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El titular de la SEP, señaló que nunca más habrá una política en la materia que deje fuera a los maestros, como ya sucedió.
En la Cámara de Diputados, los integrantes de las comisiones de Educación y Puntos Constitucionales, se reunieron con el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma, quien defendió la iniciativa del Presidente de la República para derogar la reforma educativa.
En el marco del arranque formal del análisis del planteamiento de Ejecutivo Federal que deroga la reforma educativa impulsada el sexenio anterior, el funcionario subrayó que la propuesta no deriva de un criterio central ni de una sola persona.
“De que la iniciativa no deriva de un criterio central ni de la voluntad unilateral del Gobierno, por el contrario, proviene de un ejercicio democrático, incluyente y absolutamente participativo. Debo recordar dos características de la reforma educativa que se propone abrogar, que surgió con la ausencia de consensos previos, y segundo, que se realizó con un ritmo apresurado. Me atrevo a decir, con demasiada prisa”, argumentó.
Al calificar como “fallido” el ordenamiento vigente, Moctezuma Barragán señaló que nunca más habrá una política en la materia que deje fuera a los maestros, como ya sucedió.
“La fallida reforma educativa, además de acompañarse de una desvaolorización a las maestras y los maestros mexicanos, los ahoga con cargas administrativas adicionales. Desplegó también un derroche millonario en publicidad y redujo los recursos necesarios para la actualización docente”, refirió.
Recriminó que la norma haya “estresado” y entristecido a los maestros del país, a quienes se denostó y se desprestigió.
“Nunca más habrá y nunca debió siquiera concebirse una reforma educativa sin la participación directa de los maestros y las maestras de México. Nunca debió instrumentarse una evaluación de los docentes con fines laborales. No deben repetirse bajo ninguna circunstancia evaluaciones al magisterio donde la autoridad educativa tenga que usar la fuerza pública para llevarlas a cabo, como vergonzosamente llegó a suceder durante el pasado régimen”, expuso.
Tras afirmar que uno de los principales problemas de México fue hacerle “demasiado caso” a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en materia educativa, y sentenciar que el gobierno no debe obedecer dictados de ese tipo de organismos, el funcionario aseveró que el planteamiento del Ejecutivo Federal es integral.
“Pues yo creo que uno de los problemas fue hacerle demasiado caso, la OCDE es un organismo respetado y respetable, que nos puede ayudar mucho como asesor, que nos puede servir como lo que es, un organismo al servicio del gobierno mexicano, para eso se le paga, pero no un organismo que dicte al gobierno mexicano lo que tiene que hacer”, atajó.
La reforma educativa por derogar, argumentó, no dejó ningún avance significativo en una mejora en la calidad de la educación, por el contrario, hubo retrocesos en el aprovechamiento en ciencias, lectura y matemáticas, en comparación con mediciones anteriores.
Fue insistente en señalar que se sometió a un “estrés inútil” a los maestros, que se deprimieron y entristecieron, tal y como lo reconoció en 2013 el propio secretario de Educación, Emilio Chuayffet. De haber continuado con esas medidas, los efectos habrían sido peores.
Al aseverar que “lo mejor de la educación está por venir”, el funcionario subrayó que la propuesta del Primer Mandatario prevé revalorar al magisterio, poner a los niños al centro del sistema educativo, que deberá tener calidad y equidad.
Destacó que por primera vez, se establece en la Constitución que niños serán el centro de la educación; se agregan los conceptos de universalidad, integralidad, equidad y excelencia. Aseveró que por primera vez, revalora al maestro; se incluye el derecho de maestros a contar con mecanismos de mejora y profesionalización continua y aseveró que “la buena noticia”, es que los maestros del país no rechazan la evaluación.
La norma fortalecerá las Escuelas Normales y mejorará sus métodos de enseñanza; incluirá la obligatoriedad de promover valores, civismo, una cultura de paz, principios de solidaridad internacional, respeto a derechos humanos, historia, arte, cultura y en especial música, deporte escolar y respeto al medio ambiente. “Eso es educación integral”, resumió.
Añadió que hace énfasis en la educación bilingüe y bicultural; brindará ayuda alimentaria y con becas a estudiantes de escuelas de zonas vulnerables del país; contempla la entrega de 10 millones de becas en todo el país a alumnos de primaria, secundaria y educación media superior.
Apuntó que Crea el Instituto Nacional para la Revalorización del Magisterio en lugar del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; aunado a que el nuevo organismo contará con un Consejo Consultivo Ciudadano. Ante preguntas de congresistas de oposición, afirmó que habló de que “se vale copiar”, no se refería a “copiarle al matadito” de la clase, sino a promover el “trabajo colaborativo”.
Relató que a raíz de sus declaraciones, ha recibido invitaciones de Europa, para que explique su “idea disruptiva”.
