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Escenarios futuros de la reforma educativa.

Por: Juan Carlos Miranda Arroyo.

Durante los dos últimos dos años hemos observado un activismo sin precedentes de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en especial de su titular, Mtro. Aurelio Nuño, para dar fuerza al “brazo pedagógico” de la Reforma, a través de la publicación de documentos indicativos y orientadores de las políticas públicas en el sector.

Dicho activismo se generó, en parte, como respuesta a las críticas que manifestaron, desde el 2012, algunos círculos significativos de maestros, académicos, investigadores, la prensa especializada y de la sociedad civil en general, a los contenidos de la Reforma Educativa, al señalar el carácter “laboralista” y administrativo (“controlador y punitivo”, decían) de la Reforma. No es gratuito que el “Modelo Educativo 2016”  llevara como subtítulo: “El planteamiento pedagógico de la Reforma Educativa”.

En efecto y como es sabido, en 2013 se modificaron el artículo 3º de la Constitución Política, y se crearon o reformaron las leyes secundarias aplicables del ámbito educativo: La Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), la Ley General de Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente (SPD).

En particular, el documento denominado “Modelo Educativo para la Educación Obligatoria (sic). Educar para la libertad y la creatividad” (2017), nace en respuesta a esas críticas y establece las bases teóricas y metodológicas (el qué, el para qué y el cómo del “cambio educativo”), así como los criterios de gestión educativa, en un solo esquema, para orientar al sistema educativo mexicano hacia un rumbo innovador. Pero ¿Cuál es la lógica de ese “cambio”? ¿Cuáles son los elementos que justifican y le dan sentido de pertinencia a las modificaciones pedagógicas propuestas y sometidas a consulta pública en 2016? ¿Qué situación guardaba la educación pública en México, antes del 2013, como para reformarla no sólo desde el punto de vista jurídico, sino también pedagógico?

En medio de este este país del “sistema métrico sexenal”, considero que se intentó reinventar a la “educación pública” y marcar la diferencia con los gobiernos federales panistas del pasado. ¿Acaso no sirvieron los intentos de reformas curriculares del 2004 en Educación Preescolar; de 2006 en Educación Secundaria; de 2009 en Educación Primaria, y luego, sobre todo, el replanteamiento de 2011, a través del Acuerdo 592, que postuló la Articulación de la Educación Básica? ¿Se dejaron de lado dichos intentos reformistas sólo por provenir del panismo conservador?

El impulso de los cambios concertados, a través del “Pacto por México” dio pie a esta suerte de “reformas estructurales”, cuya valoración aún está pendiente. Más que cambios o reformas estructurales, el país requiere también reformas “superestructurales”, que son aquellas que tienen que ver con la cultura y las artes, la identidad, las concepciones de nación, la educación, los valores cívicos y éticos, el desarrollo científico, tecnológico y humanístico, entre otros.

Por eso me pregunto ¿hacia dónde conduce la reforma educativa “estructural” del presidente Enrique Peña Nieto? ¿Cuál será el legado, con mirada al futuro, de esta clase de Reforma Educativa que nos deja esta administración federal, en lo que se refiere particularmente a la educación obligatoria (básica y media superior)?  ¿Qué respuesta darán los políticos, funcionarios y legisladores, a los niños y jóvenes que son y serán sujetos de esta Reforma?

Cabe tener presente que los niños y niñas que ingresarán a 3er. grado de Educación Preescolar a finales de este año 2017, concluirán la Educación Secundaria una década después, es decir, en 2027. ¿Seguiremos en las mismas? ¿Tendremos cambios en los indicadores educativos generales y particulares?

Por el momento, no se ven claros los horizontes ni los frutos nutritivos de esta Reforma. Lo digo así fríamente, pero de manera fundamentada, con los siguientes argumentos.

