Con tres máquinas adquiridas con sumo esfuerzo, Cinthya Wipin se inició en la confección de prendas de vestir en el 2019, actividad que se truncó con el inicio de la pandemia. Ella forma parte de los trabajadores informales en Perú, que son 8 de cada 10, sin beneficios ni derechos laborales.
Las perspectivas a corto plazo de mejora del empleo no son optimistas en América Latina y el Caribe, región con 662 millones de habitantes donde el mercado laboral fue uno de los más golpeados durante la pandemia por la covid-19.
Durante el confinamiento se perdieron masivamente los puestos de trabajo, más de 30 millones de personas se quedaron sin sus fuentes de sustento, siendo las más afectadas las mujeres, cuya participación laboral en la región retrocedió 18 años.
Un informe conjunto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), advirtió en diciembre de 2022 que pese a los avances en la reducción del desempleo en el primer semestre de dicho año, esta tendencia sería difícil de sostener.
Gerhard Reinecke, especialista principal en políticas de empleo de la oficina de la OIT en Santiago de Chile
“El contexto económico global se ha complicado bastante en los últimos meses y tiene un impacto en la dinámica mundial”, dijo a IPS mediante entrevista virtual Gerhard Reinecke, especialista principal en políticas de empleo de la oficina de la OIT en Santiago de Chile.
“Tenemos el menor crecimiento de China por la política de combate a la covid, estábamos acostumbrados a que crezca 7, 8, 9 % y ahora está en 3%; la guerra de Rusia contra Ucrania; y el contexto inflacionario que impacta sobre las perspectivas económicas del mundo y de la región latinoamericana”, agregó Reinecke, coautor del informe de OIT y Cepal, Coyuntura laboral en América Latina y el Caribe, dinámica de productividad laboral.
Cepal proyectó que la desaceleración económica se acentuará en la región en 2023. Estima un crecimiento de 1,3%, porcentaje que limita el optimismo frente a la recuperación del empleo de calidad, tras los indicadores auspiciosos logrados en el primer semestre de 2022.
En ese período disminuyó la tasa de desocupación en los 16 países analizados en el estudio conjunto de OIT y Cepal, ubicándose en 7 %, porcentaje menor al de pre pandemia. Y se incrementó el trabajo asalariado con una mayor demanda en el sector industrial.
Los países que formaron parte del estudio fueron Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Jamaica, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tabago y Uruguay.
Ocho de ellos mostraron un crecimiento de más de 4 % del empleo total con respecto al 2021: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, México, Paraguay y Perú.
El difícil contexto global así como la menor inversión y crecimiento económico de los países, y el alza de la inflación, recortan las expectativas de sostener la recuperación del mercado laboral en la región y de superar el histórico problema de la informalidad, que hace perder derechos a la población trabajadora.
“Al corto plazo esas nubes siguen estando ahí, no se han despejado las perspectivas para un crecimiento tan dinámico como el que se requiere para dar un impulso fuerte a la creación de trabajo decente”, afirmó Reinecke, cientista político y economista de profesión, con más de 20 años de residencia en Chile.
Es difícil tener empleo con derechos
Cinthya Wipin, migrante en Lima de 36 años, proveniente de la ciudad nororiental peruana de Chachapoyas, es parte de los ocho de cada 10 trabajadores que se encuentran en la informalidad y sin gozar de sus derechos laborales en el país andino de 33 millones de habitantes.
Madre de un adolescente de 16 años y de mellizos de seis, decidió estudiar confecciones en 2018 para tener una mejor calidad de vida y garantizar la educación de sus hijos. Terminado su periodo de capacitación, con los ahorros de su labor de entonces como trabajadora del hogar y los de su esposo obrero de construcción civil, más un préstamo familiar, logró comprarse las máquinas necesarias para empezar su negocio.
“Una amiga me vendió su máquina Singer, es antigua pero buenota, es para coser. A una prima le compré su máquina recubridora, que es para hacer los acabados, y en plazos conseguí la remalladora, que es nueva. Y así fue como me inicié”, contó a IPS en su hogar ubicado en un barrio del distrito de San Juan de Miraflores, al sur de Lima.
No imaginó entonces que luego de tres meses se declararía la pandemia y el confinamiento que encerró a las familias en sus casas entre marzo y julio del 2020. “Yo no lo podía creer, había invertido todos mis ahorros, estaba endeudada y con las máquinas paradas… fue un momento desesperante”, recuerda.
A mediados del año decidió anunciar su servicio de confecciones a través del Facebook y le llegaron pedidos. Continúa así en la actualidad y ha logrado sanear sus deudas, pero necesitaría producir 300 poleras al mes para poder lograr ingresos que cubran sus costos de producción y obtener una rentabilidad suficiente para sostenerse y crecer.
“Tendría que generar unos 15000 soles al mes –unos 3900 dólares- para poder contratar a una persona y alquilar un local. Mi sueño es tener un taller, dar trabajo a otras mujeres y surgir haciendo lo que nos apasiona, porque a mí me encanta coser”, remarca.
Frente a sus máquinas, siente que se realiza.
“Mi esposo me dice para qué te esfuerzas tanto, por qué mejor no compras ropa al por mayor y lo vendes. No, le digo, yo misma quiero comprar la tela, trazarla, cortarla, remallar y hacer los acabados”, explica, refiriéndose al proceso de confección de las prendas.
Ella trabaja más de 12 horas al día realizando labores productivas y de cuidado: tres veces por semana es empleada de hogar; todos los días se hace cargo de la alimentación de su familia, en particular de los mellizos; y cada noche destina tiempo para atender los pedidos que le llegan de camisetas, buzos o poleras.
No es mucho, pero le permite mantenerse en actividad en su rubro y no verse absorbida por lo doméstico.
Con su extenuante jornada laboral logra el sustento diario y ahorrar un poco, pues cuenta con los ingresos que aporta su esposo. Pero no sabe lo que son vacaciones, seguridad social, compensación por tiempo de servicios o fondo de pensiones.
“Quién tiene trabajo estable en estos tiempos, unos poquitos serán. Yo siento que dependo solo de mí, de mi esfuerzo, no hay apoyo de las autoridades. Me animo pensando que de aquí a cinco años, cuando mis niños estén grandecitos y tenga más tiempo y un pequeño capital, podré hacer realidad mi sueño de ser una confeccionista que trabaja con otras mujeres”, dice con una sonrisa.
Desafíos para crear empleo formal
Reinecke indicó que la OIT plantea a los Estados estrategias integradas para las políticas orientadas a superar la informalidad, partiendo por las causas que la originan como es el tejido productivo.
“Hay muchas unidades productivas que son estructuralmente débiles y les cuesta asumir los costos de la formalidad; y falta también el conocimiento de cómo hacerlo”, dijo.
Se refirió también a la “informalidad oportunista” que ocurre cuando una empresa de 50 u 80 trabajadores decide tener 10 o 20 sin contrato, sin cobertura, sin cotización a la seguridad social.
“Según cual sea el segmento de informalidad, las medidas de política también son distintas”, precisó.
Añadió que es necesario ajustar los factores para el fomento productivo, que redunden en más recursos para poder asumir los costos de la formalidad. Y, a la vez, garantizar que la formalidad sea más atractiva, con beneficios evidentes, menores costos posibles y con información disponible para proceder.
“Entonces, los desafíos para seguir creciendo y seguir creando empleos formales, trabajos decentes, siguen ahí”, subrayó.
América Latina persiste como un ámbito convulsionado por rebeliones populares y procesos políticos transformadores.
En distintos rincones de la región se verifica la misma tendencia al reinicio de los levantamientos que signaron el debut del nuevo milenio. Esas sublevaciones se aquietaron durante la década pasada y recuperaron intensidad en los últimos años.
