Salarios

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Apreciaciones sobre economía y el derecho a la educación en Venezuela

Rose Mary Hernández Román Deja un comentario

Rose Mary Hernández Román

rosemhernandezr@gmail.com

Año: 2020

Resumen

La educación venezolana es objeto de análisis desde apreciaciones  económicas. En los últimos tres años, no hay cifras oficiales sobre los niveles de inflación nacional, empero, organismos independientes y especializados en el tema concuerdan que, se entró en un periodo hiperinflacionario desde octubre del 2017 a la fecha de 20220 debido que la variación precios intermensual que supera el 50%. Ante esta situación, se ha visto como l@s venezolan@s asalariad@s y trabajadores viene perdiendo la capacidad adquisitiva de una manera acelerada, impidiendo que las familias puedan cubrir las necesidades básicas del hogar y con ello se suprimen otros derechos, como el de la educación, conquistado por luchas y exigencias sociales ante los gobiernos correspondientes. Este es un trabajo académico que presenta apreciaciones sobre economía y el derecho a la educación. Ha girado en torno a una inquietud inicial: ¿Cuáles son los aspectos económicos que influyen en el derecho a la educación venezolana? Se encuentra construido  a partir de la  revisión bibliográfica y materiales en línea que guardan relación con el mismo, lo que permitió desarrollar seis subtítulos. Como punto final, se inserta una reflexión que se deriva de lo expuesto, problemática estructural, la drástica reducción del poder adquisitivo de las familias trabajadoras, que a su vez genera una serie de problemas sociales consecuentes.

Palabras clave: Economía, Educación, Salarios.

Appreciations on the economy and the right to education in Venezuela

Summary


Venezuelan education is analyzed from economic perspectives. In the last three years, there are no official figures on national inflation levels, however, independent organizations specialized in the subject agree that a hyperinflationary period was entered from October 2017 to the date of 20220 due to the inter-monthly variation in prices. which exceeds 50%. Faced with this situation, it has been seen how Venezuelan wage earners and workers are losing purchasing power at an accelerated rate, preventing families from being able to cover the basic needs of the home and with this other rights are suppressed, such as that of education, conquered by struggles and social demands before the corresponding governments. This is an academic work that presents insights on economics and the right to education. It has revolved around an initial concern: What are the economic aspects that influence the right to Venezuelan education? It is built from the bibliographic review and online materials that are related to it, which allowed the development of six subtitles. As a final point, a reflection is inserted that derives from the above, structural problem, the drastic reduction in the purchasing power of working families, which in turn generates a series of consequent social problems. Keywords: Economy, Education, Salaries.

Introducción

Los derechos humanos nacen en primera generación durante los siglos XVII y XVIII. Son producto de observaciones donde se reconoce que hay ciertas cosas que los gobernantes no deberían poder hacer y que el pueblo debe tener cierta influencia en las políticas que les afectan. Los mismos son considerados de orden civil y político, con dos ideas centrales: libertad y protección a los individuos contra los abusos cometidos por el estado.

Posteriormente a la Primera Guerra Mundial y sus consecuencias, las ciudadanías mediante demandas y exigencias por la dignidad de la persona, exigieron algo más que la mínima protección a la vida y a la libertad, que se vulneraba por los gobiernos, por lo cual Estados Nacionales comenzaron a reconocer que, los Derechos Humanos de Primera Generación debían ampliarse, dando espacio a la Segunda Generación, siendo estos Derechos económicos, sociales y culturales, teniendo como objetivo fundamental garantizar la prosperidad económica, el acceso al empleo, la educación y a la cultura, de tal forma que asegure el progreso de los seres humanos y con ello, de los pueblos. La vigencia de estos derechos se encuentra condicionada a las posibilidades o intenciones reales de gobernantes de cada país, de allí que la capacidad para lograr la realización de los mismos varía de un país a otro

En el contexto nacional, el derecho a la Educación, ha estado consagrado desde la Constitución de Venezuela (1961) y ahora en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), concebido como un Derecho Humano y un deber social, de carácter humanístico. Sin embargo, su satisfacción depende de la posibilidad de ejercer otros derechos colaterales que son garantía de su cumplimiento, por lo que, las agresiones económicas externas de las cuales nuestro país es víctima, así como políticas públicas internas, han resultado negativas, desfavorables para alcanzar a plenitud el estudio y, sigue siendo una solicitud y necesidad de  reconquistar por todos quienes injustamente no gozan de los beneficios que proporciona la cultura en las sociedades moderas a sus ciudadanos.

Es así entonces como se escribe este trabajo académico, desarrollado desde la temática: Apreciaciones sobre economía y el derecho a la educación en Venezuela, puntualizando la siguiente inquietud: ¿Cuáles son los aspectos económicos que influyen en el derecho a la educación venezolana?. Esta contemplación conllevó a como objetivo general el reseñar los aspectos económicos que influyen en el derecho a la educación venezolana.

Es de hacer notar que, la relevancia de este documento se enmarca en la comprensión de la situación económica y su incidencia en la garantía del derecho a la educación. Situación que nos lleva a una exclusión social y compromete el correcto desenvolvimiento como personas y de la sociedad. Al mismo tiempo, presenta datos que revelan la depreciación que ha sufrido el salario de les educadores y trabajadores en Venezuela en los últimos años, lo cual indica la persistencia de uno de los factores que generan altos niveles de insatisfacción en el sector educativo venezolano.

Metodología

Su abordaje se hizo teniendo en cuenta la definición de estudio bibliográfico documental, entendido por Arias (2006), como «la revisión de material escrito existente   sobre el tema a estudiar, lo cual incluye la selección de fuentes de información» (p.15), por tanto, se realizó un recorrido de algunas bibliografías y documentos en líneas en consulta y, que fueron necesarios para comprender lo que acontece a nivel nacional en cuanto al derecho a la Educación. En relación a su estructura, ésta refiere seis (06) aspectos tratados: definición de derechos humanos, derecho a la educación como un derecho humano universal, situación económica venezolana desde decisiones internacionales y nacionales, acceso a los bienes y servicios desde la posibilidad del salario de les docentes universitarios como parte de la clase trabajadora venezolana, riesgo de la educación venezolana en tiempo de pandemia con salario deprimido y reflexión final del estudio desde las consideraciones de lo planteado.

Discusión de elementos

Definición de derechos humanos

El concepto de derechos humanos está directamente relacionado a la situación del individuo frente al Estado, aquello que Nikken (2006) establece como: “la dignidad de persona frente al Estado” (p.7), es decir, estamos en el concepto que permite establecer un marco límite de actuación del Estado frente al ser humano, el cual tiene por el solo hecho de serlo, derechos que le son inherentes, derechos que le permiten la búsqueda de una vida digna.

Desde esa perspectiva, los derechos humanos han significado un importante cambio de paradigma en las relaciones de poder entre actores sociales y Estado y entre los pueblos de la región y del mundo.  Su conquista está establecida en leyes e instrumentos internacionales, producto de luchas sociales organizadas que se reiteran y mantienen a través del tiempo en contextos  del mundo. El cumplimiento de estos logros significa una garantía legal para asegurar la plena inclusión, equidad social, educativa, política y cultural de todos les niñas, niños, hombres y mujeres a la dinámica cotidiana de una sociedad.

Sin embargo, a pesar de todos los movimientos generados a favor de los derechos humanos y, de pronunciamientos de líderes, lideresas y particulares, estas obligaciones jurídicas no siempre han sido honradas por autoridades o representantes de gobiernos en América Latina, quienes irrumpen el deber de respetarlos, interfiriendo en su disfrute, o limitándolos.

Derecho a la educación como un derecho humano universal

Los derechos humanos son agendas centrales de la misión de Organismos Internacionales (OI), que existen más allá de las fronteras del Estado, con reconocimiento legal porque están sujetas al derecho internacional y, que buscan la integración y cooperación en todas sus dimensiones: económica, política y social.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), expresa que: “la  Educación, está indisolublemente ligado a la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) y a muchos otros instrumentos internacionales en derechos humanos” (s/p). Agrega además que, el derecho a la educación “es uno de los principios rectores que respalda la Agenda Mundial Educación 2030, así como el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4), adoptado por la comunidad internacional” (s/p). El mismo está basado en los derechos humanos y tiene el propósito de garantizar el disfrute pleno del derecho a la educación como catalizador para lograr un desarrollo sostenible, así lo refiere.

De la mano de estas declaraciones, desde los Estados en democracia se han creado leyes y normativas donde se considera la Educación como un Derecho, con operación jurídica, sin embargo, está todavía pendiente de alguna manera que esto pase por una vinculación como derecho fundamental social que permita que en realidad la dignidad del ser humano, principio, raíz y centro del Derecho.