En primer lugar, lo que se observa es -al menos en los términos en que se ha trazado el rumbo-, una falla en el rediseño de las instituciones y sus normas en materia educativa: Se reformaron las leyes y luego se intentó concebir y conceptualizar al objeto de la reforma. De hecho, el motivo de la modificación al Artículo 3º de la Carta Magna fue introducir el concepto de “calidad educativa”, sin embargo, en ese momento no se había profundizado aún en los aspectos más importantes: los principios, los fines y el paradigma educativo que debía estar implícito en el contenido de dicha reforma constitucional. Habrá que evaluar, en su momento, las consecuencias de esa manera de proceder y hacer la “cosa pública”.

Como dirían nuestros viejos: “Estaba listo, terminado, el hombre de hojalata, pero sin corazón”.  Le faltaba la pieza clave al rompecabezas… Poca cosa…  El mismo Mtro. Nuño reconoció, el año pasado, que “el planteamiento pedagógico —es decir, la organización y los procesos que tienen lugar en la escuela, las prácticas pedagógicas en el aula y el currículo— constituye el corazón del modelo” (documento “Modelo Educativo, 2016”, p. 16, versión digital).  Sería bueno que nos explicara el mismo secretario, si el Modelo constituye el “cerebro” de la Reforma.

En segundo lugar, los límites de la Reforma Educativa de EPN estarán marcados por el grado de legitimidad y consenso que hayan logrado los contenidos, las condiciones institucionales y los procedimientos del “cambio educativo” puesto en práctica, tanto con el magisterio en todo el país como con la comunidad educativa en general, en los planos nacional, estatal y local.  No sólo en términos de aprendizajes, sino en términos de la formación, preparación y crecimiento integral (físico, emocional, moral e intelectual) de los ciudadanos.

En tercer lugar, un cambio en la concepción y la práctica de la educación, y particularmente de la educación pública en México, y en cualquier parte del mundo, -a nivel de tierra, en los hechos y no sólo en las palabras-, pasa por el juicio de los estudiantes, los docentes, directivos, asesores técnicos de zonas escolares, personal de apoyo, la organización sindical (dirigentes “institucionales” y “disidentes”); así como por el punto de vista de los funcionarios federales y estatales, los técnicos especializados del ramo (como son los del INEE), así como de todas las figuras que, de manera directa o indirecta, son actores esenciales de los procesos educativos; incluyo en esto, por supuesto, a los miembros de las familias, no sólo a los padres y a las madres. Convendrá, para ello, revisar los estudios de opinión que se hayan realizado al respecto (por ejemplo, ver los trabajos de Parametría), así como emprender nuevos estudios, a través de encuestas o de grupos de enfoque, para dimensionar los grados de consenso y aprobación alcanzados en torno a esta Reforma.

Como suele suceder con la operación de un auto, de cualquier modelo o marca, aunque éste tiene su manual de uso y existe un reglamento de tránsito, lo más importante es la responsabilidad y el compromiso que asume el ser humano que va al volante.  Así percibo los escenarios de futuro de la Reforma Educativa puesta en marcha por el gobierno de EPN: El carruaje y el camino están hechos, con sus defectos y virtudes, sin embargo, falta ver quién y cómo va a retomar o no el rumbo de lo hasta hoy realizado. Si bien las autoridades actuales, en su afán transexenal, dejan las bases para planificar y reorganizar las políticas públicas nacionales en Educación, orientadas al “cambio”, queda pendiente la definición política y de gobierno que establezca democráticamente la ciudadanía el próximo 2018. En ese sentido y en buena medida, la votación del próximo año será una forma de consulta acerca de la percepción que tenemos los mexicanos sobre las “reformas estructurales”.

Conclusión: Los escenarios no son nada halagüeños. Veremos.

Fuente: https://www.sdpnoticias.com/nacional/2017/05/17/escenarios-futuros-de-la-reforma-educativa

Imagen: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTLvGRVkJ399KTdFOrQcf9xceS9o7db5Gnh5ANh77rt9UozmgQq

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SEP: La recta final.

Por: Roberto Rodriguez.

