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Critican reforma educacional propuesta por el Gobierno de Chile

América del sur/Chile/24 Enero 2019/Fuente: Prensa Latina

El Gobierno de Chile insistió hoy en llevar adelante una reforma educacional denominada Admisión Justa, aun cuando es blanco de numerosas críticas desde los campos pedagógico y político.
El 10 de enero, el presidente Sebastián Piñera presentó al país el proyecto de ley, que pretende modificar el Sistema de Admisión Escolar (SAE), implantado durante el mandato de la socialista Michelle Bachelet, y reponer mecanismos de selección en las escuelas.

Desde entonces se ha desatado una polémica entre el ejecutivo y los detractores de la iniciativa, acentuada por expresiones del mandatario al referirse a la educación como una industria y el controvertido argumento de enaltecer el mérito académico como requisito para admitir a los alumnos en los centros de enseñanza desde los grados inferiores.

El proyecto de ley del Gobierno establece que las escuelas puedan elegir a todos los estudiantes, con lo cual se eliminaría el tope del 30 por ciento determinado por la legislación vigente.

Al abordar el tema, el rector de la Universidad de Santiago de Chile, Juan Manuel Zolezzi, calificó la meritocracia de gran mentira institucionalizada pues, a su juicio, no se puede equiparar a quienes lo tienen todo con quienes no poseen nada y Chile muestra un desequilibrio social muy grande.

Argumentó, además, que con ese proyecto de ley ni la familia ni el estudiante eligen el colegio, sino que es este el que elige a los alumnos y a la familia, y se inclinó por privilegiar el talento sobre el mérito.

Por su parte, el doctor Mario Solarzo, experto en educación y académico de la Universidad de Santiago, consideró que el proyecto promovido por el Gobierno parece desconocer que el mérito académico de un alumno depende de factores socioeconómicos.

No es lo mismo tener padres profesionales o adecuadas condiciones materiales de vida que proceder de una familia de bajo nivel cultural y vivir en condiciones de hacinamiento, y por ello ‘pedirle a una persona que se esfuerce más en estas condiciones es burlarse en el rostro de la gente más pobre de este país’, puntualizó.

El presidente Sebastián Piñera y su ministra de Educación han empleado toda la artillería mediática a su alcance para alabar su proyecto, pero por el momento no logran convencer a buena parte del parlamento de llevar adelante la discusión del documento.

Así, el martes último la presentación de la Ley de Admisión Justa para iniciar el trámite legislativo, no progresó pues a la sesión de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados solo asistió la presidenta de ese grupo.

Sin embargo, diputados de la oposición sí lograron ingresar a la Cámara un proyecto denominado Ley Machuca, que en contraposición a la propuesta gubernamental prevé obligar a los colegios particulares a reservar al menos el 30 por ciento de sus cupos a hijos de familias pobres y prohibe rechazar a los niños con necesidades educativas especiales.

La presidenta de la Comisión de Educación de ese órgano parlamentario, Cristina Girardi, anunció que esa propuesta será analizada a partir de marzo, cuando comience a funcionar plenamente el legislativo tras el receso del verano.

A ello se sumó otro inconveniente para el Gobierno desde sus propias filas, pues el diputado derechista Felipe Kast comenzó a promover lo que ha nombrado ley Machuca liberal, con características parecidas al presentado por los diputados de izquierda.

El Gobierno consideró la propuesta de Kast como una maniobra que desvía la atención, pero el díscolo diputado ultraderechista alegó que solo persigue evitar que la izquierda ‘se apropie’ de ideas que le pertenecen y anunció que también ingresará en marzo su propuesta a trámite legislativo.

Fuente: https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=247146&SEO=critican-reforma-educacional-propuesta-por-el-gobierno-de-chile
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La reforma educativa de IV transformación nacional 5. El desafío de los números ¿Y ahora, quién podrá ayudarnos?

Por: Roberto González Villarreal, Lucía Rivera Ferreiro, Marcelino Guerra Mendoza.  

La Iniciativa de reforma a los artículos 3, 31 y 73, enviada por AMLO el 12 de diciembre de 2018 a la Cámara de Diputados, debe seguir un trámite legislativo establecido en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las leyes del congreso de la unión y en los reglamentos particulares de cada una de las cámaras.

Sin embargo, en este caso hay que insistir en un punto: la iniciativa es de reforma constitucional, por lo que se regula en el:

Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados.

El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de los votos de las Legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas.

Entonces, para ser aprobada, la iniciativa de AMLO debe conseguir una mayoría calificada de las dos terceras partes de los miembros presentes en el momento de la votación en cada una de las cámaras, y hacer lo mismo con la mayoría absoluta de las legislaturas de los estados.

En términos numéricos, esto implica que si no falta ningún diputado o ninguna senadora, debe conseguir al menos 333 votos en la Cámara de Diputados y 85 en la Cámara de Senadores; o podrían ser menos, dependiendo del número de diputados o senadores presentes en el momento de las votaciones, siempre y cuando se cumpla el quórum.

Además, tendría que conseguir el voto, en las mismas condiciones y circunstancias, de al menos 17 de los congresos estatales.

La situación sería distinta, obviamente, si la iniciativa no fuera de reforma constitucional, donde la mayoría requerida se llama mayoría absoluta, es decir, la que resulta del 50% más uno de los representantes populares en las votaciones.

Por tanto, la viabilidad parlamentaria de una iniciativa depende de una cuestión numérica, es decir, formalmente cuantitativa, aunque todxs sabemos que esa es una cifra que resume una operación política. Es el tiempo de las cuentas, los acuerdos, los compromisos y los cabildeos en el proceso legislativo. En terminología convencional, es algo así como una caja negra -por ser oculta, turbia, anegada, la mayoría de las veces inescrutable- en la que se procesan los votos, las negociaciones y el destino efectivo de la iniciativa.

A veces se pueden rastrear las huellas de los compromisos, la mayoría no; esperemos que en esta ocasión sean claros, transparentes y se realicen de cara a la población. Habrá que exigirlo, porque lo cierto es que MORENA y la Coalición “Juntos haremos historia”, no cuentan con los votos necesarios para aprobar la iniciativa de reforma constitucional.