En Venezuela, el derecho a la educación ha estado consagrado en la Constitución de 1961 y ahora en la Carta Magna (1999), en el Capítulo VI de los Derechos Culturales y Educativos.

Al respecto refiere:

Artículo 102: La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria. El Estado la asumirá como función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades, y como instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad…

Artículo 103: Toda persona tiene derecho a una educación integral de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. La educación es obligatoria en todos sus niveles, desde el maternal hasta el nivel medio diversificado. La impartida en las instituciones del Estado es gratuita hasta el pregrado universitario. A tal fin, el Estado realizará una inversión prioritaria, de conformidad con las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas…

Si bien es cierto el Sistema Educativo Venezolano siempre ha estado impulsando cambios y atendiendo a los acuerdos internacionales en materia educativa, la realidad en este sector no presenta resultados alentadores. En el marco de la presentación de la Encuesta Sistema Escolar Venezuela 2019, realizada por la Asociación Civil con la Escuela, se revelaron causas del debilitamiento del sistema de educación público en donde se destaca que: “la disminución económica, el desplazamiento como la migración del venezolano afecta significativamente la matrícula escolar” P.1). Aunado a esto, el deterioro significativo del transporte público, alto costo de los uniformes, y útiles escolares, como la falta de alimentos, agua y luz, son también motivos del abandono de las escuelas por parte de los niños y adolescentes, e incluyendo de sus maestras, maestros y profesorado. No se trata solo de brindar acceso para que las personas ingresen al sistema educativo nacional, es necesario que el Estado provea a las, los y les estudiantes, así como a sus formadores, todo lo necesario para mantenerse dentro del sistema: escuelas confortables, docentes preparados en todas las áreas y disciplinas del conocimiento, alimentos, ropa, bibliotecas escolares y de aulas dotadas, acceso al internet a fin de garantizar el uso de las nuevas tecnologías, transporte, atención médica y psicológica, así como brindarles actividades deportivas, recreativas, culturales, entre otros.

En el país, es del conocimiento público que, el abandono o retiro en la continuidad escolar y universitaria dentro de la educación pública se debe, en la mayor medida, a que quienes estudian no les pueden o pueden por cuenta propia cubrir los gastos que implica permanecer en el sistema dada la precaria situación económica con las que se vive a diario.

Esta realidad no escapa en les educadores, quienes como trabajadores de la administración pública no son favorecides en el tema de remuneración laboral, por el contrario, algunas conquistas alcanzadas en sus convenciones colectivas de trabajo han sido suprimidas mediante decisiones ministeriales, agudizando la problemática del contexto, tal como aconteció en agosto 2018, cuando el Poder Ejecutivo venezolano hizo público el Programa de Recuperación Económica, Crecimiento y Prosperidad, que consistió en un conjunto de medidas de política destinadas a estabilizar la inflación y retomar la senda de crecimiento de la economía.

No obstante, expresó la  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2018) que:

Algunas de las medidas contenidas en el programa fueron la reconversión monetaria (se introdujo el bolívar soberano, que equivale a 100.000 bolívares fuertes y sustituye a esta moneda), el aumento del precio de los servicios públicos (electricidad, transporte y telefonía) y el ajuste al alza del precio de la gasolina. (s/p)

Desde estas perspectivas, el centro del debate de este escenario se ubica en dos ángulos necesarios de considerar: sanciones económicas impuestas por el Imperio Norteamericano al país y decisiones en política pública que no se corresponden con la realidad, exigencias y necesidades de quienes laboran en el sector educativo. Por tanto, las inequidades sociales en el acceso a la educación todavía son inaceptables y sigue ampliándose en el siguiente segmento.

Situación económica venezolana: agresiones internacionales y políticas nacionales  

Actualmente, Venezuela como país, sufre graves problemas políticos, económicos y sociales producto de una polarización y que, marcadamente se han ido deteriorando a lo largo de los últimos años.

Una de las situaciones que han marcado el caos económico nacional son las sanciones económicas impuestas desde la Unión Europea y Norteamérica. Las primeras sanciones de Estados Unidos contra Venezuela se remontan a 2006, en el gobierno de George W. Bush, cuando la Secretaría de Estado acusó al país petrolero de no aportar sus máximos esfuerzos para combatir el terrorismo. Luego de eso, Estados Unidos limitó el comercio de armas estadounidenses para Venezuela.

Luego, en tiempos en el cual Barack Obama ocupó la Oficina Oval (2015), ordenó un nuevo paquete de sanciones, a través de la orden presidencial 13692, donde se señaló a Venezuela como una «amenaza extraordinaria para la seguridad nacional y para la política exterior de Estados Unidos». Tras esta declaración, Estados Unidos congeló los bienes y las cuentas de siete oficiales militares venezolanos, les prohibió entrar a Estados Unidos y hacer negocios con ciudadanos de ese país. Obama privilegió las sanciones individuales, que tienen consecuencias directas e inmediatas para personas y no afectan a la población en general.

Aunque fue un paso más en el distanciamiento que ha caracterizado la relación entre los dos países, a medida que aumenta el deterioro de la economía venezolana y con la llegada de Donald Trump a la presidencia estadounidense, las sanciones tomadas por desde su gobierno (2018), unilateral o multilateralmente, han sido con el objetivo de bloquear y limitar la actividad comercial del gobierno venezolano. Por tanto, uno de los blancos ha sido principalmente, la industria petrolera, por ser esta una de la principal fuente de ingresos para la economía venezolana.

Para el economista Sutherland (2020), “el año 2019 empezó con el peor trimestre en la historia económica del país, según el Banco Central de Venezuela, la economía bajó -24%” (s/p). En su estadística ofrece que, en el quinquenio dado entre los años 2013 y 2018, la economía había perdido casi 50%, el Producto Interno Bruto cayó 6% más, llevándolo a 30%, diríamos que la economía desde el 2013 ha perdido cerca de 68 puntos. Un -68% del PIB nos convierte en la novena crisis más importante en la historia económica mundial de los últimos 70 años. Reseña el citado autor que, en el país el dinero fue “prácticamente destruido” al señalar que en 2011 había 47 mil millones de dólares en circulación y en 2020 se redujo a 485 millones de dólares.

En ese mismo orden de ideas de la economía, hay un elemento a considerar que se refiere al tema de políticas sociales, las cuales sirven para establecer el salario mínimo, hacer mediciones de pobreza, planificar el otorgamiento de subsidios al consumidor y la seguridad alimentaria, razón por la que entonces se deben referir dos fechas, las cuales muestran variaciones y depresiones del ingreso mínimo mensual de los trabajadores de la administración pública y con ello el riesgo de poder acceder a la educación aun siendo ésta pública y gratuita, pero que de alguna manera implica para las y los estudiantes y sus madres, padres o representantes, maestras, maestros y profesores, gastos como alimentación, formas de traslado, vestuarios, calzados, útiles escolares, entre otros.

Haciendo entonces una comparación, se tiene que, para el año 2001, según Gaceta Oficial Extraordinaria  Nº 37.250 el salario mínimo era de  Bs. 158.400 y el cesta ticket se correspondió con Bs. 145 200, para un total mensual de  Bs.303.600,00 y que según moneda Venezuela (2019), a la fecha de emisión del señalado decreto, el valor del dólar  estaba en Bs. 727,00, entonces se tiene un cálculo de 421,73 dólares al mes.

Ahora, el 27 de abril 2020, según Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.532, fue publicado el Decreto N° 4.193 de la Presidencia de la República, mediante el cual se incrementa el ingreso mínimo nacional mensual obligatorio en todo el territorio nacional, para los trabajadores que presten sus servicios en los sectores públicos y privados, que entra en vigencia partir del 1° de mayo de 2020. En el mismo se establece el salario mínimo en Bs.400.000,00  al igual que el valor del cesta ticket Bs. 400.000,00 lo cual suma un total de Bs.800.000, 00 y, con una tasa de cambio oficial  del dólar que para esa fecha  estaba ubicada en 171.072,85 y una tasa paralela 195.637,81.

