El Fondo Monetario Internacional (FMI) asegura que los niveles de desigualdad aumentaron un 5% en América Latina debido a la pandemia de la COVID-19.
Unos 19 millones de personas en Latinoamérica cayeron en la pobreza en el 2020 debido a la crisis económica generada por la pandemia de la COVID-19, según estima el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La pandemia también aumentó el nivel de desigualdad en un 5% en la región, si se compara con las cifras que se registraban en años anteriores.
“Recuperarse de las secuelas a largo plazo será más difícil y obligará a acelerar las reformas estructurales, mejorar el acceso a sistemas de educación y salud de calidad, ampliar las redes de protección social y mejorar el clima empresarial”, indicó el director del departamento del hemisferio Occidental del FMI, Alejandro Werner.
Solo el año pasado el nivel de actividad económica de América Latina sufrió una caída del 7%, la más alta a nivel mundial.
«La contracción de 7% experimentada por la región en 2020 (en el nivel de actividad económica) fue la más pronunciada del mundo, superando con creces la desaceleración mundial, que fue de 3.3%».
Para este año se espera que el crecimiento económico de la región sea de 4.6%, unos 5.8% menos que lo proyectos en mercados emergentes.
Asimismo, indicaron que el ingreso per cápita no retornará al nivel de antes de la pandemia hasta 2024, lo cual provocaría pérdidas acumuladas del 30%.
La licitación 5G en Brasil se retrasó tantas veces y por tantos motivos que resulta fácil imaginar que pronto se resolverá. Es sencillo suponer, entonces, que una nueva postergación podría propiciar grandes debates y reclamos, pero ¿qué pasaría si el motivo fuera justo?, ¿y si se planteara agregarle al pliego la obligatoriedad de dar conectividad a las escuelas con 5G?, ¿no tendría sentido, entonces, sumar una mancha más al tigre?.
La necesidad de que la conexión de 5G llegue a las escuelas de Brasil fue el pedido que Tabata Amaral, diputada federal en San Pablo del Partido Democrático Laborista y activista por la educación de aquel país, realizó este jueves ante el Tribunal Federal de Cuentas (TCU), objetivo para el que sugiere un incremento de 450 millones de dólares (unos 2,54 mil millones de reales) en las obligaciones previstas en la tan esperada licitación por el espectro para esta tecnología.
“Nuestro pedido es que los municipios que tendrán acceso a 5G no solo tengan sus carreteras incluidas, sino también sus escuelas”, sostuvo la autora de la iniciativa, aunque hay rumores acerca de que esta solicitud, válida por donde se la mire, no tendrá lugar porque podría agregar incomodidades a la tantas veces postergada convocatoria. Sí, aunque la posibilidad de negar la conectividad a los centros educativos resulte a todas luces un disparate y hasta justifique una nueva prórroga a unos plazos hasta ahora inciertos y postergables.
La solicitud de incluir en la letra de la subasta de 5G el compromiso de conectar y llevar fibra óptica al 40 por ciento de las escuelas públicas brasileras, unas 14.295, incrementa los valores establecidos en la ordenanza 1.924/2021 del Ministerio de Comunicaciones y cita, a su vez, un compromiso previo del Estado brasilero, definido con el retiro del veto presidencial a la nueva Ley Fust, y en el que se prometió dar conectividad escolar de alta velocidad en 2024.
“Estamos hablando con Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), el Ministerio de Comunicaciones y el TCU para que las escuelas públicas se incluyan como contraparte en el aviso 5G. Nos reunimos con el ministro Raimundo Carreiro, del TCU, relator del anuncio, y quien se comprometió con esta lucha. “¡La educación debe ser una prioridad!”, posteó este viernes Amaral en la red social Twitter.
La funcionaria hizo esta presentación al advertir que, sin la intermediación de una tecnología como 5G, es difícil lograr dicho objetivo, al tiempo que aseguró que esta solicitud “no representa un retraso” en el proceso de licitación, ni un impacto financiero significativo.
Sin embargo, la suma supera el costo de la polémica red de gobierno privado, estimado en unos 8,4 millones de dólares (780 millones de reales). “Este valor no considera todos los beneficios económicos que tendrían las empresas como una externalidad positiva debido a la implementación de la propuesta, debido a la posibilidad de ofrecer los servicios a todos los usuarios posiblemente beneficiados”, dice el texto presentado y por el que da fe Teletime.
