Desigualdad

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OPINIÓN: En el laberinto del olvido y la violencia

Tlachinollan

Por: Tlachinollan

 

Desde la desaparición del presidente electo Daniel Esteban González, junto con su chofer Juventino García Rosas, el 2 de septiembre de 2018, la disputa política por la presidencia municipal de Cochoapa el Grande se tornó truculenta. No solo se dieron las impugnaciones en los tribunales electorales, sino que a nivel local algunos dirigentes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), acompañados por representantes del Partido del Trabajo (PT), tomaron las instalaciones del ayuntamiento para revertir el triunfo que el Tribunal Electoral Federal (TRIFE), le otorgó a Daniel Esteban. Fueron momentos de mucha tensión, en los que fracturó más la convivencia pacifica entre los pobladores y las divisiones comunitarias se hicieron más profundas.

A pesar de que Cochoapa el Grande es uno de los municipios de reciente creación, desde el 2003 ha ocupado los primeros lugares a nivel nacional en cuanto al mayor índice de marginación social. Desplazó a Metlatónoc y se colocó en el sótano de la miseria. Su extensión territorial que rebasa las 61 mil hectáreas, lo coloca como uno de los municipios con mayor reserva boscosa en la región de la Montaña. Cuenta con más de 140 comunidades del pueblo Na’Savi, que en su totalidad se dedican a la siembra de maíz de temporal. Lo contrastante de esta riqueza natural es la pobreza ancestral de las familias, que en gran medida se desplazan de sus comunidades para enrolarse como jornaleros agrícolas durante seis meses. La población no encuentra, en su propio hábitat, alternativas económicas para tener un ingreso seguro y garantizar una alimentación adecuada durante todo el año.

La ilusión que se habían forjado, de que habría una mejoría económica, con la creación del nuevo municipio, se ha tornado en un desenlace fatal. No solo se han empantanado por la disputa sorda que protagonizan cada periodo electoral los partidos políticos, sino que se profundiza la desigualdad social y se recrudece la violencia. Los 17 años como nuevo municipio no han significado mejoría alguna entre la población indígena mayoritariamente analfabeta y con un alto grado de monolingüismo entre las mujeres. La violencia se enseñorea contra ellas, y las mismas autoridades comunitarias y municipales, son parte de este sistema de justicia patriarcal. Es sumamente grave la situación de indefensión que enfrentan las mujeres. Se han registrado varios casos de feminicidios que la fiscalía no ha investigado, por esa visión racista y discriminatoria que tienen contra las mujeres indígenas.

La lucha que emprendieron los compañeros y compañeras del Frente Popular de la Montaña, para exigir la presentación con vida del defensor comunitario Arnulfo Cerón Soriano, desaparecido el 11 de octubre de 2019, obligó a que las autoridades del estado se avocaran a su búsqueda en las colonias periférica de Tlapa. En estas jornadas se lograron encontrar los restos de Daniel Esteban y de Juventino García, a un año y cuatro meses de su desaparición. Este hallazgo generó mayor encono y una situación de ingobernabilidad en el municipio. La misma presidenta municipal, Edith López Rivera, ha hecho públicas las amenazas que ha recibido, y por eso mismo, se desplaza con escoltas y su presencia en el ayuntamiento es esporádica. En la cabecera municipal nadie se siente seguro y tampoco hay confianza en las autoridades encargadas de la seguridad y los mismos elementos de la policía. Hay un sentimiento de orfandad y desamparo. No hay una autoridad que proteja a las mujeres que son víctimas de violencia. El trato es despótico e insensible. La compasión por el más débil no existe, los pleitos por tierras proliferan y las deudas son el mejor negocio de las autoridades municipales y los abogados, privando de la libertad por cualquier motivo a las personas. El colapso de las instituciones ha dado pauta para el incremento de la violencia y la justicia por propia mano.

El cierre del año 2019 fue trágico por el asesinato del expresidente municipal Luciano Moreno López, quien fue interceptado por personas armadas en pleno baile realizado en la cabecera de Cochoapa el Grande. En ese mismo evento, también fue lesionada la excandidata a presidenta municipal del PRI, Hermelinda Rivera Francisco. En este año arreció la violencia con el asesinato de Alberto Martínez Flores, quien se desempeñaba como comisariado de Bienes Comunales de este núcleo agrario. El 15 de marzo, en la colonia Tepeyac del municipio de Tlapa, fue arteramente asesinado Benjamín Ponce Martínez, quien contendió para presidente municipal de Cochoapa el Grande, por el Partido del Trabajo (PT). Fue sorprendido en su domicilio por su agresor cuando jugaba con su pequeña hija. Tres días después por el cerro De La Garza, una región inhóspita del municipio de Cochoapa el Grande, fue asesinada una familia de Yozondacua, cuando se desplazaban en su vehículo. El papá tenía parentesco con el comisariado de Bienes Comunales, Alberto Martínez. El primero de junio, el chofer de la ruta de Cochoapa el Grande – Ometepec, Felipe Chávez Flores, fue herido a balazos, cuando desplazaba en su vehículo, quedando gravemente herido.

Un caso que condensa la tragedia que enfrentan las mujeres Na’Savi de este municipio es el de Aurelia Vázquez Velázquez, quien además de padecer la violencia de su esposo, que lamentablemente fue asesinado en su domicilio, sus suegros la señalaron como responsable del homicidio de Santiago Esteban. Fue citada por el ministerio público de Tlapa para declarar como testigo, donde se le aplicó la prueba de rodizonato de sodio, que resultó negativa. Ante la intención fallida de señalarla como responsable de este homicidio, su suegro, la golpeó y con una navaja lesionó su cuello. Le arrebató a sus dos pequeñas hijas una de ellas de cuatro años y la bebé de seis meses. La madre de Aurelia, doña Catalina Velázquez y su hermano, Honorio García Velázquez de 17 años, fueron encarcelados de manera arbitraria en la cabecera de Cochoapa el Grande, por el mismo consuegro, Emilio Esteban, director de Seguridad Pública, porque supuestamente fueron cómplices del homicidio de su hijo Santiago Esteban. Lo más cruento es la desaparición de Aurelia Vázquez Velázquez que, ante la inacción de las autoridades ministeriales y de la misma sindica municipal que no atendieron las denuncias de violencia familiar y la sustracción de menores por parte de sus suegros, el 12 de mayo del presente año fue el último día en que su familia tuvo conocimiento de que se encontraba en el domicilio de sus suegros, obligada por las circunstancias de no ver a sus pequeñas hijas. Lo inaudito fue la actuación de la sindica municipal, que a petición del señor Emilio Esteban y su esposa Aurelia Lorenzo, citaron a Catalina Velázquez para que se presentara el 22 de mayo al ayuntamiento municipal. Fue en esa fecha cuando la sindica junto con los consuegros le reclamaron sobre el paradero de su hija Aurelia, porque no la han ubicado para entregarle a sus dos pequeñas hijas y al hijo mayor de siete años. Fue en ese momento cuando Catalina intuyó que su hija estaba desaparecida y que las autoridades en lugar de investigar su paradero, se empeñaron en criminalizarla y atemorizar a la misma familia.

