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Coral Elizondo: “La educación inclusiva no excluye y no normaliza las injusticias”

Coral Elizondo se autodenomina activista de educación inclusiva, ya que tiene como objetivo transformar la educación y garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. En la próxima edición de SIMO EDUCACIÓN participará como ponente en la Jornada de directores con una charla sobre liderazgo inclusivo.

La docente y psicóloga Coral Elizondo, especializada en educación inclusiva, participará en las próximas Jornadas de directores de SIMO EDUCACIÓN con una ponencia sobre liderazgo inclusivo junto al maestro rural Juan Antonio Rodríguez. En esta entrevista, la autodenominada activista de educación inclusiva nos da las claves para introducir este tipo de educación en el aula y nos cuenta lo que aún falta por hacer.

Respuesta: Hablaré de educación inclusiva, del liderazgo necesario para garantizarla y de cómo debe ser el perfil del líder educativo para promover el necesario cambio inclusivo. Voy a estar acompañada por el director de una escuela rural que es un ejemplo de cómo la escuela inclusiva conlleva una transformación social: Juan Antonio Rodríguez, el director del CEIP Ramón y Cajal de Alpartir (Zaragoza), un docente comprometido y un gran amigo. Así que podemos decir que nuestra charla va a estar centrada en un liderazgo inclusivo en la escuela rural en la que iremos alternando teoría y práctica para evidenciar que este cambio es posible.

“La educación inclusiva es una educación transformadora que va más allá de la alfabetización “

La educación inclusiva es un derecho. Por ello, en la charla se aclararán conceptos, puesto que todavía existe confusión entre integración e inclusión. Seguimos transitando entre los dos términos con tal despropósito que yo hablo del interregno de la inclusión y de una inclusión descafeinada. Hablar de inclusión no es hablar de un alumnado concreto, ni únicamente del profesorado de apoyo; hablar de inclusión es hablar de todo el alumnado y de todo el profesorado para garantizar la presencia, la participación y el progreso de todos los estudiantes mediante prácticas transformadoras que permitan desarrollar al máximo las capacidades de todas las personas. Es, por lo tanto, una educación que no excluye, que no deja en los márgenes a nadie, que no normaliza las injusticias. Hablamos entonces de equidad y calidad como dos aspectos indisociables a la inclusión.

R: La experiencia del CEIP Ramón y Cajal de Zaragoza es un ejemplo de cómo una escuela contribuye al desarrollo de una sociedad no solo más justa e inclusiva, sino una sociedad que transforma a las personas. Los docentes pueden llevar a la práctica las propuestas de este centro, aplicar en sus aulas y en sus centros las medidas organizativas, metodológicas, curriculares y sociales que deben formar parte de un centro inclusivo y que allí se explicarán.

P: ¿Por qué se define como ‘activista de la educación inclusiva’?

R: Por la implicación personal, el compromiso y la disponibilidad constante para lograr transformar la educación y garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad a todo el alumnado en nuestros centros educativos.

P: ¿Cuáles son las claves de la educación inclusiva en la escuela actual?

R: Diría que los docentes tendríamos que referirnos a la ética, a las altas expectativas, a una mirada centrada en las fortalezas que permitan que todo el alumnado se sienta querido y respetado. Y en torno a la administración diría que se necesitan compromisos serios con la inclusión real y dejar de habitar en el interregno.

educación inclusiva

La educación inclusiva es una educación transformadora que va más allá de la alfabetización; es una educación que capacita al alumnado a seguir aprendiendo y que lo motiva para hacerlo. Es una educación que se centra en la persona, en el desarrollo de su calidad de vida. Es una educación que ofrece situaciones de aprendizaje ricas y variadas para todos los estudiantes con un diseño universal. Transforma las prácticas e innova para incluir. En definitiva, transforma la vida de las personas, porque no es el niño o la niña quien tiene que cambiar, sino que son los contextos los que se deben modificar. Y esto implica analizar en el aula las barreras a la presencia, a la participación y al progreso para eliminarlas.

-Diseñar la práctica con un enfoque universal pensando desde el inicio en todo el alumnado y eliminando las barreras al aprendizaje.

-Crear ambientes de aprendizaje flexibles que permitan trabajar con aulas diversificadas.

