Guatemala / 18 de noviembre de 2018 / Autor: Mateo Colussi / Fuente: Aporrea
En Guatemala, la educación superior sigue siendo un lujo. Un escaso 3% de la población tiene acceso a la universidad. El porcentaje de graduados universitarios comparado con otros países, con Cuba por ejemplo, es ínfimo. Seguimos siendo una sociedad analfabeta (más de 20% de analfabetismo abierto). Y en la universidad –obligado es decirlo– el texto básico es Wikipedia. ¿Cuántos libros por mes leíste este año?
La universidad pública, la San Carlos de Guatemala, tiene una historia heroica, legendaria. Fue una de las primeras en el continente, fundada en 1676. Para ese entonces, en los primeros años de la Conquista española, Latinoamérica tenía varias universidades. En 1636, cuando apenas nacía la de Harvard en Estados Unidos, ya había trece universidades en la región latinoamericana. Pero en todos los casos se seguía el modelo medieval traído de Europa, asociado siempre con los poderes de la realeza y de la Iglesia católica.
Con los años, ese modelo fue cambiando, aunque persisten reminiscencias (las graduaciones, por ejemplo, con toda su parafernalia quasi medieval). Hoy, con el triunfo omnímodo del neoliberalismo, la universidad está al total servicio del mercado, enfatizando la noción de «universidad empresarial», donde lo que cuenta es la óptima relación costo-beneficio concebida solo desde el lucro privado. Lo comunitario no cuenta. Actualmente, dado ese paradigma, fue debilitándose o esfumándose la idea de desarrollo social, de extensión y servicio a la comunidad. De ese modo se termina olvidando el Artículo 82 de la Constitución, que establece que la universidad pública «cooperará al estudio y solución de los problemas nacionales».
A principios del siglo XX, en toda Latinoamérica tienen lugar procesos de autocrítica y explosión renovadora en el seno de las universidades. Surgidas en la de Córdoba, Argentina, en 1918, las protestas estudiantiles denunciaban la permanencia de estructuras clasistas y oligarcas en instituciones que no respondían a los procesos de modernización social que vivía el país por aquel entonces, con casas de altos estudios aún organizadas según criterios semi-medievales arrastrados durante toda la Colonia, sentando así las bases para una ola de reformas universitarias y crítica social que en las primeras décadas del siglo va a barrer toda la región. En Guatemala, la reforma universitaria llega en 1944. Las banderas fundamentales levantadas por estos movimientos eran la autonomía universitaria y la cogestión, elementos que se consideraron principios necesarios para convertir a las universidades en motores eficientes de la democratización social y cultural, y por tanto del desarrollo nacional.
Con su autonomía, la USAC se convirtió en un centro de denuncias, semillero de luchas políticas y protestas contra el orden social imperante. Por décadas fue un referente en la vanguardia intelectual, pasando a ser centro de pensamiento crítico, lugar donde se inspiraron numerosas propuestas de transformación revolucionaria. Pero todo eso ha cambiado en estas últimas décadas, a partir de una represión monstruosa que costó vidas y exilios, degradando deliberadamente a la Tricentenaria en su nivel académico. Cambiado, claro está, a favor del gran capital y no en provecho de las mayorías populares.
Hoy día es imprescindible profundizar la autonomía universitaria; ante la ola neoliberal y privatista que nos maniata, y que sigue golpeando a la educación superior pública. Ante ello es imprescindible mantener la autonomía de la universidad, para seguir fieles al precepto constitucional de ser un ente al servicio del pueblo, dado que el pueblo mismo es quien la financia con sus impuestos.
Pero el gobierno central no parece pensar lo mismo. Seguramente escuchando las recomendaciones dadas al oído por la derecha («Les damos el 5% constitucional si limpian la U de zurdos», dicen que le dijeron al Rector en el Congreso), hoy día está en abierta confrontación con la Carolingia. La decisión del Consejo Superior Universitario de la San Carlos de haber decretado non grato al presidente Jimmy Morales y al vice Jafeth Cabrera por su poca transparencia en la lucha contra la corrupción, trajo como consecuencia esta «pasada de factura»: para el año 2019 los Padres de la Patria (¿?) recortan el presupuesto de la universidad, en beneficio del ejército. Así las cosas…. ¡ni a Wikipedia llegaremos!
Pakistán / 18 de noviembre de 2018 / Autor: Redacción / Fuente: HRW
Los obstáculos incluyen la falta de inversión, tasas altas y discriminación
El gobierno de Pakistán no está brindando educación a una gran proporción de las niñas del país, dijo Human Rights Watch en un informe publicado hoy.