Esto equivalió entonces a un salario mínimo más cesta ticket calculado en   2,34  dólares para cada valor, arrojando así una sumatoria de 4,68 dólares en total mensual, posicionándonos en el último lugar del continente en materia económica, tal como se muestra en la siguiente tabla N-1

Tabla N. 1 Posición del salario venezolano a nivel continental

Países de América Latina según su salario mínimo mensual en 2020
País Salario mínimo mensual
(en dólares, a tasa oficial)		 Salario mínimo mensual
(en moneda local)
 Argentina 233 $ 16 875 pesos argentinos 49​
 Bolivia 308 Bs 2122 bolivianos50​
 Brasil 196 R$ 1045 reales51​
 Chile 421 $ 320 500 pesos chilenos52​
 Colombia 233 $ 877 803 pesos colombianosN. 1​53​
 Costa Rica 542 ₡ 316 964,69 colonesN. 2​55​
 Cuba 15 $ 400 pesos cubanos56​
 Ecuador 400 $ 400 dólaresN. 3​57​
 El Salvador 203 $ 202,88 dólaresN. 4​58​
 Guatemala 388 Q. 2992,37 quetzalesN. 5​59​
 Haití 59 G 6539,58 gourdesN. 6​60​
 Honduras 272 L 6762,70 lempirasN. 7​61​
 México 165 $ 3747,94 pesos mexicanosN. 8​62​
 Nicaragua 124 C$ 4286,33 córdobas63​
 Panamá 268 B/. 268,46 balboas panameñosN. 9​65​
 Paraguay 317 ₲ 2 192 839 guaraníes66​
 Perú 262 S/ 930 soles67​
 República Dominicana 183 RD$ 10 729 pesos dominicanosN. 10​68​
 Uruguay 383 $ 16 300 pesos uruguayos69​
 Venezuela 2 Bs. 400 000 bolívares70​71​

 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Salario_m%C3%ADnimo_en_Venezuela (2020)

 

Acceso a los bienes y servicios desde la posibilidad del salario de les docentes universitarios como parte de la clase trabajadora venezolana

El derecho laboral venezolano, tal y como se le conoce contemporáneamente, nace a partir de la promulgación de la primera Ley del Trabajo del 23 de julio de 1928, que permitió superar las disposiciones del Código Civil sobre arrendamiento de servicios que regía las relaciones laborales, y se afianza con la promulgación de la Ley del Trabajo del 16 de julio de 1936, que estableció un conjunto sustantivo de normas para regular los derechos y obligaciones derivados del hecho social del trabajo.

A partir de este momento, la evolución de la legislación laboral venezolana ha discurrido en forma paralela con la historia de las luchas sociales de los trabajadores y de las trabajadoras de Venezuela, produciéndose una relación de mutua influencia que ha legado importantes páginas a la historia contemporánea del país.

Es innegable que en el país, dadas las realidades económicas descritas en el anterior segmento, se notan retrocesos en cuanto a acceso de la clase trabajadora venezolana a los bienes y servicios. Un ejemplo claro de esta situación es lo emitido por el Banco Central de Venezuela (BCV, 2020), donde da a conocer la cifra de inflación del año 2019, la cual se situó en 9.585,50%. Esta cifra equivale a 2.211,1 puntos porcentuales por encima de la reportada por la Asamblea Nacional, quienes la ubicaron en 7.374,4%; pero 120.474,7 puntos por debajo de la inflación acumulada al final del año 2018, según analistas de la materia económica, la cual se ubicó en 130.060,2%, de acuerdo a los datos suministrados por el instituto emisor.

De acuerdo con los datos del BCV, los servicios de vivienda, sin incluir la telefonía se incrementaron 22.045,50% en el año 2019, mientras que los de salud el 17.872,40%. Mientras que los servicios de transporte se incrementaron 13.032,60% y los alimentos y bebidas no alcohólicas 7.981,40%, entretanto el renglón de Bebidas Alcohólicas y Tabaco, se incrementó 8.915% en 2019, según el reporte del BCV. En la medición, el BCV no incluyó los precios de vestido y calzado; equipamiento del hogar ni educación.

Por otro lado, según los datos que maneja la Asamblea Nacional en su medición de la Inflación de 2019, destaca un incremento por rubros: Alimentos y bebidas, 45,5%, vestimenta y calzado 39,0%, hoteles y servicios 60,2% y bienes y servicios diversos 62,8%.

Este tema sigue siendo desalentador en cuanto a que, el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FMV) informó que: en junio de 2020, la canasta básica alimentaria se ubicó en Bs. US$269 y el salario mínimo compró 0,71% y se estima que, para julio del presente año que la misma podría haber quedado ubicada en más de US$ $400, lo que muestra una proyección igual o más crítica para  el mes de agosto en curso, teniendo en cuenta lo anclado de los sueldos y salarios, así como la subida del dólar, moneda en la cual actualmente se cotizan las compras venezolanas. (s/p)

Si se comparan estos datos con lo que se percibe como remuneración en el sector universitario, la tabla de pago vigente desde el mes de mayo 2020, muestra que, un docente titular de dedicación exclusiva, máximo escalafón en la clasificación y, que requiere de estudio de quinto nivel, doctorado, le corresponde un salario de Bs. 2.120.750,73. Este valor salarial se encuentra en depresión diaria, debido al alza constante de la divisa como moneda de referencia, comportamiento que refleja una híper-inflación, entre otras cosas, el deterioro de las posibilidades de compras o de adquisición de alimentos, bienes o pagos de servicios. A la fecha de esta construcción escrita, el máximo salario del profesor universitario no supera los 10 dólares mensuales en el mejor de los casos.

A continuación, se presenta la Tabla N.2.

Fuente: Federación de Trabajadores Universitarios, Área Docente (2020)

Bajo estas condiciones salariales el trabajador universitario y su entorno familiar quedan excluidos de una alimentación adecuada, salud, vestido, vivienda e imposibilitándolo de brindarle a sus hijas, hijos, acceso a medios tecnológicos, conectividad a internet y materiales educativos, transporte entre otros.

Riesgo del retorno a la educación presencial venezolana en tiempo de pandemia con salario deprimido

En el contexto de la pandemia del COVID-19, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) se preocupa por la deserción escolar. Oficinas de la agencia en América Latina refieren que “las dificultades económicas de las familias y las fallas de conexión a Internet, son factores que influyen primordialmente en que niños y adolescentes abandonen la escuela”.

En Venezuela, en Gaceta Oficial Extraordinaria N°6.519 con fecha 13 de marzo 2020, fue publicado el Decreto N° 4.160 de la Presidencia de la República, mediante el cual se decreta el Estado de Alarma en todo el Territorio Nacional, dadas las circunstancias de orden social que ponen gravemente en riesgo la salud pública y la seguridad de los ciudadanos y las ciudadanas habitantes de la República Bolivariana, a fin de que el Ejecutivo Nacional adopte las medidas urgentes, efectivas y necesarias, de protección y preservación de la salud de la población venezolana, a fin de mitigar y erradicar los riesgos de epidemia relacionados con el coronavirus (COVID-19) y sus posibles cepas, garantizando la atención oportuna, eficaz y eficiente de los casos que se originen, razón por la cual, los ministros Aristóbulo Iztúriz y César Trómpiz, (Educación y de Educación Universitaria respectivamente), deciden la suspensión de las clases presenciales en todos los niveles y modalidades en el país.

Como una medida próxima para darle continuidad a las clases y al año escolar en curso, así como semestres universitarios se implementaron los programas de Educación a Distancia: “Cada familia una escuela”, y “Plan Universidad en casa”. Al igual que cualquier otro programa de educación a distancia, los principales requerimientos son de carácter tecnológicos, como las computadoras con multimedia, tablet, teléfonos de alta gama, internet, televisión y servicios básicos para garantizar la conectividad y así la comunicación entre les estudiantes, maestras, maestros, y profesores.

No obstante, la realidad que se ha sobre-puesto en cada familia es de alarma ante la depresión salarial vivida en los últimos años y la hiperinflación descrita en segmentos anteriores dentro de este estudio. Antes de la pandemia por el COVID_19, les trabajadores venezolanos, quienes son los mismos padres de familia, maestras, maestros y profesores, otres, se han visto en la obligación de asumir otros asuntos, oficios o rutinas de trabajo para poder paliar la situación de contar con un pago por su jornada de trabajo mensual que apenas permite un día de comida, dejándolos desprovisto el resto del mes o cualquier situación que pueda acontecer como pagos de servicios, compra de medicinas, transporte, calzados, vestimenta o recreación.

Es decir, la deformación estructural de la economía; ha originado que profesionales migren o se reorienten en el comercio informal o economía irregular y, que mantengan dos o tres trabajos al día o entre semanas, creando una excesiva carga en sus agendas de trabajo. Se trata de las madres y padres de les niñez y juventudes, maestras, maestros y profesores, quienes luego de asistir a sus trabajos principales, se incorporan a cumplir con otras responsabilidades para poder mantenerles a les niñez y juventudes en el sistema escolar y, que en pandemia dado el confinamiento esto ya no es posible de continuar llevando adelante, por lo que persiste el riesgo para cubrir necesidades básicas en el hogar.