El sexenio presidencial concluye el 30 de noviembre de 2018: resta un año y siete meses. Pero en términos de los usos y costumbres políticas de nuestro país, el margen de acción del Ejecutivo Federal está acotado, como máximo, a la fecha de la elección presidencial, que será el próximo primero de julio. A partir de entonces la administración pública federal se concentrará en la confección de los informes globales de rendición de cuentas -los libros blancos-, así como en la interacción con los equipos de transición del presidente electo para facilitar los procesos de entrega-recepción de la multitud de asuntos, en curso y pendientes, que corresponden a cada área del gobierno.

Así que, para todos los propósitos prácticos, cuenta la presidencia y las secretarías de Estado, con poco más de un año para concluir las políticas, acciones y procesos desencadenados en el transcurso del periodo sexenal. Y tal vez menos, si se toma en cuenta que el periodo de las campañas por la presidencia y por los cargos de elección popular para integrar la próxima legislatura tienen, según las reglas del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente, una duración de noventa días. Si ocurre el caso, totalmente previsible, que alguno o varios de los titulares de dichas entidades decida participar en los procesos electorales, entonces los plazos de cierre de la administración respectiva son aún más breves. Todo ello sin contar que muy pronto, y de manera creciente, los debates públicos estarán concentrados en las alternativas de continuidad o cambio del gobierno nacional.

Por ello, es de esperarse que las principales decisiones sectoriales, a partir de este punto, se organicen en torno a una selección muy precisa de las prioridades para concluir exitosamente el ciclo de políticas abierto en el sexenio. Se trata de elegir las batallas que vale la pena librar para mostrar resultados satisfactorios lo que, entre otros aspectos, implica decisiones acerca de la colocación y uso de los recursos autorizados. Los secretarios de Estado con aspiraciones de trascender el límite sexenal, mediante la definición de una ruta de cierre bien calculada y con efectos políticos relevantes, están obligados a decidir cuál o cuáles de las políticas iniciadas se necesita reforzar para atraer una opinión pública favorable.

En el caso de la SEP hay varias opciones y no pocos dilemas. En primerísimo lugar está el tema de la evaluación docente, ya que con ella dio inicio la reforma educativa y porque fue colocada, hasta hace poco, como la estrategia que posibilitaría la recuperación del Estado en el campo educativo y la asunción, siempre escurridiza, de la calidad educativa. Aunque la SEP invirtió la mayor parte de su capital político en el eje relacionado con la obligatoriedad de la evaluación docente, y con sus conocidos efectos laborales, lo cierto es que, al cierre del sexenio, no podrá presumir de resultados cuantitativos satisfactorios, ni mucho menos. El cálculo inicial era que, al final del sexenio, prácticamente la totalidad de los docentes en funciones habrían sido evaluados al menos una vez. Ello no va a ocurrir, y lo que ya es evidente es que, con el modelo de evaluación diseñado, y con los recursos enfocados a esa política, es prácticamente imposible satisfacer el requerimiento normativo.

Para salvar el tema de la reforma centrada en la evaluación hay dos caminos. Uno es reformular el esquema propuesto (la vía de “reforma de la reforma”), y el otro es insistir en que el nuevo ingreso docente procede a través de procesos evaluativos, que la promoción en la carrera docente transita esa vía, y que queda está pendiente lograr la escala de la evaluación para permanencia. A las limitaciones cuantitativas de esta política se asocian, asimismo, las estrategias de apoyo docente: ni el sistema de tutorías y menos aún el Sistema de Asistencia Técnica a la Escuela (SATE) presentan a estas alturas resultados satisfactorios.

En un segundo lugar, están las políticas de fortalecimiento de la escuela. Por un lado, los programas de mejoramiento de infraestructura, principalmente Escuelas al 100, y por otro la propuesta de autonomía escolar. Aunque en el sexenio se ha puesto atención al tema de los recursos físicos y materiales de las escuelas, lo cierto es que, como han documentado los informes anuales del INEE, las instituciones educativas en las áreas económicamente más deprimidas mantienen condiciones deficitarias en todos los indicadores. Cabe anticipar que estos programas tengan continuidad en el periodo restante del sexenio, pero difícilmente podrán ostentar resultados importantes en términos de respuesta a la problemática de inclusión y calidad que los sustentan.

