a quien, por cualquier motivo, puede verse afectado por agravios a su dignidad personal.
Uno de los signos de una sociedad democrática moderna es el avance en las superación de las prácticas estigmatizadoras, tanto en la percepción predominante del espacio público, como en las estructuras jurídico políticas de la comunidad. En este aspecto, la sociedad dominicana muestra alarmantes signos de retroceso.
Toda sociedad plural se debate entre conflictos de intereses y de derechos. De ahí, la necesidad de establecer jerarquía entre los mismos. Por ejemplo, cualquier ciudadano tiene el derecho a ejercer la libertad religiosa en una sociedad democrática, pero si el ejercicio de su fe entra en conflicto con cualquiera de los derechos humanos (como el reconocimiento de la igualdad de todos las personas independientemente de su nacionalidad, sexo, o etnia), se impone la defensa de estos derechos sobre la convicción religiosa del individuo.
La Cámara de Diputados de la República Dominicana ha incurrido en un grave desconocimiento de esta situación al aprobar un código penal que contempla el siguiente acápite: “No habrá discriminación cuando el prestador de servicio o contratante fundamente su negativa por objeción de conciencia, religiosa, ética, moral o por requisitos institucionales”.
Las posibles implicaciones del referido texto son que un empleador puede invocar su elección de conciencia para rechazar la solicitud de trabajo de una persona, si sospecha que el solicitante tiene una orientación sexual o religiosa contraria a sus preceptos religiosos. Del mismo modo, un médico podría negarse a prestar un servicio de salud, si se encuentra en la misma situación anterior del empleador. En ambos casos, se estaría incurriendo en una flagrante violación de los derechos humanos.
El respeto a los derechos de las personas impide su exclusión y las injusticias implícitas en su desconocimiento. El reconocimiento de la dignidad humana no debe relativizarse en función de las creencias personales de un ciudadano.
No es la convicción personal la que debe fijar los límites a los derechos humanos, sino estos derechos los que deben restringir el alcance práctico de las convicciones personales
Para alcanzar el SDG 4 (Objetivo de Desarrollo Sustentable 4) en educación inclusiva de calidad, debemos priorizar la salud mental
En varios países del mundo, el mes de mayo es el mes de la concientización sobre la salud mental o contiene la semana de concientización sobre la salud mental. Muchas personas habrán leído publicaciones y blogs sobre la importancia de hacer ejercicio y estar a la luz del sol para evitar deprimirse, sobre formas de lidiar con el estrés de la pandemia y sobre cómo lidiar con los desafíos cotidianos que dificultan nuestra búsqueda de la felicidad.
En cambio, para los niños y jóvenes atravesados por emergencias y crisis prolongadas, que viven al extremo el estrés y la adversidad de los conflictos armados, de ser desplazados por la fuerza, de los ataques a las escuelas y los desastres climáticos, la necesidad de servicios de apoyo psicosocial y de salud mental se extiende mucho más allá de ejercicios y remedios para el bienestar. .Se requiere una comprensión sincera de su sufrimiento y un profundo reconocimiento de su resiliencia.
Mientras buscamos cuidar nuestra propia salud mental, también es crucial que tomemos medidas para cuidar la de los más vulnerables del mundo : las niñas y los niños en crisis, con sus vidas destrozadas, despojados, con miedos y experiencias conmovedoras que pueden definirlos o quebrarlos.
La importancia de continuar invirtiendo y profundizando en la salud mental y el apoyo psicosocial nos es muy clara tanto para Education Cannot Wait (“La educación no puede esperar”, por sus siglas en inglés ECW), como para el sector de la educación en su conjunto. De hecho, en la amplia cartera de inversiones de ECW hay un hashtag para eso: #MHPSS.
El ECW y nuestros socios invertimos todos los días en nuevas formas de brindar seguridad, esperanza y oportunidades a través de una educación de calidad que sea verdaderamente significativa a niños y jóvenes afectados por las crisis. Para que la educación tenga un impacto duradero, la salud mental debe ser parte integral de las respuestas educativas en contextos de crisis y desplazamiento. Nuestro objetivo es empoderar a estas niñas y niños para que encuentren sentido en su sufrimiento, como el gran psicoanalista Victor Frankl escribió en su best-seller «El hombre en busca de sentido». Porque, en ECW creemos que el dolor y el sufrimiento pueden convertirse en un punto de inflexión para el cambio y el logro si se convierte a la educación en una herramienta poderosa de cambio y logro, con el enfoque correcto de MHPSS (red de apoyo de salud mental y psicosocial).
Imagínense niñas como Janat Ara, una adolescente rohinyá que huyó una noche y vivió escondida en los bosques hasta que encontró algo de esperanza en los campos de refugiados de Cox’s Bazaar en Bangladesh. Janat y otros adolescentes en su situación ahora han vuelto a recibir educación, pero para poder recuperar su seguridad mental y psicosocial necesitan de mayor apoyo, para poder convertirse en jóvenes agentes de cambio para su comunidad, su sociedad y su gente.
Los programas “Objetivos de Desarrollo Sostenible” y “Agenda para la Humanidad” preparan el escenario para que el ecosistema humanitario y de desarrollo delinee un nuevo camino a seguir para garantizar que la educación en situaciones de emergencia y crisis prolongadas cree entornos seguros y de protección que promuevan el bienestar y el desarrollo saludable de todas las niñas, niños y adolescentes a través de una educación integral significativa, relevante y de calidad.
Estos compromisos han llevado al ECW a adoptar una postura firme: una MHPSS bien pensada y basada en la escuela constituye una inversión necesaria en cada país bajo el ECW. La lógica detrás de esto es que todos los niños y jóvenes afectados por crisis tienen un gran potencial y sus experiencias pueden permitirles no solo aprender plenamente, sino alcanzar su verdadero potencial si la MHPSS es del más alto nivel.
Del mismo modo, los profesores no podrán apoyar con éxito a los alumnos, si el bienestar de unos y otros no es atendido y apoyado y no se comprende con mayor nivel de profundidad lo que han vivido y lo que pueden lograr.
Crédito: UNICEF
Acelerar el apoyo
Para crear bienes públicos de alto impacto que acelerarán el apoyo de MHPSS para niñas, niños y adolescentes como Janat Ara, ECW apoya una serie de iniciativas clave:
Justo este mes, ECW anunció una nueva subvención para apoyar el » Programa de mejor aprendizaje (BLP)» del Consejo Noruego para Refugiados. El BLP es un conjunto diverso de intervenciones de MHPSS basadas en la evidencia, basadas en la evidencia y las mejores prácticas que está ayudando a niños y adolescentes en todo el Medio Oriente y África del Norte a curarse y hacer frente al desplazamiento, la adversidad y el estrés.
El ECW también está anunciando una nueva subvención para el Área de Responsabilidad de Protección Infantil.Esta área, dirigida por UNICEF, se enfoca en fomentar la localización y la coordinación de niños y adolescentes marginados para garantizar que estos tengan acceso a apoyo en sus escuelas y comunidades, especializado y orientado a la MHPSS.