En defensa de sus conceptos, aseguró que Japón se desarrolló “copiando” las creaciones, logros y ejemplos de otras naciones. Cuestionado por la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Abril Alcalá, sobre cómo resolverán los problemas de las escuelas de tiempo completo y la enseñanza de inglés, cuyos profesores no han rendido los resultados esperados, causó sorpresa al comentar en qué trabaja la SEP para atender ese último asunto.
Dijo que se analiza una plataforma para enseñar inglés en las escuelas del país, cuyo funcionamiento permita aprender al alumno, sin necesidad de que el maestro sepa ese idioma, porque no habrá tiempo de preparar a los egresados de las escuelas Normales.
A cuestionamientos sobre la precariedad de la infraestructura educativa, señaló que la administración entrante recibió el sistema en dichas condiciones, situación “inexplicable”, recriminó, porque en sexenios pasados se destinaron recursos millonarios para ese rubro.
Sobre la desaparición del INEE presentó dos argumentos: ninguno de sus integrantes conocía las evaluaciones aplicadas a los maestros y el 50 por ciento de sus recursos iba a servicios personales. Respecto al “error” cometido al suprimir en la iniciativa la fracción séptima del artículo 3 de la Constitución, indicó que los legisladores deberán subsanar la falla, a fin de mantener el texto vigente.
En el encuentro, legisladores del Movimiento Ciudadano (MC), el PRD, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) subrayaron que la propuesta para derogar la reforma educativa tiene errores, inconsistencias, incongruencias y representa un retroceso, al desaparecer al organismo autónomo evaluador. Tajante, el diputado del PAN, Felipe Fernando Macías indicó que el proyecto está plagado de retrocesos y su propósito parece ser utilizar la ley para “pagar favores políticos”.
“¡Con los niños no! No se metan con los niños para lucrar, no se metan en su futuro para pagar favores políticos, demandó. OCDE
México / 20 de enero de 2018 / Autor: Juan Carlos Miranda Arroyo / Fuente: SDP Noticias
El pasado 8 de enero, Eduardo Backhoff escribió en estas páginas una crítica superficial sobre una afirmación de Esteban Moctezuma Barragán (EMB), titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), acerca de un supuesto “principio” que al decir del funcionario “…cambiará el “paradigma educativo” mexicano en el que será válido copiar para fomentar el trabajo en equipo y donde no se utilizarán los exámenes como mecanismo único para medir el conocimiento.”. (la cita textual entrecomillas es de Backhoff. Ver: “Copiar y no evaluar: un planteamiento pedagógico de la 4T”, SDP Noticias, 8 de enero, 2019). Presento a continuación algunos elementos de las inconsistencias encontradas en la línea de argumentación que nos ofrece Backhoff. I
Una cosa es la afirmación del secretario Moctezuma y otra diferente es que, con base en ese dicho, se concluya que ese sea el “modelo” o propuesta educativa de la Cuarta Transformación (4T). Pero, si es así, le solicito públicamente al investigador en educación (Eduardo Backhoff), que presente pruebas o evidencias en las cuales, de manera documental, demuestre que el proyecto educativo del movimiento o partido MORENA, sugiera ese tipo de “principios pedagógicos”.
II
“Copiar en la escuela”.
Me parece que una vez más el académico bajacaliforniano cae en “inconsistencias” o simplemente presenta argumentos insostenibles, porque reduce toda la riqueza de las experiencias (o los razonamientos) de los aprendizajes escolares de niños, niñas y jóvenes, a una simple acción que implica “resolver”. Esto se pone en evidencia cuando el investigador universitario dice: “Lo que verdaderamente garantiza que un estudiante aprendió algo es que éste sea capaz de utilizar el conocimiento adquirido para resolver un problema que no haya visto en clase; es decir, que no lo pueda resolver solo porque se memorizó la respuesta o los pasos para llegar a ella, sin haber comprendido a fondo la forma en que llegó a la solución del problema.”
La resolución de problemas es, en todo caso, una evidencia de aprendizaje, pero no es la única ni la más relevante. Pregunta: ¿Entonces usted piensa que todos los procesos de aprendizaje en la escuela se reducen a lograr que los niños, las niñas y los jóvenes resuelvan problemas? ¿Dónde quedan todos los demás procesos de aprendizajes diversificados e inspirados en la creatividad, la socialización, la identidad cultural, los valores cívicos y éticos, la apreciación artística, el cuidado de la salud o los criterios científicos? Eso sólo por mencionar un menú preliminar de opciones generales de aprendizajes escolares. Por lo que veo, con esa concepción limitada sobre la “Psicología del Aprendizaje”, Backhoff dejaría fuera todo lo que tiene que ver con los aprendizajes variados de conceptos, nociones, estrategias y procesamientos diversos (complejos) de información (estrategias de estrategias). Por ejemplo, estarían fuera de ese universo: el aprender a discutir núcleos de teorías, realizar clasificaciones conceptuales, criticar paradigmas, identificar rupturas teóricas, desagregar sistemas o desglosar procesos naturales o sociales (continuos o discontinuos), etc.