Hasta la fecha no hay indicios del paradero de Aurelia, tampoco las acciones de búsqueda de las autoridades se han realizado como amerita el caso. El temor es grande, por eso la familia ha optado por guardar silencio y mantenerse oculta.

El pasado 22 de julio fue asesinado el excoordinador de la Policía Comunitaria de la Casa de Justicia de Zitlatepec, Rufino Gómez González, cuando se dirigía a presentar una ofrenda en el paraje conocido como Piedra de Petate, en San Lucas, municipio de Cochoapa el Grande, donde fue originario. En el 2018 en la fiesta del sexto viernes de cuaresma realizada en Cochoapa, acompañó a las autoridades de su pueblo junto con la Policía Comunitaria. En la noche cuando resguardaban el baile fue atacado a balazos por personas desconocidas. Fue trasladado al hospital de Tlapa, donde fue atendido teniendo una recuperación larga por lo delicado de la lesión. Fue en la mañana del 22 de julio, cuando llevaba sus flores, en compañía de su esposa y sus dos hijos, que impunemente que nada pudieron hacer cuando personas desconocidas se acercaron y le dispararon. Fue un defensor comunitario que se solidarizó con la lucha emprendida por el Frente Popular de la Montaña, para exigir la presentación con vida de Arnulfo Cerón Soriano, y al mismo tiempo, acompañó a las autoridades comunitaria de Tierra Blanca, para exigir al Fiscal Regional que impulsaran la búsqueda y la investigación de tres personas que fueron desaparecidas el 2 de julio del presente año, en el marco de un conflicto agrario que enfrentan con la comunidad de San Juan Huexoapa, municipio de Metlatónoc.

El pasado lunes 27 de julio como a las 10 horas, se suscitó una balacera atrás de la iglesia de Santiago Apóstol, en la cabecera municipal de Cochoapa el Grande. En esta acción violenta murió Alberto Flores, que acompañaba a Carlos Esteban, hermano de Daniel Esteban, y la niña Leticia, de cuatro años de edad, quien caminaba con su hermanito y su mamá, después de haber vendido atole en la pequeña plaza que se encuentra frente al ayuntamiento.

Esta cauda de violencia muestra la crisis de gobernabilidad que se agudizado con la pandemia provocada por el covid – 19, en los municipios de nuestro país. Para colmó de males, las autoridades municipales, se han ausentado de los ayuntamientos y han dejado a la deriva, a una población inerme, que es víctima de la violencia delincuencial y que se encuentran en extrema vulnerabilidad por la precariedad económica y los estragos del coronavirus que se suma al número de muertes que enlutan que nos sumergen en este laberinto del olvido y la violencia.

Fuente e imagen: http://www.tlachinollan.org/opinion-en-el-laberinto-del-olvido-y-la-violencia/

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Entrevista a Mike Davis: «El monstruo ya está aquí»

Josefina Martínez

Por: Josefina Martínez

El reconocido historiador Mike Davis acaba de publicar El Monstruo ya está aquí, un libro sobre la pandemia, los sistemas sanitarios y las desigualdades provocadas por el capitalismo. El trabajo retoma los pronósticos realizados por el mismo autor en su libro El monstruo llama a nuestra puerta, publicado hace poco más de una década. En esta entrevista, Davis afirma que viviremos una época de pandemias múltiples y plantea que el sistema actual difícilmente pueda atajarlas de modo correcto.

Se ha hablado mucho sobre el origen de los coronavirus. ¿Cómo se relaciona con la agricultura industrial y el papel de las multinacionales? ¿Son estas las nuevas plagas del capitalismo?

Sabemos que el virus pandémico, el SARS-CoV-2, se originó en los murciélagos, al igual que los SARS iniciales de 1992-1993. Una cuarta parte de todos los mamíferos son murciélagos –unas 1.500 especies– y albergan una increíble variedad de virus, incluyendo cientos de coronavirus, que tienen el potencial de dar el salto a los seres humanos, ya sea directamente o a través de un animal salvaje que actúa como intermediario. La cadena de transmisión del virus actual no se conoce y, de hecho, puede que nunca se conozca, pero la constante expansión de cultivos y granjas en zonas silvestres de China es probablemente un factor clave, junto con la tradición cultural de consumir murciélagos y animales exóticos.

En el caso de nuevas gripes –que siguen representando un riesgo inminente–, el crecimiento exponencial de la producción industrial de cerdos y pollos en el suroeste de Asia y en otros lugares ha amplificado enormemente esta amenaza pandémica. Los cerdos, que pueden ser huéspedes de una doble infección de cepas de gripe aviar y humana, son reactores biológicos claves, ya que los segmentos del genoma de dos virus pueden a veces recombinarse para crear híbridos monstruosos. Las industrias avícolas, por su parte, actúan como aceleradores virales para la propagación de estas nuevas cepas.

A escala mundial, la deforestación es el mazazo que rompe los muros entre la naturaleza salvaje y sus enormes reservas de virus, por un lado, y las ciudades humanas superpobladas por el otro. Un ejemplo citado en mi libro es el caso de la región costera del África occidental, la zona de más rápida urbanización del planeta. Tradicionalmente, las aldeas y ciudades dependían del pescado como la principal fuente de proteínas. Pero a partir de la década de 1980 las flotillas industriales de Europa y Japón extrajeron aproximadamente la mitad del pescado del Golfo de Guinea. Los pescadores locales perdieron sus medios de vida y los precios del pescado se dispararon en los mercados urbanos.

Simultáneamente, las multinacionales madereras estaban abriéndose paso con motosierras a través de los bosques tropicales del Congo, Gabón y Camerún. Con el objeto de mantener bajos los costos de la mano de obra, contrataron a cazadores para matar animales salvajes, incluyendo primates, para alimentar a las cuadrillas. Esta «carne silvestre» pronto encontró una enorme demanda en las ciudades ávidas de proteínas, especialmente entre las poblaciones de los barrios pobres que vivían en condiciones sanitarias terribles. Esta cadena causal –la expoliación de los recursos pesqueros sostenibles, la tala de bosques que rompió las barreras naturales entre las poblaciones humanas y los virus salvajes, el aumento de la caza de animales silvestres a gran escala para abastecer de carne los mercados urbanos y el crecimiento exponencial de los barrios pobres– fue la fórmula maestra para la aparición tanto del virus de inmunodeficiencia humanaVIH como del ébola.

Hace quince años escribió El monstruo llama a nuestra puerta: la amenaza global de la gripe aviar. Desde aquel momento, numerosos estudios advirtieron de la posibilidad de una pandemia. ¿Por qué hemos llegado a este punto casi sin ninguna prevención y sin el desarrollo de la investigación científica adecuada para combatir este tipo de virus?