El informe de 111 páginas “‘Shall I Feed My Daughter, or Educate Her?’: Barriers to Girls’ Education in Pakistan” (“‘¿Debería alimentar a mi hija o educarla?’: Barreras a la educación de las niñas en Pakistán”) concluye que muchas niñas simplemente no tienen acceso a la educación, debido a distintas razones como la escasez de escuelas públicas, especialmente para niñas. Casi 22,5 millones de niños de Pakistán, un país con una población de poco más de 200 millones de habitantes, no asisten a la escuela, la mayoría niñas. El 32 por ciento de las niñas en edad escolar primaria no están escolarizadas en Pakistán, en comparación con el 21 por ciento de los niños. En noveno grado, sólo el 13 por ciento de las niñas todavía asisten a la escuela.
“El hecho de que el gobierno de Pakistán no esté proporcionando educación a los menores está teniendo un impacto devastador en millones de niñas”, dijo Liesl Gerntholtz, directora de derechos de la mujer de Human Rights Watch. “Muchas de las niñas a las que entrevistamos están desesperadas por estudiar, sin embargo están creciendo sin la educación que les ayudaría a tener opciones para su futuro”.
Human Rights Watch entrevistó a 209 personas para el informe, la mayoría de ellas niñas que nunca asistieron a la escuela o que no pudieron completar su educación, y a sus familias, en las cuatro provincias de Pakistán: Beluchistán, Khyber Pakhtunkhwa, Punjab y Sindh. Human Rights Watch también entrevistó a padres, educadores, expertos y activistas, y visitó varias escuelas.
Entre los factores que impiden que las niñas vayan a la escuela, Human Rights Watch descubrió los siguientes: la falta de inversión del gobierno en las escuelas, la escasez de escuelas, los precios prohibitivos de las matrículas y los costos relacionados, el castigo corporal y el hecho de que no obligar a implementar la educación obligatoria. Human Rights Watch también detectó problemas de calidad tanto en las escuelas públicas como privadas de bajo costo, así como una falta de regulación gubernamental de las escuelas privadas y altos niveles de corrupción.
Además de estos factores dentro del sistema educativo, las niñas también se ven excluidas de la educación debido a factores externos que incluyen el trabajo infantil, la discriminación de género, el matrimonio infantil, el acoso sexual, la inseguridad y los ataques contra la educación.
El gobierno de Pakistán ha invertido consistentemente mucho menos en educación de lo que recomiendan los estándares internacionales. En 2017, Pakistán estaba dedicando menos del 2,8 por ciento de su Producto Interno Bruto en educación, muy por debajo del cuatro a seis por ciento recomendado, lo que deja al sistema educativo del gobierno con una financiación muy limitada. Las escuelas públicas son tan escasas que incluso en las principales ciudades de Pakistán, muchos niños no pueden llegar a una escuela a pie de manera segura en un tiempo razonable. La situación es mucho peor en las zonas rurales. Y hay muchas más escuelas para niños que para niñas.
Aisha, una madre de unos 30 años, vive con su esposo y sus seis hijos en un área de Peshawar donde la escuela pública para niños más cercana, que ofrece desde guardería hasta décimo grado, está a menos de cinco minutos a pie. La escuela pública para niñas más cercana está a 30 minutos caminando y sólo llega hasta quinto grado. La hija de Aisha dejó de ir a la escuela a los nueve años debido a la preocupación de sus padres por su seguridad a la hora de caminar a la escuela.
“Incluso los padres que no tienen educación propia entienden que el futuro de sus hijas depende de que vayan a la escuela, pero el gobierno está abandonando a estas familias”, señaló Gerntholtz. “El futuro de Pakistán depende de la educación de sus menores, incluidas las niñas”.
Existe un “cuello de botella ascendente” a medida que los niños, especialmente las niñas, se hacen mayores. Las escuelas secundarias son más escasas que las escuelas primarias, y las universidades tienen incluso menos capacidad, especialmente para estudiantes femeninas. Muchas niñas que completan el nivel superior en una escuela no tienen acceso a una escuela donde podrían pasar al siguiente nivel. A falta de un sistema adecuado de escuelas públicas, ha habido un crecimiento masivo en el número de escuelas privadas, muchas de ellas de bajo costo. Pero las familias pobres a menudo no pueden pagar las tasas de matrícula y el fracaso casi total del gobierno para regular y supervisar estas escuelas significa que muchas son de baja calidad.