“Un aviso público como el 5G bien podría implicar inversiones mayores, siempre que existan obligaciones relacionadas con esto. Dada la magnitud del desafío de conectar el 40 por ciento de las escuelas públicas a Internet de banda ancha para 2024, no hay forma más efectiva de promover este propósito que el anuncio de 5G”, reza la nota.
En el mundo actual, el acceso a internet es un derecho, al igual que a la educación, a la salud y a los alimentos. Sin embargo, la pandemia profundizó las brechas en todas esas necesidades básicas de la condición humana y resulta impensable que aún se escatime algunas de ellas. Más aún, cuando los avances tecnológicos vienen cargados con promesas de accesibilidad, velocidad y capilaridad.
América del Norte/Estados Unidos/11-04-2021/Autor(a) y Fuente: www.cronicadigital.cl
Cerca de 23 millones de personas pasan hambre en Estados Unidos, incluso niños, según un comentario que publica hoy el diario The New York Times.
El rotativo valora de manera positiva los esfuerzos de la administración del presidente Joe Biden para incrementar las ayudas a los sectores más afectados, con la vista puesta en una ampliación permanente de la red de seguridad dañada por la anterior administración.
Las escenas de los bancos de alimentos abarrotados proporcionan algunas de las imágenes más impactantes durante la pandemia de la Covid-19 y pone de relieve los problemas del hambre, señala el comentario suscrito por Jason DeParle.
Una encuesta reciente de la Oficina del Censo reveló que, sólo durante la semana anterior, el 8,4 por ciento de los adultos dijo que en sus hogares ‘a veces’ faltaba comida y el 2,3 por ciento afirmó que ‘a menudo’.
Eso se traduce en 23 millones de adultos hambrientos, además de millones de niños, asegura el comentario.
Con más de uno de cada 10 hogares informando que no tienen suficiente para comer, la administración Biden está acelerando una vasta campaña de alivio del hambre que aumentará temporalmente la asistencia en decenas de miles de millones de dólares, agrega.
‘No habíamos visto una expansión de la asistencia alimentaria de esta magnitud desde la fundación del programa moderno de cupones de alimentos en 1977’, dijo James P. Ziliak, economista de la Universidad de Kentucky, quien estudia los programas de nutrición. ‘Es un cambio profundo’, subrayó.
El impulso refleja un cambio extraordinario en la política de la pobreza, impulsado, paradójicamente, tanto por la extensión de las dificultades a más familias blancas y de clase trabajadora como por el creciente reconocimiento del desproporcionado coste de la pobreza en las minorías, asevera el comentario del Times.
Acentúa que con el hambre especialmente pronunciada entre los hogares negros y latinos, vitales para la coalición demócrata de Biden, la administración centra sus esfuerzos no sólo como una respuesta a las necesidades pandémicas, sino como parte de una campaña por la justicia racial.
‘Esta crisis ha revelado lo frágil que es la vida económica de muchos estadounidenses y también las desigualdades de quiénes son los que más luchan’, dijo Stacy Dean, una funcionaria de alto nivel en el Departamento de Agricultura.
‘Es un panorama increíblemente doloroso, y lo es aún más para las comunidades de color’, puntualizó. El esfuerzo de Biden marca un cambio brusco con respecto a la filosofía de la administración Trump, que buscaba reducir la elegibilidad para los cupones de alimentos y ampliar las reglas de trabajo, concluye el comentario.
Washington, 5 abril 2021
Crónica Digital/PL
Fuente e Imagen: https://www.cronicadigital.cl/2021/04/05/existen-millones-de-hambrientos-en-estados-unidos/
En las zonas más necesitadas de Guayaquil, en Ecuador, proliferan las clases presenciales improvisadas en patios y descampados, con adolescentes que hacen las veces de maestros para que los estudiantes con mayor riesgo de exclusión no pierdan el curso.
Un gran árbol cubre con su sombra de más de 10 metros tres mesas de contrachapado y hierro desgastadas y desconchadas en medio de un descampado. Donde hoy reciben clase 15 niños, antes había un vertedero de basura. “Envié un oficio al municipio para que vinieran a limpiar”, resuelve con una normalidad y soltura impropia de su edad Dennisse Toala. Tiene 17 años y acaba de terminar Bachillerato.