En realidad, en los últimos 25 años ha habido una enorme cantidad de investigaciones y modos de preparación para una pandemia. En cierto sentido todo fue vaticinado, pero algunos países se negaron a prestar atención a las advertencias o, como Estados Unidos bajo Donald Trump, desmantelaron deliberadamente estructuras cruciales para la alerta temprana y el control. Además, Reino Unido, Estados Unidos y algunos países europeos habían recortado drásticamente el gasto en salud pública, ya sea por razones ideológicas o por las medidas de austeridad posteriores a 2008. En Estados Unidos, por ejemplo, nos enfrentamos al brote a finales de enero con 60.000 trabajadores sanitarios menos que los que habían estado en las nóminas de los gobiernos locales y del Estado en 2007.

Mientras tanto, la gran industria farmacéutica ha continuado obstaculizando el desarrollo de antivirales que se necesitan con urgencia, antibióticos de nueva generación y vacunas genéricas. El otoño pasado, el propio Consejo de Asesores Económicos de Trump le advirtió que no se podía contar con las grandes empresas farmacéuticas en una crisis pandémica, ya que en general habían abandonado el desarrollo de medicamentos para enfermedades infecciosas, a menos que el gobierno federal interviniera con miles de millones de dólares de subsidios.

Por otra parte, las empresas de biotecnología más pequeñas que estaban siendo precursoras de nuevos medicamentos y vacunas se vieron privadas del capital necesario para llevar sus descubrimientos a las etapas finales de prueba y producción. Después de la aparición del SARS en 2003, por ejemplo, un consorcio de laboratorios de Texas había desarrollado una posible vacuna contra el coronavirus que nadie estuvo dispuesto a financiar. Si se hubiera desarrollado, dada la coincidencia de 80% entre los genomas del SARS-1 y el SARS-2, podría haber sido una base excelente para la producción acelerada de una vacuna contra el covid-19.

Lo más importante es que la mayoría de los países de Asia oriental, tanto los autocráticos como los democráticos, han logrado contener la pandemia hasta ahora gracias a planes de respuesta bien preparados (un legado de las anteriores crisis del SARS y de la gripe aviar), una amplia aceptación del liderazgo científico, la inmediata aceleración de la producción de mascarillas y respiradores y, un factor clave que en su mayor parte ha sido ignorado, la capacidad de movilizar a grandes ejércitos de trabajadores y voluntarios para responder a nivel de base. A pesar de su condición de nación en vías de desarrollo y de la escasez de médicos, el éxito de Vietnam ha sido notable y probablemente sea el resultado de la combinación de laboratorios de categoría mundial (los Institutos Pasteur en Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh) con una red nacional de trabajadores sanitarios públicos a escala de aldea y de barrio.

El talón de Aquiles de la planificación previa en muchos países ricos ha sido apoyarse exclusivamente en los profesionales de la salud, cuando una educación pública universal acerca de las amenazas de enfermedades y la organización de una reserva de voluntarios capacitados son casi igualmente importantes para combatir las tormentas virales. Como la tragedia nos está obligando a comprender, no vivimos en una pandemia sino en una era de pandemias.

El discurso de los gobiernos es que de esta pandemia «salimos todos juntos», pero la realidad es que el virus sí entiende de racismo y capitalismo. ¿Cómo afecta esta crisis a los trabajadores precarios, latinos y afroamericanos?

Los distintos países, por supuesto, difieren ampliamente en cuanto al acceso a una atención médica asequible, los indicadores de la desigualdad de ingresos y los legados estructurales de la discriminación racial y étnica. Entre las naciones de altos ingresos, Estados Unidos es la que tiene la peor puntuación en las tres categorías. Pero incluso en países con atención médica universal y niveles de desigualdad mucho más bajos hay poblaciones vulnerables que han quedado desprotegidas y a menudo invisibles en la crisis actual.

Las residencias de ancianos se han convertido en morgues a ambos lados del Atlántico, y son el origen de 40% a 50% de las muertes de covid-19 en muchos países. En Estados Unidos, donde el número de víctimas de este tipo supera ya las 50.000, se estima que la mitad son afroestadounidenses. Aquí es donde las vidas de los negros parecen importar menos.

Si los expertos en salud pública sabían que estas instalaciones se convertirían rápidamente en focos de infección, ¿por qué los gobiernos nacionales y locales no crearon inmediatamente grupos de trabajo especiales para intervenir? ¿Y por qué las ONG y los partidos políticos progresistas no hicieron de esto una demanda contundente? Las mismas preguntas, por supuesto, deberíamos hacernos sobre las cárceles, las prisiones y los campos de refugiados. La actitud pasiva de las autoridades solo puede ser caracterizada como una negligencia criminal.

La crisis también permitió visibilizar la importancia de los «trabajadores esenciales» para el funcionamiento de la sociedad. Y son los más expuestos al contagio.

Los que ahora reconocemos como «trabajadores y trabajadoras esenciales» ante la pandemia incluyen desde investigadores científicos hasta conserjes y personal de cuidado a domicilio. Además de todas las categorías de personal médico, millones de personas que trabajan en la agricultura y en la industria frigorífica, en la venta y distribución de alimentos, en servicios públicos como el transporte, la vigilancia y la sanidad, y en la industria logística (almacenamiento y reparto). Estos son precisamente los sectores que tienen los mayores porcentajes de trabajadores pertenecientes a minorías con salarios bajos, inmigrantes recientes y empleados eventuales.

En Estados Unidos, casi la mitad de estos trabajadores son negros, latinos o asiáticos y, salvo que pertenezcan a un sindicato, es poco probable que tengan un seguro médico adecuado (o que tengan alguno). Muchos han pasado largos periodos sin recibir tratamiento por enfermedades que se habrían atendido de forma rutinaria de haber tenido seguro médico y, por lo tanto, sufren de dolencias crónicas como el asma y la diabetes. Sus trabajos están entre los más peligrosos, tienden a trabajar jornadas más largas y, en el caso de quienes tienen bajos ingresos, viven en las peores condiciones de vivienda. Durante seis meses se han enfrentado al mayor grado de exposición ante la amenaza del coronavirus, generalmente sin equipos de protección o sin el derecho a reclamar contra las precarias condiciones laborales.

Estos trabajadores han sido completamente traicionados por la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) –un organismo del Departamento de Trabajo de Estados Unidos–, que se ha negado a poner en marcha normas obligatorias para proteger a los trabajadores o atender las miles de quejas que se han presentado de forma oficial. Por eso, la industria frigorífica en el Medio Oeste, donde la mayoría de los trabajadores pertenecen a minorías o son inmigrantes recientes, ha sido tan devastada por el covid-19. Y por eso los trabajadores estadounidenses han hecho huelga o han organizado protestas furiosas en más de 500 ocasiones desde abril.

En este contexto, ¿qué papel están jugando empresas como Amazon?

