Por: Emma Zafón y GessamiForner
Catalunya no cubre la demanda existente de plazas en la red pública en el periodo de preinscripción para el curso 2022/23.
Ni para el inicio de la escolarización infantil, que arranca en el curso P3, ni para la educación secundaria, Catalunya ofrece suficientes plazas de educación pública, a pesar de la demanda existente y la obligación legal de atenderla, como exige el artículo 109 de la Lomloe. El modelo educativo que se reproduce en cada gran ciudad catalana, y que alcanza la cúspide en el área metropolitana de Barcelona, provoca que miles de familias atraviesen el periodo actual de preinscripciones como una angustiosa gincana. El motivo principal es la endémica falta de plazas en los centros de enseñanza públicos, una realidad que se ha perpetuado desde los inicios de la masiva escolarización de la clase trabajadora y que lleva décadas supliéndose con los remiendos de la educación privada y concertada, que ofrece muchas más plazas de las necesarias.
Según los datos de la Affac, la federación de ampas de Catalunya, a pesar de la demanda de las familias, Educación ha eliminado para el próximo curso el 11% de las plazas públicas de P3 (5.322) y el 1% de la ESO (385), pasando de 49.244 a 43.922 y de 53.250 a 52.865, respectivamente y en comparación con el curso 2021/22. Sin embargo, en la red privada, solo ha eliminado el 11% de las plazas ofertadas en P3 (2.587), pasando de 23.421 a 20.834, a pesar de que hay una evidente sobreoferta (el 35% del alumnado cursa en la red concertada), e incluso ha incrementado ligeramente (10 plazas) las ofrecidas en secundaria, de 6.767 a 6.777. El grueso de plazas de institutos privado concertados no se oferta en el periodo de preinscripción, dado que ya están ocupadas por el alumnado de primaria de esta red.
En Barcelona, la Plataforma Proeducació Pública i de Proximitat ha denunciado que en la oferta inicial en el proceso de preinscripción para el próximo curso, el Consorci d’Educació de la ciudad ofreció 5.761 plazas públicas, mientras que se han solicitado 5.977. Un total de 216 niñas y niños se han quedado sin plaza pública. Mientras que los centros privado concertados han ofrecido 6.253 plazas y solo han recibido 4.775 solicitudes de ingreso. Sobran 1.478 plazas. A pesar de que no serán ocupadas, recibirán financiación pública.
La Administración argumentó la eliminación de plazas como “una bajada de ratio” en la educación pública, de 23 a 20 alumnos por aula, aseguró el consejero Josep Gonzàlez-Cambray. “No es una bajada de ratio, es un cierre de plazas públicas, porque si solo bajas la ratio y no aumentas los grupos de los centros, te limitas a ofrecer menos plazas en la red pública, y a empujar al alumnado a ir a la red privada concertada”, alerta Lidón Gasull, portavoz de Affac.
Esta situación ha tocado techo en Barcelona, ciudad que, “a nivel educativo, es una anomalía”, asegura Quim Serra, profesor de secundaria que formó parte del Consell Escolar del Distrito de Gràcia entre 2012 y 2015. “Este modelo nace de dos ramas diferentes: una se corresponde con los colegios impulsados por la Iglesia y, la otra, con la red de escuelas cooperativas surgidas en los 70. De esta última rama, hubo centros que se integraron en el sector público y centros que no lo hicieron”. De aquí, junto con los religiosos, surgió la reconversión a la concertada como complemento a la insuficiente oferta pública de las zonas más densamente pobladas. “Replantear este modelo encuentra ahora diferentes barreras: la primera sería ideológica, porque ha habido un consenso desde la Transición sobre que ambos sistemas, público y privado, deben complementarse; la segunda sería económica, puesto que construir nuevos centros es caro y, además, los costes laborales de la pública son mayores; y la tercera barrera es la urbanística, de escasa disponibilidad de suelo”.
