2020 y 2021, años de pandemia, han provocado un explosivo crecimiento del consumo cultural en plataformas digitales. Ante el cierre de museos, restaurantes, cines, bares, conciertos, etc, mexicanas y mexicanos se volcaron masivamente a la infinita oferta de entretenimiento del mundo online.
La digitalización cultural es un fenómeno relativamente nuevo, que en nuestro país solo ha comenzado a hacerse masivo en los últimos diez años. Sin embargo, el impacto que está teniendo en la configuración del perfil cultural de nuestra población es contundente y de una velocidad impresionante.
Las principales plataformas habían venido experimentando, ya desde antes de la pandemia, un crecimiento impetuoso. Veamos algunos ejemplos respaldados por cifras. Para 2019, 56% de la música que se escuchaba en México provenía de plataformas de streaming (mercado claramente dominado por el gigante sueco Spotify), según un reporte de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica. Para el mismo año, Netflix llevaba apenas ocho años operando en México, y sus ganancias en el mercado nacional se habían incrementado 153 veces entre 2011 y 2019, de acuerdo con información de la propia empresa. Otros gigantes relevantes son YouTube, Claro video, Amazon, HBO, Disney o Cinépolis.
El espacio de este texto es insuficiente para abordar siquiera superficialmente todas las implicaciones que esta “conversión” al mundo digital tiene para la sociedad mexicana. Pero propongo, al menos, una breve enumeración con pros y contras que, en principio, pretende ser desprejuiciada.
Las ventajas para el público de consumidores no son despreciables. La practicidad es absoluta: la oferta casi infinita puede consultarse tanto desde la comodidad de casa como desde la incomodidad del transporte público (recordemos que en las grandes ciudades de México, el trabajador promedio pasa varias horas al día trasladándose a su trabajo). También debe reconocerse el papel positivo que estas prácticas tuvieron para aquellos que tuvieron la posibilidad (económica sobre todo) de confinarse durante la pandemia, haciendo el encierro menos tormentoso.
Pero, sin engañarnos, los verdaderos ganadores de este fenómeno son los gigantes transnacionales del sector, que reportan especialmente en Latinoamérica ganancias faraónicas.
Las desventajas son, por desgracia, múltiples y de más graves implicaciones. Como un asunto de salud pública, no es necesario repetir lo dañino de estas prácticas, principalmente sedentarias y asociadas a múltiples complicaciones por el uso prolongado de pantallas, audífonos, dispositivos inalámbricos, etc. Desde el punto de vista cultural, dicha tendencia tensa el yugo de la dependencia cultural al producir, en diversos niveles, contenidos principalmente homogéneos y unidireccionales, que inhiben el diálogo con el espectador y que invisibilizan manifestaciones culturales fuera del canon comercial, mutilando así la diversidad inherente a toda sociedad.
Lo mencionado antes sobre los beneficios económicos de las empresas de entretenimiento digital contribuye, además, y de acuerdo con una tendencia general hace mucho tiempo descubierta por el marxismo en la economía, a acelerar la centralización de los capitales, principalmente hacia empresas asentadas en los países dominantes —aunque también es cierto que, en menor medida, a grandes consorcios de capitales locales—.
Por último, y uno de los puntos más relevantes en la coyuntura política actual, es necesario recordar que, de una manera directa, el crecimiento explosivo de estas prácticas representa un desafío —si no una frontal amenaza— para los expertos que trabajan en el diseño de políticas culturales públicas en las que el Estado conserve su papel rector como regulador de una oferta cultural más educativa, más plural y más incluyente. En este sentido, resulta ingenuo decir que los recortes y ataques del sexenio actual representan un estancamiento para el sector cultural público; es más objetivo asumir que se trata de un franco retroceso.
Aquiles Lázaro es promotor cultural e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales
“Quédese en casa, manténgase a salvo” ha sido un lema utilizado por muchos gobiernos para garantizar que las medidas tomadas para limitar la pandemia sean aceptadas por las poblaciones urbanas que quedan a merced del miedo y la desesperanza. Sin embargo, esto no fue solo una medida de control y protección. Lo que realmente ha surgido durante los días de la pandemia es una destrucción permanente de lo común, entendido como el ámbito de la corresponsabilidad y el compartir en y de la ciudad. Y este proceso de destrucción incluye dos partes complementarias: la redefinición del espacio público y la redefinición del espacio doméstico. Las políticas de bloqueo se han dirigido directamente a restringir los usos del espacio público en nombre de evitar el contacto con posibles portadores del virus. Los encuentros con otras personas se demonizaban si no se consideraban actos ilegales y signos de “comportamiento irresponsable”. Aunque la mayoría de las personas a menudo se ven obligadas a tocar a otras personas en autobuses y trenes subterráneos abarrotados, se anunció que cruzar caminos en público es una condición arriesgada y peligrosa. Se alienta que prevalezcan la sospecha y el miedo, supuestamente como una forma de promover la protección individual. En muchos casos se desarrolla una vigilancia exteriormente militarizada del espacio público, siendo el ejemplo más profundo la vigilancia de la población por parte del Estado chino. Según la actual mutación de la retórica neoliberal, la «mano invisible del mercado» (considerada como el mecanismo para asegurar el «desarrollo» y la prosperidad), es menos confiable que el «puño de hierro del Estado» (considerado como el mecanismo para asegurar la satisfacción de lo considerado como la necesidad más crucial, la seguridad). El espacio público, así, se convierte en el lienzo de la obediencia, más que en el escenario de la pluralidad.