Vamos por partes.

 La Cámara de Diputados está integrada por 500 representantes populares, elegidos por mayoría relativa y por representación proporcional en listas regionales. Para aprobar una iniciativa de reforma constitucional se requiere el voto asegurado de al menos 333, o las dos terceras partes de los presentes en el momento de la votación. Esto es importante recalcarlo, porque en el arsenal de tácticas parlamentarias aparecen las huidas en masa, para quebrar el quórum e impedir las votaciones; o las faltas, las salidas al momento de la votación, los retrasos, todo lo que pueda alterar la composición de los presentes y la votación requerida.

Sin embargo, esto tiene un supuesto, que la iniciativa haya sido discutida y aprobada, con modificaciones o no, en la Comisión de Puntos Constitucionales, con apoyo de la Comisión de Educación y que sea sometida a la Junta de Coordinación Política para ser incluida en el orden del día.

Así que la primera dificultad radica en la composición de las comisiones responsables del análisis y el dictamen de la iniciativa. Si pasa ahí, sigue el trayecto parlamentario referido, si no, tiene que presentarse en otro período de sesiones.

Vamos a ver la composición de las comisiones para analizar las posibilidades y limitaciones que podría tener la iniciativa.

La Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados está integrada por 33 diputados. La preside Miroslava Carrillo Martínez, de MORENA; tiene 11 secretarios, de los demás partidos políticos y 21 integrantes más.

Como se puede observar, en esta comisión MORENA tiene una mayoría de 17 miembros, el PT 2 y el PES otros 2, por lo que cuenta con mayoría absoluta para aprobar el dictamen, según el artículo 84 del Reglamento de la Cámara de Diputados (RCD); y tendrá 90 días para hacerlo, a menos que solicite una prórroga; en caso contrario, la Iniciativa se considerará desechada (artículo 89, numeral 2 del RCD).

La Comisión de Educación también tiene también 33 integrantes. La presidenta es Adela Piña Bernal, de MORENA, diputada de la Ciudad de México; 12 secretarías y 20 integrantes adicionales.  En esta Comisión, MORENA tiene 17 miembros, el PT 2, el PES 2, por lo que tiene mayoría absoluta; de entrada no tendría ningún problema en aprobar un dictamen positivo, aún sin cambios a la iniciativa.

El problema viene después. En el pleno, la votación requerida no es simple (mas votos a favor que en contra); ni absoluta (50% mas uno); sino calificada, es decir, al menos dos terceras partes de los presentes, es decir, si asisten todos los diputados, 333, como dijimos antes. Y aquí está el problema de fondo para todas las iniciativas constitucionales que presente el Poder Ejecutivo o los integrantes de MORENA o  la Coalición “Juntos haremos historia”.

La cuestión es simple: ni MORENA, ni la coalición, tienen los votos necesarios para la mayoría calificada.

Para eso es necesario revisar la composición de la Cámara de Diputados. Con datos hasta el 13 de diciembre de 2018, era la siguiente: 1

Para legislar con mayoría simple o incluso absoluta, MORENA no tiene dificultad alguna, con su sola fracción parlamentaria puede lograrlo, dado que tiene 256 diputados. Esto no fue casual. Fue una operación política. Se logró con acuerdos partidarios y compromisos con el PVEM.

El 4 de septiembre de 2018 se anunció que 5 diputados de ese partido se pasaban a la Fracción Parlamentaria de MORENA, para alcanzar la mayoría absoluta. El intercambio, según fue reseñado por diversos periódicos, fue la aprobación de la licencia de Manuel Velasco como senador, para culminar su período en la gubernatura de Chiapas  (Diputados del PVEM se pasan a MORENA para concretar mayoría absoluta).

La estrategia de conseguir la mayoría absoluta de MORENA no solo fue para constituir un bloque orgánico en las votaciones, lo que es importante, sino también obtener la presidencia de la Junta de Coordinación Política, que una fracción puede reclamar cuando su mayoría es absoluta. En este caso, días mas tarde el coordinador de los diputados de MORENA, Mario Delgado, se convirtió en el presidente de la Junta.

El problema es que los números no dan para las reformas constitucionales. Aún si la fracción votara en bloque, lo que es muy difícil, pero se puede suponer, sólo son 256 diputados. Requiere 333. Le faltan 77: muchos. ¿De dónde puede sacar esos votos? Una primera vía es rearmar la Coalición “Juntos haremos historia” en la Cámara.

Sin embargo, aún suponiendo otra vez el voto en bloque, muy difícil, por los desacuerdos regionales y federales con el PES y el PT , solo se consiguen 30 y 28 votos respectivamente. Se llega entonces a 314 votos posibles: faltan 19 nuevos. ¿De dónde sacarlos? ¿Del PRI? Muy difícil. ¿Del PAN? Casi imposible. ¿De dónde entonces? Le quedan tres fracciones parlamentarias para sondear, más 2 diputados sin partido.

El PRD tiene 20 diputados; Movimiento Ciudadano (MC), 28; y el PVEM, 11. 59 en total. Más los dos sin partido, da un total de 61 diputaciones para tantear. Un buen número. Bastan y sobran. Pero…tendrán que negociar. ¿Qué y cómo? Es una pregunta que se abre en muchas direcciones.

Ya vimos qué y cómo hizo MORENA para alcanzar la mayoría absoluta. Es un cambio ya transitado: el PVEM se presta para muchas cosas. Son 11 diputados. Sólo faltarían 8. La pregunta es:  ¿a cambio de qué? No sabemos qué pida el PVEM, lo que si podemos presumir es que nada honorable. Una larga historia de compromisos con todos, el PRI, PAN y PRD, así lo acredita.

EL MC y el PRD eran aliados antiguos de AMLO. Ha pasado mucho tiempo de eso. Demasiados enfrentamientos y múltiples roces. Pero es posible. Formalmente no debería haber ningún impedimento para los diputados del PRD, fueron los primeros en presentar una iniciativa de reforma constitucional para eliminar la mal llamada evaluación punitiva (Las iniciativas para cancelar la reforma educativa).

El MC tiene más diputados, son 28. ¿Por ahí? Podría ser, pero como en el PVEM y el PRD, ¿a cambio de qué? No podremos saberlo ahora, esperemos que sea claro, porque de su decencia no cabe esperar mucho.