El blanco frecuente de protestas ha sido Amazon, el máximo especulador con la pandemia, y que ha violado notoriamente los derechos de los trabajadores. El patrimonio personal de Jeff Bezos aumentó en unos astronómicos 33.000 millones de dólares entre marzo y abril, en tanto que la empresa se convirtió en una vía fundamental para la entrega de alimentos y suministros básicos para las familias confinadas en sus hogares. Al mismo tiempo, se ha apresurado a ocupar de forma permanente los espacios vacíos dejados por el cierre de tantos miles de pequeños negocios minoristas (una estimación común en la prensa internacional especializada es que una cuarta parte de las pequeñas tiendas afectadas en Europa y Estados Unidos nunca volverán a abrir).

Los demócratas, con excepción de Elizabeth Warren, no han abordado los problemas que plantea el creciente poder monopólico de Amazon. Durante las dos guerras mundiales del siglo pasado, se impusieron con éxito impuestos a los «beneficios extraordinarios» de las principales empresas en la industria armamentística, pero los dirigentes demócratas se han negado a considerar una regulación similar para Amazon o para las grandes empresas farmacéuticas. Hacia fin de año, la economía estadounidense se parecerá aún más a la sociedad capitalista pura y dura descrita por Fritz Lang en su famosa película Metrópolis.

En su libro Planeta de las ciudades miseria, analiza ese fenómeno de las gigantescas metrópolis donde la superpoblación y el hacinamiento son la normalidad. ¿Puede haber derecho a la salud en estas condiciones de la geografía urbana capitalista?

Desde principios del siglo XX ha habido un debate esencial y recurrente sobre cómo controlar las epidemias a escala mundial. La posición estadounidense, respaldada por los enormes recursos de la Fundación Rockefeller, se centró en librar guerras contra enfermedades específicas con recursos masivos enfocados en el desarrollo y la distribución de vacunas. Estas cruzadas por las vacunas han dado lugar a grandes éxitos (viruela y poliomielitis) e igualmente a grandes fracasos (paludismo y sida). El enfoque basado en intervenciones técnicas específicas para cada enfermedad ha salvado vidas, pero deja en su sitio las condiciones sociales que promueven las enfermedades.

La otra vertiente en el debate ha dado prioridad a la inversión en infraestructuras de atención primaria de salud en las regiones y países más pobres. Se inspira en las ideas de la «medicina social» propuestas por el gran patólogo alemán Rudolf Virchow en la década de 1880 y ampliamente adoptadas en el siglo XX por partidos de la izquierda, así como por un amplio espectro de reformadores que deseaban reorientar la medicina hacia la prevención de enfermedades junto con reformas sociales radicales.

Durante gran parte de la posguerra, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estuvo dominada por Estados Unidos y el paradigma Rockefeller, pero los defensores de la medicina social obtuvieron una importante victoria en 1978 cuando la OMS emitió la «Declaración de Alma-Ata», en la que se afirmaba que el acceso a servicios sanitarios de calidad era un derecho humano universal. Se adoptó un plan de campaña que subrayaba la importancia de la participación de la comunidad y de un enfoque desde abajo para lograr «salud para todos en el año 2000». Pero la contrarrevolución neoliberal que siguió a la elección de Margaret Thatcher y Ronald Reagan convirtió esta declaración en letra muerta.

El covid-19 está revelando hasta qué punto hay dos humanidades inmunológicamente diferenciadas. En las naciones ricas, alrededor de un cuarto de la población cae en la categoría de alto riesgo debido a la edad y a los problemas de salud crónicos, a menudo relacionados con la raza y la pobreza. En cambio, en los países con ingresos bajos y en muchos países con ingresos medios, entre la mitad y tres cuartas partes de la población se encuentra en situación de riesgo. El cofactor más importante es la disminución de la inmunidad debido a la malnutrición, las infecciones gastrointestinales generalizadas y las enfermedades descontroladas y no tratadas como la malaria y la tuberculosis.

1.500 millones de personas viven actualmente en asentamientos precarios en África, el sur de Asia y América Latina, que son las perfectas incubadoras de la enfermedad. Sabemos que allí la pandemia está fuera de control, pero en gran medida permanece invisible en las actuales estadísticas fragmentarias. Y si Europa muestra cierta disposición a compartir eventuales stocks de vacunas con los países pobres, el gobierno de Trump demostró recientemente, con la compra de todas las existencias mundiales del medicamento Remdesivir, que no tiene intención de compartir nada. America First significa África en último lugar.

En las últimas campañas, la corriente progresista del Partido Demócrata ha ignorado en gran medida estas cuestiones de la salud y la pobreza a escala mundial. También ha defraudado las expectativas de sus simpatizantes. Hace pocas semanas se anunció que las negociaciones entre los sectores de Joe Biden y Bernie Sanders han dado lugar a una plataforma demócrata que está muy por debajo de «seguro médico universal», la demanda central de la campaña de Sanders, a pesar de que la pandemia y el colapso económico han demostrado un millón de veces su urgente necesidad.

Fuente e imagen: https://nuso.org./articulo/el-monstruo-ya-esta-aqui/

 

 

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Educación en Latinoamérica: Las aulas, la curva o la desigualdad

Reseñas 1 comentario

Por: dw.com.

Dicen los expertos que los efectos de la pandemia del nuevo coronavirus se sentirán todavía dentro de muchos años. Y pocas cosas tienen dejan tanta huella en el futuro de los países como la educación, o la ausencia de ella. Las consecuencias de perder la partida que juegan maestros y profesores hoy en las aulas se verán en su mayor parte cuando quizás ya sea demasiado tarde.

Este domingo (02.08.2020) Bolivia dio por terminado de forma anticipada el año escolar. El Gobierno de la presidenta interina Jeanine Áñez, que había suspendido en marzo las clases presenciales, argumenta que no es capaz de garantizar el acceso a la educación virtual, especialmente en las áreas rurales. Por eso ha decidido que todos los estudiantes de nivel inicial, primaria y secundaria pasen al curso siguiente. No habrá reprobados.

«Los expertos han advertido de que esta pandemia durará mucho tiempo”, dice a DW Leone Tharcisio, del Instituto de Estudios Regionales GIGA, con sede en Hamburgo. El investigador explica que «la escuela tiene la función primaria de buscar la igualdad de oportunidades, pero en este caso el Estado habrá asumido que no es capaz de apoyar a los niños de los sectores más desfavorecidos, lo que lleva a un aumento de las desigualdades”.

Los sectores afines al partido del exmandatario boliviano Evo Morales ven en esta decisión un intento del actual Ejecutivo de evitar los conflictos con el sector docente, que desde hace semanas exige la dimisión del ministro de Educación. Lo acusan de promover la privatización de la educación en el país. Pero la medida también ha sido criticada por el sector educativo privado, que se ha declarado en emergencia económica.