Por otro lado, la casa se convierte en el único lugar en el que los habitantes de la ciudad deben desarrollar sus vivencias sociales y reproducir su existencia social, obligados como están a quedarse en casa. Como sabemos, en muchas sociedades el hogar es mucho más que el contenedor de la vida individualizada, de la privacidad individual. Las familias (nucleares o extensas), así como los diferentes grupos de convivencia, son a menudo en tales sociedades nodos de redes de ayuda y apoyo mutuo, aunque también pueden generar antagonismo. Obligar a las personas a quedarse en casa significa también convertir las potencialidades de colaboración que se hacen posibles a través de estas redes en amenazas inminentes de incomodidad y enfrentamiento. Sin la experiencia de la vida pública mediada por intercambios vecinales y encuentros urbanos, el hogar se convierte en prisión. Y aquellos que se ven obligados a tolerarse mutuamente en todos y cada uno de los momentos del día, reaccionan de maneras que promueven, hasta un grado paroxístico, asimetrías de poder y antagonismos.
No es casualidad que los casos de violencia intrafamiliar se hayan multiplicado en este contexto. Tener que trabajar en casa (teletrabajo), dar clases o estudiar en casa (teleeducación), entretenerse en casa (tele-cine, tele-ejercicio, etc.) e incluso consultar a médicos de la misma forma (tele (consejos, telepsicoanálisis, etc.), significa tener que hacer frente a prioridades contrastantes dentro de un espacio limitado y en el contexto de diversas necesidades relacionadas con la edad, el género, la educación, la salud, etc. se reduce así a la producción de micro-mundos completamente separados y listos para explotar.
Por supuesto, también hay quienes no tienen una casa donde quedarse. Los que viven en la calle y, a menudo, participan en redes extremadamente complejas de supervivencia cotidiana en y a través de las transacciones callejeras. Y en muchas partes del mundo son un gran porcentaje de la población. Para ellos, la campaña “quédese en casa” simplemente significa mantenerse fuera de la vista. Desaparecer. Abandonar la ciudad. «Realmente no nos importa si sobrevives», parecen decir las élites gobernantes a esas personas. Aparte de su evidente cinismo, este enfoque destruye una peculiaridad doméstica, una apropiación hogareña del espacio público que es una de las corrientes más cruciales de la vida en la ciudad.
Recuperar el espacio público frente a medidas injustas y altamente discriminatorias significa, en efecto, recuperar las plazas y calles como espacios en los que las personas pueden desarrollar las reglas de uso común e inclusivo. Sin embargo, «mantenerse a salvo» significa garantizar la protección higiénica para todos, así como la protección de las políticas que apuntan explícitamente a promover el poder y las ganancias de unos pocos al tiempo que limitan los derechos de la mayoría. Para recuperar la ciudad y el derecho a la ciudad necesitamos recuperar, al mismo tiempo, las potencialidades de la convivencia doméstica. Walter Benjamin, mientras observa la vida en mitad de la guerra en Nápoles, ha señalado: “… la casa es mucho menos el refugio al que se refugia la gente que el depósito inagotable de donde sale la inundación”. ¿No es esta quizás una forma de imaginar un espacio urbano común después de una pandemia? Una especie de espacio producido, desarrollado y soñado como ámbito y medio de una sociedad basada en el cuidado mutuo, la igualdad y la libertad.
Cuestiono y rechazo la idea de que los aprendizajes mínimos para la niñez, con o sin pandemia, sólo tengan que referirse a las matemáticas y el español. Desde antes de la pandemia mis hijas empezaron a notar por sí mismas esta tendencia en su propio proceso de aprendizaje en la escuela. No están satisfechas ni conformes. Ni yo, como madre e investigadora educativa. Las expectativas de la niñez van mucho más allá. Su derecho va más allá. Son conclusiones del fin del ciclo escolar.
El adelgazamiento del currículum está en boga. Circula la idea de que hay que centrarse en lograr y medir aprendizajes relacionados con el pensamiento matemático, con el lenguaje y la comunicación, y que esto permitirá detonar otros aprendizajes. Pero, ¿cómo la escuela mediará y propiciará que esos “otros” aprendizajes se desarrollen? Esta narrativa de que se aprenda “lo mínimo indispensable”, y más en tiempos de pandemia, atenta contra el derecho a la educación y vulnera las expectativas y los intereses de la niñez sobre su propio proceso de aprendizaje y el conocimiento del mundo. Las decisiones que se han tomado sobre qué es importante aprender obedecen a una lógica: que busca economizar y limitar lo que se aprende; que busca que se aprenda lo que se presenta como útil para una inserción laboral temprana, que favorezca un statu quo injusto y un nulo cuestionamiento de nuestro modelo económico;
que anula a la escuela como espacio de aprendizajes que conectan preocupaciones, conocimientos y prácticas locales como los que se plantean en un currículum más amplio que el efectivamente implementado;
que reduce las posibilidades de que la escuela sea un espacio de reflexión y detonadora de cambios necesarios para una vida justa y la transformación de nuestras formas de habitar el mundo;
que no considera y ni siquiera conoce las expectativas e intereses de niñas, niños y adolescentes, y que además desconoce su capacidad de asombro como motor para aprender.
La medición de los logros de aprendizaje se centra en estos mínimos que no satisfacen a quienes padecen esta visión reduccionista, vertical y limitante, y a su vez fortalece la idea de continuar reduciendo, imponiendo, limitando.
Nuestra experiencia como familia tanto en escuelas públicas como privadas nos ha permitido reflexionar qué aprendemos y para qué. Mi hija mayor hizo una lista de todo aquello que quiere aprender y no ha sido abordado en su escuela a lo largo de cinco años de tránsito por la primaria; al analizar su lista, observamos que asignaturas como ciencias naturales, geografía, historia, formación cívica y ética han estado casi borradas en su proceso educativo, y que cuando se abordan, es de forma superficial y sin lograrse aprendizajes significativos. Muchos de los aprendizajes que mi hija incluyó en su lista, se han desarrollado en casa y otros espacios; pero ella señala que en la escuela se pueden compartir, discutir, y así, formalizar su lugar y su relación con otros aprendizajes. Es su expectativa y su demanda.