Efectivamente, para llevar a cabo todos esos trayectos diversos de aprendizaje, es necesario ir más allá del “copiar y pegar”, sin embargo, los procesos simples de aprendizaje que están relacionados con esas acciones, más que desechables, podrían constituir un valor de base o de arranque para alcanzar otros niveles más complejos de aprendizaje. De tal manera que, desde el punto de vista pedagógico, sería insostenible tirar al bote de la basura las actividades colaborativas entre los alumnos que, aunque reproduzcan o no el “copiado en la escuela”, son relevantes como precursoras de nuevos aprendizajes. Además, el criterio de las acciones colaborativas y cooperativas, puede ser matizado por el docente o los estudiantes mismos (relaciones horizontales entre alumnos novatos y expertos), con la finalidad de no caer en faltas éticas.
III
La hegemonía de los tecnócratas de la evaluación educativa
Otro problema que nos pone sobre la mesa Backhoff, al intentar una crítica inconsistente acerca de lo dicho por Moctezuma Barragán recientemente, es un asunto más de fondo y menos de forma. Los tecnócratas de la evaluación educativa piensan (y lo sostienen por escrito) que el aprendizaje escolar es solamente aquello que se puede evaluar (o medir) mediante exámenes estandarizados: Así lo confirma el texto de Backhoff: “…un modelo educativo que fomenta la copia en clase y que no privilegia la evaluación del conocimiento con instrumentos válidos y confiables no garantiza que los estudiantes puedan superar el talón de Aquiles de todo sistema educativo, particularmente el mexicano: el aprendizaje de conocimientos y habilidades necesarios para tener éxito en la vida académica, laboral y social.”
¿Todos los instrumentos técnicamente “válidos” y “confiables” son seleccionados para evaluar los aprendizajes o los desempeños laborales de los profesores? La experiencia institucional, al menos en México, indica que esto no es así. Cuando le preguntan a los tecnócratas de la evaluación ¿Por qué no han evaluado los aprendizajes escolares de otras asignaturas o campos de formación, (distintos a Matemáticas y Lenguaje y Comunicación), como los aprendizajes implicados en los procesos de socialización, lo relativo a las Bellas Artes; o los aprendizajes relacionados con la Educación Física?, ellos contestan que “eso no se evalúa porque se requieren otros métodos e instrumentos de evaluación (de campo, como la observación directa), y debido a que, además de ser más sofisticados, resultan –por lo mismo-, más caros u onerosos al diseñarlos y ponerlos en práctica.
Por otra parte, desde hace algunos años el doctor Ángel Díaz Barriga ha sugerido que las evaluaciones de los docentes (como un tema colateral a la evaluación de los aprendizajes escolares), sean más “sociales” que “individuales”; es decir, que la evaluación educativa en ese ámbito esté dirigida a ponderar el potencial del colectivo de docentes, en contexto, que favorezca las condiciones de aprendizaje en el aula. Ello en lugar de situarse en las capacidades individuales de los docentes y directivos escolares, como se hace hasta hoy.
Además, según la voz de varios expertos, son necesarias las evaluaciones de la docencia y de la gestión educativa, con enfoque de campo, es decir, que incluyan series de observaciones y entrevistas in situ, acerca de las labores desarrolladas (académicas y no académicas) por parte de los distintos actores educativos en la escuela. Sin embargo, los puntos de vista del profesor-investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE-UNAM), han sido ignorados por la cúpula de la evaluación educativa de este país. Incluso, ese rechazo se ha dado a pesar de los razonamientos técnicos, sustentados en investigación educativa, empírica y teórica. Como sabemos, hoy, la evaluación de los “colectivos docentes” es un asunto no prioritario para los jerarcas de la evaluación educativa en México. (¿O me equivoco, doctor Díaz Barriga?)
IV
Evaluación y presupuestos
Pero, -responden los Consejeros del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), …para lo que sí hay dinero (en esa lógica burocrática y administrativa que priva en México), es para pagar la no menos significativa cantidad de 203 mil pesos mensuales… a cada uno de los cinco consejeros del casi extinto INEE. Conclusión: No hay dinero para desarrollar nuevos métodos e instrumentos de evaluación de los aprendizajes, ni para desarrollar innovaciones, a efecto de evaluar a las figuras educativas; pero si hay recursos financieros para pagar un salario de más de un millón de pesos mensual, en paquete, para los doctores en evaluación; luminosos integrantes de la Junta de Gobierno del organismo autónomo.
