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España – Alfonso Algora: “Con políticas de Estado, la educación en español tendría un crecimiento exponencial en el mundo”

Alfonso Algora: “Con políticas de Estado, la educación en español tendría un crecimiento exponencial en el mundo”

Alfonso Algora es probablemente uno de los españoles que más y mejor conoce el mundo de la educación en Hispanoamérica. A una formación que incluye el doctorado en Educación por la Universidad Autónoma de Asunción (Paraguay), Máster en Educación con Énfasis en Gestión Educativa y Didáctica y Máster en Alta Dirección, y dos licenciaturas en Humanidades y Derecho, cuenta con una dilatada carrera profesional a ambos lados del Atlántico. Ha trabajado en el mundo de la abogacía y la dirección empresarial y ha dirigido centros de educación secundaria y de Bachillerato, así como centros de formación y universidades españolas y americanas. Conferenciante y ponente en todo tipo de foros, y director académico de la Red Iberoamericana de Educación, conoce muy bien las posibilidades del mercado educativo en Latinoamérica. En la actualidad, compatibiliza su puesto de Director General del Colegio Británico Internacional de Quito con la prestación de consultorías y asesorías a universidades y centros educativos en España y América.

Para muchos centros educativos españoles, especialmente para centros universitarios, Hispanoamérica es una región estratégica en cualquier proceso de internacionalización ¿Qué consejos le daría a un grupo educativo a la hora de dar los primeros pasos en ella?

En primer lugar, realizar un estudio a fondo sobre el terreno mediante expertos que conozcan el país. Tendemos a pensar que por tener una historia e idioma comunes toda Latinoamérica es igual, y no tiene nada que ver un país con otro en su cultura e idiosincrasia. Además, hay que tener muy presente aspectos como la seguridad jurídica, el mayor o menor intervencionismo estatal en la educación – tanto académica como financieramente -, la estabilidad de la moneda, horizonte de eventuales conflictos sociales, etc.

Ha trabajado dirigiendo centros educativos privados en España y en varios países de Hispanoamérica, ¿cuáles son las principales diferencias en el modelo de gestión?

La sociedad hispanoamericana es compleja ya que conviven en ella distintos mundos. Existen colegios extremadamente modernos con modelos de gestión muy vanguardistas basados en estándares internacionales, pero también hay grandes desigualdades dentro de las ciudades – además del mundo rural – que crean una especie de “Hispanoamérica de dos velocidades”. Es por ello que, por lo general, la gestión de centros en su mayor parte está centrada en un modelo tradicional donde sus directivos son académicos de elevada edad con escasa o nula experiencia en gerencia y poca capacidad de adaptación a las necesidades que impone una sociedad cada vez más cambiante. Considero necesaria una mayor visión gerencial, entendiéndose ésta como la capacidad de organizar y optimizar recursos humanos, financieros y técnicos para lograr los objetivos de la institución.

¿Qué países tienen ahora el máximo potencial para abrir una universidad? ¿y para abrir un colegio?

Como dije anteriormente, es muy importante analizar factores económicos, políticos y sociales antes de afrontar una inversión educativa debido a la volatilidad de dichos factores. Lo que está claro es que, salvo excepciones, todos los países latinoamericanos ofrecen grandes oportunidades en la actualidad. Si tuviera que elegir un país para poner un colegio de nivel internacional sería Paraguay por sus ventajas fiscales o Ecuador por estar dolarizado y tener una clase media muy emergente. Para una universidad de calidad me decantaría igualmente por Paraguay, pero esta vez escogería Colombia y Costa Rica como otras posibles alternativas.

Desde el punto de la gestión ¿cuál cree que es el área de mejora más importante en los centros de Hispanoamérica?

Sin duda entender el modelo educativo dentro de una sociedad tecnológica, plurilingüe y multicultural. Educamos a estudiantes que trabajarán en empleos que aún no existen, por lo que hay que superar el academicismo estricto – el cual nunca dejará de ser necesario – e impulsar otros aspectos como las habilidades blandas.

Los estudiantes, las familias y los profesores son cada vez más demandantes y sus necesidades cambian, por lo que el servicio que un colegio ofrece debe ser entendido de una forma más holística, moderna y vanguardista. Y todo ello se debe crear a partir de proyectos educativos más dinámicos y liderazgos más gerenciales que académicos.

¿Cómo se ha gestionado en general la pandemia en los centros?

Realmente se ha hecho lo que se ha podido en función de las circunstancias, pero en cualquier caso se ha obrado de forma muy acelerada y poco práctica, aunque con gran esfuerzo y mucho cariño y vocación por parte de docentes y centros educativos.