Mi hija pequeña, a partir de su cambio de escuela de una privada a una pública, experimentó por primera vez – en tercer grado – la exploración de sus libros de texto, sobre todo los de las asignaturas olvidadas, y lo hizo con el acompañamiento de su maestra en sesiones en línea y para la realización de tareas. Fue un descubrimiento importante que no sugiere que recurramos a los libros de texto como fuente única o guía para el proceso de aprendizaje, sino que apunta a que a través de la exploración de los libros, mi hija se introdujo en una dimensión desconocida para niños y niñas que han vivido lo que las mías en sus escuelas: existen otras asignaturas, son todas interesantes e importantes, hay horizontes de conocimiento que queremos abordar en la escuela y no lo hemos hecho.
Esta reflexión es motor para lo que en el proyecto CARE a través de las progresiones de aprendizaje – desarrollado desde la Universidad Veracruzana en colaboración con docentes y escuelas – intentamos propiciar y analizar: un aprendizaje situado que sea detonante de transformaciones para la justicia social y ambiental desde una perspectiva que cuestiona las visiones coloniales, neoliberales y patriarcales de la educación. Finalmente, estos límites impuestos a los aprendizajes de niñas, niños y jóvenes responden a esa visión colonial que dicta qué aprender desde posiciones de poder heredadas y mantenidas en las instituciones educativas de todos los niveles, a esa visión neoliberal que concibe la escuela como productora de mano de obra que no cuestione ni transforme, y a esa visión patriarcal que ha intentado dejado atrás a las niñas y las jóvenes y las mujeres en general y ha vulnerado sus posibilidades de aprender y de posicionar sus conocimientos a la par de los generados por los hombres.
Por ello, consideramos importante trabajar para cuestionar y derribar límites en los aprendizajes. Los aprendizajes a los que las niñas y los niños tienen derecho son ilimitados, deben ser situados, expansivos y transgresores de un statu quo que sostiene la injusticia y la inequidad. Para ello, es fundamental la colaboración entre escuelas, comunidades y familias para lograr aprendizajes más allá de los que ahora se plantean como relevantes. Es importante posicionar los conocimientos y prácticas locales y también a todos esos conocimientos desplazados por la lógica arriba descrita. La escuela no puede sola, nos necesita, necesita que expresemos nuestras expectativas – las de las niñas, los niños, los y las jóvenes, las familias, las comunidades – y que contribuyamos a que se cumplan.
En la jornada dedicada al ajedrez, la ONU destaca que si bien la pandemia de COVID-19 ha limitado la práctica de muchos deportes, este antiguo juego de intelecto ha demostrado una notable resistencia y adaptabilidad durante meses de confinamiento.
El ajedrez, uno de los juegos más antiguos del mundo, combina elementos del deporte, el razonamiento científico y el arte. En la actualidad unos 605 millones de personas lo juegan regularmente y se estima que el 70% de la población adulta de muchos países lo ha jugado en algún momento de su vida.
Al celebrar este marte el Día Mundial del Ajedrez, la ONU afirmó que este juego puede contribuir a la creación de un entorno de tolerancia entre los pueblos y las naciones porque promueve la justicia, la equidad, la inclusión y el respeto mutuo, además de que en este momento tiene un papel relevante para la salud mental, que ha sufrido mucho estrés durante la pandemia.
La historia ha mostrado que los juegos y los deportes ayudan a la humanidad a sobrevivir en tiempos de crisis al reducir la ansiedad.
ONU Mujeres/Ryan Brown
La ONU reconoce al ajedrez como un juego promotor de la justicia, la inclusión y el respeto mutuo.
Poder de convocatoria
En el caso de la emergencia del coronavirus la mayoría de las actividades deportivas y de juego se limitaron, especialmente si se practican en equipo. El ajedrez, en cambio, ha mostrado una notable resistencia y adaptabilidad, así como un poder de convocatoria muy fuerte durante la pandemia.
Los datos demuestran que durante los últimos meses se ha duplicado el interés general en este juego, con más gente que nunca participando en eventos de ajedrez en línea.
El ajedrez se puede jugar en cualquier lugar y todos pueden acceder a él ya que es asequible e inclusivo y trasciende las barreras del idioma, la edad, el género, la capacidad física y el estatus social.
Se trata de un juego que apoya la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible ya que promueve la educación, la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas.
El deporte, las artes y la actividad física tienen el poder de cambiar las percepciones y los prejuicios, además de que rompen las barreras raciales y políticas, luchan contra la discriminación y desactivan los conflictos.
En este sentido, la ONU considera que estas disciplinas contribuyen a la paz, la cooperación, la solidaridad y la salud a nivel local, regional e internacional.
Adolescenes jugando ajedrez en una escuela en Sana´a, Yemen.
Jornada internacional
El 12 de diciembre de 2019, la Asamblea Generalproclamó el 20 de julio como el Día Mundial del Ajedrez para marcar la fecha de establecimiento de la Federación Internacional de Ajedrez en París en 1924.
La designación del Día Mundial del Ajedrez no sólo reconoce el papel de la Federación en el apoyo a la cooperación internacional para la actividad ajedrecística y el objetivo de mejorar la convivencia respetuosa entre todos los pueblos del mundo, sino que también brinda un respaldo importante para fomentar el diálogo, la solidaridad y la cultura de la paz.
Ganancias multimillonarias del sector farmacéutico mundial
La industria farmacéutica mundial es uno de los grandes ganadores de esta etapa marcada por la pandemia. Saca provechos multimillonarios por derecha e izquierda. Multiplica las ventas y se beneficia, al mismo tiempo, de suculentos fondos públicos destinados a la investigación.
La empresa Moderna anunció recientemente que las vacunas anti COVID 19 le significarán este año una facturación de 19.200 millones de dólares estadounidenses en tanto BioNTech proyecta 15.000 millones. En mayo, Pfizer, hizo pública su proyección de 26.000 millones en ventas lo que representa casi el doble de los 15.000 millones que calculaba apenas hace algunos meses.