En igual orden de ideas, el ausentismo escolar se ha agudizado cada día más en las escuelas públicas de Venezuela, especialmente en los hogares de bajos recursos. Los padres de los menores ya preferían dejarlos en casa y no enviarlos a estudiar ante la falta de alimentos. Así mismo, ya no solo se ven jóvenes de entre 13 y 17 años trabajando en la calle, hay niños de 6 años con sus hermanitos más pequeños y adolescentes de 15 con bebés en brazos.

Según Freites (2018), los datos ofrecidos por la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI, 2018) en cuanto a la cobertura educativa son poco alentadores, ya que la deserción escolar en niños y jóvenes entre 3 y 24 años se ubicó en 30%, 8 puntos porcentuales por encima de los de 2014, cuando se inició el estudio. Los principales factores que impiden la asistencia a clases son la falta de alimentos en los hogares o planteles, el colapso del sistema de transporte y las fallas en servicios públicos como la dotación de agua, entre otros.

Enfatiza el Diario Las Américas (2019), que «debido a la crisis, 40% de los 370.000 maestros activos de Venezuela han abandonado las aulas desde principios de 2017, según cifras sindicales» (p3) . Muchos se cuentan entre los más de 4 millones de venezolanos que han emigrado en busca de una vida mejor.

De igual manera, según estudio de la firma More Consulting (2019), se ha producido una cadena incontenible de deterioro del poder adquisitivo del bolívar, en la que marchan paralelamente, con sus devastadores efectos, la inflación y la devaluación, por lo que: “Un 70 por ciento de los venezolanos debe trabajar horas extras o ejercer un oficio adicional a su empleo, para poder cubrir sus necesidades básicas”. (p/1).

En lo que va de ciclo escolar 2019-2020, los educadores se han visto obligados a realizar un sin número de jornadas nacionales de protestas, llegando inclusive a la paralizar sus actividades en algunas regiones del país. Según Bravo Jáuregui (PROVEA, 2020), las fallas en los servicios públicos, la falta de comida, dinero efectivo y transporte, dificultan la rutina escolar. Por consiguiente, la situación del derecho humano a la educación avanza en un lamentable declive constatado desde hace cinco años.

Algunos datos del resultado de la implementación de Educación a Distancia han sido aportados por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Universitaria, así como por el Centros Comunitarios de Aprendizaje (CECODAP), el Instituto de Investigaciones de la Comunicación (ININCO), la Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC), instituciones que describen el gran esfuerzo que realizaron a partir del 16 marzo de 2020 cuando se suspendieron las clases presenciales en todo el territorio. Aun así, reconocen que no pudieron llegar a toda su población estudiantil y, que con la educación a distancia se acentuaron las desigualdades entre los distintos niveles socioeconómicos.

Sin embargo, a la fecha de 30 de julio, donde se ha de cerrar el año escolar para lo que se corresponde con educación preescolar, básica, media, diversificada y técnica, los entes gubernamentales (ministerios de educación) no han ofrecido cifras oficiales de cuántos estudiantes habían dejado sus aulas, tampoco de cuántos estudiantes de pregrado universitario han logrado continuar con su formación, de manera especial en los que cursan programas y carreras de laboratorio o prácticas, como las ingenierías, o las carreras de salud.

Se alerta que, si no se implementan políticas para reducir estas brechas, se corre el riesgo de que los escolares enfrenten más frustraciones y terminen por dejar los estudios. Hasta ahora la referencia más cercana  a esta situación la ofreció la organización Fe y Alegría, que pertenece a la Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC). La directora del Programa Escuelas Noelbis Aguilar (2020), indicó que: “al cierre del año escolar el movimiento educativo logró atender a un 80% de sus 105.776 estudiantes”, quedando por fuera un 20%, lo que es aproximadamente unos 21.155 de niños, niñas y jóvenes que en esas instituciones se encuentran matriculadas y matriculados, cifra  alarmante que debe llamarnos la atención y que el gobierno nacional debe considerar dada la medida tomada  la de continuar  la educación a distancia el próximo periodo escolar teniendo en cuenta que aún estamos en una pandemia causada por el COVID 19 y que se ha vuelto más agresiva en el país.

Hoy, desde las consideraciones del Presidente de la República; “se evalúa retomar las clases presenciales para el mes de octubre de 2020” (s/p), cuando inicia el nuevo año académico en la nación. El plan aún no está definido con precisión, pero exhortó a quienes están encargados de los asuntos que tienen que ver con el sector educativo y la pandemia a que planteen propuestas.

Reflexión final sobre el retroceso en la educación en tiempo de pandemia por el COVID-19

Antes de la pandemia, producto de la realidad económica, salarial y social, que se vive en el país, ya se advertía una disminución de la matrícula escolar en todos los niveles, incluyendo la educación universitaria. Ahora, el confinamiento por COVID-19 resaltó entre otras cosas, los niveles de pobrezas, así como mostró las debilidades en las variables conexión, cobertura y disponibilidad de equipos, aspectos que han jugado en contra del derecho a la educación y,  podrían alejar a una buena cantidad de niñ@s de los que llamó “educación mediada por la tecnología”.

Hoy día,  en nuestro país, el gobierno presidencial a través de los ministros hace un llamado considerar el retorno presencial escolar en octubre 2020, empero, la mayoría de las instituciones educativas se encuentran en un deterioro producto de la desinversión, es alarmante la carencia de agua y baños o lavamanos, indispensables para prevención del COVID-19, así como como los productos de higiene domésticos de los carecen las instituciones educativas. El tema de transporte público también se encuentra en precariedad. No existen las suficientes unidades para garantizar el traslado guardando el distanciamiento físico, como tampoco ocurriría en los salones con dimensiones o medidas cortas.

Aunado a esta situación, el bajo salario de les trabajadores de la educación, comprimido en no más de 10 dólares en el mejor de los casos,  no permite adquirir kits con los equipos necesarios para no contagiarse con COVID-19. Quienes como docentes son madres y padres de familias, no cuentan con los recursos económicos para poder dotar a sus hijos de lo necesario. El retorno escolar presencial ante la pandemia no puede estar en vislumbrar una solución desde el plano de la utopía y el imaginario que sería regresar a las aulas sin el menor temor de virus y menos en precariedad salarial.

La realidad es que no están considerándose los recursos que garanticen que  se pueda satisfacer y/o cubrir otras necesidades de las familias que influyen en el derecho a la educación pública, laica, equitativa, presencial. La insuficiencia del salario mínimo es un elemento que no contribuye al ejercicio de la igualdad entre trabajadoras y trabajadores; tampoco permite protección desde una  vida digna para la niñez, las juventudes y personas adultas mayores, como son alimentación, transporte, vestidos, viviendas, medicinas, recreación.

 Es necesario una política de recuperación gradual y sostenida del poder adquisitivo de los salarios mínimos generales y profesionales, de tal manera que se asegure que, el monto del salario mínimo, aunado a las medidas de protección social, sea adecuado para que las trabajadoras y los trabajadores  y sus familias que perciben el equivalente, vivan dignamente, con pleno goce y disfrute de los derechos humanos.

Referencias  

Arias, F. (2006). El Proyecto de Investigación. Editorial Episteme

Diario Las Américas (2019). Situación de la docencia en Venezuela. https://www.diariolasamericas.com/contenidos/lo-ultimo.html%3Futm_source=quakmedia

Bravo Jáuregui, L. (2018). Memoria Educativa Venezolana, paso a paso, Nº 679 (17 al 23 febrero 2018). Caracas: Universidad Central de Venezuela, Facultad de Humanidades y Educación.

CEPAL (2018). Estudio Económico de América Latina 2018.  Documento disponible en línea: https://www.cepal.org/es/publicaciones/43964-estudio-economico-america-latina-caribe-2018-evolucion-la-inversion-america

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999). Gaceta Oficial Extraordinaria N° 36.860 de fecha 30 de diciembre de 1999. Caracas, Venezuela

Freites, A.  (2018). Condiciones de vida en Venezuela. Documento descargado en línea. Disponible en https://www.proyectoencovi.com/encovi-2018-encuesta-nacional-de-condiciones-de-vida-copy

Nikken, Pedro. (2006). La Garantía Internacional de los Derechos Humanos. Editorial Jurídica venezolana. Caracas. Venezuela.