-Compromiso y disponibilidad

Fuente: https://www.educaciontrespuntocero.com/simo-educacion/coral-elizondo-educacion-inclusiva-no-normaliza-injusticias/115483.html

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El desarrollo profesional de los docentes rurales. Entre omisiones y propuestas

Por: Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia

El Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ) es una plataforma para el pronunciamiento público, impulsado por el Campo estratégico en modelos y políticas educativas del Sistema Universitario Jesuita (SUJ). Su propósito consiste en la construcción de un espacio de análisis informado y de posicionamiento crítico de las políticas y las reformas educativas en México y América Latina, arraigado en la realidad social acerca de las injusticias del sistema educativo, y recupera temas coyunturales y estructurales con relación a la agenda educativa vigente.

El desarrollo profesional de los docentes que laboran en escuelas de educación  básica ha sido tema prioritario en las políticas educativas de las últimas décadas; no obstante, las estrategias y acciones derivadas de tal primacía, encaminadas a tener impacto nacional, no han sido pertinentes para atender de manera cabal a los docentes que trabajan en contextos rurales e indígenas.

Un análisis de las políticas federales desplegadas desde los años 90 hasta nuestros días, realizado recientemente por la Red Temática de Investigación de Educación Rural (RIER) confirma que, a pesar de la relevancia de la educación en los territorios rurales, perviven viejos problemas y algunas inconcebibles omisiones que urge resolver (RIER, 2018). Relato algunos:

El desarrollo profesional del magisterio se ha identificado, principalmente, con la formación continua de los docentes en servicio, sin considerar las condiciones laborales, el estado y organización de las escuelas y las características de los contextos culturales y lingüísticos donde se ubican. La centralidad que la formación ha tenido como vía de mejoramiento profesional, no significa –necesariamente– que los problemas relacionados con la materia de trabajo de los profesores, la enseñanza y el aprendizaje en contextos rurales, hayan sido eje de los esfuerzos gubernamentales.

De manera recurrente, los docentes en servicio han cuestionado los programas de formación continua que la SEP ha implementado, al parecer, sin ser escuchados. Los señalamientos desaprueban la “gran distancia” que estos programas suelen tener respecto de la “realidad” que se enfrenta en las escuelas, tal como sucedió con el Catálogo Nacional de Formación Continua, vigente por más de diez años, y refutan la fuerte asociación que algunos guardan con las reformas educativas en turno, como el caso de los 19 cursos que integraron la Colección de Aprendizajes Clave, ofrecidos en el sexenio 2012-2018 para operar el Modelo para la Educación Obligatoria que entonces se impulsó.

De igual forma, la logística desplegada para operar cursos y talleres ha sido constantemente cuestionada. La trasmisión en “cascada”, la vía más utilizada, desvirtúa los propósitos de la llamada “formación en la escuela” y el acceso virtual autodidacta, en boga actualmente, ignora que muchos docentes no tienen fácil acceso a energía eléctrica, conectividad y equipo de cómputo en buenas condiciones (Cano y Espino, 2019).

Las estrategias de formación continua de mayor envergadura han estado vinculadas a mecanismos de compensación salarial y evaluación del desempeño. El Programa de Carrera Magisterial, supeditó beneficios económicos a la gradual escalada por cursos con temática variada, desarticulados de los contextos de trabajo, y el Servicio Profesional Docente, vigente durante la pasada administración, asoció la formación con temas de evaluación para el ingreso, la permanencia y la promoción en los puestos de trabajo (Cano y Espino 2019, p. 115).

Con estos maridajes, la participación de los docentes en los programas de desarrollo profesional fue más que obligada por preceptos laborales y económicos. Las necesidades de formación para ejercer la profesión en zonas rurales se desdibujaron y, en el mejor de los casos,  pasaron a segundo plano.

Mención aparte merece la estrategia de profesionalización dirigida a los docentes de nuevo ingreso que laboran en zonas rurales e indígenas, particularmente en escuelas multigrado, a través de una modalidad de Tutoría que propone encuentros sistemáticos entre pares para intercambiar experiencias y analizar temas pedagógicos (SEP s/f). El diseño cuidadoso de esta estrategia y el universo que abarca (docentes noveles de primaria, preescolar y telesecundaria) la convierten en una propuesta con gran potencial formativo que valdría la pena fortalecer.

La mayoría de las propuestas de formación han estado basadas en un modelo de escuela unigrado, urbana, integrada por grupos homogéneos y regida por un currículo nacional estandarizado. Un modelo que olvida que, en nuestro país, aproximadamente 50% de las escuelas de educación básica son de organización multigrado, así como las dificultades que los maestros enfrentan para adecuar el currículo, atender la diversidad de los alumnos y trabajar en localidades con alta o muy alta marginación, en condiciones adversas.