En el primer trimestre del 2021, Moderna contabilizó una ganancia de 1.200 millones de dólares a partir de la venta de sus vacunas, entre las más caras en el mercado internacional. En igual periodo, la Pfizer reconoció beneficios netos de 4.877 millones de dólares, un 45 % más que en el mismo momento del pasado año, gracias, en buena medida, a las ventas de su vacuna contra el COVID-19.
El periódico mexicano El Financiero anticipaba ya en mayo pasado que nueve empresas “farmacéuticas disfrutarán multimillonarias ganancias de hasta 190.000 millones de dólares”, si alcanzan las metas de producción previstas para 2021.
Cifras llamativas si se recuerda que, al inicio de la pandemia, algunas de esas firmas afirmaron no tener intención alguna de obtener ganancias con la producción de los medicamentos preventivos, tal como lo señala el analista suizo Dominik Gross en un reciente artículo publicado en le revista Global de Alianza Sur.
Sin embargo –acota el portavoz de la plataforma helvética que reúne a las más importantes ONG de cooperación al desarrollo del país–, estas cifras no son tan sorprendentes si se consideran los modelos y mecanismos de mercado empleados por los gigantes farmacéuticos.
La ONG Public Eye (mirada ciudadana) analizó recientemente estos modelos en su informe Big Pharma takes it all (Las grandes farmacéuticas se lo llevan todo) https://www.publiceye.ch/fileadmin/doc/Medikamente/2021_PublicEye_BigPharmaTakesItAll_Report.pdf. Y subraya, que uno de los principales instrumentos para maximizar los beneficios de la industria farmacéutica es la concesión de patentes sobre los principios activos de los medicamentos.
Por otra parte, el informe recuerda que en 2020 se inyectaron 93.000 millones de euros –más de 100.000 millones de dólares– de fondos públicos para la investigación y el desarrollo mundial de estos principios activos, como parte de una intensa cooperación con las universidades. Sin embargo, los derechos de patente aseguran que solo las empresas (co)desarrolladoras de estos principios se beneficien de los ingresos por la venta de los medicamentos.
No se autoriza a terceros a fabricar o vender los ingredientes activos sin adquirir una licencia de los propietarios. Estas normas están vigentes desde hace 25 años en el marco del Acuerdo ADPICque regula los diferentes aspectos de los derechos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio, recuerda Dominik Gross. (https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/t_agm0_s.htm).
Este Acuerdo se firmó en 1995 como producto de la presión de los países del Norte. Desde hace meses, numerosas naciones, organizaciones ciudadanas y la misma OMS (Organización Mundial de la Salud) advirtieron que este Acuerdo agrava el riesgo sanitario planetario. Ya que la protección a las patentes crea una escasez artificial de vacunas, lo que produce el aumento de los precios y dificulta así la eficaz y equitativa distribución entre todas las naciones. Llamaron y siguen exigiendo que, ante la emergencia pandémica, se libere ese derecho de patente y se permita democratizar la producción de vacunas en forma descentralizada allí donde se puedan fabricar.
El enfoque de las grandes transnacionales farmacéuticas perjudica especialmente a los habitantes de los países del Sur con bajos ingresos que no pueden permitirse una atención sanitaria ni vacunas costosas. Según el blog Our World in Data, al que hace referencia la revista Global, mientras que en América del Norte y Europa ya se han administrado, respectivamente, 58 y 43 vacunas por cada 100 habitantes, en África sólo se contabilizan 2 vacunas cada 100. Asia y Sudamérica se sitúan en un punto intermedio, con 18 y 24 vacunas administradas.
En una perspectiva a mediano plazo, según las previsiones publicadas por The Guardian – y retomadas recientemente en el sitio francés Statista—, se calcula que Moderna será la empresa con mayores ventas de su vacuna por más de 35.000 millones de euros entre 2021 y 2023 (unos 43.000 millones de dólares). Las ventas de Pfizer, en ese mismo periodo, se proyectan en casi 20.000 millones de euros.
La misma fuente asegura que el costo medio mundial, a valores de marzo 2021, de las dos dosis, es de 31 euros (casi 37 dólares) tanto para la Pfizer/BioNTech como para la Moderna; 23 euros cuestan la Sinovac; 17 euros la producida por Gamaleya y 6 la de AstraZeneca. Una dosis única de la Johnson-Johnson oscila en los 8 euros.
¡Al abordaje!
La pandemia causa un impacto devastador en todo el mundo, pero especialmente en los países en desarrollo y emergentes. Las naciones ricas han acaparado casi todas las vacunas, tratamientos y pruebas disponibles en el mundo.
La desigualdad en el acceso a estos dispositivos médicos esenciales se debe a una escasez artificial creada por el sistema de monopolio farmacéutico basado en patentes. En lugar de cuestionar este modelo de negocio perjudicial, los países ricos lo defienden con vehemencia, denuncia Public Eye.
Y pone de manifiesto la hipocresía de esas naciones, así como de la industria farmacéutica, cuyas grandes declaraciones de solidaridad nunca han estado tan alejadas de la realidad como durante esta crisis sanitaria mundial. “Los Estados tienen el deber de proteger el derecho humano a la salud: deben intervenir para garantizar un acceso equitativo a las tecnologías médicas para combatir el COVID-19. Las soluciones existen; es una cuestión de voluntad política”, subraya la ONG helvética.
El Big Pharma takes it all analiza las diez estrategias utilizadas por los gigantes farmacéuticos para maximizar sus beneficios y aprovechar la crisis sanitaria en su beneficio, en detrimento del interés público.
Un punto de arranque de esas estrategias es la definición de las prioridades de investigación y desarrollo en función de la ganancia que obtendrán. El control abusivo de las patentes constituye otro pilar del modelo transnacional que prioriza, fundamentalmente, las necesidades de los países ricos y no el bien común planetario.