Por si faltara poco, en este mar de inconsistencias, convendría hacer el análisis acerca de cuánto nos cuesta, a los ciudadanos, el diseño, la aplicación y el procesamiento de la información de los miles y miles de evaluaciones individuales que la SEP contrata con empresas particulares, especialmente, con el Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior, A. C. (mejor conocido como CENEVAL), que es el proveedor principal en esa labor de diseño y análisis de los procesos de la evaluación educativa.
¿Podría revelarnos el ex consejero Backhoff a cuánto ascendió el monto de lo gastado (por año) para diseñar, aplicar y procesar las evaluaciones educativas tanto de los aprendizajes de los estudiantes como de las figuras educativas (específicamente para el ingreso, la promoción y el desempeño de docentes, técnicos docentes, asesores técnicos y directivos escolares) durante el sexenio 2012-2018? Quizá no sea difícil que nos conteste… Es un tema de actitud… o tal vez sólo sea cuestión de “copiar y pegar” la información que posee el Órgano Interno de Control del INEE, o de la SEP, o de los expedientes de las auditorías practicadas por los órganos correspondientes del Poder Legislativo.
Recomendamos la lectura del portal Otras Voces en Educación en su edición del día domingo 20 de enero de 2019. Esta selección y programación la realizan investigador@s del GT CLACSO «Reformas y Contrarreformas Educativas», la Red Global/Glocal por la Calidad Educativa, organización miembro de la CLADE y el Observatorio Internacional de Reformas Educativas y Políticas Docentes (OIREPOD) registrado en el IESALC UNESCO.
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Por: Marco Antonio Fernández y Laura Noemí Herrera
Animal Político
Es imprescindible que los promotores de la nueva reforma educativa nuevamente aprendan de los errores ajenos de quienes también prometieron una agenda de equidad educativa, pero que en los hechos distribuyeron reiteradamente recursos del erario de forma regresiva, ineficaz y lamentablemente, en ocasiones, con corrupción.
Si las condiciones educativas terminan definiendo el destino de un país, las nuestras nos están condenando. Pese a reconocer que todos los mexicanos tienen el derecho a la educación, el acceso a la escuela aún sigue condicionado por el lugar de nacimiento. Por ejemplo, el 36% de los niños que nacieron en una comunidad rural no asiste a la escuela, lo mismo sucede con 36% de los niños indígenas, el 44% que tiene una discapacidad o el 85% que son hijos de jornaleros agrícolas (INEE, 2018). No sólo eso, de los 14 millones de estudiantes que están en la primaria, 6 de cada 10 egresarán con grandes deficiencias en matemáticas y español, rezagándose tres años respecto a los alumnos de sistemas educativos con mejor desempeño como Corea del Sur o Finlandia (OCDE, 2016). Probablemente sólo 7 de cada 10 lleguen a media superior y sólo 5 la concluyan. Otros 3 ingresarán a la universidad, pero sólo 2 concluirán. Al terminar sus estudios, todos se enfrentarán al reto de insertarse al mercado laboral, pero pocos contarán con las habilidades necesarias para hacerlo exitosamente.
Este es el panorama actual de la educación en México que el nuevo gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, buscará atender con un nuevo proyecto educativo que promete, ahora sí, hacer valer el derecho de todos los mexicanos a la educación desde preescolar hasta educación superior. Equidad y calidad serán los principios que regirán las políticas educativas de la nueva administración federal. Becas universales, atención prioritaria a los más pobres, construcción de 100 universidades públicas y un programa para la capacitación de los jóvenes, destacan como propuestas emblema en el documento entregado en Cámara de Diputados el pasado 12 de diciembre. A ellas se suma la promesa central de revalorizar al magisterio, para lo cual se propone eliminar cualquier consecuencia laboral a la evaluación de su desempeño y derogar al hasta ahora autónomo Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), considerado como instancia cómplice en la política de desprestigio docente que, según las nuevas autoridades educativas federales caracterizó a sus predecesores en su labor de la implementación de una reforma, a la que no le reconocen valor educativo, sino simplemente administrativo-laboral.
Similar a lo que ocurrió con las últimas cuatro reformas educativas, los objetivos que se pretenden alcanzar no son muy distintos: excelencia educativa, con educación incluyente y con equidad de oportunidades. Sin embargo, ningún detalle de los cómos, para ahora sí cumplir con dichas metas, está retratado ni en la exposición de motivos ni en el texto constitucional propuesto, quizá dejando esas particularidades para su incorporación posterior a la legislación secundaria que se discuta en caso de ser aprobada la reforma constitucional propuesta. Parecen ser pocas las estrategias educativas de la administración anterior que sobrevivirán el cambio sexenal. Hay, no obstante, eliminación de aspectos muy relevantes del marco jurídico vigente que podrían significar un retroceso educativo.