En resumen: la Iniciativa de AMLO tiene dificultades para alcanzar la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Necesita, en primer lugar, lograr una gran homogeneidad y presencia en las votaciones de su propia bancada; en segundo, conseguir las votaciones de sus aliados electorales, PT y PES; pero aun así, sigue necesitando 19 votos que podrían salir del PVEM, PRD, MC y dos diputados sin partido, pero tendrá que negociar. El asunto es el qué y el cómo.[1]

La cuestión se complica aún más en el Senado de la república.

En comisiones no hay mucha dificultad. La Comisión de Puntos Constitucionales está presidida por Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, de MORENA. Hay dos secretarías, una para el PAN, otra para el PRI. Se completa con 11 integrantes más.   De los 14 que integran la comisión, 7 son de MORENA y una del PT, hay mayoría absoluta.

En Educación tampoco hay mucho problema. La preside otro miembro de MORENA, Rubén Tocha Moya, con la misma composición en las secretarías y en los integrantes. MORENA y PT tienen mayoría absoluta.

El problema viene con las votaciones en el pleno.

En este caso, el problema es mayor que con los diputados. AMLO necesita 85 votos para la reforma constitucional. MORENA solo tiene 59, no alcanza la mayoría absoluta, menos aún la calificada, suponiendo que hubiese una votación homogénea. Necesita 26 votos más. Tendrá que acudir primero a sus aliados electorales; pero el PT tiene 6 senadores y el PES sólo 5. Llegaría entonces a 70, le faltan 15. Todo suponiendo que las fracciones votan en bloque afirmativamente.

¿De dónde sacar los votos restantes? Hay 1 senador sin grupo parlamentario, 5 del PRD, 6 del PVEM y 7 del MC. No le queda de otra: necesita negociar con sus adversarios políticos. El margen es menor que en la Cámara de Diputados, pero su blanco sigue siendo el mismo: PVEM, PRD y MC. Muy difícil, pero no imposible. Incluso antes de buscarlos en el PRI y el PAN, algo mucho más difícil.

Aún suponiendo que la iniciativa pasara en el Congreso Federal, todavía tiene que alcanzar la mayoría absoluta de las legislaturas de los estados. Tiene mayorías absolutas en 19 estados: Baja California, Ciudad de México, Colima, Chiapas, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas; pero tiene dificultades en la composición de sus bancadas en varios de ellos, que se han dividido y enfrentado, como en Veracruz, por lo que primero tendrá que negociar entre las diferentes fuerzas que componen su fracción parlamentaria, luego con sus aliados electorales, y con los otros partidos, justo como en el congreso federal. No es imposible, pero difícil de conseguir.

En resumidas cuentas, ¿cuál es el desafío de los números para la iniciativa de reforma a los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución de AMLO?

  1. Ni MORENA, ni sus aliados de la coalición “Juntos haremos historia”, alcanzan la mayoría calificada.
  2. Para aprobar la iniciativa, tendrán que negociar.
  3. El asunto es con quién, qué y cómo.
  4. Los partidos pequeños, como el PRD, el MC y el PVEM, así como los representantes sin grupo parlamentario, tienen un caudal suficiente para alcanzar de sobre la mayoría calificada. El problema es el referido en el punto tres.
  5. El problema numérico es el mismo en las legislaturas de los estados.
  6. La homogeneidad del voto en las fracciones de MORENA, PT y PES es indispensable para las negociaciones con los demás partidos

Como se observa, el reto de los números obliga al Poder Ejecutivo y a la Coalición “Juntos haremos historia”, en el Congreso de la Unión y en los congresos estatales, a negociar con los partidos de la oposición. Qué y cómo es materia de un amplio proceso político, parlamentario y extraparlamentario, en el que los poderes fácticos, sus representantes, el magisterio y la población, tendrán una parte fundamental, quizá decisiva.

Pero esa es otra historia…

Contacto: labandadelxs3@gmail.com

[1]  En otro artículo exploraremos las posibilidades de negociación estrictamente argumental y expositiva que podrían hacerse; a lo otro, a los acuerdos en lo oscurito, a los intercambios y demás, ni nos atrevemos ni es lo nuestro. Esperaremos la etnografía parlamentaria y los recortes informativos para saberlo.

Fotografía: canaldelcongreso

*Fuente: http://insurgenciamagisterial.com/la-reforma-educativa-de-la-iv-transformacion-nacional-5-el-desafio-de-los-numeros-y-ahora-quien-podra-ayudarnos/

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Tiempos legislativos y políticos de la reforma educativa

Por: Lev M. Velázquez Barriga
Los tiempos legislativos para la cancelación de la reforma educativa técnicamente iniciaron en diciembre pasado, pero será en abril cuando podría estar listo el decreto, dijo el secretario de educación; le sigue su aprobación en las legislaturas locales y la creación de nuevas leyes secundarias. También corren los tiempos políticos, Mexicanos Primero no tardó en defender a su creación y la OCDE fue invitada por la SEP para darle continuidad a su obra intelectual, lo mismo los debates de las ideas educativas están abiertos en las esferas de la academia. Y los tiempos del magisterio que clamó por la abrogación de la reforma neoliberal ¿cuándo? ¿No tienen nada que decir las y los maestros de las resistencias pedagógicas? ¿La iniciativa de ley del nuevo gobierno satisface las demandas del magisterio?

Veamos algunos de los elementos que contiene la propuesta de decreto. Desplaza (no elimina) la concepción de “calidad” por la de “bienestar” como objetivo del derecho a la educación; recordemos que la calidad ha sido el eje articulador del sistema educativo, se asoció a la organización gerencial de las escuelas, a las mediciones estandarizadas para alcanzar el máximo de aprendizajes y la idoneidad de los docentes, así como a la precarización laboral de los maestros. El bienestar se encuentra en el centro del discurso del nuevo gobierno, sin embargo no hay una definición clara de lo que significa para el caso de la educación y no puede quedar en la ambigüedad, porque se cruza con nuevos principios incluidos, como lo es la “excelencia”, que vienen de la concepción neoliberal y se van a traducir en prácticas concretas en los procesos de formación, evaluación y en la vida de las escuelas.