Hay que tener en cuenta que la pandemia ha sido un evento inédito que ha involucrado a todo el planeta. Ni los estudiantes, ni las familias ni los profesores estaban preparados para pasar de un modelo de enseñanza presencial a uno 100% virtual en un sistema de confinamiento, por lo que durante muchos meses todo ha sido un “ensayo-error” con los correspondientes ajustes de mejora en aspectos metodológicos, tecnológicos y de acompañamiento psicológico.

Más allá de cómo se ha gestionado la pandemia, considero que hay que poner el foco en cómo gestionar la etapa postpandémica, en la cual no sólo habrá que nivelar conocimientos académicos perdidos, sino que además será esencial que los estudiantes recuperen su salud socioemocional y que los docentes se adapten a nuevas metodologías

¿Cree que España se puede convertir en el gran hub de educación internacional que muchos auguran?

No me cabe duda. Actualmente hay casi 500 millones de hispanohablantes nativos, número al que hay que sumar otros 100 millones de personas que usan el español como segunda lengua o se encuentran estudiándola. Y la influencia cultural e impacto demográfico van en aumento, por lo que el futuro es realmente esperanzador.

Lamentablemente hay algunas barreras políticas que podrían dificultar una optimización de los tiempos, pero si existieran posturas de Estado por parte de todos los países implicados ante la educación, internacionalización e intercambio del talento entre España e Hispanoamérica, la educación en español cobraría un peso específico a nivel mundial con un crecimiento exponencial.

¿Qué se pueden aportar mutuamente en educación España y los países latinoamericanos?

En cuanto a modelos de gestión, sistemas de calidad y planeamiento estratégico, España podría aportar muchísimo a Hispanoamérica, siempre – insisto – teniendo muy en consideración la idiosincrasia y potencialidades de cada país.

En cuanto al aporte de América Latina, hay investigadores excelentes y docentes que podrían contribuir notablemente al desarrollo científico de España y establecerse sinergias muy enriquecedoras para ambas partes, haciendo que el talento “en español” cobre peso específico en un mundo casi monopolizado por la cultura angolosajona.

¿Cómo diría que mira el sector educativo español a Latinoamérica? ¿Terreno para hacer negocio, lugar del que llegan alumnos…?

Pues depende de las expectativas. En una sociedad donde la educación virtual o la movilización entre países es cada vez más sencilla y asequible, es innegable que Latinoamérica puede ser un caladero de alumnos, lo cual no deja de ser legítimo y una opción de éxito a corto plazo. En lo particular, y viendo incluso las derivas geopolíticas y económicas del mundo actual, yo sería más ambicioso, invertiría en la región y me aprovecharía de las múltiples opciones de beneficios mutuos que pueden producirse.

¿Cómo valora su etapa de 15 años en una institución como SEK?

Es evidente que el ser humano está forjado a partir de su pasado y, sin duda, no habría llegado a tener el prestigio y reconocimiento que tengo actualmente si no hubiera sido por una gran empresa educativa de carácter internacional que confió en un joven directivo con más ilusión que experiencia, agradeciendo esa confianza a D. Jorge Segovia y a D. Jesús Jiménez. También tengo una sensación de orgullo al haber contribuido con mi trabajo a una organización prestigiosa y centenaria. Las instituciones permanecen y las personas pasamos y es el tiempo quien finalmente nos pone en nuestro lugar.

Fuente de la Información: https://exitoeducativo.net/alfonso-algora-red-iberoamericana-de-educacion-con-posturas-de-estado-la-educacion-en-espanol-cobraria-peso-especifico-a-nivel-mundial/

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Cataluña: Els sindicats d’educació anuncien quatre dies de vaga al maig i al juny

El 25 de maig i el 9 de juny les aturades duraran tot el dia, i el 17 de maig i el 2 de juny, dues hores

Més vagues al sector educatiu. Els sindicats d’educació van avisar que el final de curs no seria tranquil si el departament d’Educació no revertia les retallades per al curs que ve i, un cop constatat el desacord, han anunciat quatre noves aturades en el tram final: hi haurà vaga al maig i al juny. El 25 de maig i el 9 de juny les vagues duraran tot el dia i hi haurà manifestacions a Barcelona, mentre que el 17 de maig i el 2 de juny les aturades seran de dues hores, de 8.00 h a 10.00 h, per no carregar econòmicament els docents que es mobilitzen.

Fuente: https://www.ara.cat/societat/educacio/sindicats-educacio-anuncien-quatre-dies-vaga-maig-juny_1_4360778.html

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España: Caja de resistencia, estrategia para un sindicalismo de contrapoder

Por: Gessamí Forner

 

Los sindicatos vascos ELA, LAB, ESK y la central gallega CIG disponen de cajas de resistencia. La Intersindical catalana y la aragonesa Osta la están implementando. CGT y CNT abordarán este año en sus respectivos congresos la necesidad, o no, de activar un fondo solidario estructural.