Es una de las profesoras que improvisó clases en una de las zonas más inhóspitas y descuidadas de la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, a la que no llega ni el agua ni la luz: Monte Sinaí.
Ese espacio al aire libre en el que los niños repasan las vocales y los números es el punto más remoto de ese sector de asentamientos irregulares. Antes de llegar, las calles asfaltadas de la ciudad se convierten en vías con un cemento precario que luego pasan a ser caminos de piedra y polvo y, justo al acabarse la ruta, un barrizal arcilloso.
Liam y Gael son dos gemelos de tres años. Saltan a la rayuela mientras cuentan los números. Los otros niños de su nivel esperan el turno. No se pelean. Sonríen. Es improbable que, por su edad, sean conscientes de la importancia de la labor que un día asumió la joven graduada sin que nadie se lo pidiera. Gracias a ella, todos los alumnos que han pasado por sus clases han aprobado el curso y, si comienza un nuevo año lectivo en mayo de forma presencial, no habrán quedado atrás.
Una evaluación oficial, tras entregar el portafolio de deberes completo de cada alumno a su escuela, avala los diez meses que han recibido asignaturas, rodeados de tierra y monte verde. “Yo, en realidad, quiero ser fisioterapeuta”, cuenta Toala.
―¿Con lo que has conseguido aquí no has pensado en ser profesora?
―No, no es algo que me motive tanto. Si no me llama la atención, no lo voy a hacer bien, ―responde, vestida aún con el pantalón corto de su uniforme colegial deportivo. ―Lo hago ahora porque me entusiasma estar ayudando y cubrir esta necesidad. El lema es aprender para enseñar y cada niño enseña a sus hermanos y hasta a sus padres, ―razona con el aplomo de un adulto y el cuerpo de una adolescente. Hace una semana organizó una fiesta de graduación que daba inicio a las vacaciones.
Cuatro alumnos hacen sus deberes al aire libre en una de las clases que se imparten de manera informal en Monte Sinaí, uno de los barrios más pobres de Guayaquil. Pulse en la imagen para ver la fotogalería completa. MIGUEL CANALES LEON
El próximo curso empieza el 7 de mayo en la región Costa del país andino, pero no hay certeza de que se puedan retomar las clases presenciales. En la región Sierra y en la Amazonía, el curso arrancó en septiembre; en marzo, las autoridades ecuatorianas permitieron que 77 escuelas recuperasen la educación presencial como parte de un plan piloto al que Guayaquil, de momento, ha renunciado.
Mientras, Ecuador, que acaba de recibir el primer lote de vacunas AstraZeneca de la iniciativa Covax, mantiene el aumento de contagios de coronavirus: el país acumula 307.000 casos confirmados y 16.333 fallecidos por el virus desde el inicio de la pandemia, con una media diaria de más de 1.300 nuevos enfermos en los últimos siete días.
Unos no tienen internet en su casa o deben compartirlo con sus hermanos; otros no tienen un ordenador o una tableta electrónica; otros, como muchos de los que viven en Monte Sinaí, no tienen ni mesas en sus casas. Solo dos de cada 10 alumnos ecuatorianos poseen equipos electrónicos de uso personal. “Hice una especie de evaluación previa a todos los niños para ver si presentaban dificultades en alguna asignatura.
Había una niña de siete años que no sabía ni las vocales ni los colores. Con ella, repasamos todo el abecedario. Sus padres no saben leer y no podían ayudarla”.
El empeño de la improvisada profesora le llevó a aprender kwicha para que el avispado de Sebastián pudiera avanzar en su escuela intercultural. “Alli puncha”, saluda. “Eso es buenos días”. Los demás están tan entretenidos, pese a que solo están para reforzar materias, que ni se distraen con la presencia extraña de los periodistas.
Un gran árbol cubre con su sombra de más de 10 metros tres mesas de contrachapado y hierro desgastadas y desconchadas en medio de un descampado. Donde hoy reciben clase 15 niños, antes había un vertedero de basura. Pulse en la imagen para ver la fotogalería completa. MIGUEL CANALES LEON
Hay tres mesas. Una para cada nivel. Los de primaria en una. Los más pequeños pintan y los otros pasan fichas plastificadas con números y letras. Los de secundaria, en otra, escriben en un cuaderno lo que han desayunado y recuerdan la composición de la pirámide de alimentos. Los mayores se enredan en multiplicaciones y potencias. No hay ni un padre alrededor. No necesitan que les vigilen.