Como lo señala el estudio, “los gigantes farmacéuticos y los países ricos también son cómplices durante una pandemia como la de COVID-19. Las naciones ricas como Suiza firman acuerdos exclusivos (ndr: con esos gigantes) a precios excesivos y hacen recaer la carga de estos contratos opacos en la salud pública”, que paga el contribuyente con sus impuestos.
Todo esto, sin ninguna transparencia y rechazando la obligación de rendir cuentas; socializando los riesgos, pero “privatizando los beneficios”; aprovechando al máximo de los fondos públicos; imponiendo precios injustificables e incontestables y priorizando la distribución de dividendos por sobre la inversión en nuevos medicamentos.
La estrategia multinacional farmacéutica integra también el trabajo a gran escala de cabildeo y presiones en las esferas de decisión. En Estados Unidos, señala Big Pharma takes it all, el mayor mercado del mundo, 39 de los 40 representantes legislativos que han recibido las mayores contribuciones de las empresas farmacéuticas forman parte de los comités que se ocupan de las cuestiones parlamentarias relacionadas con la salud. También en Suiza, “los grupos de presión de la industria farmacéutica son omnipresentes y no están regulados”, y cualquier intento de reducir el precio de los medicamentos –que es uno de los más caros del mundo–, se enfrenta a una intensa resistencia, subraya.
Resistencia ciudadana
Sin poner en duda la importancia decisiva de la vacunación para enfrentar la pandemia, cada vez son más los actores de la sociedad civil planetaria que critican con vehemencia esta nueva ofensiva de las multinacionales del sector.
Y se pronuncian, como los autores del Pharma takes it all , a favor de medidas posibles, que están a la mano de gobiernos y empresas, para abaratar costos, democratizar la producción de vacunas y generalizar el derecho de cada ser humano a estar protegido contra el COVID-19.
Entre ellas, el apoyo al fondo común de acceso a la tecnología COVID-19 (C-TAP), lanzado por la Organización Mundial de la Salud como solución global para el acceso equitativo a pruebas de diagnóstico, tratamientos y vacunas. Así como el sostén a la solicitud de una exención temporal de determinados aspectos del Acuerdo ADPIC para productos médicos necesarios en el control pandémico. Instan –sobre todo a los países ricos—a no almacenar vacunas y apoyar el mecanismo internacional COVAX para la equidad de la distribución de las vacunas.
Como ejercicio básico de transparencia, proponen que se publiquen los contratos firmados con los fabricantes de vacunas. Y se pronuncian a favor de fomentar las iniciativas de ciencia abierta para un acceso equitativo a la prevención, al diagnóstico y al tratamiento de enfermedades. Y la necesidad de aplicar la resolución de la OMS sobre la mejora de la transparencia de los precios de los medicamentos. La inversión pública en investigación y desarrollo debe estar sujeta a condiciones claras y a una política razonable de precios.
En síntesis, estos actores sociales del mundo entero denuncian a los piratas modernos del sector farmacéutico. Les exigen que bajen de sus naves, que entreguen sus espadas y dejen de aprovecharse del COVID 19 para maximizar sus beneficios. Que no impongan cláusulas de confidencialidad a los gobiernos y acepten que los contratos salgan a la luz pública.
El debate de sociedad está abierto y toca a su misma médula: la vida de la humanidad y el tipo de sistema de salud para asegurarla. Anteponiendo a los piratas modernos de la industria farma ávidos del botín con el hombre de a pie que exige gratuidad y reivindica un servicio de salud pública de calidad al servicio de todas y todos.
Tegucigalpa (Especial Proceso Digital /Por Joel Perdomo)
Antes tenía que salir a la calle a pedir para poder comer, pero un día vine aquí y él (Mario) me dijo que no debería andar pidiendo, que si yo quería podía ayudarle y él me daría al menos la comida, y así fue como me quede aquí, dijo Elvin Sánchez, un adolescente de 14 años que colabora en un pequeño negocio de venta de verduras y frutas.
– La niñez acorralada por la pandemia ha migrado de la escuela al trabajo, dice experta.
– El trabajo infantil tiene en riesgo al 16% de la niñez en Honduras.
Todos los días y muy temprano baja caminando de lo más alto de la colonia Raúl Girón en Talanga, su caminata dura un poco más de 20 minutos hasta llegar a la avenida principal del municipio, donde muchas personas, venden sus productos, en el lugar es muy común ver a infantes ganarse el pan de cada día.
La población infantil en Honduras es de 2 millones 472 mil 798, esa cifra representa el 26% de en un país con más de 9.6 millones; de esa cantidad de menores, 412 mil 122 son niños y adolescentes que trabajan para ganarse la vida, es decir que el 16.67% desarrolla labores que representan un riesgo, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), define el trabajo infantil como toda aquella acción que priva a los niños de su infancia, su potencial y su dignidad, es además perjudicial para su desarrollo físico y psicológico; porque los excluye de sus derechos como el acceso a la salud y a la educación.
Más de 400 mil menores trabajan en Honduras, según datos de la Secretaría del Trabajo.
Trabajo por el estudio
Él (Elvin) actúa como si fuese el dueño del negocio, sabe a la perfección dónde está ubicado cada producto, conoce el precio de más de 15 de estos, que se venden en cuatro carretas llenas de frutas, verduras y otras mercancías; a la par está Mario, (propietario) quien, por su parte, atiende a las personas y es quien cobra, lo que Elvin le indica.
Elvin sabe sumar y restar, no necesita calculadora para saber cuánto gastan los clientes; siempre está listo para atender a quien llega a lugar, su faena inicia las 7:30 AM y termina a las 4:00 PM, entre esas horas se gana dos tiempos de comida y algo de dinero para llevar a su hogar, donde vive con su abuela y su mamá.