Se concibe a la formación de los maestros y el reconocimiento de sus aportes a la educación como un “derecho”, para tal efecto se elimina la fracción III; es decir, la esencia laboral del Artículo 3° que despojó a los docentes de su estabilidad en el empleo y emocional, dando vida a las evaluaciones para el ingreso, la permanencia, la promoción y el reconocimiento en el texto constitucional para tener un candado ante una eventual modificación de las leyes secundarias. A partir de esta misma concepción se propone la abrogación de la Ley General del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y de la Ley General del Servicio Profesional Docente, cuyas instituciones INEE y SPD, serían sustituidas por el “Centro” para la revaloración del magisterio y la mejora continua de la educación, y por el servicio profesional del magisterio.

Es verdad, que el Centro no tendrá la misma autonomía que el INEE, que por cierto nunca ejerció; contará con un Consejo Consultivo para orientar al Consejo Directivo en tareas fundamentales como definir el plan educativo y cuya lógica se inscribe en el mismo esquema de la llamada gobernanza que ha abierto las puertas para que los grupos de la derecha y los empresarios se inmiscuyan en las decisiones centrales del gobierno, suplantando a la sociedad.

Preocupa que entre la funciones del Centro esté “la determinación de estándares e indicadores de resultados; que acredite a las instituciones autorizadas para certificar el desempeño de las instituciones, las autoridades y los distintos actores de la educación”. La certificación ha sido un mecanismo de competitividad desigual de las escuelas, que además promueve la organización gerencial de los centros escolares y condiciona el ejercicio de apoyos económicos al cumplimiento de estándares de calidad empresarial; esto rompería con el principio de la educación “equitativa” que también se introduce en la propuesta de reforma, incluso como la aportación de la cuarta transformación a la educación, según se explica en la exposición de motivos.

Preocupa que se hable de acreditar instituciones que certificarían a los actores de la educación, entre los cuales están obviamente los maestros; uno, porque la iniciativa de ley no deja clara la obligación del Estado a través de sus instituciones educativas públicas para garantizar el derecho a la formación y esto abre la posibilidad a que los particulares acreditados por el Centro tengan un mercado cautivo financiado con dinero público o pagado directamente por los docentes; dos, porque la certificación ha sido un dispositivo para limitar y controlar las prácticas pedagógicas de los maestros a través de la formación instrumental y las evaluaciones estandarizadas; tres, porque un nuevo servicio magisterial de carrera basado en la certificación representa la continuidad de un sistema meritocrático de competitividad individual, diferenciación salarial, individualización del contrato colectivo y atomización de la organización sindical.

Ahora, hay elementos de la reforma neoliberal que no tienen candados en el marco constitucional actual y que se pueden cancelar si el nuevo gobierno tiene voluntad, por mencionar algunos: está la reforma a las normales que quitó la licenciatura en educación especial, el nuevo modelo educativo que entre otras cosas eliminó los talleres tecnológicos y las escuelas al CIEN que generan deuda pública.

Sin la reanimación de las voces que clamaron por la abrogación de la reforma educativa, la iniciativa del presidente se definirá concertando con la derecha parlamentaria y con la OCDE los cambios necesarios para que todo siga igual.

*Fuente: Rebelión 

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OCDE apoya a México para redefinir el sistema educativo

América del norte/México/17 Enero 2019/Fuente: El sol de México

Asimismo, consideró importante la permanencia del INNE como un organismo autónomo que señale logros y retos del Sistema Educativo

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) acompañará al gobierno de México en la redefinición de sus prioridades en materia de educación, aseguró la directora de ese organismo internacional, Gabriela Ramos.

En entrevista con Notimex, expuso que la OCDE observa con optimismo la apertura del gobierno federal, en particular de las autoridades de Educación, en torno a las recomendaciones que lleva a cabo para mejorar el Sistema Educativo Nacional.

La funcionaria de la OCDE enfatizó que el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán, pidió a la organización que lo acompañara en esta nueva etapa de redefiniciones en materia educativa.

«Y por supuesto que lo vamos a hacer, porque para nosotros México es miembro de la OCDE, independientemente del gobierno que lo represente. Ellos son los que definen sus prioridades y eso no lo vamos a debatir»

Indicó que el diálogo con la SEP es a nivel técnico y la OCDE deberá ajustarse a esas prioridades, “y ser muy honesta al decir al gobierno lo que observamos en el Sistema Educativo. Ese el tipo de discusión que tenemos con las nuevas autoridades”.

De acuerdo con Gabriela Ramos, la comunicación con Moctezuma Barragán “ha sido muy positiva, con mucha claridad respecto de los retos que compartimos. Esta apertura y debate basado en la evidencia para nosotros es lo más importante”.

En ese contexto, consideró importante la permanencia del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INNE) como un organismo autónomo que señale los logros y retos del Sistema Educativo mexicano.

También se refirió a la derogación de la reforma educativa, en donde participó la OCDE y estimó que seguramente permanecerán algunos elementos.

«En nuestra experiencia no es posible ni factible eliminar todas las estructuras y volver a empezar de cero porque nos paralizaríamos. Mientras se preserven los buenos elementos del sistema, no de un sexenio, sino de toda la construcción del Sistema Educativo Mexicano, pues a seguir trabajando»

A propósito de los dos estudios que presentó este viernes la OCDE a la SEP en materia de educación superior, denominados “El futuro de la Educación en México” y “Educación Superior en México”, Gabriela Ramos expuso que el sistema del nivel educativo se ha desarrollado casi de una forma reactiva.

Es decir, con base en la demanda, en la presión de los perfiles demográficos que conllevan a un nivel educativo medio y medio superior a crecer a pasos agigantados, lo que implica la creación de múltiples universidades.

Indicó que esta reacción se registra en los 13 subsistemas que conviven en el Sistema Educativo Nacional, pero donde cada uno responde de la manera como mejor puede.