More Consulting (2019). Los trabajos extras que deben hacer los venezolanos para sobrevivir a la crisis. Documento disponible en línea:  https://www.vozdeamerica.com/a/los-trabajos-extra-que-deben-hacer-los-venezolanos-para-sobrevivir-a-la-crisis/5144337.html

UNESCO (2018). El Derecho a la Educación.

 

 

 

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Argentina: El miércoles 26 el Ejecutivo presentará la primera propuesta salarial a los gremios

Noticias

América del Sur/Argentina/23-02-2020/Autor(a) y Fuente: www.diariodecuyo.com.ar

Luego de que ayer los gremios docentes de UDAP, UDA y AMET, el Ministerio de Educación y la cartera de Hacienda, llevaran adelante la primera reunión paritaria del año, las partes acordaron mantener un nuevo encuentro la semana que viene, el miércoles 26, fecha en la que la provincia presentará la primera propuesta salarial. La postergación se debe a que, tanto los representantes de los docentes como las autoridades locales, están a la espera del eventual acuerdo paritario nacional, que se espera ocurrirá el jueves en Buenos Aires o en la reunión que tendrán todos representantes provinciales y nacionales, el sábado en Mar del Plata. Según las partes, ese acuerdo será clave para conocer cuál será el piso salarial a implementar en todo el país, ya que se dejó de lado lo que estableció la administración macrista, que un docente no podría cobrar menos de un salario mínimo, vital y móvil, más el 20 por ciento. Además, Alberto Fernández y el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, vienen sosteniendo que el sueldo de los docentes no perderá frente a la inflación.

Tanto desde el sector docente como desde el Ejecutivo, representado por la ministra de Hacienda Marisa López y por el titular de Educación, Felipe De Los Ríos, coincidieron que la reunión fue satisfactoria, a pesar de que no se discutieron aumentos salariales.

De no haber cláusula gatillo, no se descarta aplicar instancias de revisión salarial.

Según López «no hemos hablado de ninguna variable en particular. Sólo hemos manifestado que las paritarias anteriores han tenido muy buen resultado, pero han sido muy costosas y que entendemos que la inflación no será tan alta este año. Además, que vamos tener que esperar a lo que se resuelva a nivel nacional para tomarlo como lineamiento».

Por su parte, De Los Ríos indicó que «de no presentarse una sugerencia o un acuerdo por parte de la Nación, la provincia va a hacer una propuesta el 26».

Desde UDAP, Luis Lucero dijo que «al no presentarse una propuesta salarial, la cláusula gatillo no está descartada, pero si entendemos que sería importante esperar a lo que se resuelva a nivel nacional, por eso pasamos a un cuarto intermedio para la semana que viene. Confiamos en la palabra de las autoridades nacionales, cuando plantean que el salario docente va a superar la inflación». En la misma línea se expresó Julio Roberto Rosa, de UDA; y Daniel Quiroga, de AMET.

53,8  Esa fue la suba de precios durante el 2019. Gracias a la cláusula gatillo, los docentes no perdieron frente a ese valor.

Actualización

26,8  Es el porcentaje que tuvo que actualizar el Gobierno en 2019 por la implementación de la cláusula gatillo.

Fuente e Imagen: https://www.diariodecuyo.com.ar/politica/El-miercoles-26-el-Ejecutivo-presentara-la-primera-propuesta-salarial-a-los-gremios-20200217-0104.html

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Pau Marí-Klose: “No es verdad lo de pobres pero felices”

Noticias

Redacción: Nueva Revista

Pau Marí-Klose es profesor de Sociología en la Universidad de Zaragoza y un experto en el estudio de la pobreza, lo que le abrió el camino para desempeñar el cargo de alto comisionado para la lucha contra la pobreza infantil (2018-2019). En la actualidad ejerce como diputado del PSOE por Zaragoza y preside la comisión de Exteriores del Congreso. Ayer disertó sobre La pobreza: algunos apuntes para la reflexión sobre su caracterización e implicaciones, en el marco del seminario sobre “Justicia social” organizado por Nueva Revista, que dirige el profesor Antonio Argandoña. [En el vídeo insertado a continuación se puede seguir la conferencia del profesor Marí-Klose].

 

Una percepción bastante común es considerar la pobreza  como “carencia de bienes materiales básicos para subsistir”, dijo Marí-Klose, tener que pasar “con menos de dos dólares al día”, pero visto así, “la pobreza estaría cerca de erradicarse en el mundo desarrollado”. Sin embargo, no se puede afirmar que no haya pobres en el primer mundo “si admitimos la definición de pobreza a la que a la que se abonan” los pensadores más destacados en este campo. Adam Smith la definía como “la imposibilidad de satisfacer necesidades de carácter natural o derivadas de la costumbre”. Karl Marx escribió que “nuestras necesidades y disfrutes surgen de la sociedad”, y puesto que son de naturaleza social, “son relativas”. Amartya Sen expone que los pobres son las personas a las que su situación social les priva de condiciones (recursos, bienes, ingresos) para desarrollar capacidades de funcionar con el fin de conseguir resultados valiosos. Amartya Sen subraya la libertad para vivir una vida que valga la pena (freedom to live a valued life). Para Anthony Atkinson, pobres son quienes hallan dificultades para “participar en las actividades cotidianas de la sociedad en que viven y que, a resultas de ello, no logran desarrollar las capacidades que tienen”.

A pesar del carácter relativo de la pobreza, la experiencia subjetiva de la pobreza es muy parecida en los distintos contextos sociales y culturales, como ha puesto de manifiesto Robert Walker, señaló el ponente. Se puede hablar de “tercer” mundo dentro del “primer” mundo, de Haití en Glasgow. Son comunes los sentimientos de degradación, vulnerabilidad e impotencia, la frustración porque no quedan satisfechas aspiraciones materiales, la baja autoestima porque se vive en condiciones inapropiadas, porque hay que pedir ayuda o endeudarse, porque no se desempeña el papel social como se debería (de marido o de padre, verbigracia) y porque se siente “haber fallado” a los seres más cercanos y queridos. Hay con frecuencia sentimiento de humillación (las víctimas de maltrato o explotación) y se experimenta vergüenza asociada al estigma de la pobreza: colas para intentar ser contratado, colas para pedir ayudas públicas… Ese estigma será diferente en Noruega que en otras partes, pero también se da en Noruega, dijo Marí-Klose. Por ejemplo, allí, los hijos de familias pobres pueden vivir en un piso de protección oficial, pero precisamente serán señalados por sus amigos más favorecidos justo por vivir en ese piso de protección oficial. En Afganistán, la vergüenza y el estigma pueden surgir de tener que hacer las necesidades íntimas (evacuación intestinal) en la calle.

Antonio Argandoña y Pau Marí-Klose. Foto: © Josema Visiers
Antonio Argandoña y Pau Marí-Klose. Foto: © Josema Visiers

La respuesta psicológica a la pobreza es el ocultamiento de la situación y el retirarse o apartarse de la vida social, lo que ahonda el aislamiento y la exclusión. Se produce el resentimiento hacia los otros (hacia el “sistema” y hacia otros pobres a los que se considera con “niveles menores de merecimiento”) y el fenómeno de utilizar “atajos cognitivos” para entender lo que sucede, como las explicaciones conspiranoides o las dinámicas incontrolables (la adicción al juego es un caso). Obsérvese del mismo modo la proliferación de casas de apuestas en los barrios pobres de ciudades.

Los daños sanitarios y cognitivos de la pobreza se traducen, según relató Marí-Klose, en malestar (las personas que ocupan posiciones más bajas en la escala social suelen valorar más negativamente su vida, se declaran más infelices y se muestran más pesimistas respecto al futuro), en desigualdad (la pobreza como la “causa de las causas de mala salud”) y en erosión de capacidades cognitivas. Los pobres se incapacitan progresivamente para tomar las decisiones adecuadas. Marí-Klose citó aquí los trabajos de Sendhil Mullainathan y Eldar Shafir. Mullainathan y Shafir han demostrado que tanto el dolor, como las preocupaciones, tristezas, ansiedades y enfados son mayores a medida que disminuye la renta. “No es verdad –destacó Marí-Klose– lo de ‘pobres pero felices’, no, bastante infelices”. 

Si la pobreza es mala, en la infancia todo se agrava. El hecho es tanto más duro porque los niños son inocentes, “no han hecho nada para merecer esa suerte”. Ya el tiempo perinatal, como consecuencia de la tensión en los hogares y del deterioro de la calidad de los estilos parentales, influye en que los niños pobres tengan una salud más precaria y hasta en que luego sean más obesos. Por la pobreza infantil apenas si se accede a la atención sanitaria y a los acompañamientos psicopedagógicos. Por la pobreza infantil se está más expuesto a condiciones y a episodios vitales desestabilizadores (hostigamiento en la escuela y en los entornos residenciales). Por la pobreza infantil se goza de menos “inversión familiar” en tiempo, dinero y calidad y se está más expuesto a efectos de concentración adversos, como la convivencia con otros pobres y personas marginadas, de tal manera que con frecuencia, más adelante, se aprende solo de compañeros que se dedican a actividades poco recomendables, como el narcotráfico.