Hubo 606 huelgas el pasado año, según los datos del Ministerio de Trabajo. El 47% se convocaron en la Comunidad Autónoma Vasca (224) y Navarra (59). Juntos, estos dos territorios apenas llegan a sumar 2,8 millones de habitantes. Representan el 6% de la población total del Estado. Los números y porcentajes importan: cuántas huelgas se convocan, cuántos trabajadores las secundan, cuántas jornadas no trabajadas acumulan, qué salario medio tiene dicha población y qué tasa de paro hay. Los números arrastran a la siguiente pregunta: ¿por qué Euskadi tiene un ecosistema de conflictividad laboral propio? Más allá de buscar respuestas sesgadamente ideológicas —“hay sindicatos soberanistas, a mí no me interesan”— y tratar de desprestigiarlos, los sindicatos mayoritarios vascos, ELA y LAB, y también uno más pequeño pero igualmente combativo, ESK, saben que los números importan, y mucho, cuando toca hablar de dinero y conflictividad laboral. Disponen de las cajas de resistencia más amplias del Estado. Son un espejo donde se miran de reojo otros sindicatos de contrapoder. Su estrategia de resolución de conflictos es radicalmente distinta a los sindicatos más representativos del Estado, CC OO y UGT.

El sindicato ELA es el mayoritario en el País Vasco. Cerró el pasado año con 100.925 trabajadores afiliados y el 41% de delegados, seguidos por LAB (con un  20% de representación), CC OO (19%) y UGT (10%). Como les gusta decir en ELA, ni el Athletic tiene tantos socios. Su presupuesto anual ascendió a 22 millones, de los cuales el 92% corresponden a las cuotas. La suya es la más elevada del Estado: 23,64 euros la ordinaria. La reducida (11,82 euros) es más alta que la estándar de la mayoría de sindicatos, sean grandes, pequeños, estatales o territoriales. A pesar del precio, las nuevas afiliaciones provienen precisamente de los sectores con salarios más precarios.

De las cuotas, ELA destina el 25% a la caja de resistencia. Eso implica que de los 20,2 millones de euros de fondos de cuotas, 5.060.000 millones de euros fueron a parar a la caja de resistencia en 2021.

A cuánto asciende la cuenta corriente de la caja de resistencia de ELA es uno de los secretos mejor guardados de Euskal Herria, que solo conocen tres personas. “Puedes especular todo lo que quieras en el artículo, no lo vamos a decir, ni yo mismo lo sé”, señala a El Salto Joseba Villarreal, responsable de elecciones, afiliación y movilizaciones. Decirlo sería dar ventaja al contrincante, la patronal vasca y navarra.

Lo que sí afirma es que tener una cuota alta fue una decisión estratégica que ya consideran histórica: “Cuando Comisiones Obreras puso una cuota de 50 pesetas, nosotros pusimos de 200. Sin cuota, no hay caja. Sin caja, el conflicto necesariamente es de otra manera y, a nuestro entender, no puede haber un sindicato autónomo, independiente y de contrapoder sin caja de resistencia, porque ese punto solo te lo da el dinero”, resume Villarreal.

Sabe que hay gente —empresarios, la patronal— que ha especulado sobre cuánto debe durar una huelga en Euskadi para que se agote la caja de solidaridad de ELA. Zanja la cuestión advirtiendo de que “los únicos que no vamos a sufrir en ese camino somos nosotros”. Prueba de ello son los 17 afiliados que están llevando a cabo la huelga más larga actualmente en Europa, en la empresa Novaltia, la distribuidora de medicamentos en las farmacias vizcaínas. Hoy cumplen 1.013 días en huelga indefinida. Cuando empezaron, no cobraban ni el SMI actual, tenían un salario de 950 euros mensuales. Su abogado anunció ayer una sentencia favorable, que multa a Novaltia con 120.000 euros por daños morales y perjuicios, al entender que la gerencia ha vulnerado el derecho a huelga —premiando económicamente el esquirolaje, entre otras cosas—. El letrado, Héctor Mata, espera que esta amonestación suponga un antes y un después en una empresa cuya gerencia no ha querido sentarse a negociar un convenio de empresa paupérrimo. La caja de resistencia sigue sin despeinarse.

La CIG, solidaridad desde 1994

La central gallega CIG surgió de una fusión de dos sindicatos en 1994. Uno tenía caja, otro no. Desde entonces, la CIG tiene caja de resistencia, la tercera más antigua del Estado —la segunda, de 1985 es de USO—. Puede que sea casualidad o puede que no, pero la CIG también es el sindicato mayoritario en Galicia (76.801 afiliados, 4.767 delegados, el 30% de representación, a cierre de diciembre de 2021). Su cuota ordinaria es de 12,60 euros, la reducida son 5,90 euros y la simbólica, para gente sin ingresos y jubilados, es de 3,05 euros. Destinan el 10% de las cuotas a la caja de resistencia. Por lo que especulando, el año pasado ingresarían unos 800.000 euros destinados a sostener huelgas.