«Lo que se requiere es una estrategia común que permita conectar esos subsistemas, eliminar la fragmentación e impulsar la calidad; además de crear un sistema de información que conecte a las universidades con el mercado laboral»

Lo anterior, porque hay falta de señales del mercado laboral para que los estudiantes se dirijan a las disciplinas que se están demandando. “Una de las tragedias es que tienes incremento en la matrícula, pero al mismo tiempo los empresarios dicen que no encuentran las capacidades que necesitan, no encuentran los perfiles”, externó.

Para Gabriela Ramos es vital superar esa problemática para involucrar más al sector privado en la discusión.

“La definición de la política educativa es del Estado, pero necesitamos que los empresarios se involucren, además de la necesidad de crear un sistema de información del tipo de trabajos que se están creando y conectarlo con las universidades”, detalló.

Consideró necesario capacitar a funcionarios y maestros encargados de la orientación vocacional para garantizar que los chicos que llegan a educación superior tengan la posibilidad de encontrar un trabajo.

Al respecto, la directiva de la OCDE recordó que en el mundo hay una revolución tecnológica basada en el conocimiento. “En la medida en que preparemos a los mexicanos a manejar ese conocimiento van a estar preparados, no sólo para aprovechar la revolución tecnológica, sino también para influir en ella”, aseguró.

En su opinión, México necesita una visión estratégica en un mundo que cambia vertiginosamente, es decir, formar individuos que a lo largo de su vida puedan cambiar de disciplina sin problemas, “porque lo que se aprende ahora no será garantía de un ciclo de vida largo”.

Destacó que de acuerdo con un estudio de la propia OCDE, los trabajos tienden a desaparecer porque las ocupaciones más automatizables son aquellas que requieren de poco nivel educativo.

Mientras que las actividades que actualmente demandan títulos profesionales, entrenamiento y capacitación continua serán menos susceptibles a la automatización, pero cambiarán su manera de aplicarse; “es la visión de los sistemas más avanzados”.

Por esa razón, la OCDE sugiere que las políticas educativas impulsen a adultos a prepararse continuamente para lograr que se adapten eficazmente a los nuevos requerimientos laborales, de lo contrario podrían crecer las tasas de desempleo.

Sostuvo que para dicha preparación, México requiere enfrentar, entre otros retos, ampliación de financiamiento e inversión privada y estatal, ya que México gasta nueve mil dólares por estudiante en educación superior, cuando debería gasta el doble o el triple.

Estados Unidos gasta 26 mil dólares por estudiante de ese nivel y los países europeos 20 mil; aunque aclaró que también es importante el cómo se gasta ese recurso.

«El financiamiento en México para estudiantes de educación superior se ha reducido, además, es necesario distribuir mejor esos recursos, porque actualmente se hace de forma poco transparente. Hay universidades regionales que tienen una diferencia de gasto hasta de cinco veces más, entre una y otra»

Eso implica que las asignaciones no se hacen con visión estratégica, sino que son resultado de negociaciones, por lo que recomendamos tener un mecanismo transparente para la asignación, con base en una investigación profunda.

La funcionaria aclaró que la inyección de capital no garantiza calidad; “el aprendizaje está en el centro de todos los temas. Entones hay que reclutar a los mejores maestros.

“Eso es fundamental, y esperamos que en México eso permanezca: apoyarlos en su formación profesional, reducir su carga administrativa y premiar a los buenos, que son la mayoría. El reconocimiento a un maestro lo empodera y eso se tiene que exponenciar”, puntualizó.

Fuente: https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/ocde-apoya-a-mexico-para-redefinir-el-sistema-educativo-2919713.html

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Otro horizonte para la educación mexicana

Por: Juan Carlos Yáñez

México vivirá una etapa distinta en su sistema educativo, con un discurso transformador, pero perfiles difusos en la caracterización de lo que denominan la “nueva escuela mexicana”.

En su tercera campaña por la presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tomó a la reforma educativa de Enrique Peña Nieto como uno de sus principales focos de cuestionamiento. Prometió que suprimiría lo que reiteradamente calificó como “mal llamada reforma educativa”. Con ese discurso acercó posiciones con el sector más radicalizado del magisterio, agrupado en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE); con un grupo numeroso de académicos críticos con el gobierno priista (del Partido Revolucionario Institucional), y con Elba Esther Gordillo, antigua y poderosa dirigente de la organización gremial más numerosa de Latinoamérica, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), encarcelada apenas proclamarse la reforma, ahora libre. Por ello, al firmar la iniciativa entregada en los primeros días de diciembre al Congreso de la Unión, aseguró que cumplía su palabra.

La iniciativa será discutida en febrero en las cámaras de senadores y diputados, y luego, de aprobarse, deberá autorizarse por un mínimo de 17 de 32 congresos de los estados del país, para proceder a la reforma constitucional.

El origen

La iniciativa turnada para discusión tiene bases visibles, además de la promesa electoral: la consulta nacional, autocalificada como sin precedentes, con la cual recogieron más de un millón de “propuestas” (textos brevísimos que debían leerse en 3 minutos frente a 600 o más de 1000 personas en foros organizados en las universidades públicas estatales); la narrativa para colocar punto final y comenzar otro capítulo de la historia, ejemplificado en la declaración del coordinador de los diputados del partido gobernante, quien afirmó que, de la anterior reforma, “no quedaría ni una coma”, al mismo tiempo que se realizaban los foros de consulta y se recogían las expresiones sociales.

El contenido

La iniciativa de AMLO, concebida como “proyecto alterno”, ha sido aplaudida por preponderar el interés superior de niños y jóvenes. También, por el reconocimiento al magisterio y la necesidad de su revalorización (pretensión que ya estaba en el Acuerdo para la Modernización de la Educación Básica, signado a principios de la década de 1990 entre el PRI y el SNTE de Elba Esther Gordillo), así como un sistema de formación continua (contenido en la reforma en extinción, aunque débilmente articulado).

Una novedad y gran desafío: postula que la enseñanza superior será gratuita y obligatoria, para lo cual, se crearán 100 universidades pequeñas dentro de una red en ciudades medianas y donde no exista oferta universitaria; así como un amplio programa de becas a todos los estudiantes de educación media superior (15-17 años).