“Empecé en mayo en el patio de mi casa con mis sobrinos y luego nos vinimos bajo el árbol. Los otros niños se acercaban y decían que querían pertenecer, pero yo les decía que no era una escuela”. En noviembre, cuenta, apareció personal del Municipio de Guayaquil. ¿Tuviste algún problema por dar clases presenciales a todos juntos estando en pandemia? “No, todos usan mascarilla y nos ponemos alcohol en las manos. Vinieron a ayudarnos. Enviaron a dos docentes que dedicaban media hora al día a cada niño por separado”.
Lo mismo ocurrió con las clases improvisadas que daba Nicole Rosero, también en Monte Sinaí, pero ladera abajo. Un par de profesores, enviados por las autoridades municipales, impartían clases y llevaron material escolar. “Les prometieron a los niños que les iban a entregar tabletas, pero les dejaron desilusionados. A mí me dieron un ordenador portátil, pero era de segunda mano y enseguida se dañó. No lo utilicé”.
Ella tiene 19 años y lleva dos intentando entrar en la universidad. Busca trabajo, pero “está difícil”. Ha empezado un curso de Educación Infantil para ver si hay más opciones. Ni Toala, ni Rosero, ni Rubí Vallejo, otra joven comprometida con la educación de los más desfavorecidos, han cobrado nada por tantos meses de dedicación. “Hay padres que me ofrecieron algo, aunque yo nunca lo acepté; sé que aquí hay pan para el desayuno, pero no para la cena”, resume Toala.
Más de 90.000 niños —de 4,4 millones— han dejado sus estudios en Ecuador por las dificultades de seguir clases virtuales
Vallejo vive en la otra punta de Guayaquil. Con condiciones similares. Una zona de viviendas de caña y láminas de chapa que creció en un terreno lodoso de forma irregular frente a la cárcel más grande de Guayaquil. Hace escasas dos semanas, tuvo que interrumpir las clases por los violentos amotinamientos en tres prisiones de Ecuador que se saldaron con 81 muertos. “Como estamos tan cerca de la prisión, los inhibidores de señal hacen que tengamos una cobertura muy mala. Se interrumpe a cada rato”.
Entre sus alumnos, hay niños con necesidades especiales. Uno no sabe aún hablar bien a sus siete años. Pero él interrumpe sonriente cuando la miss (señorita) hace preguntas sobre geografía. “¿Cuál es la capital de Ecuador?”, pregunta en medio de una de las sesiones con una veintena de alumnos apilados en sillas de plástico. Nadie responde. La timidez de la cámara de fotos les cohíbe. El más resuelto dispara desde la fila de atrás: “Quito”. Pasa al pizarrón, que es en realidad una cartulina con el rótulo “Luceritos del Vivir” por el nombre del grupo que han formado. “¿Y la de Colombia?”, le requiere Vallejo. Se queda en blanco y todos se ríen cómplices, con las fichas aún en blanco que les han repartido al inicio de la clase. A ese sector no ha llegado ninguna ayuda oficial, reprocha la maestra. Ni profesores de refuerzo ni atención social. Pero todos los estudiantes van a clase peinados y vestidos como si una pandemia no les hubiera aislado del resto de chicos de su edad.
Nos anima un conservadurismo ciego; sin embargo, promovemos la vulgaridad y la incultura. Negamos a las mujeres el derecho a su cuerpo, resistimos a la educación sexual en las escuelas y nos doblegamos frente al poder de las iglesias.
Todos y todas, al igual que el presidente de la República, estamos indignados por la muerte de la joven pareja cristiana de manos de la Policía. Indignados, pero no sorprendidos. La que nos mueve hoy es la misma vieja indignación que sentimos desde hace decenios frente a la violencia endémica de nuestro país y a la interminable lista de atropellos y desacatos de las autoridades encargadas de velar por nuestra seguridad.
Frente a estas situaciones, que son eslabones de una larga cadena de desafueros, cada presidente ha tenido su librito. El presidente Balaguer removía la mata como si la esencia misma de su gobierno fuera ajena a las arbitrariedades de la época.