El manifiesto del partido político del nuevo primer ministro Imran Khan promete importantes reformas al sistema educativo, incluso para la educación de las niñas. “Daremos prioridad al establecimiento y la mejora de las escuelas para niñas y proporcionaremos una ayuda económica a las niñas y mujeres para que continúen su educación”, dice el manifiesto. Además, se compromete a “implementar la agenda educativa más ambiciosa de la historia de Pakistán, que abarca la reforma de la educación primaria, secundaria, terciaria, profesional y especial”.
“El gobierno reconoce que la reforma educativa es desesperadamente necesaria y promete convertirla en una prioridad, especialmente para las niñas, lo cual es un paso positivo”, dijo Gerntholtz. “Esperamos que nuestros hallazgos ayuden al gobierno a diagnosticar los problemas e identificar soluciones para darles a todas las niñas paquistaníes un futuro brillante”.
Estudiantes de la escuela secundaria estatal Behar Colony para niñas durante sus ejercicios matinales. La escuela está ubicada en el barrio de Lyari, en Karachi, Pakistán.
Selección de testimonios de personas entrevistadas
Falta de inversión y escasez de escuelas públicas
“Les podría llevar si hubiese una escuela pública”
—Akifah, 28 años, madre de tres hijos de 10, 8 y 7 años. La familia se mudó desde una aldea cerca de Multan a Karachi hacía tres años, en busca de trabajo. No tuvieran otra opción que asentarse en un área donde sólo había escuelas privadas que la familia no podía permitirse y no había escuelas públicas al alcance.
“Mis padres dijeron ‘si te interesa lo suficiente puedes ir caminando’. Quien quisiese ir, iba. A mí me parecía demasiado lejos. El camino era solitario y aislado y ha habido casos de dos o tres secuestros en esa áreas (…) Pero entonces me di cuenta de que necesitaba estudiar así que convencí a mis padres y me hice amigos para poder ir juntos caminando a la escuela”.
—Asifa, 20 años, en Punjab, no fue a la escuela hasta los 9 o 10 años porque tenía que caminar 45 minutos desde su casa. La escuela sólo iba hasta octavo grado así que después de terminar se fue a vivir con su hermana en la ciudad donde podía cursar noveno y décimo grado.
“El Estado nunca se ha tomado en serio la educación; nunca se le ha adjudicado recursos adecuados en ningún estado. El problema son las prioridades del gobierno: la educación no es una prioridad y no le dedican el presupuesto necesario”.
—Director de una organización no gubernamental dedicada a los derechos de las mujeres, en Punjab.
“[T]odas las madres quieren que sus hijos reciban una educación, pero no hay un sistema público que proporcione los servicios”.
—Directora de una organización comunitaria, en Karachi.
Discriminación de género en la provisión gubernamental de escuelas
“Si hay 10 escuelas para niños, sólo hay 5 para niñas”.
—Un experto en educación de Pakhtunkhwa.
Pobreza y costo de la educación
“El gobierno no ayuda a los pobres. No podemos educar a nuestros hijos, no tenemos ni para comer nosotros mismos”.
—Rukhsana, 30 años, madre de tres niños sin escolarizar cuyo marido apenas puede trabajar debido a una enfermedad. La familia no puede pagar la matrícula escolar y demás costos relacionados, en Karachi.
“La escuela puede ser gratuita pero siempre hay necesidad de dinero para alguna cosa u otra. Copias, libretas, cada día hay un gasto nuevo. Sólo una mochila escolar ya cuesta 500 rupias [US$4,76]…. Cada día, cada día hay algo.
—Zarifah, una madre de cinco hijos sin escolarizar, en Beluchistán.
“Quería que mis hijas recibiesen una educación pero no pude ofrecérsela porque somos pobres. El salario de mi marido es de 12.000 rupias [US$114] al mes. A final de mes, siempre nos quedamos sin [dinero] y nos preguntamos qué hacer – ya no queda nada. Quiero una escuela para niñas de familias pobres.
—Halima, 38 años, en Karachi, madre de cinco hijas de 13 a 19 años. Ninguna ha estudiado durante más de uno o dos años. Su marido trabaja en una fábrica de chicles.
Cuestiones de calidad y corrupción
“Muchas veces el maestro llegaba tarde o ni siquiera se presentaba. Nos quedábamos allí sentados y luego nos íbamos a casa”.
—Hakimah, 17 años, en Karachi, describe su escuela primaria.