De manera preocupante destacan 1) la eliminación del Servicio Profesional Docente y 2) la desaparición del INEE, aspectos que reflejan una profunda motivación política más que una estrategia de mejora educativa. En primer lugar, uno de los logros de la reforma que se pretende derogar es quitar los cimientos constitucionales a las reglas de ingreso y ascenso para el desarrollo de la carrera profesional de los docentes, en el que el mérito antes que las conexiones, herencia o prácticas de corrupción marquen la posibilidad de que los docentes avancen en su carrera dentro del magisterio.
Hoy el artículo tercero constitucional establece que “el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan”. Además, se elimina la garantía constitucional para evitar que todo ingreso y ascenso que no sea a partir de los concursos de oposición sea considerado nulo. Todo esto desaparece en la propuesta del presidente López Obrador para ser sustituido por la mención a un Servicio de Carrera Profesional del Magisterio a cargo de la federación, cuyos detalles serán definidos por la ley secundaria.
Asimismo, se propone derogar la Ley del Servicio Profesional Docente. Peor aún, en los artículos tercero y séptimo transitorios se contempla que, en tanto se apruebe la nueva legislación secundaria (dentro de 6 meses, una vez aprobada la reforma constitucional), quedarán suspendidos todos los mecanismos de evaluación docente para ingresar o promocionarse en el servicio profesional docente. Lo mismo ocurre con cualquier efecto en la permanencia del empleo de las evaluaciones magisteriales realizadas con anterioridad.
Si bien se reconoce la necesidad de replantear los efectos laborales de la evaluación del desempeño de los docentes –dada la importancia de mejorar los instrumentos de evaluación y sobre todo la calidad de los cursos de capacitación y las tutorías a los maestros con base en los resultados de sus evaluaciones- es necesario advertir de las consecuencias negativas para la operación del sistema educativo al suspender todas las evaluaciones de ingreso y ascenso en el servicio docente.
¿Qué sucederá con los miles de maestros que se evaluaron en agosto pasado para aspirar a una posición de director, supervisor o asesor técnico pedagógico tanto en la educación básica como en la educación media superior? Sus resultados son válidos por un año de acuerdo al marco vigente, lo que les permitiría a los mejores aspirantes, con base en el orden de prelación de sus evaluaciones, obtener la posición directiva por la que concursaron. A quienes obtuvieron estos mejores resultados, ¿simplemente se les dirá que ya no cuenta su esfuerzo para aspirar a una mejor posición en el servicio profesional y por ende no podrán hacerse acreedores a sus nuevas posiciones de dirección? ¿Cómo se plantea nombrar a los directores de primarias, secundarias, preparatorias, etc. en los planteles en que dichas posiciones han quedado vacantes por jubilación, retiro, fallecimiento, renuncias, etc.? ¿Qué pasará con las plazas vacantes de supervisores y asesores técnico pedagógicos?¿Qué sucederá en el caso de los directores de preparatorias y demás planteles de educación media superior que se evaluaron en noviembre para ver si pueden seguir en su puesto directivo o si necesitan ser sustituidos por nuevos directores? En el sistema educativo hay un ciclo normal de jubilaciones que se acelera hacia finales de año, por lo que en enero tiene que sustituirse al personal directivo y magisterial que haya dejado sus puestos en estas últimas semanas. ¿Cómo se cubrirán las miles de plazas vacantes todo el próximo año mientras se aprueba el nuevo marco jurídico secundario, lo cual, puede suceder hasta agosto-septiembre del próximo año?
¿Qué mecanismo se pretende implementar si está suspendido absolutamente toda evaluación con estos propósitos? El nuevo líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, tiene claro cómo llenar estas necesidades de plazas docentes y directivas: mediante la exigencia de que se le otorgue el 50% de las plazas vacantes al sindicato, para que éste las reparta a sus miembros (familiares e hijos), tal y como lo hacía antes de la reforma que se pretende derogar (aquí el video con sus afirmaciones). Hasta ahora ni el presidente López Obrador ni Esteban Moctezuma han refutado la aspiración del nuevo liderazgo magisterial.