En tercer lugar, por su temporalidad, pero no por su importancia, está la temática asociada al nuevo modelo educativo. En el último año la SEP ha invertido sus mayores esfuerzos en la promoción de la vía pedagógica como el nuevo eje de la política educativa. Se ha trasladado la fórmula “evaluación igual a calidad” de principios del sexenio, a la de “reforma curricular igual a calidad”. Sin duda fue exitoso el esfuerzo de la SEP para que la opinión pública centrara la atención en la nueva iniciativa como el eje renovado de la política educativa. Pero está pendiente el complejo proceso de implementación: la formación docente bajo las premisas del modelo, incluso la reforma de la formación normalista, la elaboración de libros de texto y otros materiales relacionados con el cambio pedagógico, y la puesta en operación de las promesas de autonomía de gestión y curricular. En este sentido, no sería de extrañar que la implementación del modelo educativo fuera la apuesta principal de la SEP para lo que resta del sexenio.

Por cierto, y sólo por curiosidad ¿qué se podrá decir, en la recta final de la SEP, en materia de educación superior? ¿qué se alcanzó el nivel de cobertura previsto? ¿alguna otra cosa?

Fuente: http://www.educacionfutura.org/sep-la-recta-final/

Imagen: http://www.educacionfutura.org/wp-content/uploads/2016/01/nu%C3%B1o-rosca-sep3-300×200.jpg

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Escenario de la nueva presidencia del INEE

Escenario de la nueva presidencia del INEE

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El lunes pasado se dio a conocer el cambio en la presidencia del INEE al concluir el periodo de Sylvia Schmelkes del Valle. Resultó electo por la Junta de Gobierno del INEE el consejero Eduardo Backhoff Escudero, quien ocupará el cargo a partir del próximo primero de junio, y hasta por un máximo de tres años. Sin embargo hay una condición singular en el relevo: el periodo para el que fue designado Backhoff en la Junta de Gobierno del INEE vence el año próximo, precisamente el 30 de abril de 2018. Por ello, en sentido estricto, la designación de Backhoff tiene como fecha de vencimiento el periodo anual. La ley indica que los integrantes de Junta pueden ser reelectos para un segundo periodo, en cuyo caso se sigue el mismo procedimiento que para la renovación de los integrantes del colegiado, es decir lo definido en la fracción IX del artículo tercero constitucional, reformado en 2013.

¿Cómo procede la renovación de la Junta? Conforme a la preceptiva constitucional se debe cumplir el siguiente procedimiento: Para cada vacante, el Ejecutivo Federal designa una terna y la somete a la consideración del Senado. El órgano legislativo, previa comparecencia y valoración de méritos de las propuestas, designa al candidato que a su juicio es idóneo. Al validar la elección debe cumplirse el supuesto de una votación calificada del quórum del pleno, o bien de la Comisión Permanente, en el evento en que la deliberación ocurra durante alguno de los periodos de receso del Senado.

Como los recesos de la cámara alta van del 16 de diciembre al 31 de enero, y del primero de mayo al 31 de agosto de cada año, es de esperarse que los primeros reemplazos o confirmaciones en la Junta de Gobierno sean aprobados en la permanente, lo que eleva la probabilidad de un acuerdo entre los partidos. Hay dos supuestos adicionales: si el Senado no concluye el proceso de decisión en un plazo de treinta días, o si rechaza la totalidad de la terna, entonces el Ejecutivo tiene la prerrogativa de seleccionar cuál de los integrantes ocupará la vacante.

La Comisión Permanente se integra por 37 legisladores, de los cuales 19 son diputados y 18 senadores, y para su funcionamiento se organiza en tres comisiones. Una de éstas atiende los temas de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, y a ella correspondería, en su caso, la responsabilidad de elegir o ratificar a los consejeros salientes. En la primera selección de consejeros, la de hace cuatro años, los quince candidatos invitados por el secretario Chuayffet presentaron sus proyectos ante la Comisión de Educación del Senado (17 de abril de 2013). Previo dictamen y votación calificada, los seleccionados por dicha comisión fueron ratificados por el Pleno (25 de abril de 2013), justo a tiempo antes del receso del órgano legislativo.