Bolivia, sin embargo, no está sola en esta encrucijada. Son muchos los gobiernos en Latinoamérica que se plantean qué hacer con sus escuelas y millones de alumnos. No es cuestión de un par de meses: la región se ha convertido en el foco global de la pandemia, que según la Organización Mundial de la Salud será «muy larga”.

¿Seguirán otros vecinos el ejemplo boliviano? «Depende del país, porque muchos países han puesto en marcha alternativas para seguir ofreciendo continuidad educativa pese al confinamiento”, explica a DW Stéphan Vincent-Lancrin, analista educativo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Una niña accede a la plataforma educativa de su escuela en Buenos Aires¿Qué ocurre con las familias que carecen de medios materiales para que todos sus hijos continúen con su educación?

El experto destaca algunas iniciativas de continuidad educativa puestas en marcha en Sao Paulo, Bogotá o en diferentes partes del territorio peruano, las cuales han demostrado que el margen de acción, al menos en teoría, es amplio. «La mayoría ha optado por soluciones multimodelo que incluyen recursos educativos digitales, educación por televisión y radio y recursos impresos para los estudiantes”, explica Vincent-Lancrin.

Uruguay es, por ahora, el único país de la región en el que los alumnos han vuelto a las aulas. Pero recuperar la presencialidad no solo fue posible gracias a una buena gestión epidemiológica: también jugó un papel clave el desarrollo digital de la educación previo al COVID-19.

En este sentido, la argentina Agustina Lenzi subraya a DW que, aunque el final anticipado del año escolar «es un escenario a considerar en términos regionales”, cada país es un mundo. «La cuestión es qué decisiones políticas acompañan a esa decisión”, añade esta experta en políticas educativas desde la cuarentena en Buenos Aires.

Una clase vacía en la capital mexicanaAlgunas escuelas, como esta de Ciudad de México, han tratado de encontrar soluciones para facilitar la vuelta a las aulas

Desde Costa Rica, la investigadora en educación Diana Hernández advierte: «No creo que atrasando un proceso se pueda más adelante enfrentar mejor ese proceso, no necesariamente”. La educadora costarricense, en contacto con compañeros de gremio en toda la región, es consciente de que en la mayoría de los países «no solo no hay conocimiento de las herramientas, sino que no hay acceso, por lo que para los docentes es como empezar de cero”. Visto así, explica, no son pocos los que piensan que para medio año no tiene sentido el esfuerzo. «Entonces podría ser que otros países de Latinoamérica siguieran los pasos de Bolivia”.

Una nueva normalidad educativa en América Latina

Pero si se para el sistema educativo, tiene que haber una finalidad. «Estamos dejando a las personas sin acceso a la educación”, recuerda la docente, «estamos obligándoles a quedarse dentro de las opciones laborales que no tienen ningún tipo de seguro ni ningún tipo de oportunidad que no sea un escenario de explotación”. Además de la desigualdad, según las grandes organizaciones internacionales la informalidad de las economías latinoamericanas es uno de los factores que alimentan los graves pronósticos económicos para la región.

Está por ver qué rumbo toman los diferentes gobiernos latinoamericanos. La argentina Lenzi cree importante, en cualquier caso, entender que «la antigua normalidad antes de la pandemia no era deseable para todos y todas, era una situación muy desigual”. Es hora de repensar la educación, sea en una escuela, frente a una pantalla, ¿o quizás en un parque? Lenzi subraya la necesidad de poner a las personas en el centro: «la política educativa tiene el desafío de tender puentes entre quienes piensan la educación, quienes la gestionan y quienes la practican”.

Fuente de la reseña: https://www.dw.com/es/educaci%C3%B3n-en-latinoam%C3%A9rica-las-aulas-la-curva-o-la-desigualdad/a-54425787

 

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Coronavirus, crisis sanitaria y esclerosis del sistema político mexicano

Isaac Enríquez Pérez 1 comentario
Por: Isaac Enríquez Pérez

La crisis epidemiológica global se presenta –ante nuestro azoro e incertidumbre– como un hecho social total (concepto introducido desde la antropología y la sociología por Marcel Mauss) que cimbra los cimientos del conjunto de las relaciones, instituciones, sistemas y estructuras sociales. Las respuestas que sea posible brindar ante los alcances de la exacerbación de la crisis civilizatoria son apenas atisbos que no nos reconfortan de cara a la magnitud de los acontecimientos contemporáneos que desbordan, aceleradamente, toda capacidad de entendimiento, interpretación y de análisis prospectivo.

Los enigmas que emergen ante hechos sociales sistémicos, globales e inciertos, generan perplejidad y eclipsan toda posibilidad de pensar; y si ello ocurre, entonces entra en escena el miedo y el pánico colectivos. Instalado el miedo, el ser humano tiende a buscar protección en la religión, en la ciencia y –sobre todo– en el Estado. Pero éste no ofrece orientación, ni cuidados, y se torna postrado y rebasado ante el avance mundial de la peste. Solo le resta el recurso de la represión y de los dispositivos de control consentidos por el ciudadano. El argumento político de que la pandemia nos tomó por sorpresa imprevisible no solo es insostenible, sino que nos llama al autoengaño como humanidad.

Ni el coronavirus SARS-CoV-2 es fruto de un complot impulsado por fuerzas ocultas que manejan a la humanidad como títere; ni el ser humano es totalmente ajeno a la construcción social que subyace en la génesis y diseminación de virus y bacterias que son potenciados con la alta densidad poblacional y la contradictoria y destructiva relación sociedad/naturaleza. Relación regida por comportamientos ecocidas, ecodepredadores y de despojo que alimentan un patrón de producción, mercantilización y consumo compulsivo y regido por el supuesto del crecimiento ilimitado, capaces –dichos comportamientos– de alterar el clima y los equilibrios ecológicos y de devastar los hábitats naturales de animales habituados a convivir con agentes patógenos. Todo ello se magnifica con la intensificación de los flujos globales y de la movilidad humana transcontinental.

Frente a ello, cabe argumentar que las capacidades científicas, tecnológicas y materiales para enfrentar una pandemia, están al alcance de la humanidad. No así la voluntad política, las decisiones y la cooperación internacional para que ello ocurra. No es un asunto de escasez, sino de relaciones de poder signadas por la desigualdad. En este escenario, la enfermedad es expresión de la misma concentración de la riqueza, de las asimetrías de poder y de desigualdad social.

En múltiples sociedades nacionales, la magnificación de los efectos negativos derivados de la pandemia instalada por el coronavirus SARS-CoV-2, no solo agravó las ausencias del Estado, sino que recrudecieron las desigualdades sociales y evidenciaron el rostro de la exclusión de vastos sectores. En este maremágnum, las disputas entre las distintas facciones de las élites políticas y empresariales toman nuevos bríos y se trasladan al ámbito sanitario; evidenciando con ello una descomposición y esclerosis sin precedentes en el escenario de la praxis política. Lo que subyace a todo ello es la generalizada postración del Estado que se muestra incapaz de prevenir y enfrentar favorablemente la pandemia en distintas latitudes del mundo.

