Educación

Jamil Salmi nació en Marruecos, pero conoce Chile de cerca. Desde que viajó a Temuco en 1998 para dirigir la primera reunión del Mecesup (Programa de Mejoramiento de la Calidad y la Equidad en la Educación Terciaria) como coordinador de Educación Superior del Banco Mundial, sus viajes nunca se detuvieron.

En los últimos 18 años ha sido asesor de los gobiernos de Bachelet y Piñera, fue nombrado profesor emérito de la Universidad Diego Portales y fue uno de los redactores del informe que en 2008 el gobierno le encargó a la OCDE para evaluar el sistema de educación superior chileno, el mismo documento que tres años más tarde se convertiría en una de las banderas de lucha del movimiento estudiantil para pedir la gratuidad.

Y aunque fue uno de los primeros en sugerir que Chile necesitaba una reforma, no vio venir la fuerza con la que el tema se instalaría en la agenda. “Jamás anticipé un cambio tan fuerte como lo que está sucediendo hoy en día a raíz de las protestas”, comenta por el teléfono desde Fiyi la primera vez que conversó con Qué Pasa.

Salmi es uno de los expertos en educación superior más reconocidos del mundo. Economista con un doctorado de la Universidad de Sussex, a lo largo de su trayectoria en el Banco Mundial y en Tertiary Education, la consultora que dirige desde 2012, ha trabajado con los gobiernos y las universidades de más de 90 países del mundo. Pero el caso chileno, que nunca ha dejado de seguir, no deja de sorprenderlo.

—¿Cuál era su impresión de Chile cuando elaboró el informe de la OCDE en 2008?
—Me parecía que estaba a la vanguardia de la educación superior en América Latina, porque tiene uno de los sistemas más desarrollados. A Chile no le va tan mal como la sociedad lo percibe. La verdad es que lo que he visto en los últimos cinco años me da mucha tristeza, porque es como si estuviéramos deshaciendo todo sin ver lo bueno que tiene el sistema chileno. Por ejemplo, que es un sistema estructuralmente diversificado: es bueno tener universidades privadas y públicas, además de instituciones no universitarias, como los Centros de Formación Técnica (CFT) y los Institutos Profesionales (IP). Y si miras el número de publicaciones científicas en relación al tamaño de la población, Chile tiene mucho mejores resultados que los grandes países, como Brasil, México o Argentina.

«¿Cuál es la mejor universidad hoy en día según los rankings internacionales? La UC. Si el Estado mañana decide dejar de darle recursos, van a terminar de destruir la mejor universidad del país a nombre de la ideología».

—Pero se detectaron problemas. En ese informe usted ya recomendaba una reforma.
—Había muchos instrumentos financieros que no eran coherentes entre ellos mismos, como el Aporte Fiscal Indirecto (AFI), y había que simplificarlos. Tampoco entendía por qué había dos sistemas de crédito educativo, el fondo solidario para el CRUCh y el CAE.

—¿Qué medida habría tomado usted?
—Antes de eso, cuando Pilar Armanet era jefa de la División de Educación Superior y se iba a lanzar el predecesor del CAE, le pregunté por qué, si ya existía un sistema de créditos, no mejor ampliarlo en vez de crear otro sistema para las universidades fuera del CRUCh . Me respondió: “Tú no entiendes este país, no se puede tocar el CRUCh”. Creo que ese fue el drama de Chile: la incapacidad de ver qué cosas históricas, que quizás tuvieron su sentido en alguna época, ya no servían.

—Usted es muy crítico del CRUCh. ¿Por qué?
—No he visto en ningún otro país del mundo que haya un grupo de universidades como el CRUCh, que funcione como un club que recibe todos los subsidios del Estado, mientras que hay muchas otras universidades que no reciben nada. Es como decir que los chilenos que están en las otras universidades no son ciudadanos a tiempo completo, y no califican para los subsidios del Estado de la misma manera. Por eso yo he usado la palabra apartheid: discriminación entre dos grupos de chilenos. La primera vez que sugerí reformar el CRUCh fue en 1998, cuando vine por primera vez a Chile. Me da risa y tristeza, porque hoy, casi 20 años más tarde, la situación sigue igual.

—Las protestas estallaron dos años después de que se publicara el informe, a comienzos de 2009, ¿cree que se pudo haber hecho algo para evitarlas?
—A mi juicio hubo dos errores. Primero, fue muy valioso de parte del gobierno de Bachelet haber pedido una evaluación de la OCDE, pero el informe puso problemas sobre la mesa y no se hizo nada para solucionarlos. El segundo error fue que el nuevo gobierno fue muy arrogante al no dialogar con los estudiantes, lo que provocó que las demandas escalaran, y después perdió el control de la agenda en educación.

—¿Ha tenido experiencia con otros países donde la calle pese tanto?
—Hay pocos países en que los movimientos hayan durado tanto. Al mismo tiempo que en Chile, surgieron protestas en Corea y Canadá, pero duraron tres meses y desaparecieron. Quizás la única situación similar hoy en día es Sudáfrica, donde llevan casi dos años protestando. Pero es difícil hacer reformas de fondo, bien pensadas, si todo se hace bajo la presión de la calle. Habría sido interesante poner a Camila Vallejo de ministra de Educación. Si tú, como gobierno, aceptas esa presión, hay que poner a los dirigentes para que vean lo difícil que es implementarlo.