La ausencia de programas de formación inicial y continua para trabajar en territorios rurales e indígenas, a fin de cuentas, constituye uno de los problemas más acuciantes del sistema educativo mexicano. Las acciones federales para subsanar este vacío son aún insuficientes y más bien se han dejado en manos de las instancias educativas estatales (Cano, Ibarra y Ortega 2017, p. 33).

En todo el territorio nacional, se identifican cuatro experiencias locales orientadas a la formación para el trabajo en situación multigrado. Me refiero a la Especialidad en Docencia Multigrado que se imparte en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, los diplomados Atención a Grupos Multigrado de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa y Formación de Comunidades Docentes Multigrado para la Atención a la Diversidad en Educación Básica de la UPN-241 en San Luis Potosí, así como al Curso-Taller Estrategias Didácticas para Escuelas Multigrado organizado en el año 2016 por el gobierno del Estado de Tlaxcala, cuya memoria quedó en Yoltocah (Rockwell y Rebolledo 2016).

Otros aportes locales son los colectivos de docentes conformados de manera “espontánea” para compartir preocupaciones de trabajo, abordar asuntos pedagógicos y enfrentar juntos las consecuencias de la pobreza y la desigualdad en las aulas. Éstos se encuentran incluso en regiones de muy difícil acceso, como el valle del Uxpanapa en Veracruz, la sierra de Durango o el desierto de Guanajuato, donde reunirse significa vencer grandes escollos geográficos.

Los agrupamientos así constituidos representan una alternativa emergente para resolver problemas profesionales, frente al vacío de programas de atención para las necesidades más sentidas. Sabemos por investigaciones realizadas en otros contextos (Liston y Zeichner, 1997) que, en esta circunstancia, los intercambios entre docentes conllevan una impronta de mejora de las prácticas de enseñanza en situación de vulnerabilidad.

En este panorama, se aprecian algunas propuestas y recomendaciones de política pública que importa mencionar. Están las Directrices para mejorar la atención educativa de niñas, niños y adolescentes indígenas (INEE 2017) y las Directrices para mejorar la educación multigrado (INEE 2019), que si bien perdieron vigencia a partir del 15 de mayo del presente (DOF 15/05/2019), constituyen sin duda un referente de mejora. Se cuenta con la Agenda Intercultural para la Educación Nacional (2019), que tiene  intención de incidir en la política educativa dirigida a contextos multiétnicos y plurilingües, mantenidos hasta ahora en posición marginal y precariedad. Se cuenta también con Propuestas de Atención para la Educación Rural (RIER 2019), con miras a detener el cierre de escuelas que actualmente se verifica en comunidades pequeñas y dispersas de nuestro país.

Estas iniciativas coinciden en puntos clave para repensar el desarrollo profesional de los maestros rurales, tales como:

Parten de una visión holística tanto del problema como de la solución. La formación continua de los docentes no puede estar desligada de una formación inicial volcada a la complejidad del trabajo en contextos rurales; ni al margen del mejoramiento de las condiciones laborales, el equipamiento de las escuelas y el enfoque intercultural de los marcos curriculares existentes, entre otros aspectos.

Fundamentan los planteamientos propositivos en el derecho inalienable de los niños, niñas y jóvenes mexicanos a una educación de calidad e inclusiva; así como en el derecho de los pueblos originarios a la preservación de su lengua materna y diferente cosmovisión.

Entienden la autonomía docente como condición indispensable para dignificar la profesión. Y reconocen el valor de las “pequeñas” acciones emprendidas por muchos maestros para renovar la escuela en zonas rurales e indígenas. Se trata de acciones cotidianas que no siempre tienen beneficio de inventario, pero de gran trascendencia para el futuro de las nuevas generaciones. En educación, como bien advirtió María Zambrano (2007) en sus manuscritos: “Hay acciones minúsculas prometidas a un incalculable porvenir”.

Referencias

Agenda Intercultural para la Educación Nacional. 2019. México.

Cano Amanda, Enrique Ibarra y Juan Carlos Ortega.  2017. “Necesidades de profesionalización de los docentes multigrado de educación primaria”. En Vulnerabilidad, innovación y prácticas docentes en escuelas multigrado, coords. Amanda Cano y Enrique Ibarra, 33-58. México: RIER-UPES- Editora Nómada.

Cano Amanda y Holda Espino. 2019. “Formación Continua”. En Propuestas de Atención para la Educación Rural, coords. Cenobio Popoca y Paola Arteaga, 113-138. México: Red Temática de Investigación de Educación Rural. Documento de trabajo.

Diario Oficial de la Federación. 2019. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5560457&fecha=15/05/2019&print=true (Consultado el 20 de septiembre de 2019).