La pretensión de reforzar la enseñanza superior contrastó con el amago de desaparecer la educación inicial (0-3 años). Se contradice con el Presupuesto de Egresos entregada a la Cámara de Diputados el 15 de diciembre, documento que contiene el proyecto de gastos para 2019, en el cual sufrieron inicialmente recortes las grandes universidades nacionales (UNAM, Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Pedagógica Nacional e Instituto Politécnico Nacional), así como las universidades públicas estatales, que de inmediato expresaron su desacuerdo a través del órgano que las agrupa, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ante quienes AMLO había prometido no afectar presupuestos. Por la presión mediática e institucional, el gobierno reculó y les otorgó el mismo presupuesto que 2018, aunque con los efectos inflacionarios disminuirá en términos reales.

Fue el segundo desencuentro del nuevo gobierno con las universidades. El primero, el 12 de diciembre, cuando la iniciativa suprimía de la Constitución general el apartado que consagra la autonomía universitaria, larga conquista que ni los gobiernos más autoritarios se atrevieron a tocar por el enorme poder de movilización y conflictividad que les representaría un enfrentamiento con los universitarios. Ante el hecho, el gobierno rectificó y minimizó señalándolo como una errata.

Otra decisión que despertó polémica es la eliminación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), creado en 2002, y al que la reforma anterior concedió autonomía para desligarlo de la órbita de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y convertirlo en una entidad independiente en la evaluación de componentes, procesos y resultados del sistema educativo. En su lugar, se crearía una instancia subordinada a la SEP, lo que analistas políticos y educativos equiparan a que sea el gobierno quien organice y califique las elecciones. A pesar de sus aportes innegables en distintos campos (producción de información sólida, evaluaciones de estudiantes y condiciones, elaboración de indicadores y reportes, recomendaciones de política, entre otros), al INEE se le achacan, imprecisamente, las dificultades derivadas de la evaluación docente y su “carácter punitivo”.

Palabras finales

México vivirá una etapa distinta en su sistema educativo, con un discurso transformador, pero perfiles difusos en la caracterización de lo que denominan la “nueva escuela mexicana”, combinación de propuestas del pasado que dicen erradicar e intenciones retóricas vagas, con otros tantos lugares comunes, aderezados con desatinos como la afirmación del secretario de Educación, admitiendo que ahora no solo será válido sino que se deberá “copiar” en los exámenes; y lo más delicado, un presupuesto para 2019 que contradice las promesas de revalorar al magisterio y apostar a su formación, con recursos financieros recortados. Una nueva era plagada de buenas intenciones discursivas que pronto se convertirán en hechos o contradicciones.

Fuente: http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2019/01/11/otro-horizonte-para-la-educacion-mexicana/

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La crisis del Reformismo Educativo

México / 13 de enero de 2019 / Autor: Juan Carlos Miranda Arroyo / Fuente: SDP Noticias

La semana pasada comenté en este mismo espacio que “se observa un proceso de transición generacional en la orientación y el rumbo de las políticas públicas educativas en México, y que esto se da a través de un movimiento que va del “Reformismo Conservador” (registrado durante el periodo 2000-2018) al “Reformismo Progresista (Moderado)”, que inicia en estas fechas: 2018-2019…” Así mismo, afirmé que “…Si en verdad se concreta un cambio de régimen político, “de raíz”, entonces estas etiquetas cobrarán sentido…”, sobre todo si eso que se proyecta en la retórica política, llega a las aulas. (ver: “Educación: Del Reformismo Conservador al Reformismo Progresista”, SDP Noticias3 de enero, 2019).

Al hacer la caracterización esquemática del discurso del Reformismo Conservador en la Educación, dije que “…Dos ingredientes adicionales (y no menos interesantes), que se han sumado a la tendencia ideológica del “Reformismo Conservador” en la educación pública durante las últimas tres décadas (en México y en el mundo), tienen que ver con la apropiación de modelos gerencialistas en la gestión educativa y, más específicamente, en la gestión de los conocimientos y los aprendizajes, por una parte. Y la implantación de esquemas evaluadores y de búsqueda de la “calidad”, por otra.”; y que ello se ha introducido en el discurso (y en las prácticas educativas) no para romper con ningún paradigma, sino a efecto de mantener el estado social de cosas. Sin embargo, las fronteras aún siguen sin percibirse claramente, al menos en el terreno de las ideas. Me explico: En uno y otro caso (tanto para el Reformismo Conservador como para el Reformismo Progresista, moderado), existen conceptos comunes o compartidos (aunque con intenciones diferentes), que ponen en evidencia contradicciones o inconsistencias discursivas; es decir, aparece aquí una suerte de agotamiento de los contenidos y de los argumentos mismos que se esgrimen para defender dichos contenidos a favor de una u otra posición “reformista”. ¿Cuáles son los contenidos específicos que utilizan los ideólogos en el poder para definir el concepto de “calidad” de la educación? Si la “calidad” de la educación no se cumple con la cobertura (que significa “lograr que los niños, las niñas y los jóvenes cuenten con escuela”) entonces ¿la “calidad” de la educación se reduce al logro de los “aprendizajes escolares” duros o claves (en Matemáticas y Comprensión de Lectura)? ¿Qué hay detrás del concepto de “equidad” educativa”? ¿La “calidad”, la “mejora continua” o la “excelencia” de la educación, son conceptos ideológicamente neutrales?

 

En un artículo publicado en el año 2000, la investigadora española Ma. del Mar Rodríguez Romero advirtió acerca de la crisis que se asomaba, desde entonces, en la estructura interna de los discursos sobre las “representaciones del cambio educativo” (1), cuyo concepto central (el “cambio”) se ubicaba como la idea justificadora de las iniciativas “reformistas”. En su oportunidad, Rodríguez Romero revisa “los límites conceptuales que las metáforas dominantes del cambio educativo nos imponen y su íntima vinculación con las representaciones del cambio educativo…” Específicamente ella analiza “…dos representaciones predominantes. Una representación (que) captura el cambio educativo en movimiento y se sirve de nociones como ciclos, olas, tendencias y rupturas. Y otra (que) expresa la relación entre estabilidad y cambio, y pone de manifiesto su naturaleza paradójica, declarando su compromiso con la transformación, pero sin traspasar las fronteras del status quo.”