Su secretaria de organización, Susana Méndez, considera que la caja “es una herramienta fundamental para que la clase trabajadora pueda pelear por sus derechos sin ver mermadas sus condiciones materiales, que la huelga no suponga un freno a esa lucha y que sea una ayuda para fomentar la participación, más en una situación de precariedad, salarios bajos e inflación, en la que quedar unos días, unas semanas o incluso unos meses sin ingresos puede generar una situación problemática”. El pasado año, la huelga de Alcoa en el municipio de San Cibrau acabó extendiéndose a las empresas auxiliares y a toda la comarca. “Tenemos muchas huelgas, estamos en plena crisis, sobre todo en la zona norte”, explica. Sus cuotas, añade, se ajustan a la realidad gallega, “no podemos compararnos con Euskadi”.

El sindicato ESK, con 6.000 afiliados y una cuota estándar de 45 euros trimestrales, se fundó en 1985 y fue la segunda central vasca en establecer un fondo económico. Desde 2007, destina a la caja el 5% de las cuotas, explica su portavoz, Igor Mera.

El sindicato vasco LAB dispone de caja desde hace diez años. “En una década hemos ayudado a unas 3.000 trabajadoras y trabajadores. En caso de huelga, cubre 30 euros diarios (entre 900 y 930 euros al mes), con dos particularidades: pagamos 30 euros con independencia de si son jornadas parciales o completas y tenemos un tope de 1.500 euros y, lógicamente, la ayuda a percibir no puede superar el salario del trabajador”, explica su secretario general adjunto, Igor Arroyo. Asimismo, la caja cubre multas y sanciones derivadas de la acción sindical, hasta un máximo de 15.000 euros. “Le damos importancia a resistir en las huelgas y a que estas sean activas, lo cual implica un riesgo de recibir multas”, señala.

Más allá del funcionamiento de la caja, Arroyo pone marco teórico a la decisión de implementarla: “El proceso de precarización empezó en los años 90 con la aprobación de las ETT y se está acelerando con las plataformas digitales y la ofensiva de 2008 de pauperización de la clase trabajadora”. Además, en 2017 realizaron un proceso de reflexión para pensar cómo sindicalizar a las trabajadoras más precarias. De dicho proceso surgieron alianzas con la plataforma estatal de riders y con trabajadoras del hogar. El pasado año tuvieron por primera vez más afiliadas que afiliados y en febrero anunciaron un nuevo sistema de cuotas, por cinco tramos de ingresos, que van desde los 21,33 euros para sueldos superiores a 2.001 euros a 5 euros para ingresos inferiores a 705 euros.

Dos sindicatos territoriales se encuentran en proceso de implementar cajas de resistencia. La Intersindical catalana y los aragoneses Osta. Sergi Perelló explica que la Intersindical ha pasado en cuatro años de mil a 6.000 afiliados, debido al empujón político de 2017 —Catalunya tiene una mayoría sindical españolista y un sindicato de contrapoder asentado como es la CGT, entroncado en el anarcosindicalismo histórico de este territorio y que este año ha alcanzado las 20.000 afiliaciones—. La cuota de la Intersindical es de 10 euros y en enero de 2020 aprobaron empezar a preparar la caja, donde ya han depositado una cantidad importante que han doblado este año —El Salto la conoce y se reserva la información—. “Estamos preparando el músculo para que cuando el órgano nacional apruebe el reglamento de funcionamiento de la caja de resistencia ya haya un remanente”, destaca Perelló.

El secretario general de Osta, David Lázaro, explica que son la tercera fuerza en Arazón, con el 10% de delegados. Este sindicato chiquitín —4.500 afiliados— tiene una cuota de 11,90 euros mensuales y decidió en noviembre destinar el 5% al fondo de resistencia.  “Llega un momento en las plantillas de las grandes empresas en que el modo de operar de Comisiones y UGT es agotar y amenzar con la huelga, pero no llevarla a cabo casi nunca, por lo que los trabajadores se ven abocados a firmar la propuesta sin otra alternativa. Creemos que las cajas de resistencia son un apoyo a los afiliados para que puedan mantener la presión, movilizarse más y conseguir mejores acuerdos, porque la patronal sabe que sin caja de resistencia detrás es difícil mantener una huelga”, explica. Llevan cuatro años haciendo músculo; han optado por no decir la cifra.

Competencia virtuosa, debate en el congreso

El economista Endika Alabort, de CNT Bilbao, utiliza el concepto de “competencia virtuosa” para describir el ecosistema vasco, ese en el que hay un montón de sindicatos y muchísimos más afiliados que en cualquier otro lugar, además de las 283 huelgas. “Es un término bonito que explica de forma adecuada que si el resto de sindicatos funcionan y utilizan la huelga, o la utilizas tú también, o te quedas atrás”, señala. A más conflictividad, más conflictividad. Y mejores logros.

