Por: Roberto Patiño
Hace un par de semanas el régimen ordenó la vuelta a clases presenciales en todo el país.
El anuncio fue presentado por la red de medios públicos como una evolución natural de los logros de la revolución frente a la pandemia, el resultado positivo de la inversión pública en la recuperación de los liceos y enmarcado dentro de un aumento salarial a los docentes que fue acordado, señalaron, con el apoyo de todos los gremios y sindicatos. Toda una emotiva declaración de principios que no puede ocultar la gravedad del sistema educativo venezolano.
Lo que no dijeron durante el evento es que, según información de los propios profesores, agrupados en torno a la Federación Venezolana de Maestros (FVM), de 27.000 liceos que hay en el país, el Estado venezolano sólo ha invertido recursos en 5.000, mientras que los más elementales servicios públicos en la mayoría de los colegios, como el agua, tan necesaria en medio de una pandemia que no ha sido erradicada, sigue agravándose, como queda demostrado con el hecho de que en cada diez centros educativos, ocho no tienen agua corriente. La educación en Venezuela, han advertido los profesionales que están sobre el terreno, es de colapso.
A esta realidad que no aparece reflejada por las pantallas de VTV hay que sumarle el hecho de que la tabla salarial de los docentes fue “aprobada” por el Ejecutivo de espalda a los profesionales de la educación, pasando por encima de años de luchas y reivindicaciones laborales. Este acto de fuerza sobre el gremio educativo impuso unas tablas salariales donde un Docente Tipo III, devenga un salario mensual de 82 dólares, mientras la Canasta Alimentaria está en 455 dólares al mes. Los maestros venezolanos tienen suficientes razones para pensar en abandonar los liceos, es un gremio al que no se le puede exigir más de lo que han dado por el país en los últimos años.
El grave estado del sistema educativo coincide con la publicación del informe de Cecodap y la Agencia PANA, donde señalan, entre otras cosas, que la pobreza, el hambre, la violencia doméstica y la deserción escolar, son factores de riesgo para que niños y adolescentes sean reclutados por megabandas delictivas que operan en el país. Un riesgo que nuestra sociedad no puede tolerar.
En nuestro trabajo en las comunidades, junto a nuestros líderes, apoyando la verdadera organización comunitaria, sabemos que la escuela, junto a la cancha deportiva, es el corazón de la comunidad, una coordenada geográfica y existencial donde ocurre el encuentro de los vecinos, donde nacen y se llevan adelante los proyectos que surgen al calor de los nuevos liderazgos.
El liceo es el centro de la vida social de muchas comunidades y las organizaciones que trabajan en torno al liceo, apoyando a los niños, padres y docentes, tienen un alcance limitado que no puede ni aspira a sustituir las obligaciones que tiene el Estado, por más importante que sea su misión.
El Estado debe cumplir con su deber de garantizar las condiciones de trabajo en los centros educativos, dando un sueldo de calidad a los docentes y desarrollando, junto a los profesores, padres y comunidad educativa, un pensum de estudios acorde a los tiempos que vivimos, una exigencia para la cual el régimen que gobierna Venezuela no está preparado.
Nosotros seguiremos en la calle, apoyando el trabajo de las comunidades educativas, los maestros y padres, colaborando en los esfuerzos que emprenden muchos líderes para evitar que nuestros colegios sean desmantelados de manera definitiva y, sobre todo, luchando para lograr el cambio pacífico y democrático que necesita Venezuela para colocar a la educación pública, en el centro del debate y de las obligaciones de nuestro país.
Este es nuestro compromiso.
Fuente e Imagen: https://www.elnacional.com/opinion/vuelta-a-clases/
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