Los niños y jóvenes refugiados tienen necesidades únicas, y el ECW trabaja con la Agencia de la ONU para los Refugiados (por sus siglas en inglés, ACNUR) para garantizar que las niñas y niños que han sufrido desplazamientos y crisis prolongadas tengan acceso a apoyo y a servicios de salud mental como parte de su educación. Juntos, estamos cambiando la forma en que se protege y se atiende a los estudiantes refugiados.
El ECW también trabaja con el Centro Psicosocial de la Federación Internacional de la Cruz Roja (por sus siglas en inglés, IFRC), como codirector del Grupo de Referencia de MHPSS del Comité Permanente entre Organismos (por sus siglas en inglés, IASC). Durante los cierres de escuelas en el período sin precedentes de COVID-19, el ECW apoyó al IASC y el IFRC para brindar orientación, capacitación y herramientas rápidas sobre la MHPSS a padres, cuidadores y maestros de todo el mundo.
El bienestar de los maestros tiene un impacto significativo en el bienestar de los estudiantes. El ECW junto con el Grupo Colaborativo de la Red Internacional para la Educación en Situaciones de Emergencia (por sus siglas en inglés, INEE) sobre Apoyo psicosocial (por sus siglas en inglés, PSS) y Aprendizaje Socio-emocional (por sus siglas en inglés, SEL) han unido fuerzas para garantizar que se promueva y proteja la salud mental y el bienestar de los docentes en contextos de emergencia y crisis.
Por último, aunque no por ello menos importante, el ECW está implementando un nuevo enfoque sin precedentes en la MHPSS, basada en la Logoterapia de Victor Frankl mediante la cual la salud mental transforma el sufrimiento en significado y esperanza para el futuro.
Satisfacer las necesidades del niño en su totalidad y cumplir de manera eficaz los Objetivos Mundiales, especialmente el ODS 4, requerirá un cambio radical en la forma colectiva de trabajar con nuestros socios: un trabajo colaborativo para la educación, la protección infantil y la salud, a través de la programación conjunta y la coordinación por medio de las redes y los canales existentes. Puede obtener más información sobre el trabajo del ECW aquí en nuestra Nota de orientación técnica de la MHPSS .
Hoy más que nunca, las niñas y los niños afectados por crisis en todo el mundo necesitan el apoyo psicosocial y de salud mental que merecen y que les corresponde. Con esto, como dijo una vez Alice Walker, “son los que estábamos esperando”. Con esto es posible cambiar el mundo.
Varios países de la región han avanzado considerablemente en marcos legales y derechos para la comunidad sexo-género diversa. Aún así queda mucho por avanzar en esta materia.
Resumen ejecutivo
Los movimientos de la disidencia sexual, concretamente lo que hoy se denomina “movimiento LGBTI+”, en América Latina han buscado lograr su reconocimiento político y condiciones de igualdad jurídico-institucional con el resto de la sociedad, inicialmente desde los años 60, pero con mayor énfasis a partir de la década de los 80.
Una particularidad de los derechos sexuales en América Latina es que la secuencia de reconocimientos fue inversa a la europea: en América Latina varios de los derechos LGBTI+ se reconocieron antes que otros que específicamente reclama el movimiento feminista, como los derechos reproductivos.
Fue principalmente desde el inicio del nuevo milenio que América Latina, particularmente Sudamérica y México, avanzaron –no de modo homogéneo– en el reconocimiento de la gran mayoría de los derechos existentes en sus marcos legales.
Destacan los Gobiernos encabezados por mujeres como Cristina Fernández, Dilma Rousseff y Michelle Bachelet como los que más concentraron reconocimientos legales LGBTI+.
Sólo Ecuador, Bolivia y México han incorporado a sus constituciones la prohibición de la discriminación por razones de identidad y orientación sexual.
A pesar de que algunos países de América Latina han sido vanguardia en conquistas de derechos de las comunidades LGBTI+, la brecha que separa lo institucional de lo cultural sigue siendo enorme: al menos 1.292 personas con una orientación sexual o identidad de género diversa fueron asesinadas en cinco años y medio en América Latina entre 2014 y 2020.
Matrimonio igualitario
En Latinoamérica, los países que avalan el matrimonio igualitario son Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador (2019), México y Uruguay; Chile es el único país de Sudamérica que optó por una figura legal diferenciada, la de “unión civil”, aunque recientemente el presidente Piñera anunció el impulso de un proyecto de ley sobre matrimonio igualitario. Este año Cuba y Venezuela debatirán si se debe reconocer ese derecho.
Belice, Bolivia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú –proyecto presentado y archivado desde 2016–, República Dominicana y Venezuela no tienen figura legal para enlaces entre personas del mismo sexo.
Destaca el caso de Paraguay, que en el artículo 140 de su Código Civil prohíbe en forma explícita el matrimonio para las personas del mismo sexo.
Discriminación
Cuatro países han incorporado parcialmente derechos LGBTI+ a su Constitución: Ecuador (el segundo a nivel mundial), Bolivia, Cuba y México. Brasil (1989), Bolivia (2010), Chile (2012), Colombia (2011), Cuba (2019), Ecuador (2003), México (2011), Perú (2017) y Uruguay (2004) cuentan con una amplia protección jurídica contra la discriminación basada en la orientación sexual.
Venezuela, México y Paraguay no tienen el agravante de “crímenes de odio” para catalogar los delitos de odio contra la población transgénero y homosexual.
Adopción
Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica y Uruguay reconocen la adopción conjunta por parejas del mismo sexo, así como la adopción del hijo o hija del cónyuge. En la mayoría de los países la adopción homoparental está prohibida o limitada, constituyendo un acto de discriminación estatal.
Tortura
Sólo dos países, Brasil y Ecuador, tienen expresa regulación contra las mal llamadas “terapias de reconversión” (referencia a cualquier esfuerzo sostenido para modificar la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género de una persona).
Identidad
Las medidas en pos de la identidad autopercibida, contra todo pronóstico, tuvieron una amplia aceptación en la región, si bien las primeras fueron las de Panamá (2006), Uruguay (2009) y Brasil (2009). En 2012 Argentina sancionó una ley de identidad de género que marcaría la vanguardia de reconocimiento ciudadano a la comunidad trans. Posteriormente le seguirían Colombia (2015), Bolivia (2016), Ecuador (2016), Perú (en tratamiento y sin resolución desde 2016) y Chile (2018).
Pendientes
América Central y el Caribe es la zona con mayor criminalización de la diversidad sexual de la región. Las penalidades, con diversos grados y modalidades, van desde los 5 a los 15 años de cárcel en Antigua y Barbuda, Barbados, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y San Vicente y Las Granadinas.
Los derechos LGTBI+ en América Latina
Los movimientos de la disidencia sexual, concretamente lo que hoy se denomina “movimiento LGBTI+” (lesbianas, gays, bisexuales, travestis/transexuales y otres como queers, no binarixs e intersexuales)[i] en América Latina han buscado lograr su reconocimiento político y condiciones de igualdad jurídico-institucional con el resto de la sociedad. Estos reclamos están hoy focalizados en la adquisición de derechos de ciudadanía, especialmente el matrimonio, la adopción y garantías contra la violencia y la discriminación en todas sus manifestaciones.