Pero en 2018 el proceso será diferente y todo apunta a que la decisión correspondiente proceda mediante un acuerdo simple entre los partidos o entre estos y la SEP. Desde luego el escenario es riesgoso para la protección de la autonomía del INEE. Para ejercer una presidencia de tres años, además de ser reelecto como miembro de la Junta de Gobierno mediante el procedimiento descrito, Backhoff tendría que ser ratificado presidente de la Junta por este órgano colegiado, lo que es posible pero es también complicado porque requeriría que la Junta se abstuviera de designar presidente en lo que transcurre el proceso de renovación descrito, o bien que, mediante una interpretación más bien forzada del artículo 37 de la Ley del INEE, que indica que la ausencia temporal del presidente será suplida por el consejero que la Junta determine.

Por lo dicho, tiene la nueva presidencia un horizonte temporal de un año, en que las acciones, medidas y reformas que Backhoff proponga y consiga consensuar en la Junta de Gobierno -no sobra recordar que el INEE se rige bajo el principio de una dirección colegiada-, proyecten una ruta de mayor amplitud, en la que cabría aspirar, de manera realista, al diseño e implementación de soluciones que enfrenten los problemas con los que ha topado la conducción del Instituto.

Entre 2018 y 2020 el resto de los integrantes de la Junta de Gobierno (Margarita Zorrilla en 2018, Teresa Bracho y Gilberto Guevara en 2019, y Sylvia Schmelkes en 2020) deben someterse al procedimiento de reelección o desafiliación de la Junta. Este periodo atraviesa por una aduana de gran incertidumbre: las elecciones federales de 2018, las definiciones de política educativa del gobierno entrante, y la correlación de fuerzas partidarias en el Senado. Anticipar cualquier cosa en tal coyuntura sería especular sin fundamento. No obstante, el INEE está obligado a calcular sus próximas acciones (planes, proyectos y programas) y posicionamientos en la diversidad de opciones políticas del futuro inmediato.

El INEE compete jugar un papel relevante en la definición y redefinición de las políticas educativas, en especial las que involucran procesos de evaluación de actores y procesos, así como de diagnóstico de la realidad educativa del país. Para cumplir con su encomienda, y para evitar la colonización de su estructura directiva por la SEP o el SNTE, el Instituto debe reforzar, en la medida de sus posibilidades y recursos, sus áreas de competencia técnica, sus procesos de gestión interna, y sus facultades de coordinación del Sistema Nacional de Evaluación.

En la coyuntura resulta entonces relativo el dilema de continuidad o cambio. El Instituto está formalmente obligado al desempeño de funciones asignadas por las normas educativas que le dieron lugar, pero también debe arriesgar posiciones públicas para renovar legitimidad. Sobre todo con los maestros, sobre todo.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/escenario-de-la-nueva-presidencia-del-inee/

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Transición en el INEE

Este mes de mayo el Instituto Nacional para la Evaluación de la educación (INEE) conmemora un año más de vida al mismo tiempo que es testigo su primera transición en la presidencia de su Junta de Gobierno: deja el cargo Sylvia Schmelkes y lo toma Eduardo Backhoff.

El INEE es una institución nueva. Es verdad que su origen se remonta al año 2002, pero con su arquitectura institucional actual, el INEE tiene solo cuatro años de vida.

El legislador dotó al instituto de dos rasgos distintivos: por un lado, lo proveyó de autonomía y, por otro, le otorgó la facultad de evaluar todos los aspectos del sistema educativo (componentes, procesos y resultados). Eso significa que el INEE fue dotado de un poder excepcional —poder que carece de antecedentes.

Se trata de una entidad colocada en paralelo o frente a las autoridades educativas (federales y estatales) que puede evaluar tanto al sistema como a la educación y hacer públicos sus resultados.

Por otro lado, la ley otorga al INEE la prerrogativa de emitir directrices, lo cual quiere decir que, con base en las evidencias que arrojan las evaluaciones y con base en información rigurosa, puede producir recomendaciones sobre política pública que las autoridades deben atender.