La pandemia interrumpió limitadamente esa escalada de movilizaciones, que neutralizaron la corta restauración conservadora del 2014-2019. Ese período de renovado golpismo, no logró desactivar el protagonismo de los movimientos populares.
La rebelión del 2019 en Ecuador inauguró la fase actual de protestas, que ha repetido la tradicional tónica de irradiaciones. Bolivia, Chile, Colombia, Perú y Haití han sido los principales centros de confrontación reciente.
Los efectos políticos de esta nueva oleada son muy variados. Han trastocado el mapa general de los gobiernos, recreando la gravitación del progresismo. Esa vertiente se ha impuesto en el grueso de la geografía zonal. Al inicio de 2023 los mandatarios de ese signo prevalecen en los países que reúnen al 80% de la población latinoamericana (Santos; Cernadas, 2022).
Este escenario ha facilitado también la continuidad de los gobiernos acosados por el imperialismo estadounidense. Luego de soportar incontables embestidas, los diabolizados presidentes de Cuba, Venezuela y Nicaragua siguen en sus cargos.
También ha sido parcialmente contrarrestado el ciclo de golpes militares e institucionales, que apadrinó Washington en Honduras (2009), Paraguay (2012), Brasil (2016) y Bolivia (2019). La reciente asonada en Perú (2023) afronta una heroica oposición en las calles.
Esta rebeldía obstruyó, hasta el momento, la intervención disfrazada de los marines en países devastados como Haití. La misma lucha popular propinó duras derrotas a los atropellos intentados por los gobiernos neoliberales reciclados de Ecuador y Panamá.
Pero esta gran intervención desde abajo suscita una reacción más virulenta y programada de las clases dominantes. Los sectores enriquecidos han procesado la experiencia anterior y exhiben menos tolerancia a cualquier cuestionamiento de sus privilegios. Han articulado una contraofensiva ultraderechista para doblegar al movimiento popular. Aspiran a retomar con mayor violencia, la fracasada restauración conservadora de la década pasada. Este complejo escenario exige evaluar a las fuerzas en disputa.
REVUELTAS CON EFECTO ELECTORAL
Varios levantamientos de los últimos tres años tuvieron traducciones electorales inmediatas. Los nuevos mandatorios de Bolivia, Perú, Chile, Honduras y Colombia emergieron de grandes sublevaciones que impusieron cambios de gobierno. Las protestas callejeras forzaron comicios que derivaron en victorias de los candidatos progresistas, contra sus adversarios de ultraderecha.
Esta secuencia se verificó primero en Bolivia. La sublevación confrontó exitosamente con los gendarmes y tumbó a la dictadura. Añez tiró la toalla cuando perdió a sus últimos aliados y a los sectores medios que al principio acompañaron su aventura.
La corrupta gestión de la pandemia potenció ese aislamiento y diluyó el continuismo civil intentado por los candidatos de la centroderecha. La rebeldía desde abajo impuso el retorno del MAS al gobierno y varios responsables del golpe fueron juzgados y encarcelados. La conspiración continuó en el bastión santacruceño y actualmente se dirime si persistirá o será aplastada por una contundente reacción oficial.
Una dinámica semejante se verificó en Chile, como resultado del gran levantamiento popular y sepultó al gobierno de Piñera. La chispa de esa batalla fue el costo del transporte, pero el rechazo a los 30 pesos de esa erogación derivó en una imponente gesta contra 30 años de legado pinochetista.
Ese torrente condujo a dos victorias electorales que precedieron al triunfo de Boric sobre Kast. El gran aumento de la participación electoral con consignas antifascistas en los barrios populares permitió ese logro, en el país-emblema del neoliberalismo regional.
Por esa gravitación de Chile como símbolo del thatcherismo, la asunción de un presidente progresista, en el marco de la Asamblea Constituyente con gran presencia popular en las calles, despertó enormes expectativas.
Una secuencia más vertiginosa e inesperada se registró en Perú. El hastío popular con los presidentes derechistas salió a flote en protestas espontáneas y protagonizadas por jóvenes despojados de sus derechos. Ese levantamiento sucedió a la tragedia sanitaria de la pandemia, que potenció la ineptitud de la burocracia gobernante.
Castillo se transformó en el receptor del malestar popular y el fujimorismo no pudo frustrar su llegada a la Casa de Gobierno. El discurso redistributivo del sindicalista docente creó la expectativa de cortar con la agobiante sucesión de gobiernos conservadores.
En Colombia la rebelión masiva forzó al establishment a resignar por primera vez su manejo directo de la presidencia. Varios millones de personas participaron en imponentes manifestaciones. Las huelgas masivas confrontaron con una represión feroz y lograron tumbar una reforma regresiva de la salud. Al igual que en Chile se extendieron posteriormente para expresar el enorme malestar acumulado durante décadas de neoliberalismo.
Ese fastidio se tradujo en la derrota electoral del uribismo y del improvisado ultraderechista que intentó impedir la victoria de Petro. Con ese triunfo un líder de centroizquierda llegó a la presidencia, sorteando el terrible destino del asesinato que sufrieron sus antecesores. Lo acompaña una afrodescendiente representativa de los sectores más oprimidos de la población.
En la misma tónica se inscribió el triunfo de Xiomara Castro en Honduras. Su victoria premió la sostenida lucha contra el golpe que en el 2009 prohijó el embajador estadounidense. Esa asonada inició el largo ciclo latinoamericano de lawfare y golpismo judicial parlamentario.
Los 15 puntos de ventaja que Xiomara obtuvo sobre su contrincante neutralizaron los intentos de fraude y proscripción. En un dramático contexto de pobreza, narcotráfico y criminalidad, la heroica lucha popular desembocó en la primera presidencia de una mujer. Xiomara comenzó su gestión derogando las leyes de manejo secreto del Estado y de entrega de zonas especiales a los inversores externos.
Pero debe lidiar con la sofocante presencia de una gran base militar estadounidense (Palmerola) y una embajadora de Washington que interviene con toda naturalidad, en los debates internos sobre los asentamientos campesinos y las leyes de reforma del sistema eléctrico (Giménez, 2022).
VICTORIAS DE OTRO TIPO
En otros países el ascenso de mandatarios progresistas no fue un resultado directo de las protestas populares. Pero esa resistencia operó como un trasfondo del descontento social y la incapacidad de los grupos dominantes para renovar la primacía de sus candidatos.
México fue el primer caso de esta modalidad. López Obrador llegó a la presidencia en el 2018, en una dura confrontación con las castas del PRI y del PAN sostenidas por los principales grupos económicos. AMLO aprovechó el desgaste de las gestiones previas, la división de las elites y la obsolescencia del continuismo a través del fraude. Pero actuó en un contexto de menor impacto de las precedentes movilizaciones del magisterio y los electricistas.
Los sindicatos han quedado muy afectados en México por la reorganización de la industria y no fueron determinantes del giro político en curso. AMLO mantiene una relación ambigua con su referente histórico cardenista, pero inauguró una administración muy distanciada de sus antecesores neoliberales.
Tampoco en Argentina la llegada de Fernández (2019) fue un resultado inmediato de la acción popular. No reprodujo el arribo de Néstor Kirchner (2003) a la Casa Rosada, en medio de una generalizada rebelión. Previamente el derechista Macri sufrió un contundente revés en las calles, cuando intentó introducir una reforma previsional (2017). Pero no afrontó el periódico levantamiento general que sacude a la Argentina.
En ese país se localiza el principal movimiento de trabajadores del continente. Su disposición de lucha ha sido muy visible en las 40 huelgas generales consumadas desde el fin de la dictadura (1983). La sindicalización se ubica en el tope de los promedios internacionales y empalma con la llamativa organización de los piqueteros (desocupados e informales).