“Desde hace cinco años, todo el mundo tiene que pagar [para obtener un puesto docente en una escuela pública]. Vale la pena aunque sea sólo por el salario: es una inversión. Esto tiene un impacto sobre la calidad de la enseñanza: no hay enseñanza”.
—Director de una organización comunitaria, en Karachi.
“[Los inspectores] venían una o dos veces al año, sin avisar. Se quedaban más o menos media hora. Quieren te y que los entretengas. Tienes que complacerlos o dirán que tu escuela no es buena. Una vez hice esperar al inspector y se enfadó y se marcho y dijo: “Redactaré un informe negativo”. Mi colega fue a su casa y le dio 25.000 rupias [US$239] y nos dio un informe favorable”.
—Directora de una escuela privada describe la supervisión gubernamental de la escuela en Punjab.
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Uruguay / 11 de noviembre de 2018 / Autor: Eco. Claudio Rama, Dr. ED, Dr. DER / Fuente: República
Los países han establecido mecanismos selectivos de acceso a la educación superior en base al merito, acompañados desde los años 70 por políticas proactivas compensatorias, asociadas a la “justicia con equidad”. Uruguay a diferencia ha permitido el acceso a todos a la educación superior pública sin ningún mecanismo de selección: ni aranceles, ni exámenes evaluativos, ni cupos limitantes, ni mínimos de aprobación de créditos o tiempo de estudio.
Ello derivó en alta cobertura, pero a la vez bajos niveles de aprendizaje, alta deserción estudiantil y altos costos por titulado. Este sistema de acceso libre, sin control incluso de asistencia, refuerza su tendencia estructural a la baja calidad ante la ausencia de mecanismos externos de aseguramiento de la calidad. Sin embargo, parecería estarse modificando –en parte al menos- hacia un sistema selectivo de cupos con acceso por azar, aún más trágico para el país.
En algunas carreras se han establecido cupos, pero que se distribuyen por azar y no por méritos. Se sostiene ahora que por limitaciones de espacio y de calidad, el azar es el mecanismo más democrático para seleccionar el acceso. Es un enfoque de igualitarismo de la suerte, frente a lo que llaman la desigualdad de los méritos como mecanismo de selección. El mérito es visto como herencia de clases y de los padres, y se proclama al azar como un acto democrático, y eje en la construcción de una sociedad de iguales.
Veamos los casos. El ingreso actual en la UDELAR en el área de salud a la Escuela Universitaria de Tecnología Médica (EUTM), en el Instituto Superior de Educación Física (ISEF) y en la Escuela de Diseño de la Facultad de Arquitectura (total casi 25 carreras), se realiza mediante sorteo de cupos predefinidos. Es un acceso por azar y donde los que se prepararon más tienen las mismas chances que los que no se han esforzado ellos o sus familias. Ello va a contramano de la Declaración de los Derechos Humanos que firmó Uruguay que dice que “el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos”.
En el Instituto Superior de Educación Física que antes realizaba pruebas prácticas y teóricas para seleccionar a los mejores, desde el 2013, cambio la política de acceso y decidió sustituir la prueba teórica de múltiple opción por el sorteo y mantener la prueba práctica, y desde el 2014 eliminó la instancia práctica, y el azar es la única barrera para acceder tanto en Montevideo como en el interior. Igualmente tiene cupos para el sorteo por departamento y para extranjeros. Se ha llegado a sostener que “no había ningún motivo que pudiera justificar el hecho de seleccionar.
Ni a nivel práctico ni a nivel teórico porque la selección se hace únicamente por la existencia de cupos”. También se planteó que es una cuestión de clase social ya que habían clubes privados que entrenaban a los aspirantes a ingresar al ISEF y que la gente que podía pagar y que había tenido, en su etapa de estudiante escolar, acceso a piscinas iba a tener mayor posibilidad que aquellos que no. Se argumenta que el sorteo es el mecanismo más democrático de selección ante las limitaciones de recursos y la alta demanda de acceso, y que liberar el ingreso a todos implicaría que los estudios tuvieran menor calidad académica.