En segundo lugar, en el caso del INEE, la iniciativa menciona que al instituto se le “percibió como un instrumento persecutor del magisterio”, sin que los promotores del documento den prueba alguna de dicha afirmación, pero afirmando que esto es motivo suficiente para su cancelación. La desaparición del INEE, también resulta uno de los retrocesos más profundos para nuestro sistema educativo, al intentar acabar con el trabajo de 15 años en los que se ha buscado construir un órgano que sirva como contrapeso a las acciones tomadas por las autoridades educativas federal y de los estados. Recordemos aquellos actos en que las autoridades en la materia, por limitaciones técnicas y políticas, no fueron capaces de brindarnos información objetiva, confiable y pertinente del estado de nuestro sistema educativo. Por ejemplo, tres años atrás, carecíamos de un diagnóstico de las condiciones en las que estudian los niños de comunidades indígenas o que pertenecen a familias jornaleras, información que hoy conocemos gracias al impulso que el INEE dio al estudio de la desigualdad del sistema educativo nacional. De forma similar, un estudio independiente realizado por el instituto señaló las limitaciones en la ejecución del programa de mejora de infraestructura educativa implementado por la autoridad educativa federal y de los estados en el sexenio anterior.
Sin duda alguna hay aspectos fundamentales que el INEE tiene que mejorar y así lo hemos manifestado públicamente tanto en su Consejo Social como en distintos foros académicos y en los medios de comunicación. Muchos de los indicadores educativos novedosos como el de egreso oportuno o las implicaciones de las evaluaciones a estudiantes mediante la prueba PLANEA tienen que ser mucho más accesibles y útiles a maestros, directores y padres de familia. Las directrices que el instituto ha realizado en distintos ámbitos educativos como las de las normales y las correspondientes a educación media superior tienen que tener un seguimiento puntual en las entidades, para saber cómo las autoridades las adaptan a las políticas educativas para mejorar los resultados en esta materia.
No obstante, la iniciativa en vez de enfocarse en cómo mejorar lo avanzado y corregir las omisiones del instituto, promueve su desaparición para sustituirlo con un nuevo organismos denominado Centro Nacional para la Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua, al cual se le quita de su autonomía constitucional y se le regresa al ámbito de su dependencia federal en la Secretaría de Educación Pública. Se promete un consejo consultivo integrado por 7 miembros (académicos, docentes, especialistas, padres de familia entre otros) pero todos nombrados por la SEP sin consulta alguna al Senado como ocurre actualmente con la junta directiva del INEE, nombrada por mayoría de los senadores.
Se antoja complicado, por decir lo menos, que un centro dependiente de la SEP pueda ser capaz de señalar críticamente las fallas de implementación del proyecto educativo de la administración en turno. Por ejemplo, en las directrices de educación media superior el INEE encontró problemas en la forma en que las becas fueron distribuidas por las autoridades educativas y planteó propuestas para mejorar su focalización, de forma que se apoye realmente a quien más lo requiere y así evitar la duplicación y mal uso de su presupuesto (INEE 2017). Para el nuevo gobierno, el sistema de becas es fundamental. ¿Podrá un centro como el planteado por la propuesta presidencial asumir una postura de evaluación crítica propositiva en caso de que la SEP falle en la distribución de los recursos en dicho programa?
De igual forma la propuesta presidencial reconoce la necesidad de la formación de los docentes como una política fundamental para garantizar el desarrollo de los mejores profesores frente a grupo. Sin embargo, este anuncio no es novedoso, pues las cuatro reformas previas hicieron promesas similares. Los resultados de los programas de capacitación docentes son cuestionables hasta ahora. Existen dudas sobre su calidad, pertinencia y eficacia para atender las necesidades de los maestros, en particular en educación básica. ¿Qué lecciones se han obtenido de las fallas en esta materia para que la nueva estrategia de formación realmente cumpla con la promesa de capacitar correctamente a los maestros de las escuelas públicas del país?
A través de los programas anteriores de formación y capacitación docente se ha logrado que hoy 90% de los maestros en planteles públicos tengan estudios de licenciatura o posgrado. Incluso 9 de cada 10 docentes dedica en promedio 80 días de un ciclo escolar a capacitarse (el doble del tiempo de sus pares en otros países de la OCDE). Sin embargo, pese a estos números aún no tenemos cambios importantes en los aprendizajes de nuestros alumnos: con base en los resultados de la prueba PISA nuestros jóvenes mejoran en promedio cada año 2.7 puntos en matemáticas y 1.1 puntos en lenguaje y comunicación. Un ritmo bastante lento, si se comparan los avances observados en Colombia, Perú o Chile, países con condiciones similares de desarrollo a las nuestras. A esto agreguemos que, pese al tiempo que dedican a capacitarse, 1 de cada 5 docentes declara no sentirse preparado en el contenido de la materia que enseña y 1 de cada 7 profesores, sienta falta de preparación en el aspecto pedagógico (OCDE 2014, BID 2016, INEE 2018).