A partir de 2005, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) desarrolló el Plan Nacional de Seguridad Democrática con su gran apuesta Barrio Seguro. Para la ocasión se trajo una moderna y carísima flotilla de motores Harley Davidson para patrullar en sectores de vías angostas.
La incoherente respuesta no funcionó. La vigilancia barrial siguió con motores tradicionales conocidos como “saltamontes”. De acuerdo a las estadísticas, durante el periodo 2004 a 2012 la tasa de violencia fue más alta que en los demás años.
En 2013 el presidente Danilo Medina puso en marcha el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, con el componente de prevención Vivir Tranquilo, y en 2018 se creó la Comisión Nacional de Seguridad Interior con la tarea de crear la estrategia nacional de seguridad ciudadana, que no se implementó.
En el pasado proceso electoral la seguridad ciudadana fue una de las grandes promesas de campaña. Se insistió en el mejoramiento de las condiciones salariales de los agentes y en el entrenamiento del cuerpo policial.
Hace poco se anunció la primera fase de la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana. Según lo dado a conocer el plan se concentrará en la política criminal, la seguridad ciudadana y la seguridad nacional.
Como medidas de impacto se informó que se comprarían armas detentadas ilegalmente por particulares, se obligaría a los motoristas a llevar chalecos numerados, se reforzaría la lucha contra la violencia intrafamiliar y se crearía una “nueva cultura policial”.
Me da la impresión que el ciudadano de a pie no le ha prestado mucha atención al nuevo plan. Siento que, después de tantas decepciones, se extiende el escepticismo: la gente se siente chiva con cualquier nuevo anuncio o intento de modernización de la Policía. Lo que el pueblo conoce y vive es la ratería, la violencia intrafamiliar, la violencia de la calle, la violencia de la Policía y la violencia de la pobreza.
Los planes de seguridad ciudadana ambiciosos, integrales, multisectoriales van y vienen, tienen aspectos que funcionan mejor que otros. Incluso se ha tratado de aplicar planes que han funcionado bien en otros países y que, sin embargo, aquí han chocado contra la pared de nuestra realidad y la larga cadena de corrupción y atropellos policiales.
Ni la modernización del modo de vida de amplios sectores de la población, ni el desarrollo turístico, ni los cambios de gobierno han podido poner un freno a una violencia estructural soterrada y endémica, consustancial a la sociedad dominicana de la cual nuestra policía es solamente un reflejo.
La institución policial está hecha a la imagen y semejanza de nuestra sociedad, una sociedad cada vez más fraccionada entre los de arriba y los de abajo.
Es una institución piramidal: los altos mandos se hacen rápidamente millonarios, les siguen los del medio que entran en un sistema de peajes estimulados por los de arriba, que reciben su tajada, y por los mismos ciudadanos que mojan para poder seguir con las actividades delictivas con las que compensan salarios paupérrimos, o simplemente para que los dejen tranquilos.
Abajo,encontramos los recién reclutados,muchas veces con un escaso nivel de instrucción,entrados en las filas de la institución sin filtros reales, muchos de ellos víctimas de la violencia intrafamiliar, provenientes de familias disfuncionalessin modelos de referencia positivo,perode repente dotados de un arma y a quienesse les pide mano dura en contra del crimen.
En todo conglomerado humano hay un sistema de dominación social y política que tiende a reproducirse y se expresa en todos los aspectos de la vida social. Quizás valga la imagen del sancocho para ilustrar la República Dominicana de hoy que se compone de una mezcla de elementos variados imbricados unos con otros.
Estamos montados en el tren de la modernidad y de la virtualidad, hablándole un lenguaje del siglo XXI a una población que maneja un escaso vocabulario. Hablamos de empleos de calidad con una lógica económica basada en los bajos salarios.
Nos anima un conservadurismo ciego; sin embargo, promovemos la vulgaridad y la incultura. Negamos a las mujeres el derecho a su cuerpo, resistimos a la educacion sexual en las escuelas y nos doblegamos frente al poder de las iglesias. No podemos, en la era de la comunicación, predicar la modernidad por un lado y actuar con formas propias del paleolítico por el otro.
Debemos preguntarnos si no es nuestra organización social la que genera las formas de delito que nos indignan. Las diversas redes de tráfico son hoy en día fuentes de enriquecimiento para muchos, hay sectores de poder que las protegen y en ellas participan oficiales y agentes que están supuestos a combatir el delito.