En el caso de la Escuela Universitaria de Tecnología Médica (EUTM), la selección por azar es a sus 18 carreras del área de tecnología médica en las 3 sedes y no importan los méritos. El sorteo es ordenado y centralizado, y se realiza por Internet con presencia de un escribano público, como parte de una política explícita del Consejo Directivo Central (CDC) de la UDELAR, bajo el actual Rector Markarian. Existe una página web para inscribirse en esos sorteos. https://preinscripciones.udelar.edu.uy/
La Declaración de los Derechos Humanos, que firmó Uruguay, establece una concepción por la cual el mérito es el criterio central para determinar el ingreso a la universidad en condiciones selectivas y que reconoce los esfuerzos de las personas. Ello además se asocia a quienes posteriormente tienen una mayor eficiencia de titulación. Igualmente, también el mérito, por su mayor correlación a los graduados, se conforma con la mejor asignación de los impuestos de las personas, dadas las externalidades positivas para todos de los egresados.
En este cambio “anti- meritocrático” si el mecanismo de acceso estudiantil se constituye en el azar (para quienes han cumplido el mínimo de ser bachiller), también cabría que la selección de los profesores debería ser por azar entre aquellos que cumplan los mínimos niveles. El máximo y la calidad dejan ser el mecanismo de selección social y del rol educativo, para pasarse a igualar por abajo, donde el azar se conforma como el mecanismo más idóneo.
El rechazo al mérito, para algunos se apoya en que crea desigualdades en tanto pone a la competencia y el éxito individual en el centro de los vínculos entre los seres humanos, e instaura una estructura de sectores privilegiados asociado a la educación y a las competencias y habilidades del conocimiento. El azar sería una forma de anular el mérito previo, aunque éste no elimina la desigualdad que crea la propia educación.
Sin embargo, cuando uno analiza las carreras donde no hay selección y hay además gratuidad, los pobres no ingresan a la educación superior. Con la selectividad es posible asignar mejor las becas a los que no tienen ingresos, reducir la deserción y tener mejor calidad. Con el azar no.
Tienen tanta posibilidad de ingresar los mejores como los peores. Es la justicia social del azar contra el esfuerzo. Al final el azar del sorteo es casi igual que el azar de la cuna, ya que no depende de los esfuerzos personales. Es claro que una sociedad justa debe buscar compensar las desigualdades, pero no será justa una sociedad sino recompensa los esfuerzos.
Aquellas desigualdades de las que las personas no son responsables son inmerecidas e injustas, mientras que las que derivan de la responsabilidad individual y el esfuerzo si son merecidas y justas. La sociedad uruguaya estableció la gratuidad en el acceso a la educación superior pero al mismo tiempo reconocía el principio del mérito. Hoy lo está abandonando. Es la misma filosofía del cambio de los abanderados. Pero peor aún, para la educación superior.
OVE / 11 de noviembre de 2018 / Autor: Editores OVE
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00:00:00 – España: ¿Cómo se evalúa a los profesores en otros países?
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Al comienzo del año escolar, mientras la mayoría de los estudiantes de primaria charlaban y comían pasta caliente en la cafetería, casi una decena de niños inmigrantes destapaban emparedados en tres mesas de un salón de clases que estaba desocupado y tenía persianas púrpuras horizontales, muebles monótonos de oficina y un letrero que decía “Estudiantes que traen su almuerzo de casa”.
“Quería regresar a la cafetería”, dijo Khadiga Comaa, una niña egipcia de 10 años.
Khadiga y los demás no pertenecían a un grupo de estudiantes con mal comportamiento. Los habían segregado del resto de los alumnos en la escuela Archinti de Lodi porque habían perdido su subsidio diario para el almuerzo.
Eso se debía a que no lograron cumplir con un nuevo requisito (algunos críticos lo califican de punitivo) que introdujo la alcaldesa de la ciudad, una integrante de la Liga, el partido gobernante y de postura antiinmigrante.
Además de la documentación habitual necesaria para los subsidios del autobús y el almuerzo, la alcaldesa ahora exige que los extranjeros demuestren que no tienen propiedades, cuentas en el banco ni otras fuentes de ingresos en sus países de origen.
La habitación en la que comen los niños que llevaron sus propios almuerzos en la escuela Archinti en LodiCreditNadia Shira Cohen para The New York Times
Sin esas pruebas, los niños no pueden obtener el subsidio del almuerzo y en cambio tienen que pagar 5 euros al día, una cantidad que muchos padres dicen que no pueden costear. Sin embargo, en las escuelas de Lodi, como en gran parte de Italia, los niños no pueden traer comida del exterior a la cafetería.
Eso implicó que los estudiantes que no habían pagado ni recibido subsidios tenían que ir a casa a almorzar. Para evitarles esa carga a los padres, el director de la escuela permitió que los niños trajeran emparedados de casa y los comieran en un salón aparte.
Los informes de segregación en Lodi —y la violación del ritual sagrado italiano de almorzar juntos— tocaron una fibra sensible en Italia.