Antes de la llegada de la pandemia, trabajaba media jornada en la mañana, porque en la tarde estudiaba, ahora su día es distinto ya que solo trabaja, pues las clases en línea no son de su agrado. “Espero que esto termine para poder regresar al colegio”, dijo mientras se acomoda su desgastada mascarilla para protegerse del COVID.
A su padre no lo conoció y su madre es una mujer que se dedica a lavar ropa, su abuela por su edad, ya no puede laborar, “pero ella cuida la casa mientras nosotros salimos a trabajar” cuenta Elvin, justo en el momento en que amarra dos libras de tomates que un cliente le requiere.
Es muy común en las calles de Tegucigalpa y San Pedro Sula ver menores de edad trabajando en las calles.
¿Y te contagiaste de COVID? Le consultó al infante el enviado de Proceso Digital, mientras le observa y acompaña, y respondió: No, que yo sepa no, nunca he sentido nada, ni tos, ni gripe, tampoco mi mamá ni mi abuela, ellas están bien gracias a Dios, concluyó.
En Honduras más 50.5% de menores de edad realizan labores agrícolas, un 20% en el comercio, un 10.6% en la industria manufacturera, 3% en la construcción y el restante 17% entre otras labores que son consideradas de alto riesgo para los niños y niñas en Honduras.
Niños en condición vulnerable
Como Elvin, hay al menos 412 mil 122 menores, el 16% de la población infantil de la nación, que trabajan a diario para ganarse la vida, desarrollan labores que suelen ser sumamente peligrosas ya que les toca salir de sus viviendas, tomar sus propias decisiones, además por trabajar, se autoexcluyen de derechos fundamentales como la salud y la educación.
Basta con un pequeño recorrido por el Bulevar Morazán en la capital de Honduras, donde se aprecian decenas de menores de edad vendiendo cacahuates, dulces, bolsitas de agua, mascarillas, repuestos para automóviles, otros se dedican a limpiar vidrios en los escasos 120 segundos que marca la parada de vehículos en los dos semáforos que funcionan en el lugar.
Unos 17 mil niños y niñas trabajan en la capital Tegucigalpa, capital de Honduras.
Cuando solo faltan 10 segundos para que semáforo se ponga en verde, Carlitos, abandona la calle y se coloca a la orilla, espera nuevamente la señal en rojo para poder ofrecer cacahuates en el mayor tiempo posible a unos cuatro o cinco conductores de vehículos para ofrecer sus productos, pocos le compran, pero él sigue ofreciendo.
Dinero para la comida
Carlitos sale todos los días de la colonia El Carrizal, ubicada en salida al norte de la capital, hasta el bulevar en mención, para comenzar su día a ofrecer cacahuates con sal y dulces, los vende a cinco lempiras y generalmente se logra ganar un poco más de 130 lempiras diarios, ese dinero lo lleva a su hogar para costear la alimentación.
¿Y porque vienes hasta acá para vender? Le consultó el interlocutor de Proceso Digital, – “Pues porque aquí se me permite vender libremente, allá (en la zona donde vive), los lugares buenos para vender ya están muy ocupados, entonces se vende menos y se gana menos, por eso yo prefiero venir hasta acá”, comentó.
Dijo que no viene solo, que en la otra cuadra un amigo está trabajando. ¿Y a qué se dedica tu amigo? – “él limpia vidrios y a veces vende mascarillas”.
La pandemia, el detonante
El “Análisis Situacional de Derechos de la Niñez y Adolescencia en el Municipio del Distrito Central” elaborado cada año por Aldeas Infantiles SOS, Save The Children y World Visión, indica que más de 17 mil menores en edades de entre 5 y 7 años se encuentran laborando. Esta cifra representa un 6% de una población infantil de 400 mil en el municipio.
La pandemia ha sido un detonante que ha provocado el colapso de las sociedades sin excepción, Honduras se encuentra muy golpeada y eso ha incrementado considerablemente el trabajo infantil, eso nos indica que la niñez no tiene un futuro prometedor, comentó Elsa Ramírez, directora de Previsión Social de la Secretaría del Trabajo.
El trabajo infantil es permitido en Honduras, pero para adolescentes mayores de 14 años, sin embargo, la mayoría de los menores que trabajan no cuentan con permiso laboral, porque prefieren el sector informal donde no hay tantos requisitos para desarrollar una actividad que le permita obtener algo de dinero. Se trata de la diferencia entre comer o no y muchas veces entre vivir o dejarse de la mano de Dios.
En las zonas rurales del país los infantes desarrollan las peores formas de empleo.
Las ciudades con trabajo infantil
Al respecto, Ramírez, sostiene que no todo lo que se mira en la calle, es trabajo infantil, ese es un problema mayor para el país, porque esos son menores que están en un riesgo inminente, que, pese a que desarrollan una actividad para lucrarse, no hay disciplina para mejorar las oportunidades, su esfuerzo se encamina a obtener dinero y nada más.
El país afronta una grave crisis de mendicidad, este fenómeno se manifiesta cuando uno de los miembros de la familia está presente en las actividades laborales que desarrollan los menores en las calles y avenidas de una determinada ciudad, “es lamentable porque los padres creen que si su hijo les ayuda van a mejorar su condición económica”.
Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, Choluteca y Roatán, son las ciudades donde el fenómeno del trabajo infantil se ha acentuado; es por ello por lo que son esos lugares los que deberían intervenirse para reducir el impacto de este tema que afecta a más de 400 mil menores que no tienen oportunidad de estudio.
Pocos permisos y falta de presupuesto
“Las cifras podrían ser mucho mayores, porque no se tiene un dato preciso, sin embargo, estos infantes no tienen un buen futuro, porque no están estudiando, no se están preparándose para mejorar su condición de vida, es decir están cerrando la puerta a las oportunidades”, contó Ramírez.
A todo esto, la Secretaría del Trabajo, apenas otorgó 342 permisos de trabajo a adolescentes a nivel nacional, esta cifra tiene que ver con que son pocas las familias interesadas en que sus hijos trabajen conforme a la ley; porque gran parte de ellas se dedican al comercio informal entonces sus hijos siguen esa línea.
