Igualdad

Por: Nicole Salas

Pensar en las políticas de educación sexual que se han implementado en nuestro país, nos conduce a un breve recorrido. Recién en la década del sesenta se institucionalizó por primera vez la educación sexual como práctica pedagógica al interior de las escuelas públicas, que si bien tenía solo como objetivo promover la planificación familiar, marcaba un hito al ser un primer paso en el abordaje de la sexualidad en el sistema educativo. Sin embargo, este proceso se interrumpió durante la dictadura militar, período en que fue censurada toda acción educativa relacionada con el aprendizaje en esta área, constituyéndose como un hecho regresivo para la época.

En la década de los noventa se volvió a incorporar una política de educación sexual desde el Ministerio de Educación, pero esta nueva experiencia no tuvo éxito. Un ejemplo fueron las Jornadas de Conversación sobre Afectividad y Sexualidad, más comúnmente conocidas como JOCAS, las cuales surgieron como un intento de generar espacios de diálogo y aprendizaje en torno a materias de afectividad y sexualidad al interior de las comunidades educativas. Sin embargo, luego de constantes presiones de sectores conservadores, asociados a la Iglesia Católica y a la derecha política, las JOCAS dejaron de realizarse un par de años después.

De este hecho ya han transcurrido dos décadas. En la actualidad solamente existe un documento oficial del Ministerio de Educación llamado “Programa en Educación Sexual, Afectividad y Género”, cuyo objetivo es entregar nociones generales a los establecimientos educacionales para que cumplan con lo exigido en la ley N° 20.418, que fija normas sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad.

Dicha normativa establece que “toda persona tiene derecho a recibir educación, información y orientación en materia de regulación de la fertilidad, en forma clara, comprensible, completa y, en su caso, confidencial”. Esto, a través de la obligatoriedad de que todos los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado implementen un programa de educación sexual en el nivel de enseñanza media. Pero hoy existen serias dudas sobre el porcentaje de escuelas que estarían implementando en la realidad un programa de educación sexual, aun cuando es exigido por ley. La razón de este desconocimiento radica en que no se poseen datos oficiales al respecto y la Superintendencia de Educación tampoco da cuenta de acciones fiscalizadoras en este sentido.

En síntesis, resulta a todas luces evidente que la ley N° 20.418 ha sido ineficiente. Primero, porque la responsabilidad de construcción e implementación de un programa de educación sexual recae únicamente en los colegios y liceos, sin importar las reales capacidades que poseen esas comunidades educativas, especialmente sus profesores y profesoras; porque en la educación sexual también existe un vacío en la etapa de formación docente, tanto a nivel universitario como el que se desarrolla durante el ejercicio profesional. Con tales antecedentes, ¿es justo que les exijamos a los y las profesionales de la educación generar aprendizajes en sus estudiantes sobre un tema que no se les ha enseñado a abordar?

Sumado a esto, es importante mencionar lo extemporáneo de esta ley, pues junto con reducir la educación sexual a la regulación de la fertilidad, restringe su público objetivo solamente a jóvenes de nivel secundario, dejando grandes vacíos para que los y las estudiantes reciban herramientas a lo largo de toda su trayectoria educativa que les permita no solo prevenir enfermedades de transmisión sexual y embarazos no planificados, sino que también puedan cuestionar y derribar aquellos patrones culturales que estigmatizan, vulneran y discriminan.

Así, la posibilidad de contar con una política pública de Estado permanente sobre educación sexual se constituye en una oportunidad para avanzar en diversas áreas, tales como: ampliar el aprendizaje a través de la inclusión de la perspectiva de género en el currículo actual; prevenir el abuso sexual infantil por medio de la incorporación de contenidos pedagógicos asociados al desarrollo de habilidades de autocuidado y de protección desde la primera infancia; promover la toma de decisiones de manera autónoma sobre sus proyectos de vida; prevenir la violencia de género; propiciar el respeto hacia la diversidad sexual; consolidar la alianza existente entre el sector educativo y el de la salud para robustecer los contenidos proporcionados en las aulas, y garantizar el acceso oportuno y efectivo a los servicios de salud sexual y reproductiva en niños, niñas y jóvenes. Por mencionar tan solo algunos efectos concretos posibles en el mediano y largo plazo.

Quedan en evidencia los distintos nudos críticos que posicionan a la educación en sexualidad como un desafío pendiente en nuestro sistema educativo, un tema que a la luz de lo señalado trasciende cualquier dilema moral, pues se trata del derecho de acceder a información veraz y contribuir a derribar mitos que afectan a hombres y mujeres durante sus trayectorias vitales. Si bien se han desarrollado algunas acciones aisladas a lo largo de los años sobre esta área de aprendizaje, urge tomar las medidas necesarias para lograr su institucionalización efectiva, desde un enfoque de género, que permita permear a la totalidad del sistema escolar y entregar herramientas profesionales a docentes. No olvidemos que la educación juega un papel importante en que niños y niñas tengan la oportunidad de desarrollarse en igualdad de condiciones como personas sanas y felices, que puedan establecer a futuro vínculos afectivos sin violencia, escogiendo libremente sus proyectos de vida, e imponiendo respeto hacia sus propios cuerpos. Entonces, ¿qué estamos esperando?

Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2016/09/24/educacion-sexual-en-chile-mas-alla-de-lo-moral/

Fuente de la Imagen: https://www.google.co.ve/search?q=nicole+salas&espv=2&biw=1024&bih=494&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiWjaK4l7PPAhXMlh4KHd4sC-YQ_AUIBigB#tbm=isch&q=educacion+sexual&imgrc=AK1Yoln4hZSFYM%3A