Una particularidad de los derechos sexuales en América Latina es que la secuencia de reconocimientos fue inversa a la europea. En el viejo continente primero fueron conquistados plenamente los derechos de las mujeres y décadas después se debatieron el matrimonio gay y los derechos de personas travestis y trans. En América Latina esto no fue necesariamente así; varios de los derechos LGBTI+ se reconocieron antes que otros que específicamente reclama el movimiento feminista, como el de la legalización del aborto.
Aún así, tal vez la mayor contradicción latinoamericana continúe siendo la brecha que separa lo institucional de lo cultural. Según el informe “El prejuicio no conoce fronteras”, publicado por Sin Violencias LGBTI+, 1.292 personas con una orientación sexual o identidad de género diversa fueron asesinadas en América Latina entre 2014 y 2020.
Los derechos de las comunidades LGBTI+ en América Latina han tenido inicialmente dos grandes fases de visibilización. La primera en los años 60, coincidiendo con la organización de los pueblos originarios, de personas negras y de mujeres. La segunda, a mediados de la década de los 80, signada por la aparición del VIH-Sida, en principio denominada “peste rosa”. El virus adquirió el grado de pandemia y visibilizó a las comunidades sexualmente diversas que buscaban una respuesta estatal a la problemática, saltando las fronteras de lo privado para realizar su reclamo en la arena pública.
A partir de la década de los 90 la pluralidad y la diversidad comenzaron a tener un fuerte tono identitario. En esta época se impuso la designación de “lesbiana” y “gay” –abandonando la categoría “homosexual” surgida como categoría de la taxonomía médico-legal desde posturas esencialistas– y, posteriormente, también se incorporan las identidades travestis, transexuales, bisexuales e intersexuales. Surgieron, además, poderosas y articuladas asociaciones nacionales e internacionales como la ILGA (Internacional Lesbian and Gay Asociation) a nivel mundial, y la ILGALAC, en Latinoamérica. Por otro lado, aparecen nuevos espacios de articulación entre los que se encuentran las Marchas del Orgullo, que persiguen especialmente una política de visibilidad y medidas afirmativas con acento en los derechos reconocidos por el Estado y en las posibilidades de igualación normativa. Sin embargo –en algunos casos– organizaciones sociales y ONG en pos de la diversidad se han visto cooptadas por agendas del sector privado-empresarial que buscan ampliar sus mercados e impulsar una percepción de progresismo en relación a los derechos de carácter simbólico y/o de reconocimiento político.
El mismo amor, ¿los mismos derechos?
Sería recién con el nuevo milenio que la articulación entre el Estado y las agrupaciones de las comunidades LGBTI+ comenzó un proceso de ampliación de derechos ciudadanos condensado en hitos y réplicas que marcarían una nueva política en cuanto a la diversidad.
El primero de ellos fue en 2002, cuando Argentina reconoce el primer derecho LGTBI+ en América Latina con la posibilidad del derecho a la adopción por parte de parejas del mismo sexo. El 15 de julio de 2010, se inauguró un nuevo escenario con la aprobación de la Ley de matrimonio entre personas del mismo sexo y la posibilidad de heredar de la pareja en América Latina: también fue en Argentina. Unos meses antes, producto de un vacío legal, se celebró el primer matrimonio entre varones del mismo sexo, el 28 de diciembre de 2009 en Tierra del Fuego, inaugurando así un nuevo cambio de paradigma en cuanto a la visión de libertad, diversidad e igualdad desde el sur profundo.[ii] Esto tendría una notaria repercusión legal en Uruguay (2013), Brasil (2013) y Colombia (2016), que siguieron dicha senda. Cabe destacar el rol en materia de legislación de Uruguay, fue el primer país en aprobar la Unión Civil (2008) para luego ampliar su legislación y borrar las nomenclaturas diferenciales. En cambio, optarían por el término “unión civil” países como Ecuador (2015), Chile (2015) y Bolivia (2020). Este último país, ya bajo el Gobierno de Luis Arce, en diciembre de 2020 avaló el primer matrimonio entre personas del mismo sexo. El matrimonio igualitario se debatirá este año en Cuba y Venezuela.
Perú tal vez sea, junto a Paraguay, uno de los países más refractarios con respecto a la unión de parejas del mismo sexo. Desde 1993 ha rechazado todas las propuestas legislativas de unión civil (2003, 2010, 2012, 2013, 2015 y 2016). En febrero de 2017, las congresistas Indira Huilca Flores y Marisa Glave, presentaron un proyecto de ley más ambicioso que busca reconocer el matrimonio igualitario. La iniciativa legislativa propone la modificación del artículo 234 del Código Civil para definir la noción de matrimonio como “la unión voluntariamente concertada por dos personas legalmente aptas para ella”. Ninguna de las propuestas ha sido hasta el momento aprobada por el Congreso. En el caso de Paraguay, el artículo 140 de su Código Civil prohíbe en forma explícita el matrimonio para las personas del mismo sexo.
Países que avalan el matrimonio igualitario: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México (régimen estadual) y Uruguay.
Países que no tienen figura legal para enlaces entre personas del mismo sexo: Belice, Cuba, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú –proyecto presentado y archivado desde 2016–, República Dominicana y Venezuela.
¿Ampliación de derechos o “marketing rosa”?
La presión “modernizante” en el aspecto legislativo tuvo también su impacto en estrategias políticas y empresariales, asumiendo a esta población y a sus defensores como un mercado de consumidores y de potenciales votantes. Asimismo, desde sus propias luchas, las comunidades LGBTI+ hicieron suyo el concepto pink-washing [iii] (lavado rosa) para caracterizar estrategias políticas y de marketing, tanto de gobiernos como de empresas privadas, que buscan “lavarse la cara” y dar una imagen de integración y progresismo para, de este modo, cubrir las críticas que reciben por otro tipo de acciones de corte conservador, nocivas con el medioambiente, represivas, etc.
Los casos de Ecuador y Chile son casos paradigmáticos de cómo la derecha ha intentado “lavarse la cara” y hacer un uso oportunista de las demandas de las disidencias sexuales en países que ejercen una violencia extrema. El 12 de junio de 2019, cuatro meses antes del estallido social y en una votación dividida de la Corte Constitucional, Ecuador dijo sí al matrimonio civil igualitario bajo el Gobierno de Lenín Moreno. Éste aprovechó la ocasión para manifestar que el fallo no necesariamente coincidía con sus valores personales, pero que apoyaba las decisiones de la Justicia –la misma que sirvió para judicializar a sus adversarios políticos–.