La lucha de esos movimientos ha permitido sostener los auxilios sociales del Estado, que las clases dominantes concedieron bajo el gran susto de una revuelta. Las nuevas formas de resistencia -enlazadas con la belicosidad precedente de la clase obrera- facilitaron el retorno del progresismo al gobierno.
En los últimos tres años, la decepción generada por el incumplimiento de las promesas de Fernández suscitó grandes rechazos, pero con protestas acotadas. Hubo importantes triunfos de muchos gremios, frecuentes concesiones del gobierno y protagonismo callejero, pero la acción del movimiento popular fue contenida
En Brasil la victoria de Lula ha sido un extraordinario logro, en un marco de relaciones sociales de fuerzas desfavorable para los sectores populares. Desde el golpe institucional contra Dilma el dominio de las calles fue capturado por los sectores conservadores que ungieron a Bolsonaro. Los sindicatos obreros perdieron protagonismo, los movimientos sociales han sido hostilizados y los militantes de izquierda adoptaron actitudes defensivas.
La liberación de Lula incentivó el reinicio de la acción popular. Pero ese impulso no alcanzó para revertir la adversidad del contexto, que permitió a Bolsonaro conservar una significativa masa de votantes. El PT retomó la movilización durante la campaña electoral (especialmente en el Nordeste) y revitalizó sus fuerzas en los festejos del triunfo.
En un marco de gran división de los grupos dominantes, hartazgo con los exabruptos del ex capitán y liderazgo cohesionador de Lula, la derrota de Bolsonaro ha creado un escenario de potencial recuperación de la lucha popular (Dutra, 2022). El temor a ese despunte, indujo al alto mando militar a vetar el desconocimiento del veredicto de las urnas que propiciaba el bolsonarismo.
Pero la batalla contra la ultraderecha recién comienza y para doblegar a ese gran enemigo resulta imperioso reconquistar la confianza de los trabajadores (Arcary, 2022). Esa credibilidad quedó erosionada por la desilusión con el modelo de pactos con el gran capital que desenvolvió el PT en sus gestiones anteriores. Ahora emerge una nueva oportunidad.
TRES BATALLAS RELEVANTES
Otras situaciones de enorme resistencia popular en la región no derivaron en victorias electorales progresistas, pero sí en derrotas mayúsculas de los gobiernos neoliberales.
En Ecuador se registró el primer triunfo de este tipo contra el presidente Lasso, que intentó retomar las privatizaciones y la desregulación laboral, junto a un plan de aumentos de las tarifas y alimentos dictado por el FMI. Ese atropello precipitó la confrontación con el movimiento indigenista y su nuevo liderazgo radical, que propicia un contundente programa de defensa de los ingresos populares.
A mediados del 2022, ese choque recreó la batalla librada en octubre del 2019, contra la agresión lanzada por Lenin Moreno para encarecer el precio de los combustibles. El conflicto se zanjó con los mismos resultados que la pugna anterior y con una nueva victoria del movimiento popular. La gigantesca movilización de la CONAIE ingresó en Quito en un clima de gran solidaridad, que neutralizó la lluvia de gases lacrimógenos gatillada por los gendarmes.
En 18 días de paro el experimentado movimiento indigenista derrotó la provocación del gobierno imponiendo la liberación del líder Leónidas Iza (Acosta, 2022). La CONAIE conquistó también la derogación del estado de excepción y la aceptación de sus principales demandas (congelamiento de los combustibles, bonos de emergencia, subsidios a los pequeños productores) (López, 2022).
El gobierno se quedó sin cartuchos cuando perdió credibilidad su insultante discurso contra los indios. Debió ceder ante un movimiento, que volvió a demostrar gran capacidad para paralizar el país y neutralizar los ataques contra las conquistas sociales.
Otra victoria de la misma relevancia se logró en Panamá a mitad del año, cuando los gremios docentes convergieron con los transportistas y los productores agropecuarios, en el rechazo al incremento oficial de la gasolina, los alimentos y los medicamentos. La unidad forjada para desenvolver esa resistencia sumó a la comunidad indígena a un movimiento de protesta, que durante tres semanas paralizó al país. Las marchas de protesta fueron las más importantes de las últimas décadas.
Esa reacción social doblegó a un gobierno neoliberal que debió retroceder en sus planes de ajuste. El presidente Carrizo no pudo satisfacer a las cámaras empresariales que exigían mayor dureza contra los manifestantes.
Esa victoria fue particularmente significativa en un istmo que tuvo un gran crecimiento en los ultima dos décadas, aprovechando los lucros que genera la administración del Canal para los grupos dominantes. La desigualdad es apabullante, en un país dónde el 10% de las familias más ricas cuenta con ingresos 37,3 veces más altos que el 10% de los más empobrecidos (D’Leon, 2022).
La invasión estadounidense instaló en 1989 un esquema neoliberal, que complementa esa asimetría con escandalosos niveles de corrupción. Tan sólo la evasión fiscal equivale a la totalidad de la deuda pública (Beluche, 2022). La victoria en las calles propinó una severa derrota al modelo que las elites de Centroamérica presentan como el rumbo a seguir por todos los pequeños países.
El tercer caso de una extraordinaria resistencia popular sin derivaciones electorales se verifica en Haití. Las gigantescas movilizaciones volvieron a ocupar el centro de la escena durante el 2022. Confrontaron con las políticas de saqueo económico que implementa un régimen manejado desde las oficinas del FMI. Ese organismo propició el encarecimiento del combustible que desató las protestas, en un país todavía desgarrado por el terremoto, el éxodo rural y el hacinamiento urbano (Rivara, 2022).
Las marchas callejeras se desenvuelven en un vacío político absoluto. Hace seis años que no hay elecciones, en una administración que prescinde del poder judicial y legislativo. El presidente de turno sobrevive por el simple sostén que aportan las embajadas de Estados Unidos, Canadá y Francia.
El desgobierno actual se prolonga por la indecisión que impera en Washington a la hora de consumar una nueva ocupación. Estas intervenciones con el disfraz de la ONU, la OEA y la MINUSTAH se han recreado una y otra vez en los últimos 18 años con resultados funestos. Los servidores locales de esas invasiones reclaman el reingreso de las tropas foráneas, pero salta a la vista inutilidad de esas misiones.
Esa modalidad de control imperial ha sido en los hechos sustituida por la generalizada difusión de bandas paramilitares que aterrorizan a la población. Actúan en estrecha complicidad con las mafias empresariales (o gubernamentales) que rivalizan por los botines en disputa, utilizando las 500.000 armas ilegales provistas por sus cómplices de la Florida (Isa Conde, 2022). El magnicidio del presidente Moïse fue apenas una muestra del descalabro que generan las pandillas manejadas por distintos grupos de poder.
Estas organizaciones han tratado de infiltrar también a los movimientos de protesta para desarticular la resistencia popular. Siembran el terror, pero no han logrado confinar a la población a sus casas. Tampoco pudieron recrear expectativas en otra intervención militar extranjera (Boisrolin, 2022). La rebelión continúa, mientras la oposición busca caminos para forjar una alternativa superadora de la tragedia actual.
ABORDAJES CENTRADOS EN LA RESISTENCIA
La secuencia de resistencias en el último trienio, confirma la persistencia en América Latina de un prolongado contexto de luchas, sujeto al patrón habitual de ascensos y reflujos. Los éxitos y los retrocesos son limitados. No hay triunfos de envergadura histórica, pero tampoco derrotas como las padecidas durante las dictaduras de los años 70.