Después de la indignación nacional, los italianos recaudaron 80.000 euros para pagar los almuerzos y los autobuses escolares hasta diciembre de casi doscientos niños inmigrantes, muchos de ellos nacidos y criados en Italia. Además, muchos dijeron que el esfuerzo era una primera señal de resistencia a la Liga y a Matteo Salvini, su líder nacional y el poderoso vicepresidente de Italia, quien ha impuesto medidas estrictas respecto a la inmigración, ha endurecido la oposición a la ciudadanía por derecho de nacimiento y ha hablado despectivamente sobre los migrantes.
No obstante, aquí en Lodi, una ciudad en el fértil valle del río Po, con una hermosa plaza cubierta de piedras de río adoquinadas y adornada con una catedral medieval y fachadas neoclásicas, muchos lugareños adoptaron otra postura.
Residentes de Lodi observan mientras familias protestan por las nuevas reglas para obtener subsidios para los almuerzos.CreditNadia Shira Cohen para The New York Times
El 16 de octubre por la mañana, mientras el comité que había recaudado dinero para los niños sostenía un mitin en una pequeña plaza justo debajo de las oficinas de la alcaldía, Adriana Bonvicini, de 60 años, compraba gladiolas en la florería de la plaza.
“Están aprovechándose de los sentimientos de la gente y los niños para obtener lo que quieren”, dijo, señalando la plaza, llena de mujeres con hiyabs y vestidos africanos.
“Están intentado que parezcamos descorazonados”, continuó. “Ellos son los crueles. Es una cuestión de justicia. Cada familia tiene cinco hijos y quieren todo gratis. Recuerden lo que dijo Erdogan”.
Esa era una referencia a Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, quien ha animado a la gente turca que vive en Europa a que “no solo tenga tres sino cinco hijos”. Lo citó inexactamente: “Invadiremos Europa a través de los vientres de nuestras mujeres”.
Las mujeres que rodeaban a Bonvicini estuvieron de acuerdo.
Argumentaron que no era tan difícil que los extranjeros obtuvieran pruebas de sus embajadas y que se aprovechaban de la generosidad de la ciudad para después quejarse.
La mayoría de los estudiantes en la escuela Archinti son considerados como extranjeros a pesar de que muchos de ellos nacieron y han crecido en Italia.CreditNadia Shira Cohen para The New York Times
Para acabar pronto, pensaban como la gente que votó por la Liga en la ciudad y en todo el país.
“Déjenlos gobernar”, dijo Bonvicini, refiriéndose al gobierno.
Sin embargo, las madres que habitan en Lodi y vienen desde Túnez y Egipto dijeron que regresaron a casa para obtener los documentos pero que no existía ninguno. Una madre de Nigeria dijo que su esposo fue a la embajada en Roma y envió los documentos requeridos a la ciudad, pero aún no le habían respondido y tenía problemas para pagar el costo total del transporte de su hijo.
La alcaldesa Sara Casanova tenía el apoyo de Salvini (“¡¡¡TIENE RAZÓN!!!”, escribió él en Twitter). El 16 de octubre nadie podía encontrarla.
Rechazó una solicitud de entrevista de The New York Times, pero dijo a La Verità, un diario favorecido por el gobierno, que no les exigía la documentación a las personas provenientes de países destrozados por la guerra: “No somos racistas y aquí no hay ningún apartheid”.
El comité que organizó la protesta colgó letreros para demostrar su oposición a la política del almuerzo.CreditNadia Shira Cohen para The New York Times
Las regiones del norte controladas por la Liga también han exigido que los inmigrantes demuestren su estatus financiero a través del mismo requisito burocrático usado en Lodi cuando intentan obtener vivienda pública de bajo costo y subsidios para comprar libros de texto. La ciudad de Lodi, que alguna vez fuera un famoso campo de batalla para Napoleón, ahora para los manifestantes es un frente contra el racismo progresivo y el fascismo resurgente del gobierno.
“Lo siento por Italia si creen que esto es igualdad”, dijo Imen Mbarek, de 30 años, quien dijo que regresó a Túnez para obtener los documentos adecuados pero que simplemente no existían. Ahora está pagando el costo total del almuerzo para la escuela; el año pasado, dijo, pagó 1,65 euros al día.