CNT en el País Vasco no dispone de caja, pero cubre todos los gastos jurídicos derivados de conflictos laborales y observa cómo la afiliación crece “y se complejiza”. “Hace 15 años gestionábamos reclamaciones de cantidades; ahora ERTE, concursos y convenios colectivos e incluso pactos de fin de huelga, sobre todo, en Bizkaia”, añade. Coincide en su análisis con Òscar Murciano, de CGT Catalunya: “Hay un efecto muy interesante en Euskal Herria y Catalunya, la conflictividad no espanta, al contrario, cuanto menos se edulcora el lenguaje y las formas en el mundo laboral, aumenta la conflictividad y mejora la organización de los trabajadores. La prueba es Euskadi”, asegura. En Catalunya se convocaron 98 huelgas en 2021; 48 en Galicia a pesar de tener solo 2,6 millones de habitantes; 62 huelgas en la Comunidad de Madrid.

El secretario general de CNT, Antonio Díaz, adelanta que el próximo diciembre en Granollers celebrarán su congreso anual, donde una de las ponencias será abordar la creación, o no, de un fondo económico solidario y confederal.

En junio, CGT tratará el mismo asunto en Zaragoza en su congreso. Murciano defenderá la creación de un mecanismo estructural y seguramente recordará que la huelga del teléfono 112, en la que participó CGT Catalunya, supuso un aumento salarial del 22%.

Hasta ahora, tal y como recuerda Pepe Aranda, secretario de organización de esta organización, las cajas existen de forma sectorial, como en el ferroviario y la banca. Él mismo pertenece al sector ferroviario y abona euro y medio al mes para ese fondo, que no sale de la cuota obligatoria confederal. Previsiblemente el debate versará sobre si sería positivo aumentar la cuota obligatoria para crear un fondo estructural. De momento, la cuota ordinaria asciende a 11,78 euros.

Funcionamiento de la caja de resistencia de ELA

La caja de resistencia se considera un derecho objetivo de los afiliados. Tiene estatuto propio, que establece que a partir del tercer día de huelga cobras lo que te corresponde desde el primer día. Hay tres tipos de pago: ordinario (1.243,59 euros), reforzado (1.430,13 euros; se abona cuando más del 30% de los huelguistas son afiliados a ELA) y extraordinario, utilizado para conflictos estratégicos para la dirección del sindicato. La última vez que se aprobó fue para la huelga del mantenimiento de limpiezas en carretera de Gipuzkoa (2.488,26 euros). ELA tiene caja de resistencia desde 1996, cuando se legalizó el sindicato. Cuenta con reglamento propio desde 2001. Nadie puede ganar más estando en huelga que trabajando.

El mito de los sindicatos grandes

Comisiones Obreras ha facilitado sus datos de afiliación a El Salto: de 920.870 en 2017 ha pasado a 970.025 en 2021. Tienen seis tipos de cuotas en función de los ingresos, desde los cuatro euros y medio de la súper reducida (23.000 personas) a los 14,05 euros de la ordinaria (660.333 afiliados). En total, el pasado año ingresaron con cuotas 140 millones que se reparten entre la estructura jurídica, las distintas organizaciones, 17 territoriales y seis federaciones sectoriales.

Hay organizaciones territoriales, como CC OO Euskadi, que tiene caja de resistencia, pero no disponen de un fondo estructural. Su secretario de organización y extensión sindical, Agustín Martín, desea aclarar que “ese mantra de sindicatos subvencionados poco tiene que ver con la realidad”. El BOE establece los criterios por representación que el Estado debe otorgar a los sindicatos. El pasado año fueron 17 millones a repartir, de manera proporcional. “Nos tocaron 6,9 millones”, indica.

Considera que es poco y que “no tiene correlación con lo que recibe el sindicalismo europeo, lo de España no tiene nombre, pensamos que el sindicalismo debería de estar más reconocido debido a que hacemos un trabajo que redunda en beneficio de la población”. Lanza un dardo a las organizaciones profesionales agrarias, que no solo están totalmente subvencionadas, sino dopadas de recursos públicos”. Defiende una ley de participación institucional que aclare su labor en el marco de la Constitución.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/sindicatos/caja-resistencia-estrategia-sindicalismo-contrapoder

 

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Ciberacoso: «El antídoto natural a estas situaciones es potenciar amistades verdaderas»

Por: Carlota Fominaya

Esta es la propuesta de la campaña del CEU ‘Cibervalientes contra el acoso’, que pone el foco en la concienciación sobre el ciberacoso entre los más jóvenes

Existe una realidad indiscutible en la que hay alumnos que sufren. En ocasiones esa realidad puede ser bullying. En otras, un conflicto entre iguales. En otras puede haber un desamor. Puede haber dificultades en habilidades sociales, o situaciones en las que confluyen diferentes variables. Frente a esa realidad, tal y como advierte Raúl Adames, director adjunto área colegios CEU, «los adultos, profesores, padres o cualquier educador debemos ser valientes y actuar acogiendo el sufrimiento del menor y ayudar a ponerle nombre. Así, la persona que sufre, no está sola y le ayudamos a resolver la situación que está provocando ese sufrimiento».