Esta etapa puede ser caracterizada con distintas denominaciones. Algunos analistas observan un largo ciclo de impugnación del neoliberalismo (Ouviña, 2021) y otros destacan la preeminencia de acciones de resistencia popular determinantes de los ciclos progresistas (García Linera, 2021).
Esos abordajes jerarquizan acertadamente el papel de la lucha y la consiguiente gravitación de los sujetos populares. Aportan miradas que superan la frecuente desconsideración de los procesos que se desenvuelven por abajo. En este segundo tipo de miradas predomina un gran desconocimiento de la lucha social y una sesgada indagación de los cursos geopolíticos por arriba. Estudian especialmente cómo se dirimen los conflictos en el campo exclusivo de las potencias, los gobiernos o las clases dominantes.
Esta última óptica suele prevalecer en las caracterizaciones de los ciclos progresistas, como procesos meramente contrapuestos al neoliberalismo. Se resalta su incidencia política democratizadora, sus rumbos económicos heterodoxos o su autonomía de la dominación estadounidense.
Pero con ese enfoque se evalúan los distintos posicionamientos de los grupos dominantes, sin registrar las conexiones de esas estrategias con políticas de control o sometimiento de las mayorías populares. Omiten este dato clave, porque no valoran la centralidad de la lucha popular en la determinación del actual contexto latinoamericano.
Esta distorsión es muy visible en el sesgado uso de las categorías inspiradas en el pensamiento de Gramsci. Se toman esas nociones para evaluar cómo gestionan las clases capitalistas articulando consenso, dominación y hegemonía. Pero se olvida que esa cartografía del poder, constituía para el comunista italiano un elemento complementario de su evaluación de la resistencia popular. Esa rebeldía era el pilar de su estrategia de conquista del poder por parte de los oprimidos para construir el socialismo.
Una aplicación actualizada para Latinoamérica de este último enfoque exige priorizar el análisis de las luchas populares. Las modalidades que utilizan los poderosos para ampliar, preservar o legitimar su dominación enriquecen, pero no sustituyen esa evaluación.
COMPARACIONES CON OTRAS REGIONES
Al indagar la resistencia de los oprimidos se perciben las singularidades latinoamericanas de esas luchas. En los últimos años, la acción popular presentó semejanzas y diferencias con otras regiones.
En el 2019 se observaba en varios puntos del planeta una fuerte tendencia al despunte de una nueva oleada de protestas, liderada por los jóvenes indignados de Francia, Argelia, Egipto, Ecuador, Chile o el Líbano.
La pandemia interrumpió abruptamente esa irrupción, generando un bienio de miedo y enclaustramiento. Ese reflujo fue a su vez acentuado por la gravitación del negacionismo derechista que impugnó la protección sanitaria. En este marco salió a flote la dificultad para articular un movimiento global en defensa de la salud pública, centrado en la eliminación de las patentes a las vacunas.
Concluido ese dramático período de encierro, las protestas tienden a reaparecer suscitando las prevenciones del establishment, que advierte la proximidad de rebeliones pos pandemia (Rosso, 2021). Temen especialmente la indignación que genera la carestía del combustible y los alimentos (The Economist, 2022). Esa dinámica de resistencia ya incluye un significativo resurgimiento de las huelgas en Europa y de la sindicalización en Estados Unidos, Pero el protagonismo de América Latina continúa como un dato descollante.
En todas partes los sujetos de esa batalla reúnen a una gran diversidad de actores, con significativa relevancia del joven trabajador precarizado. Este segmento sufre un grado de explotación superior a los asalariados formales. Padece la inseguridad de su trabajo, la falta de prestaciones sociales y las consecuencias de la flexibilización laboral (Standing, 2017).
Por esas razones es particularmente activo en la lucha callejera. Ha sido privado de los ámbitos tradicionales de negociación y afronta una contraparte patronal muy difusa. En distintos países es empujado a imponer sus demandas a través del Estado.
Los migrantes, las minorías étnicas, los estudiantes endeudados son frecuentes actores de esas batallas en las economías centrales y la masa de trabajadores informales ocupa una centralidad semejante en los países periféricos. Este último segmento no integra el tradicional proletariado fabril, pero forma parte (en términos ampliados) de la clase trabajadora y de la población que vive de su propia labor.
Los piqueteros de Argentina conforman una variedad de ese segmento, que forjó su identidad cortando las calles, ante la pérdida del trabajo en los lugares que centralizaban sus exigencias. De esa batalla brotaron los movimientos sociales y distintas variedades de la economía popular. Un papel igualmente relevante, desenvuelven los sectores campesinos que forjaron el MAS de Bolivia y las comunidades indígenas que gestaron la CONAIE de Ecuador
Los vínculos de estos movimientos de lucha de América Latina con sus pares de otras partes del mundo han perdido visibilidad por el deterioro de las instancias internacionales de coordinación. El último gran intento de esa conexión fueron los Foros Sociales Mundiales, auspiciados en la década pasada por el movimiento alterglobalista. Las Cumbres de los Pueblos alternativas a los encuentros de gobiernos, banqueros y diplomáticos han perdido incidencia. La batalla contra la globalización neoliberal ya no tiene esa centralidad y ha quedado sustituida por agendas populares más nacionales (Kent Carrasco, 2019).
Ciertamente persisten dos movimientos globales de gran dinamismo: el feminismo y el ambientalismo. El primero ha logrado éxitos muy significativos y el segundo reaparece periódicamente con inesperados picos de movilización. Pero el ámbito común de campañas globales que aportaban los Foros Sociales no ha encontrado un reemplazo equivalente.
La gran vitalidad de los movimientos de lucha en América Latina obedece a múltiples razones. Pero ha sido muy gravitante su perfil político progresista, alejado del chauvinismo y del fundamentalismo religioso. En la región se ha logrado contener las tendencias reaccionarias que auspicia el imperialismo, para generar enfrentamientos entre pueblos o guerras entre naciones oprimidas.
El Pentágono no ha encontrado la forma de inducir en América Latina los sangrientos conflictos que logró desencadenar en África y en Oriente. Tampoco pudo instalar un apéndice como Israel para eternizar esas matanzas o convalidar el terror perdurable de los yihadistas.
Washington ha sido el invariable promotor de esas monstruosidades para intentar sostener su jefatura imperial. Pero ninguna de esas aberraciones prosperó hasta ahora en el Patio Trasero por la centralidad que mantienen las organizaciones de lucha popular.
Por esta razón América Latina persiste como una referencia para otras experiencias internacionales. Muchas organizaciones de la izquierda europea buscan, por ejemplo, replicar la estrategia de unidad o los proyectos redistributivos elaborados en la región (Febbro, 2022). Pero todos los pueblos del continente afrontan actualmente un peligroso enemigo ultraderechista, que analizaremos en el próximo texto.
RESUMEN
Los levantamientos populares contuvieron la restauración conservadora, recrearon escenarios progresistas y afrontan la redoblada contraofensiva de la derecha. Tuvieron efectos electorales inmediatos y provocaron la precipitada salida de los presidentes derechistas en Bolivia, Chile, Perú, Honduras y Colombia.
En México, Argentina y Brasil el descontento social no suscitó protestas equivalentes, pero dio lugar a victorias del mismo tipo en las urnas. En Ecuador y Panamá se consiguieron importantes triunfos en la calle contra los atropellos neoliberales y en Haití persiste una sostenida resistencia al caos impuesto por las elites y sus socios imperiales.
El análisis de esta lucha es frecuentemente desatendido por los estudios exclusivamente focalizados en la forma de dominio de los opresores. La evaluación de esa resistencia esclarece semejanzas y diferencias con otras regiones.