Una vecina del barrio de Sant Andreu no consiguió que su hija entrase en la pública ni en infantil ni tampoco en primaria, cursa en un centro religioso investigado pedofilia y con un suicidio por bullying
La perversión del sistema
La concertada no ha dejado de representar un modelo segregacionista y, con frecuencia, religioso, pero no por ello ha encontrado dificultades para encontrar cobijo en los Gobiernos que se han sucedido en la Generalitat. El resultado es que, cada año, miles de alumnos se ven obligados a acceder a cualquiera de estos centros pese a la firme oposición de sus familias que, por militancia o por recursos económicos, prefieren la pública. Pero la perversión del sistema no acaba aquí: una vez aceptada la derrota en el acceso a primaria las familias asumen que es posible que sus hijos nunca pisen un centro público durante la enseñanza obligatoria, puesto que, al haber entrado en la concertada, carecerán de puntos en la preinscripción a secundaria.
El caso de la hija mayor de Alba Fernández Pous, en el barrio de Sant Andreu. No consiguieron que entrase en la pública ni en infantil ni tampoco en primaria. No consiguieron sacarla de la concertada y es más que probable que ahora, con 12 años, tampoco tenga una plaza pública de secundaria. Hay más en su historia: la escuela en la que la joven se ha visto obligada a cursar la primaria, pese a los esfuerzos de su madre de sacarla de allí, es la religiosa Pare Manyanet, un centro que lleva meses copando titulares por el suicidio de Kira, de 15 años, tras haber sufrido bullying, y por acusaciones de presuntos abusos sexuales.
Y aún hay más: el informático del centro denunció el pasado marzo de 2021, poco antes del suicidio de Kira, que había encontrado 39 gigas de material pedófilo en el ordenador de un cura de la congregación, caso que actualmente está en el juzgado de instrucción número 7 de Barcelona.
“Las docentes nos han tratado muy bien, pero el problema es el centro. Necesito sacar como sea a mi hija de allí”, explica Fernández Pous. A todo ello se añaden los motivos económicos: “No quiero seguir pagando las cuotas de la concertada ni el precio de todas las actividades que se llevan a cabo”.
De media, contando la cuota y el precio de excursiones y material, la cuota puede oscilar entre 400 y 500 euros al mes. “Es cierto que te garantizan una plaza pública donde sea —continúa Fernández Pous— pero eso en una ciudad como Barcelona es prácticamente imposible. Estoy separada, tengo otro hijo más pequeño y trabajo de lunes a viernes, ¿cómo lo hago para acompañar a mi hija si le dan una plaza en otro barrio, volver a casa y llevar al pequeño al colegio, luego ir yo al trabajo y por la tarde vuelta a empezar?”.
“Juegan con el miedo de la gente a que sus hijos se queden sin escolarizar para seguir fomentando la concertada”, critica David Gómez, del barrio de Gràcia
David Gómez, del barcelonés barrio de Gràcia, rellenó la preinscripción a infantil de su hija de tres años con las diez escuelas públicas más cercanas a su domicilio. “Solo hemos marcado las públicas porque nos oponemos al modelo de la concertada, pero hay mucha gente que teme quedarse sin plaza y acaba pidiendo preinscripción para algún centro que no es público, por si acaso. Juegan con el miedo de la gente a que sus hijos se queden sin escolarizar para seguir fomentando la concertada”, critica. De acuerdo con la Plataforma Proeducació Pública, en el Distrito de Gràcia hay un déficit de 74 plazas para este año. En l’Eixample, esta cifra es de 212, en el Distrito de Sant Martí es de 176, y en Horta-Guinardó sería de 119.
Esta entidad fue creada en 2018 y se reactiva cada año por estas fechas ante el gran número de familias que ven peligrar su acceso a la pública. Anna Sánchez, con una hija en edad de entrar en infantil, es una de las integrantes y, además de la falta de oferta, critica la escasa transparencia del proceso de preinscripción. El resumen sería que las familias introducen su elección, que hay algunas que tienen más puntos que otras (hermanos mayores en el colegio escogido o familias monoparentales, por ejemplo) y ya luego todo funciona alea iacta est.