El presidente pidió perdón públicamente y el ministro de Interior y Policía fue personalmente a darles el pésame a los familiares de las víctimas de Villa Altagracia. Estos gestos, como las sanciones, tienen mucho valor. Pero lo fundamental es ir a las raíces del patrón de abusos de la autoridad pública.
De la misma manera que hay que hacer hincapié en la selección y el entrenamiento de los oficiales y agentes del orden público y en la dignificación de su trabajo,hayque dedicar cuantiosos recursosen la prevención de la violencia social y en la salud psicoemocional de nuestra gente.Entre ella,las fuerzas del orden que salen de las mismas entrañas del pueblodeben estar en la primera fila y másen tiempo de pandemia que exacerba los conflictos.
Para esto último hay que actuar en la sociedad como conjunto. No podremos cambiar la Policía si no cambiamos la sociedad al mismo tiempo, superando sus injusticias más lacerantes, su corrupción y sus abusos más significativos.
Niñas, niños y adolescentes de la vereda Zúñiga, municipio de Coromoro (Santander), deben desplazarse por una vía peligrosa para asistir al colegio en la vereda de Pueblo Viejo.
La Corte Constitucional protegió los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la vereda Zúñiga, municipio de Coromoro (Santander), quienes deben desplazarse por una vía peligrosa para asistir al colegio en la vereda de Pueblo Viejo.
La Corte Constitucional recuerda en una reciente decisión en la que se protege el derecho a la educación, que el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Zúñiga instauró una tutela contra la Alcaldía de Coromoro y la Gobernación de Santander, debido a la negativa de dichas autoridades de reconstruir el puente “El Derrumbe”, que comunica a las dos veredas y que colapsó en el 2016, producto de las fuertes lluvias.
“Debido a esta situación, los menores de edad se han visto forzados a transitar hacia la vereda Pueblo Viejo por el terreno circundante al lugar en donde se encontraba el puente, arriesgando sus vidas e integridad personal, debido a que en esa zona es recurrente el desprendimiento y caída de rocas”, señala la Corte en una comunicación.
Pero el problema no es exclusivo de esas 25 naciones. La pandemia de COVID-19 ha exacerbado el riesgo de una crisis de deuda de otras naciones. La agencia que vela por la infancia alerta de las nulas posibilidades que tienen los niños para salir de la pobreza y mejorar sus condiciones de vida en esas naciones, y llama a un alivio y reestructuración de los créditos para lograr un desarrollo sostenible e inclusivo. Ecuador reestructura su deuda a un alto costo social.
Un nuevo informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) señala que 25 países de todas las regiones asignaron mayores partidas presupuestales al servicio de la deuda que a la educación, la salud y la protección social juntas en 2019.
El documento, divulgado este jueves, explica que ya antes de la pandemia esos países (uno de cada ocho aproximadamente) se encontraban abrumados por la pobreza y su población infantil ya padecía grandes privaciones y falta de perspectivas de un futuro mejor.
La directora ejecutiva de UNICEF señaló que los niños de las naciones con deudas grandes y recursos limitados para los programas sociales carecen de posibilidades para salir de la pobreza y dejar atrás las privaciones.
“Los costos personales y públicos son enormes, y llevan a que los niños, sus comunidades y sus países tengan muy pocas esperanzas de lograr un desarrollo económico y social sostenible”, dijo Henrietta Fore.
Chad, Gambia, Haití y Sudán del Sur son algunos de los países con mayores pagos por servicio de deuda y gastaban al menos tres dólares diarios por cada dólar destinado a los servicios sociales básicos.
AU/UN IST/Stuart Price
Las agencias calificadoras han contribuido a exacerbar las crisis, dice la experta en deuda y derechos humanos.
Países de renta baja y media
Pero el problema no es exclusivo de esas 25 naciones. La pandemia de COVID-19 ha exacerbado el riesgo de una crisis de deuda para países de renta baja y media que ha ido en aumento desde la crisis financiera mundial de 2008, y los datos del Fondo Monetario Internacional muestran que una cuarta parte de ellos, hogar de 200 millones de niños, actualmente ya está endeudado o tiene un alto riesgo de endeudamiento.