Recientemente, el conservador Sebastián Piñera, impulsó el matrimonio igualitario otorgándole “carácter de urgencia” a un proyecto de ley que lleva discutiéndose desde 2017 en el Parlamento. El mensaje llegó luego de una derrota de la derecha en las elecciones para la Asamblea Constituyente y números rojos en las encuestas de imagen y evaluación de gestión. Tanto Moreno como Piñera han sido acusados ante la CIDH por perpetrar crímenes de lesa humanidad contra su propia población civil. Algo similar ocurre con Luis Abinader en República Dominicana, quien al menos en campaña avalaba el matrimonio entre personas del mismo sexo y ya como presidente en ejercicio busca construir un muro con su vecino Haití.[iv]
Otros derechos
En muchos casos el lobby de distintas ONG se concentró en el matrimonio, pero para muchas disidencias que viven continuamente la violencia política, policial y la precariedad laboral, esto no tiene ningún impacto real. Sin embargo, el nuevo milenio también trae aparejados otros derechos de inclusión e igualdad desde 2002, también otorgados bajo Gobiernos de distinta orientación ideológica:
Ecuador en 1998 se convirtió en el primer país americano (y el tercero en el mundo) en incluir la orientación sexual como una de las categorías protegidas contra la discriminación en la Constitución. La Nueva Constitución de 2008 incluyó tanto orientación sexual como identidad de género dentro de las categorías protegidas.
En Uruguay en 2004 se reconoció la libertad de expresión de las personas LGBTI+ y en 2009 reconoció el cambio de identidad y la adopción.
En Chile la Ley 20.609, que establece medidas contra la discriminación, presentada en la Cámara de Diputados por el Gobierno de Ricardo Lagos (2005), incluye entre sus categorías protegidas a la orientación sexual y la identidad de género, agregando una nueva agravante de responsabilidad criminal contra crímenes de odio. En 2019 Chile promulgó la Ley de Identidad de Género (anteriormente a esta última ley, el cambio de nombre y sexo legal era posible cuando los mismos no coincidan con la identidad de género autopercibida de la persona, mediante un proceso judicial). La redacción de la próxima Constitución y las próximas elecciones presidenciales en las que la izquierda tiene altas probabilidades de éxito abren un importante abanico de oportunidades de ampliación de los derechos LGTBI+ en el país.
Con Lula Da Silva como presidente, Brasil aprobó en 2006 el derecho al trabajo de las personas LGTBI+, en 2009 el cambio de identidad y en 2010 reconoció la adopción. Ya con Dilma Rousseff se aprobaron cinco derechos más: unión estable, pensión a la pareja, heredar a la pareja una vez que ésta fallece, salud y un paquete de derechos de seguridad social que englobaba: enfermedades, discapacidad, maternidad, desempleo, pensiones y muerte.
Panamá en 2006 reconoció el derecho al cambio de identidad y en 2008 el derecho a la vida (despenalización de la homosexualidad).
Mientras agudizaba el conflicto armado interno en pleno siglo XXI, la Colombia de Uribe reconoció el derecho a la salud de las personas LGBTI+ y el derecho a heredar a la pareja una vez que ésta fallece en 2007; un año después se reconoció el derecho a la pensión.
Cuba en el 2007 aprobó, en el rubro de seguridad social, el derecho a la salud, concretamente: la cirugía de reasignación de sexo.
En Bolivia la Constitución de 2009 prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual e identidad de género. En 2016 Bolivia sancionó la Ley de Identidad de Género (Ley 807/2016).
Durante 2012 Argentina reconoció cuatro derechos: cambio de identidad –siendo el primer Estado no solo de la región sino en todo el mundo en reconocerlo sin patologizar la elección–, ejercicio del voto para las personas trans, seguridad social (salud y educación), un año después el derecho a la familia (reproducción asistida) y en 2015 reconoció dos nuevos derechos: intimidad (derecho a la vida privada) y a la pensión. Actualmente sigue siendo vanguardia con la reciente aprobación de la Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero. El proyecto se complementa con el DNU 721/20 que firmó el presidente Alberto Fernández en septiembre del 2020 y que estableció el cupo laboral trans/travesti en el sector público.
En Perú, el Tribunal Constitucional determinó que la transexualidad no debe ser considerada una patología y reconoció el derecho a la identidad de género. Además, establece que las demandas de cambio de nombre y sexo en los documentos de identidad deben tramitarse ante la Justicia, mediante proceso sumarísimo. La sentencia, aprobada por cuatro votos fueron a favor y tres en contra, deja sin efecto la doctrina jurisprudencial de la sentencia anterior de 2013, que señalaba que el sexo se define únicamente a nivel cromosómico y era, por lo tanto, inmutable e inmodificable. Desde enero de 2017, está en vigencia el Decreto Legislativo 1.323, que incluye como categorías protegidas contra la discriminación la orientación sexual y la identidad de género, además de incorporarlas como agravantes en delitos contra personas LGBTI+. La victoria de Pedro Castillo y su promesa de un referéndum constitucional abre, como en Chile, un horizonte de mejoras legales para ese colectivo.
Para 2018 un hito en la región latinoamericana se daría a lugar: la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitiría una opinión consultiva, solicitada por Costa Rica en 2016, sobre la identidad de género e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo (OC-24/17). Así la opinión consultiva sería referencia para el resto de países latinoamericanos y no exclusivamente en Costa Rica. De lo contrario, el Estado que no cumpla con la protección de las personas LGBTI+ (en lo que refiere a los derechos al nombre y al matrimonio igualitario) entraría en contradicción con el sistema interamericano.
Caribe y Centroamérica
Actualmente, nueve países de la región penalizan prácticas por fuera de la heteronorma, destacando América Central y el Caribe como el foco más intensamente represivo en materia legal. Las penalidades, con diversos grados y modalidades, van desde los 5 a los 15 años de cárcel en Antigua y Barbuda, Barbardos, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y San Vicente y Las Granadinas. En Guyana y Barbados pueden acarrear la privación de libertad de por vida (cadena perpetua). En República Dominicana han sido denunciadas restricciones a la libertad de expresión y se prohíbe por ley la adopción por parte de personas del mismo sexo. Las excepciones más notables son los mencionados casos de Costa Rica y Cuba.
Avances
En 2006, Panamá fue el primer país en reconocer la identidad de género autopercibida.
En Nicaragua, hasta la derogación de la ley que penalizaba la sodomía, recién en el año 2008, se castigaba hasta con 3 años de cárcel cualquier práctica homoerótica aun cuando aconteciera en la privacidad del propio hogar.
El Salvador en 2010 aprobó su primer derecho LGTBI+: a la no discriminación laboral.
Nicaragua (2008), Honduras (2013) y El Salvador (2015) catalogan como “delitos de odio” a la violencia motivada por la orientación sexual de la víctima.
Retrocesos
Por otra parte, el Congreso hondureño ratificó en 2005 una reforma constitucional que prohíbe los matrimonios entre personas del mismo sexo e impide la adopción de menores a parejas homosexuales. La misma reforma fue replicada en El Salvador.
En la misma región destaca Haití que, desde su independencia en 1804, no introdujo ninguna ley que criminalizara la homosexualidad, y desde entonces no se ha agregado ninguna ley de este tipo en el Código Penal. Sin embargo, y bajo el actual Gobierno, el Senado votó un proyecto de ley para prohibir “cualquier manifestación pública de apoyo a la homosexualidad y el proselitismo a favor de tales actos”. El destino de este proyecto de ley sigue siendo desconocido.