INEE. 2017. Directrices para mejorar la atención educativa de niñas, niños y adolescentes indígenas. México: Instituto Nacional de Evaluación Educativa.

INEE. 2019. Directrices para mejorar la educación multigrado. México: Instituto Nacional de Evaluación Educativa.

Liston Daniel y Kenneth Zeichner. 1997. Formación del profesorado y condiciones sociales de la escolarización. Madrid: Ediciones Morata-Fundación Paideia.

Red Temática de Investigación de Educación Rural- RIER. 2018. ”Propuestas de Atención para la Educación Rural”. Revista Pluralidad y Consenso. Número especial monográfico Los retos del nuevo gobierno en materia educativa, núm. 38, año 8, octubre- diciembre, pp.  78-84.

Rockwell Elsie y Valeria Rebolledo, coords. 2016. Yoltocah Estrategias  didácticas multigrado. México.

SEP.s/f. Tutoría en zonas rurales para docentes de nuevo ingresoEducación básica. Guía para tutores. México. http://143.137.111.80/dgpromocion/tutoria/wp-content/uploads/2018/02/Tutoria_Zonas_Rurales.pdf (Consultado el 23 de septiembre de 2019).

Zambrano María. 2007. Filosofía y educación. Manuscritos. Málaga: Ágora.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/el-desarrollo-profesional-de-los-docentes-rurales-entre-omisiones-y-propuestas/

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Campaña busca sensibilizar sobre los derechos de personas trans en Guatemala

Centroamérica/Guatemala/10 Octubre 2019/Fuente: Telemetro

Crear conciencia sobre los derechos de las personas trans en Guatemala es el objetivo de una iniciativa lanzada este martes en el país que evidencia las necesidades y los retos de ese colectivo.

Las organizaciones Red Multicultural de Mujeres Trans de Guatemala-REDMMUTRANS Guatemala, Colectivo hombres trans Trans-formación, Red de Personas Trans de Guatemala-REDTRANS Guatemala y la Organización Trans Reinas de la Noche-OTRANS-RN, con el apoyo de UNFPA Guatemala, presentaron «SER TRANS».

El propósito es crear «una mirada empática de la población en general y sociedad civil organizada y, en especial, sensibilizar a servidores públicos sobre su deber de facilitar el cumplimiento y restablecimiento de derechos de las personas trans».

Además, busca hacer un especial énfasis en las soluciones institucionales y legales planteadas por la población trans, considerados de vital importancia para los derechos de las personas travestis, transgénero y transexuales.

Las organizaciones denunciaron que a menudo las personas trans enfrentan «estigma y discriminación al momento de acercarse a un servicio de salud», pues no se respeta su identidad y se les somete a tratos humillantes y degradantes, e incluso se les niegan los servicios.

La estrategia de salud para personas trans tiene como fin brindar atención en salud integral sin estigma, exclusión o discriminación desde un enfoque y atención biopsicosocial, un instrumento que ya fue aprobado y socializado en el año 2015 por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

«A pesar de que han pasado 4 años de que entró en vigor, aún no se tiene un plan de acción e implementación a nivel ministerial y no existen protocolos de atención especializada y diferenciada para la comunidad trans», denunciaron, y pidieron sensibilizar a los trabajadores para que presten los servicios.

Otra deuda pendiente del Estado de Guatemala con la comunidad trans es la ley de Identidad de Género, la cual no fue aprobada y por ello la identificación de estas personas no concuerda con su género y esto les dificulta acceder a bancos, educación, trámites, compras y trabajos.

Esta propuesta permitiría que las personas trans reafirmaran su identidad mediante un simple trámite administrativo y, de ese modo, «reconocer su derecho a ser respetadas de acuerdo con su identidad de género, contribuyendo a garantizar el acceso a trabajo, educación y salud, entre otros».

Según un estudio sobre la población de mujeres trans en el país realizada en 2015 por la CIDH, el 61 % de la población trans reporta ingresos por debajo del salario mínimo, 71 % ha sufrido discriminación, 53 % no finalizó la escuela primaria debido a la exclusión del sistema educativo y más del 60 % ha reportado abuso físico, psicológico o sexual.

Además, cada año, de 15 a 20 personas trans son asesinadas, un contexto que se suma a un clima de estigmas sociales y argumentos que buscan «invalidar sus derechos inherentes como seres humanos».

En esta línea, esta iniciativa busca mejorar la situación de esta comunidad, formada por unas 15.000 personas, promoviendo una cultura de aceptación de las condiciones, necesidades y derechos a través de un espacio de discusión en las plataformas sociales para la población con pensamiento crítico.