Si bien el elemento docente no es el único factor detrás de los resultados de aprendizaje de los estudiantes, sí es un factor fundamental y para ello, brindarles formación y capacitación que les permita poder tener un desempeño pedagógico eficaz en el aula es fundamental. Lamentablemente el país está aún en deuda con el magisterio en este rubro, por lo que es fundamental que las nuevas autoridades respondan a la brevedad ¿Qué aprendizajes se obtuvieron de las fallas en la formación docente brindada por la reforma que se busca derogar, para que ahora el nuevo centro de revaloración del magisterio brinde cursos útiles de calidad que realmente tengan un impacto en el desempeño de nuestros docentes frente a las aulas del país? (Es preciso señalar que a dicho centro se le asigna además de la función de la evaluación de la política educativa, la de la formación docente).
A las dudas planteadas hay que sumar la de la viabilidad de hacer universal el derecho al acceso a la educación superior como plantea la propuesta gubernamental. El país enfrentará múltiples retos en este rubro, cuya promesa es más fácil incorporar a la constitución que brindar los elementos necesarios para hacerla una realidad. Baste recordar que desde 1992 el país incorporó al artículo tercero constitucional el derecho universal a la educación secundaria, pero 26 años después al menos 1 de cada 5 jóvenes mexicanos no cursa este nivel educativo. Lo mismo ocurre en preescolar y media superior, derechos reconocidos en 2000 y 2012 respectivamente, aunque en 2018 tan sólo se tiene 73% y 62% de cobertura neta.
Como lo han señalado nuestros colegas de Mexicanos Primero, preocupa, además, que el derecho a la primera infancia sea omitido de la constitución, lo cual es un contrasentido dado el énfasis en la igualdad que la iniciativa presidencial dice promover. Distintas investigaciones han demostrado que la educación temprana –que se brinda entre los 0 y 3 años de edad, tiene un impacto fundamental en el desarrollo educativo del futuro de los estudiantes. En esta edad más de la mitad de las conexiones sinápticas que permiten a las personas pensar, ver, escuchar y hablar se conforman. Es la edad en que el cerebro humano es más receptivo. Además, los estudios sugieren que la inversión en esta formación educativa arroja retornos sociales muy altos, superiores a la observada en inversión en otros niveles educativos (Heckman, 2012, 2013; Chia, et al, 2017). Por ende, ¿cuál es el argumento de eliminar dicho precepto del marco constitucional?
Consistente con las promesas redistributivas del nuevo gobierno, en la exposición de motivos de la iniciativa presidencial destaca la necesidad de atender las desigualdades educativas, de forma que la educación sí sea un instrumento eficaz para abatir las brechas sociales y pueda ser el vehículo de movilidad social por excelencia. Como lo ha demostrado el Centro Espinosa Yglesias hasta ahora la educación no ha servido para impulsar la movilidad social en nuestro país (CEEY 2018). Si bien, se tendrá que analizar con mayor detenimiento en trabajos posteriores, es imprescindible que los promotores de la nueva reforma educativa nuevamente aprendan de los errores ajenos de quienes también prometieron una agenda de equidad educativa, pero que en los hechos distribuyeron reiteradamente recursos del erario de forma regresiva, ineficaz y lamentablemente, en ocasiones, con corrupción. Sabemos por el INEE y otros estudios de especialistas y académicos, que las autoridades no han focalizado correctamente la inversión educativa para atender a los alumnos más pobres y a los estados con mayor marginación. En México difícilmente rompemos las trampas de la pobreza a través de la educación. Por ejemplo, invertimos 2 veces más recursos en un alumno pobre que vive en una entidad con menor marginación como Baja California que en un estudiante en la pobreza que vive en Chiapas (ver gráfico).
Fuente: Elaboración del autor con información obtenida de la SEP.
¿Qué esquemas compensatorios se desarrollarán eventualmente en el marco jurídico y se derivarán en políticas educativas focalizadas y redistributivas? Pregunta esencial de cara a la promesa de equidad con aprendizaje de excelencia e inclusión que promueve la iniciativa presidencial. Se habla de la importancia de brindar educación bilingüe a los alumnos indígenas, pero hoy hay al menos 724 mil niños indígenas que acuden a planteles en los que el profesor no habla su idioma.
El tamaño de los retos educativos que enfrenta el país difícilmente pueden atenderse si otra vez las nuevas autoridades, como lo han hecho varios de sus predecesores, pretenden reinventar la rueda educativa y construir políticas prácticamente desde cero y con nulo aprendizaje de las experiencias fallidas y exitosas de lo realizado en materia educativa tanto en México como en el ámbito internacional. Lamentablemente el desprecio por el uso de la evidencia como guía de la política pública ha sido muy oneroso para nuestros estudiantes. Vendrán semanas de intensos debates, en las que esperemos se privilegie la discusión informada, debates en los que se tendrá que hacer el máximo esfuerzo por acotar lo más posible la politización del discurso educativo.