Este es el punto de partida que ha seguido la institución educativa para lanzar la campaña ‘Cibervalientes contra el acoso’, que pone el foco en la concienciación sobre el ciberacoso entre los más jóvenes.

La intención, reconoce Adames, «es generar debate, mover conciencias y ayudar a prevenir este tipo de situaciones en el entorno digital».

¿Cómo cree que se debería llevar a cabo la prevención contra el acoso escolar, sea en el formato que sea, tanto desde el colegio como desde casa?

Uno de los privilegios que tenemos como padres o como educadores es la cercanía con nuestros hijos y alumnos. Esta puede estar comprometida por la hiperactividad, la velocidad con que hacemos las cosas, las jornadas laborales prolongadas… Es imprescindible generar espacios de conversación, donde, de una manera natural, expliquemos cómo nos sentimos, tanto adultos como niños. En esas conversaciones naturales podemos prestar especial atención a cómo se sienten. Esas conversaciones permiten crear un clima donde un día puedan contar que no están bien, que están sufriendo por algún motivo.

Es bueno recordarnos que los niños y adolescentes a veces muestran su malestar en forma de rabia, silencio, comiendo menos, generando conflictos entre hermanos, insomnio… Los adultos, especialmente con los adolescentes, tenemos que aprender a comprender aquello que quieren decir, pero no saben expresar.

¿Cómo lo plantean en los colegios que pertenecen al CEU?

En nuestro plan de convivencia insistimos mucho en la mirada educativa. Esta mirada contempla al alumno en su dimensión relacional teniendo en cuenta su momento evolutivo. Bajo esta perspectiva de educar la dimensión social planteamos una serie de acciones tutoriales, formaciones a familias y profesores que generan un clima en nuestros colegios de respeto entre iguales. Entendemos que fomentar el respeto potencia la posibilidad de crear vínculos de mayor profundidad como es la amistad. Eso no quiere decir que no haya conflictos que forman parte de la convivencia. Sin embargo, los pequeños conflictos ordinarios los intentamos vivir como una oportunidad educativa.

Por ejemplo, una acción sancionadora tiene el objetivo de construir o restaurar el mal ejercido. Si el alumno reconoce el mal ejercido entenderá la sanción como una respuesta justa.

La idea pasa por fomentar las amistades presenciales. ¿Qué consejos daría a los jóvenes para llevarlo a cabo en mundo donde priman los likes y las redes sociales?

No vivimos con miedo el ‘mundo virtual’, pero queremos que nuestros alumnos no pierdan algo maravilloso como son las relaciones de amistad, del tú a tú, presenciales. Aprender a ir a tomar un helado un sábado por la tarde, a estar juntos, reír… y cuidar esos momentos como algo grande que hemos vivido juntos, sin necesidad de contarlo en las redes, porque ha sido ‘nuestro’.

Hay experiencias que se pueden colgar en redes pero otras que forman parte de nuestra intimidad y que hay que custodiar. Es preciso educar a nuestros adolescentes en esa diferencia.

¿Qué pretenden lograr, cuál es el objetivo?

Es necesario concienciar sobre una realidad que existe y somos los adultos los que debemos prevenirla, así como actuar si es conveniente. Nosotros hablamos de la triada educativa: familia, alumno y colegio. Son los tres actores de la triada quienes deben actuar en la prevención y actuación para conseguir relaciones sanas entre iguales.

Esta campaña intenta fomentar una corresponsabilidad. Su objetivo es integrador fomentando la toma de conciencia de la realidad del ciberbullying y el sufrimiento que conlleva; promover la detección precoz tanto en centros escolares como en entorno familiar. El antídoto natural a estas situaciones es potenciar amistades verdaderas.

Fuente de la información: https://www.abc.es

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Filósofos, matemáticos, escritores e historiadores alertan de que la educación “no va por buen camino”

Firman un manifiesto contra lomloe y defienden una enseñanza de calidad

La Lomloe, la ley de educación vigente impulsada primero por ex ministra de Educación Isabel Celaá y luego por Pilar Alegría, ha generado un importante rechazo entre diferentes colectivos. La última crítica proviene de filósofos, matemáticos, escritores, historiadores o catedráticos de universidad como Gabriel Albiac, Arcadi Espada, Fernando García de Cortázar, Jon Juaristi, José María Marco, Fernando Savater, Andrés Trapiello, Darío Villanueva o Horacio Silvestre, entre otros muchos. Creen que la enseñanza reglada en España “no marcha por buen camino”. Y no solo porque las leyes aprobadas hasta ahora no hayan mejorado la educación, sino que normativas como la Lomloe, lo que ha hecho es “empeorar la situación”.