Fuente: http://www.telemetro.com/internacionales/Campana-sensibilizar-derechos-personas-Guatemala_0_1289271808.html

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Banco Mundial apoya educación en Marruecos con préstamo de 500 millones de dólares

África/Marruecos/10 Octubre 2019/Spanish.china

Banco Mundial apoya educación en Marruecos con préstamo de 500 millones de dólares

El Banco Mundial prestó 500 millones de dólares a Marruecos para apoyar el sector educativo.

El préstamo apoyará el objetivo de mejorar el sistema educativo por el que el desembolso de fondos se condiciona a la consecución de resultados, según datos dados a conocer hoy en Rabat por el Ministerio de Educación de Marruecos.

El préstamo es parte del apoyo del Banco Mundial para la implementación de la reforma educativa estratégica de Marruecos de 2015 a 2030.

La finalidad del préstamo es establecer condiciones para una educación preescolar calificada, mejorar la formación de los profesores y reforzar las capacidades de formación en gestión y rendición de cuentas.

Fuente: http://spanish.china.org.cn/economic/txt/2019-10/09/content_75281226.htm

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Hacia la igualdad de oportunidades en el Sahel

África Subsahariana/10 Octubre 2019/El país

Los gobiernos deben fortalecer sus sistemas educativos y sanitarios mediante un enfoque multisectorial integrado e inversiones adaptadas a las necesidades de cada comunidad

Inundados de titulares deprimentes y pronósticos todavía peores, es fácil olvidar que en muchos aspectos el mundo hoy está mejor que nunca. Desde 1990, casi 1.100 millones de personas salieron por sus propios medios de la pobreza extrema. Hoy la tasa de pobreza es inferior al 10%, el nivel más bajo en la historia. En casi todos los países, la gente es más sana y está mejor educada que nunca. Pero, como subraya el informe Goalkeepers que acaba de publicar la Fundación Gates, la estrechez económica sigue siendo norma para muchas personas del mundo que aún enfrentan grandes obstáculos a la construcción de una vida sana y productiva.

Esto se aplica especialmente a los residentes más pobres de la región del Sahel, en África subsahariana. Los países del Sahel figuran entre los últimos del mundo en el Índice de Capital Humano, que mide el efecto de la salud y la educación sobre la productividad de la próxima generación de trabajadores. Según este informe, un niño en Chad corre 55 veces más riesgo de morir en los primeros cinco años de vida que otro en Finlandia. Casi la mitad de los residentes de Chad vive por debajo de la línea de pobreza, solo el 50% de los niños asiste a la escuela, y solo el 15% de los alumnos de sexto grado puede leer un cuento sencillo. A la pobreza se suman el cambio climático, las guerras y el desplazamiento forzado, que dificultan todavía más a las familias invertir en su desarrollo.

Para garantizar que todas las personas (no solo las que hayan tenido la suerte de nacer en condiciones geográficas, de género o socioeconómicas comparativamente privilegiadas) puedan hacer realidad su potencial, los Gobiernos deben invertir más en la formación de capital humano. Esto implica fortalecer los sistemas educativos para que los habitantes puedan obtener las habilidades que necesitan para prosperar económicamente. Y también implica garantizar el acceso a servicios sanitarios y nutrición de calidad. Así como la mala nutrición y otros problemas de salud restan productividad a los adultos, a los niños les dificultan el aprendizaje (por no hablar de convertirse en adultos sanos y productivos).

Pero, para aprovechar al máximo esas inversiones, además de iniciativas de carácter general también se necesitan servicios adaptados a las necesidades de niñas y mujeres, desde la planificación familiar hasta la infancia y la edad adulta.

Esos servicios pueden prolongar la escolarización de las niñas, con lo que obtendrán el conocimiento y las habilidades que necesitan para tener una participación efectiva en la fuerza laboral. Al permitir a niñas y mujeres optar por demorar el embarazo y la crianza hasta que estén listas, esos servicios no solo colaboran con el empoderamiento de las mujeres, sino que también promueven el progreso económico.

La salud y la educación de las madres se trasladan a las familias, especialmente porque las mujeres tienden a invertir en los hijos una proporción mayor de sus ingresos. Por este canal, los servicios sanitarios dirigidos a las mujeres terminan ayudando a elevar los niveles de vida y romper el ciclo de la pobreza, al tiempo que alientan un desarrollo económico más amplio.

Para ayudar a los países a hacer realidad estos beneficios, en 2017 el Banco Mundial creó el Proyecto de Capital Humano, que trabaja para catalizar inversiones en salud y educación y guiarlas hacia la provisión de igualdad de oportunidades de prosperidad a todas las personas. El Banco también está colaborando con sus socios para aumentar un 50% la provisión general de recursos a la creación de capital humano en África de aquí a 2023, con especial énfasis en los países frágiles y en guerra.