Más de 42 millones y medio de niñas, niños y adolescentes en México fueron abandonados por el estado mexicano, sin derechos, sufren pobreza, abandono, mala educación, violencia y carecen de cobertura en salud y vacunación, sostienen Mario Luis Fuentes Alcalá y Saúl Arrellano Almanza, de México Social.
En un informe, califican esta situación de irracional, absurda, incomprensible e indignante, agudizada en los últimos cinco años, con desigualdades regionales que evidencian una diferencia entre las y los niños de Baja California y Chiapas de 300 por ciento; pero la pobreza infantil es grave en entidades como Oaxaca, Veracruz, Puebla o Durango.
Plantean los autores que, además, el Estado Mexicano omite cumplir con los derechos en la ley y los compromisos internacionales. Hablar de violencia es hablar de un crecimiento hasta de más del 64 por ciento en violencia sexual contra las niñas en sus hogares.
El estudio elaborado por estos investigadores se llama «Índice de los derechos de la niñez 2022, cinco años de incumplimiento de derechos» y plantea que es una realidad lacerante si se considera que, de acuerdo con el censo, la población más grande del país, de 42 millones 561.974, es de niños, niñas, adolescentes de cero a 19 años.
Mario Luis Fuentes Alcalá califica lo encontrado en el estudio de «inapropiado», donde es claro que estamos en «un país que no quiere a sus hijos/hijas, al que sus hijas/hijos le son indiferentes, al que no le importa tener expectativas sobre sus niños y niñas. Y dramático como irracional, absurdo, incomprensible».
El estudio, que puede hallarse en la página de México Social, sostiene que el promedio de cumplimiento de todos los derechos de la infancia medido indica que fue de 0,558 lo que significa que estamos con los niños/niñas y apostamos por su futuro a medias, a pesar de que la economía es la número 16 en el mundo y podría brindar mejores condiciones de vida a sus Niños, Niñas y Adolescentes (NNA).
Agrega que este Índice de los Derechos de la Niñez muestra que México sigue siendo un país en el que existen condiciones generalizadas de incumplimiento de los derechos de NNA.
El estudio se hizo con base en la información oficial disponible, y puede sostenerse que no existe un solo ámbito de derechos en el que el país haya tenido un buen desempeño. Lo más preocupante de esta situación es que se trata de una cuestión histórica, estructural y sistémica a la que este gobierno de la 4T no le ha dado importancia.
Si la situación de vida, salud y educación es dramática, también lo es la violencia contra este sector de la población, que ha crecido en cinco años en 46 por ciento. El Índice destaca que, hasta ahora, México ha sido incapaz de construir un entramado institucional integral que haga realidad los derechos que nuestra Constitución y diversas leyes reconocen para los NNA.
Los investigadores Fuentes Alcalá y Arellano Almanza que forman parte, además, del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED) de la UNAM, consideran necesario poner en el centro de los derechos humanos a las niñas, niños y adolescentes, hoy no garantizados, como tampoco se puede hablar de una infancia digna.
Menos se ha logrado una estrategia de desarrollo; además, los menores de edad no son tomados en cuenta, a pesar de constituir el grupo poblacional más grande y tiene que ver con una mirada «adulta céntrica».
Los hallazgos que se tienen en la investigación que da origen al estudio, se muestra cómo, al menos desde el 2008, cuando se llevó a cabo la primera medición multidimensional de la pobreza y hasta el año 2020, de forma constante, el 50 por ciento o más de la población menor de 18 años en el país vive pobreza y pobreza extrema, sin que alguna medida impacte esta situación, como becas o dinero directo.
Este Índice muestra claramente las dramáticas condiciones en que vivía la niñez mexicana, justo al inicio de la pandemia de la covid-19 y del confinamiento obligado; por lo que, en posteriores mediciones, podrá compararse con toda precisión cuál fue el impacto que tuvo la pandemia en el grado de cumplimiento de sus derechos.
El Índice, acentúan los autores, es una herramienta útil desde muchos puntos de vista que, si hubiera políticos interesados en la infancia, tendrían aquí un punto de partida valiosísimo para emprender numerosas acciones.
El resumen que hacen los autores no podría ser más contundente: «La evidencia que se presenta caracteriza a México como un país inapropiado para la niñez, pues las condiciones en las que viven las personas menores de 18 años son, sin caer en un exceso retórico, dramáticas».
El texto hace un llamado a la indignación frente a la inaceptable y dolorosa realidad que describe, con datos y números demoledores, esas estadísticas simples no logran transmitir las realidades complejas ni el dolor que implica vivir bajo condiciones tantas veces indignas e infrahumanas que padece la mayoría de los niños y niñas en el país.
Especial atención requieren los NNA indígenas quienes cuentan con los indicadores más bajos en el cumplimiento de derechos. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2020 había 1.96 millones hablantes de lenguas indígenas entre los tres y los 19 años de edad. De ellos, 338.880 no eran hablantes del español por lo que se requiere garantizarles el derecho a una educación bilingüe.
Otro grupo que se enfrenta a condiciones más difíciles para el cumplimiento de derechos es el de NNA que cuentan con alguna discapacidad, limitación o condición mental. De acuerdo con INEGI, en 2020, estos eran un total de 2.97 millones de NNA de 0 y los 19 años de edad, lo que representa al siete por ciento de la población de este grupo de edad. El estudio da cuenta que la pobreza afecta más a la infancia que a cualquier otro grupo etario, además de ser una condición estructural e intergeneracional.
Lo más grave
Entre 2008 y 2020, poco más del 50 por ciento de los NNA fueron considerados en circunstancias de pobreza multidimensional mientras que para el resto de la población el porcentaje fluctúa alrededor del 44 por ciento. De igual modo, mientras que el porcentaje de la población mayor de 18 años considerada no pobre o no vulnerable fue en 2020 de 25,8, para los NNA el porcentaje fue de 17,9.
El estudio describe la pobreza y las condiciones de vulnerabilidad de la niñez, entre ellas, la carencia de seguridad social en su hogar, así como de ingreso laboral, nutrición de calidad, rezago educativo, servicios en la vivienda o ser hablante de alguna lengua indígena.
El Índice contiene datos tan demoledores como los siguientes: cuando los NNA registraron simultáneamente carecer de seguridad social y de servicios de salud, presentaban 96,9 por ciento de probabilidades de ser considerados/as como pobres; mientras que, cuando se registró simultáneamente vivir en áreas rurales, habitar en viviendas donde se cocina con leña, carecer de seguridad social y hablar alguna lengua indígena, el porcentaje de probabilidad de ser pobre fue de ciento por ciento.
Este último dato muestra las profundas desigualdades que persisten en el país sobre todo si se toma en cuenta que, a nivel nacional, el promedio de NNA en situación de pobreza en 2016 fue de 50 por ciento.
Pero este promedio esconde la diferencia en la proporción de NNA en pobreza entre Chiapas, que es de 84,5 por ciento y Baja California Sur, con 23,7, es decir, una diferencia de 3,56 veces. Para 2020, el porcentaje de NNA en situación de pobreza se incrementó en cinco puntos porcentuales al pasar de 50,3 a 55,6.
NNA en situación de violencia
Otro grave problema que afecta también a la infancia es la violencia. El Índice reporta que de 2016 a 2021, 7.752 NNA perdieron la vida a causa de lesiones provocadas de manera intencional y desglosa con todo detalle tanto los números absolutos como las tasas por 100.000 habitantes de cada entidad federativa.
En relación con las carpetas de investigación sobre denuncias de casos de violencia familiar, se observa un incremento de 46 por ciento en tan sólo cinco años, de 2016 a 2020 (de 191.000 casos a 254.000) y un incremento de 64,5 por ciento en las agresiones de tipo sexual.