Algunos habitantes de Lodi respaldan la acción de la alcaldesa para hacer más estrictas las reglas para los subsidios a los almuerzos.CreditNadia Shira Cohen para The New York Times
Eugenio Merli, el director de la escuela de Archinti —que lleva el nombre de Ettore Archinti, un exalcalde de Lodi que fue enviado por los fascistas a morir en un campo de concentración nazi —defendió su decisión de poner a los niños en un salón de clases aparte para comer.
Los niños separados están de regreso en la cafetería.CreditNadia Shira Cohen para The New York Times
“Comer en el salón de clases generaba un tipo de separación, pero era una manera para ayudar a los padres”, comentó. Además, agregó que se preocupaba de que, si obligaban a los niños a irse a casa para almorzar, quizá no regresarían.
Este mes, forzó a quienes atienden la cafetería a que dejaran entrar a los estudiantes, donde comieron sus emparedados en mesas aparte.
“Los niños tienen el derecho de estar con sus amigos, de que no los segreguen”, comentó. “No solo vienen a la escuela a estudiar. También están aprendiendo cómo vivir juntos”.
Afuera de la escuela, saludó a Khadiga Gomaa, quien se mostró de buen humor. Dijo que había comido su primer almuerzo caliente con sus amigos desde que comenzó el año escolar.
“Comí pasta penne, bacalao y ensalada”, dijo. “Estaba rico”.
Entrevista/07 Noviembre 2018/ Autor y Fuente: Semana Educación
Con Generación E, el país contará por otros cuatro años con un formato similar a Ser Pilo Paga, en el que se privilegia la excelencia como vía de acceso a la universidad. Por eso, Semana Educación conversó con Horacio Álvarez Marinelli, especialista en educación del Banco Interamericano de Desarrollo, quien evalúa los aciertos y desafíos del programa.
El 20 de octubre el presidente Duque dio a conocer Generación E, el programa para el acceso a la educación superior que reemplaza Ser Pilo Paga. Con él Duque planea fortalecer las universidades públicas y construir un país en el que sus estudiantes de bajos recursos económicos entren en equidad a la universidad.
El plan, en el que participarán el Ministerio de Educación, el Departamento de Planeación Nacional, el Icfes y el Icetex, constará de tres componentes: avance a la gratuidad (equidad), reconocimiento de los mejores bachilleres (excelencia) y fortalecimiento de las instituciones de educación superior públicas. Generación E contará con una inversión de 500.000 millones, los cuales serán divididos entre los tres componentes.
Es justamente el segundo componente el que guarda la esencia de Ser Pilo Paga: por medio de este programa se reconocerá a los bachilleres cuyos resultados en las pruebas Saber sobresalgan. Sin embargo, cuenta con algunas distancias del anterior programa: en vez de 40.000 estudiantes beneficiados, al finalizar el cuatrenio serán 16.000. Además, es una línea que esta vez contempla una estructura de corresponsabilidad para cuando los estudiantes elijan una universidad privada.
Como el formato de Ser Pilo Paga se mantiene de alguna forma, Horacio Álvarez, especialista en educación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), analiza los aciertos del programa y los aprendizajes de ese programa. Algunas fueron aplicadas en Generación E.
Semana Educación: ¿Cuál es su opinión sobre Ser Pilo Paga?
Horacio Álvarez: Ser Pilo Paga es una buena idea. Sin embargo, se implementó muy apresuradamente y no se recogieron, en su diseño, las lecciones aprendidas de otros programas de becas existentes en el país e internacionalmente.
S.E.:¿Qué lecciones se obviaron? ¿Qué no se tuvo en cuenta?
H. A.: Parte de lo que se pudo haber definido más favorablemente, en términos de financiamiento, es el copago de las universidades privadas o la reducción de la matrícula y las pensiones de estas a los estudiantes becados. Esta es una constante en programas de becas con financiamiento público. Por ejemplo, la Secretaría de Educación de Bogotá tiene un proyecto de becas para docentes en el que solo se paga el 75% del valor de la matrícula y pensiones.
S. E.: ¿Las universidades hacen descuento al sector público?
H. A.: Sí. Universidades privadas acreditadas, como el Externado y la Javeriana, hacen descuentos cuando paga el sector público. Esto porque la estructura de costos lo permite. Por ejemplo, agregar diez nuevos cupos a una cohorte de 100 estudiantes es sumamente rentable para una universidad. Si los 100 alumnos están en cuatro grupos de 25, y agregan dos más por grupo, no sufre la calidad, pero el ingreso por esos estudiantes adicionales es una ganancia para la universidad y el programa. Los costos fijos y variables (docentes, currículum, edificios, laboratorios, etcétera) están cubiertos con los 100 alumnos inscritos sin becas. Los ingresos por alumnos becados representan un monto adicional de las universidades.