México no es la excepción a ello. Se trata de una sociedad subdesarrollada que lastra desigualdades ancestrales que le laceran y que se agravan con las ausencias del Estado; la violencia criminal; la «grieta» social que combina odio, racismo y clasismo; y la creciente exclusión social. Justo la desigualdad es el fenómeno que mayor incidencia tiene en los efectos de la actual crisis epidemiológica. Ante ello, es pertinente analizar varias aristas.

En principio, el sistema sanitario mexicano está rebasado en su cobertura, capacidades y calidad, desde tiempo atrás. Fruto de la ideología del fundamentalismo de mercado adoptada desde la década de los ochenta, el sistema de salud experimenta debilidades y fallos estructurales y una privatización de facto, que induce a los ciudadanos a usar servicios privados ante la negligencia, el burocratismo y la insuficiencia de medicamentos en buena parte de las clínicas y hospitales públicos. La corrupción en la adquisición de medicamentos y equipo; los desfalcos protagonizados por directivos y personal sanitario regidos por la deshonestidad; y la falta de inversión pública y la consecuente decadencia del servicio, son expresiones de un sistema sanitario colapsado de antemano. Aunado ello a la incapacidad y la falta de voluntad política para garantizar la cobertura y atención a la salud como un derecho universal y gratuito.

Para ilustrar esto último, cabe anotar algunos datos: en el año 2000, se contabilizaron –tanto en hospitales públicos como en los privados– 1.8 camas por cada mil habitantes; para el año 2017, el indicador cayó a 1.4 camas por cada mil, y para el año 2019 se precipitó a 1.0 camas por cada mil habitantes. Muy lejos de las 4.7 camas por cada mil habitantes que promedian los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En tanto que, hacia el 2019, mientras los países miembros de la OCDE promediaron 3.5 médicos por cada mil habitantes, México solo cuenta con 2.6. Por no mencionar el déficit de especialistas médicos capaces de enfrentar y atender el padecimiento del Covid-19. De más está ahondar que con esas insuficiencias, el sistema sanitario mexicano colapsaría ante el aumento de personas infectadas y en situación crítica.

Por su parte, el proceso económico acarrea en México, desde antes de la crisis sanitaria, tendencias negativas. Si la economía nacional no crece a niveles sostenidos, se debe a las disputas entre las élites empresariales y la élite política encabezada por Andrés Manuel López Obrador, y a las reticencias y negación de las primeras para invertir en el aparato productivo, en una especie de sabotaje y boicot a los proyectos de gobierno de la segunda. La fuga de capitales hacia bancos de los Estados Unidos, emprendida por parte de esta élite empresarial antinacionalista asciende a 76 mil 166 millones de dólares. Ello explica, en buena medida, los riesgos de recesión que se ciernen sobre la economía mexicana desde hace 17 meses. Lo demás se relaciona con la obstinación del actual gobierno por preservar los supuestos de la política económica ultra-liberal regida a través del imperativo de la disciplina fiscal.

Las proyecciones más halagadoras señalan que la economía mexicana, de cara a los efectos de la pandemia, tendrá un retroceso del 6.6%. Se calcula también una transición de 53 millones de pobres a 68 millones de personas que no podrán satisfacer sus necesidades básicas y, en especial, la alimentación. Entre el 13 de marzo y el 6 de abril, se sumaron 347 mil desempleados, y se pronostica la pérdida de entre 700 mil y 1.2 millones de empleos hacia el final de la contingencia. Así como un freno en los flujos de las remesas enviadas por los migrantes desde los Estados Unidos ante el parón de las actividades productivas en esa nación. Todo ello sin contar la desprotección y la pauperización que se ciernen sobre la población empleada en la economía informal (alrededor de 31.3 millones de habitantes; algo así como el 60% de la población económicamente activa).

Estos escenarios, el sanitario y el económico, tienden a complicarse con la polarización sociopolítica y la “grieta” que se pronuncia en la sociedad mexicana. Instalado un discurso clasista y racista de odio y división, y de intenso ataque al proyecto de gobierno de la actual administración pública federal, se ahondan las contradicciones y la debilidad de las instituciones. Muestra de ello es el llamado a la desobediencia civil proclamado por Tv Azteca –la segunda televisora con mayor audiencia en el país– tras incitar a la población a desacatar las medidas estipuladas por las autoridades sanitarias. La irradiación del virus desinformativo es un síntoma de esta “grieta” social.

Este llamado –aunado al de otros periodistas y de gobiernos locales que endurecen sus medidas represivas y coartan libertades ciudadanas fundamentales bajo el argumento de contener la epidemia–, no solo evidencia las disputas entre las distintas facciones de las élites y, particularmente, el resentimiento de una clase empresarial que se acostumbró a succionar del sector público, sino que también es muestra de una esclerosis del sistema político mexicano y, especialmente, de aquellos grupos de presión que apuestan a que le vaya mal al país para endilgarle la factura a un gobierno federal que carece de operadores políticos para contener los ataques que padece. La crisis epidemiológica solo es el pretexto para ahondar esa fragmentación social y para abonar a la crisis de Estado que experimenta el país en los últimos lustros.

No menos importante es la cantidad de problemas públicos que son encubiertos o silenciados con la instalación monotemática de la contingencia sanitaria en los medios. Además de múltiples problemas de salud pública, el agravamiento de la violencia criminal –que alcanzó niveles históricos en los últimos días al registrarse 114 homicidios el pasado 20 de abril–, es uno de esos problemas públicos obviados en México y que es parte de esa cruenta disputa que despliegan las distintas facciones de las élites por controlar el territorio y la economía clandestina de la muerte. A esta violencia e inseguridad, no escapa el personal del sistema de salud que es discriminado y agredido en la vía pública, bajo la consigna desinformada de que son portadores del virus.

Enfrentar los efectos de la crisis epidemiológica en una nación subdesarrollada como México, supone fortalecer las instituciones estatales como mecanismo de defensa de la sociedad. Y para ello será fundamental el robustecimiento de la cultura ciudadana, la dotación de información fidedigna y la regeneración del tejido social. Postergar la confrontación que ahonda la “grieta” en la sociedad mexicana, también es un imperativo que bien puede contribuir a calmar las ansias de imponer los intereses creados y facciosos. De otra forma, los escenarios que se plantean para México rayarán en lo catastrófico.

Académico en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Fuente: https://www.tercerainformacion.es/opinion/opinion/2020/07/03/coronavirus-crisis-sanitaria-y-esclerosis-del-sistema-politico-mexicano

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Argentina: El 60% de las escuelas no tiene conectividad

Noticias

América del Sur/ Argentina/ 07.07.2020/ Fuente: diariolaopinion.com.ar.