De lo anterior se colige que el instituto puede actuar, no solo como un espejo que asegura la transparencia en el sistema educativo, sino además como una agencia capaz de actuar como control y orientación en la marcha del sistema escolar en sus niveles de educación obligatoria.  Esta circunstancia es única: por primera vez en la historia, se ha creado una fuerza autónoma que equilibra a las fuerzas que gobiernan la educación nacional y que, se está convirtiendo en un motor poderoso del cambio y de la mejora del sistema educativo.

¿Cómo asegurar que el INEE tenga una dirección adecuada? Siempre y cuando se garantice que la membresía dentro de su Junta de Gobierno se otorgue a personas que, además de ser conocedoras de la educación y la evaluación, sean éticas y políticamente independientes. Un INEE sin autonomía real no puede darse sino como una impostura institucional. Para que el instituto cumpla la función que se le asignó, se necesita asegurar que su cuerpo directivo tenga criterios propios y no se guíe por opiniones subordinadas al gobernante en turno.

Sylvia Schmelkes es una persona cuyas competencias e integridad moral son ampliamente reconocidas, lo mismo que su vocación a favor de la educación indígena y del reconocimiento de la diversidad cultural. En su papel como presidenta del INEE, Sylvia Schmelkes actuó, durante cuatro años, con tal acierto y libertad de criterio que merece el reconocimiento de todos. Por su parte, Eduardo Backhoff, con su largo historial en evaluación y su prestigio como persona recta y limpia, sabrá seguramente conducir con éxito al instituto en esta nueva —y todos esperamos, productiva—  etapa histórica.

Fuente del Artículo:

Transición en el INEE

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INEE revela fallas en la tutoría docente

Por: Profelandia.

La tutoría docente se define como una estrategia de profesionalización orientada a fortalecer las capacidades, los conocimientos y las competencias del personal docente y técnico docente de nuevo ingreso en el servicio público educativo, en el marco de la reforma educativa.

Asimismo, y con base al Servicio Profesional Docente, la tutoría busca favorecer en el personal docente su inserción en el trabajo educativo, la autonomía profesional, la participación en la escuela, la comunicación con los padres de familia y la permanencia en el servicio.

Sin embargo y pese a ser una estrategia obligatoria de la reforma educativa, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) reveló diversas fallas en la implementación de la tutoría para apoyar a los docentes de nuevo ingreso.

De acuerdo con el informe 2017 La Educación Obligatoria en México, el organismo de la evaluación reportó  “una tasa baja de respuesta para desempeñar la función tutora por parte de los docentes; dificultad de “empatar” tutores y tutorados, particularmente en localidades de difícil acceso o en escuelas de organización escolar multigrado, o necesidades formativas y de acompañamiento no cubiertas por los propios tutores”.

Precisó que “el proceso de asignación de tutores, que en el diseño se esperaba que fuera de un tutor para cada docente de nuevo ingreso, se caracterizó por ser gradual a lo largo de los ciclos escolares 2014-2015 y 2015-2016”.

Además, el INEE reveló que no todos los profesores que desempeñaron la función de tutores, recibieron incentivos por desempeñar las tareas que exige la figura.

“…se observa la falta de seguimiento y capacidad de respuesta de las autoridades educativas, federal y locales, así como poca información y desorganización en la implementación de los diferentes procesos, lo cual se acentuó particularmente en la asignación de incentivos (sólo 31.6% de los tutores encuestados refirió haber recibido el incentivo económico establecido por la labor desempeñada durante el ciclo escolar 2014-2015)”, explica el INEE.

Puntualizó además que no todos los maestros de nuevo ingreso tuvieron asignado el tutor que por ley les correspondía.