Nuestra experiencia de trabajo en contextos difíciles muestra que, para aprovechar al máximo esas inversiones, los países deben aplicar una estrategia multisectorial integrada, adaptar las intervenciones a las necesidades de cada comunidad e involucrar a todas las partes interesadas, desde líderes religiosos y trabajadores sanitarios hasta madres y maridos. Un buen ejemplo es el Proyecto de Empoderamiento y Dividendo Demográfico de la Mujer en el Sahel (SWEDD, por las siglas en inglés), que cuenta con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas, la Fundación Bill y Melinda Gates y otros socios para el desarrollo.

El proyecto SWEDD trabaja codo a codo con los Gobiernos del Sahel para ayudarlos a proveer apoyo sanitario y nutricional, promover la igualdad de género, mejorar la calidad de las escuelas y crear redes de seguridad social. En apoyo de este proceso se han encarado innovadoras iniciativas en una amplia variedad de países, desde Benín a Costa de Marfil.

En Burkina Faso, hombres casados o casaderos asisten a más de 1.600 “clubes de maridos” donde aprenden sobre la importancia de la planificación familiar y la distribución más igualitaria de las tareas hogareñas. En Mauritania, el proyecto SWEDD trabaja con líderes comunitarios y religiosos para ayudar a reducir la discriminación por género, la violencia contra las mujeres y el matrimonio infantil.

En Chad, programas de capacitación con apoyo de SWEDD suministran a las mujeres habilidades con salida laboral, por ejemplo conducir tractores o instalar sistemas de generación solar de electricidad. Y en Mali, el proyecto distribuye bicicletas para facilitar la asistencia a la escuela de las niñas y ayuda a las parteras a proveer servicios sanitarios cruciales antes, durante y después del parto en áreas pobres, lo que reduce la mortalidad materna e infantil.

Para que el mundo siga mejorando, por no hablar de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, es necesario que países pobres como los del Sahel refuercen sus cimientos de capital humano. No será fácil, pero la experiencia muestra que con inversión sostenida, buena coordinación y una estrategia inclusiva, es posible.

Fuente: https://elpais.com/elpais/2019/10/03/planeta_futuro/1570100503_537872.html

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Pacto educativo por una escuela pública, laica e inclusiva

Por: Enrique Díez

Seamos claros. Necesitamos un giro de 180 grados en la política educativa de este país, si queremos una educación para el bien común.

Un cambio de rumbo radical en tres aspectos clave: supresión de conciertos educativos, laicidad en la escuela y blindaje de la financiación de la educación pública por encima del 6% del PIB. A esto se pueden añadir muchos aspectos de mejora pedagógica, metodologías más innovadoras, estabilización de las plantillas del profesorado, formación inicial y permanente mejor y más práctica, medidas efectivas de inclusión educativa y social, de coeducación y feminismo en las aulas y los centros, de ecología y educación para el decrecimiento, potenciar una FP más diversa y dotada, desarrollar el valor de la escuela rural y de la educación de personas adultas, y muchas más propuestas e iniciativas que tenemos en mente y puedan ayudar a construir y asentar una educación más justa, solidaria y mejor en el siglo XXI.

Pero sin las tres primeras, de nada o prácticamente de muy poco servirán. Porque estos tres elementos son la “clave de bóveda” de un sistema público, laico e inclusivo. De poco valen las medidas para remozar o renovar un sistema, si venden, privatizan, deterioran y destruyen el sistema. Porque es a través de estos tres “agujeros negros” por donde se desangra a raudales el actual sistema educativo público. Agujeros negros que se evita abordar de una forma decidida y clara en las propuestas electorales y en las reformas educativas, heredando modelos obsoletos sin cuestionarlos. Agujeros negros que marcan el eje fundamental de una disyuntiva básica: una educación pensada al servicio de todos y para el bien común o centrada en la selección, la segregación y el negocio para una élite.

Porque la educación o es pública, o es segregación por clase social, sexo o ideología. La educación o es laica, o es adoctrinamiento religioso en creencias particulares. La educación o está financiada, o se produce un progresivo deterioro e imposibilidad de una inclusión real con recursos. Es una ecuación bien fácil de entender y de constatar.