Consideran que la enseñanza, en todas sus etapas, debe aspirar a la calidad y se debe basar en conceptos como el “esfuerzo, mérito y contenidos” mientras que otras cuestiones morales o ideológicas “deben ser desplazados de las aulas. Los alumnos no deben ser objeto de adoctrinamiento pues tal intromisión supone una perversión de lo público al sacrificar, especialmente para los alumnos con menos recursos, su formación técnica, profesional, académica y personal, condenándoles al sometimiento moral y a la incompetencia intelectual”.

El manifiesto propone una serie de cuestiones que creen que se deberían tomar en consideración por las autoridades educativas y que se resumen en los siguientes puntos.

1. Creación de una institución pública, de una suerte de Consejo General de la Función Docente, integrado exclusivamente (o principalmente) por docentes con larga experiencia, académicos y científicos de reconocido prestigio procedentes de las distintas ramas del saber, formal y materialmente independiente del poder ejecutivo y del poder legislativo, ajeno a cualquier ideología o partido concreto, que sirva de principal referencia a la hora de proponer, o en su caso revisar, las distintas leyes e iniciativas de carácter educativo.

2. Creen que la tasa de fracaso escolar no se debe arreglar “haciendo desaparecer los suspensos y dificultando la repetición”. Todo lo contrario, creen que acrecentará el problema y añadirá más carga burocrática a los docentes.

3. Apuestan por una evaluación, pero por contenidos concretos de cada asignatura.

4. Consideran que deben permanecer las notas numéricas y las Menciones de Honor. Las primeras para conocer con mayor precisión el grado de éxito del alumno en la adquisición de conocimientos; y las segundas para que el esfuerzo y el mérito sean un aliciente más para el alumnado.

5. Exigen libertad para los docentes a la hora de enseñar los contenidos científicos o humanísticos de su materia, “sin ser correa de transmisión de la ideología de turno, y cuyo límite debe ser la Constitución y el Código Penal”.

6. Apuestan por los exámenes externos y comunes en distintas etapas educativas, para poder realizar pruebas diagnósticas sobre la marcha de los distintos centros de enseñanza. En especial, apuestan por una Prueba de Selectividad única en todo el territorio nacional, con contenidos comunes, una forma de garantizar la igualdad de oportunidades.

7. Piden que se garanticen las resoluciones judiciales, como la que obliga a impartir al menos un 25% de las asignaturas en español en Cataluña, sin perjuicio de que continúe habiendo enseñanza en otras lenguas cooficiales del Estado.

El manifiesto, elaborado por un conjunto de profesores de Enseñanza Educativa, ha sido registrado en la plataforma Change.org y cuenta ya con más de un millar de firmas de apoyo.

https://www.larazon.es/educacion/20220502/ybz6zvoekfejxdqdp4g437mcsq.html

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España: ‘Geografía e Historia en Canarias’, la asignatura pendiente en las islas

Por: Lidia Rodríguez

La polémica por la obligatoriedad de la asignatura de ‘Geografía e Historia en Canarias’ desvela la falta de contenidos en el currículo.

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España: 12 organizaciones del País Valenciano firman una declaración de apoyo a los defensores latinoamericanos

Por: Enric Llopis

El 22 de marzo de cada año se celebra, a propuesta de Naciones Unidas, el Día Mundial del Agua; son 2.200 millones de personas las que viven sin acceso al agua potable en el planeta.

En la conmemoración de 2022, la ONU puso el acento en la relevancia de las aguas subterráneas. Por ejemplo, en Europa y América del Norte, los nitratos y pesticidas representan una “gran amenaza” para la calidad de estas aguas; según Naciones Unidas, “el 20% de las masas de agua subterránea de la UE incumple la legislación comunitaria en materia de calidad del agua debido a la contaminación agrícola”.

El organismo internacional subraya que la región de Asia y el Pacífico tiene la menor disponibilidad de agua per cápita del planeta, “y se prevé que el uso de las aguas subterráneas en la región aumente en un 30%” hasta 2050. El objetivo del Día Mundial es hacer difusión de la “crisis mundial” en torno a este recurso básico. “Casi la totalidad del agua dulce en forma líquida del mundo es agua subterránea”, destaca Naciones Unidas.

Más de una decena de organizaciones del País Valenciano suscribieron, el pasado 22 de marzo, con motivo de la jornada global, una declaración de respaldo a las poblaciones indígenas, campesinos/as y afros en Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Colombia que se enfrentan al impacto generado por el monocultivo de la caña de azúcar en sus territorios.