En una entrevista que brindó el Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, al noticiero de Next Tv, el funcionario advirtió la enorme desigualdad que existe en la Argentina y el retroceso que produjo la gestión de Mauricio Macri, dejando de lado el programa Conectar Igualdad.
El Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, brindó una entrevista al canal Next Tv de nuestra ciudad, donde analizó los efectos de la pandemia en cuanto a la educación y al proceso que desde el 16 de marzo se lleva adelante en todo el país. “Esta pandemia ha iluminado la desigualdad y nadie puede ignorar la profunda desigualdad que hay en América Latina y en Argentina en particular. Una desigualdad que a partir de las malas políticas de los últimos años, en términos de acceso a la tecnología se ha profundizado esa desigualdad. Distinta sería la realidad si la gestión de Mauricio Macri le hubiese dado continuidad al plan conectar igualdad.
En ese sentido el Ministro Trotta puso de ejemplo la gestión de Cristina Kirchner donde dijo que entre el 2010 y el 2015 se distribuyeron más de 5 millones de computadoras, que el Estado le otorgaba a los alumnos y señalando que en muchos casos era la primera y única computadora en esa familia. Además el funcionario nacional resaltó que la administración anterior, dejaba esas computadoras en gabinetes informáticos en las escuelas y que en 4 años de gobierno fueron tan solo 800.000 computadoras, haciendo hincapié en el retroceso que esto generó en cuanto a accesibilidad a la tecnología para muchos chicos.  “Ahí vemos lo que es el retroceso cuando el Estado no asume su responsabilidad, por eso nosotros en el marco de esta pandemia debemos desplegar una agenda no tecnológica, -que también lo hacemos-, pero ponemos el foco en una agenda analógica, donde llevamos distribuidos más de 30 millones de cuadernos con distintas actividades para todas las edades escolares y la producción de 21 horas entre televisión y radio, todos los días, para llegar a todos nuestros estudiantes, llegar a la ruralidad. La tele y la radio tiene una penetración absoluta en todos los hogares, cosa que no podemos decir lo mismo con el acceso a la web o a la conectividad”, sostuvo Trotta.VUELVE «CONECTAR IGUALDAD»
El Ministro de Educación Nicolás Trotta confirmó esta información, resaltando que “vuelve conectar igualdad, nuestro programa de conectividad en un momento de enorme complejidad como transita la Argentina en términos económicos y fiscales, hace eje en tres cuestiones; por un lado la distribución de computadoras a nuestros estudiantes. Nuestro compromiso en este 2020 es poder cubrir a todos los estudiantes de los 4tos años del secundario, de manera universal en todas las escuelas públicas. Nos restan distribuir hacia fin de año al menos 350.000 computadoras más para poder cumplir ese componente”.  Asimismo el Ministro precisó que la idea es avanzar en los próximos tres años y medio con la conectividad en todas las escuelas, ya que el 60% de las escuelas en la Argentina no tiene acceso a la web y también pretenden el desarrollo de una plataforma educativa que garantice la gratuidad de la navegabilidad educativa desde celulares.

Fuente de la noticia: https://diariolaopinion.com.ar/contenido/281894/el-60-de-las-escuelas-no-tiene-conectividad
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Cuba-Dominicana: Academia y covid-19: el desafío de la desigualdad

Noticias

Centro América/ Cuba-Dominicana/ 30.06.2020/ Fuente: rotativo.com.mx.

El aislamiento declarado en muchos países para controlar el contagio de la covid-19 puso en evidencia desigualdades ya existentes, también en el ámbito académico y educativo, coincidieron especialistas de Cuba y República Dominicana en un panel virtual, el 25 de junio.

Según la experiencia de la doctora Esther Hernández Medina, de Pomona College, en California, Estados Unidos, durante la emergencia sanitaria los hombres han aumentado en 50 por ciento su productividad enviando trabajos para publicar.

Pero “en el caso de las mujeres, ha ocurrido lo contrario, debido a la carga de trabajos de cuidado asignada históricamente a este sexo”, comparó la también fundadora de la Tertulia Feminista Magaly Pineda, durante el webinar “Academia y COVID, imponer una normalidad: visiones de Cuba y República Dominicana”.

En Cuba, en tanto, las profesionales académicas han sufrido también una sobrecarga durante el confinamiento, al combinarse las labores del hogar con las exigencias laborales, explicó durante la sesión virtual la doctora Yohanka León del Río, profesora del Instituto de Filosofía de la nación caribeña.

Esto sucede en un país donde las mujeres representan más del 60 por ciento de las profesionales y son mayoría de la fuerza laboral en la investigación científica y académica.

“En gran medida, ellas han sido protagonistas de esta batalla por la vida en el ámbito académico, en la investigación, en la docencia, en el servicio y en nuestras vidas cotidianas”, preciso León, también coordinadora del Espacio Feminista Berta Cáceres.

Dedicado a analizar cómo se adaptó la academia a la crisis sanitaria en diferentes contextos, el seminario web convocado por la Fundación Friedrich Ebert en el Caribe puso a dialogar a especialistas de Cuba y República Dominicana y confirmó que las nuevas circunstancias sacaron a la luz inequidades ya existentes, pero también nuevos desafíos.

En el caso de la enseñanza preuniversitaria, la experiencia del docente dominicano Dorian C. Tatem en un colegio privado bilingüe evidenció que la educación virtual cambió las dinámicas de los hogares, con marcadas diferencias entre chicas y chicos.

“Mayormente, fueron las madres quienes se involucraron más directamente en los procesos docentes de sus hijos”, comentó Tatem.

Además, explicó que en condiciones de virtualidad las niñas son menos tímidas a la hora de establecer contactos con los profesores para aclarar dudas, solicitar información y profundizar en los contenidos. Los varones, en tanto, se limitan a los espacios formales y esto marcó una diferencia en el acceso a la educación.

En Cuba, la academia también garantizó, desde la virtualidad, la permanencia de iniciativas feministas, narró la doctora Yuleidis González, profesora titular de la Universidad de Granma, a más de 600 kilómetros al este de la capital cubana.

“Con el distanciamiento tuvimos que suspender espacios presenciales, pero no paramos las labores en las redes sociales, apoyando campañas nacionales e internacionales por la lucha contra la violencia hacia las mujeres y la homofobia”, contó González, coordinadora de la Plataforma Feminista de Promoción Sociocultural “La Cuarta Lucía”, de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de ese plantel docente.

Desde esa plataforma también realizaron y publicaron sistemáticamente entrevistas a mujeres destacadas durante la pandemia, agregó la académica cubana.

La brecha tecnológica y otros retos
El aislamiento impactó en el sistema de enseñanza, formación y educación de muchas naciones. El curso presencial, base de la formación académica en casi todos los países, fue frenado de golpe y, en general, se pasó a la modalidad virtual, donde las tecnologías de la comunicación y la información asumieron una posición central.

A juicio de la cubana Yohanka León, la pandemia agudizó también la disputa de sentidos relacionada con la creación, la recreación y la transmisión del conocimiento.