Como respuesta a la emergencia económica derivada de la pandemia, los países del G20 acordaron una iniciativa de suspensión del servicio de deuda para el periodo de abril de 2020 a junio de 2021, pero hasta el momento sólo participa la tercera parte de los países que reúnen las condiciones para beneficiarse del programa, es decir, 46 naciones.
Catástrofe educativa
Uno de los grandes desastres acarreados por la pandemia del coronavirus se observa en el sector de la educación, cuyo gasto recortado aunado a las necesidades apremiantes y la falta de recursos de las familias, han colocado a millones de estudiantes de todas las edades en riesgo de abandono escolar y trabajo y matrimonio infantil.
UNICEF ha advertido en repetidas ocasiones que el mundo se enfrenta al peligro de perder toda una generación, lo que, además del impacto negativo en cada niño o joven, implicaría un freno al desarrollo nacional de cada país y sumiría a una mayor población en la pobreza.
“La pandemia ha provocado una catástrofe educativa mundial que es necesario abordar desesperadamente para evitar que la generación del COVID-19 se convierta en una generación perdida. Sin embargo, debido a la emergencia y a la carga de la deuda a la que se enfrentan los países, ya estamos viendo una contracción de los presupuestos para la educación en un momento en que los países necesitan invertir en la mejora de las escuelas y en los sistemas educativos”, afirmó Fore.
Según el informe, los países endeudados también han recortado el gasto en sectores como la protección de la infancia, la nutrición y los servicios de agua, saneamiento e higiene.
Banco Mundial/Mano Strauch
La pobreza sigue aumentando en América Latina a causa de la pandemia de COVID-19.
Una nueva arquitectura de deuda
De cara a este panorama, UNICEF insta a diseñar una reestructuración de la arquitectura de deuda internacional, que englobe las necesidades de los países de ingresos bajos y medios para proteger los derechos de los niños tras la crisis del COVID-19.
El Fondo de la ONU abunda que dicha reestructuración debería incluir un mayor apoyo y condiciones favorables para los países pobres más endeudados, al igual que mayor transparencia sobre la deuda como parte de los planes presupuestarios nacionales. También aboga por una acción coordinada por parte de los acreedores para convertir la deuda en inversiones que beneficien a los niños.
“El alivio y la reestructuración integrales de la deuda son esenciales para garantizar una recuperación inclusiva y sostenible, de modo que los niños no tengan que soportar la doble carga de la reducción de los servicios sociales ahora y el aumento de la deuda en el futuro”, recalcó Fore, y agregó que es fundamental que los organismos internacionales, los acreedores y los gobiernos nacionales actúen juntos para reducir la carga de la deuda y dirigir los ahorros hacia inversiones sociales que incluyan a todos.
América Latina
El estudio de UNICEF indica que mientras que los países pobres por ahora están cubiertos por la suspensión del servicio de deuda, los países de ingresos medianos han seguido pagando al menos un tercio de su deuda externa durante el curso de la pandemia. Como reflejo, el servicio de la deuda como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) es más alto en los países de América Latina y el Caribe, seguido de los países de Oriente Medio y Asia Central.
Los países de América Latina y el Caribe pagan en promedio más de 1,5 veces por servicio de la deuda en relación con el PIB que en los países de África subsahariana.
Banco Mundial//Jamie Martin
Niños acuden al reparto de comida diaria en una zona pobre de Ecuador.
Costo social de la reestructuración de deuda en Ecuador
A las deudas nacionales, en muchos países se añade el endeudamiento privado de empresas y familias, aumentando el peligro de una debacle. Ecuador es uno de los países en esa situación.
En marzo de 2020, el Congreso ecuatoriano solicitó al gobierno suspender el pago de la deuda para asignar esos recursos a la respuesta a la pandemia. Consecuentemente, Ecuador pidió en abril del mismo año cuatro meses de aplazamiento de 800 millones de dólares en pago de intereses y expresó su intención de reestructurar la deuda.
Pese a lograr una reducción en el servicio de la deuda a corto plazo, las condiciones impuestas incluían metas de consolidación del gasto público que resultaron en recortes de gastos por 4000 millones de dólares y una reducción de la jornada laboral y los salarios de los empleados del gobierno.
Las oficinas en Ecuador de UNICEF, además, han reportado recortes en el presupuesto de los servicios infantiles durante el COVID-19 en todos los sectores: nutrición, protección social salud y educación.
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