—Ella no llegó al ministerio, pero sí al Parlamento.
—Tuve un diálogo con algunas personas cercanas a ella. Quería explicarles que cuando tienes un país donde todas las instituciones son públicas, pasar a la gratuidad es muy fácil. Pero en Chile, donde el 70% de los estudiantes estudian en instituciones privadas, es muy complicado.

—Entonces, ¿para usted la gratuidad no era la solución?
—En la medida en que se logra ofrecer gratuidad al 30% o 40% de los deciles más bajos, se soluciona al menos el problema de la barrera financiera. Pero la gratuidad, como se entiende hoy en Chile, no es el único camino.

—¿Cuáles son las otras opciones?
—Más que eliminar el cobro de la matrícula, para mí es más importante el concepto de costo neto, cuánto va a tener que pagar un estudiante de bajos recursos al final de la carrera. Es más realista, porque si no, los hijos de los ricos van a recibir subsidio de los pobres.

—En Chile, una de las razones por las que la reforma ha sido criticada es por mantener el sistema de créditos.
—Una cosa es que el CAE haya sido problemático, pero no por eso todos los créditos son malos. Para mí, uno de los mejores sistemas de financiamiento es el australiano. Ahí ningún estudiante paga, pero automáticamente se constituye un crédito que se llama Income Contingent Loan (crédito vinculado al ingreso). A la hora empezar a trabajar, los egresados tienen que pagar un impuesto que es una proporción muy baja de sus ingresos, y que se condona si estos están por debajo de un mínimo.

—¿Los países donde hay gratuidad son más equitativos?
—Depende. Los países nórdicos, sí, pero porque su sistema de impuestos es muy alto. Pero en otros casos, si no sientes el costo de tus estudios, no tienes incentivos para estudiar, lo que provoca altos niveles de deserción o de repitencia.

—¿Se refiere a los sistemas latinoamericanos?
—Definitivamente, y se agrava en los países donde no hay selección al ingreso, como Argentina. Aunque la matrícula es más alta, la repitencia y la deserción son enormes.

—¿Cree que puede haber lucro en la educación?
—No comparto la idea de ganar dinero con la educación, pero al final lo que importa es la calidad. Si el Estado lo puede hacer todo, está bien, pero la realidad de la mayoría de los países es que no hay suficiente plata. Si hay gente dispuesta a invertir en educación superior, ¿por qué no? Pero tiene que haber algunas cosas presentes: calidad, pertinencia, un sistema de acreditación y una regulación muy rigurosa. El gran problema de Chile es que se quedaron en la ambigüedad, porque había instituciones de educación superior donde todos sabían que había lucro, pero, como no existía la figura del lucro, se les permitió seguir sin los controles adecuados.

Contra la competencia

Salmi fue uno de los expositores principales del seminario “Investigación y educación en red: Colaborar para avanzar”, que organizó la Red UniversitariaNacional, Reuna. Su tesis es sencilla: las universidades deben trabajar en conjunto para crecer y convertirse en universidades de rango mundial, aquellas que tienen los mejores resultados al formar profesionales egresados de alto nivel.

—¿Existen universidades así en América Latina?
—No. Me parece inaceptable que la Universidad de São Paulo, que no es una universidad pobre, no sea mejor. Una paradoja en América Latina es que cuando van al Mundial de Fútbol no van para ser el número 150 o 47, sino para ser campeones, pero en la educación no veo este mismo afán ni por parte de los estados ni de la sociedad.

—¿Qué pasa en Chile?
—Las universidades privadas tiene un buen nivel de gobernanza, y las públicas son mucho más flexibles en comparación al resto de América Latina. El nivel de recursos sigue siendo muy básico. Pero el principal problema es que hay un nivel de internacionalización muy bajo, con muy pocos estudiantes y académicos extranjeros.

—¿Y ve más colaboración o competencia?
—La sociedad chilena está muy dividida, y las universidades son un reflejo de eso. Hay mucha competencia, lo que me parece peligroso porque Chile es un país muy pequeño. La colaboración podría ayudar a crear universidades más fuertes en el ámbito internacional.

—¿Cuál es su definición de universidad pública?
—La definición legal es que pertenece al Estado, es decir, más del 50% de sus ingresos son públicos. Pero para mí esa no es una buena definición. Si fuese así, uno podría cuestionar si la Universidad de Chile es una universidad pública, porque menos del 30% de sus ingresos son del Estado. Lo que hay que preguntarse es si las universidades cumplen con una visión de bien público. Y si ese es el caso, la Universidad Católica también cumple.

—¿Qué entiende por “visión de bien público”?
—Hay varios componentes, pero el más importante es cómo atiende a estudiantes de clases más bajas, si hay esfuerzo para incluirlos.

—En Chile, el debate más álgido desde que se conoció la reforma ha sido para definir esos conceptos, porque de eso va a depender quién recibe más recursos.
—¿Cuál es la mejor universidad hoy en día según los rankings internacionales? La UC. Si el Estado decide dejar de darle recursos, van a destruir la mejor universidad del país a nombre de la ideología. Por eso encuentro muy peligroso que la reforma, por las complicaciones políticas, no haya permitido una reflexión de fondo que reconozca lo bueno en el sistema chileno, versus lo que hay que reformar.