Por JOAN SUBIRATS
Debería preocupar que la falta de adaptación a los nuevos sistemas concentre el progreso en los sectores con más recursos
Son muchas las señales que indican que el sistema educativo, en su conjunto, no está siendo capaz de responder adecuadamente a las exigencias que está generando el cambio de época en el que estamos inmersos. Y ello es especialmente significativo dado el papel clave que el conocimiento juega en un nuevo escenario en el que muchas rutinas y formas de hacer van viéndose rápidamente arrinconadas. No es solo un problema de la enseñanza formal y obligatoria. Afecta a cualquier franja de edad y a cualquier espacio formativo. De la escuela infantil a la universidad pasando por la formación de adultos o continua. No hay que inventar la rueda. Se trata de aprovechar muchas prácticas y metodologías ya probadas y combinarlas con la imprescindible componente tecnológica que con tanta rapidez altera y transforma nuestras vidas.
Esa marea innovadora ha llegado al sistema educativo catalán. Bajo los auspicios de diversas instituciones como la Fundació Bofill, el Centre Unesco, la UOC o eduCaixa, se ha puesto en marcha Escola Nova 21. Las expectativas son importantes: “Generar un ecosistema educativo que dé respuestas a las necesidades del siglo XXI… creando un marco con las características educativas que debe tener una escuela avanzada”. La voluntad es contar con las escuelas que ya destacan por su capacidad de innovación y generar un sistema de aprendizaje cruzado y de acompañamiento que permita modificar de manera sustantiva los métodos y los contenidos del aprendizaje, situándolo en el nuevo escenario tecnológico. El documento de la Unesco, Repensar la educación, y sus precedentes (Informe Delors de 1996 y Faure de 1972) sirven de pauta.
Si algo ha quedado claro en estos años es que no todo el mundo quiere decir lo mismo cuando habla de innovación. Y también ha quedado claro, como siempre, que hay quienes ganan y hay quienes pierden en cada cambio generado. Desde una perspectiva crítica, se insiste en que dos parámetros a aplicar para diferenciar las distintas modalidades de innovación social que se propugnan (tanto desde la OCDE, el FMI o el Banco Mundial, como de movimientos sociales alternativos), son analizar el grado de impacto real que las propuestas de innovación generan en aspectos sustantivos relacionados con el bienestar ciudadano y sus condiciones de vida, así como examinar el cambio en las relaciones de poder pre-existentes. Las preguntas a hacerse son, por tanto, si las medidas innovadoras consiguen alterar de manera significativa temas clave hoy no resueltos en la enseñanza pública como son la equidad en el acceso a una educación creativa, que propicie la perspectiva crítica y la autonomía personal, y si eso lo hace cambiando los equilibrios de poder y de capacidad de decisión hoy existentes en el sistema de actores de la comunidad educativa. Nos debería por tanto preocupar, como bien dice el texto de la Unesco, que la falta de adaptación de los sistemas educativos acabe concentrando las dinámicas innovadoras en los sectores con más recursos y capacidades cognitivas y relacionales, incrementando así la desigualdad hoy ya significativa, como apunta el último informe del Síndic de Greuges.
Por otro lado, la perspectiva adoptada sigue estando básicamente centrada en la enseñanza, sin aspirar a modificar el conjunto del sistema educativo. No se trata de culpar a los promotores, sino de echar en falta perspectivas innovadoras similares en las universidades y en la formación de adultos, espacio este último que sigue estando dramáticamente desatendido. Es importante aprovechar la creciente preocupación por los desajustes entre prácticas tradicionales y entorno en transformación para replantear el papel de la educación. En el Informe de la Unesco se apunta a la necesidad de superar la división entre educación formal e informal, cuando los espacios formativos y de experimentación se multiplican y permiten experiencias educativas en procesos de “aprendizaje de servicio”, prácticas laborales o procesos de movilización social.
Pero también apunta ese informe a la necesidad de considerar la educación como un bien común. Como un derecho humano fundamental, garantizado por los poderes públicos, con la corresponsabilidad de cada comunidad, que asume así colectivamente la importancia del acceso de todos y la mejor provisión de ese bien común. El informe concluye: “El hecho de considerar la educación y el conocimiento como bienes comunes mundiales podría reconciliar el propósito y la organización del aprendizaje como una empresa social colectiva en un mundo cambiante”.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/12/03/catalunya/1480788069_988119.html
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