Marí-Klose se manifestó a favor de una agenda de inversión centrada en la lucha contra la pobreza infantil por “una razón de justicia y equidad”. Se refirió al artículo 27 de la Convención de Derechos de la Infancia, a las especificidades de la condición infantil, a los efectos corrosivos de una mala infancia y al hecho de que con una infancia en la pobreza uno se incapacita sin culpa para saber lo que es el mérito y para que luego se recompense el mérito. No se entiende el “esfuerzo” si no se ha tendido una infancia normal. La inversión en infancia beneficia al conjunto de la sociedad. Combatir las desventajas en la infancia es la forma más efectiva de prevenir las consecuencias más dañinas de la desigualdad social, como la segmentación de la sociedad, el deterioro de la confianza social, la desorganización social y la violencia. Las desventajas sociales en la infancia tienen costes. Dañan la competitividad económica. El sistema se puede desmoronar económicamente. La legitimidad del sistema puede terminar siendo puesta en entredicho.

Marí-Close denunció los efectos perniciosos de una infancia en la desgracia aludiendo también a estudios de epigenética (correlación entre el nivel socioeconómico y el de desarrollo de ciertas regiones cerebrales asociadas con funciones ejecutivas básicas y capacidades lingüísticas). Las brechas cognitivas entre niños en situación de pobreza y niños que no lo están aparecen muy pronto y se incrementan aceleradamente si no se actúa enseguida. En España, por ejemplo, los estudiantes de entornos más desfavorecidos han repetido a los quince años 6,2 veces más que los de entornos acomodados. En la Unión Europea  “solo” 4 veces más.

Al ponente, en el turno de preguntas, se le pidió que desarrollara cómo luchar contra la pobreza. Y respondió que con políticas contra la desigualdad; con políticas contra la privación material y con políticas contra las consecuencias de la privación material, especialmente en la infancia. Marí-Klose mencionó medidas predistributivas y medidas redistributivas. “Hay una iniciativa que ha lanzado el Gobierno recientemente que con cautela puede tener efectos beneficiosos, el salario mínimo interprofesional”. Marí-Klose añadió: “Está la posibilidad de que a través de la negociación colectiva se consiga comprimir la estructura salarial, para impedir que determinados sueldos sean muchas veces mayores que el salario medio. Yo no pondría ningún tope a los salarios más altos, simplemente porque propician por otra parte capacidad recaudatoria para el Estado, que después se puede gastar de manera redistributiva.”

Pau Marí-Klose. Foto: © Josema Visiers
Pau Marí-Klose. Foto: © Josema Visiers

Pero más allá de eso, “es imperioso tomar cartas en el asunto de la escasa protección a los colectivos más desfavorecidos”. Dijo Marí-Klose: “En nuestro sistema de bienestar la mayoría de los beneficios están ligados a las contribuciones realizadas; y eso es una ventaja en términos de legitimidad del sistema a la que no se puede renunciar, pero el nivel de protección del que disfrutan las capas más bajas es mínimo, y la crisis lo ha puesto de manifiesto. En el momento en que ha faltado el empleo para ese colectivo, se ha hundido. No ha tenido acceso a protección social”.

Evidentemente hay “un problema de intensidad de empleo. Muchos colectivos, más que salarios bajos, que también, lo que tienen es un problema de vinculación frágil al mercado del trabajo. De todo el tiempo potencial que podrían trabajar, no consiguen trabajar más que una parte pequeña. Eso genera problemas tanto en términos de ingresos como en términos de adquisición de derechos sociales, sobre todo a la prestación de desempleo contributiva. En situaciones de crisis, muchos colectivos se han encontrado en la intemperie, y en ese sentido las propuestas de un ingreso mínimo vital son absolutamente necesarias para hacer de nuestro Estado de bienestar, un Estado de bienestar más distributivo. Yo impulsé las prestaciones por hijo a cargo, una renta para la infancia más pobre, que es muy rudimentaria en este país. Nuestra prestación por hijo a cargo resulta absolutamente ridícula en comparación con otros países, y no tienen ningún efecto de protección sobre la infancia. Somos el país de Europa con una capacidad más pequeña, a través de sus transferencias sociales, de reducir la pobreza infantil”.

Marí-Klose explicó: “La ayuda familiar en España fue ´la joya de la corona del Estado de bienestar franquista´. Desarrolló el famoso “salario familiar”, para complementar, en situaciones de privación económica, los escasos salarios. Estas políticas se han mirado con mucha suspicacia durante mucho tiempo. Fundamentalmente -y aquí entono un mea culpa– los partidos de la izquierda renunciamos a desarrollar las políticas de familia, muchas veces porque las asociamos, digamos, a unas concepciones de familias desvinculadas de nuestra tradición política. Y esto resulta paradójico. Mientras, los escandinavos, la izquierda, la socialdemocracia, estaban apostando por las políticas de ayuda a la familia, con otra fundamentación: posibilitar la emancipación de las mujeres y la igualación de los roles masculinos y femeninos. Pero el resultado final es que la grandes inversiones públicas que se realizan en Estados de bienestar del norte de Europa son inversiones en familia, inversiones por hijo a cargo, inversiones en escuelas infantiles que llegan a todos, también a las poblaciones más desfavorecidas, inversiones en actividades extraescolares, inversiones en cuidados a dependientes, etc. La familia se convirtió en el campo privilegiado de las políticas socialdemócratas en el norte de Europa, mientras que nosotros las desatendemos”.

El conferenciante denunció las “pocas rentas mínimas, pocas políticas de inclusión para los más desfavorecidos y pocas políticas de infancia. Hay ciertas políticas de familia, pero con un carácter muy poco equitativo, a través del IRPF: deducciones por los hijos, por familia numerosa, etc. Pero ese ´gasto oculto´ no es para las capas más desfavorecidas, que no reciben los beneficios fiscales. Los más desfavorecidos solo tienen la prestación por hijo a cargo, que resulta absolutamente insuficiente: era de 291 euros al año, cuando ciertos países en Europa la sitúan en doscientos y pico al mes. En marzo los subimos a 588, también insuficiente, muy por detrás de la media europea”.

Finalmente, a una pregunta sobre el papel de la educación para salir de la pobreza, Marí-Klose contestó que la educación puede reproducir las diferencias y mantenerlas, no corregirlas, si no se hace bien. “Hay determinadas intervenciones educativas que son clave para corregir las desigualdades, por ejemplo, la escuela infantil de uno a tres años, la estimulación cognitiva, que muchas veces no se produce en estas familias y que se puede producir en centros de educación infantil de calidad, con tasas adecuadas de tutores con niños a cargo, con cariño y delicadeza en la actividad, no como en los orfanatos que fundó Ceausescu en Rumanía, y que tanto hicieron sufrir a tantos niños. Las brechas cognitivas a los seis años están detrás del fracaso escolar a los 14, 15 o 16 años. Por eso las intervenciones en edades tempranas son las más efectivas, más equitativas y por lo tanto más eficientes. A los 12, 13 años, corregir ya es mucho más difícil.”

Fuente: https://www.nuevarevista.net/destacados/pau-mari-klose-no-es-verdad-lo-de-pobres-pero-felices/

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Libro(PDF): «El sindicalismo latinoamericano en los ochenta»

Reseñas

Reseña: CLACSO

Este libro reúne las ponencias presentadas al seminario: El Sindicalismo Latinoamericano en los 80, realizado en Santiago de Chile entre el 20 y 23 de mayo de 1985 por la Comisión de Movimientos Laborales de CLACSO. Esta publicación debe ser considerada, por tanto, como una suerte de Actas del Seminario, ya que incluye todos los trabajos allí expuestos, conservando sus distintos niveles de profundidad, elaboración y sistematización. Los debates del Seminario estuvieron marcados por el reconocimiento de la tensión entre dos problemáticas fundamentales que parecen atravesar hoy día al sindicalismo: el enfrentamiento de la crisis económica, expresada especialmente en los efectos de largo plazo que supone el endeudamiento externo, y los desafíos de redemocratización o consolidación democrática de los sistemas políticos, según se trate de procesos que se vinculan a las experiencias autoritarias-militares, o a sociedades en las cuales la democracia se ha obtenido e intenta mantenerse.