“…llama la atención el hecho de que no todos los profesores que contaron con un tutor asignado tuvieron sesiones de tutoría: mientras que 59.1% refirió haber tenido un tutor asignado, solamente 47.3% reportó haber contado con al menos una sesión de tutoría durante el periodo 2014-2015. Para el siguiente ciclo escolar, el porcentaje de docentes que reportaron contar con un tutor designado se incrementó a 65.9%; sin embargo, persistió la ausencia de sesiones de tutoría en una proporción importante (55.4% dijo haber tenido sesiones de tutoría durante el ciclo 2015-2016)”.

Por último, el organismo de la evaluación precisó que, en cuanto a los maestros que sí recibieron la tutoría, reportaron que la mayoría de las sesiones de trabajo se realizaron en sus centros de trabajo.

Sin embargo señalaron problemas para que tutores y tutorados se reúnan frecuente y oportunamente debido, sobre todo, a las distancias y los gastos de traslado, así como a falta de coordinación de agendas entre los involucrados.

Fuente: http://profelandia.com/inee-revela-fallas-en-la-tutoria-docente/

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Revolución educativa y el Nuevo Modelo Educativo: ¿una posibilidad real?

En un evento público que se realizó en Palacio Nacional, finalmente se presentó el Nuevo Modelo Educativo para la Educación Obligatoria (NME), que plantea, según sus principales defensores, “una transformación radical del sistema educativo mexicano, lo que supone una verdadera revolución educativa, a partir de una política educativa de largo plazo”. El secretario señaló que éste es una apuesta de “alto impacto y largo aliento”, y que los cambios que propone comenzarán a rendir frutos a los diez años de su aplicación.

Por: Arcelia Martínez Bordón.

El NME se estructura en cinco ejes: el cambio curricular, que deje de lado el aprendizaje memorístico y dé paso al aprendizaje crítico y creativo, donde importa junto con lo cognitivo el desarrollo de habilidades socio-emocionales y para la convivencia. La escuela al centro, para que ésta cuente con la infraestructura y equipamiento necesarios, y sea autónoma y capaz de tomar sus propias decisiones. La formación y desarrollo profesional docentes, que se refiere a su profesionalización, dado que se sostiene con el principal actor educativo responsable de la transformación de la educación. La equidad y la inclusión, que alude a que todos los niños, sin importar su origen, género, condición económica o discapacidad, cuenten con oportunidades educativas para desarrollar sus capacidades. El último, la gobernanza del sistema educativo, cuyo concepto apunta a que, para implementar el modelo, es necesaria la participación y coordinación de distintos actores autoridad educativa federal y local, INEE, sindicato, maestros, padres de familia, sociedad civil y Poder Legislativo.

Si bien los ejes colocan aspectos fundamentales, las principales ideas no son nuevas, ni fáciles de implementar. El NME debe operar como un conjunto integrado; dado que muchas cosas no funcionan, cada eje involucra retos considerables en términos de presupuesto, organizacionales, etcétera. Desafortunadamente llega tarde, al quinto año de gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando los ánimos y preocupaciones están en las elecciones de 2018. El que haya tomado tanto tiempo su elaboración indica la falta de gobernanza del sistema educativo, la imposibilidad de llegar a acuerdos efectivos de manera eficaz y oportuna para conciliar a los actores involucrados, inclusive al interior de la propia SEP —las constantes reorganizaciones de la Secretaría seguramente contribuyeron a la postergación y puesta en marcha de proyectos sustantivos, como el NME, la Estrategia de formación continua de los docentes o el lanzamiento del Plan Integral de Diagnóstico, Rediseño y Fortalecimiento de las Escuelas Normales (PIDIRFEN). El proyecto inicial del NME se presentó tres años después del anuncio de la reforma.

En el anuncio del NME se dijo que éste comenzará a operar en agosto de 2018; un mes después de las elecciones. Cabe preguntarnos si el próximo gobierno lo suscribirá sin más. El reto mayor es sin duda su puesta en marcha si sobrevive al cambio sexenal; lo que implica una importante erogación de recursos, a nivel federal y estatal, y una pronta y efectiva capacitación a los encargados de hacerla realidad: los maestros.