“Yo considero que Honduras debe tomarse tiempo para revisar las peores formas de trabajo infantil y erradicarlas, ya que aquí tenemos muchas como: la minería, cohetería, agricultura, buceo, melón, langosta y trabajos domésticos; tenemos programas preventivos pero los mismos no son suficientes”, indicó la funcionaria.
Añadió que una de las debilidades que afronta el país para contrarrestar ese fenómeno, es que no se tiene un presupuesto asignado para atender como corresponde, tampoco se tiene un dato exacto de los niños trabajando, no se sabe quiénes son y dónde están exactamente.
Dos amigos y un trabajo
En el centro de la ciudad capital, Álex de 13 años, hala en su silla de ruedas a su viejo amigo –José-, ambos viven en una colonia cercana al lugar donde todos los días se mueven para vender productos como gel de manos, mascarillas y alcohol clínico.
Ellos tienen un poco más de dos años de trabajar juntos, y no precisamente vendiendo productos para la bioseguridad, ya que, para poder vender, buscan mercancías de acuerdo con la época “ahorita lo que más vendemos son mascarillas, porque ya sabe estamos en pandemia”, comentó José.
El pequeño Alex recorre todo el centro de la ciudad con su amigo, mientras lo carga va anunciando que lleva mascarillas, guantes, gel antibacterial y alcohol; su acompañante acomodado en una vieja silla de ruedas muestra las mercancías a las personas que deambulan por una de las zonas más visitadas de centro de la ciudad.
Como ya se acercan las 4:00 de la tarde, ambos se ponen de acuerdo para merendar algo después de una cansada y soleada jornada, entonces Alex deja a José en un sector con sombra en el parque Central de Tegucigalpa y se desplaza a comprar la comida, ese día decidieron comprar una pizza de 100 lempiras para llevar a casa.
“A veces gano hasta 150 lempiras, para mi es bueno porque es peor no tener nada, desde que le ayudo a él, pues tengo algo de dinero, más que todo a mí me sirve para comer y comprar ropa de vez en cuando, hay días que nos va mal, pero al menos sacamos la comida”, relató.
Alex no estudia porque prefiere trabajar, pues de no hacerlo, no tendría como ayudarles con la comida a sus tíos con quienes vive desde hace 6 años. Conoce poco de sus padres, pero vive agradecido porque al menos tiene que comer y por ello no tienen nada de qué avergonzarse.
El Ministerio Público
Un menor de edad espera que el semáforo marque en rojo para salir a vender sus productos.
El Ministerio Público, cuenta con dos dependencias para atender conflictos en menores de edad, la Fiscalía Especial de la Niñez y la Unidad Contra la Trata y Explotación Laboral; ambas constantemente están desarrollando acciones preventivas de abusos contra niños y niñas.
“Son estas dos dependencias las que casi siempre le dan el seguimiento respectivo a los casos que se detectan, los mismos están fuera del marco legal de trabajo de los menores”, comentó un funcionario del Ministerio Público en conversación con Proceso Digital, al tiempo que sostiene que las acciones son constantes durante el año.
Hace escasos días, ambas fiscalías en el marco de la Operación Omega VI, realizaron inspecciones en sectores como: El Hatillo, La Tigra, La Cantadora, El Piliguin, Los Plancitos, con la finalidad de verificar que no se está utilizando mano de obra infantil en labores de agricultura en la siembra de repollo, zanahoria y cultivo de flores ornamentales.
La Fiscalía acciona cuando el ente administrativo – en este caso la Secretaría del Trabajo-, considera que existen ilícitos en una determinada acción, si la investigación comprueba, entonces se procede con la denuncia. Otra forma es cuando se realizan operaciones sorpresas en los campos donde se presuma que hay menores, concluyó.
Sin datos exactos sobre el trabajo infantil
Olvin Villalobos, ministro de la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social, dijo que es lamentable que esa gran cantidad de menores se encuentren en esa situación, ya que los niños y adolescentes, no deberían estar trabajando sino estudiando porque esa es la base fundamental para su desarrollo de un país.
Sin embargo, asegura que se hacen esfuerzos máximos de parte de la Secretaría, para realizar constantemente inspecciones a nivel nacional de manera que se verifique que en algunas empresas no se esté utilizando fuerza laboral infantil “porque es inaceptable desde todo punto de vista”, indicó el funcionario.
“Nuestros esfuerzos están encaminados a que esas cifras disminuyan; estamos buscando alternativas de solución, pronto tendremos apoyo de la comunidad internacional, lograr tener una base de datos, así como mediciones completas para saber dónde están y que hacen los niños”, indicó Villalobos.
Asimismo, sostiene que urge la implementación de un plan de intervención para erradicar el trabajo infantil, ya esa propuesta debe seguirse construyendo mientras a la par se siguen desarrollando acciones para no dejar que problema sea aún mayor.
El trabajo infantil se expande…
Según la OIT unos 160 millones de niños trabajan en todo el mundo y en los últimos cuatro años, se registra un incremento de 8.4 millones de infantes que decidieron trabajar; la mayoría de ellos se encuentran en situación de riesgo debido a las labores que desarrollan y a la llegada de la pandemia del COVID-19.
Un informe publicado recientemente por el organismo, señala que “los avances para erradicar el trabajo infantil se han estancados por primera vez en 20 años”, que además la tendencia de esos esfuerzos se han invertido, esto, en relación a que entre el periodo 2000 – 2016, las cifras de estos casos se redujeron en 94 millones.
Según la Organización Internacional del Trabajo, el 70% de los casos de trabajo infantil -112 millones de niños y niñas- desarrollan labores en el sector agrícola, seguido del 20% -31,4 millones de infantes que se dedican a brindar servicios y el 10 por ciento -16,5 millones de menores trabajan en el sector industrial.