Para decirlo en palabras coloquiales, ambas expresiones del reformismo educativo no buscan “romper paradigmas”, sino producir cambios “graduales”, en el sentido de que no luchan por desmantelar las estructuras económicas, culturales y políticas, sino, en todo caso, su transformación gradual. Sólo que una expresión piensa a la Reforma Educativa en términos del cambio en “movimiento” (que incluye, no obstante, la posibilidad de la ruptura), mientras que la otra visualiza a la Reforma Educativa como un proceso que alterna periodos de “estabilidad y cambio”.

En este cuadro de crisis en torno a las representaciones o idealizaciones de la Reforma y del “cambio educativo”, la noción de “innovaciones educativas y pedagógicas” juega también un papel protagónico. Al respecto, Rodríguez Romero afirma lo siguiente: “La gramática de la innovación ha impedido analizar el problema del poder y de la reproducción de las relaciones que produce. Las relaciones sociales en la escuela se han planteado como independientes de los procesos políticos, culturales y sociales, y se ha adoptado una posición neutral acerca de los propósitos del sistema educativo que ha enmascarado los valores y las consecuencias relacionadas con la educación como institución social (Popkewitz, 1988)… El análisis del poder está resultando ser muy productivo cuando se relaciona con el conocimiento. La relación entre conocimiento y poder pone de manifiesto cómo la reforma es parte de un esfuerzo más amplio por definir las escuelas como lugares donde se organiza una manera específica de identidad, de valor y de posibilidad a través de la interacción entre profesorado, estudiantes y textos (Popkewitz, 1994b).” (2)

 

En su análisis sobre los discursos de las Reformas Educativas en Europa, Estados Unidos y Canadá, Rodríguez Romero dice con razón que “Una representación (del cambio educativo) captura las diversas formas que adoptan las innovaciones en movimiento. Esta representación está muy relacionada con la percepción de la repetición del cambio educativo (el enfoque “recurrente”). Otra representación muestra las relaciones entre la estabilidad y el cambio, y se conecta con la percepción de la vulnerabilidad de las reformas en las instituciones educativas.” Esta última versión sostiene que las grandes reformas educativas son tan “vulnerables” que tienden a fracasar irremediablemente, debido a los dispositivos conservadores y de resistencia al cambio característicos de las sociedades contemporáneas. Y en el caso mexicano, conviene revisar también las estructuras sociales resistentes al cambio, como los sectores empresariales, las iglesias, los sindicatos oficialistas, ciertos medios de comunicación y las asociaciones cupulares de “padres de familia”, entre otros.

 

“La representación del cambio educativo en movimiento está ligada a la percepción de la recurrencia del cambio educativo y se sirve de un tipo de metáforas y categorías conceptuales que capturan las diversas formas que adoptan las innovaciones en la escuela cuando se les contempla como fenómenos en movimiento y prevalece su carácter fluido y dinámico. Son útiles para plasmar la combinación y la sucesión de los acontecimientos, sus pausas y aceleraciones. Para captar este tipo de cualidades asociadas al cambio educativo en movimiento, se han aplicado nociones como ciclos, olas, tendencias y, más recientemente, rupturas.”… “Si se ponen en relación los ciclos (del cambio educativo) con la historia social e institucional de la escolarización, se observa que, con frecuencia, la educación se ha visto obligada a lidiar con propósitos contradictorios como: socializar en la obediencia o en el pensamiento crítico, enseñar conocimiento académico o destrezas prácticas, cooperación o competitividad, destrezas básicas o creatividad y pensamiento de alto nivel, centrarse en la base académica o permitir elección de contenidos (Tyack y Cuban, 1995).” (3)

¿Cuándo aparece la crisis del Reformismo Educativo? “…cuando (los autores) señalan que tanto en gobiernos conservadores como demócratas hay más coincidencia en el programa de educación que en otros sectores de toma de decisiones políticas… Por ejemplo, los demócratas también abogan por la elevación del nivel y la elección de centro – prácticas de cambio localizadas en la comunidad discursiva de la excelencia (Rodríguez Romero, 1998) -. En España, los pilares para proponer medidas similares comenzaron a imponerse con los últimos gobiernos socialistas, por ejemplo, con sus actuaciones en materia de evaluación y dirección de centros. Por su parte, en el Reino Unido, el gobierno del neolaborista de Tony Blair no sólo está manteniendo estrategias ideadas por los conservadores, como la participación de inspectores procedentes del mundo empresarial en la supervisión de las instituciones educativas, sino que, al intentar ubicar ideológicamente su política educativa, no parece haber duda respecto al predominio de tácticas que abundan en formas neoliberales de abordar los asuntos educativos… Algunos estudios comparativos de las últimas reformas educativas en varios países del mundo anglosajón muestran la tendencia compartida hacia el desmantelamiento de las burocracias centralizadas y su sustitución por propuestas escolares con una fuerte presencia de la elección de escuela por las familias y la competencia entre diversos tipos de escuelas para seducirlas. Dichas reformas han sido y están siendo promovidas y sostenidas tanto por gobiernos conservadores como socialdemócratas y socialistas y, aunque hay claras diferencias entre los países, puede apreciarse de modo general que, a pesar de la retórica, están contribuyendo a incrementar la desigualdad entre las escuelas. Con estos datos, parece difícil clasificar las recientes políticas educativas como ideológicamente consistentes y cobra sentido considerar la debilidad de ciertas propuestas de cambio para promover las intenciones que retóricamente declaran, debido a la forzada invisibilidad o silenciamiento de algunos aspectos que pasan desapercibidos, pero que son los responsables del reforzamiento de tendencias previas que, en líneas generales, favorecen a los mejor situados (económica y culturalmente) en la sociedad.”

 

Rodríguez Romero afirma que “Las reformas contribuyen a reforzar determinados modos de vida en las instituciones educativas; en cuyo contexto las subjetividades son moldeadas y las necesidades son construidas y legitimadas. Esto explicaría la persistencia del status quo y de la contribución de las reformas a su mantenimiento, porque los modelos de cambio se pliegan a los temas precisados en el proceso político, siguiendo las prioridades que establecen ciertos sectores institucionales con capacidad para definir los asuntos relacionados con la mejora de la sociedad (Popkewitz, 1988). Los esfuerzos de reforma incorporan modos de representación y estilos de razonamiento que no solamente nos informan sobre la escuela, los docentes y la formación del profesorado, sino que, además, construyen su significado a través de las distinciones que ordenan y definen los objetos de la propia escuela; regulan qué tipo de discurso educativo es posible, quiénes pueden considerarse interlocutores serios y autorizados, y cómo han de construirse el deseo, las aspiraciones y la cognición (Popkewitz, 1994b).”