Por eso, en una educación pensada para el bien común es necesario y urgente parar y revertir la segregación que supone el sistema de conciertos educativos, una “anomalía española” en el panorama europeo, que sangra las arcas públicas para financiar empresas y opciones privadas. Este modelo de conciertos alienta y naturaliza la selección y la competencia entre la comunidad educativa. Ya no se trata de garantizar el derecho a la mejor educación de todos los niños y niñas, sean propios o ajenos. Ya no se trata de que la comunidad educativa luche conjuntamente para que todos los niños y niñas tengan el mejor colegio público al lado de su casa. Lo que se pretende es normalizar un sistema de consumo competitivo y de mercado, donde cada familia se vea como un “avispado inversor” que ha de seleccionar la mejor “inversión educativa” para el futuro de sus hijos e hijas frente a los demás. Ya no se trata de involucrarse en la asociación de madres y padres del colegio al lado de tu casa, para mejorarlo, pensando en el bien común de todos los niños y niñas del centro, sino en ser un “consumidor inteligente” y adelantarte, buscando la oportunidad, para conseguir colocar a tu hijo o hija, aunque sea al otro lado de la ciudad –si tienes recursos y medios para desplazarte diariamente-, en aquel centro privado en el que te han asegurado que estará con los que son de su clase social o, al menos, que no se mezclará con los que no lo son. Recordemos que los centros privados-concertados solo escolarizan a menos del 20% de la población migrante, de minorías o con necesidades educativas.

El otro gran agujero negro de la educación es la imposición de la religión en los centros escolares y en las facultades de Educación de todo el Estado, herencia nacionalcatólica aún de la dictadura fascista. Esta segunda anomalía histórica, que todavía sujeta con mano de hierro la influencia inexplicable de la jerarquía católica en España, impide respetar la libertad de conciencia de los niños y las niñas, educar sin dogmas y eliminar toda forma de adoctrinamiento en el currículo escolar y en la escuela. Además, impide igualmente garantizar una convivencia plural en la que todas las personas sean acogidas en igualdad de condiciones, sin privilegios ni discriminaciones en función de sus particulares convicciones ideológicas, posibilitando la convivencia entre quienes no tienen las mismas convicciones.

El tercer agujero negro es la financiación de la educación pública. Elemento clave para sentar las bases y los medios para dotar de recursos una educación inclusiva que atienda realmente la diversidad en las aulas y los centros, que permita reducir el número de alumnado por aula en función de las recomendaciones de la UNESCO, que elimine la precariedad del profesorado interino y estabilice plantillas docentes para desarrollar proyectos educativos que necesitan tiempo y persistencia, que impida que 50.000 escolares empiecen el curso en barracones, que se pueda implementar una formación inicial y permanente más práctica, que se potencie una Formación Profesional con recursos y medios, etc., etc.

Si proclamamos que la educación es el futuro de un país, si mantenemos que una sociedad educada es base de la democracia y el desarrollo social y comunitario de la humanidad, si aseguramos incluso que el desarrollo tecnológico y productivo sostenible y respetuoso con el entorno se asegura con más y mejor educación, invirtamos en ella. No hay excusa. No puede haber dilación. En vez de rescatar a bancos, y destinar 60.000 millones de nuestros impuestos a los responsables en buena parte de la crisis, o rescatar autopistas de las grandes empresas y los empresarios de siempre o el Castor…, o tantas barbaridades, destinemos el dinero público a la educación pública. Ha sido voluntad política rescatar a los bancos. Se sacó dinero para ello. Que no nos digan que no se puede blindar la financiación de la educación pública para que, como mínim,o se invierta el 6% del Producto Interior Bruto que producimos anualmente. Y que se blinde constitucionalmente para que ningún gobierno lo pueda modificar. Es cuestión de voluntad política, porque dinero, como se dice tradicionalmente, “haberlo haylo” (si lo hay para rescates o para armamento, no va a haberlo para educación).

Dejemos por tanto de marear la perdiz. Es hora de abordar el futuro educativo en España. Y afrontar de forma clara y decidida el modelo de educación que queremos: pública, laica e inclusiva al servicio del bien común y considerada como un derecho para todos y todas; o concertada y privada, confesional y segregadora al servicio del interés privado y el negocio educativo, al servicio de la selección.

Tras el trabajo de varios años, amplios sectores del mundo de la educación (asociaciones, colectivos y movimientos de renovación pedagógica, sindicatos, organizaciones estudiantiles, confederaciones de asociaciones de familias y partidos políticos), han conseguido consensuar un Acuerdo Social y Político, surgido de la propia comunidad educativa, plasmando en el Documento de bases para una nueva Ley de Educación una alternativa que sirva de base para un Pacto por una Educación Pública, Laica e Inclusiva que dé estabilidad, calidad y equidad al sistema educativo por generaciones. Nunca antes se había logrado un consenso tan amplio en torno al modelo educativo que necesitamos para el siglo XXI.