La diversidad también tiene rostro de mujer
Estudios como “Las reformas orientadas a los derechos LGBT en América Latina: una ciudadanía universal pendiente” de Ericka López Sánchez, encuentran que una de las variables clave para el logro del reconocimiento de derechos ha sido la capacidad de influencia de los colectivos y organizaciones sociales. En este sentido, destacan Argentina y México por contar con los movimientos LGTBI+ más antiguos de la región, por lo que no es ninguna coincidencia que hayan sido de los dos primeros países en aprobar el matrimonio igualitario. Los aliados estatales también parecen haber sido fundamentales a la hora de ejercer presión en el diseño de políticas más inclusivas, y el análisis de las experiencias de Argentina y México muestra que estos aliados fueron, en su mayoría, mujeres, principalmente agrupadas en organizaciones feministas.
Otra variable importante que explica algunos importantes avances en materia de reconocimiento de derechos LGTBI+ es la introducción de la perspectiva de género de acuerdo al sexo de las personas gobernantes. En este último aspecto, si bien la proporción entre presidentas y presidentes es escandalosamente desequilibrada, se logra encontrar un patrón claro:
En Argentina, durante el mandato de Cristina Fernández se reconocieron 9 de los 10 derechos LGBTI+.
Brasil, bajo la gestión de Dilma Rousseff, se aprobaron 7 de los 11 derechos que tiene este país.
Finalmente Chile, con Michell Bachelet, reconoció 2 de los 3 derechos reconocidos.
A modo de cierre
Latinoamérica en el nuevo milenio protagonizó una ampliación sin precedentes de los derechos sexuales e identitarios en un periodo relativamente breve. Desde la promulgación de la ley sobre identidad de género más avanzada del mundo (en Argentina) hasta la consagración de disposiciones constitucionales que protegen a los ciudadanos de la discriminación basada en su orientación sexual (en Ecuador, México y Bolivia), diversos países en la región han elaborado marcos legales y han ampliado derechos a minorías sexuales y de género. Aún así, con respecto a los derechos de gays, lesbianas, travestis, trans y otres, América Latina difícilmente podría considerarse homogénea, ya que el Caribe y Centroamérica han tenido rachas conservadoras y pocos avances. Como todo avance, permanece en disputa.
[i] A lo largo del artículo utilizaremos este sistema de siglas buscando una mayor inclusión, aún sabiendo que no expresa cabalmente la diversidad y totalidad de los colectivos de disidencias sexuales.
[ii] Varios estudios señalan cómo la especificidad del caso argentino en cuanto a que el matrimonio entre parejas del mismo sexo se haya condensado en torno a la demanda de “igualdad”, constituye un factor fundamental para su éxito. Ver: http://onteaiken.com.ar/ver/boletin24/onteaiken24-04.pdf
[iii] Tras la inclusión en Occidente del colectivo LGTBI+ desde los márgenes al interior de la política y la ciudadanía, ha surgido una corriente que trata de instrumentalizar las políticas LGTBI+ en tres vías principales. La primera se da con el objetivo de crear una imagen externa e interna de excepcionalidad y modernidad, justificando y ocultando políticas represivas, como puede ser el caso del pink-washing israelí con Palestina. El caso paradigmático es el del Estado de Israel, que ha tenido una estrategia de cooptación de los derechos LGTBI+ para mostrarle al mundo que Israel es el reino de las libertades sexuales, aún siendo un país militarizado que normaliza la ocupación, colonización y apartheid de Palestina. La segunda muestra que la nueva extrema derecha, al alcanzar un consenso mínimo hacia el colectivo, ha visto la oportunidad para usar esa retórica de progresismo social y humanitario para crear un concepto de nación contrapuesto a sociedades consideradas retrógradas, en concreto las musulmanas, para hacer prosperar sus medidas partidistas dentro del marco de la islamofobia. Habitualmente se utiliza el término de “homonacionalismo” para dar cuenta de esta estrategia. La tercera, consecuencia, es que el colectivo LGTBI+ está crecientemente integrándose en el sistema político institucional, dejando atrás una vinculación tradicional con la izquierda e incorporándose a las corrientes populistas de derecha, principalmente en Europa. Ver: https://www.jstor.org/stable/10.13169/decohori.6.2020.0121#metadata_info_tab_contents y https://repositorio.comillas.edu/xmlui/handle/11531/28224
[iv] Estrategias similares se han visto en Argentina con respecto al movimiento de mujeres, por lo cual se ha reversionado el término a purpel-washing (lavado de cara violeta), algo similar ha acontecido en Ecuador con respeto a Lasso. Ver: Rovetto, F. L. (2019). “Cuando sube la marea feminista: resistencias y disputas de sentido en tiempos macristas”. La Argentina de Cambiemos, 85.
“¡Bienvenida al siglo XIX!” Así comentaba Efimerida ton Syntakton (“El periódico de los redactores”, un diario que se dirige a un público democrático y de izquierda) la aprobación por el Parlamento del monstruoso proyecto de ley del ministro de Trabajo Kostis Chatzidakis, presentado como una “reforma” de las relaciones laborales que hará posible que Grecia aproveche las “oportunidades” de crecimiento después de la crisis de 2020 y la pandemia.
El titular del periódico era legítimo. La nueva ley deroga la jornada laboral de 8 horas y la semana de 5 días. El texto suprime la obligación de los empresarios de pagar un salario suplementario cuando piden un trabajo suplementario, más allá de las 8 horas o de los 5 días por semana. En lugar de un salario suplementario, la nueva ley promete que los empresarios proporcionarán, más tarde, días libres en compensación. Probablemente durante los periodos en los que baja la demanda de los productos o servicios que proporciona la empresa.
Esta “flexibilización del tiempo de trabajo” fue introducida por primera vez en la legislación laboral por los socialdemócratas, durante el periodo de degeneración neoliberal de sus partidos y sindicatos. En un inicio, a principios de los años 90, se aplicó en sectores marginales [en Tesalia y Macedonia Occidental, los sectores en crisis se
sometieron a esta flexibilización, pero fue un fracaso, teniendo en cuenta la Constitución] de la economía y debía seguir siendo un elemento marginal y secundario de las relaciones laborales en Grecia. Hoy, el gobierno de Kyriakos Mitsotakis generaliza este “acuerdo” extremadamente liberal, extendiéndolo a toda la clase trabajadora. Según la nueva ley, en lo sucesivo es legal que los trabajadores industriales (cuyo trabajo es arduo y pesado) trabajen 150 horas más al año, ¡sin ninguna remuneración suplementaria!
Lo peor es que esta ley elimina toda posibilidad de que los trabajadores y trabajadoras puedan expresarse colectivamente sobre las cuestiones del tiempo de trabajo y de su ligazón con los salarios. Tales cuestiones formarán parte de “contratos individuales” entre cada trabajador y el empresario, pasando completamente por encima de los sindicatos. Eso podría significar el golpe final a la eficacia y legitimidad de los convenios colectivos, que ya fueron gravemente desvirtuados durante los memorandos de austeridad, tras la crisis de 2010-2011 en Grecia (una desvalorización que, lamentablemente, también fue una característica del gobierno de SYRIZA, en 2015-2019).