Entonces, ¿estamos frente a una revolución educativa? En el papel ya están el planteamiento para el cambio y una ruta de implementación, con actividades y metas específicas. Pero falta operarlo y, sobre todo, que se suscriba en la próxima administración, con recursos, tiempo, voluntad y compromiso para que se concreten las acciones propuestas. ¿Esto es posible? ¿Lo suscribirá el nuevo gobierno? ¿Cuándo?, ¿señalará que es necesario elaborar una ruta mejor? Es necesario que la sociedad civil organizada, la academia y el Poder Legislativo trabajemos juntos para monitorear los avances en el cumplimiento de los compromisos y metas enmarcados en el NME y sus posteriores reconfiguraciones.

Fuente: http://www.excelsior.com.mx/opinion/opinion-del-experto-nacional/2017/03/31/1155128

Imagen: http://noticieros.televisa.com/wp-content/uploads/2017/03/modelo-educativo-aurelio-nuno.jpg

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¿Cuáles son los retos del sistema educativo actual?

Por: Carlos Valenzuela.

Son muchas las críticas que ha recibido el sistema educativo nacional, principalmente por los malos resultados que han obtenido los alumnos en las diferentes evaluaciones a las que se han sometido en los últimos años, como la prueba Enlace -ahora Planea- que aplica la Secretaría de Educación Pública en todo el país, en coordinación con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y las autoridades educativas de los estados; y la evaluación PISA, que aplica la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en donde México siempre sale con resultados muy bajos, comparado con países más desarrollados que conforman esta organización.

Problemas. La muestra más clara de los malos resultados de los estudiantes está en la Prueba Planea Media Superior 2016, donde el 45 por ciento de los jóvenes de bachillerato resultaron con un nivel insuficiente en Lenguaje y Comunicación; y el 49.2 con problemas en Matemáticas. La buena noticia para Sinaloa, es que lidera la tabla, junto con Puebla y Durango, al contar con más porcentaje de alumnos con logro sobresaliente.
La polémica Reforma Educativa, impulsada en este sexenio, es la apuesta del gobierno federal para mejorar los indicadores educativos en el país, con un nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje, que modificará el modelo pedagógico tradicional  con el que muchos fuimos educados, que se basaba en memorizar y acumular información, para ahora fomentar la educación para la libertad y creatividad, como lo adelantó el secretario de Educación federal, Aurelio Nuño, quien ayer disertó su conferencia Retos para la Educación en el siglo 21, durante la Feria Internacional del Libro (FIL). México tiene el quinto sistema educativo más grande del mundo, con más de 34 millones de alumnos, dos millones de maestros y más de 260 mil planteles educativos distribuidos a lo largo y ancho de la geografía mexicana.

Viene más. Para el próximo año, la reforma educativa entrará en una nueva etapa, con políticas públicas complementarias que pondrán en marcha nuevas estrategias en la enseñanza del idioma Inglés, arte, cultura, equidad, inclusión, y sobre todo en el fortalecimiento de las Escuelas Normales, encaminado a formar nuevos y mejores docentes.
Hace falta mucho por hacer y mejorar en el sector educativo, y aunque se ha trazado un camino que se ha visto marcado por manifestaciones de maestros que se han opuesto a la reforma educativa y se han negado a ser evaluados, se han dado pasos importantes, pero también se necesitan que se destinen mayores recursos que permitan acabar con los rezagos que se tienen en la infraestructura educativa, para garantizar que todos los alumnos estudien en espacios dignos y en condiciones óptimas para que puedan aprender mejor.
Los resultados de esta reforma se verán en otros sexenios, y en los años siguientes se verá si dará resultados o no, pero es necesario que conforme a la marcha se hagan los ajustes para evitar que empeore aún más la situación en el sistema educativo mexicano. Son muchos los retos que tienen las autoridades educativas, los maestros, directores y estudiantes, para llegar al nivel deseado.

Fuente: http://www.debate.com.mx/opinion/Cuales-son-los-retos-del-sistema-educativo-actual-20161130-0014.html

Imagen: http://ep00.epimg.net/ccaa/imagenes/2016/05/20/valencia/1463768427_962120_1463820343_noticia_normal.jpg

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