Se trata de un fenómeno que ha ido escalando de manera dramática por lo que queda claro que las medidas que se han tomado para detenerlo resultan insuficientes y muestran, sobre todo, un nivel preocupante de deterioro del tejido social y una falta de entendimiento de los resortes que activan esta violencia.
El estudio no sólo constituye una denuncia, sino que arriesga hipótesis para entender la violencia, una de ellas: que la pobreza no es necesariamente su principal detonante, y que hay diversas formas de ejercicio de la violencia que no están ligadas a condiciones socioeconómicas, sino a factores como la salud mental y la presencia o no de una ética de respeto, solidaridad y protección de la otredad.
Hace unos días, se hizo una presentación del estudio en la Facultad de Derecho (FD) de la UNAM, donde Fuentes Alcalá expuso que en los hogares y las viviendas existe una fractura de origen, limitada por la pobreza; mientras que las escuelas se han erosionado y transmiten estereotipos y abusos. Dijo que «la educación es la otra tragedia».
Se analizó cómo en la educación la pandemia tuvo efectos demoledores que se suman a los acumulados por la falta de un proyecto educativo sólido con metas precisas que permitan trazar una ruta para superar los profundos rezagos y desigualdades que la educación tiene en el país. Los autores consideran que se puede hablar ahora, al comienzo de 2023, de un escenario catastrófico para la educación y para la salud.
Usualmente el stalkerware se ejecuta en segundo plano, sin que la persona afectada haya dado su consentimiento o siquiera sepa que está instalado en su dispositivo, y es común que el uso de estas herramientas se realice en el marco de una relación afectiva.
Desde el inicio de la pandemia por COVID-19, la violencia contra mujeres y niñas se ha agravado. Este aumento se compone de diversas aristas, y comprende aquello que ocurre tanto los espacios “físicos” como en internet.
De acuerdo con un estudio de la Unión Europea sobre “ciber-violencia” contra niñas y mujeres, existen diferentes tipos de violencia en internet, de las cuales se destacan el cyber-stalking (equivalente al ciberacoso), trolling, cyber-harrasment (equivalente al grooming), cyber-bullying, discursos de odio online, flaming (comentarios de odio, insultos y otros), abuso sexual basado en compartir imágenes no consensuadas y doxxing (publicación de documentos y datos privados al público).
En línea con el reciente Día Internacional para Eliminar la Violencia contra las mujeres y niñas, y dentro del contexto de 16 días de activismo de Naciones Unidas, es necesario reflexionar sobre el stalkerware, un tipo de software que habilita una forma particular de violencia.
¿Qué es un stalkerware?
Normalmente comercializados como herramientas de seguridad para controlar el acceso al contenido online de niños y niñas, el stalkerware es precisamente lo que indica su nombre en inglés: software diseñado para acechar (observar con atención y con cautela a alguien sin ser visto) y acosar (perseguir sin tregua ni descanso a una persona a una persona).
Se trata de software que en muchos casos está disponible en el comercio y que al ser instalados en un celular, computadora u otros dispositivos electrónicos, otorgan acceso de forma remota a la información contenida en los dispositivos, pudiendo incluir la ubicación geográfica, las búsquedas en la web, mensajes de texto, correos electrónicos, fotos y contactos. Usualmente el stalkerware se ejecuta en segundo plano, sin que la persona afectada haya dado su consentimiento o siquiera sepa que está instalado en su dispositivo, y es común que el uso de estas herramientas se realice en el marco de una relación afectiva, (amigos, novios, familiares, etc.), cuando una persona busca controlar a la otra.
Uno de los problemas principales es el gran desconocimiento sobre los stalkerwares: según un reporte publicado por Kaspersky, un 60% de las personas no sabe de su existencia. Esta falta de reconocimiento e información genera vulnerabilidades que pueden facilitar el sometimiento de una persona a esta forma de violencia.
Un estudio publicado por Women’s Aid documentó que, en al menos el 29% de los casos de violencia intra-familiar, las parejas o ex parejas utilizaron stalkerware; por ejemplo, en múltiples casos en Estados Unidos, los perpretradores reconocieron instalar el software en teléfonos que regalaron a sus hijos e hijas después de un divorcio, con el objetivo de vigilar a la expareja. En otros países se identifican dinámicas similares en casos de “amistad”, las cuales instalaban stalkerware en el dispositivo de conocidos o también en el caso de parejas que no necesariamente experimentaban violencia física.
Sin embargo, todos los casos son claro ejemplo de una intención, realizada sin consentimiento, con el fin de tener poder y control por sobre la otra persona, lo cual es una trasgresión a la privacidad, acoso, y, por ende, violencia.
Impactos más allá de internet
Todas las monedas tienen dos caras. Aquí, una cara es aquello que ocurre en línea y la otra es lo que sucede fuera de internet. Uno de los aspectos que deben ser considerados al entender los impactos de la utilización de stalkerwares es que no solamente tienen repercusiones sobre nuestras acciones en línea, sino que el acceso a la información personal y sensible, sin autorización, por parte de un tercero extiende su capacidad de control fuera de internet, perpetuando esta situación de violencia.
Para tener una radiografía de la situación del cyber-stalking, un estudio reciente de Plan Internacional reveló que más de la mitad de niñas y mujeres jóvenes, entre los 15 y 25 años, han sido víctimas de esta forma de violencia, mientras que el el 1er Estudio Nacional de Ciber Acoso y Salud Mental realizado en Chile, y publicado en 2021, revela que un 47% de las personas entre 15 y 29 años declara haber sido víctima de “violencia digital” en los últimos tres meses; tanto en 2020 como en 2021 se observó que la mayoría de las personas afectadas eran mujeres.
El stalkerware no es una consecuencia directa del cyber-stalking, sin embargo, es necesario considerar desde una perspectiva más amplia el contexto, como se explica en el reporte “Protecting Women and girls from violence in the Digital Age”: en una sociedad patriarcal, quienes cometen actos de violencia probablemente tienen una red de apoyo que se comporta de la misma forma, justifica y normaliza la violencia. Estos aliados, que antes solamente podían encontrarse de forma off-line, hoy en día comparten ideas que se desarrollan, fomentan y fortalecen en internet.
Desafíos a futuro
Si bien en la región existen diferentes políticas públicas que abarcan estos temas, con la intención de mitigar la violencia contra mujeres y niñas en el ámbito digital se identifican dos desafíos principales, que deben ser tomados en cuenta para avanzar hacia la erradicación de la ciber-violencia: primero, no existe una definición universal, ni regional, que considere las violencias en internet y fuera de internet en un mismo nivel, dejando el ámbito digital como un área subyacente de la violencia con las mujeres y niñas. Se genera así la percepción de una falta de priorización de las variables involucradas en este tipo de violencias.
Por otro lado, es clave considerar la importancia de reflexionar sobre la existencia de medidas efectivas para la erradicación de estas prácticas, las cuales deben ser aprendiendas de la historia, dejando de tomar medidas centradas en las víctimas, sino que deben considerar los problemas estructurales a nivel macro, que permiten que estos problemas ocurran. La educación a potenciales perpetradores de este tipo de violencia y el reforzamiento de estructuras legales, que regulen y no permitan la agravación de estas situaciones, son clave para generar avances sustantivos.
Daniela Horta es Cientista política de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Máster en Políticas Públicas: Desarrollo y Gobernanza del Institute of Social Studies – Erasmus University Rotterdam y la University of York. Actualmente está cursando una especialización en la universidad Roma Tre (Italia) en Política y Género, y es pasante en Derechos Digitales.