Anna Sánchez critica la escasa transparencia del proceso de preinscripción, además de la falta de oferta
Las plazas disponibles se sortean en base a un número de desempate que se atribuye a los alumnos en liza “y tienes que confiar que todo lo que se sucede a puerta cerrada es limpio y transparente”, se queja Sánchez. Cuando no llegas a acceder a la primera opción, el proceso que se sigue tampoco es del agrado de la mayoría de padres: “Si te quedas sin el colegio que habías marcado en el número 1, te pueden pasar dos cosas: que te contacten para decirte que no has entrado en ninguna opción y que tienes que ampliar la preinscripción, o que no te contacten, cosa que significa que has entrado en alguna de las opciones. Pero tardan bastante en confirmarte cuál”.
Si te han admitido, tardan 13 días en confirmarte en qué centro has obtenido plaza. El proceso de preinscripción tuvo lugar en abril; el pasado viernes 27 de mayo las familias que obtuvieron plaza recibieron un mail, el 10 de junio recibirán otro con el nombre del centro adjudicado. La Affac insiste durante el periodo de preinscripción en que no hay que incluir en ninguna de las diez opciones un centro de la red privada concertada, porque si Educación no les adjudica plaza alguna, en el periodo de reclamaciones estará obligada a incluir al menor en un centro de proximidad de la red pública, al ser esta laica —la sobreoferta en los centros religiosos es abundante—.
“Desde que la etapa secundaria empezó a los 12 años, muchas familias optaron por los institutos-escuela de la red privada, pero este fenómeno está cambiando y cada vez hay más familias que quieren continuar en el sistema público”, Lidón Gasull (Affac)
Institutos-escuela
La portavoz de la federación de familias de alumnos y alumnas, Affac, Lidón Gasull, explica que “tradicionalmente las familias han optado más por institutos privado concertados que por públicos desde que la etapa de secundaria empezó a los 12 años, para poderlos llevar a institutos-escuela”. La Logse impulsó la enseñanza privada secundaria para que los críos de entre 12 y 14 años no estén en contacto con más mayores en una época en la que las familias consideran delicada.
En el Barcelonés, demarcación que aglutina Barcelona, Santa Coloma, Hospitalet, Badalona y Sant Adrià y que es, por tanto, la comarca más poblada de Catalunya, la cifra de niños escolarizados durante el curso escolar 2019/2020 (las últimas disponibles en el Idescat, el Instituto de Estadística de Catalunya), se repartía casi a partes iguales entre los 60.150 de la pública y los 60.219 de la privada/concertada. Esta especie de equilibrio se descuadra por completo en secundaria y postobligatoria, cuando frente a los 89.957 matriculados en la privada o concertada, en la pública hay 70.820.
“Pero este fenómeno está cambiando, más familias quieren continuar en el sistema público”, advierte Lidón Gasull. Un cambio que sigue sin escuchar el Departament de Educació, que sigue beneficiando a la educación privada, manteniendo sus plazas y y forzando a las familias a acabar en esa red ante la ausencia de plazas públicas.
La reducción de plazas públicas ha tenido lugar en toda Catalunya y, en particular en Barcelona, bajando la ratio a 20 alumnos por clase. Gasull indica que ante la avalancha de preinscripciones, Educación la ha tenido que volver a aumentar a 23. A lo largo de ese proceso opaco de adjudicación de centros, el Departament juega con los dos procedimientos diferenciados de admisión que permite el nuevo decreto: por un lado, el alumnado con necesidades específicas, por otro, el ordinario. Mientras antes el alumnado con necesidades específicas acudía masivamente a la red pública, ahora la Administración lo redistribuye por la concertada para aumentar las plazas de la pública.
“Ahora que hemos conseguido poner a la educación pública en el lugar que debe estar, porque da mejor respuesta al alumnado, la Administración decide enviar a niños con alguna necesidad a la privada concertada, pagando la Administración pública”, alerta Gasull.
La última ley educativa, la Lomloe, entró en vigor el 29 de diciembre de 2020. Su artículo 109, referente a la programación en la red de centros, indica que “en la programación de la oferta de plazas, las Administraciones educativas armonizarán las exigencias derivadas de la obligación que tienen los poderes públicos de garantizar el derecho de todos a la educación, mediante una oferta suficiente de plazas públicas, en condiciones de igualdad y los derechos individuales de alumnos y alumnas, padres, madres y tutores legales”.
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