***
El gobierno sabe que la implementación de esta política se enfrentará a la resistencia de los trabajadores y trabajadoras. Por ello, la nueva ley sobre el trabajo está reforzada por una serie de disposiciones draconianas que afectan al funcionamiento legal de los sindicatos y a la posibilidad de declarar una huelga legal. De ahora en adelante, los sindicatos están obligados a realizar un “registro de afiliados” en formato digital, que debe estar a disposición del Ministerio de Trabajo y de las organizaciones empresariales. Para declarar una huelga, la decisión debe ser aprobada primero (por votación electrónica) por el 50% más 1 del conjunto del personal (no sólo los miembros del sindicato). Si un tribunal declara que determinada huelga sindical es ilegal, la huelga no puede volver a declararse, aunque sea por un motivo diferente o por una organización sindical distinta (una federación o confederación de sindicatos). En los sectores críticos de los “servicios públicos” (sanidad, educación, transporte, energía, etc.), en caso de huelga, el 35% del personal debe seguir trabajando, como prueba de “responsabilidad social”.
Esta ley es a todas luces una monstruosidad anti-trabajadores. Incluso la Asociación de Jueces y Abogados y el “comité de expertos” del Parlamento estimaron que la ley viola los artículos de la Constitución de 1974 (que definen la huelga como un derecho e institucionalizan las libertades sindicales con una articulación entre los derechos de los trabajadores y los derechos políticos democráticos). Pero a pesar de ello, el proyecto de ley fue aprobado por la mayoría parlamentaria de Nueva Democracia (158 diputados).
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Esta orientación se basa en una realidad gestada en Grecia durante el desastroso periodo de los memorandos. Contrariamente a la propaganda (sobre el país del sol, la alegría y la despreocupación…), la clase trabajadora en Grecia se ve obligada a trabajar más que en cualquier otro Estado miembro de la UE, y más que en muchos otros países del mundo. Según los datos de la OCDE (correspondientes a 2019), el tiempo medio de trabajo efectivo en Grecia es de 1950 horas al año, es decir, solo por debajo del de Corea y México y muy por encima del de Alemania, por ejemplo (1386 horas al año). Mientras tanto, los salarios han sido recortados en un 30% entre 2008 y 2019: el salario medio real cayó de unos 1300 euros (en 2008) a 950 euros (en 2019). Esta nivelación hacia abajo es el fruto de la reducción del salario mínimo legal y, sobre todo, de la presión constante a la baja de todos los salarios hacia el mínimo legal.
Los capitalistas griegos saben que, durante la crisis, ellos también registraron algunas pérdidas y retrocedieron en la clasificación de la competencia mundial, además de tener que enfrentarse a la peligrosa “trampa de la deuda”. Pero también saben que para “aprovechar la oportunidad” de un posible período de crecimiento después de la pandemia, tienen que aumentar la tasa de explotación de la clase obrera y exigir más trabajo por el mismo salario o más bajo.
Esto es lo que intenta hacer el gobierno de Mitsotakis, “sin edulcorantes”. La ley laboral de Kostis Chatzidakis no va a ser la única contrarreforma brutal. Ya están en marcha los planes de privatización del sistema público de pensiones y de la seguridad social, así como las privatizaciones masivas de lo que queda de la propiedad pública.
Esta orientación política no es fácil para el gobierno. Seis conocidos políticos de derechas (ex ministros, parlamentarios o portavoces de Nueva Democracia), que se identifican con la “tradición” del fundador del partido, Konstantinos Karamanlis, en 1974, optaron por declarar públicamente su desacuerdo con “este alejamiento de los principios del liberalismo social, que definían los gobiernos de Nueva Democracia”, al menos durante los años posteriores a la caída de la junta militar.
Lo que dicen en realidad es que no creen que Mitsotakis pueda imponer esta orientación, manteniendo a la vez una estabilidad relativa y una viabilidad duradera. Pero no es razonable esperar una reacción seria de la derecha. En el parlamento, los diputados de Nueva Democracia se alinearon y votaron en bloque a favor de la ley laboral.
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El gobierno de Mitsotakis no es un adversario fácil. Cuenta con el apoyo de la clase dirigente sobre la nueva ley laboral, tal y como lo muestra la cobertura mediática dominante. Dos “asesores” de Alexis Tsipras, Antonis Liakos y Myrsini Zorba (ambos ex socialdemócratas y recién llegados a SYRIZA), decían en un reciente artículo:
“El gobierno de Mitsotakis no encuentra dificultades en su camino. No confundamos nuestros deseos con la realidad. Tras una década de crisis, las fuerzas burguesas griegas se están reagrupando y eso se expresa en el actual gobierno a través de su gran apertura [a otros actores]. No debemos entender esta apertura como una simple suma de corrientes políticas… sino como la formación de un bloque dirigente con alianzas sociales, medios de comunicación y sobre todo con una estrategia… El radicalismo no es un privilegio exclusivo de la izquierda. El radicalismo de derecha aparece fuerte y decidido y llega a violar el Estado de Derecho”. El diagnóstico que hacen es correcto.
Lo curioso es que ante este fenómeno, la táctica que ambos proponen es una adaptación aún mayor al mismo, deshaciéndose de todos los “lastres” del radicalismo de izquierdas del pasado, adoptando una estrategia de unidad nacional, e incluso “emancipando a la izquierda del concepto de ‘partido’ que la mantiene atrapada en el pasado.”
Lo trágico es que esos puntos de vista son de hecho predominantes en la dirección de SYRIZA. Fuera del parlamento, SYRIZA mantiene una retórica opositora de rechazo total a la nueva ley laboral. Pero dentro del parlamento, el partido de Alexis Tsipras votó a favor de una serie de artículos (¡55!) de la ley, optando por una táctica que “distingue los buenos y los malos aspectos” de la ley, en lugar del necesario rechazo político y completo de esta ley extremadamente reaccionaria (como hizo por ejemplo el Partido Comunista). En mi opinión, era un claro mensaje de Alexis Tsipras a la clase dirigente de que, a pesar de la voluntad de su base, SYRIZA seguirá siendo un partido “responsable” que no “quemará los puentes” de las relaciones, incluso frente desafíos extremos.
En las calles, la reacción fue importante. El proyecto de ley laboral se convirtió en una oportunidad para intentar organizar una huelga general en Grecia después de un largo periodo. Todos sabíamos que no iba a ser sencillo ni fácil. El contexto persistente de la pandemia, la burocracia sindical que declaró la huelga pero hizo todo lo posible para… boicotearla. Los verdaderos cambios negativos en la vida cotidiana y en los lugares de trabajo que pesan sobre los trabajadores constituyen límites a la capacidad de movilización. Pero el resultado fue mejor de lo esperado. Las manifestaciones fueron numerosas y se expresó la cólera de los oprimidos y oprimidas. La “gente de izquierda” constituía el grueso de las tropas. El Partido Comunista, la izquierda anticapitalista y por primera vez en mucho tiempo, un sector de SYRIZA. Una composición que todavía está lejos de la amplia participación de la clase trabajadora que se necesita para revocar una ley laboral, pero que no debe subestimarse. Cualquiera que conozca el movimiento de resistencia en Grecia sabe que así es como suelen empezar las marchas largas, que buscan y consiguen los grandes cambios.