“Al mismo tiempo, colocó el desafío de pensar alternativas que favorezcan la consolidación de la educación y formación pública, gratuita y de calidad, donde el conocimiento sea derecho humano y bien común”, reflexionó León.

El paso a modalidad virtual de muchos centros docentes tuvo diferencias marcadas en cuanto al acceso y la capacidad de las infraestructuras tecnológicas, no solo entre países o regiones, sino también en regiones de una misma nación, como ocurrió en el caso de la República Dominicana.

Allí la pandemia dejó ver que “aunque vivimos en el mismo contexto, hay una desigualdad social marcada: una parte de la población tiene acceso a la comunicación y la tecnología, mientras otra está en cero”, afirmó Elizabeth Reyes Feliz, maestra de media especializada en Ciencias Sociales en Barahona, a 180 kilómetros de Santo Domingo.

Según Reyes, en los liceos públicos de su región los estudiantes provienen de sectores pobres, tienen poco acceso a Internet y quienes cuentan con una computadora, la han usado durante apenas seis meses. En ese contexto, la educación virtual se complejizó bastante.

Muchas instituciones educativas no pudieron hacer nada durante el aislamiento, porque ni siquiera habían recibido las primeras ayudas del proyecto República Digital, una iniciativa que trabaja desde 2016 por informatizar la enseñanza dominicana, pero que ha demorado en llegar a las zonas más pobres.

“La pandemia nos ha obligado a echar a andar, aunque falta mucho por hacer. Necesitamos un país con las mismas oportunidades para todos los sectores”, apuntó Reyes.

Tatem coincidió con esta apreciación. “Los impactos fueron muy diferentes en colegios privados como el mío, con respecto a los públicos. Estos estudiantes tenían ya acceso a medios e internet, por lo que la transición fue más suave”, dijo.

Mientras, en Cuba, el acceso a las TICs también puso retos sobre la mesa. Según León, el país ha logrado generar una conectividad y acceso a redes sociales cada vez mayor, pero siempre restringido por el bloqueo impuesto por los Estados Unidos, que se ha agudizado en los últimos meses.

En tiempos de pandemia, buscar alternativas que igualaran el acceso de todo el estudiantado a la información y la educación a distancia fue una prioridad, aun cuando las clases virtuales fueron desestimadas, teniendo en cuenta que todos los estudiantes no podían acceder a Internet.

Pero, en busca de la equidad, en las universidades se puso a disposición del alumnado carpetas con bibliografía básica y complementaria, indicaciones claras y precisas para enfrentar las nuevas formas de estudio y cápsulas con la información asociada a cada asignatura, explicó la doctora Mely del Rosario Arostegui, profesora de la Universidad Central de Las Villas, a unos 260 kilómetros de La Habana.

En ese intento fue clave el trabajo previo en la enseñanza semi-virtual, a través de tutorías, nuevos programas y planes de estudio que centran atención en la autonomía de los estudiantes, precisó Del Rosario.

Además, se utilizaron las redes sociales para mantener un contacto sistemático con los estudiantes y el Ministerio de Educación Superior de la nación caribeña determinó que, cuando reinicien las clases, se dispondrá de 90 días para recapitular todo lo pendiente de este curso y que nadie quede rezagado.

La clave, según el equipo de especialistas que integró el panel digital, es buscar alternativas desde una perspectiva de equidad, pues la solidaridad y el compañerismo son claves de justicia social en tiempos de pandemia.

Fuente de la noticia: https://rotativo.com.mx/2020/06/29/mujer/cuba-dominicana-academia-y-covid-19-el-desafio-de-la-desigualdad-844637/amp/

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Pueblos indígenas, sus vivencias frente al coronavirus/México

Noticias

América/México/ 24/06/2020/Autor y Fuente: UNAM Global

La pandemia de COVID-19 aumentó las distintas problemáticas que los pueblos indígenas de América Latina han enfrentado históricamente, tales como la desigualdad en sistemas de salud, educación y economía, principalmente.

Así lo manifestaron especialistas de Guatemala, Chile, Colombia y Argentina durante la conferencia Lecciones para los pueblos a partir de la pandemia, organizada por la Red de Comunicación Indígena Internacional (RCCI), Servindi y el programa PUIC de la UNAM. Aquí un resumen de sus participaciones.

Por Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia – UNAM

22 de junio, 2020.- Para Abadio Green Stocel, de la Organización Nacional Indígena de Colombia, la pandemia lleva a reflexionar sobre qué tipo de educación es mejor construir a partir de estos momentos, ya que el sistema educativo que hoy permea en los Estados es racista, machista e individualista.

En su opinión, una transformación educativa podría incorporar conocimientos milenarios y el valor de lo colectivo.

Andrea Ixchíu, periodista y activista de Guatemala, compartió el caso del pueblo de Totonicapán, en donde ella nació y ha vivido. Ahí han encontrado sus propias formas de organización, de distribución de alimentos y de cuidado durante esta pandemia.

Destacó que las autoridades indígenas del lugar colocaron cercos comunitarios propios para evitar contagios y garantizar la propia seguridad de los habitantes del lugar.

También buscaron formas de organizar mercados comunales, estableciendo días específicos para ellos, se ha impulsado la creación de desinfectantes biodegradables y maneras de mantener vivas sus formas sociales de organización, así como el cuidado y la protección de los bosques comunitarios.

José Aylwin Oyarzún, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad de Chile, relató que en su país la pandemia está afectando seriamente a distintos sectores de la sociedad y con particular fuerza a los pueblos indígenas.

“Las 10 comunas más pobres de Santiago de Chile son las que concentran, por un lado, los mayores niveles de contagio y, por otro lado, entre el 10 y el 20% de población indígena, entonces, hay una correlación entre pobreza, desplazamiento e impacto de la  COVID.”

Nilo Cayuqueo, Werken, mensajero actual de la Comunidad Mapuche La Azotea, comentó que en Argentina se vive una política extractivista a través de la cual se promueve la explotación de recursos naturales como petróleo, gas y la minería en comunidades donde viven los pueblos indígenas. “En medio de esa violenta arremetida se produce la llegada del coronavirus.”

Dijo que los pueblos indígenas han tenido que migrar a Buenos Aires; viven en villas de miseria y en estos lugares el virus se propaga por el hacinamiento, la falta de agua y otras condiciones adversas.

“El COVID-19 no se detiene y es impredecible lo que ocurrirá en el futuro, los pueblos originarios y gran parte de la sociedad en Argentina están tomando conciencia contra todo ese tipo de injusticias».

«El pueblo no quiere volver a la normalidad y seguir siendo oprimido, explotado y ninguneado, nos hemos echado a andar para construir una nueva sociedad basada en el equilibrio y armonía con la naturaleza, las distintas culturas y todas las vidas que están en este planeta.” finalizó.

Este material se comparte con autorización de UNAM Global

Fuente e imagen: https://desinformemonos.org/pueblos-indigenas-sus-vivencias-frente-al-coronavirus/

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