Derecho a la Educación

Un informe de la Unesco revela que más del 60% de venezolanos en edad escolar no está matriculado en Perú, el país con más solicitudes de refugio de venezolanos en el mundo, cuyo Gobierno impulsó una política migratoria que facilitó el ingreso en 2017 y 2018, pero que endureció el año pasado, al imponer una visa para personas de esa nacionalidad. Tomando como cifras de 2018, el estudio Derecho a la educación bajo presión, de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de Unesco, muestra que de los venezolanos que han conseguido ingresar, el 68% manifestó como su mayor preocupación alimentación, mientras que el acceso a la educación aparece en décimo lugar.

Un 74% de los niños de la diáspora venezolana en el país andino no asiste a educación inicial, un 54% no va a primaria y un 60% no está matriculado en secundaria. Unesco señala que aunque en Lima antes de la pandemia había 339 colegios habilitados para recibir a migrantes, el Ministerio de Educación calcula que, en la capital, 37.400 venezolanos no están cubiertos por el sistema educativo.

Sin embargo, el acceso a la educación superior es mucho más complicado. Mariana termina la secundaria este mes en Lima y su madre, una migrante venezolana con empleo formal, le ha hecho notar que el dinero no alcanza para inscribirla en una academia preuniversitaria. La adolescente no sabe aún dónde buscar una opción gratis en los próximos meses para estudiar. Ella se encuentra entre el 99% de los migrantes venezolanos de 17 a 25 años que en Perú no tienen acceso a la educación superior, un problema que se ha agravado durante la pandemia.

Según la plataforma de coordinación de migrantes y refugiados de Venezuela, hasta agosto había en Perú más de un millón de venezolanos, y 394.195 peticiones de refugio de personas de esa nacionalidad. Una encuesta de OIM, Unicef y Unesco refiere que el 63% de los venezolanos consultados en un control migratorio de la frontera norte de Perú no fue admitido. Unesco indica que una parte de ellos intenta entrar de manera ilegal.

A mayo de 2020, cuando el desempleo empezó a aumentar debido al confinamiento y la pandemia del nuevo coronavirus, había 80.541 escolares venezolanos matriculados en Perú, el 88 % en colegios públicos y el 11 % en privados. El chef Rómulo Landaeta llegó a Lima con su esposa y dos hijos en 2017. “Antes de la pandemia trabajaba como mesero en un restaurante en Lima Norte, ganaba unos 340 dólares mensuales, sumando propinas; pero el establecimiento cerró. Tengo un hijo de 15 y una de cuatro años y tuve que retirar a mi hija de un colegio inicial privado”, comenta a EL PAÍS en una avenida, mientras vende tapabocas. Landaeta encontró como solución los contenidos del sistema Aprendo en casa y él mismo revisaba las tareas de su hija.

El informe de Unesco, basado en 69 documentos y las opiniones de funcionarios del ministerio de Educación de Perú, especialistas y representantes de la sociedad civil, abarca la realidad educativa desde enero de 2017 hasta febrero de 2020, antes del impacto de la pandemia en el sector.

Estrategia diferenciada

Unesco destaca la necesidad de ampliar a otras regiones del país el programa Lima aprende, que identificó escuelas que podían recibir a escolares venezolanos —evitando las que tuvieran infraestructura inadecuada— e invirtió en ellas casi cinco millones de dólares.

Angélica Zevallos, una de las funcionarias que puso en marcha Lima Aprende, indica que en el primer año —2019— abrieron 10.000 vacantes para educación inicial y primaria de escolares venezolanos, y en 2020 hubo 16.000 vacantes adicionales, incluyendo secundaria.

Zeballos explica que el financiamiento, además del pago a los profesores y auxiliares, incluyó el personal de limpieza y guardianía, y los gastos de luz, agua y material educativo. El presupuesto cubrió también el costo de diez equipos interdisciplinarios e itinerantes de convivencia escolar, cada uno integrado por dos psicólogos, un trabajador social y un docente, anota la especialista. Con ellos trabajaban para lograr escuelas interculturales e inclusivas.

Desde 2013, el Ministerio de Educación peruano registra denuncias de acoso escolar en la web Sí se ve, que clasifica agresiones psicológicas, físicas o sexuales, precisa en qué distrito ocurrieron, quién fue el agresor y el “motivo”. En las estadísticas hasta noviembre pasado, cientos de casos de agresión tuvieron como causa “el lugar de origen del escolar”; en 49 de ellos, la violencia, humillación o discriminación ocurre “por ser de otro país”, y en muchas ocasiones, el agresor es el personal del colegio.

Lima Aprende capacitó a docentes y directores de las 120 escuelas con mayor población extranjera de la capital en prácticas de autocuidado, resolución de conflictos y prevención de la violencia y discriminación, comentó Zevallos. “Para ello se consideró la información recogida en la plataforma Sí se ve sobre casos reportados de violencia escolar”, agrega.

La funcionaria informó a Unesco que el trabajo de los equipos itinerantes de convivencia escolar en las escuelas fue muy valorado por los directores y docentes, pero no pudieron continuar en 2020, debido a recortes presupuestarios originados por la pandemia.

Unesco consultó al ministerio de Educación, como complemento al reporte, sobre las variaciones en la matrícula por causa de la crisis sanitaria y económica. Aunque el año escolar empieza en Perú en marzo, en mayo el sistema educativo público reabrió la matrícula para los niños que tuvieron que abandonar las escuelas privadas por razones económicas. Recibió entonces 110.000 nuevos escolares en el sistema público, de los cuales más de 4.000 eran de niños, niñas y adolescentes extranjeros, destaca Zevallos.