La nueva ley laboral ya es una realidad. Una parte importante del movimiento organizado se niega a someterse a ella y tratará de derribarla en la práctica. Un movimiento de los trabajadores que no estará aislado: pese a la propaganda mediática histérica, todos los sondeos constatan que hay una mayoría social (hasta el 65% en algunos sectores…) que cree que los manifestantes “tienen razón”. Un movimiento que espera derrocar esta contrarreforma crucial. Este “pulso” será decisivo para la evolución social en Grecia. En mi opinión, también determinará la situación política, a diferencia de las maniobras parlamentarias o del ajuste socialdemócrata adoptado por la dirección de SYRIZA.
* Antonis Ntavanellos es uno de los principales animadores de DEA, organización de la izquierda anticapitalista griega.
Habría que considerar, llegado el momento, la sobrecarga de contenidos, mejores, libros de texto, materiales educativos diversificados…
La Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) dio a conocer, en días recientes, el documento “Construir el futuro de la educación en México. Hacia una agenda de política educativa nacional”. Resulta por demás relevante y, por ello, lo analizaré con la pretensión de reflexionar en torno a su contenido. Con ese propósito, referiré primeramente las tres fuentes de consulta necesarias para situar la discusión desde la propia perspectiva institucional. Después, retomaré algunas ideas del documento, a manera de introducción. Y, al final, externaré mis puntos de vista considerando que la opinión se acerca más a un artículo propio del periodismo educativo que a una ponencia o “paper” de carácter académico. Aunque recomiendo su discusión para fines heurísticos. Ambos sirven a la divulgación de la ciencia de una manera u otra. Así que, agradezco la comprensión de los lectores porque aprovecharé el espacio en su máxima extensión.
Fuentes de consulta para una mejor comprensión del asunto en cuestión
A. “La mejora continua de la educación. Principios, marco de referencia y ejes de actuación”. Considero su lectura casi obligada porque plantea la postura oficial. En el apartado inicial, se encuadran los principios de la educación en México: el enfoque de derechos humanos; la visión humanista; la mejora continua; el cambio educativo; la revalorización del trabajo docente; así como la inclusión, participación y colaboración. En el capítulo segundo, el más relevante para el objetivo que nos ocupa, se define el horizonte de mejora a partir del cuestionamiento ¿qué significa mejorar? teóricamente fundamentada. Asimismo, se puntualizan los campos de acción, actores y ámbitos de participación y responsabilidad. Y, se concluye destacando los ejes de actuación del Mejoredu en apego al marco legal vigente.
B. El Mejoredu sistematizó, en dos tomos, las experiencias y aprendizajes de los diferentes actores durante la pandemia tanto en educación básica como en media superior. Forman parte de la Serie Cuadernos de Investigación Educativa. Ambos guardan una estructura metodológica similar desarrollada bajo las interrogantes: ¿Cómo vivió la comunidad escolar la experiencia de educación durante la contingencia sanitaria? ¿Qué retos y dificultades enfrentaron los actores escolares durante la contingencia sanitaria? ¿Qué sugirieron los actores para el regreso a clases y para futuras situaciones de emergencia? En palabras del mismo Mejoredu , son “semillas de innovación para repensar la educación y avanzar en un cambio posible del Sistema Educativo Nacional (SEN)”. Y, a la luz de la reapertura de las escuelas, se escribe, “se abre la gran oportunidad de construir una agenda educativa que recupere las lecciones aprendidas” (…) “acorde con los viejos y nuevo desafíos educativos”.
Asuntos de la Agenda Política Educativa sugeridos por Mejoredu.
La Agenda de Política Educativa Nacional se traduce en un conjunto de sugerencias dirigidas especialmente a las autoridades educativas del país, de los órdenes federal y local, así como a las autoridades de los distintos niveles de gobierno que realizan tareas de apoyo a la educación. Se identifican al menos 3 ejes de reflexión:
Reorganización del Sistema Educativo Nacional (SEN).
Adecuación de regulaciones y procesos educativos.
Coordinación de las comunidades escolares.
Mejoredu propone:
Sistematizar, documentar y realizar diagnósticos estratégicos sobre las experiencias y los efectos de la contingencia sanitaria en el sistema educativo.
Desarrollar protocolos de emergencia para prevenir, mitigar y reducir amenazas y vulnerabilidades.
Avanzar hacia un modelo de gobernanza distribuida que fortalezca la relación entre la federación, los estados y los comunidades escolares.
Fortalecer las estrategias y acciones de inclusión social, equidad educativa y atención en y para la diversidad.
Promover esquemas de financiamiento público con enfoque concurrente, focalizado y subsidiario.
Afianzar la articulación entre salud, educación y bienestar.
Transformar el currículo para que responda a los desafíos de una sociedad plural y diversa.
Replantear la formación continua docente a partir de un enfoque situado y colaborativo, así como generar las condiciones institucionales que incidan favorablemente en el desarrollo profesional docente.
Fomentar nuevas estrategias para mejorar los aprendizajes y la formación integral de las y los estudiantes.
Impulsar el desarrollo y fortalecer la autonomía de las comunidades escolares.
Comentarios del autor al documento “Construir el futuro de la educación en México. Hacia una agenda de política educativa nacional”.
La pandemia trajo consigo crisis en los ámbitos sanitario, financiero y educativo, al menos. Bajo este supuesto, el financiamiento y el gasto públicos se convierten en un tema de primer orden. Mejoredu recomienda invertirlos en la infraestructura y en los servicios educativos en condiciones de mayor vulnerabilidad. Por ejemplo, las escuelas multigrado, la educación intercultural y el tránsito hacia una escuela inclusiva, más allá de la inclusión per sé, lo cual implicaría atender la diversidad cultural, la educación intercultural. En otras palabras, la priorización de recursos para alumnos en desventaja, la atención a las desigualdades.
La preocupación por el abandono, la deserción, o desafiliación como se le nombra en el documento, se pone bajo la lupa por las repercusiones sociales que trae consigo. Por otra parte, se resalta la incapacidad institucional para afrontar una emergencia de estas características y magnitudes, inédita e inesperada. Aunque se sugiere avanzar hacia un esquema de gobernanza distribuida en los niveles nacional, local y escolar se nota la ausencia del ámbito municipal. Y sobre el Consejo Nacional de Autoridades Educativas, nada se dice al respecto.
Se percibe una discrepancia en las definiciones conceptuales y operativas sobre las modalidades educativas. Las autoridades instruyen a los maestros a reabrir las escuelas y regresar a las clases presenciales a los maestros bajo ciertas condiciones. Y además, que atiendan la modalidad híbrida o mixta lo cual implica una sobrecarga. Sobre este asunto, hay que traer a colación el Punto de Acuerdo emitido por el Congreso de la Ciudad de México en la sesión celebrada el 18 de marzo del año en curso. Se estipula llevar a cabo las acciones pertinentes a efecto de garantizar que las personas docentes cuenten con el tiempo suficiente para cuidar de sí mismos y de sus propias familias. Ya que, debido a la loable labor que realizan al estar presentes para sus alumnas y alumnos a través de jornadas extenuantes vía remota, podrían sufrir el síndrome de “Burnout” o síndrome de desgaste profesional. Sienta procedentes que hay que tomar en cuenta.