Autores (as): 

Francisco Zapata. Carlos Zubillaga. Samuel Valenzuela. Emilio Morgado Valenzuela. Gilda Farrel. Liliana De Riz. Marcelo Cavarozzi. Jorge Feldman. María Herminia Tavares. Laís Abramo. Guillermo Campero. René Cortázar. Rosa Albina Garavito E.. Martín Gargiulo. Héctor Lucena. René Antonio Mayorga. Roberto Laserna. Roque Aparecido da Silva. Marcia de Paula Leite. Helia Henríquez. Iván Valenzuela. Oscar Mac-Clure H.. Bjorn Feuer. María Elena Cruz D.. Arturo Sáez Chatterton. Jorge Parodi. Kenneth M. Coleman. HIlda Kogan. Alberto L. Bialakowsky. Cristina Micieli. [Autores y Autoras de Capítulo]

Editorial/Editor: CLACSO.

Año de publicación: 1986

País (es): Chile

Idioma: Español

ISBN: –

Descarga: El sindicalismo latinoamericano en los ochenta

Fuente e Imagen: https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/libro_detalle.php?orden=&id_libro=605&pageNum_rs_libros=130&totalRows_rs_libros=1362&orden=

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Jesús, profesor por 600 euros al mes: «La universidad no se podría sostener sin nosotros, pero tenemos que comer

Daniel Sánchez Caballero

Por: Daniel Sánchez Caballero

Jesús Antonio Zamanillo trabaja unas 30 horas semanales dando clase en la Universidad de Burgos por menos de 600 euros. Lleva así 13 años, con contratos de un curso de duración. Cada verano tiene que renovarlo. Como él está uno de cada cinco docentes en la universidad, aquellos que trabajan bajo un contrato de profesor asociado. «Somos precarios, pero la universidad no se podría sostener sin nosotros».

Que las universidades tienen un problema con sus plantillas es algo que ni se discute. Los profesores que están en el peldaño más precario, los asociados como Zamanillo, están sosteniendo la docencia. Con excepciones en algunos departamentos o universidades, los campus ya no se entienden sin ellos.

Sin un grupo de docentes que son el 20% de todos los profesores y casi la mitad de los contratados, un colectivo ya más numeroso que el de funcionarios titulares, a los que se considera el corazón de la enseñanza e investigación universitaria. Un grupo de docentes sosteniendo la enseñanza a razón de entre 300 y 600 euros al mes, en función de que den tres o seis horas semanales de clase (más otras tantas de tutoría). Algunos tienen otros empleos, es la idea del asociado. Pero todos están instalados en la precariedad en la universidad.

Para poner el salario de un asociado en contexto, hay que añadir que las propias universidades –al menos la de Valencia– establecen que cada hora de clase equivale a cinco de trabajo para el profesor. Bienvenidos a lo que Ramón Caballero, del CSIF, llama la «uberización» de la universidad. A cinco euros la hora de trabajo.

El Gobierno al menos es consciente del problema. Incluso se ha mostrado dispuesto a abordarlo. En los últimos meses ha estado moviendo entre sindicatos y otros grupos interesados un documento con el objetivo último de elaborar un Estatuto del Personal Docente e Investigador que regule la carrera (acceso, permanencia, promoción) y ponga un poco de orden en la Universidad. El Gobierno llega a plantear en ese texto «regularizar» a todos estos profesores.

Pero también los profesores universitarios son víctimas de la parálisis política del país. «El secretario general de Universidades nos explicó que es imposible desarrollar esto vía Real Decreto porque afecta a la Ley Orgánica de Universidades (LOU)», cuenta Caballero, «y el objetivo es hacer una ley nueva». Pero sin Congreso está complicada la tarea.

El Ministerio se muestra críptico. «Mientras se está en funciones, se focaliza en realizar las gestiones ordinarias. Cuando se constituya el Gobierno se adoptarán las iniciativas pertinentes», explican fuentes del Ministerio de Ciencia y Universidades cuando se pregunta por el Estatuto del PDI.

Es una cuestión económica

La situación actual es consecuencia de años de asfixia económica a las universidades durante la crisis –llegaron a perder 1.500 millones de euros en financiación– y la prohibición del Gobierno de que repusieran a los profesores que se jubilaban o que sacaran nuevas plazas.

Así, durante la última década, los rectores optaron por casi la única vía que les quedaba para cumplir con las necesidades docentes: contratar profesores bajo la figura del asociado. El problema es que este tipo de contrato se pensó para profesionales externos, con otro trabajo, que acudieran a la universidad a enseñar su experiencia laboral unas pocas horas a la semana. Como era más una cuestión de prestigio que laboral, están poco remunerados: se suponía que no tenía que ser su modo de vida.

«Esto viene por una mala gestión de las universidades», opina Jesús Antonio Zamanillo, profesor asociado en la Universidad de Burgos durante 13 años y miembro de la Plataforma Estatal de Profesores Asociados. «Cayeron en la tentación de ir a lo barato, pero han generado un problema estructural intentando tratar con temporalidad una situación permanente. Se contrata como asociados. Y los profesores tienen que comer, aunque sea poco. ¿Es responsabilidad del precario que acepta el contrato porque no le queda otra o de quién lo ofrece?», se pregunta.

«Aquí hay un conflicto legal. A mí la Universidad de Burgos me renueva cada año el contrato. Ya les he dicho formalmente que están en fraude de ley porque yo realmente tengo un contrato indefinido en el tiempo», explica este profesor. «Afortunadamente, los tribunales están dando la razón a los asociados».

Efectivamente, ya hay varios casos registrados en los que la justicia ha tumbado el despido de profesores asociados por considerar que estaban realizando una actividad «permanente y estructural».

En el documento que ha distribuido en las «mesas de trabajo», como las llama el ministerio, el Gobierno reconoce el problema cuando explica que «el modelo de PDI universitario incorpora otras figuras complementarias que responden a necesidades específicas del sistema (profesor asociado, sustituto interino y visitante), que exclusivamente deben dedicarse a suplir esas necesidades específicas».

¿Regulación selectiva?

¿Qué soluciones propone? Regularizar estas figuras. «El Ministerio (…) colaborará a través de un programa específico con las universidades para que aquellas que lo consideren adecuado puedan establecer una acción de regularización del profesorado asociado con dedicación fundamentalmente académica», se lee en el documento.

«Con dedicación fundamentalmente académica» hace alusión a los conocidos como falsos asociados. Esos profesores que no cumplen la exigencia de ser profesionales de prestigio en su campo laboral y que además dan clase. Son –casi todos los nuevos profesores asociados responden a este perfil– personas que se hicieron autónomas para poder ser asociados porque las universidades no andan preguntando a nadie si tiene otro trabajo o no.

«No me gusta esta división, todos somos asociados y nos une la precariedad», explica Zamanillo, que aunque se encuentra entre los afortunados habla en representación de tantos que no lo son. «La única diferencia es que a unos nos explotan la vocación docente y a otros la necesidad». Con contratos que se renuevan cada año, nadie está a salvo de una no renovación, por muy por hechas que se den.

Este docente nunca se ha planteado dejarlo. «Aunque me sienta maltratado y malpagado, aunque yo mismo me deje explotar, el aula me apasiona, pocas cosas me gustan más», explica.

En el documento del Gobierno también se desliza la posibilidad de crear las figuras laborales (no funcionarias) del profesor titular e incluso del catedrático. «Las figuras laborales hoy en día son las inestables y precarias, extender esto hacia arriba [titulares y catedráticos son la punta de la pirámide laboral universitaria] nos parecería extender la uberización«, opina Caballero.

En Catalunya estas figuras ya existen en la ley autonómica. Y los que saben del tema no le ven justificación. «¿Cuál es la diferencia entre estas dos vías? ¿En qué se diferencian? No he conseguido que me lo explique nadie», se pregunta una profesora experta en personal universitario que prefiere que no se cite su nombre para no mezclar su opinión personal con la de la institución a la que representa.

En lo que coinciden todos los consultados es que, sea cual sea la solución, va a tener un importante componente económico. Y, recuerdan, fue precisamente la falta de dinero lo que provocó la situación, por lo que los asociados son escépticos. «Se está precarizando el empleo en la universidad pública exactamente igual que en el resto de los sectores», cierra Zamanillo.