Falta educación emocional en las escuelas. «Enseñan a hacer raíces cuadradas. pero no a hablar de las emociones, a ponerle nombre a eso que sentimos». Es el testimonio de dos activistas de la salud mental que han participado esta tarde en ‘Parlem de depressió’, el primer gran encuentro de salud mental después de la pandemia que ha reunido a personas que han sufrido una depresión, a entidades y personalidades políticas, como la concejala de Salut, Envelliment i Cures del Ayuntamiento de Barcelona, Gemma Tarafa, o la directora del Pacte Nacional de Salut Mental, Magda Casamitjana. El debate ha estado conducido por el periodista de EL PERIÓDICO Fidel Masreal.
«A mí en la escuela me han enseñado a resolverproblemas de matemáticas pero, cuando llegué a la psicóloga y me preguntó qué sentía, no supe qué responder», ha explicado Noa, una joven que superó una depresión. Para ella «saber de historia» es tan importante como «saber gestionar un ataque de ansiedad o un momento de nervios». Ha dicho lo mismo Carmen, una mujer que ha pasado cuatro depresiones y que ahora es activista. «Es tan importante, cuando no estás bien, ser valiente y decir: ‘No estoy bien’… Pero hay un gran estigma de la sociedad», ha opinado.
En este sentido, Casamitjana ha reconocido la falta de recursos y que los centros de salud mental infanto-juveniles (CSMIJ) difícilmente pueden ayudar a las escuelas porque las listas de espera son «tremendas».
Por su parte, Tarafa ha destacado que hablar de la depresión es algo «clave», y no solo con expertos, sino también con personas que la hayan sufrido o la sufran. La concejala del ayuntamiento ha recordado que, en los últimos tres años, la depresión y la ansiedad han aumentado un 27% en la Unión Europea (UE). «La salud mental tiene un sesgo de clase y género. Las mujeres tienen 10 puntos más de riesgo que los hombres», ha puntualizado.
Peor en las últimas décadas
Según el director de Salut Mental i Adiccions del Institut d’Assistència Sanitària, Claudi Camps, la pandemia ha puesto «en evidencia» la «vulnerabilidad» de la sociedad, sobre todo en las últimas décadas. «Vivimos en continuos cambios, pero somos analfabetos emocionales», ha dicho Camps, quien ha subrayado que lo más importante, en el fondo, son los «vínculos sociales».
La directora de Salut Mental Catalunya, Marta Poll, ha señalado que el empeoramiento de la salud mental de la población general tiene que ver con los «estilos de vida». «En 2015 ya comenzamos a poner sobre la mesa que este estilo de vida los jóvenes no lo aguantaban, que estaban comenzando a aparecer problemáticas de carácter emocional», ha dicho Poll. Por eso ha pedido «generar espacios» en los que hablar de estas problemáticas. En este sentido, la pandemia «ha ayudado» a que se hable de otra manera.
Poll también ha llamado a dejar de poner el foco de la salud mental únicamente en la sanidad. «Es verdad que faltan psicólogos y psiquiatras, pero falta hacer otras cosas. Falta poner el foco en la dimensión social y comunitaria», ha valorado.
Más presencia en los medios
Otra de las entidades que ha estado presente en el encuentro es Obertament Catalunya, que ha constado una «mejora» en los últimos años del tratamiento de la salud mental por parte de los medios de comunicación. «Hay más interés y comienzan a entender que hay que dar voz a la persona con experiencia propia», ha dicho Ariadna Rogero, de Obertament Catalunya.
La vicepresidenta del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, Júlia Rossana, ha lamentado el «estigma» y la «criminalización» que recae en los jóvenes cuando se habla de ellos, también cuando se analizan sus problemas de salud mental. «El 80% de los titulares cuando se habla de los jóvenes son negativos», ha apuntado. La precariedad que sufre este colectivo no facilita las cosas, pero, ha asegurado Rossana, los jóvenes también quieren participar en debates de salud mental y de vivienda, por ejemplo. «Queremos participar, pero se nos debe creer, queremos ser escuchados», ha remachado.
En base a la temática de las desigualdades, hay un instrumento muy valioso que es la publicación anual de la CEPAL sobre el Panorama Social de América Latina y el Caribe, que dio a conocer hace un par de semanas el correspondiente a 2022. Por supuesto, trae un análisis detallado y minucioso de las distintas dimensiones de la desigualdad, pero siempre pone el foco en un aspecto particular: en 2022 es la temática de la educación.
Voy a sintetizar algunos de los mensajes principales de dicho informe:
-Se comienza mostrando la crisis social prolongada que está enfrentando nuestra región latinoamericana y además se encuentra agudizada por un contexto de incertidumbre en el tercer año de pandemia: profundiza las desigualdades sociales y que tiene un impacto silencioso y devastador -palabras del informe- en la educación.
-Esta edición del Panorama Social de América Latina y el Caribe toma como tema central la educación y el lugar de la educación en el debate de las políticas para la recuperación de nuestra región.
-Si miramos desde 20215, se observaba en la región ya un deterioro claro en los niveles de bienestar; un deterioro además a partir de 2014 en lo que venía siendo la disminución de la brecha de la desigualdad y que a partir de 2015 deja de cerrarse y empieza a amplificarse nuevamente.
-Desde 2015, hay un estancamiento en los avances de los logros educativos y un alza de la pobreza también leve, pero año tras año cada vez hay una leve alza de este indicador. La pandemia del COVID-19 generó esa crisis de la que tanto hemos hablado: una crisis social significativa que continuó durante todo el 2022 por tercer año consecutivo.
-Estamos todos y todas esperando el fin de la pandemia, pero la región no ha logrado todavía avanzar hacia la recuperación luego de estos impactos sociales y recuperar por lo menos el nivel de 2019, es decir, el nivel anterior al inicio de la pandemia.
-Además, sumemos el impacto del escenario geopolítico inestable marcado, por ejemplo, por la guerra de Ucrania, pero también en estos procesos de búsqueda de desestabilización políticas de las democracias latinoamericanas. Entonces, sumemos ese impacto entre el escenario geopolítico y el escenario económico mundial que está marcado por la desaceleración del crecimiento económico, por la lenta generación de empleo, sobre todo de empleo calidad, y las presiones inflacionarias que está afectando a todo el mundo y a la región latinoamericana y caribeña también. Han implicado un aumento en el precio de los alimentos, en el precio de la energía y caídas importantes en la inversión en la economía regional.
-La CEPAL nos muestra que tras la expansión del 6.5 por ciento del producto bruto interno regional en 2021, este 2022 se estima que cierre a fin de año con un crecimiento económico del 3.2 por ciento (la mitad que el año anterior). Y se proyecta para el 2023 una nueva mitad, es decir, un crecimiento de apenas 1.5 por ciento para nuestra región. Si a esto le sumamos además la elevada inflación, sobre todo en el componente de los alimentos en las canastas de consumos de los hogares, evidentemente podemos ver el efecto sobre las personas y los hogares de menores ingresos, llamados los quintiles de menores ingresos que afectan a los sectores más vulnerables de la población en nuestra región.
-La CEPAL llama en su informe a consolidar las políticas sociales inclusivas para proteger y para garantizar el bienestar de la población y para permitir el ejercicio con plenitud de sus derechos.
-En particular, en el informe se detalla de manera muy interesante el incremento de la inseguridad alimentaria y nutricional, utilizando datos de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) para mostrar el alza en el precio de los alimentos y cómo eso implica un crecimiento tanto a niveles de pobreza, pero particularmente en la situación de la población con hambre. Desde el último dato disponible de 2021, afecta a casi 57 millones de personas en la región.
-En los informes del panorama social, siempre aparecen las estadísticas detalladas de pobreza. Quiero destacar una en especial que es la pobreza de las personas menores de 18 años en nuestra región. El último dato disponible nos muestra que el 45.4 por ciento de las personas menores de 18 años están en condición de pobreza. A su vez, la pobreza extrema estaría afectando casi al 19 por ciento de las personas menores de 18 años.