Los derechos a condiciones dignas de trabajo del magisterio, para que puedan a partir de su buena formación, aspirar a desarrollar su carrera como docentes y en la que el mérito de su trabajo sea el motor de su crecimiento, deben prevalecer sobre distorsiones a derechos malentendidos de herencia o control de plazas magisteriales. Los trajes que supuestamente se buscó desarrollar a la medida de las necesidades magisteriales deben ser revisados sustantivamente, de forma que la autoridad pueda dar cuenta de la calidad de la oferta de capacitación que brinda a los docentes. Sin embargo, al centro de esta discusión debe prevalecer la preocupación central de brindar una educación de calidad a los niños y jóvenes que les permita su desarrollo como ciudadanos activos, críticos y responsables. Una educación que debe corregir tanto las omisiones y deficiencias de los aprendizajes del siglo XX al tiempo que permita que, mediante una fuerza magisterial de excelencia, abordar eficazmente las habilidades requeridas en el siglo XXI.
Pensar que es posible el borrón y cuenta nueva, máxime que se están observando en el mundo los efectos laborales del cambio tecnológico y su demanda por mejores habilidades educativas en los individuos, sería un error que terminaría por minar sustantivamente los esfuerzos para brindar la equidad de oportunidades con excelencia que requieren todos los estudiantes mexicanos, pero en particular sería muy costosa para aquellos provenientes de los sectores menos favorecidos a los que reconoce como prioridad el presidente López Obrador.
* Marco Antonio Fernández es profesor-investigador de la Escuela de Gobierno e investigador asociado de México Evalúa. Laura Noemí Herrera es investigadora en @mexevalua.
Backhoff, E., Vázquez-Lira, R., Contreras, S., Caballero, J., y Rodríguez, J. G.(2017). Cambios y tendencias del aprendizaje en México: 2000-2015. México: INEE.
BID 2016 ¿Cuánto mejoró la región? Washington DC. Recuperado de aquí.
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México / 16 de diciembre de 2018 / Autor: Alberto Arnaut Salgado / Fuente: Profelandia
Hace unos días lo reconoció Mexicanos Primero (MP), después lo reconoció el dirigente nacional del SNTE, quien hasta se adjudicó la “derrota” de la evaluación punitiva del desempeño para la permanencia.
Ahora el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) también está reconociendo que la evaluación del desempeño afectó los derechos laborales del magisterio, después de haberla defendido durante años, incluso como “un derecho del magisterio a ser evaluado”. Nomás faltó que el INEE dijera que las maestras y los maestros mexicanos también tenían derecho a ser apaleados, gaseados, encarcelados y despedidos por rebelarse contra esa y otras evaluaciones absurdas.
Iba a decir que “nunca es tarde”.
Pero no, el reconocimiento de ese “error” llega demasiado tarde.
Otro gallo hubiera cantado si INEE lo hubiera hecho antes, mucho antes, cuando tantos maestros, maestras e investigadores educativos lo advirtieron y reclamaron en las plazas, calles, carreteras, prensa y reuniones académicas.
Si lo hubieran hecho antes, el magisterio, la educación y el país se hubieran podido ahorrar el altísimo costo (humano, educativo, presupuestal) que tuvieron que pagar por la prepotencia y la ignorancia de un gobierno que, por fortuna, está viviendo sus últimos días…
Lo más doloroso fue el asesinato de Nochixtlán, Oaxaca, y que hubieran echado del servicio a decenas de miles de maestras y maestros de mayor edad y antigüedad que, asqueados y horrorizados, decidieron adelantar su jubilación, a pesar de que aún tenían qué dar a la educación mexicana.
El magisterio poco o nada esperaba del gobierno, de la SEP y del SNTE subordinado.
Pero del INEE (sobre todo, de su Junta de Gobierno) el magisterio esperaba mucho, muchísimo más. El magisterio esperaba más que la descalificación que el INEE hizo de quienes se rebelaron y criticaron la llamada reforma educativa, mientras se subordinaba, validaba y defendía todo lo que venía de la SEP.
Demasiado tarde, demasiado tarde…
Para completar el cuadro, ya solo falta que la SEP también reconozca su “error”, y ya le quedan muy pocos días..
Aún falta también que todos (MP, el SNTE, el INEE y la SEP) le pidan disculpas al magisterio y a los mexicanos…
Recomendamos la lectura del portal Otras Voces en Educación en su edición del día domingo 16 de diciembre de 2018. Esta selección y programación la realizan investigador@s del GT CLACSO «Reformas y Contrarreformas Educativas», la Red Global/Glocal por la Calidad Educativa, organización miembro de la CLADE y el Observatorio Internacional de Reformas Educativas y Políticas Docentes (OIREPOD) registrado en el IESALC UNESCO.
00:00:00 – Tito Pineda, el músico venezolano que enseña a través de su cultura en esta escuela chilena
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