Fuente e Imagen: https://eldiariodelaeducacion.com/blog/2019/11/05/jesus-profesor-por-600-euros-al-mes-la-universidad-no-se-podria-sostener-sin-nosotros-pero-tenemos-que-comer/

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El profesionalismo derrotado (primera parte)

José Humberto Arellano

Por: José Humberto Arellano

El profesionalismo hace referencia a la práctica de un trabajo, asalariado, realizado por una persona, y conlleva los atributos de pericia, aplicación, seriedad, honradez y eficacia, entre otros. El profesional hace uso de todas sus facultades, físicas y mentales, con la misión de generar el producto deseado en su espacio laboral, acorde a la satisfacción de las necesidades que socialmente se presentan. Mediante el loable despliegue de una gran variedad de artilugios, no siempre asequibles en su contexto, el profesional generalmente “se las ingenia” para optimizar el uso de los recursos al alcance de su mano y aplicarlos hacia la finalidad previamente establecida. Hasta en la Isla de Gilligan, aquella serie de televisión sesentera, se hacía referencia al profesional del magisterio, que tenía la capacidad para resolver cualquier problema técnico o moral que se les presentara a los náufragos: el profesor “todo lo sabe”.

En cuestión educativa se especula sobre cuáles fueron las causas por las que fue creado el Servicio Profesional Docente (SPD); con certeza se conocen sus efectos por la serie de desequilibrios psicológicos que engendró en la mayoría de los maestros auscultados y forzados a coleccionar una serie de evidencias de sus supuestas propuestas didácticas que, en teoría, habrían de producir el máximo gusto de los alumnos hacia la escuela. Hay quien se atreve a decir que el SPD surgió a raíz de las imposiciones irracionales e indolentes de los Organismos Económicos Internacionales (OEI), la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica (OCDE), principalmente, mientras que otros opinan que su creación se debe al enorme gasto que le generaban al Estado los trabajadores de la educación con bases laborales añejas y que percibían cantidades considerables de pesos quincenalmente; lo cierto es que a raíz del anuncio de la evaluación, muchos trabajadores decidieron retirarse.

Mediante el acuerdo secretarial 16/08/19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de Agosto de 2019, Esteban Moctezuma Barragán, como secretario de Educación Pública Federal, hace una “invitación” a observar y cumplir el Código de Conducta para las Personas Servidoras Públicas de la Secretaría de Educación Pública. Dicho acuerdo considera un total de diez artículos, o capítulos, que resultan interesantes desde el punto de vista del acceso al profesionalismo, puesto que detallan una serie de conductas específicas que han de cumplirse para evitar conflictos en el desempeño laboral. En la carta de invitación (capítulo I) se trata la “descripción de las conductas que orientan el desempeño de las personas servidoras públicas en estricto apego a los principios, valores y reglas de integridad que sustentan la ética pública, con el propósito de dignificar el servicio, fortalecer las instituciones y lograr el bienestar de la ciudadanía…”, en el entendido de que la invitación tiene, entre otros, como principal objetivo el combate a la corrupción.

Pasando los siguientes capítulos, en el VI particularmente, se abordan una serie de conceptos, en un glosario, que sería necesario concientizar para evadir las irresponsabilidades que en cierto momento llevan al fracaso educativo, e inicia detallando lo que se entiende por acoso u hostigamiento laboral, consistente en “actos o comportamientos, en el entorno del trabajo o con motivo de éste con independencia de la relación jerárquica de las personas involucradas que atenten contra la autoestima, salud, integridad, libertad o seguridad de las personas”. El acoso laboral viene al caso, porque se percibe, y se apercibe por los afectados, como un factor de retroceso en el desempeño de la profesión, aun cuando los aquejados o perseguidos están cambiando la imagen del centro de trabajo en el que se desempeñan. La tradicionalmente maravillosa Escuela Secundaria General con clave 43G del estado, de no más de un ciclo escolar a estos días, ha cambiado sus formas de sobrellevar la fatiga y ha entrado a un nivel que sugiere que pronto recuperará la credibilidad ante el estrato social en el que se ubica. La llegada de profesionales con ideas innovadoras de trabajo ha puesto en predicamento a quienes la tradición había sometido al trajín mecánico e irreflexivo que generó el éxodo de muchos vecinos, en busca de un mejor servicio. Basta observar, pocos minutos antes de la entrada a clases, en días de trabajo del calendario escolar, a “niñas y niños, con uniformes distintos a los de la institución educativa situada a una distancia de no más de 100 metros, dispuestos a integrarse a una secundaria técnica, ubicada aproximadamente a tres kilómetros de casa, para desempeñar su obligación como estudiantes”, cuenta un confiable observador.

No es sencillo determinar las causas de persecución perpetradas por la autoridad inmediata, superior a la dirección, en este caso la supervisión, de su proceder en la búsqueda de conflictos en una institución que ha padecido un mal crónico degenerativo por aproximadamente 17 años y que entre otros grandes logros ha causado la baja en la matrícula de esta institución educativa; garantizando “medio cupo” en cada clase.

Como una broma genial del “campeón del humorismo blanco”, en lugar de solucionar conflictos y corroborar la oferta educativa que atraiga a más educandos al centro de trabajo, el señor supervisor ha evadido responsabilidades, al menos en cuanto a la resolución de conflictos se refiere, y al menos por omisión, ha magnificado una serie de rumores que inclusive atentan contra la integridad física de la subdirectora “incómoda”, cuya principal falta, para el grupo de poder involucrado, ha sido la de, en apego a los reglamentos, la norma, promover entre sus subordinados mejores condiciones organizativas, conducentes a un mejor servicio educativo…

Fuente: http://ljz.mx/2019/09/20/el-profesionalismo-derrotado-primera-parte/

 

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Argentina: Meses sin cobrar la precarización laboral en educación que Vidal profundizó

Noticias

Por: Izquierda Diario/12-06-2019

Miles de docentes y auxiliares de la provincia de Buenos Aires sufren la precariedad en carne propia mes a mes. Las consecuencias del ajuste y la necesidad de organizarse.

La situación que estamos viviendo los y las trabajadoras producto del ajuste del gobierno a pedido del FMI es realmente insostenible: miles de despidos por semana, salarios muy por debajo de la canasta familiar, una inflación por las nubes y tarifazos brutales, solo por nombrar algunas cosas.

Uno de los lugares elegido por Cambiemos para llevar adelante este brutal ataque, es sin dudas la educación pública. Escuelas que se caen a pedazos, falta de calefacción, sueldos bajísimos y comedores que hacen malabares para abastecer a cada vez más pibes, son una postal diaria.

El ataque a la educación pública a pedido del FMI

A pocos meses de cumplirse un año del crimen social de Sandra y Rubén por responsabilidad de Vidal, en lo que va del año el gasto en educación tuvo una brutal caída de 56,6 % en infraestructura, construcción de escuelas y mantenimiento.

Lo que ha hecho el Gobierno de la provincia de Buenos Aires para continuar con esta línea ajustadora, es profundizar la precarización laboral en el ámbito educativo que viene del gobierno anterior. Somos miles los auxiliares y docentes que no cobramos en tiempo y forma, situaciones que a veces se extiende por meses. Ni hablar los y las docentes que trabajan en el Plan FinEs, en donde ésta situación está “naturalizada”.

Es decir, que al ya miserable salario que percibimos, en el caso de los y las que realizamos suplencias, lo cobramos en cuotas… y a lo largo de todo un año. De ninguna manera es un «error» de carga (como suelen deslizar desde la DGCyE). Nosotros ya trabajamos, que nos paguen lo que nos corresponde.

Hay que invertir las prioridades

Bajo las órdenes del FMI, el recorte en educación y salud se va a profundizar, de la mano de cualquier gobierno, sea de Cambiemos o del peronismo. Los y las trabajadoras de la educación somos los que todos los días mantenemos las escuelas públicas en pie, pese a sus ataques.

Tenemos que organizarnos para enfrentar este plan de ajuste. Desde la Agrupación Marrón Clasista en el Frente de Izquierda entendemos que hay que invertir las prioridades. Primero plata para educación, para nuestros sueldos, para la comida de nuestros pibes, no para la deuda. Tenemos que exigir un plan de infraestructura elaborado desde cada escuela y nombramiento de cargos correspondientes para que más compañeros y compañeras puedan trabajar.

ATE y Suteba deben convocar a asambleas donde podamos discutir entre docentes, auxiliares, estudiantes y sus familias un plan de lucha unificado.

No sirven sus medidas aisladas y sin preparación. Las conducciones de estos gremios han manifestado que van a poner sus esfuerzos hacia las elecciones de octubre. No podemos esperar tanto tiempo.

Fuente de la Información: https://laizquierdadiario.com/Meses-sin-cobrar-la-precarizacion-laboral-en-educacion-que-Vidal-profundizo

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