Solo es necesaria voluntad política para que se lleve a la práctica en torno a la educación como un bien común, un derecho básico universal que solo se puede garantizar para todos y todas en y por la educación pública, laica e inclusiva.

Fuente: https://eldiariodelaeducacion.com/blog/2019/10/08/pacto-educativo-por-una-escuela-publica-laica-e-inclusiva/

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¿Paro nacional de Universidades?

Por: Miguel Casillas

Según notas periodísticas, “Sindicatos de trabajadores docentes y administrativos de 30 universidades estatales preparan un paro nacional para el miércoles 9 de octubre en demanda de aumento en el subsidio a la educación superior y para que el gobierno federal entregue apoyos extraordinarios a nueve casas de estudio que están en crisis económica y que no cuentan con recursos necesarios para pagar salarios y prestaciones al personal.

Enrique Levet, secretario general de la Contu, señaló que el paro nacional de este miércoles también es para exigir al Legislativo que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 se apruebe el aumento al subsidio para las universidades públicas, sobre todo ahora que se habla que ya no habrá examen de admisión y que eventualmente aumentaría la matrícula.
Recordó que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador busca que se eleve la gratuidad de la educación, pero deja huecos en el presupuesto de las universidades que no permitirá desarrollar sus funciones sustantivas”. http://www.elpulsolaboral.com.mx 8 de octubre de 2019

Sin consulta a sus bases y resultado de los clásicos acuerdos cupulares, lo más charro del sindicalismo universitario amenaza al nuevo gobierno con un paro nacional sin ningún fundamento. Se trata de una maniobra política típicamente priísta que busca generar conflicto al gobierno de la cuarta transformación. En ese contexto, las cúpulas sindicales tratan de ganar legitimidad hacia adentro de sus organizaciones al reivindicr la defensa del financiamiento universitario; sin embargo, carecen de legitimidad y de credibilidad entre los universitarios. Por ejemplo, Enrique Levet, ex diputado federal por el PRI y eterno dirigente del sindicato de académicos de la Universidad Veracruzana no representa una voz independiente ni una postura de legítima defensa del trabajo de los universitarios luego de ser aliado permanente e instrumento de los gobiernos del viejo régimen.

Es verdad que hay algunas instituciones atrapadas por profundas e históricas crisis de financiamiento como la Universidad Autónoma de Nayarit, la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Autónoma de Zacatecas, y la Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, así como las universidades de Tabasco, Guerrero, Estado de México, Sinaloa y Chiapas. Otras más, como las de Baja California y Coahuila han señalado también que viven condiciones de vulnerabilidad financiera y la Veracruzana que arrastra las deudas de Fidel Herrera y Javier Duarte. Muchas de estas instituciones han vivido en el desorden financiero, han contratado cientos de personas por fuera de los presupuestos autorizados, han negociado condiciones laborales y de jubilación que hoy son insostenibles. Muchas arrastran pasivos de administraciones anteriores y han sido objeto de la rapiña y la corrupción

Durante mucho tiempo, las universidades han tenido que negociar cada año su presupuesto, durante la política neoliberal ajustándose a los criterios de Hacienda. Sin embargo eso debe cambiar y el nuevo gobierno debería establecer los criterios para presupuestos multianuales al tiempo que debería precisar cuándo llegará a cumplr la meta presupuestal del 8% del PIB para la educación superior. El problema del financiamiento a la educación superior es un asunto complejo al que no abona el paro propuesto por los sindicatos universitarios.

Sin entender la naturaleza del trabajo académico propio de las instituciones de educación superior, al margen de prácticas y posturas democráticas, impulsados por una estrecha visión gremial y ansiosos por recuperar la legitimidad perdida, los sindicatos universitarios no reivindican una postura progresista ni representan la voluntad de los profesores

Una profunda reforma democrática de la vida sindical universitaria es indispensable para reorientar la función y el papel de los sindicatos en las universidades. Las reformas actuales a la Ley del Trabajo deberían aplicar en el contexto universitario, para favorecer procesos democráticos para la toma de decisiones y la elección de los dirigentes. Sólo así, los sindicatos dejarán de estar al servicio de las prácticas corruptas y de los intereses más oscuros. Sólo disociados de las prácticas clientelares y corporativas, los sindicatos podrán ser agentes activos en el cambio progresista en la educación superior.

*Fuente: http://www.educacionfutura.org/paro-nacional-de-universidades/

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