En este contexto, es necesaria más que nunca la atención de las necesidades inmediatas de la población y el fortalecimiento de las capacidades humanas en el mediano plazo. Es allí que ingresa en el análisis de este informe del Panorama Social la dimensión educativa. El impacto también de la pandemia en el sector educativo que la CEPAL denomina “una crisis silenciosa” como consecuencia de la prolongada interrupción de la educación presencial en la región y las repercusiones que esto tiene en materia de pérdida de aprendizajes, que no fue parte de la respuesta inmediata de nuestros estados y nuestros países frente a la crisis y que esto no hace más que profundizar las desigualdades educativas preexistentes.
Justamente nuestra región es una de las que interrumpió las clases presenciales por períodos más prolongados a partir del 2020 en el inicio de la pandemia. Y eso implicó la discontinuidad de los estudios o un acceso de manera remota para algunos/as estudiantes, porque no todos/as pudieron conectarse o seguir los cursos de manera virtual. Es decir, ha generado brechas en el desarrollo de habilidades, la pérdida de oportunidades de aprendizaje y el riesgo del aumento en el abandono escolar. Esta situación también ha contribuido a debilitar la protección de otros derechos esenciales que se dan en el marco de la estructura educativa, más concretamente en el espacio del sistema educativo como es la protección frente a la violencia, la alimentación, la sociabilidad, entre otras.
Esta crisis junto con las privaciones críticas que enfrentan la infancia y la adolescencia y los riesgos de incremento de la inseguridad alimentaria pone en riesgo el desarrollo y el bienestar de toda una generación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y produce un efecto que sin duda atenta también las oportunidades de desarrollo en la región. Este efecto se refiere a las consecuencias en las trayectorias educativas y laborales de las generaciones afectadas por el cierre prolongado de escuelas y de centros de estudios, que también están afectadas por los efectos económicos de la pandemia con disminución de los ingresos en los hogares, de protección social, con condiciones de bienestar socioemocional de las personas también afectada. Todo pone en cuestión las oportunidades de aprendizaje en el corto y mediano plazo. Sin dudas, exige acciones urgentes, es decir, no se trata de empezar a pensar qué podemos hacer, sino acciones hoy mismo por esta crisis “silenciosa” -como la llama la CEPAL- donde ha dejado en evidencia que los sistemas educativos de América Latina y el Caribe no estaban preparados para enfrentar estos cambios y esto no hizo más que agudizar las desigualdades educativas existentes antes de la pandemia.
Por supuesto que también se reconoce en el informe algunos de los esfuerzos que se hicieron en los países, para intentar dar cierta continuidad educativa desde los hogares de manera remota, pero con debilidades y desigualdades en las condiciones de infraestructura y de equipamiento y también de habilidades por parte del personal docente para transformar los métodos de enseñanza y mantener el vínculo educativo con toda la población estudiantil de la región.
Entonces, es imperativo que apostemos por la recuperación de esos procesos educativos y también por la transformación del sector educativo en sintonía con los procesos de cambios que estamos observando en otras dimensiones en el ámbito social, dimensión laboral y ambiental.
Se necesita mayor inversión en el sector educativo desde la primera infancia en adelante. Esta crisis silenciosa en la educación afecta a las nuevas generaciones y no hace más que profundizar las desigualdades. Sino colocamos el énfasis en la búsqueda de soluciones de alternativa de construcción de políticas para responder a esta urgencia, es un camino que ya sabemos a qué conduce y cómo afecta a mediano plazo a nuestra región.
Entonces, la educación es el tema central al que la CEPAL le dedica su estudio en este 2022. Tenemos que tomar de allí la información que se proporciona y también discutir algunas de las propuestas en materia de política educativa concretamente. Tema que está en la agenda de trabajo en todos los países de América Latina y también en la agenda de trabajo de CLACSO, porque estamos trabajando en el marco de nuestro programa Plataforma para el Diálogo Social, donde justamente la educación es uno de los temas en el marco de estas plataformas.
-Cuantas veces posterior a la pandemia escuchamos el decir por parte de sectores políticos “La vuelta a la normalidad”. En principio decir qué lejos de la situación de normalidad estamos si tenemos que usar esa palabra “normalidad”. Y, por otro lado, qué lejos también estamos de sociedades más igualitarias, de la posibilidad de plantear situaciones de acceso más común para un parte importante de las sociedades. Es brutal lo que cuentas en el panorama de las desigualdades… Claramente se ha profundizado las desigualdades en todos los ámbitos y lejos tendríamos que volver a esa supuesta normalidad antes de la pandemia…
Las cifras que planteo en términos de pobreza, de hambre y a su vez de bajo crecimiento económico de este año, y a su vez previsto para el próximo año, nos tiene que seguir alertando sobre la profundización de estas desigualdades en América Latina que es la región más desigual del planeta. Y si sigue por esta senda, no va a hacer más que profundizar esa lamentable etiqueta que tenemos. Por eso, es urgente la elaboración de políticas alternativas que coloquen estas preocupaciones en el centro y que construyan de una buena vez sistemas de bienestar y de protección social para todos y para todas, y especialmente para estas generaciones futuras que hoy son niños, niñas y adolescentes, que entre otras cosas también tienen comprometido su desarrollo educativo por los efectos de la pandemia.
A partir de cifras oficiales en los ciclos 2020-2021 y 2021-2022, casi 1.5 millones de estudiantes abandonaron las aulas.
El movimiento Educación con Rumbo reprobó a la administración actual en materia educativa. Advirtió que luego de cuatro años de gobierno durante los cuales tres secretarios de Educación han estado al frente de la política educativa del país, sólo se ha dado un aumento en el abandono escolar, la cancelación de programas que benefician tanto a estudiantes como a la comunidad educativa y un constante aumento en el rezago educativo.
Al hacer un balance de la educación en 2022, el movimiento planteó que de seguir con las mismas políticas se necesitarán por lo menos 10 años para lograr algunos niveles que se tienen en el concierto internacional en materia de infraestructura, conexión y capacitación de maestros, por ejemplo.
“Mientras no entendamos que se necesitan personas técnicas que lideren los puestos políticos a fin de llevar por lo menos a la educación a un proceso de calidad, seguiremos desmantelando las instituciones porque una institución y un país se desmantelan sin gente y sin presupuesto y es justo lo que está haciendo el gobierno con la SEP”, dijo Paulina Amozurrutia coordinadora General de Educación con Rumbo.
Educación con Rumbo recordó que tras año y medio de encierro por la pandemia se ha tenido un retroceso de dos ciclos escolares, y que la deserción escolar podría aumentar 15% por la crisis sanitaria.
Según los datos de la organización, a partir de cifras oficiales en los ciclos 2020-2021 y 2021-2022, casi 1.5 millones de estudiantes abandonaron las aulas.
Alertó sobre el hecho de que este año se eliminaron al menos ocho programas educativos, algunos de ellos con evidentes impactos positivos en los resultados escolares.
Al referirse a la pérdida de aprendizajes a causa de la pandemia, Patricia Ganem, coordinadora de Investigación de Educación con Rumbo, habló de los problemas de comprensión lectora, análisis de información y búsqueda de datos que hoy enfrentan los alumnos en el país.
Sin embargo, expuso que lo más complicado es el debilitamiento de habilidades socio-emocionales, que originó que estudiantes regresaran a la escuela con problemas de irritabilidad, depresión y angustia.
En este contexto, el movimiento se pronunció por un acuerdo educativo que otorgue estabilidad al sistema y a la normatividad; otorgar mayor libertad a los centros educativos y a los maestros en el diseño de los currículos y darle importancia a la evaluación.
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