El origen, añade el pronunciamiento, es el modelo de producción intensiva, que se sustenta en el acaparamiento de tierras, destinado a productos como azúcar y agrocombustibles que se consumen en los países del Norte.

Uno de los ejemplos mencionados son los grandes ingenios azucareros: “Están vulnerando –principalmente- el derecho humano al agua ya que generan situaciones de estrés hídrico, escasez, alteración del curso de las fluentes fluviales naturales y la contaminación de acuíferos”.

Asimismo, respecto a la contaminación de las aguas, están aumentando los casos de enfermedad renal crónica o cutáneas, entre otras. A ello se suma la vulneración de los derechos laborales y la criminalización de las personas defensoras.

Alianza por la Solidaridad; Ecologistas en Acción; CEDSALA; MOSSolidaria; Erre Ese +; Por Ti Mujer; Centro educación ambiental Julia; Joventut pel Clima-València; ACICOM; Biogradables; Terreta Neta y La Casa de Patraix suscribieron el comunicado.

El modelo afecta particularmente a las mujeres. En el caso de los impactos sobre las fuentes de agua, porque se hacen cargo de la recolección en pozos para las actividades domésticas y de higiene, de modo que se ven forzadas a desplazamientos más largos; y son las encargadas principales del cuidado de los familiares que enferman por la contaminación de las aguas.

El pasado 3 de marzo fue aprobada, a propuesta de Unidas Podemos, la Resolución y Proposición No de Ley (PNL) para que las Cortes y el ejecutivo valencianos insten al Gobierno de España a que pida el cumplimiento de los derechos de las personas defensoras, en Guatemala y Colombia, por los “ataques y amenazas” que afrontan; el texto hace referencia especial a las mujeres defensoras, que son objeto de una “violencia específica”.

Además se solicita a los Estados de Colombia y Guatemala que hagan cumplir la consulta libre, previa e informada -a las comunidades indígenas- en los proyectos de empresas  por los que estas comunidades se vean afectadas (Convenio 169 de la OIT); y también que se respete el resultado de estas consultas.

En los casos que esto no suceda, las Cortes Valencianas solicitan a la Administración autonómica un “análisis de las posibilidades” para “propiciar” que estas empresas no contraten ni perciban subvenciones públicas en el País Valenciano.

El comunicado de las 12 organizaciones se apoya en el informe El amargo negocio de la caña de azúcar: ¿Desarrollo para quién?, de 2020, en el que han participado Alianza por la Solidaridad (España y Colombia); el colectivo ecologista Madreselva (Guatemala); ASPRODE y PROVIDA (El Salvador); APADEIM (Nicaragua) y ASOM (Colombia).

Sobre el negocio de la agroindustria, concluye la investigación: Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Colombia “concentran la producción de caña en torno a 36 ingenios azucareros, que suman algo más de 6.300 kilómetros cuadrados de explotación en departamentos con alta vulnerabilidad socioambiental”.

Respecto al desequilibrio ambiental en un contexto de emergencia climática-, el informe señala los efectos del monocultivo de caña en zonas como la Costa Sur de Guatemala o el Valle del Cauca, en Colombia: “Tuvieron hasta tiempos recientes una gran biodiversidad y ahora sufren una deforestación masiva, desvío de cauces, desaparición de humedales o destrozo de manglares”.

Otro punto destacado es el consumo de recursos hídricos; El amargo negocio de la caña de azúcar compara la media diaria requerida por una hectárea de caña (36 metros cúbicos), con las necesidades de una familia de cinco miembros (0,6 metros cúbicos de agua diarios). Pero la agroindustria cañera no sólo se apropia del agua, sino que además “hace un uso intensivo de pesticidas, madurativos y fertilizantes, en algunos casos prohibidos por los Convenios Ambientales de Rotterdam o Estocolmo, que contaminan los que dependen las comunidades”.

“¿Trabajo o esclavismo?”, se pregunta el informe. Una de las respuestas posibles se halla en el caso de El Salvador, donde las personas entrevistadas para el reporte apuntan remuneraciones –en los campos de caña- de 6 dólares por jornada laboral (8 euros diarios en Guatemala); y con periodos de trabajo discontinuos durante el año. Y ello, pese a que la caña es el segundo producto en generación de divisas en El Salvador.

Otro apartado de la investigación está dedicado a la violencia, la criminalización y las “comunidades en riesgo” por la lucha contra el monocultivo azucarero. ¿En qué contexto? Colombia y Guatemala destacan entre los países con más defensores del territorio y líderes comunitarios asesinados; un centenar entre enero y mayo de 2020 en Colombia, según Indepaz. El último Jorge Enrique Oramas, campesino y luchador contra la minería de 70 años, asesinado en Cali el 16 de mayo de 2020.

Fuente de la información e imagen: https://rebelion.org/

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