S. E.: ¿Qué otro tema cree que se pudo tomar en cuenta?
H. A.: Desde la experiencia internacional, se pudieron estudiar los mecanismos para evitar la deserción y el cambio de carrera. En Estados Unidos, por ejemplo, algunos programas cuentan con un mecanismo institucional de apoyo a los estudiantes que ingresan, tanto para seleccionar la carrera como para sentirse confiados con el camino que escojan. Cuentan además con sistemas dentro de los programas, tales como grupos de estudiantes, de pares, que los apoyan para “sobrevivir” la experiencia universitaria.
S. E.: Pero uno podría decir que el programa ha sido exitoso, ¿no? Pocos estudiantes desertan…
H. A.: No existen datos publicados y actualizados sobre la deserción del programa para todas las cohortes. Se prevé que sea importante en algunas carreras y universidades. Se habla siempre de un dato de 2% de deserción, pero este solo se circunscribe a la primera cohorte, en su primer año de universidad. No se sabe cómo ha sido su trayectoria el resto de años, o el dato respecto a las otras tres cohortes. Además, esta información no tiene en cuenta el cambio de carreras.
S. E.: ¿Por qué el cambio de carrera se vuelve un problema?
H. A.: El tema es que, por lo general, el cambio de carrera incrementa el número de semestres que debe estudiar un estudiante, dependiendo del momento del cambio. Aunque lo hagan en la misma universidad, habrán cursado clases que no serán convalidadas en una nueva carrera porque no pertenecen al currículo. Por ejemplo, si un pilo comenzó en Leyes y decide pasarse a Ingeniería luego de un año, no tendrá muchas clases que convalidar, lo que implica más costos para el programa. Si estos estudiantes no terminan en los ocho semestres previstos, ¿quién asume la diferencia y el costo de los semestres adicionales?
S. E.: Se habla mucho de que los beneficios exceden los costos del programa. ¿Esto es cierto?
H. A.: Sí y no. El programa tiene beneficios claros para los estudiantes y sus familias, las universidades participantes y la sociedad. El tema está en definir quién debe pagar por los beneficios obtenidos. Por ejemplo, si el pilo tiene un beneficio directo –por tener mayor movilidad social al ser parte de una universidad privada versus una pública–, el costo de este no debería ser pagado por la sociedad en su conjunto a través de los impuestos.
Recordemos que así se financia un programa como Ser Pilo Paga: con los impuestos de la población. En este caso, si hubiera un beneficio adicional, por ejemplo de ser un estudiante graduado de Economía del Rosario versus uno egresado de la misma carrera en la Nacional, el costo adicional debiera ser pagado por el alumno, en un futuro, cuando esté trabajando. Estos son los programas de pago contingente al ingreso, que la exministra Giha ya había propuesto y que tengo entendido estará dentro del programa de la ministra Angulo. Ahora bien, no estoy seguro de que los estudiantes pilos tengan mayores ingresos por estudiar en el sector privado versus el sector público por la calidad de la universidad.
Luego mencionan el beneficio que tiene para los alumnos de estratos altos la integración social en sus universidades. El costo de este beneficio lo deberían pagar las universidades y los estudiantes de ingresos altos, si consideran que es importante, con becas para alumnos de ingresos bajos. Es por ello que universidades como Harvard y Stanford tienen tantas becas para estudiantes de escasos recursos. Pero no debiera pagarlo el gobierno, aunque sea una buena política la de lograr mayor integración en nuestras sociedades tan desiguales.
Ahora bien, la mejor política de integración en la educación superior sería tener una universidad y una educación públicas de primerísimo nivel, a la que asistan todos los estratos sociales, tal como sucede en la mayor parte de países europeos.
S. E.: Algunos argumentan que la inversión en Ser Pilo Paga es relativamente baja en relación con el presupuesto total del sector. ¿Qué opina sobre eso?
H. A.: Como porcentaje del total del sector puede ser. Pero recordemos que la inversión es para atender 40.000 estudiantes, mientras el resto del sector está atendiendo a más de nueve millones de alumnos desde preescolar hasta la media, y unos 600.000 estudiantes de educación superior. Lo que sí es un hecho es que la inversión en Ser Pilo Paga, que cubre a esos 40.000 alumnos, equivale a las transferencias totales que realiza el gobierno nacional para la cobertura de 600.000 estudiantes que asisten a educación superior pública.
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