 

Así finaliza su reflexión la investigadora española: “Este breve examen de las representaciones del cambio educativo pone de manifiesto que las dinámicas de innovación tienen una cualidad densa que es difícil capturar. Las percepciones y las imágenes del cambio son usadas por diferentes grupos sociales para tratar de hacer comprensibles las innovaciones según sus propios términos y legitimar formas específicas de avance social. Es necesario aplicar la cautela y la reflexión en el uso y propagación de imágenes y percepciones del cambio educativo. Como puede advertirse, tras el análisis realizado tanto la percepción de recurrencia como la de vulnerabilidad, tienen una clara base sociopolítica y proyectan formas de entender y actuar en educación que revelan los límites y las posibilidades entre las que se ha ido configurado el saber sobre el cambio educativo y los anhelos y frustraciones de las personas que lo han imaginado y desplegado. La sensación de repetición es fruto del conflicto de valores entre grupos sociales y políticos en litigio y, para desenmascararla, conviene situar las propuestas de cambio en el contexto particular en el que aparentemente resurgen y relacionarlas con líneas de desarrollo institucional más persistentes. La noción de ruptura nos habla del desenvolvimiento desigual y, a la vez, interrelacionado de las transformaciones y constituye una llamada de atención muy fértil respecto de la creación de imágenes del cambio educativo que reten la inevitabilidad que subyace en la persistencia hegemónica de la imagen del cambio educativo como ciclos. Con respecto a la vulnerabilidad de los esfuerzos de mejora, parece que resulta ser más “intencional” de lo que cabría suponer, porque está ligada a la estabilidad de la propia sociedad y al mantenimiento de las relaciones de poder.”

 

Dejo hasta aquí esta serie de reflexiones, que tienen la intención de argumentar porque la presente administración federal en México (2018-2024), en materia de educación, no podrá llevar a cabo fácilmente las transformaciones -retóricamente anunciadas hace unos días- en el sistema educativo nacional (ni estatales), en términos de “equidad” y “calidad” (o “excelencia”), puesto que éstos se encuentran, como todo el “Reformismo Educativo”, en plena crisis.

 

(1) Rodríguez R., M. (2000). Las representaciones del cambio educativo. Revista Electrónica de Investigación Educativa, en: http://redie.uabc.mx/vol2no2/contenido-romero.html También recomiendo la lectura de su libro: Metamorfosis del Cambio Educativo (2003). Editorial Akal. Madrid.

(2) Ideas desarrolladas por Popkewitz, T.S. (1994). Sociología política de las reformas educativas. Madrid: Morata.

(3) Se refiere al texto de Tyack, D. y Cuban, L. (1995). Tinkering toward utopia. Cambridge, Ma: Harvard University Press.

 

Fuente del Artículo:

https://www.sdpnoticias.com/nacional/2019/01/07/la-crisis-del-reformismo-educativo

ove/mahv

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La “nueva reforma” y derechos profesionales docentes.

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En menos de un mes, la Cámara de Diputados discutirá la iniciativa que busca reformar el artículo 3º constitucional. El presidente López Obrador caracterizó la presentación de dicha iniciativa como un compromiso cumplido con los maestros, pero ¿es ésta la respuesta a sus inquietudes? ¿Garantizará a los docentes sus derechos como profesionales del aprendizaje y agentes de cambio educativos?

Un gran acierto de la iniciativa es la propuesta de reconocer, desde la Constitución, el papel fundamental de los maestros como agentes sociales transformadores; un reconocimiento que ha tardado mucho en llegar, pero que es todavía insuficiente en el planteamiento actual.

Paraque la propuesta represente un avance, debe asegurar a cada docente la posibilidad de una trayectoria profesional que promueva su derecho a aprender (así como el de sus estudiantes).

Esto implica, desde la Constitución, garantizar sus derechos profesionales: perfiles claros y públicos, formación inicial y continua de acuerdo con su contexto y sus necesidades, y procesos de selección para el ingreso y promoción justos y equitativos.

La iniciativa sí establece el derecho de los docentes a acceder a un sistema permanente de actualización y formación continua. Sin embargo, la redacción sólo contempla el acceso a la formación, sin establecer la obligación del Estado de garantizar la pertinencia o relevancia de la misma.

Adicionalmente, la fracción III del artículo 3º vigente establece que el ingreso al servicio docente así como la promoción sólo se puede hacer por medio de concursos de oposición.

Alborrar dicha fracción, y no establecer un proceso alternativo, los docentes perderían certeza sobre cómo entrar a su profesión y promoverse dentro de ella.

Asimismo, de ser aprobada la iniciativa, se borraría al día siguiente de su publicación, la Ley General de Servicio Profesional Docente (LGSPD) que establece los perfiles docentes que deben guiar la formación inicial y continua, las características de los concursos de ingreso y promoción, el derecho de los docentes de nuevo ingreso al acompañamiento de un tutor, y el Servicio de Asistencia Técnica a las Escuelas (SATE).

Es cierto que no se han logrado implementar efectivamente estos elementos de apoyo a la vida profesional de todos los maestros, pero si se aprueba la iniciativa en su forma actual, los docentes perderían su derecho a exigir al Estado que cumpla con ellos.

Desaparecería la posibilidad de ir al tribunal y denunciar irregularidades en los procesos de promoción, de ampararse contra el uso discrecional de las plazas docentes, de demandar una formación o acompañamiento adecuado. Los legisladores se encuentran frente a una oportunidad de gran relevancia para el país. Esperamos que aseguren que cualquier reforma constitucional represente un avance para el ejercicio de los derechos profesionales de los docentes, y con ellos, de las niñas, niños y jóvenes en México.

Artículo publicado en El Heraldo de México.

Fuente: https://profelandia.com/la-nueva-reforma-y-derechos-profesionales-docentes/

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