El tema de la formación continua y el desarrollo profesional de las maestras y los maestros es otro aspecto prioritario de atención. Coincido con el planteamiento de la multianualidad, el fortalecimiento de los equipos estatales, sus capacidades institucionales entre otras tópicos señalados en el texto referido. Articularlo con el Sistema de Carrera de las Maestras y los Maestros implica, en otro sentido, el respeto a sus derechos profesionales. Hay que tener presente que la reforma educativa se basó, en buena medida, en el respeto a los derechos de las maestras y los maestros. Si se descuida este aspecto se violentaría uno de los principios establecidos. La obligación de los maestros a “dedicarle tiempos específicos da la formación en todos los tipos de contratación” debiera revisarse a la luz de los derechos laborales establecidos en el Artículo 123 Apartado B además de los derechos profesionales determinados en la Ley General del SCMM. Por otra parte, el Sistema Integral de Formación, Actualización y Capacitación que será retroalimentado por evaluaciones diagnósticas, contemplado en la Ley Reglamentaría en materia de Mejora Continua de la Educación, sigue siendo una asignatura pendiente. Hay una desarticulación, reconocida en el propio documento, por lo que se opone en todos los sentidos a la pretensión de constituir un sistema. El reto consiste, pues, en una adecuadla coordinación y armonización.
En otro orden de ideas, se habla del proyecto educativo renovado. Quisiera entender que se refiere al concepto de la Nueva Escuela Mexicana pero queda sin aclararse. Hace falta definirla con precisión dicha categoría: proyecto educativo renovado. El modelo educativo de la Nueva Escuela Mexicana anunciado para el 2020 sigue siendo una asignatura pendiente. Habría que considerar, llegado el momento, la sobrecarga de contenidos, mejores, libros de texto, materiales educativos diversificados.
La autonomía de las comunidades escolares seria menester de ponderarse considerando que la autonomía de gestión y curricular ha sido erradicada de la regulación respectiva. En dado caso, convendría asegurar su consideración en la propia normativa. De igual manera, la resignificación de los Consejos Técnicos Escolares y la apertura de espacios de participación a las familia en la organización y funcionamiento de las escuelas. Si la intención es la adecuación de regulaciones y procesos educativos, según el segundo eje de reflexión, hay mucho por hacer.
Basta revisar la bibliografía que la Unidad del Sistema de Carrera de las Maestras y los Maestros puso a consideración del magisterio para los procesos de admisión y promoción. Resulta evidente la obsolescencia del marco jurídico normativo y la necesidad de actualizarlo porque responde a reformas y políticas educativas pasadas. Por ejemplo, los lineamientos para formular los programas de gestión escolar. De igual manera, los Lineamientos para la organización y funcionamiento de los Consejos Técnicos Escolares de Educación Básica. Ambos aluden aspectos de la Ruta de Mejora y deja de lado el Programa Escolar de Mejora Continua. Y qué decir del Programa Especial de Educación Intercultural 2014-2018. Ni se diga del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional que data del 2006.
Hace falta también hallar la relación que guarda la Agenda de Política Educativa Nacional relacionar este documento con otros instrumentos que plantean también una agenda de política educativa. Por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Educación. Asimismo, los paralelismos con la Ley General de Educación y la necesaria concordancia con la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Sólo que el propósito haya sido fortalecer lo oficialmente instituido debiera asegurarsse su perfecta congruencia. De no haber sido así, aún dando el beneficio de la duda de que la interpretación de las atribuciones del Mejoredu están perfectamente comprendidas, la definición de una agenda pública pasaría por un poder de convocatoria y una capacidad institucional para su implementación que redundara en un verdadero liderazgo. Ese es el verdadero desafío de dimensiones descomunales.
«Educar es transformar con arreglo a un paradigma, a un modelo o a un proyecto de excelencia imaginable»
La escuela, al igual que la universidad, es un lugar de resistencia. O al menos debería serlo. Al contrario de lo que dicen los expertos en sinergias, resiliencias y nihilismos transdisciplinares, no creo que la escuela deba adaptarse a ninguna circunstancia si no es para mejorarla. La misión de cualquier propuesta educativa pasa precisamente por lo contrario: por ser capaces de proveer a los educandos de todo aquello que el contexto inmediato no puede procurarles. Educar es, en algún sentido, enmendar lo que ya existe en virtud de una perfección futura.
No existe educación posible sin la proyección de un ideal de humanidad. Y ese ideal, resulta vano hasta tener que argumentarlo, debe hacerse independiente a la circunstancia inmanente. La educación no se proyecta sobre lo que ya somos, sino que se dispone al servicio de aquello otro que deberíamos ser y que debe guiar la transformación del infante. Educar es transformar con arreglo a un paradigma, a un modelo o a un proyecto de excelencia imaginable.
Tal vez por este motivo llevamos demasiado tiempo equivocándonos. Cada vez que algún representante de la vanguardia pedagógica insiste en que tenemos que llevar la imagen a las aulas porque vivimos en el imperio de la imagen, está remando en dirección contraria.
El razonamiento correcto sería el opuesto: dado que vivimos en una dictadura virtual de las imágenes, la escuela debería protegerse como el refugio crítico de esa realidad imperante. No se trata de adaptar la educación a lo que existe, sino de proponer un modelo educativo que nos permita transformar esa realidad al servicio de una idea mejor de nosotros mismos.
Nuestra misión como educadores no radica enseñar lo que de suyo ya aprendería cualquier joven abriendo los ojos al mundo, sino que nuestro propósito se hace valioso cada vez que lo acercamos a contenidos insólitos a los que jamás llegaría por sus propios medios.
Creer que un boomer de cincuenta años puede enseñarle a un chaval de catorce habilidades digitales es tan ingenuo como desnortado. Y desechar la importancia del esfuerzo, la privativa humanidad de la memoria o incluso la dignidad de lo inútil, es tanto como abandonarnos al dominio de la crasa facticidad y la eficiencia.
La bulimia innovadora nos conduce a un rapto delirante y acelerado en el que el orden de los conceptos se asimila al mercado de electrodomésticos. Por este motivo, cada vez que alguien desecha una idea por ser antigua, clásica u obsoleta, está estableciendo, y puede sin saberlo, una analogía entre las ideas y las batidoras.
La escuela es ese lugar donde, todavía, puede seguir leyéndose a Garcilaso o a Rosalía de Castro bajo un pretexto suficiente: lo leyeron nuestros padres, los padres de nuestros padres y, ojalá, algún día, también lo hagan nuestros nietos.
Antes de llenarlo todo de pantallas seamos prudentes. Si la educación es capaz de igualarnos es porque propone un ideal compartido en el que sabremos reconocernos. Y que la escuela sea una comunidad de lectura e interpretaciones es tanto como convertirla en una comunidad de sentido. No es poco.
*Diego S. Garrocho es profesor de Ética en la Universidad Autónoma de Madrid. Autor de ‘Sobre la nostalgia’ y de ‘Aristóteles. Una ética de las pasiones’ es, también, el presidente del comité académico del think tank Ethosfera.
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