De los 9 millones 444 mil 679 de hondureños, según el Instituto Nacional de Estadística, el 51.33% son mujeres y 48.67 hombres; pero de ese total, 2 millones 472 mil 798 son niños y niñas y por sexo representan el 50% para cada uno, es decir que el 26% conforman la urbe infantil del país.
La llegada de la pandemia a Honduras disparó el desempleo abierto de 5.7 al 10.9 %, según cifras oficiales, este incremento significó más de 445 mil nuevos desempleados en la nación, que cuenta con una Población Económicamente Activa de 3 millones 655 mil 653.
El Coneval advierte que entre los efectos colaterales de la pandemia está la “profundización de las brechas en el aprendizaje y aprovechamiento escolar».
Apenas había avanzado tres meses este ciclo escolar cuando los padres y madres de familia de la primaria Héroes de Río Blanco decidieron que sus hijos dejaran de tomar clases por televisión. “Ya no podían más. Era difícil que los niños pusieran atención y era fastidioso para los papás, si es que podían acompañar a sus hijos”, explica Manuel, uno de los profesores.
Por eso los maestros tuvieron que idear la forma de que la educación llegara a sus alumnos. Manuel comenzó a dar clases en línea por 2 horas y media todos los días, pero de sus 40 alumnos en el grupo, sólo 27 se conectaba; el resto no podía porque no tenían internet, por eso a ellos les enviaba actividades por whatsapp. Mientras que las lecciones las publicaba en la plataforma de Classroom, de Google.
Pero las estrategias las idearon los maestros solos, porque la autoridad educativa, la Secretaría de Educación Pública, implementó sólo una estrategia ante el cierre de escuelas: Aprende en Casa, que consistió en transmitir clases por televisión para alumnos de preescolar, primaria y secundaria.
Sin embargo, a 14 meses de su inicio, la SEP no implementó un mecanismo para saber si quiera a cuántos alumnos realmente estaba atendiendo, el seguimiento pedagógico de los programas ni tampoco cuánto costó, señala el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en el estudio “De la emergencia a la recuperación de la pandemia por la COVID-19: la política social frente a desastres”.
Si bien el Consejo reconoce que Aprende en Casa fue una acción “oportuna” ante un contexto adverso, “aún hace falta analizar a profundidad los alcances de dicha estrategia”.
Manuel comenta que la SEP envió un cuestionario a principio del ciclo escolar para que respondieran sobre las estrategias que las escuelas seguían para impartir educación. Entre las opciones se encontraba Aprende en Casa, pero nunca les han preguntado sobre si es útil para la docencia o si sus alumnos han aprendido con esa mecánica.
Aunque la televisión es un medio de alcance para la mayoría de población en el país, no tampoco hay certeza sobre a quiénes benefició, pues la SEP no ha mostrado información “que permita identificar a cuánta de la población estudiantil se estaba atendiendo, ya que la emisión de contenidos educativos por diversos medios no supone que toda la población objetivo pueda acceder a ellos”.
En 2020 se encontró que a nivel nacional 92% contaba con televisión, 34% con una computadora, laptop o Tablet; 51% con internet en la vivienda y 90% de ellos tenían un celular en casa.
Y si bien la SEP participó activamente en la definición del contenido, “tampoco se identificaron mecanismos para dar seguimiento y revisión a la elaboración de estos programas por parte de la Secretaría”.
En cuanto a su presupuesto de Aprende en Casa, “se desconoce cuánto del gasto de la SEP fue destinado a dicha Estrategia, pues al ser una intervención emergente”, pues al no estar etiquetado en el Presupuesto de Egresos de la Federación, no se etiquetaron esas asignaciones.
Por lo tanto, el Coneval recomendó aplicar pruebas diagnósticas durante la educación a distancia y al regreso a las aulas, para poder establecer estrategias de atención educativa que permitan nivelar los aprendizajes y conocimientos de los estudiantes tras el confinamiento.
Los riesgos
Los efectos de la pandemia en materia educativa aún no han sido explicados por la SEP, pues no ha publicado la estadística de deserción desde el ciclo escolar 2019-2020, cuando inició el confinamiento. Sin embargo, el Inegi dio un primer acercamiento al detectar que 2.2% de la población de 3 a 29 años inscritos en dicho ciclo no concluyó y de ellos, 58.9% dijo que la razón de no hacerlo estuvo vinculada con el COVID-19.
Y peor aún, existe el riesgo de que los problemas sigan agudizando, mientras la SEP sólo ha implementado una sola estrategia en materia educativa. El Coneval advierte que entre los efectos colaterales de la pandemia está la “profundización de las brechas en el aprendizaje y aprovechamiento escolar; retraso de la trayectoria académica e incremento del porcentaje de población en situación de rezago educativo; incremento en la probabilidad de inasistencia, abandono escolar definitivo y desvinculamiento escolar”.
También “dificultad para desarrollar habilidades sociales y de comunicación; incremento de la probabilidad de los estudiantes de experimentar estrés y depresión; interrupción en la medición de metas y objetivos en términos de la garantía al derecho a la educación y disminución de la cantidad y variedad de alimentos consumidos (por los casos donde los estudiantes recibían alimentos en las escuelas).
Respecto al riesgo de incremento de la probabilidad de inasistencia y abandono escolar definitivo. Con respecto a este, el Coneval identificó tres programas cuyos apoyos pueden contribuir a disminuir el riesgo mencionado: el Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez, todos de la SEP.
Sin embargo, todos los programas de becas ya funcionaban antes de la pandemia, por lo que no se tratan de programas de atención para los problemas agudizados tras la pandemia.
En tanto, no hay estrategia para evitar el embarazo adolescente entre las intervenciones de educación, aunque se trate de un factor que profundiza los riesgos de rezago o abandono escolar, y dificulta la accesibilidad al derecho a la educación.
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